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jueves, junio 25, 2026
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Blog Página 11

Al límite

Por
Horacio Rovelli
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Las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de seguridad, etc., del Presidente Milei y de todo su equipo son insustentables en términos sociales y económicos. Sólo pueden mantenerse endeudando al país y malvendiendo divisas para sostener la bicicleta financiera, aceptando condiciones contrarias a los intereses sociales y nacionales en busca de un “arreglo” con el FMI y en beneficio del capital financiero.

Son persistentes y progresivas la destrucción del entramado socioproductivo; la represión sin miramiento sobre personas que han trabajado toda su vida y contra todo reclamo de derechos, y la gobernación por decreto, que promueve una cada vez más acentuada crisis social, económica, financiera e institucional. El Poder Ejecutivo se desenvuelve con complicidades con los poderes Legislativo y Judicial e incumpliendo sistemática y permanentemente con la Constitución nacional que juró respetar y hacer respetar.

La deuda pública aumentó en más de 100.000 millones de dólares y ahora se pretende un crédito del FMI que permita terminar financieramente el año 2025 y asegure el pago de la deuda, incluidas las obligaciones en pesos y la compra de divisas a su vencimiento, en una nueva escala de endeudamiento y fuga de capitales, como ya hizo Luis Caputo cuando fue presidente del BCRA de junio a septiembre de 2018.

El gobierno, desde enero de 2024 a febrero de 2025, dejó de percibir 18.400 millones de dólares por el llamado “dólar blend”, que permite a los exportadores no liquidar el 20% de sus ventas externas. A su vez, intervino directamente en el mercado de cambio vendiendo dólares billetes y títulos del Tesoro dolarizados por unos 3.600 millones de dólares. Todo conforma un total de 22.000 millones de dólares, cifra mayor que la deuda que buscan contraer con el FMI. Debe sumarse la venta de dólares del BCRA en marzo de 2025, que, del 14 al 28 de ese mes y con el fin de frenar el derrape cambiario, fue de no menos de 1.800 millones de dólares.

El generoso blanqueo de capitales permitió el ingreso de fondos que fueron depositados en los bancos. Una parte se convirtió en crédito al sector privado. Los tomadores de esos préstamos vendieron los dólares al Banco Central. El BCRA compró los dólares y se los vendió al Tesoro, que los empleó para intervenir en los distintos mercados de cambio del país y para pagar intereses de la deuda externa.

Desde el comienzo del corriente mes de marzo de 2025, no solo se frenó el proceso, sino que, por el contrario, se desarmaron posiciones en pesos para comprar dólares. Esa es la razón por la que el BCRA debió vender en forma sistemática y creciente dólares de las reservas brutas, que eran de 28.405 millones de dólares al 31 de enero de 2025 y pasaron a ser de 26.006 millones de dólares al 26 de marzo de 2025. El precio del dólar CCL era de 1.197 pesos al 31 de enero y pasó a ser de 1.309 pesos al viernes 28 de marzo de 2025.

La Secretaría de Finanzas tuvo que financiar la deuda en pesos con letras del Tesoro capitalizables (Lecap) a plazos cada vez más cortos. Esto significó que una parte mayor del capital que se debía estaba a plazos de 30 días y a una tasa fija más alta, alrededor del 2,8% mensual.

En la licitación del jueves 27 de marzo de 2025, vencían 9,2 billones de pesos y renovó solamente 6,3 billones; es decir que 2,9 billones de pesos quedaron en pesos en poder de los bonistas. Además, de esos 6,3 billones de pesos, captó fondos a 30 días a una tasa del 2,79% mensual y a 60 y 90 días a una tasa de 2,8% mensual, pero debió recurrir a bonos ajustados por inflación (los Boncer) más un plus para arribar a octubre de 2025 y por dólar oficial (dólar linked, que protege a los tenedores en caso de una devaluación), menos un interés del 1,98% para llegar a octubre de 2025 y sin interés para arribar al 16 de enero de 2026. Así, ganan con la devaluación esperada. Los que prefirieron retirar los pesos no confían en que el gobierno cumpla con los vencimientos y “reperfile” prorrogándolo como hizo Mauricio Macri al final de su gestión, por eso no compraron ni Boncer ni títulos dólar linked.

En las últimas tres licitaciones, las Lecap de menos de 60 días representaron cerca del 50% del total adjudicado; el jueves 27 representaron el 75% de las adjudicaciones, una señal clara de que cada vez es a menos plazo, máxime que uno de los grandes compradores de las Lecap licitadas el 27 de marzo de 2025 fue el Banco de la Nación Argentina. Por ende, los poseedores de títulos públicos que no recompraron en la licitación mencionada agrandan los 2,9 billones de pesos, suma que van a percibir en pesos el lunes 31 de marzo y que seguramente se convertirá en dólares billetes.

Paralelamente el día jueves 27 de marzo de 2025, la vocera del FMI, Julie Kozack, desmintiendo al Ministro Caputo y al Presidente Milei, afirmó que “como en todos los créditos del FMI, los desembolsos vendrán en tramos a lo largo de la vida del programa. Pero el monto total, las fases exactas y el tamaño de cada tramo son también parte de las conversaciones que se están manteniendo con el gobierno argentino”. El Presidente Milei había dicho el 1 de marzo de 2025, al inaugurar las sesiones ordinarias, que el acuerdo estaba terminado y que “faltaba ponerle el moño”, y el 27 de marzo de 2025, en entrevista radial con Luis Majul, dijo textualmente: “Lo que manifestó hoy el ministro de Economía Luis Caputo es que la operación en la que estamos trabajando es por 20.000 millones de dólares que, sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y el CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares”.

El grado de incoherencia es menor que la falta a la verdad. Crean una mentira para los demás y se la terminan creyendo ellos.

Todos los organismos de crédito nombrados por el Presidente Milei (Banco Mundial, el BID y el CAF) otorgan créditos contra certificados de obra, con un gobierno que ha paralizado la mayor parte de la obra pública nacional.

La verdad de la trama

Las reservas netas del Banco Central son cada vez más negativas, y desde junio de 2024 la cuenta corriente cambiaria está en rojo. Esta situación fue compensada hasta febrero 2025 con los ingresos de divisas a través de la cuenta capital (el ingreso de dólares a la economía se genera principalmente por el blanqueo de capitales o por nueva deuda).

El mercado percibe que el camino no está allanado como se muestra en los informes de las consultoras, en las declaraciones de los funcionarios, en los portales financieros de Estados Unidos y en los reportes de los bancos de inversión internacionales. Esta situación puede observarse en el precio de los activos bursátiles. Los bonos soberanos en moneda extranjera acumulan este año bajas de hasta 25%, el riesgo país volvió a subir para cerrar en 777 puntos el viernes 28 de marzo, y las acciones de la bolsa porteña (y los ADRs de Wall Street) muestran una volatilidad que va más allá de la toma de ganancias.

El sostén del gobierno de Milei reside en los grandes fondos financieros de Manhattan [1], principales poseedores de los títulos de deuda en divisas y en pesos, que han ganado fortuna con el carry trade, saben que deben ir saliendo de esa posición y pretenden que el daño sea el menor posible. Por eso presionan por una devaluación ordenada de nuestra moneda, a la par que quieren instrumentar esos títulos por nuestros recursos naturales. De allí que las provincias, a quienes por la reforma constitucional de 1994 se les confirió la propiedad originaria de los recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo, debieron adherirse al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Tampoco es muy clara la posición del capital local nucleado principalmente en AEA (Asociación Empresaria Argentina) [2], que apoya decididamente la reducción del Estado a como dé lugar y propicia las reformas tributaria y laboral. Pero están las que participan activamente en el carry trade y las que tienen deudas en dólares, y si en gran parte han logrado obtener fuertes ganancias, fue por ampliar el margen de estas, ante una generalizada merma en sus ventas en el mercado interno.

La renuncia del equipo en pleno de Caputo y Bausili les permitiría colocar a sus técnicos y hombres de confianza, revirtiendo la alianza con el capital financiero de Manhattan, y ser ellos los que adopten las decisiones.

Con una conformación compleja, “el campo” nucleado principalmente en el Consejo Agrario Argentino [3], propicia una fuerte devaluación al representar el 60% de nuestras exportaciones, pero tiene fuertes lazos con el capital financiero de Manhattan, principal accionista de los pools de siembra y socio menor —pero con poder financiero— de las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios.

Son grandes empresas locales (que forman parte de AEA y/o del Consejo Agrario Argentino) las que, según informa el BCRA, contrajeron deuda externa con vencimientos de corto plazo por 27.400 millones de dólares y que se ven obligadas a comprar las divisas ante la posibilidad de que los acreedores no renueven total o parcialmente esa suma [4].

Y el FMI, que ante la pasividad de los actores nombrados, incapaz de invertir en el país salvo que tenga renta asegurada (como es el caso de Vaca Muerta y con temor a que un nuevo gobierno cambie las reglas de juego), hace de financista de última instancia. Con la paradoja de que el cuerpo técnico del organismo encabezado por Luis Cubbedu (es el número dos del Departamento Occidental que dirige Rodrigo Valdés) le dijo al ministro Luis Caputo el 28 de enero de 2025 que debían ir a una banda de flotación cambiaria y abandonar el carry trade.

La decisión la toma el Board del FMI, que no es ajeno a la presión política del gobierno de Donald Trump, como este no es ajeno a la presión del capital financiero de Manhattan.

