En el año 2024, el gobierno de Javier Milei llevó adelante un severo ajuste fiscal de la Administración nacional que implicó una menor transferencia de partidas a las provincias, lo que redujo el gasto consolidado del sector público nacional; se obtuvo un importante superávit comercial merced a la recesión económica que limitó las importaciones y que, ante el menor consumo local, propició las exportaciones; para frenar el proceso inflacionario estableció un corsé cambiario representado por una tasa fija de crecimiento mensual del tipo de cambio y una política monetaria esencialmente atada a la incorporación de divisas al país, en una renovada versión de la monetización de la balanza de pagos del Consenso de Washington.
La administración de estas variables significó una fuerte caída del PIB (que el BCRA estimó en un 3,8% para el año 2024, que se suma al 1,9% del descenso del PIB del año 2023), un mayor derrape del consumo interno y, con ello, una fuerte disminución de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija), que el mismo gobierno estima en un 22,2% en el año comparado con el 2023. Datos que de por sí solo explican el nivel de pobreza e indigencia de nuestra población, y también la disminución del empleo y de los salarios en la construcción, en la industria y en el “campo” en general, más allá de algunas grandes empresas que fijan precios y operan con un margen de ganancia que les otorga su mayor predominio en el mercado local y en la participación en el comercio exterior.
Obviamente, es un objetivo buscado el de deprimir el nivel de actividad interna en general para apuntalar las exportaciones, que Milei sintetiza en que en la Argentina está prohibido prohibir exportar, que es la manera en que define un modelo extractivista, financiero exportador, de allí la imperiosa necesidad de tomar deuda para hipotecar al país y obligarlo a vender nuestros recursos naturales, sobre todo al capital extranjero, que el mismo Milei alaba, pondera y al que se subordina.
Deuda bruta y política fiscal
La deuda bruta (tanto en pesos como en divisas) se acrecentó en el año 2024 en 96.013 millones de dólares (la equivalencia la realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación) para pasar a ser de un total de 466.686 millones de dólares (casi el PIB del año 2024), y a razón de unos 8.000 millones de dólares por mes. En ello jugó el carry trade (pagar en pesos mucho más que en dólares) y la conversión de deuda del déficit fiscal del año 2023 del 4,7% del PIB (es en pesos, pero el gobierno de Milei lo convirtió en títulos de deuda por 22.560 millones de dólares), y los pasivos remunerados del BCRA pPases pasivos, Leliq y Notaliq) por unos 52.600 millones de dólares (al tipo de cambio oficial del 7 de diciembre de 2023) que era deuda con los bancos y se traspasó en su totalidad al Tesoro de la Nación (deuda pública), y finalmente, los intereses que, carry trade mediante, se ajustaron en forma mayoritaria por la tasa de inflación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, que estimó en 117,8% anual.
La Administración nacional base caja (esto es, contemplando los ingresos recibidos y los pagos realizados por lo percibido y no por lo devengado [1]) redundó en un superávit financiero para el año 2024 de 1.764.786 millones de pesos (0,3% del PBI) y un superávit primario de 10.405.810 millones de pesos (1,8% del PBI), que se utilizó en su totalidad para pagar los intereses de la deuda del año (de 8.641.024 millones de pesos) y el capital que se amortizó fue de los 1.764.786 millones referidos, pero la deuda siguió aumentando y considerablemente por lo anteriormente descripto. Más pagamos y más debemos, mecanismo ya sufrido por el país desde la dictadura militar de 1976, con la honrosa excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y del gobierno de los Kirchner.
El “equilibrio fiscal” de Milei significó y significa un brutal recorte de las jubilaciones y pensiones, un similar recorte en los gastos asistenciales y sociales en general, un menor subsidio a la población por gastos de energía eléctrica y de combustibles de todo tipo y, por ende, del transporte, menores transferencias de partidas a las provincias y la paralización de la obra pública, a excepción de las infraestructuras petroleras y gasíferas. El ajuste impacta en los ciudadanos de a pie, para pagar una deuda que no se investigó ni se investiga, y que pasó de 222.703 millones de dólares en el 2015 a 466.686 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024, pero tiene, para este gobierno, prioridad absoluta que el Estado (todos nosotros) la paguemos.
Política comercial y cambiaria
El superávit comercial del año 2024 fue algo menor a lo estimado por el gobierno de 21.972 millones de dólares, pero alcanzó los 18.899 millones de dólares, fruto de exportaciones por 79.721 millones de dólares (el gobierno había estimado que serían por 95.414 millones de dólares) debido a que, según informa CIARA-CEC, las ventas al exterior del “campo” sumaron 25.090,7 millones de dólares, menor que la estimación gubernamental, pero también fue algo menor la venta de petróleo y otros combustibles que fue de 9.677 millones de dólares y estaba estimado en 10.400 millones de dólares [2]. Las que descienden fuertemente (y entran a recuperar muy parcialmente desde agosto de 2024) son las importaciones, que totalizaron 60.822 millones de dólares, y el gobierno había estimado que ascenderían a 73.422 millones en esa divisa, fruto de una recesión económica mucho mayor que la que decía el presupuesto 2024 y 2025 [3].
La política cambiaria contempla también el llamado “dólar blend”, creado por el decreto 28/2023 del 12 de diciembre de ese año, que permite a los exportadores liquidar un 20% de sus operaciones en el llamado CCL. Dicho estímulo significó que, en el año 2024, no ingresaran como reservas internacionales al BCRA 11.633 millones de dólares.
Como así también, la venta de bonos en dólares que realiza el BCRA, para intervenir en el mercado financiero y cambiario, que se incrementa mes a mes. En diciembre de 2024 se registraron ventas por 325 millones de dólares, mientras que en los primeros 16 días de enero de 2025 estas alcanzaron los 619 millones de dólares, convirtiendo a enero en el mes con mayor intervención desde el inicio de esa operatoria.
Política monetaria
Si bien el BCRA no financia directamente al Tesoro (sí por colocación de títulos del Tesoro para comprar dólares de las reservas internacionales brutas), y no se sabe a ciencia cierta que pasó con los 2.500 millones de dólares en barras de oro que salieron de las reservas del BCRA, lo cierto es que el BCRA ha aumentado la base monetaria (que es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por esta entidad), en un 176,94% y M3, que es la mayor oferta monetaria (constituida por billetes y monedas en poder del público, cheques cancelatorios en pesos, cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en pesos, depósitos a plazo y otros depósitos en pesos), en un 193,81% en el año 2024, muy por encima de la inflación medida por el IPC del INDEC. Esa mayor cantidad de dinero disponible es la principal causa por la que no se levanta el llamado “cepo cambiario”. M3 supera en 3,49 veces las reservas internacionales brutas al último día hábil de diciembre de 2024, quiere decir que si se emplearan para comprarle los dólares al BCRA la paridad sería de 3.490 pesos por dólar.
Todos los caminos conducen a nuevos endeudamientos
Sin reservas de libre disponibilidad, a diciembre de 2024 el encaje de los depósitos (la diferencia entre el total de las imposiciones recibidas por los bancos en divisas por 33.908 millones de dólares y los créditos en esa moneda concedidos por 10.269 millones de dólares) y los 18.000 millones de dólares de los swaps de China superan holgadamente las reservas brutas del BCRA, por lo que necesitan sí o sí los 11.000 millones de dólares del FMI, que se suman a la frondosa deuda pública y a la inercia de incrementarla a razón de 8.000 millones de dólares por mes.
La diferencia con otros períodos (Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo, Guzmán-Massa) es que ese fenomenal endeudamiento va a ser pagado con el rico patrimonio nacional (petróleo, gas, oro, plata, cobre, uranio enriquecido, minerales raros, litio, agua pesada, agua potable, etc.) que no le pertenece a este gobierno, y muy parcialmente a nuestra generación; le pertenece a los argentinos del futuro, y por la estafa de la deuda y del sistema de interés compuesto y carry trade se entrega al capital principalmente internacional, al cual este gobierno le es funcional.
La política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria solo es consistente con un mayor endeudamiento; para eso atrasan el tipo de cambio a los efectos de que converjan los precios y costos internos con los internacionales, y solamente la actividad extractiva puede operar y competir interna y externamente con el tipo de cambio artificialmente buscado [4].
Tras las elecciones de medio término irán ajustando el tipo de cambio, pero los que no tienen respaldo (por ejemplo, el blanqueo de capitales) van a tener que reconvertirse de productores a importadores, como ha sucedido en la dictadura militar y con Cavallo-Menem.
Se está configurando un país más dependiente y a la vez integrado a cadenas de valor del mercado mundial, mientras se desintegran los distintos eslabones del sector productivo y distributivo argentino.
[1] Devengado se trata de ingresos y pagos del ejercicio fiscal (en este caso del año 2024) que corresponden al año, pero se complementan en el ejercicio posterior. Los gastos pendientes son mayores a los ingresos, por lo que el resultado fiscal final va a ser menor.
[2] La proyección de exportaciones de petróleo y otros combustibles para el BCRA fue de 10.400 millones de dólares en el año 2024 y estiman de 36.700 millones de dólares al 2030, un país netamente exportador.
[3] Ahora azuzada por el gobierno por las medidas tomadas de fijación del precio del dólar, de intervención en el mercado cambiario vía colocación de títulos públicos en divisas para frenar los dólares MEP y CCL, y de baja gradual y sistemática de aranceles en una amplia gama de productos.
[4] La prueba está en la fuerte disminución de la renta agropecuaria que obligó y obliga a renegociar sus deudas por la imposibilidad de pagarlas. Y en la queja del grupo Techint que solicita “nivelar la cancha” porque no les alcanza con reducir costos salariales y echar trabajadores, ante el costo financiero y la reducción de aranceles.
· Para los ansiosos o apurados, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.
· Lo inmediato y esperado son los efectos posibles de las políticas de Trump, que giran sobre aranceles, el valor del dólar, tipo de cambio real, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones (Canal de Panamá). ¿Son buenas para el mundo?, ¿Para USA? ¿Para Argentina? ¿Cuáles serán los problemas resueltos o complicados para el 2025? Lo iremos viendo con Trump.
· Cuando se levante el CEPO en los próximos meses, seguramente será con un tipo de cambio flotante, ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO y lleguen los dólares del FMI.
· Pero ahora tendremos que entretenernos y conjeturar que ocurre en el horizonte del 2025. Lo último es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos.
· El Tipo de Cambio Implícito, el dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 irán aumentando armoniosamente, siempre y cuando se cumplan los deseos o conjeturas del gobierno. Tendiendo a acortar las brechas, por ahora se va observando. Pero es un trío complicado. En principio se podría conjeturar que si el gobierno cumple a rajatabla lo que viene diciendo el dólar mayorista a fin de año, diciembre 2025, debiera alcanzar la cifra de $ 1.190 o sea un ajuste en el año del 15%. Bastante lejos de otras conjeturas.
· La inflación (alrededor del 2.7 %) en el mes de diciembre 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual o menos? Según Milei será en el año 2025. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y el valor del tipo de cambio.
· El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei. En los meses (12) del 2024, el IPC aumentó el 116 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 61 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual en enero y el 1 % en los restantes meses del 2025? De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %.
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que superan la inflación y ganan por una cabeza al dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?
· Algunos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en terreno negativo. Esperando que nadie se ponga nervioso.
· Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adherentes internamente y asociados internacionales como Trump y otros similares. Mantiene credibilidad elevada. Hasta el momento el estilo con desplantes frente a los adversarios, enemigos y aliados, le fue dando resultados.
President Donald Trump begins a second term that promises to be crucial for Latin America. Much has been said about his 2024 victory, his potential foreign policy and his unconventional personal traits. Most specialists in the United States and the region predict a very stormy horizon, warning about the extremely delicate situation that may unfold.
Throughout history, there have been difficult moments – even serious ones—regarding the relations between the United States and Latin America. The latest is Trump’s threat to seize the Panama Canal, which he said he would do while criticizing China’s role in managing the trade channel in his January 20 inaugural address.
I aim here to point out what Latin America has done to handle these threats despite the existing asymmetry of power and Washington’s recurrent habit of employing “sticks.”
Contadora, which had the endorsement of the European Community of the time, contributed decisively to peace in Central America.
In 1996, the US Congress approved the Helms-Burton Act, whose principle of extraterritoriality sought to hinder Cuba’s economic relations with foreign companies and investments. The recently created Rio Group (the four from Contadora, the four from the Support group, plus Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, a representative from Central America, and another from the Caribbean) requested that the Inter-American Juridical Committee of the Organization of American States examine the Act. The Committee noted that the Helms-Burton was not in accordance with international law.
On September 11, 2001, in response to the terrorist attacks in the United States, Undersecretary of Defense Douglas Feith proposed in a September 20 draft memo a surprise attack in South America (allegedly, the Argentine-Brazilian-Paraguayan Triple Frontier). In response to this, in 2002, with the active role of Buenos Aires, the “3 (Argentina, Brazil and Paraguay) plus 1 (United States)” format was designed: the intelligence findings of the three countries would be shared with Washington.
The central issue was to prevent the tri-border area from becoming a stage for the “war on terrorism,” to preserve a margin of autonomy, and to ensure the confidence of the United States.
