La disciplina de las Relaciones Internacionales exhibe un amplio abanico de teorías que han sido puestas a prueba en estudios empíricos con diversas metodologías.
En ese proceso se han construido conceptos; varios de ellos polisémicos y algunos con un alto nivel de acuerdo entre diferentes paradigmas. Uno de estos últimos es la noción de Estado Revisionista que, de cuño realista, ha sido argumentado principalmente por los estudios sobre la transición de poder.
La idea del Estado Revisionista remite a las motivaciones de las élites y de los líderes. Se trata, en esencia, de un Estado insatisfecho con el orden internacional prevalente y con la distribución de poder existente. Se ha afirmado que las potencias que ascienden se comportan de esta manera.
Temporalmente tienden a aceptar, por ejemplo, la lógica del balance de poder (bipolar o multipolar), pero no se resignan a aprovechar únicamente el sistema vigente. Son oportunistas, agresivos, y expansionistas. Son Estados impulsivos y maximalistas, dispuestos a recurrir a la fuerza si ello fuese necesario.
Si los decisores en la mayoría de los países pueden ser calificados como “halcones” o “palomas”, el Estado Revisionista puede ser definido como un “chacal”, aunque en tiempos recientes también se han usado los términos “nefasto” y “maligno” para referirse a este tipo de Estado.
Sintéticamente, un Estado Revisionista es aquel que pretende cambiar drásticamente o derribar frontalmente el orden internacional, sus reglas, normas, instituciones y, de ese modo, moldear y determinar la distribución global de poder. Apunta entonces a revisar pugnaz e integralmente el sistema mundial. Claro, no todo intento es inexorablemente alcanzable.
En la orilla opuesta del Estado Revisionista está el Estado pro-Statu Quo. Este busca preservar el orden que contribuyó a configurar porque estaría satisfecho con la distribución de poder establecida y actuaría responsablemente en el escenario internacional. Su propósito entonces es preservar el orden y la distribución de poder instaurada pues, básicamente, ambos le han sido de gran beneficio.
Durante mucho tiempo la literatura de las Relaciones Internacionales señaló a China como el prototipo del Estado Revisionista y a Estados Unidos como el modelo del Estado pro-Statu Quo. Sin embargo, los indicadores del comportamiento de Beijing no reflejan su total insatisfacción ni muestran su propósito de alterar completamente las reglas de juego que han facilitado su auge.
Así como los trabajos sobre la conducta de Washington tampoco muestran su invariada adhesión al estado de cosas existente ni su plena satisfacción con el ordenamiento que encabezó y construyó con otras naciones después de la Segunda Guerra Mundial.
El hecho más significativo del segundo mandato de Donald Trump es, a mi entender, que Estados Unidos se ha convertido en un caso palmario de Estado Revisionista. Pero con un detalle notable: Estados Unidos no es un Estado que en el último cuarto de siglo haya ido acrecentando su poder, influencia y prestigio. Al contrario, se encuentra en un relativo declive.
La coalición gobernante siente que el sistema ya no beneficia enteramente a Estados Unidos y que todas las contra-partes, cercanas, distantes y oponentes, han venido abusando de una presunta generosidad estadounidense. No predomina una renovada ambición hegemónica –que siempre combina una dosis de (mayor) persuasión y (puntual) coerción– orientada a generar un nuevo liderazgo, sino a asegurar un proyecto de dominación en el que impera la amenaza, la retaliación y el chantaje a adversarios, aliados y socios por igual. Washington intimida mediante aranceles desmesurados, deportaciones masivas, anuncios expansionistas y retóricas pendencieras.
A su vez, la administración Trump II retomó y reforzó su desprecio por el multilateralismo, el abandono de los foros mundiales, el debilitamiento de regímenes globales, y el socavamiento del derecho internacional. Para la Casa Blanca las reglas, normas e instituciones que supo promover son hoy obstáculos que imposibilitan Make America Great Again. No sin nostalgia y con ofuscación, se dispone a recuperar una edad dorada que ya fue.
Asimismo, Estados Unidos está reconfigurando drásticamente el proverbial “poder blando” (soft power) que emanaba de dos fuentes: la material y la ideacional. La primera se desplegaba mediante la asistencia en clave benigna; la segunda mediante la promoción del American Way of Life y la propagación de la democracia liberal como resultado de su condición de “Beacon of Democracy”.
El componente material –esencial para muchos países del Sur Global– está en proceso de desmantelamiento profundo, por una parte, y por la asignación selectiva a quienes se supediten a fortalecer a…Estados Unidos, por la otra. El componente ideacional es nuevo: la idea del ensanchamiento de la democracia ha sido reemplazada por el fomento de la Internacional Reaccionaria, de la cual Trump es el tótem. Eso, en medio de una transformación institucional, política y social interna que consolida una plutocracia.
Si según la definición corriente, un Estado Revisionista es un actor insatisfecho que apunta a demoler el orden internacional y a redefinir la distribución global de poder mediante prácticas oportunistas, agresivas, irresponsables y expansionistas, Estados Unidos hoy claramente lo es.
La política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial de este gobierno desemboca en un proceso de costos e inflación en dólares que incentiva la importación y solo permite la exportación de recursos naturales, y algún nicho con alta rentabilidad como el financiero (merced a la tasa de interés e IPC mayores que el ajuste cambiario). Va en desmedro de la inversión interna bruta fija en máquinas y equipos, del consumo interno, de las economías regionales, de la industria en general, de la construcción y del trabajo. Por ende, el principal problema macro es estabilizar el tipo de cambio.
El carry trade facilita el ingreso de dólares y su conversión en activos en pesos. Paralelamente, al disminuir –en términos relativos– el precio del dólar medido en nuestra moneda, faculta al Estado que recauda en pesos a pagar más dólares. Pero eso es por la superficie. Por debajo, incrementa sideralmente la deuda en pesos (en su mayor parte ajustada por inflación, por lo que una devaluación no la licúa sino que su incremento se hace en plazos) y en divisas. Ante el inminente ajuste cambiario, hace que la deuda pública sea más impagable y obligue al país a mal vender y/o ceder en condiciones ventajosas sus recursos naturales, por ejemplo mediante el RIGI (Régimen de Incentivo a las grandes Inversiones), que aprobaron también las provincias, dueñas del subsuelo por la reforma constitucional de 1994. Ese es el objetivo final de los principales acreedores.