Pero de una manera u otra saben que el carry trade se agotó; le dio pingües beneficios a la minoría rentista y parásita de especuladores, pero el FMI les exige devaluar y una mayor injerencia de sus técnicos en el diseño de la política económica.

En síntesis

Pese a que el BCRA autorizó el 14 de marzo de 2025 a las entidades financieras a distribuir dividendos, tanto locales (bancos Supervielle, Hipotecario, Galicia, etc.) como extranjeras (banco Patagonia, que el 80% de su capital pertenece al Banco Do Brasil, BBVa, Santander, etc.), como una merced más a los principales operadores en la colocación de títulos de deuda pública en pesos, sin embargo, no se renovaron títulos de deuda que vencieron el 27 de marzo de 2025 por 2,9 billones de pesos. Si esa suma (que perciben el lunes 31 de marzo de 2025) se pasa a dólares, será una señal para el resto de los que compraron y/o renovaron las letras y bonos del Tesoro de la Nación.

Si la corrida cambiaria se convierte en corrida bancaria, y no renuevan los plazos fijos y/o retiran pesos y divisas en depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, implica el colapso del sistema.

Al 21 de marzo de 2025, el total de depósitos en dólares captado por los bancos era de 31.931 millones de dólares, y el crédito por 14.309 millones de dólares; la diferencia, de 17.622 millones de dólares, es encaje en el BCRA, constituyendo reservas internacionales brutas por un total de 26.006 millones de dólares [5].

El grado de fragilidad es enorme, y el miedo de quedar en pesos se agiganta con la salida del carry trade y de los depósitos en los bancos, y por más que el capital financiero de Manhattan trate de aminorar daños, es como la ley de gravedad, que es directamente proporcional a su ineludible peso, pero inversamente proporcional al cuadrado de la desconfianza en este gobierno y en el sistema bancario.

Y esto recién empieza.

[1] BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Greylock y otros.
[2] Grupo Techint de los Rocca, grupo América de los Eurnekían, grupo Aluar de los Madanes Quintanilla, grupo Clarín con Héctor Magnetto de artífice, grupo Arcor de los Pagani, la familia Braun de La Anónima y del Banco Galicia, Grupo Elsztain (Banco Hipotecario, Cresud e IRSA), etc.
[3] Los grandes acopiadores y comercializadores de productos agropecuarios, los Pérez Companc de Molinos Río de la Plata y Molino Agro, FACA, ACA, Viterra, Cargill, ADM, Louis Dreyfus, Consorcio ABC de frigoríficos, etc.
[4] Según la Comisión Nacional de Valores, hasta enero de 2025 las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEIA, etc. colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones al 31 de enero de 2025.
[5] De allí que las reservas netas sean negativas; debe restarse también el swap de la República Popular China por unos 18.000 millones de dólares.
Al límite

Informe económico mensual

Por
Jorge Moore
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Inflación febrero:

·        Para los ansiosos o apurados, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.

·        Milei ingresa en proceso electoral. Pero las recientes patinadas con el cripto digital le dejaron algunas rasgaduras en el traje. Y recién esto se inicia. También se inician las vueltas con el FMI, todos girando a su alrededor.

·        Ciertos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno negativo en apreciación franca. Esperando Milei y Caputo que nadie se ponga nervioso, pero algunos ya están mirando por encima del hombro. Y al FMI.

·        Las políticas de Trump, que giran sobre aranceles, el valor del dólar, tipo de cambio real, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones (Canal de Panamá), amistad con Putin (¿se suma Milei?) y dejando a Ucrania a la intemperie. ¿Cuáles serán los problemas resueltos o complicados para el 2025? Lo iremos viendo con Trump, una caja de sorpresas o no tanto. Pero siempre ofreciendo una mala sorpresa.

·        Cuando se levante el CEPO, conjeturamos que seguramente será con un tipo de cambio flotante. ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO y lleguen los esperados dólares del FMI. ¿Vendrá con recomendaciones?

·        Tendremos que conjeturar que ocurrirá con la inflación en el horizonte del 2025. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos.

·        El dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 irán aumentando armoniosamente, siempre y cuando se cumplan los deseos o conjeturas del gobierno. Es un dúo complicado. Se podría conjeturar que si el gobierno cumple a rajatabla lo que viene diciendo, el dólar mayorista a fin de año, diciembre 2025, debiera alcanzar un ajuste del 15%. Bastante lejos de otras conjeturas. ¿Y el FMI?

·        La inflación (alrededor del 2.6 % promedio) en el mes de febrero 2025. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y agregando el valor del tipo de cambio como otra ancla. ¿Con tantas anclas como queda el buque Argentina?

·        El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei, “vade retro satanás”. En los meses (12) del 2024 febrero – 2025 febrero, el IPC aumentó el 66 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 27 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 1 % mensual en los restantes meses del 2025?  De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %. ¿Y el FMI?

·        El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que aún no empardan al dólar. ¿Cómo serán los meses próximos? 

2025 FEBRERO PROC. EN MARZO IPC INFLACIONDescarga

¿Por qué DDHH? ¿Por qué derechos? ¿Por qué humanos?

Por
Daniel Pina
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Ludwig Wittgenstein, matemático y filósofo austríaco, finalmente lingüista, dijo algo que podría traducirse como “la palabra construye la realidad desde lo objetivo o desde lo imaginario”. Esto parece por demás sensato si se considera la vida (cada vivencia) como el espacio que existe entre el estímulo, sea este externo (desde lo objetivo) o interno (desde nuestra subjetividad) y la respuesta.

Muchos autores han reconocido el papel fundacional de la palabra, el lenguaje, en el desarrollo colaborativo de los homínidos. Podría decirse que montada sobre la necesidad gregaria, por ser una especie  que solo puede sobrevivir en comunidad, la aparición del lenguaje, surgido como una necesidad de comunicación creciente, ha sido causa y efecto de la evolución tecnológica de la especie. El uso de herramientas se comparte de unos a otros gracias a la existencia de comunicación.

A partir del lenguaje hay quienes han afirmado que aparece nuestra condición de humanos, la humanidad, y también a partir de esta integración social surgen los primeros derechos otorgados por la comunidad; en principio, el derecho de pertenencia, la dignidad, que no es otra cosa que el derecho a pertenecer a la comunidad, y por añadidura, el derecho a la vida, ya que la comunidad defenderá la vida de sus integrantes satisfaciendo sus necesidades de seguridad, cobijo y alimento.

Continuando este razonamiento, el lenguaje no es solo vehículo del pensamiento, ya que el mismo a partir de la aparición y evolución de ese lenguaje, por una relación dinámica, se fue estructurando de acuerdo a los patrones lingüísticos de los hablantes, generando registros de estos pensamientos en la memoria y siendo también el vehículo de transmisión de nuestros sentimientos a través del lenguaje verbal; el lenguaje no verbal es necesariamente preexistente, determinado por la biología y compartido con otras especies. El lenguaje entonces, posible responsable de que seamos humanos ha marcado nuestra evolución, siendo imposible la evolución tecnológica sin comunicación lingüística.

Si acordamos entonces que el lenguaje ha determinado nuestra condición de humanos y nuestra estructura comunitaria ha implicado la existencia de derechos, en principio a pertenecer y luego a la vida misma, podemos continuar nuestro devenir con respecto a la historia y evolución de esos derechos que, dado que nos corresponden como integrantes de la sociedad humana no serán otra cosa que derechos humanos.

De acuerdo a lo expresado podemos concluir que las comunidades primitivas en los albores de la humanidad se caracterizaron por ser inclusivas, posiblemente no solo por solidaridad ante el semejante sino en defensa propia.

Ya hemos dicho en otros artículos que las cinco cosas por las que los humanos podemos matar o morir son: Comer, que equivale a la economía; No ser comido por un predador, que representa la seguridad; La pulsión sexual y La pertenencia, ambas son combinadas las responsables de los vínculos afectivos y la preservación de la vida y de la especie, y finalmente El poder, que para suerte o desgracia influirá sobre las cuatro primeras.

¿Cuándo las sociedades dejaron de ser inclusivas y como consecuencia de ello comenzaron a violar derechos?

Es dable pensar que a partir del descubrimiento por los humanos de la agricultura y el pastoreo, no necesariamente de manera contemporánea, aparecieron los excedentes de producción. Ya no había solo comida para el día a día sino para días futuros. A partir de estas circunstancias, los más violentos, probablemente no del mismo clan o tribu, pero sí de otros , que no se comportaban como semejantes sino como otros, con otra identidad, se apropiaron de esos excedentes, y a la vez fusionaron comunidades, siendo distintos los dominantes de los dominados.

Todos los derechos para los dominantes y pocos o ninguno para los dominados. Nace la sociedad de la exclusión. Nos guste o no el concepto de propiedad privada es hijo del pillaje y el robo, algunas de las peores características del ser humano.

En la dialéctica del amo y del esclavo, Hegel plantea que dos hombres luchan y el que tiene más miedo a la muerte cede, pasando a ser este el esclavo y el vencedor el amo. Según Hegel el vencido, para sobrevivir generará la cultura. Lo que no queda planteado es que el vencedor, el que no tuvo miedo a morir o por lo menos temió menos en el combate, a partir de convertirse en el amo, adquiere no solo el miedo sino también la paranoia. Aparentemente sería más fácil obtener el poder que conservarlo. De allí en más todo cuestionamiento al poder del dominante a su deseo o voluntad, será reprimido. Esto también genera otra cultura, la de la dominación.