In April 2008, the Pentagon decided to relaunch the Fourth Fleet, which had been deactivated in 1950. In response, at the initiative of Brazil, the South American Defense Council was created in 2008 to establish a regional security community and to curtail a US military expansion of forward operation locations in South America.
These examples show how, under difficult conditions and amid highly challenging issues, the region acted; it gave concrete answers to US declarations, laws and measures.
The use of institutionalized multilateral and ad hoc minilateral (the multilateralism of the few) fora was fruitful. The different ideological nature of the governments did not affect the possibility of identifying common interests, whether for altruistic or instrumental reasons.
By now it looks like the incoming Trump administration will focus the inter-American agenda on issues such as tariffs, migration, drug trafficking and the use of force. Perhaps on the tariff question, Latin American action could be taken with Europe, China, and India at the World Trade Organization to restrict Washington’s arbitrariness.
Regarding migration, the rules of international law, the record of decisions by the Inter-American Commission on Human Rights and the resolutions by the Inter-American Court of Human Rights that prohibit mass expulsions could be invoked, as well as recourse to the International Organization for Migration, the International Court of Justice and the Inter-American Juridical Committee to prevent and condemn the abuses of Trump’s announced “mass deportation.”
In 2025, on the 25th anniversary of the UN Convention against Transnational Organized Crime, some countries in the region could call a summit to address the issue that affects the entire continent and, at the same time, urge the United States to ratify the 1997 Inter-American Convention on Firearms given the lethality generated in Latin America by the trade in small arms from the US.
Finally, there is the issue of the use of force. It is essential not to attract international conflicts or tolerate violent pronouncements about the region by senior US officials: the long inter-state peace period in Latin America is an asset that has been achieved and there is no excuse for putting it at risk.
In addition, most nations in the region have managed their bilateral relations with China both prudently and pragmatically. Washington’s fixation with Beijing is due to a traditional conundrum of great powers: the dilemma between resources and commitments.
During the Cold War, the United States deployed multiple resources (investment, aid, trade) in the area and thus claimed anti-Soviet Union and anti-communist commitments at the diplomatic, military and material levels.
Today, and in relation to China, the US provides quite fewer resources while demanding more commitments.
As the countries in the area are unwilling to break trade, financial and assistance ties with China, one of the region’s top foreign investors, Trump’s second administration only dangles threats and sanctions. His latest threat concerns taking control of the Panama Canal.
Preceding experiences should help conceive actions for the future. There will be nations that want to act together, sometimes many, other times few. But President Trump will most probably encounter less resignation and more resistance from Latin America if he tries to coerce the region with such a negative agenda.
Comienza un nuevo mandato de Trump que será crucial para América Latina. Mucho se ha dicho sobre su triunfo, su posible política exterior y sus rasgos personales. La mayoría de los especialistas en Estados Unidos y la región presagian horizontes tormentosos, advirtiendo sobre la delicada coyuntura que se abre.
A través de la historia ha habido momentos difíciles -incluso graves- en las relaciones de Washington con América Latina. Quiero señalar qué ha hecho Latinoamérica para afrontarlos a pesar de la asimetría de poder existente.
Daré ejemplos de décadas recientes. A inicios de los ‘80, el presidente Ronald Reagan lanzó su “guerra de baja intensidad” en América Central ante lo que, en 1983, gobiernos de distinta orientación política de Colombia, México, Panamá y Venezuela crearon el Grupo de Contadora (al que después se sumarían Argentina, Brasil, Perú y Uruguay).
Este grupo aportó decisivamente a la pacificación de Centroamérica. En 1996 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Helms-Burton, cuyo principio de extraterritorialidad buscó obstaculizar las relaciones económicas de Cuba con empresas e inversiones extranjeras.
El entonces Grupo de Río (los cuatro de Contadora, los cuatro de Apoyo, más Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, un representante por Centroamérica y otro por el Caribe) pidió que el Comité Jurídico Interamericano de la OEA examinara la Ley. El Comité señaló que la Helms-Burton no guardaba conformidad con el derecho internacional. Así, el gobierno de Bill Clinton no sancionó a los países del continente por sus lazos con Cuba.
El 11 de septiembre de 2001, como respuesta a los atentados terroristas en Estados Unidos, el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, propuso un ataque aleccionador en América del Sur; presumiblemente la Triple Frontera. Ante esto, en 2002, con una activa participación de Buenos Aires, se creó el esquema “3 (Argentina, Brasil y Paraguay) más 1(Estados Unidos)” mediante el cual los hallazgos de inteligencia de los tres países serían compartidos con Washington.
Lo central era evitar que la Triple Frontera se convirtiera en escenario de la “guerra contra el terrorismo”, preservar márgenes de autonomía y asegurar la confianza de Estados Unidos. En una entrevista a Perfil (23/11/14), Joseph Napoli, quien fuera la máxima autoridad militar de la Embajada de EE.UU. en el país, afirmase: “La relación entre la Triple Frontera y la amenaza del terrorismo no es tan fuerte como creíamos en 2001”.
En 2003, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Chile y México, con coaliciones de gobierno distintas, mantuvieron una postura de principios basadas en el interés nacional ante el intento de Estados Unidos de utilizar una resolución de 1991 para lanzar una segunda invasión a Irak. Washington fracasó pero no hubo retaliación ya que finalmente el Ejecutivo firmó con México ese año un Acuerdo de Incentivo a las Inversiones y el Congreso aprobó el tratado de libre comercio chileno-estadounidense.
En abril de 2008, Estados Unidos relanzó la IV Flota que había sido desactivada en 1950. Ante esto, a iniciativa de Brasil, en diciembre se creó el Consejo de Defensa Suramericano. Estos ejemplos muestran cómo en condiciones complicadas y ante temas candentes, la región actuó; dio respuestas concretas a proclamas, leyes y medidas estadounidenses.
El recurso a espacios multilaterales y minilaterales (pequeñas agrupaciones) fue fecundo sin que la naturaleza ideológica de los gobiernos afectara la posibilidad de identificar intereses comunes, así fuera por razones altruistas o instrumentales.
El nuevo Trump centrará la agenda interamericana en temas como aranceles, migración, narcotráfico y uso de la fuerza. Quizás en la cuestión arancelaria Latinoamérica pueda actuar con Europa, China e India en la Organización de Comercio Mundial para restringir la arbitrariedad de Washington.
Respecto al asunto migratorio, las normas del derecho internacional público, los antecedentes de decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben las expulsiones masivas podrían ser invocadas, así como podría recurrirse a la Organización Internacional de Migraciones, la Corte Internacional de Justicia y el Comité Jurídico Interamericano para frenar y condenar los abusos de la anunciada ”deportación masiva” de Trump.
En 2025, en el 25 aniversario de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, algunos países de la región podrían convocar a una cumbre para abordar el tópico que afecta a todo el continente y, a la vez, instar a EE.UU. a ratificar la Convención Interamericana sobre Armas de Fuego de 1997 dada la letalidad que genera en América Latina el comercio de armas ligeras provenientes de ese país.
Finalmente, es imprescindible no atraer conflictos internacionales ni tolerar los pronunciamientos violentos sobre la región de altos funcionarios estadounidense: la paz inter-estatal es un bien que ha logrado Latinoamérica y no hay justificación alguna para ponerla en riesgo. Es inadmisible aceptar que EE.UU. busque retomar el Canal de Panamá, salvo que quiera convertirse en un forajido internacional.
La experiencia del pasado puede ayudar a concebir acciones para el presente. Estarán las naciones que quieran actuar conjuntamente, algunas veces serán muchas, otras veces pocas.
El principal objetivo de la política económica del gobierno de Javier Milei es garantizar la renta financiera y la renta minera (esencialmente la hidrocarburífera), impulsada, por ejemplo, por la asociación entre el capital financiero local e internacional y el Club de Petróleo, donde están asociadas las grandes empresas hidrocarburíferas nacionales y extranjeras, a las que se les permite acumular capital en el pasado, el presente y el futuro, a costa de la exclusión social, la potenciación de la pobreza y la apropiación de las reservas petroleras, gasíferas y otras mineras que le pertenecen a todo el pueblo argentino y a las generaciones venideras.
El mecanismo siempre es el mismo: endeudan al Estado nacional para beneficio exclusivo del capital financiero y esa deuda toma una magnitud que es imposible de pagar con los recursos corrientes. Entonces, los acreedores piden a cambio el patrimonio nacional; no otra cosa es el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que es un Estado dentro del Estado argentino, con sus propia leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI [1]), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al cuarto año no tienen la obligación de vender los dólares que exportan en la Argentina [2].
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) había dejado una deuda bruta de 222.703 millones de dólares; el 60% de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES [3], de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (20.043 millones de dólares, y no había deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado (69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.
En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se incrementó la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones fueron con el FMI. En forma sistemática, se fugaron unos 86.200 millones y las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no pueden demostrarlo en sus ejercicios contables, evasión y fuga fácilmente verificable con estudiar esos balances. Pero no lo hizo la Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, más allá de que, en este último caso, tenía sanción del Senado de la Nación el proyecto encabezado por Oscar Parrilli (expediente 0016-S-2022), que nunca fue llevado al recinto de la Cámara Baja, que exigía su investigación.
El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague, como la está pagando el pueblo argentino, e incluso se convirtió en prioridad, por encima de cualquier otro gasto del Estado nacional. La deuda contraída por el gobierno de Macri es una estafa, continuada por la administración de Alberto Fernández y por el gobierno actual, pues como dice el Presidente: “Las deudas se pagan”, sin investigar la estafa, y como lo asevera en el intencionalmente malogrado proyecto de ley de Presupuesto 2025, en su artículo 1º: “Establécese como regla fiscal que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de restablecer el referido equilibrio financiero”.
Entonces, a la gestión del Frente de Todos debe sumarse la continuación, consolidación y extensión por la gestión de Caputo-Bausili:
El déficit fiscal del año 2023, de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.560 millones de dólares), fue financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
La conversión de los pases pasivos, Leliq y Notaliq del BCRA, por unos 52.560 millones de dólares al 7 de diciembre de 2023, se convirtió en deuda del Tesoro de la Nación (incluidas las LeFi – Letras Financieras del Tesoro Nacional).
Finalmente, el reconocimiento de los fuertes intereses que estos títulos del Tesoro de la Nación devengan ajustados generalmente por la inflación y por tasas fijas por encima de la inflación.
Por lo tanto, la deuda creció en los once primeros meses del año 2024, en forma sideral, por 93.584 millones de dólares.
Se debe investigar la deuda contraída desde diciembre de 2015 a la fecha; no es posible que, habiendo cerrado el año 2015 con una deuda pública bruta de 222.703 millones de dólares, al 30 de noviembre de 2024 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) sea de 464.258 millones de dólares, incrementando la deuda pública en 108,5%, y que el país produzca menos bienes y servicios (PIB) que en 2015. Cae la inversión interna bruta fija (IBIF) y aumenta la pobreza, la indigencia y la desocupación; es más, las perspectivas son que continúe descendiendo el PIB, la IBIF y siga aumentando la pobreza, la indigencia y la desocupación, mientras una minoría parásita y rentista se enriquece con la tasa de interés compuesto, como afirma John M. Keynes en su libro La teoría general.
El financiamiento de la deuda
La pregunta es por qué a este gobierno le financian la deuda y le renuevan gran parte de los vencimientos. Y la respuesta es directa: primero y principal, cómo se generó (una estafa no investigada); segundo, la mayor parte de los tenedores de títulos públicos (en divisas y en pesos) son los grandes fondos de cobertura con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Ashmore, Gramercy, Greylock Capital, etc.), y la posesión de la otra parte de los títulos en pesos son los grandes bancos locales.
A octubre de 2024 (último dato publicado por el BCRA), los 62 bancos, pero esencialmente los más grandes (Galicia, Santander, Macro, BBVA y Credicoop) invierten más en títulos públicos (y secundariamente en acciones) que en préstamos que conceden. Los bancos y, sobre todo, los cinco nombrados, viven principalmente de la renta financiera que les paga el Estado nacional.
Estamos hablando de un monto de títulos públicos que supera holgadamente los 45 billones de pesos (equivalente a unos 45.000 millones de dólares), que los bancos, al tener la “patente de corso” de captar depósitos del público, se dan vuelta y se lo prestan a una tasa mayor al Estado.
Este fenómeno explica por qué en un país en el que cayó su PIB un 1,9% en el año 2023, y el BCRA estima que el descenso en 2024 fue del 3,8%, depresión económica provocada por una disminución del consumo de dos dígitos, sin embargo crecieron fuertemente la paridad de los títulos públicos y de selectos títulos privados.
En el año 2024, el precio de los bonos del Tesoro en pesos creció arriba de 112% (que fue la tasa de inflación acumulada de los once meses de 2024, contra una devaluación oficial del 25,5% y del CCL del 20,6%, dándole una ganancia en dólares en torno al 85% anual), destacándose, por ejemplo, el bono TO26 (Bono Tasa Fija octubre 2026), que tuvo un rendimiento del 236,6% en el año (acrecentándose en un 136,6%).