El por ahora ministro Luis Caputo miente cuando dice, en su cuenta oficial de X y en reportajes con complacientes periodistas locales, que esta vez no habrá corrida cambiaria y bancaria porque la administración nacional tiene superávit fiscal. Oculta, por un lado, que ese superávit fiscal fue logrado con un brutal ajuste sobre el haber de jubilados y pensionados, paralizando la obra pública y reduciendo las transferencias a las provincias, al transporte y a la energía. Por otro lado, oculta que en 2024 se logró un superávit fiscal primario de 10,4 billones de pesos y se pagaron intereses por 8,64 billones, por lo que el resultado financiero final fue de 1,76 billones. Pero se colocaron letras y notas capitalizables (Lecap y Nocap) para 2025 por 2,9 billones de pesos. De no haber sido así, hubieran cerrado el año con déficit financiero.
Peor situación se refleja en el primer trimestre de 2025: el porcentaje de superávit es menor y la capitalización de los Lecap y Nocap es mucho mayor. Incluso se agrava el problema porque el 60% de las colocaciones de Lecap no superan los 60 días de plazo, con lo que vencen en el mismo año, y el total de la deuda de los distintos títulos en pesos al 28 de febrero (convertida por la Secretaría de Finanzas de la Nación) es de 151.382 millones de dólares. La tasa en pesos de la licitación del 27 de marzo de las Lecap fue del 2,8% mensual, por ende el total de la deuda en pesos ajustada por esa tasa implica un interés promedio de 4,2 billones de pesos por mes, cuando el gasto mensual de la Administración Nacional (en salud, educación seguridad, jubilaciones y pensiones, en todo el gasto público) es de 10 billones de pesos. Si no capitalizan no pueden pagar los intereses de la deuda en pesos.
Si contabilizamos la deuda en divisas que al 28 de febrero asciende a 165.996 millones de dólares, y que devenga una tasa mensual promedio de 0,56% anual, implica un gasto mensual de aproximadamente 1.000 millones de dólares, que pagan en parte, pero la diferencia también se debe capitalizar y refinanciar.
Finalmente, la deuda con organismos internacionales y con las LeFi (Letras Fiscales), que son los títulos que el Tesoro de la Nación emitió para cambiarlos por Leliq y Notaliq (eran títulos de deuda del BCRA), suman al 28 de febrero 153.771 millones de dólares. Eso demuestra que la deuda es impagable por monto y por vencimientos, que es lo que informaron los técnicos de la misión del FMI que estuvieron en enero en la Argentina al directorio de dicho organismo crediticio.
Nota: en millones de dólares. Otros: principalmente Letras del Tesoro de corto plazo y LeFi. Fuente: Secretaría de Finanzas de la Nación.
El inefable Luis Caputo también dijo en las entrevistas mencionadas que hay superávit comercial, otra verdad parcial.
Fuente: Intercambio Comercial Argentino – INDEC.
Lo que Caputo omite es que desde julio de 2024, al sumarse las exportaciones e importaciones de servicios reales (fletes, seguros, royalties, turismo, comunicaciones, etc.) y financieros (intereses de la deuda pública y privada argentina y el giro de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices), la cuenta corriente comercial es negativa, por ende no tiene de dónde obtener los dólares. Amén de que continúan con el llamado “dólar blend”, régimen creado por el decreto 28/2023, publicado el 13 de diciembre de 2023, que les permite a los exportadores liquidar sus productos a un precio que combina dos tipos de cambio: el dólar oficial (80%) y el contado con liquidación (CCL, 20%). De esa manera ofrecen divisas en el mercado paralelo, que entre enero de 2024 y febrero último significó 18.340,6 millones de dólares que dejaron de ingresar al circuito oficial [1].
Finalmente, el total de dólares depositados en los bancos al 28 de marzo (último dato publicado) asciende a 31.653 millones, y los créditos fueron a esa fecha de 14.456 millones de dólares. Quiere decir que los bancos comerciales constituyen encaje por 17.197 millones de dólares. En los fundamentos del DNU 179/25 del 10 de marzo último, donde Milei se auto-delega facultades propias del Poder Legislativo, reconocen que las reservas internacionales del Banco Central son negativas en unos 4.000 millones de dólares.
Las Reservas Internacionales del BCRA eran de 28.603 millones de dólares al 28 de febrero y se redujeron a 25.052 millones el 31 de marzo. Se perdieron 3.551 millones de dólares en el mes. Por lo tanto, el gobierno reconoce que tiene reservas negativas por 7.551 millones de dólares. Obviamente que efectuaron los pagos detrayendo de los encajes de los depósitos en dólares captados por los bancos.
También para frenar el pase a dólar, el Fondo de garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS que preside Fernando Bearzi (ex síndico de Noctua, la empresa radicada en Isla Caimán cuyo titular era Caputo) vende títulos en dólares para abastecer la creciente demanda de esa moneda. Y también los recursos de fondos fiduciarios específicos, que fueron transferidos desde las distintas carteras a la órbita del Ministerio de Economía, como es el caso del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, que dependía de las provincias para financiar obras de infraestructura eléctrica.
Pese a todas las maniobras de dudosa legalidad, el precio del dólar CCL, registrado en el mercado de valores donde se produce la compra del título o acción para ser vendido en el exterior, pasó de $1.220 el 28 de febrero a $1.320 el 31 de marzo, creciendo a una tasa del 8,2% (contra un 1% de devaluación del dólar oficial). Al 4 de abril se incrementó en 9,43% con respecto al 28 de febrero, al cerrar en $1.335.
Pesos por dólar. Fuente: RAVA Bursátil.
También volaron los precios del dólar futuro, por lo que sus tasas implícitas superan la tasa en pesos. Por ende, tanto los exportadores como los importadores tienen incentivos para desarmar sus estrategias de carry trade contra el dólar oficial, lo que termina por forzar al BCRA a vender divisas en el mercado oficial.
La tasa de riesgo país del JP Morgan en esas fechas pasó de 780 puntos básicos el 28 de febrero (en enero era de 600 puntos) a 943 el viernes último. Significa que la Argentina, si tuviera acceso al mercado internacional de crédito (que no lo tiene), debería pagar un 9,43% adicional de interés en dólares más que los países centrales [2].
Es obvio que la situación es insostenible, máxime cuando FMI no parece apurar los plazos (en principio sería el lunes 21 de abril, siempre que la Argentina acepte severos condicionamientos) y le conceda al gobierno de Milei un fondo líquido de 8.000 millones de dólares (que es el 40% del crédito solicitado, de 20.000 millones).
A los condicionamientos de siempre, se le debe sumar el ajuste cambiario y la pretensión –según comunicó a la prensa el representante de Donald Trump en América Latina, Maurice Claver-Carone– de que la Argentina deje de contar con los swaps de la República Popular China, que suman unos 18.000 millones de dólares (y se contabilizan como reservas brutas), de los cuales solo 5.500 millones son de libre disponibilidad. Se trata del préstamo otorgado en junio de 2023, renovado en junio de 2024 y que vence en junio de 2026.