En secuencia lógica, tras la aparición de la propiedad aparece el estado para proteger en principio la propiedad del que domina. Las herramientas que los estados han utilizado a través de los siglos y los milenios para garantizar su poder han comprendido desde el monopolio de la fuerza a la posesión de la representación divina, no casualmente hasta la llamada edad contemporánea todos los estados del planeta fueron teocráticos con un poder pretendidamente vinculado a dios.

Está claro entonces que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los estados o los delegados de estos, por ejemplo paramilitares o ejercitos privados de empresas, legales o ilegales, respaldadas por algunos estados en beneficio de sus clases dominantes; los daños producidos entre miembros de la comunidad son solo delitos, independientemente  de la gravedad o de quienes sean los victimizados.

Cuando alguien dijo: donde hay una necesidad nace un derecho, no estaba haciendo un simple enunciado de buena voluntad; estaba hablando desde la voluntad de representar a toda la comunidad, y cuando un juez de la corte suprema de justicia en Argentina dijo que eso no era cierto, lo dijo representando solo a la clase dominante, aunque desde la legalidad democrática él debería representar a toda la sociedad no solo a la clase dominante.

Pero el estado no es ni ha sido necesariamente solo una herramienta de opresión de los pueblos, también ha jugado un papel ordenador de la sociedad en la medida en que desde la legalidad ha representado también un freno para los abusos del poder de una clase dominante siempre ávida. Nos debemos preguntar entonces de dónde ha surgido esta legalidad que pudo poner frenos a los deseos de las clases dominantes. Las leyes que protegen derechos no son graciosas concesiones del poder, son el resultado de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida a lo largo de la historia.

Haciendo un análisis de los movimientos políticos de los pueblos a través de la historia vemos que alrededor de la producción de bienes y servicios se han dado varios fenómenos, hubo importantes rebeliones de esclavos como las guerras serviles en el imperio Romano, recordemos a Espartaco, esto si bien terminó en una masacre también hizo pensar al poder en Roma que debía limitar conductas para mejor control de la población.

Por otro lado, en ciertos casos la dificultad para controlar grandes imperios o la poca capacidad productiva de los poderosos en algunas áreas generó una estratificación del poder que permitió la existencia de otros actores económicos que reclamaron espacios y derechos y finalmente poder, llegando así a las revoluciones burguesas de Inglaterra en el siglo XVII y la francesa en el siglo XVIII. En todos estos casos el estrato naciente, la burguesía, tuvo como tropa aportante de sangre a los pueblos, estos sin embargo fueron flacos beneficiarios, aunque la legislación comenzó a incluirlos como ciudadanos y no solo como simples súbditos.

A partir de esto, hay otro salto en la violación de los derechos humanos, no porque dejaran de violarse sino por un cambio de violador, o en muchos casos un nuevo integrante incorporado al conjunto de los violadores.

Aquí debemos entrar en el análisis geopolítco de la historia hasta llegar a la actualidad. Decíamos más arriba que el inicio de la apropiación de los excedentes de producción tal vez haya comenzado cuando un grupo humano atacó a otro para robarle su producción de alimentos y además lo esclavizó para que siguiera produciendo para ellos.

Este esquema fue reproducido permanentemente por los imperios, atacando a otros pueblos, esclavizándolos, y de esa manera, creando para el propio pueblo del agresor, su clase dominada, un enemigo externo. Con esto lograban el doble beneficio de mantener estable el frente interno y como consecuencia de la explotación de los conquistados hacer partícipe al pueblo propio de las migajas de lo robado a esos conquistados (teoría del derrame), el secreto de los estados de bienestar europeo y estadounidense como consecuencia del colonialismo.

A su vez, la clase dominante de los imperios aprendió rápidamente que la clase dominante del país sojuzgado tenía en común con ellos su propia condición de clase dominante por lo cual vió la oportunidad de ponerla a su servicio como gerentes o administradores del dominio. Alejandro Magno casó a sus generales con las hijas de los sátrapas, los gobernadores de las provincias del imperio Persa.

En América Central y del Sur, la liberación del Imperio Español tuvo como condición necesaria la invasión napoleónica a España por un lado y, fundamentalmente, el interés del Imperio Británico que planificó y colaboró con las guerras de independencia, después de haber fracasado en la intención de invadir militarmente. Recordemos que después del 25 de mayo de 1810, el 29 de mayo, la primera junta decretó el libre comercio y los barcos británicos que se encontraban anclados a 100 millas arribaron al puerto de Buenos Aires. Nosotros tenemos una clase dominante servil del imperio británico y luego del norteamericano. No menciono a los pueblos originarios ya que ellos, al menos en nuestro país, fueron siempre excluidos.

Una vez más el surgimiento del nuevo estado, supuestamente independiente, generó derechos, pero nunca para todos ni en condición igualitaria.

Hoy basta ver las noticias de cada día para ver cómo las clases dominantes, que representan el totalitarismo corporativo de las multinacionales, viola a través de un estado, desde el derecho a la vida de los palestinos en adelante a todo derecho, avanzando sobre el resto de medio oriente.

A su vez, en nuestro país, la destrucción del aparato productivo, con la consecuente desocupación, la quita de la capacidad adquisitiva a los jubilados, el retiro de sus medicamentos, el ataque a la educación y a la ciencia, y recientemente la violación del derecho constitucional a la protesta y la represión de la misma constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de una clase dominante que actúa como gerente de los intereses del mismo totalitarismo corporativo multinacional que protagoniza el genocidio palestino.

Criptogate y crimen organizado

Por
Julieta Pignanelli
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Hablemos sobre los riesgos de invertir en un mercado desregulado como los criptoactivos. Los especialistas en estos temas hemos sido advertidos por el Grupo de Acción Financiera internacional (organismo intergubernamental dedicado a la prevención de delitos económicos) que los activos virtuales con su opacidad como contracara a su libertad de creación y falta de regulación pueden ser utilizados por la delincuencia organizada para generar estafas y lavado de activos. En nuestra regulación administrativa argentina, tenemos algunas alertas/ regulaciones pero recordemos que las cripto no están regulados en leyes específicas.


La regulación financiera y la protección del valor de la moneda son objetivos de los bancos centrales pero que ocurre cuando surgen estos activos virtuales “libres” que en principio no tienen activos reales que los apoyen. En este ecosistema tenemos “memecoins” creadas sin ningún valor aparente mas que tratar de estafar a algunos incautos. Por otro lado tenemos cripto como bitcoin que son creadas para intercambiar activos y comprar bienes/ servicios. Acá vemos la propuesta del Estado de El Salvador que aceptó este activo virtual volátil. Tengamos en cuenta que una moneda como el peso argentino es regulado por ley nacional y algunas veces el Banco Central interviene en el mercado de cambios, por oposición a lo que puede ocurrir en un mercado libre como el de los criptoactivos.

Hemos analizado estos temas desde el 14 de febrero, cuando nuestro presidente de la Nación Argentina pariticipó en una estafa internacional en la que confundía una meme coin con un activo virtual que estaba atado a la producción local real. En este sentido, existen sociedades de Panamá en el medio, fórums de cripto patrocinados por el gobierno nacional y funcionarios nacionales que deberían cumplir con la ley de ética pública dada la responsabilidad con la que el pueblo argentino los galardono a través del voto.


A través de toda esta novela nos replanteamos que significa la libertad, como podemos ejercerla con responsabilidad y proteger al publico inversor de estafas. También hablamos del manejo de información privilegiada y otros artilugios/ fraudes que conocemos desde hace muchos años en las finanzas.


Por último, quiero remarcar el componente de género, ya que la finanzas y la ludopatía parecen ser territorio de varones privilegiados que tienen tiempo de sobra mientras “sus” mujeres realizan tareas de cuidado sin remuneración alguna. En este caso los damnificados por la estafa han sido los votantes de Javier Milei y los que lo apoyaban a nivel mundial.

El espurio acuerdo

Por
Horacio Rovelli
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El poder económico en la Argentina se puede dividir en tres sectores, que están interrelacionados entre sí:

  1. El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros), que tienen como referente a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), presidida por Facundo Gómez Minujín en su carácter de CEO de JP Morgan [1].
    La AmCham en el año 2023 estaba conformada por 622 empresas que, a su vez, empleaban directamente a 360.000 personas y representaron el 18,6% del PBI, el 38% de la recaudación fiscal, el 24% de las importaciones y el 28% de las exportaciones de la Argentina.
    Firmas como J.P. Morgan; Western Union; American Express; Apache Corp; Chevron Petroleum Company; General Motors; Shell Cía. Argentina de Petróleo S. A.; Cohen S. A. sociedad de bolsa; Monsanto Argentina (hoy fusionada con Bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina; Chevrolet S. A., de ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; CNH Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Quimica Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A.; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlántico S. A.; SC Johnson & Son de Argentina S. A.; Pfizer, etc. En todas ellas tiene participación accionaria y/o reciben créditos del capital financiero de Manhattan.
  2. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyos principales directivos son Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Pérez Companc (Molinos Agro), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (PAE), etc.
  3. El Consejo Agrario Argentino (CAA) con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO, CRA y Federación Agraria Argentina (FAA), que abarcan prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, ADM, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.