También crecieron fuerte los precios de las acciones del sector bancario, de los bancos Galicia, Supervielle, Santander, Macro y BBVA, con incrementos superiores al 300% en pesos. Y crecieron en similar porcentaje las acciones de las principales empresas hidrocarburíferas y energéticas que cotizan en el país, seguidas por las de los grandes laboratorios y las grandes empresas alimenticias, que fijaron el precio que quisieron, como Molinos Río de la Plata, Ledesma, La Serenísima, Arcor S. A., Aceitera Gral. Deheza, etc.
Por supuesto que en la fiesta de especulación financiera hubo lugar para celebrar el fin de año 2024, puesto que, por decreto 1146/2024 firmado por Milei y Caputo, se eliminó la restricción vigente durante los últimos 50 años que limitaba al 10% la distribución de dividendos de la caja de valores. ByMA (Bolsa y Mercados Argentinos) posee el 99,97% de las acciones de dicha caja. Con esta medida, los socios de ByMa se benefician con el reparto de 120.000 millones de pesos (entre ellos uno de sus fundadores, Nicolás Niki Caputo).
¿Cuál es la explicación de que se hayan “blanqueado” e ingresado al país, al 15 de noviembre de 2024, 20.631 millones de dólares en más de 330.000 cuentas especiales de regularización de activos (CERA)?
¿Por qué la dupla Caputo-Bausili, acogiéndose al secreto financiero de la ley 21.526 y por los artículos 8, inciso b y c, de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública, no responde a los requerimientos de la Asociación Bancaria por los distintos viajes en que trasladaron lingotes de oro de las Reservas Internacionales del BCRA por 2.500 millones de dólares, sin saber a ciencia cierta cuál es el destino de dicho traslado?
¿Y por qué obtienen un Repo con cinco bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) por 1.000 millones de dólares el 9 de enero de 2025, entregando BOPREAL como garantía a una tasa del 8,8% anual en dólares?
¿Cómo es posible que, habiendo firmado Caputo y Bausili la VIII revisión del acuerdo con el FMI, acuerdo que firmaron en 2018 Dujovne y Sturzenegger, y en el que se comprometían a aumentar las reservas internacionales del BCRA en 9.200 millones de dólares en 2024, no sólo no hayan cumplido con dicha meta, sino que incluso dilapidaron, con el llamado “dólar blend” (que le permite a los exportadores liquidar el 20% de sus ventas en el mercado libre del CCL) la suma de 11.633 millones de dólares? Sin embargo, como lo admite el mismo FMI, le van a conceder un nuevo crédito a la Argentina en torno a los 10.000 millones de dólares.
Si bien es cierto que la dupla Caputo-Bausili persevera en las anclas fiscal y cambiaria, también es cierto que no pueden dominar la creación de dinero (que convalida las súperganancias del capital más concentrado). La base monetaria se incrementó en 2024 en 233,7% (pasó de 8,5 billones a 28,4 billones de pesos), mientras que las reservas internacionales brutas lo hicieron solamente en 53,4% (de 21.428 millones a 32.864 millones de dólares).
Sin embargo, los grupos financieros extranjeros con base en Manhattan, los grandes bancos locales, y los inversionistas que le siguen, apuestan a un tipo de cambio controlado y una renta en pesos superior a la evolución del tipo de cambio.
El marco de confianza creado es tan así, que grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista Oil & Gas (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekián (Cía. Gral. Combustibles), entre otras, emitieron en 2024 obligaciones negociables por 9.100 millones de dólares. Y que los principales bancos de la Argentina presionan al Ministerio de Economía para que coloque títulos de deuda en pesos a tasa fija en el orden del 2,6 y 2,7% mensual (por ejemplo, los Boncap con capitalización de intereses que se pagan al final, con fecha de vencimiento 13 de febrero de 2026).
Enero 2025
El jueves último el gobierno pagó deuda por 4.341 millones de dólares, básicamente por bonos reestructurados en 2020 por el ex ministro de Economía Martín Guzmán, que incluye tanto capital como intereses. Como resultado, las reservas brutas disminuyeron en 1.728 millones de dólares, dado que en agosto de 2024 se habían depositado en el Banco de Nueva York los intereses de dichos títulos. Y en octubre de 2024 se depositaron 2.701 millones de dólares más, que fue el resultado fiscal acumulado de los diez meses de 2024 por 2,96 billones de pesos (superávit financiero de aproximadamente 0,5% del PIB) y que con esa suma se compraron las divisas al BCRA, disminuyendo aún más las reservas internacionales de libre disponibilidad.
Para el año 2025, los vencimientos en moneda extranjera suman aproximadamente 21.500 millones de dólares, de los cuales 7.925 millones corresponden a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, entre otros), y el resto a tenedores privados (principalmente los fondos de cobertura y los bancos locales) y una parte menor a los importadores por los BOPREAL.
Obviamente, la dupla Caputo-Bausili no puede garantizarles a los tenedores de títulos de deuda argentina la súper ganancia del año 2024, pero sí les asegura una rentabilidad mayor que en los países centrales, y les creen porque están los grandes fondos de cobertura que apuestan a esos títulos.
Seguramente después de las elecciones nacionales de medio término comenzará el proceso de conversión de esos títulos en petróleo, gas, oro, plata, agua pesada, agua potable, litio, minerales raros y hasta en empresas públicas que les apetecen, como es el caso de IMPSA.
[1] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que permite a las empresas enjuiciar a un Estado, violando el principio de exequátur (que un Estado no puede ser enjuiciado por otro y, menos por una empresa, salvo que el Estado lo permita, como es este caso).
[2] Violando el Art. 29 de la Constitución Nacional que expresamente dice:”… ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
[3] Es un fondo conformado por títulos y acciones que le pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, que se creó en base a la estatización de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones).
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales de la Argentina, creado por la ley 26.737 del año 2011, el 0,89 % de los propietarios poseen el 33,89% de la superficie con una extensión promedio de 22.000 hectáreas y el otro 99,11 % de propietarios se reparte el 66,11% restante.
El registro afirma que 26 millones de hectáreas corresponden a 1.250 titulares (0,1% de los propietarios privados), de los cuales 11.790.229,15 hectáreas son de firmas extranjeras, y de ellas, 1.877.885 hectáreas son propiedad de firmas que tienen domicilio en guaridas fiscales [1].
La nueva configuración de la producción agropecuaria, según el informe del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) de la ex AFIP (ahora ARCA), en la Argentina actual, hay plantado, en producción agrícola, 34,3 millones de hectáreas, de las cuales 24 millones son arrendadas, administradas principalmente por los pool de siembra, que son los mayores contratistas del campo, asociados a grandes capitales estadounidenses, cotizan en la Bolsa de Nueva York, y los que financian esos pool de siembra son básicamente los mismos que compraron los títulos de deuda de la Argentina.
El SISA es un régimen de declaración obligatoria de datos de siembra ante la ex AFIP (hoy ARCA). De allí surge que en la campaña que pasó hubo 88.527 productores agrícolas en la Argentina, que sembraron un total de 37 cultivos. La mayoría de ellos sobre campos alquilados. La cantidad de productores se mantiene más o menos estable en los últimos años. Lo que sí se nota es un leve pero paulatino pase de hectáreas propias a arrendadas. Solo 10,3 millones de hectáreas siguen siendo explotadas por sus dueños.
El SISA presenta una oportuna estratificación, donde se refleja que la necesidad de alquilar tierras predomina en los segmentos de productores de mayor escala. Los que siembran de 800 a 3.000 hectáreas tienen una relación de tres hectáreas alquiladas por cada una propia. Y algo parecido sucede con los productores de más de 3.000 hectáreas. Poseen 1,37 millones de hectáreas, pero alquilan otras 4,9 millones.
Si tomáramos de manera moderada diez quintales de soja por hectárea como un costo promedio para esos alquileres (que usualmente son pactados en plazos cortos de una campaña), se podría estimar que los productores agrícolas destinaron en el año 2024 unos 20 dólares por hectárea arrendada y que la renta percibida por los dueños de los campos suma un total de aproximadamente 4.800 millones de dólares en el año.
El informe de SISA asevera que en la Argentina son muchos los productores que no disponen de campo propio y arriendan toda la superficie que producen. Los datos de la tenencia de la superficie implantada muestran que hay más personas involucradas en el negocio, ya que existen 88.527 CUIT, de los cuales no todos son productores. Sobre ese universo, se registraron 37.641 casos de personas o empresas que producen sobre campo propio, otros 40.274 casos que lo hacen sobre campo exclusivamente arrendado y 10.612 personas que combinan ambas situaciones.
El productor agropecuario del sur santafesino Pedro Peretti sostiene que la Argentina hoy tiene una agricultura de “tres pisos”: uno es el terrateniente dueño de la tierra, el otro son los contratistas rurales (los que la trabajan efectivamente) y el tercer piso son los pools de siembra, grandes grupos financieros que se dedican a alquilar tierras y sembrarlas para exportar. “El chacarero tradicional, como el gaucho, hoy ya es un mito urbano”.
En otras actividades y producciones, como las recreativas y de turismo, forestación, mineras (y dentro de ellas la minería hidrocarburífera), etc., existen también grandes propietarios y grandes arrendatarios, como son los casos de:
Grupo Benetton (Italia), 900.000 hectáreas, administradas por la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias en Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Negocios ganaderos, forestales y mineros.
Familia Braun Menéndez con 750.000 hectáreas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A., cadena de supermercados que posee 159 sucursales en 80 ciudades y actualmente es presidida por Federico Braun Menéndez.
El Grupo Walbrook (Gran Bretaña), 600.000 hectáreas, administradas por la empresa Nieves de Mendoza. Propiedades: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado, todas localizadas en el sur de Mendoza. En estas propiedades están los lugares turísticos de Malargüe más visitados: la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el centro de esquí Las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.
Cresud S. A., firma presidida por Eduardo Elszstain, tiene 538.822 hectáreas en las provincias de Santa Cruz (100.911 hectáreas), La Pampa (9.615 hectáreas), Entre Ríos (6.024 hectáreas), Santa Fe (1.431 hectáreas), Córdoba (1.534 hectáreas), San Luis (7.010 hectáreas), Mendoza (674 hectáreas), Chaco (26.370 hectáreas), Catamarca (12.395 hectáreas) y Salta (37.858 hectáreas). Tienen tierras en Brasil, Paraguay y Bolivia. Se dedican al negocio agropecuario, con producción de granos de oleaginosas y cereales, cañas de azúcar y carnes. El conglomerado también está integrado por Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), dedicada al desarrollo inmobiliario y dueña de los principales shoppings del país.
La Familia Sapag con 420.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobernó Neuquén y casi todas las intendencias durante más de 50 años. Además, controlan la obra pública y la construcción en esa provincia. Donde más se concentran estas propiedades es en cercanías de las localidades de Cutral Có, Zapala, Las Coloradas, Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Junín de los Andes y San Martín de los Andes. En los últimos años, también comenzaron a adquirir predios menores en la zona de Vaca Muerta.
Estomonte A.G.S.A. es una firma suiza que posee 404.098 hectáreas en plena cordillera de Los Andes, ubicada en el departamento de Calingasta, en San Juan. Está en litigio con el Estado de la provincia de San Juan porque en el predio hay ríos, zonas glaciares e importantes picos montañosos.
Pluspetrol, que posee 320.000 hectáreas. La empresa fue fundada en 1977 por Luis Rey; hoy lo suceden sus hijos, unidos a la familia Poli. La firma se presenta como líder en materia de petróleo, gas y litio en América Latina. Las primeras operaciones comenzaron en Neuquén y, con el paso de los años, se expandieron al norte argentino. Hoy tienen presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay.
La familia Pérez Companc, que declara poseer 290.000 hectáreas. Estancias Santa Ana (El Turbio), San Benito (Cmdte. Piedrabuena), San Ramón (Puerto Deseado), Santa María (Lago Buenos Aires), El Talismán (Corcovado, Chubut). Estas propiedades están administradas a través de la firma Goyaique Sacif, radicada en Uruguay. La corporación, además, es propietaria y/o arrendataria de una cantidad similar de tierras en otras regiones del país, principalmente en la pampa húmeda. Pérez Companc es la mayor accionista de Molinos Río de la Plata SA (que vende alimentos en el mercado interno) y de Molinos Agro SA, su firma exportadora. Molinos Agro compró el viernes último por 26 millones de dólares a la multinacional de origen canadiense Nutrien AG Solutions, con 220 hectáreas en Santa Fe, cerca del puerto San Lorenzo, región clave para el agro y donde Molinos posee una planta de molienda de soja de 20.000 toneladas/día –es uno de los principales procesadores de poroto de soja en el país– y el puerto sobre el río Paraná.
Familia Zingoni-Arze, 250.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. Campos en Catan Lil, Collón Curá y Piedra del Águila, principalmente. Negocios ganaderos. Estancias Los Remolinos, Las Blancas, Las Coloradas, El Salitral, Las Cortaderas, La Verde, Casa de Piedra y Nahuel Mapi (Catan Lil); San Bernardo, Corral de Piedra, Ache-có y Pil Pil (Sañicó); La Ema, Campo del Norte y Santo Tomás (San Ignacio). Hasta 1966, todas estas propiedades estaban administradas por una sola empresa: Corporación Zingoni S. A., luego se conformaron nueve sociedades anónimas diferentes que continúan hasta la actualidad en manos de los herederos de los dueños de aquella.