En síntesis
Lo único seguro es que van a devaluar nuestra moneda. Deben discutir con el FMI el porcentaje y la forma. El hecho, una vez confirmado, abrirá la puerta para nuevas devaluaciones, al dejar de ser confiable el gobierno libertario, que libera todo menos el precio del tipo de cambio.
La corrida cambiaria se convierte luego en corrida bancaria, que se va a acrecentar día tras día. Y el gobierno de Milei, que se subordinó al capital financiero de Manhattan, se da cuenta tarde que hacen negocios a su costa, y que presionarán por una devaluación ordenada. Por eso siguen Caputo-Bausili. Pero a medida que el retiro de dólares sea cada vez mayor, el FMI tratará de imponer sus candidatos: José Luis Daza, actual viceministro de Economía, y Federico Sturzenegger, recientemente nombrado en el “Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento” del FMI.
También los grupos locales, sobre todo los fuertemente endeudados en dólares, van a propiciar un nuevo equipo en economía y finanzas. Todos ellos van a aumentar aún más la deuda pública, que con la devaluación será mucho más cara y agigantará la crisis social y económica del país.
[1] Existía el “dólar blend” pero solo para la soja.
[2] El gobierno de Milei solo obtuvo un REPO con cinco bancos internacionales por 1.000 millones de dólares, a un plazo de dos años y cuatro meses, pagando una tasa del 8,8% anual en dólares.
Comenté en una nota de octubre de 2018 que quizás fuera pertinente extrapolar la figura jurídica de la interdicción que se aplica usualmente a un individuo y emplearla en el caso de un país. En ese sentido y en materia de política mundial, la interdicción se hace posible cuando Estados influyentes, actores privados poderosos e instituciones internacionales gravitantes le fijan a un gobierno una serie de condiciones, restricciones y recetas para el manejo de una situación interna. El país afectado (en especial, su dirigencia) es percibido como irresponsable, incapaz, inmaduro o indolente; todo lo cual conlleva a que fuerzas externas le establezcan determinados modos de comportamiento, ajuste y cumplimiento. Es bueno advertir que no se trata de un fenómeno unilateral, sino relacional: en la nación interdicta una parte de la elite avala el accionar y las exigencias de aquellas fuerzas, pues obtiene beneficios materiales y políticos. Cabe remarcar, entonces, que la dinámica descrita es notablemente funcional para importantes agentes internos e internacionales. La interdicción, así no lo parezca a primera vista, rinde ciertos frutos para algunos.
El Fondo Monetario Internacional
Veamos ejemplos a modo de ilustración. En 2018, la Argentina aceptó la interdicción. El auxilio solicitado al Fondo Monetario Internacional expuso hasta qué punto el gobierno de entonces se transformó en un sujeto dependiente que, una vez más, repetía la misma fórmula económica que más temprano que tarde deriva en devaluación, inflación y recesión. En aquel año, la administración del presidente Mauricio Macri argumentó lo siguiente: “El acuerdo que hemos obtenido es histórico para la Argentina…(El FMI) nunca dio un apoyo como el que le ha dado a los argentinos, a todos nosotros. Creyó en lo que estamos haciendo, en el profesionalismo de la gente…Este acuerdo es la base para potenciar todo lo que estamos haciendo desde hace dos años…Estamos en una tarea de construcción sobre bases sólidas, donde se va a poder proyectar hacia el futuro…Acudimos al Fondo para poder tener previsibilidad.” Sin embargo, el país quedó interdicto y el proyecto político del presidente, frustrado. El país volvió a endeudarse con el FMI y Macri fue el primer mandatario sudamericano que no pudo revalidar su gestión a pesar de que la Argentina tiene, como otros países de la región, un sistema de reelección inmediata. Así, se eternizó la mediocridad económica, se potenció la conflictividad social y se exacerbó la disputa política. Aunque, siempre es bueno recordar que hubo algunos ganadores (usualmente, los de siempre) que, gracias a los cuantiosos recursos desembolsados, pudieron fugar capitales tal como lo reflejó el informe de diciembre de 2021 del FMI. ¿Lección aprendida? No. Confucio decía que “cometer un error y no corregirlo, es otro error”.
Apenas siete años más tarde, una nueva presidencia vuelve a pedir socorro al FMI. El mandatario actual y las autoridades económicas repiten casi verbatim los dichos de 2018 sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre los logros económicos de la coalición gobernante, sobre la buenaventura del acuerdo con el Fondo, sobre la continuidad del modelo económico y sus virtudes, sobre el hecho de que esta vez será diferente a previas experiencias, etc. Mientras tanto, varias voces — de cercanos y oponentes del gobierno– preanuncian otro ciclo de devaluación, inflación y recesión. O, con otras palabras, empeoramiento económico, pugnacidad social y polarización política. En breve, es esperable una prolongada y costosa interdicción financiera. Claro está que, como es habitual, habrá unos ganadores.
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Marco Rubio y Cristina Fernández de Kirchner
La novedad, por lo tanto, no pareciera ser la de otro capítulo FMI-Argentina. Ahora habría que agregar la probabilidad de una eventual interdicción política. El otoño se inició con un anuncio trascendental: el 21 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Cristina Fernández de Kirchner como participante de “importantes casos de corrupción”; hecho por el cual no puede “ingresar a Estados Unidos”.
Es sabido que, desde hace tiempo, Rubio antipatiza y descalifica a la expresidenta. En enero de 2015 introdujo, como senador, una resolución — que no prosperó — en la que la cuestionaba severamente por desacreditar al fiscal Alberto Nisman, muerto el 18 de enero de ese año. En mayo de 2015 repite, sin éxito, la misma resolución. En diciembre de 2017 reitera, pero con un texto más extenso y otra vez sin éxito, una resolución bastante semejante. En julio de 2022 introdujo una resolución, que tampoco prospera, en el marco de los aniversarios de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en la que recordaba que Nisman había hecho una investigación donde alegaba que CFK había “conspirado para cubrir el involucramiento de Irán en el atentado a la AMIA”. El 10 de diciembre de 2023, Rubio escribió una columna de opinión en La Nación en la que afirmó: “Milei es un aliado y Estados Unidos debería apoyarlo”. Y agregó que el mandatario electo priorizó una visita a Estados Unidos; lo cual “contrasta con el historial de los predecesores socialistas (sic), Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”. El 13 de diciembre — tres días después de la asunción del presidente Javier Milei–, y junto con otros cuatro senadores, le envió una carta al presidente Joe Biden pidiendo sanciones contra CFK por actos de corrupción. Es relevante señalar que un día antes, el 12 de diciembre, el presidente Biden había añadido a la legislación existente, y mediante una proclama presidencial, la prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas (y sus familiares) que hubiesen permitido y facilitado actos corruptos. Para ese momento la administración demócrata ya había designado que varios presidentes de América Latina (Daniel Ortega, de Nicaragua, en 2021; Juan Orlando Hernández, de Honduras, en 2022; Horacio Cartes, de Paraguay, en 2022; Joseph Lambert, de Haití, en 2022; Juan Carlos Varela, de Panamá, en 2023; Rafael Correa, de Ecuador, en 2024; Michel Martelly, de Haití, en 2024) no pudieran entrar en Estados Unidos. El caso de CFK no es único, pero sí singular por el funcionario involucrado (el secretario de Estado, Rubio), su pasado respecto a declaraciones y proyectos sobre la expresidenta, su desempeño como senador en materia de corrupción, así como por las particularidades del gobierno de turno en Washington.