Desde el inicio del gobierno de Milei, el capital financiero de Manhattan impuso las condiciones a través del ingreso de dólares para convertirlos en títulos públicos en pesos (que se ajustan por inflación o tasa fija, mayor que la devaluación del tipo de cambio) para financiar el déficit fiscal en torno al 5% del PIB y la “bomba” de las Leliq (letras de liquidez del BCRA) heredadas de la administración de Alberto Fernández.

Se observa claramente la renta financiera producida por el carry trade; colocándose en títulos ajustables por IPC (o por tasa fija, que el porcentaje es similar) obtuvieron hasta el viernes pasado ganancias de más del 100% en dólares.

Para seguir sosteniendo el precio del dólar, el gobierno necesita que las compañías privadas sigan endeudándose en divisas y les vendan estas al Banco Central. Hasta enero de 2025, según la CNV (Comisión Nacional de Valores), las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, etc., colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones al 31 de enero de 2025. Ese mecanismo se frenó en marzo de 2025; no se endeudan en dólares y tampoco venden las divisas al BCRA.

Es peor, están desarmando la posición y comprando dólares, de manera tal que en seis días hábiles (del viernes 14 al viernes 21 de marzo de 2025) el BCRA vendió 1.478 millones de dólares de las reservas brutas para pasar a ser de 26.626 millones de dólares, cuando era de 28.104 millones el jueves 13 de marzo de 2025.

El gobierno no tiene herramientas para volver a financiarse en los mercados internacionales de créditos. El REPO con las barras de oro (por 2.500 millones de dólares que quedaron afuera del país) no se pudo realizar porque la jueza Loretta Preska pidió el delivery, obligando a la Argentina a informar de la operación y, ante la posibilidad de que cuando el gobierno quisiera recuperar la garantía, considerando que se trata de una operación comercial y por ende quede fuera de la protección de la inmunidad soberana, la jueza Preska decretará su embargo. A cambio de ello concretó el REPO con cinco bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) por 1.000 millones de dólares el 9 de enero de 2025, entregando BOPREAL por el equivalente a 3.000 millones de dólares como garantía, a una tasa del 8,8% anual en dólares (cuando el FMI desde agosto 2024 le redujo la tasa a 6,8% anual).

Sin financiamiento, en lo inmediato y en el corto plazo, todo depende sí o sí de la suma que acuerde con el FMI, de allí la emergencia del DNU 179/2025 en que se plantea una nueva deuda de facilidades extendidas a diez años, y que fuera apoyada por el Congreso de la Nación, incumpliendo con el art. 75 de la Constitución nacional.

No se saben el monto y las condiciones, pero es claro que el FMI le exige al gobierno que cese con el dólar “blend”, que desde el 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025 significó, al dejar que el 20% de las exportaciones no ingresen al BCRA, una merma de 18.400 millones de dólares. Medida que exige el FMI y que implícitamente significa una devaluación de nuestra moneda.

El otro problema es el tiempo que va a llevar que ingresen los dólares del FMI, que por menor que sea, las exiguas reservas del BCRA no pueden afrontar. El gobierno quiere que los nuevos dólares del FMI engrosen las reservas para usarlos discrecionalmente en un año electoral, por lo que existe el riesgo de que esta nueva deuda con el FMI termine subsidiando el dólar barato y la salida del negocio del carry trade. Pero más temprano que tarde, el carry trade no va a ser lo que fue, por un lado, y, por otra parte, acelera el proceso de conversión de los títulos de deuda, que este gobierno en 14 meses amplió en 100.476 millones de dólares en patrimonio público.

Modelo extractivista exportador

El gobierno de Milei pagó todo con deuda, incluso ahora con el acuerdo con el FMI; deuda que deberá afrontar el país y para eso propician un modelo extractivista financiero y cancelar dicha deuda con nuestro patrimonio.

El mismo miércoles 19 de marzo de 2025, día en el que vergonzosamente el Congreso de la Nación aprobó el DNU 179/2025, se aprobó el proyecto RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en la construcción del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), por el consorcio conformado por Chevron Argentina S. R. L. y Shell Argentina S. A., asociados a YPF S. A., Vista Energy Argentina S. A. U., Pampa Energía S. A., Pan American Sur S. A., y Pluspetrol S. A., por 2.900 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir de julio de 2027. El proyecto, que originalmente iba a realizar la empresa de Malasia PETRONAS, consiste en construir una plataforma exportadora de energía en la localidad de Punta Colorada en la provincia de Río Negro, que luego se podrá complementar con la exportación de GNL a través de barcos. Tendrá una extensión de 437 kilómetros, contará con una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje. Se fijó como comienzo de la operación comercial el 31 de julio de 2027.

Para la extracción y transporte de petróleo y de gas se necesitan inversiones importantes. La infraestructura es cara y requiere mucho financiamiento. Normalmente, son proyectos a muy largo plazo: 15, 20 años, para poder generar ganancias y cubrir ampliamente los costos. Obviamente que los que realizan la inversión quieren tener la plena garantía de que pueden volver a dólares y girar sus utilidades al exterior.

El RIGI lo posibilita con creces, al generar enclaves económicos extranjeros dentro del país que estarán bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional. Se les da estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación y sin obligación de abastecer al mercado interno.

El Congreso de la Nación, con el voto de 134 diputados y 38 senadores (entre ellos Edgardo Kueider) posibilitó, con la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, que es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, para pagar una deuda que nunca se investigó y que crece exponencialmente por el carry trade.

Por debajo se producen los acuerdos comerciales y financieros entre las empresas locales (que fueron las que inicialmente conformaron el proyecto y luego la ley 27.742), con los grupos extranjeros.

La empresa francesa Total Energies, de muchos años en el país y que participa en Vaca Muerta; sin embargo, no lo hace en la construcción del oleoducto sur porque no quiere realizar la inversión de infraestructura que esta demanda, por lo que prefiere pagar un canon por su uso.

La empresa local Pluspetrol (la mayoría de sus acciones están en poder de la familia Rey Rodríguez) compró los activos de ExxonMobil en la Argentina a finales de 2024 por 1.750 millones de dólares, incluyendo el bloque de Bajo del Choique, uno de los más productivos de Vaca Muerta, que desplaza a una empresa extranjera.

El grupo Eurnekián, que no participa del oleoducto sur, en cambio, se lo compensa con el acuerdo de YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC), para que ingrese en el área de Aguada del Chañar, marcando un paso significativo en su incursión en Vaca Muerta. Y continúan YPF y CGC con la explotación de Palermo Aike,

Tecpetrol, la petrolera de la familia Rocca de Techint (cuyo gerente general hasta el 9 de diciembre de 2023 fue el actual presidente de YPF, Horacio Marín), explota “Los Bastos”, Puesto Parada y “Los Toldos II” en Vaca Muerta y seguramente participará en la licitación en la provisión de los caños sin costuras con sus empresas Tenaris y Ternium o Usiminas de Brasil para el oleoducto sur.

En síntesis

La renta petrolera y gasífera con un barril de petróleo en torno a los 70 dólares es sumamente redituable para la explotación no convencional (por más que Donald Trump delira con un barril de 40 dólares; es obvio que no le creen). Máxime que lo pagan con las ganancias de intereses sobre intereses del carry trade de los 15 meses de Milei, que generó un aumento de la deuda bruta de la Administración nacional de más de cien mil millones de dólares.

Los recursos naturales nos pertenecen a todos y se los apropian el capital extranjero y el local en una asociación espuria y para vender al exterior.

El problema es que el sector que genera el 60% de los ingresos en divisas y que nuclea el Consejo Agrario Argentino pierde el dólar blend, por ende, solo aceptará liquidar sus ventas al exterior con lo que consideren un dólar redituable.

El default del grupo agropecuario “Los Grobo”, de Granja Tres Arroyos, de Molinos Cañuelas, de Lácteos Verónica, de Red Sud, etc., en un contexto en que descienden los precios de las commodities y el dólar tiende a revaluarse, y se les incrementan sus costos en pesos, solo se “licúa” con una importante devaluación del peso.

Pero a su vez necesitan tener un fuerte mercado interno para vender. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Argentino (IDAA) reconoce que en el último año, las exportaciones de carne vacuna llegaron a un récord histórico y aumentaron 12,6% respecto al periodo anterior, pero las exportaciones representan el 30% de la producción y el 70% lo explica un mercado interno donde el consumo de carne por habitante bajó siete kilos en 2024 y quedó por debajo de los 47 kilos anuales.

Los convidados de piedra son la mayoría de los trabajadores, jubilados y pensionados, la construcción, la industria y el comercio ligados al mercado interno.

Es un modelo que enriquece a una minoría, pero a costa del empobrecimiento creciente de la mayoría de la población.

Inadmisible que un país que tiene energía y produce alimentos no sea capaz de conjugar en un proyecto nacional en el que los recursos naturales nos pertenezcan a todos, como rezaba el artículo 40 de la Constitución de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

[1] Los principales accionistas institucionales de JPMorgan son Vanguard Group Inc., Blackrock Inc., State Street Corporation, Morgan Stanley.

El espurio acuerdo

Los protagonistas de la fuga

Por
Horacio Rovelli
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Cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la deuda bruta nacional era de 240.665 millones de dólares, de los cuales casi el 60% era intra sector público; estaba en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc., por lo que la deuda con los organismos internacionales de créditos (BID, Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, FONPLATA, etc.), que financian básicamente obras públicas, y con los bonistas (colocación de títulos del Tesoro de la Nación en los mercados de valores), no superaba los 96.400 millones de dólares.