Grupo Los Grobo de la familia Grobocopatel; la historia de la firma data de 1984 en Carlos Casares —provincia de Buenos Aires— con la fundación de Los Grobo Agropecuaria, emplazada en 3.500 hectáreas. Actualmente tiene presencia en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, alquilando tierras que administran bajo “modelos de asociación y riesgo compartido” con los propietarios, por unas 260.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola en la Argentina, y extienden sus actividades a Paraguay y Uruguay. Entre las empresas que integran el grupo se encuentran: Agrofina; Los Grobo Agropecuaria; Molino Canepa; Los Grobo Consulting; Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo; etc. Desde el año 2016, el capital accionario de Grupo Los Grobo está constituido en un 76% por el IFC, FMO, UTIMCO y el fondo Victoria Capital Partners, que lidera el grupo.
La caída de los precios internacionales de la soja (y en menor medida del maíz y del trigo), la apreciación del tipo de cambio real y los derechos de exportación (las retenciones) generaron una crisis incipiente entre las empresas del sector agropecuario. Son varias las empresas que entran en renegociación de los pagos con sus proveedores.
Respecto de los precios internacionales, en el acumulado del año 2024, la soja sufrió un derrumbe del 23,3%, para situarse en torno a los 360 dólares por tonelada, la cifra más baja en términos reales desde octubre de 2006. Variaciones más acotadas, pero negativas al fin, tuvieron el trigo (-12,3%) y el maíz (-3,4%).
En ese marco, los márgenes netos para los productores por un campo alquilado son muy exiguos, de allí que el grupo Los Grobo no pagara en diciembre de 2024 deudas por unos 10 millones de dólares.
Paralelamente, una empresa proveedora de insumos al campo (originalmente de la familia Calvo, de Santa Fe), la Red Surcos [2], que tiene dos plantas de producción de fitosanitaros, una en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y la otra en la localidad de Recreo, provincia de Santa Fe, debió suspender pagos por 3,5 millones de dólares y 9.364 millones de pesos a principios de diciembre de 2024. La Comisión Nacional de Valores no solo dispuso la suspensión provisional de la firma, sino que también presentó una denuncia judicial argumentando que la empresa emitió obligaciones negociables sin informar sobre su real situación financiera [3].
Otras importantes firmas propietarias rurales son:
Adecoagro (originalmente del grupo Soros, hoy con casa central en Luxemburgo), que posee 217.810 hectáreas repartidas entre Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Siembran arroz, maíz, trigo, maní, girasol, soja y otros cereales. También se dedican a la elaboración de alimentos lácteos, por medio de la marca Las Tres Niñas, y arroz y snacks a través de Molinos Ala y Apóstoles.
Ledesma S.A.A.I. con 212.429 hectáreas, de las cuales destina 157.000 a la cosecha caña de azúcar para la fabricación de papel y derivados en la provincia de Jujuy.
El Grupo AGD de la familia Urquía, líderes en la producción de aceites por medio de la Aceitera General Deheza, tiene un área cultivada con cereales y oleaginosas que cubre las 200.000 hectáreas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. También posee tierras destinadas al acopio en Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos, entre campos propios, arrendados o en asociación con terceros productores.
Una de las principales empresas agropecuarias de la Argentina es Lartirigoyen S. A., que le pertenece a la familia Lartirigoyen, asociada con Glencore (hoy Vierrra). Produce en La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Salta. Lartirigoyen no posee tierras propias, sino que produce en forma asociativa con más de 55 productores de nuestro país. La empresa se dedica a la producción de cereales y a la actividad ganadera. Posee cerca de 22.500 cabezas vacunas repartidas en campos de La Pampa y el sur de Buenos Aires y dos criaderos de cerdos, uno de ellos en Dorila (La Pampa) y otro en Reconquista (Santa Fe).
El grupo tiene participación accionaria en otras empresas como Molino Tassara, Patagonia Pet (fábrica de alimento de mascotas), Chemotécnica (formulación de agroquímicos), Alea (exportadora de cebada cervecera), Lartirigoyen y Oromi (comercialización de hacienda) y Sitio 0 (puerto de Quequén).
Acopio y comercialización
ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus (LDC), Viterra (fusión de Bunge y Glencore), COFCO, Aceitera General Deheza, ACA, Molinos Agro (Pérez Companc) representan el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados (la producción de oleaginosas y cereales representan los dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina).
Las grandes empresas exportadoras tienen los recursos para poder alquilar más cantidad de hectáreas de campo. En el año 2023, esta modalidad se fortaleció por los productores que dejaron de serlo y cedieron sus campos en alquiler por la sequía.
Estas empresas agroexportadoras antes tenían los puertos y concentraban la producción, pero extendieron su actividad, primero al acopio distribuido en todo el país, y luego al alquiler de campos bajo los esquemas del sistema financiero, por lo que tienen miles de hectáreas bajo este sistema de alquileres, minimizando la inversión en el territorio y generando muy poca mano de obra porque el trabajo lo contratan.
Lo cierto es que estas mega empresas agropecuarias expulsan a los chacareros por pagar alquileres superiores y se fueron quedando con casi toda la superficie productiva de la Argentina. Ya es común encontrar en cada zona empresas que siembran más de 10.000 hectáreas.
Sin solución a la vista
En el modelo financiero extractivista del gobierno, la producción agropecuaria no es prioritaria, por ende va a continuar con el carry trade y la devaluación programada mensual (en el intencionalmente malogrado presupuesto del año 2025 infieren que el dólar oficial se ajustará al 1,6% mensual, 19,2% anual).
A su vez, en el año 2024, al campo se le permitió liquidar unos 6.000 millones de dólares en el CCL (contado con liqui), que podrían haberse destinado a las reservas internacionales del BCRA, y que, dado que en el año creció menos el CCL (en todo el 2024 lo hizo un 20,6%) que el dólar mayorista (27,8%), ya no es tan redituable.
En ese marco, lo más probable es que el gobierno no haga nada, no ajuste por encima de lo programado el tipo de cambio y no reduzca las retenciones; por ende se concentará más la producción y su distribución y seguirá expulsando trabajadores y pequeños y medianos (y hasta importantes) productores agropecuarios.
[1] Dicha superficie equivale a 65 veces la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[2] La primera produce soluciones fitosanitarias de alta especificación y tecnología, mayormente de bajo volumen, mientras que la segunda elabora productos fitosanitarios de uso más difundido, a mayor escala. En paralelo, cuenta con 14 depósitos propios y una red de 10 centros de distribución en localidades del interior del país para abastecer a toda su red comercial. Sus productos también están presentes en los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de oficinas o representantes comerciales.
[3] La acusación está enmarcada en el artículo 309, apartado 1, inciso b, del Código Penal, que sanciona con penas de uno a cuatro años de prisión y una multa equivalente al valor de la operación a quienes oculten información relevante o presenten datos falsos al emitir valores negociables.
· No se exactamente cuanto tiempo insume leer todo el documento, pero para los ansiosos, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.
· Lo inmediato y esperado son los efectos posibles de las políticas de Trump, digamos que gira sobre aranceles, el valor del dólar y el tipo de cambio real, tanto para USA como para Argentina. No son todas buenas.
· No tan inmediato pero no menos esperado, cuando se levante el CEPO, seguramente con un tipo de cambio flotante, ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO.
· Lo último es la conjetura de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. El valor anual más cercano data del 2017.
· El Tipo de Cambio Implícito, el dólar oficial y el CCL seguramente irán disminuyendo. Tendiendo a acortar las brechas, es lo que se va observando. Pero es un trio complicado.
· La inflación (alrededor del 2.6 %) en el mes de noviembre 2024. ¿Cuánto tiempo para encontrar una base estable y próxima al 1.4 % mensual? Según Milei será el año próximo. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y el valor del tipo de cambio o sea del dólar, proyectando que será del 1 % mensual en 2025.
· En diciembre 2023 una de las primeras medidas del gobierno de Milei fue una fuerte devaluación que llevó el peso a $ 800 por dólar. ¿Y luego? El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, en los meses (11) del 2024, el IPC aumentó el 109 % y el tipo de cambio oficial el 58%. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 2 % mensual y el 1 % en el 2025? De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y esperando que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %.
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que empatan con la inflación y ganan por una cabeza al dólar. Con los valores actuales proyectados, sería el 35 % por un lado y el 27 % por el otro. ¿Diferente serán los meses próximos?
· Algunos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye pero continuamos en el terreno de la desconfianza. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) en terreno negativo. Esperando que nadie se ponga nervioso.
· Actividad económica y la pobreza e indigencia aparecen con alguna mejoría. La disminución de la inflación operará para que lo anterior se consolide. Pero el terreno perdido en ingresos no será fácil de recuperar. El gobierno por lo visto hace lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, quieren tener su propio índice de pobreza e indigencia. Nada nuevo bajo el sol.
· Milei por lo visto ingresa en proceso electoral. Suma adherentes internamente y algunos asociados internacionales, por ahora mantiene credibilidad elevada y la ayuda de la oposición dispersa.
· Seguramente la próxima tarea será levantar el CEPO, no demorará mucho.
Desde hace décadas, es habitual afirmar el peso político del estado de la Florida en las iniciativas y medidas de los gobiernos en Estados Unidos respecto a América Latina. En realidad, esa aseveración es correcta cuando se analiza y evalúa la gravitación de los y las latino-estadounidenses específicamente en el Poder Legislativo; en particular, respecto al notable cabildeo (lobbying) histórico de los cubano-estadounidenses de la Florida. Ello es realmente significativo ya que, de acuerdo con el último censo de 2020, los cubano-estadounidenses son sólo 2.4 millones de los 62.5 millones de latinos en ese país; apenas el 3.8% del total. En general, ese influjo de los latinos en el Congreso se ha manifestado en pocos temas y respecto a un número acotado de países: principalmente, la política hacia Cuba y, en algunas coyunturas, respecto a Centroamérica (conflictos armados y migración), México (migración y crimen organizado), Colombia (drogas) y Venezuela (la naturaleza del régimen político). En tiempos más recientes, la proyección de China en la región generó mucha más atención y mayor inquietud en Washington.
No sorprenden, entonces, sendas resoluciones de la Cámara de Representantes (auspiciada por la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar) y del Senado (entre sus auspiciantes estaban los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott) para conmemorar, en 2023, la vigencia de dos siglos de la Doctrina Monroe y la urgencia de contener y revertir el despliegue de Beijing en el área. Ahora bien, no todo empeño de la comunidad latina en el Legislativo debe entenderse como una preeminencia decisiva en la praxis de la política exterior latinoamericana de las administraciones de turno. Repercutir no implica determinar.
Surgieron, desde la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024, algunas reacciones iniciales sobre el lugar que tendría América Latina en la política exterior estadounidense. Para algunos, la región será, esta vez sí, una prioridad; para otros, continuará siendo una contra-parte postergada o nada prioritaria en el orden de significación que le asigna proverbialmente Washington. Independiente de las observaciones preliminares y de la relevancia alta o baja de la región para el nuevo Gobierno republicano, este artículo busca abordar y ponderar la importancia y alcance que pudiera tener la política hacia Latinoamérica a raíz de los nombramientos de altos funcionarios provenientes del Estado de la Florida.
Lo nuevo y sus rasgos distintivos
A mi entender, la mayor novedad que se advierte para el caso de América Latina es la trascendencia alcanzada por el estado de la Florida; y en especial, el rol y la influencia en el Ejecutivo de floridanos, tanto de origen latino como no latino. Es bueno recordar, así parezca un apunte menor, que Trump, durante su primer mandato, cambió su sitio de residencia en 2019 de New York — la Trump Tower — a Florida — la mansión Mar-a-Largo. Sí constituye un dato relevante el de los aportes a su campaña presidencial. Las donaciones originadas en la Florida alcanzaron los US$ 115.636.554, siendo el cuarto estado, con un 10.8% del total, en cuanto a las contribuciones realizadas. Solo los aportes del área metropolitana de West Palm Beach-Boca Raton fueron de US$ 50.577.194; siendo el condado de Palm Beach, donde se localiza la mansión Mar-a-Largo, el domicilio del mayor número de millonarios floridanos. Paralelamente, el dueño del hedge fund Citadel LLC. con una fortuna de US$ 35.000 millones y oriundo de Florida, Kenneth Griffin, donó US$ 100 millones para candidatos republicanos a la Cámara de Representantes y al Senado. Florida fue, entonces, un bastión valioso en materia de fondos electorales para el Partido Republicano, en general, y para Donald Trump, en particular.