Volviendo a él, en febrero de 2024, Marco Rubio visitó Buenos Aires y elogió al presidente Milei “por salvar a Argentina de un siglo de políticas socialistas desastrosas”. El 20 de febrero de ese año le envió otra carta a Biden; esta vez junto con siete legisladores republicanos: en dicha misiva se subraya que el mandatario estadounidense no designó a CFK por actos de corrupción. De hecho, se critica que hubiese sido designado por actos corruptos el expresidente de Guatemala Alejandro Giammattei, “a pesar de haber sido un firme aliado de Estados Unidos…fortalecido relaciones con Taiwán…denominado a Hezbollah un grupo terrorista…(y) respaldado el derecho de autodefensa de Israel”. (Conviene recordar que, respecto a Guatemala, en 2018 Marco Rubio fue un participante clave en la protección de la elite corrupta en ese país). Para Rubio y el resto de los legisladores firmantes, el presidente Biden abusó de las facultades que poseía en materia de corrupción afectando, en la práctica, los intereses nacionales de Estados Unidos. Y, por último, en julio de 2024, el senador introdujo otra resolución similar a la de 2022.
Se puede observar, por lo tanto, que Marco Rubio identificó, desde hace años e insistentemente, a Cristina Fernández de Kirchner como un foco adicional de su ofuscación ideológica con buena parte de los mandatarios de la región: con su llegada, se instauró una “línea dura” en el Departamento de Estado, especialmente respecto de América Latina, con el ánimo de disciplinar a una región en la que Washington ha venido perdiendo influencia y prestigio a costa del creciente compromiso de Beijing con el área. Ello, a su vez, en el contexto de un posicionamiento categórico en cuanto a sus aversiones mayores — China, Irán, Cuba, Venezuela, en particular — y sus respaldos activos — Israel y los gobiernos de derecha en América Latina — . La coincidencia con el gobierno de Milei resulta, en consecuencia, obvia debido a los afectos y desafectos compartidos.
Ahora bien, el interés y la preocupación de Marco Rubio por la corrupción en la Argentina pareciera no ser proporcional a su celo anticorrupción en Estados Unidos. La organización End Citizens United, que cuenta con cuatro millones de miembros, evalúa la labor legislativa en materia de leyes para combatir la corrupción, así como el respaldo de los parlamentarios a favor de la transparencia, la ética y los derechos de los votantes. Esa institución le otorgó al senador Rubio una “F” (una calificación reprobatoria) en 2022 debido a que “votó en contra de todo intento por proteger la democracia”. En 2024 siguió recibiendo una “F”.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, un mes antes de retirarle la posibilidad a CFK de ingresar a Estados Unidos, el periplo del secretario Rubio por América Central de principios de febrero de 2025 no incluyó en la agenda de sus citas el asunto de la corrupción, según Benjamin Gedan, del Programa Latinoamericano del Wilson Center. A su vez, el 10 de febrero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que suspendió la ejecución de la ley de prácticas corruptas en el exterior de 1977, que prohíbe a empresas y personas ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros. Asimismo, y dado los crecientes gestos y medidas internas del Ejecutivo, Jodi Vittori, de Georgetown University, se preguntó en marzo si Estados Unidos se había convertido en una cleptocracia, mientras Eduardo Porter en una nota de The Washington Post suplantaba la idea de Make America Great Again por el argumento de Make Corruption Great Again en el inicio del nuevo gobierno de Trump. No sorprende, entonces, que cinco legisladores demócratas (cuatro miembros del Senado y un Representante) le hubieran enviado el 17 de marzo una carta a la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en la que afirmaban que en menos de dos meses la administración Trump 2.0 estaba “batiendo su propio récord — el de Trump 1.0 — en materia de corrupción”.
La política estadounidense contra la corrupción internacional
La política estadounidense, consistente en designar corruptas a altas figuras políticas e inhabilitar su ingreso al país, es de larga data, pero ha cobrado impulso en los últimos tres lustros. Tiene varias características. Primero, es un recurso sancionatorio individual que procura estigmatizar y deslegitimar a mandatarios y ministros. Se encuadra en el repertorio de una diplomacia de punición, cuyo efecto disuasivo — evitar más corrupción — no parece significativo; máxime en un mundo (incluido Estados Unidos) que padece una verdadera pandemia en ese frente. Segundo, se trata de un mecanismo discrecional que ha estado sujeto a críticas, pues su aplicación revela un doble rasero — a unos gobernantes (oponentes) sí, y a otros (amigos) no — de acuerdo con criterios ideológicos del gobierno en Washington y de la valoración geopolítica del país de referencia. La mayoría de los presidentes que tienen prohibido entrar a Estados Unidos en tiempos recientes son de América Latina y de países pequeños en tamaño y población. Tercero, tiene un valor simbólico, pues se entiende que muestra ante la comunidad internacional un compromiso de Estados Unidos frente a la corrupción. Sin embargo, la credibilidad del país en la materia se viene deteriorando: Transparencia Internacional le ha otorgado recientemente el peor rating desde 2012. Cuarto, se asiste a un instrumento jurídico (derivado de leyes y decretos internos estadounidenses) que encierra un mensaje político a aliados y adversarios en un determinado país. Su consecuencia puede ser favorable a los intereses de Washington en el corto plazo, pero también puede ser un búmeran para las preferencias de Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Y quinto, ubica al Ejecutivo en una especie de última instancia supra-jurídica que determina quién y por qué es corrupto/a, así no exista un caso interno de juzgamiento y condena. Eso, a su vez, evidencia la naturaleza asimétrica de la relación entre una potencia y algunas de sus contrapartes. Pero paralelamente es indispensable remarcar que no existe una superioridad moral de la administración Trump en cuestiones de corrupción, y, por lo tanto, no es un “líder” creíble y distinguido en el tema.