Según el último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, al 31 de enero de 2025, dicha deuda pasó a ser de 467.788 millones de dólares, principalmente con el FMI (con un acuerdo firmado el 18 de junio de 2018 en el gobierno de Macri) y con el capital financiero con base en Manhattan (por ejemplo, Larry Fink, CEO de BlackRock, referente del capital financiero de Nueva York, que vino por primera vez a la Argentina en octubre de 2016, por una audiencia que le concedió el Presidente Macri en la Casa Rosada [1]) .

La pregunta obligada es si aumentó tanto la deuda bruta nacional, en qué se gastó. El puerto de Rosario sigue siendo administrado por una UTE (unión temporal de empresas), el río Paraná se concesiona y se lo denomina hidrovía, seguimos sin tener una marina mercante de bandera, el déficit habitacional aumentó en ese lapso y no se construyeron nuevas viviendas, etc.

La deuda pública la contrae el Tesoro de la Nación, pero salvo los pagos de intereses y capital de deuda, la mayor parte se emplea para pagar gastos que son en pesos: jubilaciones y pensiones, salarios a las Fuerzas Armadas y de seguridad (más de la mitad de las erogaciones en remuneraciones de la Administración nacional), al resto del personal público, transferencias y subsidios, licitaciones y contratos, etc., que son en pesos. Así, el Estado le vende los dólares que tomó en deuda externa al BCRA a cambio de pesos. Y el BCRA, en lugar de conservar esos dólares, los vende al tipo de cambio oficial a los bancos, y estos los compran para sí o para sus clientes.

Endeudamiento y fuga de capitales

La deuda pública nunca fue investigada, cuando había (y hay) pruebas fehacientes de doble contabilidad de las empresas y de las personas que compraron esas divisas a los bancos.

Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demostró que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares, prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional de ese gobierno.

Es más, ese informe sostiene que en total 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares (que son empresas) adquirieron 24.679 millones de dólares. Nunca el BCRA reveló quiénes son esas 100 firmas, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en su nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020.

Esa lista de los principales compradores de divisas se debe cotejar con las memorias y balances que publican anualmente las empresas. Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de las firmas, dado que en esos años fue legal su adquisición, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016, el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

El senador Oscar Parrilli (exp. 0016-S-2022) presentó en el año 2022 un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Diputados, y que nunca fue llevado al recinto para su tratamiento. En este propone la creación de un fondo nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de la investigación pertinente, y gravar y multar a quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron manifiestamente del acuerdo contraído ilegalmente con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri y con posterioridad.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hicimos un estudio de los balances de gran parte de esas 100 empresas y ninguna de ellas pudo demostrar en sus estados contables de dónde obtuvieron el dinero para comprar las divisas. Estudio que conoce el senador Oscar Parrilli y que motivó el proyecto de ley.

El Congreso de la Nación

Todos sus miembros pueden recitar de memoria el art. 75 de la Constitución nacional, donde expresamente se afirma que es al Poder Legislativo al que le compete arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y aprobar o rechazar tratados y concordatos con organizaciones internacionales como es el FMI.

Sin embargo, el Presidente Milei decide informar en un comunicado oficial del día 6 de marzo de 2025 que va a enviar un pedido de apoyo del Congreso de la Nación a su tratativa de un nuevo acuerdo con el FMI. No el acuerdo, sino que el Poder Legislativo apoye la negociación de su gobierno con el FMI.

El gobierno, según dejó trascender, acuerda con el FMI una ampliación del crédito vigente y solicita un refuerzo hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares. El problema se centra en que el gobierno no cumplió en el IV trimestre de 2024 con el incremento de las reservas internacionales netas del BCRA. Y para que le amplíen el crédito, debe cumplir con una serie de condiciones que el mismo gobierno de Javier Milei se niega a dar a conocer al Congreso de la Nación.

Las condicionalidades del FMI no se hicieron públicas, pero son fáciles de prever. Van a exigir que aumenten las reservas internacionales a como dé lugar: levantar programas enteros de salud o educación, paralizar la obra pública o, peor, privatizar el gasoducto Néstor Kirchner que fue financiado por el erario público, por ejemplo. No interesa el cómo, solo el objetivo de que la Administración nacional obtenga un superávit primario que le permita comprar las divisas que trimestre a trimestre exige el FMI.

La ministra Silvina Batakis y la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, se reunieron en julio de 2022, junto al director ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y le plantearon a la ministra argentina que el país debía volver al sistema de capitalización previsional, lo que obviamente no aceptó.

El gobierno de Milei, al dictar a fines de marzo de 2024 el DNU 274/24, que cambió la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 de principios del 2021, para impedir que los haberes jubilatorios se recuperen a los niveles de ese año, contó con la complicidad del Congreso, que consintió que se anulara una ley con un decreto.

Es más, a partir del próximo 23 de marzo de 2025, los trabajadores que no cumplieron con 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán jubilarse debido a que ese día llega a su fin la moratoria vigente desde marzo de 2023, que el gobierno de Javier Milei decidió no extender. Se estima que son 250.000 personas que no se pueden jubilar pese a cumplir la edad. El fin de la moratoria implicará que siete de cada 10 adultos mayores que acceden a su jubilación a través del Plan de Pagos de Deuda Previsional que se puso en marcha durante 2023, ya no podrán hacerlo. Como compensación, algunos de ellos percibirán la PUAM siempre que demuestren condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, para cobrar una pensión no contributiva a la que se puede acceder a partir de los 65 años de edad, que en marzo de 2025 es de 223.297,36 pesos, a la que se le suma el bono mensual de 70.000 pesos.

Finalmente desfinancian el sistema previsional cuando eliminan el impuesto PAIS del que el 65% de su recaudación iba al SIPA (Sistema Previsional Argentino) y el 5% al PAMI. Y ahora buscan eliminar el impuesto al cheque (débito y crédito bancario) que en su totalidad financia a la ANSES.

El FMI en su informe sobre la Argentina de 1998 afirmó: «Las autoridades (Menem y Roque Fernández) han acordado convertir al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima durante 1999, como paso previo a su privatización».

El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que es un enclave dentro del derecho argentino, con prerrogativas de menores impuestos, fue, sino sugerido, apoyado por el FMI, en connivencia con los grupos económicos locales que soñaban asociarse con multinacionales para acceder al financiamiento externo, después de haberse endeudado bajo Macri y haber cancelado parte de esa deuda gracias a los dólares baratos que les facilitó el autodestructivo gobierno de Alberto Fernández. Ahora, el capital local se da cuenta de que ocupan un rol muy menor y que el capital financiero en Manhattan va a querer cambiar los títulos de deuda por patrimonio nacional casi sin tenerlos en cuenta.

El ministro Luis Caputo, el 18 de junio de 2018, reemplazó en la presidencia del BCRA a Federico Sturzenegger. El 22 de junio de 2018 ingresaron al BCRA 15.009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEGs), y el 25 de septiembre de 2018 Caputo debió renunciar a la presidencia del BCRA, por pedido expreso del FMI, porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) la totalidad del primer tramo del crédito concedido (los 15.009,7 millones de dólares). Sin embargo, ahora se muestra eufórico por el nuevo préstamo del que dice seriamente: “Están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”. Sin embargo, evitó confirmar cuál es el monto acordado y las condicionalidades del nuevo crédito, ya que dijo que “de momento es confidencial”.

En síntesis

Todos los legisladores nacionales (no solo unos pocos) deberían saber el art. 29 de nuestra carta magna: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

[1] Apenas asumió Mauricio Macri la presidencia de la República en diciembre de 2015, tomó deuda en divisas para financiar el déficit fiscal que es en pesos. Primero ingresaron préstamos de los bancos HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citi, Santander, BBVA, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS y Nomura. Pero tras la salida de capitales por la crisis cambiaria del 25/04/2018, ingresaron fuertemente (ya estaban en el país como socios de empresas miembros de AmCham) los fondos denominados capital financiero de Manhattan: BlackRock, Vanguard, Greylock, Franklin Templeton, Fidelity, y Allianz SE (Pimco), etc.

Informe económico mensual

Por
Jorge Moore
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·        Milei ingresa en proceso electoral. Suma adherentes y asociados internacionales como Trump y otros similares. Mantiene, a pesar de grises credibilidad elevada. Hasta el momento el estilo con desplantes frente a los adversarios, enemigos y aliados, le fue dando resultados. Pero las recientes patinadas con el cripto digital le dejaron algunas rasgaduras en el traje. Y recién esto se inicia.

·        Ciertos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno negativo en apreciación franca. Esperando Milei y Caputo que nadie se ponga nervioso.

·        Lo inmediato y esperado son los efectos posibles de las políticas de Trump, que giran sobre aranceles, el valor del dólar, tipo de cambio real, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, para colmo otro país como Suiza parece que también se suma, apropiaciones (Canal de Panamá), amistad con Putin (¿se suma Milei?) y dejando a Ucrania a la intemperie. ¿Son buenas estas cuestiones para el mundo?, ¿Para USA? ¿Para Argentina? ¿Cuáles serán los problemas resueltos o complicados para el 2025? Lo iremos viendo con Trump, una caja de sorpresas o no tanto. Mejor “muñeca rusa matrioshka”, van apareciendo.

·        Para los ansiosos o apurados, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.

·        Cuando se levante el CEPO, seguramente será con un tipo de cambio flotante, ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO y lleguen los esperados dólares del FMI.

·        Tendremos que conjeturar que ocurrirá en el horizonte del 2025. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos.