Otro elemento para tener en cuenta es la presencia activa de think-tanks, organizaciones y actores no estatales de distinto orden con diversas agendas conservadoras y radicalizadas, así como sus propuestas, su impacto entre los republicanos, y en tanto conducto para facilitar el ingreso al Ejecutivo. Por ejemplo, uno de ellos es The James Madison Institute cuya misión es promover la bondad del capitalismo, el Estado mínimo y la plena libertad económica. En el contexto de la Florida International University funciona — y así se autoidentifica — el think-tankAdam Center for Economic Freedom que tiene como propósito inspirar a líderes sobre el valor del libre mercado y su efecto sobre la libertad y prosperidad. También está el capítulo Florida del encumbrado America First Policy Institute (AFPI) fundado en 2021 y dedicado a defender y fomentar las promesas y políticas públicas para “hacer a Estados Unidos grande otra vez” (Make America Great Again). Su presidenta, Linda McMahon, quien donó US$ 20.3 millones a la campaña de Trump, fue designada para el Departamento de Educación, y su directora ejecutiva (CEO), Brooke Rollins, fue designada para el Departamento de Agricultura.
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La Conservative Political Action Conference (CPAC) que se estableció en 1974 — y a la que asistió Trump por primera vez en 2011 — tuvo a la Florida como sede de las conferencias anuales de 2021 y 2022. En noviembre de 2024 hubo otro encuentro de CPAC en Mar-a-Largo con el mandatario electo como figura central después de su victoria. A ese evento asistió el presidente Javier Milei.
CPAC es un ámbito clave para la transnacionalización de las ultraderechas; transnacionalización en la que, para Rebecca Sanders y Laura Dudley Jenkins, se manifiesta un “populismo patriarcal”: un movimiento que promete “defender los intereses del ‘pueblo puro’ contra las ‘elites corruptas’… y en el que globalistas y feministas “son enmarcados como amenazas peligrosas para la restauración de la grandeza nacional”.
Cabe mencionar que en la Florida se localizan 114 (el segundo estado después de California con 117) organizaciones extremistas de diverso tipo. Según un informe de la Anti-Defamation League, “en Florida existe una extensa e interconectada red de supremacistas blancos con otros grupos de extrema derecha”. De hecho, en los últimos años, la Florida se volvió, de acuerdo con investigaciones periodísticas, un territorio fértil para grupos de ultraderecha y su proyección nacional.
Consideremos ahora el asunto de la población latina en el Estado de la Florida. Hay una serie de datos que merece comentarse. Trump venció allí a Kamala Harris por una diferencia categórica: 56% contra 43% de los votos, ganando en 61 de los 67 condados. En ese contexto, resultó crucial el voto latino. Para comprender eso es conveniente analizar, por ejemplo, el porcentaje de latinos de distinto origen y su lugar de residencia. De los 2.4 millones de cubano-estadounidenses, el 64% vive en la Florida; de los 450 mil nicaragüense-estadounidenses, el 37% habita en ese estado; y de los 640 mil venezolanos, el 47% se domicilia allí. Habría que agregar que del total de estadounidenses de origen colombiano (1.4 millones), el 31% reside en la Florida, así como el hecho de que del total de estadounidenses de origen argentino (290 mil), el 23% reside ahí.
Adicionalmente, el 54% de los cubano-estadounidenses en la Florida son votantes registrados en el Partido Republicano. En ese estado, el voto latino masculino por Trump llegó al 64% (en 2020 había sido 48%) y el voto latino femenino fue de 52% (en 2020 había sido 45%). Habría que adicionar que el voto católico — la mayoría de los latinos en la Florida lo son — en favor de Trump en el estado tuvo una diferencia de 29 puntos respecto al voto por Harris. En el condado de Miami-Dade, con una población latina de 68%, Trump obtuvo el 55% de los votos. Para la elección de 2024 a la Cámara de Representantes, los republicanos de Florida lograron 20 asientos y los demócratas apenas 8. En la elección para el Senado, el republicano Rick Scott obtuvo 55.6% de los votos, mientras la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, 42.8%: en la elección de 2018 la diferencia a favor de Scott contra un oponente demócrata fue mínima: 0.12%.
En breve, la base de apoyo a los republicanos y a Trump entre los latinos en la Florida fue elocuente; lo cual parece haber tornado al estado en una fortaleza de ese partido y, por supuesto, del reelecto presidente. Es bueno enfatizar que, en materia internacional, los latinos no se diferencian de la mayoría de otros grupos de votantes en cuanto a su respaldo al liderazgo global de Washington y a la superioridad militar de Estados Unidos.
En la última elección, las prioridades de la población latina fueron domésticas — la inflación, el empleo, el costo de la vivienda y de la salud, entre otros — y en la intersección entre lo interno y lo externo prevaleció el asunto de la migración. Esto último no debe confundirse con un soporte a la deportación masiva. Más aún, de acuerdo con una encuesta de octubre de 2024, tres cuartas partes de los votantes reconocen que los migrantes se ocupan de trabajos que los ciudadanos estadounidenses no quieren realizar.
Los nombramientos: perfiles y particularidades
Con ese telón de fondo, lo más interesante a mi entender es la designación de varios funcionarios latinos y no latinos vinculados al estado de la Florida en cargos muy destacados en el segundo gobierno de Trump. Son varios los casos. Uno de ellos es el de Susie Wiles que, si bien no es del estado, su trayectoria política fue en la Florida adonde se mudó y dirigió múltiples campañas electorales a la presidencia, a la gobernación y a alcaldías, y al Congreso. Ella condujo la victoriosa campaña de Trump en la Florida en 2016 y la ganadora a nivel nacional en 2024. Es una notable operadora política y conocida por su habilidad para el lobbying a favor de corporaciones (unos 42 clientes entre 2017 y 2024). Wiles fue designada jefe de Gabinete del Gobierno entrante. Taylor Budowich, asistente de Trump vinculado a MAGA Inc. — un comité de acción política que canalizó 400 millones de dólares en donaciones a favor de los republicanos — y ligado a políticos (el gobernador DeSantis y el legislador Corcoran) de la Florida — fue nombrado jefe de Gabinete adjunto para Comunicación y Personal. También de la Florida, James Blair fue escogido jefe de Gabinete adjunto para Asuntos Legislativos, Políticos y Públicos.
Marco Rubio, senador republicano de la Florida desde 2011, fue nombrado secretario de Estado. A lo largo de su carrera política mutó de ser un republicano convencional a un trumpista leal. Su récord legislativo y sus declaraciones reflejan su condición de “halcón” respecto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como su antipatía hacia Lula Da Silva y Gustavo Petro. En particular, en el caso cubano — su obsesión — él se opuso a la normalización de relaciones durante la presidencia de Barack Obama y reivindicó una estrategia de máxima presión. Asimismo, señaló las posibilidades de cooperación con países como Ecuador, Guyana y Paraguay; entre otros. Severo crítico de China que juzga como una grave amenaza para el país y amigo de sanciones por doquier, expresó su apoyo a la propuesta de Trump sobre deportación masiva de migrantes, considera a Irán un “régimen terrorista” y tuvo un perfil de voto antiambientalista. En sus pronunciamientos reveló su inclinación por una solución política, que sería indudablemente compleja, a la guerra en Ucrania, mientras que reiteró su oposición al cese de hostilidades en Gaza. En febrero de 2024 visitó la Argentina y elogió al presidente Milei por su “plan audaz para salvar” al país.
Como Enviado Especial para América Latina en el Departamento de Estado fue nombrado otro floridano, Mauricio Claver-Carone. Tuvo distintos cargos con incidencia sobre América Latina en el primer gobierno de Trump: asesor de Asuntos Internacionales en el Departamento de Tesoro, director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y director de Asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. En 2020 fue elegido presidente — hubo un único candidato — del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 30 votos (66.8%) a favor y 16 abstenciones (Argentina, Chile, México, Perú y Trinidad y Tobago, más once extra-regionales). La más cercana votación con un solo candidato había sido la de Luis Alberto Moreno que recibió el 96.2% de los respaldos.
La elección de Claver-Carone no solo apuntaba a frenar la expansión comercial y financiera de China en Latinoamérica, sino también a “limitar el poder (institucional) de la Argentina y Brasil” en el BID. En 2022 Claver-Carone fue destituido por haber mantenido una relación amorosa con una subordinada a quien, a su vez, benefició materialmente. Días antes de su destitución, la Argentina había recibido el apoyo del banco para un préstamo de emergencia; lo cual no modificó la postura del Gobierno respecto a su salida de la presidencia del BID. Por aquel entonces el delegado como representante argentino ante el banco era Guillermo Francos, gracias a la intermediación de su amigo Gustavo Béliz. No es extraño, entonces, que en septiembre de 2024 Claver-Carone dijera: “Ojalá Milei sea fiel a lo que aboga (pero) si cree que Francos le va a traer credibilidad en Estados Unidos se equivoca enormemente”.
Las posturas de Mauricio Claver-Carone eran y son conocidas: hostilidad, en especial, contra Cuba y Venezuela (no tanto respecto a Nicaragua que votó a favor suyo en el BID y que recibió financiamiento del banco para 2021–2022) y apoyo a líderes de derecha como fue su vigoroso respaldo al mayor crédito otorgado por el FMI a un país: la Argentina de Mauricio Macri. Además, fue y es “halcón” respecto a China. Más recientemente — y de manera equívoca pues de ese sitio no partirán exportaciones hacia Estados Unidos — propuso un arancel del 60% a los productos que ingresen al país originados en el puerto de Chancay en Perú que fue financiado por China.
Resulta curioso que el secretario tendrá en el Departamento de Estado varios enviados — seis hasta ahora — por país, región y tema, entre los cuales está Claver-Carone. Habrá que observar cómo Marco Rubio maneja y coordina la diplomacia estadounidense; una diplomacia cada vez más “atrofiada” según Evan Cooper. En el caso particular de América Latina, se suma Richard Grenell (oriundo de Michigan), quien fue director encargado de Inteligencia Nacional en 2020 y aspiraba al cargo de Rubio. Fue nombrado enviado para Misiones Especiales que incluye, entre otros, a Venezuela.
La republicana Pat Bondi, exfiscal general de la Florida, quien fuera del equipo de abogados de Donald Trump en su primer juicio de destitución entre septiembre de 2019-febrero 2020 y encabezara desde 2021 el Center for Litigation del capítulo Florida de AFPI, fue escogida para estar al frente del Departamento de Justicia. Devota trumpista, afirmó en la elección de 2020: “Ganamos en Pensilvania y queremos que haya un recuento imparcial del voto”. Como miembro de AFPI presentó distintas demandas judiciales cuyo objetivo era obstaculizar el acceso a las urnas y/o privar del derecho al voto a determinados grupos de electores; algo, sin duda, preocupante. Es oportuno indicar que la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Agency, DEA) es una agencia del Departamento de Justicia. En la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado — que afecta a América en su conjunto — el papel de la DEA es crucial. Un sucinto comentario al respecto. Por un lado, en el caso particular de Estados Unidos, el total de fallecimientos por abuso de fentanilo en 2023 fue de 74.702. Es bueno tener en cuenta que el número de muertos en tres guerras — Vietnam (58.220 militares), Irak (8.264 militares, civiles y contratistas) y Afganistán (6.247 militares, civiles y contratistas) — fue de 72.731. En el frente de la política estadual contra el fentanilo, Bondi fue una empedernida combatiente; aunque los datos de muerte por sobredosis al final de su gestión en 2019 mostraban que la Florida había empeorado, pasando del puesto 15 a nivel nacional al 20 debido al aumento de la tasa de decesos. Por otro lado, se asiste a una bonanza de alcance global en materia de cocaína, mientras la expansión de la violencia ligada al narcotráfico en América Latina tuvo y tiene consecuencias devastadoras. Algunas voces realzaron el valor del estilo transaccional de Trump; su preferencia por deals (tratos) en vez de rules (reglas). Otros han afirmado, en materia de drogas, que “el enfoque transaccional ayuda a explicar por qué la resistencia al crimen organizado decayó: cuando todo está en venta, nada es sagrado”.
Adicionalmente, en el área de Justicia, Todd Blanche, abogado de Trump en la causa penal que se llevó a cabo en New York y quien en 2023 adquirió una propiedad en Palm Beach, fue designado como fiscal general Adjunto de Bondi. A su turno, Chad Mizelle, oriundo de Florida y quien se desempeñó en el Departamento de Seguridad Nacional en el primer mandato de Trump, fue nombrado jefe de Gabinete en el Departamento de Justicia.
Michael Waltz, representante republicano por la Florida desde 2019, fue designado consejero de Seguridad Nacional. Coronel retirado de la Guardia Nacional, ex Boina Verde condecorado, se desempeñó en el Pentágono durante la administración del presidente George W. Bush en tiempos de Donald Rumsfeld y Robert Gates como secretarios de Defensa. Fue miembro de la China Task Force en la Cámara de Representantes, es fervorosamente anti-Beijing y promovió leyes para desacoplar las relaciones bilaterales y para sancionar a China. En 2023, junto al representante republicano de Texas, Dan Crenshow, propuso, ante el incremento del fentanilo en México, una ley que “nos pondrá en pie de guerra contra los cárteles (de las drogas) al autorizar el uso de la fuerza militar contra ellos”. En ese mismo año coauspició una resolución que reclamaba prohibir la remoción de Cuba de la lista de estados que patrocina el terrorismo. En septiembre de 2024 coauspició un proyecto de ley conocido como “Stop Maduro Act” que solicita elevar hasta US$ 100 millones la recompensa por brindar información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro. Sus varios libros evidencian un talante de cruzado. Hay que añadir que, quien fuera su jefe de Gabinete como congresista, Micah Thomas Ketchel, también de la Florida, sería asistente especial del presidente Trump.