Dicho lo anterior, la mezcla de designación y prohibición mencionada expresa una suerte de interdicción política de los países que, ante la irresponsabilidad, discapacidad, negación o inacción interna frente a la corrupción, coadyuvan de facto a que Estados Unidos incida domésticamente en lo que hace a la justicia, con sus eventuales efectos políticos, que pudieran favorecer a unos y desfavorecer a otros.
Por ello, el caso de Cristina Fernández de Kirchner es relevante y emblemático. Se trata de la primera mujer expresidente a la que se le aplica la legislación estadounidense. Se trata, además, de quien fuera mandataria de uno de los tres países más grandes (Brasil, México y Argentina) de Latinoamérica. Se trata, asimismo, de corroborar, una vez más, la disparidad de poder entre Estados Unidos y el país. Se trata, concomitantemente, de sugerir, mediante el anuncio hecho, la condición de aliado del gobierno de Milei al que se busca auxiliar en momentos delicados. Y se trata, a su turno, de enviar un mensaje a la Corte Suprema para que se manifieste finalmente sobre la sentencia a CFK en el caso pendiente. El efecto del anuncio del gobierno estadounidense respecto a Cristina Fernández de Kirchner coincide con las turbulencias económicas mundiales generadas por la política sobre aranceles de Trump y los agites de la política electoral en la Argentina. Mientras tanto la corrupción global es rampante.
Habrá que ver en el futuro cercano si el país queda financiera y políticamente interdicto.
Desde hace casi cuatro décadas, los países rivereños del Atlántico Sur sostienen una interesante, aunque poco conocida, experiencia de integración que, a pesar de haber sufrido ciertas discontinuidades, expresa una voluntad de defensa de intereses comunes en la cuenca. Se trata de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS/ZPCAS), iniciativa interregional que evidencia las potencialidades, ventajas, dificultades y limitaciones de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y que además puede considerarse paradigmática en el análisis de las relaciones entre el Sur Global (SG) y las potencias del Norte.
En tiempos en los que el proyecto atlantista experimenta fuertes tensiones y la Alianza Atlántica evidencia rupturas inimaginables en las décadas pasadas, resulta oportuno poner atención al proceso que impulsan los países suratlánticos, proceso que ha estado marcado por una expresa aspiración de autonomía respecto de las pretensiones hegemónicas de las potencias noratlánticas sobre el Atlántico Sur.
La ZOPACAS fue proclamada en 1986 por resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Es un mecanismo que reúne a veinticuatro Estados de África Occidental y Suramérica que comparten el carácter de países ribereños de la Cuenca del Atlántico Sur, estableciendo una vinculación entre ambas regiones y constituyendo el foro más destacado en cuestiones relativas al Atlántico Sur.
La Resolución 41/11 AGNU creó el marco primigenio de la ZOPACAS, delimitando su espacio geográfico a la “región situada entre África y América del Sur” y estableciendo como sus prioridades la promoción de “una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos vivos y la paz y la seguridad de la región” y la exhortación “a todos los Estados de las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos”. Exhortó además al “respeto de la unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todos los Estados de la región”.
El renovado interés por el Atlántico Sur y su creciente relevancia geopolítica
El Atlántico Sur es una cuenca oceánica y una región geográfica que efectivamente está generando creciente interés. Esto ocurre en tiempos en que las potencias del Norte desempolvan a clásicos de las teorías de la supremacía naval como Alfred T. Mahan y revalorizan en sus estrategias globales de defensa y seguridad internacional la relevancia del control de los mares y de sus recursos para el sostenimiento de sus pretensiones hegemónicas.
La competencia estratégica entre Estados Unidos y China, y el reverdecer del atlantismo –entendido como ideología y como política internacional orientada al mantenimiento del predominio global del occidente desarrollado- que estuvo asociado al auge del neoliberalismo y neoconservadurismo, han dado lugar a una renovada atención a un área del planeta que ha sido considerada periférica.
Sin embargo, la relevancia del área debe ser abordada teniendo en cuenta no solo la perspectiva atlantista de las grandes potencias, análisis que estaba en el centro de las preocupaciones teóricas de Mahan. Como señala Ayuso (2013) existen viejos y nuevos actores en el Atlántico e históricamente “no ha funcionado como una unidad coherente (…) Por el contrario, nos encontramos ante un espacio abierto, formado por varias comunidades que se interrelacionan entre sí”, con la proliferación de iniciativas entre diferentes actores, tanto en el Norte como en el Sur, que enfrenta al concepto tradicional de Comunidad Atlántica, identificado por las relaciones interoceánicas del Atlántico Norte y dominado por cuestiones relacionadas con la seguridad.
En relación al Atlántico Sur, la perspectiva eurocentrista y las miradas hegemónicas en las disciplinas de las Relaciones Internacionales y la Geopolítica han puesto foco en la relevancia que el Norte atribuye al Atlántico Sur, despreciando el valor asignado por los propios actores estatales y no estatales de la región. Si bien nos encontramos aún lejos de la creación de una comunidad epistémica que sería importante para sustentar el impulso de relaciones entre países a ambos lados del Atlántico Sur (Freres, 2013), crece entre los países de la región una “conciencia marítima” y con ella el interés por reflexionar sobre los procesos de integración y cooperación en ese espacio.
Desde una perspectiva histórica, durante el período colonial se extendieron por el Atlántico las rutas de colonización de las potencias europeas y el tráfico esclavista entre África y América a través de los navíos negreros (Abdenur y De Souza Neto, 2014). El Atlántico Sur y el Caribe, fueron también escenario de la piratería, el corso y las invasiones militares británicas, francesas y holandesas dirigidas contra posesiones españolas y portuguesas.
La lucha por la independencia en Suramérica y la consolidación de los nuevos Estados nacionales se desplegó tanto en la tierra como en los mares y fue coetánea con el esfuerzo puesto por las nacientes repúblicas en la acción tendiente a repeler las agresiones de las potencias imperialistas en ascenso. Ejemplos de ello fueron los rechazos a las incursiones y bloqueos navales anglo-franceses en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX y las disputas de soberanía con el Reino Unido entabladas tanto por Argentina respecto de las Islas Malvinas, aún pendiente de resolución, como por Brasil respecto de la Ilha de Trindade, resuelta por la vía diplomática a fines del siglo XIX.[1]
La Guerra Fría, la emergencia del Sur y la creación de la ZOPACAS
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Atlántico Sur fue escenario periférico de las operaciones militares entre los aliados y Alemania (Abdenur y De Sousa Neto, 2014). Durante la Guerra Fría el área se convirtió en escenario del juego de poder bipolar.