·        El dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 irán aumentando armoniosamente, siempre y cuando se cumplan los deseos o conjeturas del gobierno. Pero es un dúo complicado. En principio se podría conjeturar que si el gobierno cumple a rajatabla lo que viene diciendo, el dólar mayorista a fin de año, diciembre 2025, debiera alcanzar un ajuste del 15%. Bastante lejos de otras conjeturas.

·        La inflación (alrededor del 2.2 %) en el mes de enero 2025. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y agregando el valor del tipo de cambio como otra ancla. ¿Con tantas anclas podremos quedar inmovilizados?

·        El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei. En los meses (12) del 2024 enero – 2025 enero, el IPC aumentó el 83 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 28 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 1 % mensual en los restantes meses del 2025?  De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %.

·        El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que superan la inflación y ganan por una cabeza al dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?

Por las dudas ¡Agarrate Catalina!

2025 ENERO PROC. EN FEBRERO IPC INFLACIONDescarga

La Argentina no tiene política exterior

Por
Juan Tokatlian
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En un volumen editado, que se publicó en 1985 con el título de The Dynamics of Latin American Foreign Policies, William Hazleton escribió un ensayo sobre lo que considera es “hacer” y “tener” política exterior.

A grandes rasgos: se hace política exterior cuando no se diferencia el interés nacional del interés de una gran potencia, cuando no se dispone de una perspectiva de largo plazo y solo se reacciona frente a lo inmediato, y cuando no existe una guía para incrementar la autonomía relativa del país.

Por el contrario, se tiene política exterior cuando se poseen y defienden intereses nacionales propios, cuando se cuenta con un diagnóstico integral y entrelazado de lo interno y lo externo, y cuando hay un propósito deliberado de aumentar la autonomía internacional.

En quince meses de gestión el gobierno del presidente Javier Milei ha demostrado que hace política exterior y que, en realidad, no tiene una. Votar como lo hace Washington es carecer de una estrategia seria e individual. Evidencia, además, holgazanería. El único trabajo es ver cómo se posiciona la representación estadounidense para emularla, eludiendo toda justificación pública.

En diciembre de 2023, y sin una explicación sustantiva y persuasiva, el gobierno decidió rechazar la invitación de la Argentina a los BRICS. En abril de 2024 se inició el proceso de eventual ingreso a la OTAN en tanto Socio Global, al tiempo que parece no haberse analizado que tal decisión exige unanimidad (es difícil que el Reino Unido vote favorablemente) y que las posiciones del gobierno contra valores que aún defiende Europa (derechos reproductivos, protección sanitaria, cuestiones de género, cambio climático, defensa del multilateralismo) hacen improbable el apoyo de muchos miembros.

En junio del año pasado, y sin una ponderada evaluación geopolítica global, el gobierno sumó a la Argentina –único país de Latinoamérica– al Ukraine Defense Contact Group; hoy paralizado y vetusto. Manifestaciones habituales contra China –a pesar de depender del swap chino y de ser una contra-parte comercial relevante–que no necesariamente fueron exigidas por la Casa Blanca, se usaron para demostrar las credenciales pro-Washington y anti-Beijing en momentos de una acrecentada rivalidad entre las dos grandes potencias; rivalidad especialmente estimulada por la administración de Joe Biden.

Las usuales referencias en distintos discursos del presidente respecto a una relación estrecha e intensa con Estados Unidos y en defensa de Occidente son muy conocidas. No son, sin embargo, originales. No lo han sido en el país y tampoco en Latinoamérica. En 1959, como canciller, quien después fuese presidente de Colombia entre 1978-1982, Julio César Turbay Ayala, decía lo mismo sobre los vínculos colombo-estadounidenses: “Nos movemos en la misma órbita…(y) compartimos…la defensa de la civilización occidental”.

Hace 66 años el énfasis de Bogotá no era el conjunto de Occidente, el foco estaba en Washington respondiendo a lo que en Colombia se conoce como la doctrina del respice polum: mirar al Norte, es decir; secundar prioritariamente a Estados Unidos. La nueva doctrina de política exterior anunciada el año pasado por Milei es semejante a la que de Turbay Ayala.

Pero entre el Estados Unidos, el Occidente y el mundo de hace más de seis décadas y la actualidad estadounidense, occidental y mundial hay un abismo. El anacronismo argentino es inquietante.

La mayor novedad de 2025 va más allá de una relación íntima, casi exclusiva, con Estados Unidos. Desde la asunción de Donald Trump, la Argentina de Milei se dedica solo a hacer únicamente trumpismo. Si Trump retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la Argentina lo escolta: nadie más tomó esa decisión. Si Washington por segunda vez –el Trump I ya lo había hecho– se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Argentina, que no es actualmente miembro de ese Consejo pero que había postulado su candidatura para 2026-29, quizás ahora, como se ha sugerido, la suspenda.

Para no irritar a Washington, y en el marco de la CELAC, la Argentina no facilitó una declaración por consenso en defensa de la soberanía de Panamá ni ante el asunto de las deportaciones masivas iniciadas desde EE.UU. Por supuesto no cuestionó la imposición de aranceles a distintos países, incluidos aquellos de la región y del continente. Tácitamente aceptó los aranceles sobre el acero y el aluminio argentino: ningún mandatario justificó o avaló tal tipo de medidas discriminatorias.

En la reciente cita de la extrema derecha de CPAC en Washington, DC., Milei asumió posturas incomprensibles, solo explicables por su deseo de congraciarse con Trump. Dijo allí que “si no estuviéramos restringidos por el MERCOSUR, la Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”. Gratuitamente, y respecto a un país amigo, se manifestó contra las “aspiraciones discriminatorias” en Sudáfrica, adoptando la línea argumental del Departamento de Estado.

Pero quizás lo más elocuente del mimetismo con Estados Unidos fue la votación de abstención en la Asamblea General de la ONU ante una resolución sobre el retiro de tropas rusas de Ucrania. La Argentina de Milei abandonó la decisión de tener una política exterior y apenas si hace una que es subalterna a la de Trump en medio de una oposición silente y una Cancillería intimidada.

https://www.clarin.com/opinion/argentina-politica-exterior_0_1l5e6hsBV2.html

El delito de envejecer

Por
Horacio Rovelli
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La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) informa que en el año 2024 hubo 7.287.820 beneficiarios previsionales, de los cuales 5.578.146 jubilaciones y 1.709.674  pensiones. Dentro del sistema previsional de nuestro país conviven varios esquemas de jubilaciones y pensiones.

Por un lado, se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen 13 provincias con sistema previsional propio y, además, esquemas previsionales con normativa propia (como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad [1]).

A su vez, en el SIPA existen siete tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior y trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio.

La ley 27.609 de 2021 modificó los índices de movilidad previsional a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones de la ley 24.241 y sus modificaciones por un registro combinado del incremento de la recaudación de la ANSES y el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora la Secretaría de Seguridad Social (hoy Subsecretaría) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (hoy Secretaría de Trabajo), o quien en el futuro lo sustituya.

El gobierno de Javier Milei, mediante el DNU 274/24 del 22 de marzo de 2024, decidió anular la ley y reemplazar el coeficiente de actualización por otro en forma mensual, determinado por el nivel general de precios al consumidor nacional (IPC) publicado por el INDEC, pero no se ajustó por la inflación de 20,6% de enero, 13,2% de febrero y 11% de marzo de 2024, sino que se ajustó desde junio de 2024 con el IPC de abril de ese año, mes en que la inflación medida por el IPC del INDEC disminuyó drásticamente, por lo que los haberes previsionales en promedio, descendieron a marzo de 2025 en un 28% frente a la fórmula incluida en la ley 27.609 de 2021.

Mayor es el ajuste para los que perciben el haber mínimo —es decir, aproximadamente el 65% del total de las asignaciones previsionales— que, en marzo de 2025, con el aumento del 2,2% (IPC de enero de 2025) de la fórmula del DNU 274/24, sin bono, es de 279.122 pesos, mientras que de haber continuado con la fórmula de la ley 27.609, se ubicaría en 356.962 pesos, ya que los haberes del RIPTE se incrementaron entre marzo de 2024 y marzo de 2025 un108%, mientras que el haber previsional aumentó un 71% (compensado y en forma cada vez menor por el bono de 70.000 pesos para los que no superen el haber mínimo previsional garantizado, suma congelada desde marzo de 2024 hasta la fecha).

El ajuste de haberes sobre la base de la inflación medida por el IPC del INDEC incumple con el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que prevé la movilidad de las pensiones y jubilaciones con respecto a las remuneraciones de quienes están en actividad. De allí el reclamo histórico del 82% móvil o similar. Debería ser, en todo caso, ajustable por RIPTE o por IPC del INDEC, el mayor de los dos.

De igual forma, si se lo compara con la recaudación de seguridad social, donde el índice es muy superior al IPC del INDEC.

Paralelamente, el gasto previsional desciende con respecto a años anteriores en que representaba el 43% del total de las erogaciones, para ser en el año 2024 del 37,1% y en los dos primeros meses de 2025 el 35,83% del presupuesto ejecutado base caja [2].

Esa fue la razón por la cual el Presidente Javier Milei, mediante el decreto 782/2024 publicado en el Boletín Oficial del 1 de septiembre de 2024, vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso de la Nación en agosto 2024, dejando sin efecto la norma sancionada que disponía elevar el haber mínimo y fijaba una nueva fórmula de cálculo de los ingresos de los jubilados. El Presidente Milei públicamente trató a los legisladores de “degenerados fiscales” por tratar de impedir el creciente deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Para no ser un degenerado fiscal, según Milei, se deben ajustar todos los gastos (sin contemplar en qué se emplea) para tener superávit en las cuentas públicas.