Hay otra serie de funcionarios que provienen de la Florida, sean originarios o residentes del Estado o hubieran desarrollado conexiones y emprendimientos en el mismo. Por ejemplo, Paul Atkins — lobista y empresario — fue nominado director de la Comisión de Bolsa y Valores (Security and Exchange Commission, SEC); el hombre de negocios John Phelan fue designado secretario de la Armada a pesar de no tener ninguna experiencia en cuestiones militares; Jeanette Nesheiwat, comentarista habitual en materia de salud para Fox News fue nombrada jefe del Servicio Federal de Sanidad (Surgeon General); Kash Patel, quien trabajó como abogado de oficio en Florida y es un trumpista rimbombante, fue escogido director de la Federal Bureau of Investigation (FBI); y Katie Miller quien participó del primer gobierno de Trump y es esposa de Steven Miller quien, a su turno, será jefe de Gabinete adjunto en materia política, fue distinguida como una de las primeras consejeras de la junta del Departamento de Eficiencia Gubernamental que será encabezado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, dos hiper-billonarios.
Es pertinente mencionar, así no corresponda al Ejecutivo pero que resulta fundamental en la relación del Legislativo con el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad, que, en diciembre de 2024, el congresista de la Florida Brian Mast fue elegido por sus pares republicanos para presidir el poderoso Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Sus principales posturas y propuestas (a través de votaciones y declaraciones) en materia internacional fueron: embestir contra China; cortar los fondos del presupuesto destinados a Naciones Unidas; criticar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán por considerarlo una traición al interés nacional estadounidense; respaldar enérgicamente a Israel; reducir la ayuda humanitaria a Gaza; rechazar la asistencia adicional para Ucrania; imponer eventualmente aranceles y sanciones a México y Canadá; financiar robustamente a las fuerzas armadas; y reforzar la seguridad en la frontera sur; entre otros. Para los demócratas en ese Comité su futura presidencia es el fin del bipartidismo en la materia pues en ese ámbito republicanos y demócratas encontraban ciertos puntos de coincidencia.
Otra cuestión destacable es el anuncio de nombramientos de embajadores para América Latina realizados hasta el momento por Donald Trump. En ese sentido, la centralidad de la Florida es notoria. Ron Johnson fue nominado embajador en México. Él es un coronel retirado, ex Boina Verde, que participó en distintas Fuerzas Especiales, pasó buena parte de su carrera en el Comando Sur y se vinculó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones para-militares desde finales de la década de los noventa hasta 2019 cuando Trump, en su primer mandato, lo designó embajador en El Salvador. En el caso de Colombia, el embajador nombrado es Daniel Newlin, ex detective, abogado y empresario que contribuyó a la colecta de fondos para el presidente y gastó millones en publicidad a favor de Trump (y también para su promoción personal) en la campaña de 2024. Durante 28 años estuvo vinculado al Orange County Sheriff Office en Orlando y en la actualidad encabeza un estudio de abogados. Respecto a Panamá, Trump designó a Kevin Marino Cabrera de origen cubano-estadounidense. Lo hizo días después de blandir que en su segundo Gobierno retomaría el control del Canal de Panamá.
En 2020, Marino Cabrera fue un entusiasta promotor de la reelección de Trump y actualmente es el comisionado del condado de Miami-Dade, sin ninguna experiencia en asuntos internacionales. Hay que recordar, por tanto, la llamada Enmienda DeConcini (senador demócrata de Arizona) a la ratificación de los tratados Torrijos-Carter en cuanto a una eventual intervención en caso de una grave amenaza al Canal. Afirmaciones escritas por el entonces presidente Jimmy Carter — la carta del 18 de abril de 1978 dirigida al general Omar Torrijos — y correcciones posteriores (como la llamada Enmienda Church) deslegitiman cualquier pretensión intervencionista; sin embargo, eso no fue un escollo para el más reciente bullying de Trump a Panamá. Ya en agosto de 2023 Trump afirmó que el Canal de Panamá estaba controlado por China y “no debemos permitir que eso suceda”.
Con relación a la Argentina, el presidente convocó a Peter Lamelas de origen cubano-estadounidense para la Embajada en Buenos Aires. Empresario ligado a los servicios de salud y recaudador de fondos para Trump en 2024, conoció a Milei en la reunión de CPAC de noviembre en Mar-a-Largo y lo alabó. Se ignoran sus destrezas en el terreno internacional o su conocimiento de las relaciones interamericanas.
Respecto a la Organización de Estados Americanos, Trump designó Embajador a Leandro Rizzuto Jr., heredero de la fortuna de la compañía Conair de productos de belleza y cuidado personal, hombre de negocios en la Florida, y quien en agosto de 2024 compró propiedades en el sur del estado por un valor de US$ 35.5 millones. Empresario controversial y donante del partido republicano a quien Trump nominó embajador en Barbados en 2018 pero no fue confirmado, pues, entre otros, promovió teorías conspiratorias sobre la esposa del senador Ted Cruz e insultó a Hillary Clinton y Mitt Romney. Finalmente, fue nombrado oficial principal en el Consulado de Bermuda; cargo que no exigía confirmación senatorial.
Cabe agregar que Trump designó a otras personas del estado de la Florida para distintas embajadas: John Arrigo a Portugal; Mike Huckabee (exgobernador de Arkansas y residente en la Florida en la última década) a Israel; Kimberly Guilfoyle a Grecia; y Callista Gingrich (ahora residente en la Florida y esposa del expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich) a Suiza.
Por último, corresponde aclarar que hay más personas ligadas a la Florida que fueron designadas por Trump, pero no se incluyeron pues remiten a cargos en agencias y áreas menos prominentes en cuanto a las relaciones internacionales. Por lo que el número de floridanos en la entrante gestión republicana es aún mayor a lo acá citado.
A modo de colofón
Lo descrito en este artículo tiene varias aristas y significados. Primero, es francamente excepcional el elenco de individuos del estado de la Florida que, conjuntamente, llegan a Washington y representarán a Estados Unidos en el exterior. No fue habitual que tantos hombres y mujeres de la Florida alcancen simultáneamente tanta presencia numérica y visibilidad política al inicio de un gobierno. Cabe recodar, además, que en su primera presidencia Trump tuvo la tasa de rotación de altos funcionarios más grande — 92% — desde Ronald Reagan en adelante. Sólo en el primer año de gestión rotó al 25% de altos funcionarios. En todo caso, es muy singular la cuantía de floridanos que ocuparán cargos de importante responsabilidad en el Ejecutivo. Habrá que evaluar cuán sintonizados o afines estarán en temas trascendentales en lo doméstico e internacional. Y, a su vez, cuánto reforzarán la gravitación de la Florida en asuntos internos y externos.
Segundo, indudablemente, el nombramiento de las 25 personas mencionadas evidencia heterogeneidad. Algunos provienen de la política, otros del mundo de los negocios; unos se comprometieron con donaciones y otros aportado ideas. Algunos tienen experiencia de gestión en el Ejecutivo, otros carecen de ella. Solo hay 6 mujeres en el grupo de floridanos convocados. Ese conjunto refleja un caleidoscopio compuesto por republicanos tradicionales (opuestos al cambio social y político acelerado), neoconservadores (marcadamente intervencionistas en política exterior), paleo-conservadores (contarios al multiculturalismo y a favor de restricciones migratorias), y ultraderechistas (neo-patriotas altamente ideologizados).
En el estado de la Florida y en el campo político hay, además, facciones, como se pudo observar en las primarias del Partido Republicano entre el gobernador DeSantis y el presidente Trump, aunque al parecer la rivalidad entre ambos cedió. De hecho, si la candidatura de Hegseth a Defensa se complica, Trump parece haber considerado a DeSantis para el cargo. Lo fundamental es que todos y todas, por igual, fueron en la campaña y son ya una parte firme del universo trumpista. Y lo son pues los mancomuna creencias, valores y propósitos compartidos y, de ahora en más, le deberán fidelidad plena al nuevo mandatario; el segundo caso en la historia de Estados Unidos — después de Glover Cleveland en el siglo XIX — de un presidente con dos mandatos no consecutivos.
Tercero, en materia de los nombramientos ligados al frente externo sobresale la homogeneidad: son hardliners. En esencia, un hilo conductor los entrelaza y es la posición hacia China. En el fondo, son básicamente primacistas; esto es, no abandonan la presunción de que la preponderancia de Estados Unidos es crucial para preservar y ampliar un presunto orden internacional liberal en vigor. La primacía remite a una estrategia por la cual Washington no tolera ni tolerará la existencia de un poder de igual talla. O puesto, en otros términos, Estados Unidos — hoy internacionalmente debilitado y domésticamente polarizado — aún pretendería que el mundo se ajuste a él y no que el país se adapte a las nuevas circunstancias globales.
Los funcionarios claves en el ámbito de la política exterior provenientes de la Florida coinciden conceptualmente con designaciones en otras áreas como, por ejemplo, Peter Hegseth (Departamento de Defensa) para quien el gran adversario está en Beijing, pues China se está preparando militarmente para derrotar a Estados Unidos; John Radcliffe (CIA), contribuyente al Proyecto 2025 de The Heritage Foundation, considera a China la principal amenaza del país; Howard Lutnick (Departamento de Comercio), tiene una perspectiva fuertemente crítica de China y a favor de aranceles; Jamieson Greer (Oficina del Representante Comercial) quien fue clave en la imposición de aranceles a China durante el primer gobierno de Trump, identifica la competencia económica con Beijing como un componente básico de la disputa geopolítica bilateral; Elise Stefanik (embajadora ante Naciones Unidas), es una congresista republicana de New York que fustigó asiduamente a China; David Perdue (embajador en China), exsenador republicano y empresario acaudalado a quien se lo considera un anti-Beijing en materia militar; y George Glass (embajador ante Japón), quien es reconocido por sus críticas a China.
Ahora bien, no es seguro que Estados Unidos esté hoy en condiciones para perpetuar el sueño de la primacía que emergió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La frustrada sobre-extensión en el campo internacional y las grietas al interior colocan límites a ambiciones excesivas.
Cuarto, en relación al posicionamiento frente a América Latina de los nombramientos de personas provenientes de la Florida, no solo las de origen latino — por ejemplo, el secretario de Estado, el enviado especial para la región, los embajadores nominados — , sino también aquellos no latinos en cargos claves en el Ejecutivo (Consejero de Seguridad Nacional, para el caso) y el Legislativo (presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes), expresan un común denominador: el predominio de una agenda negativa y la invocación a la fuerza.
En las expresiones del propio presidente Trump — en la campaña que lo llevó al triunfo — se evidenció lo primero: la región como fuente de migrantes, criminales, y drogas. Lo segundo fue parte de la retórica poselectoral de Trump — anuncio de posibles aranceles a México y de un intento para recuperar el control del Canal de Panamá — y viene siendo desde hace tiempo parte de la narrativa que Rubio y Waltz manifestaron como congresistas. A su turno, y en cuanto al recurso a la fuerza hay que sumar el nombramiento de Tom Homan — ideólogo de la separación de niños de las familias migrantes y vinculado al mencionado Proyecto 2025 — como “zar de la frontera” que se encargará, básicamente de las deportaciones en el sur de Estados Unidos.
Al parecer, entre algunos republicanos en especial, la idea de que América Latina como “patio trasero” de Estados Unidos debe ser disciplinada no se abandonó. Sin embargo, el evaluar al primer Trump se puede observar que él tiende a sobre-prometer y a sub-cumplir. Ello fue, en parte, por la existencia de instituciones e individuos que le colocaron un límite a la arbitrariedad. Si se evalúan sus nombramientos hasta el momento — incluidos los provenientes de la Florida — , el segundo Trump pretende fidelidad absoluta y habrá que examinar si acepta restricciones o impedimentos partidistas e institucionales.
Quinto, la conjunción de una postura agresiva y ofuscada hacia China y de una posición a la vez dogmática y negligente frente a las urgencias de América Latina, podrían confluir y exacerbar el de por sí pobre estado de las relaciones entre Washington y la región. Cabe añadir que el presidente Joe Biden no deja un legado que merezca reconocimiento. Simultáneamente, es conveniente reconocer que, en algún momento, una superpotencia tiene en sus relaciones con contra-partes un dilema entre recursos y compromisos. Cuando provee muchos o bastantes recursos puede exigir compromisos. En la Guerra Fría, Estados Unidos les proveyó a la región inversión, comercio, y asistencia, mientras que la Unión Soviética proveía ideología. Washington demandó que Latinoamérica fuera anti-comunista y anti-soviética y las élites regionales así lo hicieron. Ante la provisión de recursos, los compromisos pedidos se cumplieron.
Ahora, la encrucijada de Estadios Unidos respecto a América del Sur, en particular, es que provee muchísimos menos recursos, al tiempo que China es el principal proveedor de inversiones, asistencia, y comercio. Así, paradójicamente, Washington, con menos recursos, exige mayores compromisos. Como pocos le cumplen a cabalidad, entonces recurre cada vez más a amenazas, chantajes y retaliaciones. Por ello, quizás se avecine lo que resaltó Mónica Hirst: “Trump 2.0 será dureza para América Latina”.