La atención de los Estados suratlánticos africanos en los asuntos marítimos es, comparada con la de los Estados suramericanos, lógicamente más reciente. Los procesos de descolonización y de independencia del siglo XX estuvieron asociados con la afirmación de soberanía territorial de cada nuevo Estado y la asunción de la tarea de defensa de la integridad territorial. En ese contexto, los Estados africanos fueron incorporando cada vez más intensamente una agenda marítima, sobre todo ligada al transporte y al combate del flagelo de la piratería.
El siglo XX fue testigo de cambios importantes en las dimensiones geopolítica, económica y ambiental del escenario internacional que tuvieron impacto en el Atlántico Sur y fueron el marco del surgimiento de la iniciativa de la ZOPACAS.
En la dimensión geopolítica, la Guerra Fría seguía configurando las relaciones de poder mundial en los dos polos que representaban los bloques capitalista y soviético. Si bien las políticas de distención habían dejado a los países del Tercer Mundo cierto margen de maniobra, los recelos y desconfianzas entre las dos superpotencias nucleares persistían.
En este contexto, el Conflicto del Atlántico Sur de 1982 fue atípico si se tienen en cuenta los parámetros de la época: se trató de un enfrentamiento entre un país en desarrollo del Tercer Mundo occidental con una potencia occidental de primer orden del mundo desarrollado, con poder militar convencional y nuclear. Este conflicto bélico puso en evidencia internacionalmente la persistencia del colonialismo británico no solo en Malvinas, sino también del carácter estratégico de las otras posesiones británicas coloniales entre África y América del Sur: Santa Elena, Tristán de Acuña y Ascensión.
La guerra de Malvinas dio lugar a un proceso de militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. La presunción de la introducción de armas nucleares durante el conflicto bélico y la militarización del archipiélago dio lugar a denuncias de la República Argentina que tuvieron eco en ZOPACAS. La desclasificación de archivos británicos permitió confirmar la introducción de gran parte del arsenal nuclear británico en el área de conflicto.
La adopción de la Resolución 41/11 AGNU representaba un límite a la posibilidad de concreción de proyectos como la South Atlántic Treaty Organisation (SATO), impulsada en 1976 por EE.UU., Sudáfrica y Argentina y que intentó reimpulsarse en los años 90. (Suárez de Vivero et al, 2023).
La desmilitarización y eliminación de la presencia de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el Atlántico Sur quedó de esta manera incorporada al derecho internacional, reforzando y dándole alcance global al mecanismo que ya regía en América Latina, el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) de 1967. África adoptaría en 1996 un tratado de similares alcances, el Tratado de Pelindaba.
En la dimensión económica, los países suratlánticos han adquirido una mayor conciencia de la importancia de la existencia de cuantiosos recursos naturales (pesqueros, hidrocarburíferos y minerales), del potencial que las relaciones económicas entre los países costeros representa como puente entre los países africanos y suramericanos, su posición estratégica para el acceso al continente antártico y el gradual aumento del transporte interoceánico hacia el Pacífico Sur y hacia el Índico a través de sus aguas (Abdenur y De Sousa Neto, 2014; Magnani, 2020; Reyes, 2021; Freres, 2013).
El Norte Global también juega sus intereses en este escenario. Desde 1975, el Reino Unido ha ajustado sus prioridades estratégicas e intereses en el Atlántico Sur a lo surgido del informe del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Birmingham denominado «Geology of the Region around the Falkland Islands» y, sobre todo, del Informe Shackleton presentado en julio de 1976 que llamó la atención sobre el potencial de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en torno a las islas Malvinas.
Asimismo, las transnacionales estadounidenses y europeas participan con sus inversiones en actividades extractivas en África y Suramérica, tanto en la pesca como en la explotación hidrocarburífera offshore. Pero lo que es mucho más determinante: el eje Atlantista liderado por EE.UU. ha puesto en la mira a la significativa presencia de las inversiones chinas en África y Suramérica y a una supuesta apuesta geopolítica del gigante asiático a incrementar su influencia en el área suratlántica a través del control de infraestructuras portuarias y del “saqueo” del recurso pesquero en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva argentina.
En la dimensión multilateral y ambiental, las negociaciones internacionales sobre el derecho del mar dieron como resultado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), aprobada en 1982 y cuya entrada en vigencia se concretó en 1994. Los países africanos, latinoamericanos y caribeños y asiáticos, articulados en el Grupo de los 77 tuvieron un destacado papel en las negociaciones que dieron lugar a la adopción de la CONVEMAR, introduciendo criterios de enorme interés para Brasil, Argentina y los países ribereños africanos, como fue la extensión de las Zonas Económicas Exclusivas hasta las 200 millas marinas. Una década después, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992, significó un avance hacia el nuevo paradigma del desarrollo sostenible y fue también testigo de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al respecto, son oportunas las advertencias de Abdenur (2021) acerca de la política de securitización de la agenda ambiental y climática promovida por las potencias del Norte desarrollado. Este intento se manifestó en la iniciativa estadounidense de Asociación para la Cooperación Atlántica que tomó forma en los años 2022 y 2023.
Multilateralismo, regionalismo y comunidad suratlántica
El nacimiento de ZOPACAS es fruto del multilateralismo y estuvo asociado temporal y conceptualmente con el proceso de negociaciones ocurrido en el seno de la ONU a partir de una iniciativa de Brasil. Asimismo, ha sido un espacio en el que se ha manifestado de manera significativa el espíritu de Bandung, las luchas y reivindicaciones del Tercer Mundo, el rol del G-77 en la arena multilateral, la emergencia del Sur Global (SG) y el impulso de la Cooperación Sur-Sur (CSS). Sus declaraciones y planes de acción dan cuenta de ello. Cabe tener presente al respecto el lúcido la relevancia que tienen las coaliciones de los países en desarrollo, aunque también de la fragilidad que presentan las mismas y que son bienvenidas por los promotores de la globalización neoliberal en el marco de lo que define como paradoja de la globalización: integración económica al mismo tiempo que fragmentación (Faundez, 2015).
ZOPACAS se puede enmarcar como una experiencia del multi-regionalismo, como una alternativa frente a la crisis del multilateralismo (Jaldi, 2023). Vinculados por un pasado común de lucha contra el colonialismo y un presente en que enfrentan amenazas y desafíos comunes, especialmente provenientes de las prácticas neocoloniales de las grandes potencias, los países que integran a este mecanismo exhiben también diferencias evidenciadas, entre otros factores, por el tamaño de sus economías y el peso relativo que cada uno tiene en el escenario internacional, regional e interregional. Incluso la dinámica de los países del SG suele estar marcada frecuentemente por intereses, motivaciones y dinámicas competitivas propias de los países en desarrollo, formando coaliciones interregionales más laxas o manteniendo posiciones más fragmentadas frente a situaciones particulares, con lo que el uso de la etiqueta de SG debe realizarse evitando suponer una coherencia y solidaridad en el posicionamiento de los actores que no siempre existe (Abdenur, 2021).