Se impide que jubilados y pensionados recuperen su poder adquisitivo a los niveles previos a este gobierno, con el fin de obtener un superávit primario y financiero que tiene como único fin pagar una deuda pública que crece sideralmente desde el gobierno de Macri, que no se investigó, que se refleja en que la deuda bruta pasa de 240.665 millones de dólares en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a los 467.788 millones de dólares al 31 de enero de 2025.

Estamos hablando de un haber mínimo para el corriente mes de marzo de 2025 con bono incluido de 349.122 pesos, cuando la Defensoría de la Tercera Edad porteña estima que la canasta básica de los jubilados para abril de 2025 será de 1.200.523 pesos (incluye el gasto de la vivienda de los adultos mayores que el INDEC no lo estima), y muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.

Cómo se financia el sistema previsional

En nuestro país funciona un régimen de reparto que consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financien las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.

  • Los trabajadores aportan el 11% de su salario para la jubilación.
  • Los empleadores aportan el 16% de los salarios para la jubilación.

Según el Informe N.º 14 de Seguridad Social de la Nación, los aportantes al Sistema de Seguridad Social, en febrero de 2024, son 12.854.224 personas (último dato publicado disponible). En términos absolutos, se observa que la mayor cantidad de trabajadores realiza sus aportes como asalariados del sector privado (6,1 millones), seguido por los aportantes al monotributo (2,4 millones) y por los trabajadores en relación de dependencia de otros regímenes (2,1 millones). Los trabajadores estatales de la Nación y de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aportan a la ANSES son 1,4 millones. La totalidad de aportantes se completa con trabajadores de casa de familia y otros regímenes.

Obviamente, la cantidad de aportantes al SIPA ha disminuido desde febrero de 2024 por los cierres de empresas, retiros voluntarios, despidos y reducción de los planteles de trabajadores del sector privado [3] y público, pero la relación entre trabajadores en actividad y beneficiarios previsionales era de 1,78, cuando debería ser en torno a tres trabajadores en actividad por un trabajador en pasividad.

Y en el modelo extractivista imperante es peor, donde existe ya un proyecto de ley de flexibilidad laboral, denominado de “promoción de inversiones y empleo”, encabezado por la diputada nacional Romina Diez y seguido con la firma de otros 14 miembros de La Libertad Avanza, que incluye nuevos tipos de contratos laborales [4] y de aportes al sistema de seguridad social, más la promesa del ministro de desregulación Federico Sturzenegger a los empresarios, que van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran. Se trata de un reconocimiento explícito de una política de abaratamiento de despidos para facilitar la reconversión de las empresas y de la actividad, y así, con los desocupados, presionar a la baja el reclamo de salarios dignos.

Rota la relación de trabajadores en actividad y pasividad, el Estado recurre a los impuestos:

—IVA: de lo recaudado y una vez descontados los reintegros a las exportaciones, un 11% va a la ANSES, que debe destinar el 93,7% de esa suma a las prestaciones a su cargo y el 6,27% a las cajas previsionales de empleados públicos de las provincias con sistemas propios.

—Impuesto al cheque (sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias): el 100% se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social.

—Impuesto a los combustibles: 28,69% de lo recaudado va al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

—Impuesto a los bienes personales: 6,27% va a las provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación.

—Adicional de emergencia sobre cigarrillos (leyes N.º 24.625, 26.658, 27.432 y 27.702: la asignación específica vence el 31/12/2027): se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

—Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo; leyes 26.545, 27.432 y 27.702): las asignaciones específicas vencen el 31/12/2027 y se destina el 70% a la ANSES.

Se debe aclarar que de la recaudación del impuesto país, que gravaba la compra de divisas y que en el año 2024 logró un ingreso de 6.274.713 millones de pesos (el 1,2% del PIB), el 65% se destinaba a la ANSES y el 5% al INSSJP (PAMI), para cubrir sus prestaciones.

El permanente desfinanciamiento del sistema previsional puede agravarse si, como pretende el gobierno, disminuye la alícuota hasta extinguirse el impuesto al cheque.

En síntesis

La vinculación del trabajo a la cobertura de los riesgos sociales fue el basamento sobre el que se construyeron las protecciones del Estado de derecho. El Estado de bienestar social o el Estado de bienestar fue la debida respuesta de las sociedades a las leyes de mercado o de mercados auto-regulados.

En la Argentina de Milei, que se administra con DNU, no hay respeto para los que trabajaron toda su vida y perciben un haber que los condena a privaciones de todo tipo, incluso a la de la adquisición de medicamentos y/o tratamientos médicos.

Los miércoles de cada semana, grupos de jubilados y pensionados, en forma pacífica y ejerciendo el derecho constitucional del reclamo, reciben la represión de las fuerzas de seguridad.

No los clubes de fútbol, ni tampoco las llamadas “barras bravas”, sino los hinchas de distintos equipos, cansados de ver el destrato y la represión a los viejos, decidieron participar en la marcha del jueves 13 de marzo de 2025 en su apoyo y son violentamente perseguidos y diezmados por las fuerzas de seguridad, de manera tan burda que lanzaron bombas de gas lacrimógeno apuntando directamente al cuerpo de los manifestantes; una de ellas fue disparada a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, con quebradura de cráneo y pérdida de masa encefálica y diagnóstico de muerte cerebral.

No fue un accidente; de hecho, la primera advertencia que tienen esos cartuchos es “no disparar directo a personas, puede causar serias heridas o muerte”.

El mismo jueves 13 de marzo de 2025, en el Boletín Oficial, se publicó el DNU 186/25 que modificó el presupuesto nacional 2025 (que es prórroga del año 2024, que es a su vez prórroga del año 2023), ajustando partidas para destinar 7.366.286.591 pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado.

[1] Personal militar: atención de pensiones, 28.838 y atención de retiros, 53.380 beneficiarios. Fuerzas de seguridad y Servicio Penitenciario Federal: atención de jubilaciones, 10.526; atención de pensiones, 35.499; atención de retiros: 61.968 beneficiarios.
[2] De un presupuesto nacional que desciende su participación en el PIB del 19,9% en el año 2023, para pasar a ser del 15,3% del PIB en el año 2024, y para este año 2025, el malogrado proyecto de ley de presupuesto daba una participación del gasto sobre el PIB del 15,2%.
[3] Según un informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira), entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 38.532 puestos de trabajo en la industria. Si se incluyen los sectores de construcción y minería, la cifra asciende a 126.050 empleos perdidos. La realidad es que la pérdida de empleos y el cierre de empresas no solo afectan a los trabajadores directamente involucrados, sino también a las economías locales y a las cadenas de valor de diversas industrias. En ese marco, las proyecciones son peores.
[4] La exclusión de los contratos de servicios y de obra de la ley de contrato de trabajo, la creación de la figura del trabajador independiente con tres colaboradores. Con el esquema de tercerización se legitima legalmente la figura del testaferro.

El delito de envejecer

El bombardeo silencioso

Por
Horacio Rovelli
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El miércoles último la Secretaría de Finanzas de la Nación realizó la licitación de títulos de deuda en pesos que vencían ese día, por 6,6 billones de pesos y, tal como pasó en los cuatro llamados anteriores de enero, tampoco logró el objetivo de rolear todos los vencimientos, pese a que cada vez el Tesoro de la Nación debe pagar mayores tasas de interés y ofrece plazos más cortos. Con 3.439 ofertas, la Secretaría pudo colocar títulos por 5,2 billones de pesos (78,8% del total), pagando una tasa que en su máximo fue 34,8% anual, cuando la tasa promedio de un certificado de depósito bancario a plazo fijo es del 29% nominal anual.

La mayor parte fue en Lecap (Letras capitalizables que pagan intereses y amortizan capital al final) con vencimiento 14 de marzo de 2025 (30 días de plazo y se vuelve a repetir el problema) y a una tasa efectiva mensual de 2,53%, cuando desde el 1 de febrero el ajuste del precio del dólar oficial es del 1% mensual.

Las otras Lecap con vencimiento en mayo, julio y noviembre 2025 pagan tasas de 2,2% a 2,5% mensual, y conforman un tercio del total licitado y adquirido, con lo que no llegan en conjunto a pasar su vencimiento al año 2026 y, de esa manera, posponer el resultado fiscal como hicieron en 2024, que contabilizaron un resultado fiscal positivo de 10,6 billones de pesos, pero colocaron en el transcurso del año Lecap, Boncap y LeFi (todos títulos que capitalizan interés y se pagan al vencimiento) por 14,6 billones de pesos con vencimiento 2025 y posteriori. De no ampliar la deuda por este medio (capitalizando intereses para abonarlo al vencimiento del título público), no se hubiera conseguido dicho superávit y se hubiera trocado en déficit fiscal.

También licitaron títulos “dollar Linked” con vencimiento en enero de 2026 (el único que pasaba el año 2025), que son títulos en pesos que se ajustan por el precio del dólar oficial (y es un seguro ante la devaluación del peso) a los que le agregaron una tasa anual del 5%, y solo le compraron 80.000 millones de pesos, razón por la cual el ministro de Economía y el Presidente, confundiendo ex profeso el precio del mercado financiero con la función económica y comercial del tipo de cambio, aseveraron que ello significa que el mercado no cree que el dólar esté atrasado.