Sexto, la dimensión no estatal del trumpismo, es decir, el auge de la ultraderecha en Estados Unidos, el papel de la Florida como un conspicuo polo derechista, y la capacidad de contar con enormes fondos provistos por magnates; tendrá, a no dudarlo, un fuerte impacto en Latinoamérica que ya conoció y conoce proyectos políticamente restauradores y socialmente regresivos. En esa dirección, se fue forjando con el tiempo una verdadera Internacional Reaccionaria que tuvo en Trump un tótem y en América Latina sus aprendices. Esa Internacional no parece tener un destino fugaz; máxime ante la ausencia de alternativas progresistas convocantes.
Por último, es probable que en el primer año de Gobierno del presidente Trump se revele más concretamente su política exterior, en general, y respecto a América Latina, en particular. Así se podrá conocer el verdadero peso y el eventual protagonismo de la Florida, tanto en términos de las relaciones inter-estatales como de las vinculaciones entre actores no gubernamentales.
Fue, con razón, un lugar común, observar y analizar cómo se comporta Washington — centro de la administración y de la diplomacia — y qué sucede en New York — especialmente en Wall Street, el mundo de las grandes corporaciones y de los fondos de cobertura. A esos dos espacios de poder, hay que sumar a California y la Florida. En California, es crucial seguir atentamente la creciente influencia política de Silicon Valley y las llamadas Big Techs; en la Florida habrá que indagar en detalle el papel de la para-diplomacia no estatal de la ultraderecha. Esos cuatro puntos geográficos serán claves en el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
El interior del país no podía competir con los productos importados por el puerto de Buenos Aires. Santa Fe podía abastecer de leña a todo el país, pero la desprotección hacía que el negocio se perdiera a manos del carbón inglés. La industria vitivinícola, de aguardiente y aceitera de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca era de alta calidad pero el precio al cual llegaba el vino, el aguardiente y el aceite de oliva extranjero no permitía a las provincias pagar el transporte terrestre, etc. Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, planteó la prohibición de la importación de los productos que se elaboraban en el país, logró el apoyo de las demás provincias y en diciembre de 1835 se promulgó la Ley de Aduanas, e impusieron aranceles del orden del 35% a la mayoría de los productos extranjeros que competían con las producciones nacionales. En otros casos, los aforos alcanzaron el 50%, y el ingreso de muchos productos fue directamente prohibido. También se diseñaron incentivos al transporte marítimo realizado con buques nacionales y se impusieron derechos a la exportación de cuero (de alrededor del 25%) para capturar para el Estado una parte de la renta ganadera. Las mercaderías sacadas para el interior, por su parte, como lo había pedido Ferré, fueron libradas de todo gravamen.
En Buenos Aires, la industria ganadera no retrocedió ni un paso, al tiempo que se llenó de talleres. Según el censo de 1853, había en ese año 1.065 fábricas montadas, 743 talleres y 2.008 casas de comercio. La ciudad del mismo nombre fue reconocida como un gran taller industrial.
En Córdoba y Tucumán se desarrollaron a toda velocidad los centros manufactureros más importantes del país. En Córdoba se elaboraban zapatos y tejidos. Sus pieles de cabra curtida se exportaron a Francia en tales cantidades que el gobierno francés decidió prohibirlas para proteger a su industria local. Tucumán potenció sus producciones de muebles para abastecer los crecientes mercados cuyanos, así como las producciones de cueros curtidos, tintes y tabaco; tabaco para la exportación hacia Chile, Bolivia y Perú. También se inició la nueva industria del azúcar, que alcanzaba para abastecer a casi todo el norte argentino y comenzaba a vender una parte en Buenos Aires.
Salta se convirtió en otro gran centro industrial, especializado en la hilandería, la elaboración de cigarros, vasijas, suelas, becerros, curtidos, harina y vino. Catamarca siguió abasteciendo a las provincias vecinas de grandes cantidades de algodón, vinos y aguardiente. San Luis también multiplicó sus trabajos textiles y cueros. Los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan vivieron por aquellos años su época dorada. También se producían en esas provincias harina, trigo, frutas secas y jabón en grandes cantidades, y hasta hilados de seda, y se exportaban a Chile importantes volúmenes de ganado en pie, cobre, frutas secas, jabón, charqui, sebo y cueros.
Fue en 1853 cuando Justo José de Urquiza, vencedor de Rosas en Caseros, logró consensuar una Constitución Nacional, a la que se opuso la Provincia de Buenos Aires y su puerto, en una alianza entre los Anchorenas (y otros conspicuos rosistas) y los comerciantes y financistas ingleses, que tuvieron en Bartolomé Mitre (ahijado del hermano menor de Juan Manuel de Rosas) a su mejor interlocutor. De hecho la llegada de los liberales al poder en 1852 aseguró los derechos de propiedad de los capitalistas nativos y los inversores extranjeros, y favoreció el desarrollo de la economía de mercado [1].
Tras la deserción de Urquiza en Pavón, Mitre se hizo cargo provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional, para luego de obtener el triunfo en las elecciones generales: asumió formalmente la presidencia de la República el 12 de octubre de 1862. Su primer objetivo fue remover a las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país al modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico.
En ese entonces, ante la sumisión de muchos, hubo caudillos locales que lo enfrentaron, conscientes de la disparidad de fuerza pero dispuestos a “morir de pie (antes) que vivir de rodillas”.
Desde Córdoba, foco liberal del interior del país, el ejército mitrista avanzó sobre otras provincias —Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta— donde fueron desalojados por la fuerza los gobernadores federales, e incluso asesinados, como fue el caso del Chacho Angel Vicente Peñaloza, sin que Urquiza levantara la voz [2].
Al terminar su mandato, el gobierno de Mitre, funcional a los intereses de la banca Baring Brothers, Rothschild y al imperio británico, había logrado su propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional. No otra cosa pretende el gobierno actual, como en su momento lo hicieron todas las catervas conservadoras —hasta 1916 en que asumió la primera vez Hipólito Yrigoyen—, y fueron los objetivos de los golpes militares de 1930, 1955 y 1976, que incluso continuaron gobierno democráticos como los de Alfonsín con el Plan Austral, Menem, De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Y, para ello, se valen principalmente del endeudamiento. El origen y objetivo de la deuda no es solo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, el de constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, para apropiarse de los principales recursos naturales del país.
Juan Bautista Alberdi lo afirma claramente: con Alsina, la Bolsa de Londres solicita al gobierno británico que desmembre a la República Argentina para provecho común de los negociantes de allá y de aquí (J. B. Alberdi, Escritos póstumos, Vol. XIV, página 662. Imprenta Juan B. Alberdi, año 1901, Biblioteca de la Corte Suprema).
Por supuesto, fue necesario que los comerciantes y banqueros ingleses, y sus serviles criollos, corrompieran a Urquiza [3] para que se retirara del campo de batalla de Pavón, como antes habían corrompido a Francisco Pancho Ramírez y a Estanislao López, vencedores de los porteños en la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820.
Definido el modelo de integración que se sujetaba a su vez al capital británico, que la historia mitrista denominó de “Organización Nacional” contra la barbarie, dejaba al Estado un rol de imposición y control del modelo por la fuerza, por un lado, y de llevar adelante las imprescindibles obras públicas (puertos, FFCC, obras sanitarias, etcétera) para el apuntalamiento de la actividad productiva y comercial.
El problema siempre fue qué funciones debe cumplir el Estado y quiénes financian el gasto público.
El liberalismo más abyecto era pregonado por Mitre, que ahogó en sangre con artillería, rifles y municiones inglesas la sublevación de los pueblos, incluso del Paraguay soberano e independiente.
Reforma del Estado
«Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado», tropezó con su inconsciente en 1989 el ministro Roberto Dromi. Y es el mismo concepto que repite Javier Milei, pero ahora a conciencia y sin fallidos: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”. “Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto” [4].
Pero que prevalezca el mercado sobre el Estado, más en un país con el grado de concentración y centralización de capitales como la Argentina, con grandes fondos, bancos, comercios, exportadores, fijadores de precios del combustible, de la electricidad, del gas, del acero, del aluminio, de la carne, de los productos lácteos, de la harina, de los fideos, del arroz, del aceite, etc., es poner la zorra en el gallinero y decirle que se porte bien.
El Estado como organización civil de una Nación debe contar con objetivos que define nuestra Constitución Nacional desde su Preámbulo. La fijación de metas conforma una etapa crucial, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja interrelación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines. Para ello todo Estado debe tener un plan de gobierno, por consiguiente la planificación no es otra cosa que el intento del hombre por gobernar su futuro, por imponer la razón humana sobre las circunstancias. Ningún mecanismo automático y determinístico resuelve el destino del hombre, y menos si se lo deja a la la lógica del interés compuesto, como afirma John Maynard Keynes en su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (Fondo de Cultura Económica, 1936).
Los que están detrás de Milei prefieren los DNU, que no haya presupuesto, que se priorice el pago de los intereses y del capital de una deuda externa inventada, que no se investigó y que pasó de 222.703 millones de dólares el 10 de diciembre de 2015 a 464.258 millones de dólares al 30 de noviembre de 2024, enriqueciendo a una minoría parásita y rentista del país y del extranjero en desmedro del pueblo argentino.
La reforma impositiva pergeñada por los grandes estudios tributarios del país le hace decir a Milei: «Aumentarán las inversiones y se reducirán los impuestos. Mi equipo está terminando una reforma para terminar con un 90% de los impuestos nacionales. El año próximo (por el 2025) veremos una verdadera competencia impositiva».
En ese contexto, Cesar Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, expresó que una forma de reducir impuestos sería eliminando el régimen de coparticipación y otorgando a las provincias facultades plenas para cobrar impuestos directos, como Ganancias. En cuanto a los impuestos indirectos, como el IVA, señaló que existen facultades concurrentes, pero sugirió que, si las provincias pudieran cobrar el IVA, deberían dejar de recaudar Ingresos Brutos.
Retroceden a enero de 1932, en que José Felix Uriburu, el primer Presidente de facto de la Argentina tras derrocar a Yrigoyen, creó el «impuesto a los réditos», como se conoció inicialmente al Impuesto a las Ganancias. La Constitución Nacional establece que los impuestos directos, como Ganancias, sólo pueden ser cobrados por las provincias, pero la competencia de las provincias entre sí, reduciendo la alícuota para que se realicen inversiones en su territorio, fue el motivo por el cual decidieron delegar esa facultad a la DGI por un tiempo determinado y en situación de emergencia económica. A esto se deben las sucesivas prórrogas desde el momento mismo de su creación, tras ser tratado en el Senado de la Nación, cada diez años.
La competencia del Impuesto a las Ganancias (segundo impuesto en recaudación) que salvaron las provincias delegando su recaudación a la Nación es lo que quiere fomentar este gobierno, para que ganen más las empresas que en el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) tienen una tasa máxima del 25% (cuando en el país la misma es del 35%, pero puede ser menor e incluso no cobrarse para favorecer la radicación en la provincia).
Y trasladarle la recaudación a las provincias del IVA (primer impuesto por ingreso) para que se fusionen con el Impuesto a los Ingresos Brutos, que en el mismo espíritú de competencia harán que desciendan la alícuota.
Nota: (1) Otros ingresos de Seguridad Social deducido otros SIPA Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
¿Qué le queda a la Nación, cuando el mismo Milei dice que antes del 2027 se eliminará el Impuesto al cheque (débito y crédito bancario)? Con fecha 23 de diciembre 2024 se dejó de recaudar el Impuesto para un País Solidario (PAIS) que gravaba a la compra del dólar billete, que a noviembre recaudó 6.167.557 millones de pesos, y su distribución era: 65% a la ANSeS, 5% al PAMI y 30% a obra pública y turismo. El desfinanciamiento al PAMI les llevó a sacar medicamentos gratuito a gran parte de los jubilados y pensionados. Tal desfinanciamiento les significa una menor remuneración cuando la jubilación mínima para diciembre 2024 es de $ 259.598,76 más un bono de $ 70.000 (total $ 329.598,76) frente a una canasta básica para no ser pobre que en noviembre fue de $ 324.099 para una persona adulta, y no contempla los gastos en medicamentos y atención médica de una persona mayor.
Dice que deben reducirse los derechos de exportación (retenciones) pero reduce sistemáticamente los aranceles de importación.
Toda la política fiscal del gobierno encabezado por Javier Milei se puede resumir en el artículo 1 del intencionalmente malogrado proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que modificando el orden de la formulación presupuestaria dispone como regla fiscal que el Sector Público Nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción.
El ancla fiscal y la implícita tablita cambiaria es la base del ajuste económico, con el solo objetivo de pagar los intereses de una deuda inventada que no se investigó y cuyo capital se va a pagar con los recursos naturales que pertenecen al patrimonio nacional.
[1] Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman, Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta fines del siglo XX , Buenos Aires, Grijalbo/Mondadori, 2001.