Hay dos líneas de enfoques teóricos que resultan interesantes no solo en la conceptualización de lo que es ZOPACAS, sino también como aportes a la clarificación de los caminos que puede transitar a futuro en pos de su fortalecimiento.
El primero proviene de la conceptualización de Abdenur y De Sousa Neto (2014) de “región en construcción” a partir de un “cinturón de buena voluntad” que busca la “construcción de una identidad regional”. Este enfoque ha sido desarrollado para explicar la estrategia de Brasil como region-builder, tras el objetivo de asegurar la soberanía brasileña sobre su espacio marítimo, consolidar su liderazgo e influencia en la región y garantizar un mayor protagonismo internacional desde una sólida posición regional en el espacio suratlántico. Sostienen que tal estrategia se basa tanto en la promoción de intereses comunes con los otros países de la Zona como también en el intento de minimizar el involucramiento de actores externos a la región. Si bien este enfoque es parte de un debate brasileño, ofrece elementos que pueden servir de referencia para la definición de los niveles de involucramiento de otros países, como la Argentina, en ese proceso de construcción.
El otro enfoque pone énfasis en el concepto de comunidad de intereses. Dorval Brunelle (2013) distingue al menos tres comunidades importantes en el Atlántico: una enmarcada por el Norte, otra por el Sur y una tercera formada por los países de la comunidad del Caribe que, aunque de menor dimensión, tiene unas características específicas propias. Considera que aun cuando la comunidad del Atlántico Norte sigue siendo el vínculo más fuerte a través del océano Atlántico en términos económicos como políticos, su importancia relativa está decreciendo ante el surgimiento de múltiples niveles de participación que se desarrollan a través del espacio atlántico y con socios en otras regiones. El autor considera que “Cuando se habla del Atlántico y de «transatlantismo», todavía se omite a menudo señalar y subrayar las transformaciones que se están produciendo en las relaciones Sur-Sur y, sobre todo, la posibilidad de que pueda existir algo parecido a una comunidad histórica del Atlántico Sur en torno al eje formado por Brasil y Sudáfrica. El establecimiento de una Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) a instancia de Brasil, en 1986, marca un cambio de enfoque y de estrategia a la vez importante, significativo y revelador por parte de los países implicados. Se trataba entonces –tras el retorno a la democracia en Brasil y Argentina– de apuntar a dos objetivos: el primero consistía en distanciarse del enfrentamiento entre el Este y el Oeste y sus ramificaciones en Namibia y en Angola –dos guerras en las que estaba implicada Sudáfrica–; y el segundo en sustraer al Atlántico Sur de las veleidades de remilitarización encabezadas por Estados Unidos y el Reino Unido tras la guerra de las Malvinas”.
Aun cuando el análisis de este autor apunta a la posibilidad de una articulación entre las distintas comunidades que identifica en el Atlántico, situación que desde mi punto de vista siempre tendrá que lidiar con los proyectos hegemónicos de las potencias del Norte, aporta elementos muy interesantes para pensar y proyectar la iniciativa suratlantista.
En la misma línea, Freres (2013) enfatiza en la existencia de una comunidad de intereses en esta región, configurados por la cada vez más significativa articulación entre los Estados africanos y latinoamericanos.
De lo dicho hasta aquí resulta claro que el Atlántico Sur no constituye meramente un espacio geográfico y geopolítico disputado por potencias extrarregionales, un objeto a disposición de la dominación de las potencias que sostienen pretensiones neocoloniales o disputado por las superpotencias. Es un ámbito de relacionamiento regional e interregional, en el que interactúan actores internacionales claramente identificables y con procesos que, a pesar de las dificultades que exhiben, se encuentran en marcha. Lo que fue objeto de dominación para las potencias occidentales se ha convertido en un interesante semillero de relaciones internacionales de integración interregional y cooperación entre los Estados africanos y suramericanos.
Presente y futuro de la ZOPACAS
Si bien la dinámica de trabajo de la ZOPACAS ha presentado discontinuidades y, en ciertos periodos, estancamiento, ha demostrado ser un espacio de cooperación de significativa relevancia regional y global, la que ha quedado evidenciada en ciertos reflejos reactivos por parte de EE.UU. y Europa, como es la iniciativa denominada Asociación para la Cooperación Atlántica, realizando una activa promoción de la conformación de un espacio de confluencia de países de toda la cuenca atlántica desde el 2022. Ante ello, Brasil y Argentina lograron consolidar una posición común que tuvo como acuerdos centrales la priorización de los intereses compartidos en ZOPACAS y una férrea oposición a la securitización de la cooperación que los países del Norte promueven.
En julio de 2021, fue aprobada por la AGNU una nueva resolución referida a la ZOPACAS, la Resolución 75/312 de la AGNU, en la que además de reiterar los principios y prioridades de la zona repasa los logros en materia de cooperación.
La Cumbre de Mindelo de abril de 2023 fue revitalizadora del espacio. Se concretó a instancias del gobierno argentino (con insistentes gestiones ante los gobiernos de Brasil, Uruguay y Cabo Verde), a partir del interés de aumentar el protagonismo en el Atlántico Sur en el contexto de la iniciativa Pampa Azul y del incremento de presión sobre el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.
El cambio de enfoque de la administración del presidente Milei, marcada por sus ataques al multilateralismo, las rupturas producidas con los países de la región y la ausencia de interés por África, hace previsible una degradación de la cooperación en el marco de ZOPACAS y de la CSS en general. Pero sobre todo ejecuta un alineamiento atlantista de graves consecuencias para la política exterior y de defensa de la Argentina.
Sin embargo, es de suponer que la decisión adoptada en Mindelo de concretar la próxima cumbre en Brasil en 2026, en conmemoración de los 40 años de la Resolución 41/11, asegura la continuidad del mecanismo por la fuerte voluntad dinamizadora que el gobierno del presidente Lula le ha puesto a esta iniciativa de cooperación e integración interregional.