El mercado al que se refieren es el mercado financiero y está conformado por los grandes bancos (oficiales y privados) y los fondos de inversión de todo tipo, que apuestan a la precaria estabilidad, a cada vez menor plazo y mayor tasa de interés, porque ganan con la diferencia entre el interés que perciben y la devaluación de nuestra moneda (bicicleta financiera).

El ministro Luis Caputo afirmó que no logró renovar el total de los vencimientos de deuda porque sus tenedores prefirieron pasarse a pesos y “tomar ganancias”. Ante ello, y a fin de que no pasen esa ganancia a dólares, su equipo adopta medidas de dudosa legalidad y que debería verse si le compete a sus misiones y funciones.

El Banco Central participa cada vez en forma más activa vendiendo dólares de las reservas internacionales para evitar la suba del precio de los dólares MEP y CCL. E incluso, tras la asunción en la ANSeS de Fernando Bearzi, el martes último, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ese organismo previsional vendió en el mercado local Bonos AL 30 y GD 30, que son títulos públicos en pesos, que se iniciaron el 4 de septiembre de 2020 y vencen el 9 de julio de 2030, y que pagan el interés y la amortización del capital en dólares. Vende los títulos en poder del FGS de la ANSeS para absorber el aumento de liquidez de los títulos de deuda que no se renovaron.

La pregunta es si pueden vender títulos en poder del FGS, si se cumplieron todos los pasos y procesos legales, si hay un informe previo que lo fundamente y si no hay abuso de autoridad en la función pública, máxime cuando el nuevo titular, Fernando Bearzi, es socio de Luis Caputo en la sociedad NOCTUA de las Islas Caimán, de la que Caputo dice que dejó de ser socio.

Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sacan el oro del BCRA sin dar ningún tipo de explicaciones. Sí se comprometen a informar dónde están depositados a la jueza Loretta Preska por el juicio que el estudio Burford Capital le hizo a YPF, en el que la jueza falló a favor del fondo buitre por 16.099 millones de dólares más intereses, costas, etcétera.

El panorama no es claro, máxime cuando la cantidad de dinero en el mercado (M3, la mayor oferta monetaria en pesos, compuesta por el dinero circulante más lo que está depositado en los bancos en cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo) suma 119,2 billones de pesos, y más que cuadriplica las Reservas Internacionales brutas del BCRA [1], que ascienden a 28.889 millones de dólares (equivalente a 30,5 billones de pesos). Por ende, no pueden levantar el llamado “cepo” cambiario, que son las restricciones para comprar dólares a precio oficial, y tampoco pensar en unificar los distintos tipos de cambio, porque de querer adquirir la divisa norteamericana alcanzaría solo para un tercio de la cantidad de dinero disponible.

Todo ello en un marco en que la inflación de los Estados Unidos no cede y obliga a la Reserva Federal de ese país (FED) a mantener alta la tasa de interés, que no solo significa un mayor gasto para el presupuesto argentino (y de todos los países deudores en dólares) sino también que esa suba de la tasa de interés acrecienta la demanda de dólares, y con ello su precio se mantiene alto. Y dólar alto significa presión a la baja del precio de los commodities, como la soja y el petróleo, que es lo que la Argentina necesita exportar para cubrir con divisas el pago de la deuda externa.

El equipo de economía de Caputo sostenía a comienzos del año que el sector agroexportador podría llegar a ingresar de 25 a 30.000 millones de dólares a lo largo de 2025. De ese volumen, estimaba que 12.000 millones se liquidarían en el primer semestre, de los cuales unos 5.000 iban a ingresar en el primer trimestre a razón de 2.000 millones de dólares en enero (como pasó, ingresaron 2.073 millones de dólares según informa CIARA-CEC) y 1.500 por mes en febrero y marzo. Otros 2.000 en abril y un total estimado de 5.000 millones entre mayo y junio.

Y eso explica por qué se redujeron las retenciones (derechos de exportación) a la soja y sus derivados, y a otros granos, para el primer semestre de 2025, máxime cuando según la estimación de Marianela de Emilio, experta del INTA, hay nada menos que 39 millones de toneladas de los principales cultivos disponibles y guardados por los productores y acopiadores. De ese total, casi 18 millones corresponden a la soja, 9 millones al maíz y unos 12 millones al trigo, que significan un tercio de la producción anual de granos de la Argentina. El planteo es a qué precio se liquida y si ello no genera nuevos problemas como los que presentaron la trasnacional ADM, el grupo Los Grobo-Agrofina y el proveedor de insumos y equipos fitosanitarios Red Surcos SA.

También debe contemplarse que la Bolsa de Comercio de Rosario ajustó sus proyecciones en la cosecha actual: la soja caerá a 47,5 millones de toneladas (Mt) y el maíz a 46 Mt, con pérdidas millonarias. El fuerte stock retenido, la menor cosecha esperada y la baja sistemática del precio de productos agrícolas en el mercado de Chicago (donde también juega la posibilidad del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos grandes productores de granos) plantean serios interrogantes a los acopiadores y exportadores, que no quieren liquidar por el bajo precio en pesos y en dólares, y ven cómo reacciona el mercado, mientras Caputo y su equipo aseguran que no se devalúa para convencerlos de que liquiden ahora.

Con el combustible y la energía pasa lo mismo, aunque en menor medida. Se exportó por 9.677 millones de dólares en 2024 (representando el 12,1% de las exportaciones totales del país) y las perspectivas eran de acrecentamiento todos los años a medida que la producción aumentara. Pero el bajo precio internacional y el alto costo en dólares de inversión hacen que se frenen los planes de las grandes empresas del sector, e incluso de YPF SA.

Ergo, las petroleras tampoco están conformes con la actual paridad cambiaria y también presionan por la devaluación de nuestra moneda, para que se reduzca el costo en dólares y a su vez obtengan mayor poder adquisitivo en el país por sus exportaciones.

Las perspectivas de 2025

Las reservas netas del Banco Central siguen siendo negativas, pese a que el superávit comercial de 2024 fue uno de los más elevados de los últimos 15 años (las exportaciones superaron a las importaciones por 18.899 millones de dólares, la mayor parte se utilizó para sostener el dólar blend). Sin embargo, desde hace meses la cuenta corriente cambiaria está en rojo y lo que compensa son los ingresos de divisas a través de la cuenta capital por el ingreso de dólares, principalmente por el “blanqueo” impositivo y por nuevas deudas.

La cuenta corriente cambiaria, donde pesa el pago de los intereses de la deuda pero también el pago de royalties, turismo, seguros, fletes, comunicaciones, etc., se torna cada vez más deficitaria, dato que si no crecen las exportaciones implicará la imperiosa necesidad de aumentar la deuda externa pública y privada.

El debate en el seno del poder económico es si prevalece el capital financiero y logra que con el tipo de cambio –que según el gobierno crece este año un 18,5% anual– los exportadores agropecuarios y energéticos vendan, o si en cambio esperan que se produzca la devaluación de nuestra moneda.

El primero de los actores nombrados tiene el apoyo implícito de grandes empresas locales como YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, que colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones de dólares al 31 de enero de 2025, según informa la Comisión Nacional de Valores. Ellos deben medir el costo que significa una devaluación en sus ingresos y en el pago de la deuda.

Del otro lado, igual cálculo debe hacer BlackRock y los demás fondos de inversión que compraron esos títulos de deuda, máxime cuando fueron ellos los que impusieron a la dupla Caputo-Bausili en la poltrona de economía y finanzas del gobierno de Milei.

Mientras ellos dirimen sus costos y beneficios en y para apropiarse del patrimonio nacional, el mercado interno argentino –que es la verdadera “gallina de los huevos de oro” del país– se debate entre el parate de la producción, la suspensión y hasta el cierre de fuentes de trabajo (con grandes industrias que se van de la Argentina), la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y pensiones, y la competencia desleal de las importaciones de todo tipo.

Mientras el gobierno propone para ser competitivos cercenar derechos laborales, flexibilizar el trabajo, facilitar los despidos, etc., el Foro de Economía y Trabajo [2] advierte que una economía cara en dólares y cara en pesos termina colapsada por la deuda, y esa deuda (a diciembre 2024, de 466.686 millones de dólares) se termina pagando con nuestros recursos naturales y grandes empresas públicas como YPF y el Banco de la Nación Argentina.

Es más, mientras haya un gobierno como el de Milei, la deuda privada también se la van a transferir a todo el pueblo argentino, como hicieron con la deuda del Banco Central con los bancos, que pasó a ser deuda del Tesoro de la Nación.

En síntesis, como afirma el profesor Jorge Gaggero, la estimación preliminar de Naciones Unidas para la reconstrucción de Gaza demandará 50.000 millones de dólares, la mitad de lo que nos endeudó el desgobierno de Javier Milei con el objetivo de destruir al Estado y a la Nación Argentina.

[1] En las reservas internacionales brutas se incluyen los swaps de la República Popular China por el equivalente a 18.000 millones de dólares, de los que solo 5.500 millones son de libre disponibilidad; el resto, 12.500 millones de dólares, son fondos que China le presta a la Argentina para que se compren productos de su país.
[2] Constituido por las organizaciones sindicales (parte de la CGT, las dos CTA) y asociaciones de PyMes, cooperativas y organizaciones de la economía popular.
El bombardeo silencioso
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