[2] En 1855, el presidente de la Confederación Argentina Justo J. de Urquiza ascendió a general del ejercito patrio al Chacho Peñaloza. Durante la administración de Santiago Derqui, Peñaloza fue designado jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con influencia en La Rioja, San Juan y Mendoza.
[3] “¿Para que ha dado Urquiza tres batallas? Caseros para ganar la presidencia, Cepeda para ganar una fortuna, Pavón para asegurarla”. Juan Bautista Alberdi. Escritos póstumos.
[4]“The Free Press”, 5 de junio 2024. Los Ángeles, California, Estados Unidos.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio de 2024, hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto de 2024 en Washington frente a American Council, en las que detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 a 54.300 millones de dólares en el sector energético, en los próximos dos años (que para ejecutarse demandarán entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742 que incluye el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).
El gobierno anunció en la penúltima semana de diciembre de 2024 que pondrá en marcha, desde enero de 2025, los beneficios cambiarios del Decreto 929/2013, que implica una flexibilización del cepo para las empresas que inviertan en Vaca Muerta, para que las empresas del sector petrolero puedan exportar el 20% de su producción (y no pagar retenciones sobre ese total) y mantener en el exterior las divisas generadas por esas exportaciones.
En esa penúltima semana del año 2024, el Ministerio de Economía (autoridad de aplicación del RIGI) dio a conocer el ingreso de un segundo proyecto de YPF [1] a dicho régimen que incluye la construcción de un oleoducto para conectar Vaca Muerta con el puerto que se construirá (en dicho proyecto) en Punta Colorada, en el golfo San Matias de la provincia de Río Negro, que aseguran que permitirá duplicar las exportaciones de petróleo.
La inversión total para el proyecto referido asciende a 2.500 millones de dólares y lo realiza YPF en colaboración con empresas mayoritariamente de capital extranjero: Vista, Oil & Gas (en la que Miguel Galuccio posee el 7,617% de las acciones, pero mayoritariamente cotiza en la Bolsa de New York); PAE (Pan American Energy, donde el 60% pertenece a la British Petroleum y 40% a la familia Bulgheroni); Pampa Energía (donde los Mindlin poseen la dirección de la empresa, pero el 75,5% de las acciones cotizan en Nueva York y es ostensible la participación de BlackRock y de Joseph Lewis con directores nombrados en la sociedad); Chevron (donde son importantes accionistas BlackRock y Vanguard), y Shell (tradicional empresa anglo-holandesa que en los últimos años, a cambio de financiación, vendió parte de sus acciones a BlackRock —2,135% del capital accionario—, Vanguard —3,84% de las acciones— y Norges Bank Investment Management —2,972% de las acciones—).
Según fuentes oficiales y a los ritmos de extracción planificada, Vaca Muerta tiene reservas de gas para 150 años y reservas de petróleo para más de 75 años.
Por ejemplo, la producción de petróleo no convencional en octubre de 2024 fue de más de 410.000 barriles, que significa un 55% de los barriles que produce el país. Está previsto que para 2030 la producción llegue al millón y medio de barriles a partir de Vaca Muerta. Lo mismo sucede en gas, donde prevén llegar a los 230 millones de gas no convencional en la Argentina para 2030.
Entre 2011 y 2022, la Argentina importó energía por 92.000 millones de dólares. En 2024 se espera una balanza comercial energética positiva de 5.500 millones de dólares (exportaciones por 9.000 millones e importaciones por 3.500 millones de dólares). En 2025, con el aumento de extracción y transporte de gas por los gasoductos y de petróleo por los oleoductos, se infiere que se obtendrá un superávit energético en el orden de los 8.000 millones de dólares. Si los proyectos a los que se refiere Vladimir Werning se materializan, está previsto que en 2030 la balanza comercial será positiva por unos 24.000 millones de dólares, con exportaciones cerca de 30.000 millones de dólares.
En la misma penúltima semana del año, YPF y Shell firmaron un acuerdo para el desarrollo de Argentina GNL (Gas Natural Licuado), un proyecto de licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. El acuerdo, firmado en La Haya, Países Bajos, demandará una inversión de 30.000 millones de dólares a 20 años, por lo que Shell se incorpora al proyecto del que había renunciado la empresa estatal malaya Petronas, y en el que ambas partes se comprometieron a avanzar en el desarrollo y generar la licuefacción de 10 millones de toneladas al año (MTPA), según el comunicado.
El proyecto comprende la producción de gas natural no convencional en Vaca Muerta (suroeste de la Argentina, provincia de Neuquén) y su transporte a través de gasoductos de 580 kilómetros de extensión hasta una terminal de procesamiento y licuefacción que será construida en la localidad de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, a 34,5 kilómetros del puerto (que se construirá por el primer proyecto nombrado) en Punta Colorada, en el golfo de San Matias en las costas del océano Atlántico.
El capital local
El capital local fue el que pagó a los grandes estudios jurídicos, contables e impositivos, que redactaron el DNU 70/23 y la ley 27.742 de Bases, pero, o se asocian como hace la familia Bulgheroni en PAE, o deben dedicarse a actividades menores ante los grandes capitales financieros extranjeros hegemónicos, que son los que impusieron el equipo económico encabezado por Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili.
El principal aportante de la campaña presidencial de Javier Milei, el Grupo Techint, se desplaza desde su actividad industrial a las actividades extractivas a las que antes les proveía insumos. La inversión en el yacimiento Fortín de Piedra de Vaca Muerta, durante los años de la resolución 46 de Macri-Aranguren, fue un redituable primer paso. Pero, ante los grandes capitales, debió hacer su principal inversión (en torno a los 4.000 millones de dólares) en Nueva León, México[2], y a la vez, pretende, a través de Tecpetrol S. A., extender su actividad a la explotación de litio, por lo que compró la firma Alpha Lithium, una empresa canadiense que cotiza en bolsa y explora salares con alto potencial en el norte argentino, pero que no tiene la dimensión del gigante anglo-australiano Rio Tinto, que se convirtió en el principal productor de litio en la Argentina al comprar en octubre de 2024 por 6.700 millones de dólares los activos de Arcadium Lithium, la sociedad que nació en enero pasado de la fusión de la australiana Alkem y la estadounidense Livent [3].
Entonces, su CEO, Paolo Rocca, en lugar de plantear que se pongan límites al avance del capital extranjero, como el brujo que es víctima de sus conjuros, afirma que hay que “nivelar la cancha” y dice: “Nivelar la cancha implica reducir el contenido impositivo, que actualmente es de 32%, un promedio muy alto frente a nuestros competidores. Algunos de estos no están en ningún lugar: ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos municipales [4], que sé que el Estado nacional tiene dificultad para intervenir ahí, pero es algo que genera una diferencia importante. Tenemos temas laborales: conflictividad, costo del trabajo y 40% de costo impositivo adicional al costo de trabajo. Y un tema relevante también es la infraestructura. (…) Es un desafío enorme para todos y lo queremos tomar con la cancha nivelada. Esto implica un trabajo en conjunto con el gobierno (…). Nosotros estamos comprometidos con este proceso. En el año 2025, solo el Grupo Techint invertirá 1.400 millones de dólares. Es el nivel de inversión más alto de cualquier periodo pasado en todos los sectores: energía, parques eólicos, renovación industrial en la planta, entre otros”.
Sin vergüenza, Paolo Rocca omite que 14 empresas cáscara del Grupo Techint están radicadas en Montevideo, Uruguay, y que fugan divisas y eluden impuestos en la Argentina por un valor equivalente al 13% del PBI uruguayo. Los datos surgen de un trabajo titulado “Gasoducto al paraíso: la estructura offshore del Grupo Techint en Uruguay”, elaborado por los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, con el apoyo del capítulo argentino de la Fundación Friederich Ebert. El trabajo, de 39 páginas, publicado en agosto de 2023, expone con claridad el complejo mecanismo financiero utilizado por la empresa multinacional para fugar divisas hacia paraísos fiscales vía Uruguay, al tiempo que deja en claro una de las formas de evasión tributaria legal.
Techint decidió crear la empresa Tenaris con sede en el Ducado de Luxemburgo. La elección de esta sede se entiende por el sistema impositivo que ofrece un régimen especial para las empresas holding mediante una ley en ese ducado que data de julio de 1929. El aumento de controles internacionales para evitar lavado de activos y dudosos enjuagues llevó a modificar la norma en enero de 2007, pero los investigadores descubrieron que Luxemburgo lleva adelante acuerdos impositivos individuales con grandes empresas que en la práctica implican beneficios similares a la legislación modificada.
Un año antes, en 2009, la Justicia italiana de la ciudad de Milán envió a juicio a Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y a la fundación San Faustín, por presuntos sobornos en Brasil para lograr que la empresa Petrobras firmara contratos con Techint por 1.400 millones de euros. Sin embargo, en mayo pasado, inexplicablemente, el tribunal que debía juzgar a los Rocca decidió que el caso no debió ser judicializado en Italia, sino donde sucedieron los hechos, es decir, Brasil, o en todo caso en los países donde las empresas involucradas tienen sedes, es decir, Argentina, Uruguay, Suiza, Luxemburgo o Uruguay. Ahí se explica también el rol de la sofisticada ingeniería financiera de los Rocca, investigada por Gaggero y García Zanotti. Eludir impuestos, eludir a la Justicia.
Por no mencionar el famoso caso de los Cuadernos de Centeno, en que acusó a los empleados de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, sobreseídos por el juez Julián Ercolini.
En la nota “El beneficio de llamarse Techint” del 5 de junio de 2022 de El Cohete a la Luna, sostuvimos que el grupo Techint, según el trabajo del Banco Central de la República Argentina, “Informe de mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019”, sobre compradores netos de activos externos del sector privado (billetes y divisas) durante el período 17/12/2015 al 27/10/2019, a través de sus empresas controladas, adquirió 92.627.000 dólares por Tecpetrol S. A.; 222.980.456 dólares por Ternium Argentina S. A.; y 231.384.402 dólares por Transportadora de Gas del Norte S. A. Esto da un total de 546.991.858 dólares.
Las tres empresas nombradas deben presentar su memoria y balance general anual ante la Comisión Nacional de Valores, dado que cotizan en bolsas de comercio del país. También ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) y a las normas impositivas del país. En esos documentos deben exhibir un cuadro denominado “Estado de Flujos de Efectivo Consolidados”, en el que tiene que constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos, que es donde se contabiliza la compra de las divisas. Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la información de cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.
Tecpetrol S. A.: De la lectura de sus estados contables se desprende que sólo podría haber comprado 11.550.000 dólares, pero según el BCRA aparece adquiriendo 92.627.000 dólares, o sea, sólo justifica el 12,47% de lo realizado en el MULC (Mercado Unico Libre de Cambio).
Ternium Argentina S. A.: Contablemente, sólo puede demostrar liquidez en divisas por 54.330.000 dólares y compró 222.980.456 dólares (el 24,36% de ese monto).
Transportadora Gas del Norte (Techint y Compañía General de Combustible del grupo Eurnekian): Compró 231.384.402 dólares; por ende, en sus estados contables sólo puede demostrar el 53,9%.
En síntesis
El vicepresidente del BCRA es el que informa a los inversores del exterior sobre los cuantiosos e importantes recursos naturales que posee la Argentina y que este gobierno entrega a cambio de una deuda externa que no se investigó ni se investiga. Es más, deuda que se duplica por la bicicleta financiera en la que el capital financiero, principalmente con base en Manhattan, trajo dólares, compró títulos del Tesoro de la Nación (deuda pública) en pesos ajustados principalmente por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, que en once meses del 2024 creció en 112% y el dólar de salida (Contado con Liqui), como les prometió Valdimir Werning, se incrementó en igual lapso en un 19,1% (de 974 pesos el 29 de diciembre de 2023 a 1.160 pesos el 20 de diciembre de 2024).
La bicicleta financiera es la que obliga a este gobierno a contener el precio del dólar y con esa ganancia de casi el 100% en dólares quedarse con los recursos naturales del país.
El gobierno de Milei afronta ahora una reforma para disminuir aún más la presión tributaria a las empresas y nombra como titular del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero – ex AFIP) a Juan Pazos y en la DGI a Andrés Vázquez, ambos denunciados ante la Justicia por tener propiedades en el exterior no declaradas y a nombre de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
[1] El primer proyecto de YPF, denominado “YPF Luz”, entró al RIGI para construir el parque solar “El Quemado” en Las Heras, Mendoza. Este proyecto requiere una inversión de 220 millones de dólares. La firma, en la que YPF posee el 75,01% de las acciones (mientras que el restante 25% está en manos de BNR, una compañía de General Electric y el Silk Road Fund de China) adquirió el parque en junio de 2023. Se espera que la primera etapa del parque entre en operación para el segundo semestre de 2026, con una capacidad instalada de 200 megavatios y una subestación eléctrica de 220 kilovatios en la línea Cruz de Piedra-San Juan.
[2] A través de Siderúrgica Ternium S. A. para producir laminado en frío, acero crudo y galvanizado, anunciada en mayo de 2024.
[3] En ambas empresas Livent y Alkem, tenian participación BlackRock y Vanguard Group.
[4] Los municipios no pueden cobrar impuestos, solo tasas por prestación de servicios.