Bibliografía:
ABDENUR, Adriana Erthal (2021) Climate and security: UN agenda-setting and the ‘Global South’, Third World Quarterly, 42:9, 2074-2085, DOI: 10.1080/01436597.2021.1951609
ABDENUR, Adriana Erthal y MARCONDES DE SOUZA NETO (2014). O Brasil e a cooperação em defesa: a construção de uma identidade regional no Atlântico Sul. Rev. Bras. Polít. Int. 57 (1): 5-21 [2014] http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201400101
BRUNELL, Dorval (2013). Comunidades atlánticas: asimetrías y convergencias. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.102-103, p. 29-49 . Septiembre 2013
FAUNDEZ, Julio. (2015) Between Bandung and Doha: international economic law and developing countries. Warwick School of Law Research Paper.
FRERES, Christian. Cooperación Sur-Sur. Un elemento clave para el despegue del Atlántico Sur. Revista CIDOB D’Afers Internacionals, N° 102-103, setiembre de 2013. www.redalyc.org
JALDI, A. (2023). The Crisis of Multilateralism viewed from the Global South.
SUÁREZ DE VIVEROS, J. L., Marroni, E. V., Rodríguez Mateos, J. C., de Lima Figueiredo, E., & Rocha Violante, A. (2023). Chapter 11. South “Atlanticism”. In M. Bonnin & S. Lanco Bertrand (Eds.), Marine spatial planning in the tropical Atlantic (1–). IRD Éditions. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.46655
SUÁREZ DE VIVEROS y otros, Chapter 11: South “Atlanticism”. Ocean Governance in a community of interests, en Marine Spatial planning in the Tropical South Atlantic. 2023. www.openedition.org
TIMOSSI, Adriano José. (2019). Developing Country Coalitions in Multilateral Negotiations: Addressing Key Issues and Priorities of the Global South Agenda. Research Paper 98, South Centre, Geneva.
[1] La isla de Trinidad es una isla volcánica perteneciente al Brasil en las zonas cuasiecuatoriales del océano Atlántico, a aproximadamente 1150 kilómetros de las costas de América del Sur. Hasta fines del siglo XIX fue posesión del Reino Unido. Junto con Martim Vaz forma parte del archipiélago de Trinidad y Martín Vaz. En 1895, tras varios periodos de ocupación británica, los esfuerzos diplomáticos de Brasil ayudado por Portugal lograron que el Reino Unido cediera definitivamente esta isla a Brasil. Esto fue ratificado pacíficamente el 24 de enero de 1897
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Las políticas económicas, sociales, de salud, de educación, de seguridad, etc., del Presidente Milei y de todo su equipo son insustentables en términos sociales y económicos. Sólo pueden mantenerse endeudando al país y malvendiendo divisas para sostener la bicicleta financiera, aceptando condiciones contrarias a los intereses sociales y nacionales en busca de un “arreglo” con el FMI y en beneficio del capital financiero.
Son persistentes y progresivas la destrucción del entramado socioproductivo; la represión sin miramiento sobre personas que han trabajado toda su vida y contra todo reclamo de derechos, y la gobernación por decreto, que promueve una cada vez más acentuada crisis social, económica, financiera e institucional. El Poder Ejecutivo se desenvuelve con complicidades con los poderes Legislativo y Judicial e incumpliendo sistemática y permanentemente con la Constitución nacional que juró respetar y hacer respetar.
La deuda pública aumentó en más de 100.000 millones de dólares y ahora se pretende un crédito del FMI que permita terminar financieramente el año 2025 y asegure el pago de la deuda, incluidas las obligaciones en pesos y la compra de divisas a su vencimiento, en una nueva escala de endeudamiento y fuga de capitales, como ya hizo Luis Caputo cuando fue presidente del BCRA de junio a septiembre de 2018.
El gobierno, desde enero de 2024 a febrero de 2025, dejó de percibir 18.400 millones de dólares por el llamado “dólar blend”, que permite a los exportadores no liquidar el 20% de sus ventas externas. A su vez, intervino directamente en el mercado de cambio vendiendo dólares billetes y títulos del Tesoro dolarizados por unos 3.600 millones de dólares. Todo conforma un total de 22.000 millones de dólares, cifra mayor que la deuda que buscan contraer con el FMI. Debe sumarse la venta de dólares del BCRA en marzo de 2025, que, del 14 al 28 de ese mes y con el fin de frenar el derrape cambiario, fue de no menos de 1.800 millones de dólares.
El generoso blanqueo de capitales permitió el ingreso de fondos que fueron depositados en los bancos. Una parte se convirtió en crédito al sector privado. Los tomadores de esos préstamos vendieron los dólares al Banco Central. El BCRA compró los dólares y se los vendió al Tesoro, que los empleó para intervenir en los distintos mercados de cambio del país y para pagar intereses de la deuda externa.
Desde el comienzo del corriente mes de marzo de 2025, no solo se frenó el proceso, sino que, por el contrario, se desarmaron posiciones en pesos para comprar dólares. Esa es la razón por la que el BCRA debió vender en forma sistemática y creciente dólares de las reservas brutas, que eran de 28.405 millones de dólares al 31 de enero de 2025 y pasaron a ser de 26.006 millones de dólares al 26 de marzo de 2025. El precio del dólar CCL era de 1.197 pesos al 31 de enero y pasó a ser de 1.309 pesos al viernes 28 de marzo de 2025.
La Secretaría de Finanzas tuvo que financiar la deuda en pesos con letras del Tesoro capitalizables (Lecap) a plazos cada vez más cortos. Esto significó que una parte mayor del capital que se debía estaba a plazos de 30 días y a una tasa fija más alta, alrededor del 2,8% mensual.
En la licitación del jueves 27 de marzo de 2025, vencían 9,2 billones de pesos y renovó solamente 6,3 billones; es decir que 2,9 billones de pesos quedaron en pesos en poder de los bonistas. Además, de esos 6,3 billones de pesos, captó fondos a 30 días a una tasa del 2,79% mensual y a 60 y 90 días a una tasa de 2,8% mensual, pero debió recurrir a bonos ajustados por inflación (los Boncer) más un plus para arribar a octubre de 2025 y por dólar oficial (dólar linked, que protege a los tenedores en caso de una devaluación), menos un interés del 1,98% para llegar a octubre de 2025 y sin interés para arribar al 16 de enero de 2026. Así, ganan con la devaluación esperada. Los que prefirieron retirar los pesos no confían en que el gobierno cumpla con los vencimientos y “reperfile” prorrogándolo como hizo Mauricio Macri al final de su gestión, por eso no compraron ni Boncer ni títulos dólar linked.
En las últimas tres licitaciones, las Lecap de menos de 60 días representaron cerca del 50% del total adjudicado; el jueves 27 representaron el 75% de las adjudicaciones, una señal clara de que cada vez es a menos plazo, máxime que uno de los grandes compradores de las Lecap licitadas el 27 de marzo de 2025 fue el Banco de la Nación Argentina. Por ende, los poseedores de títulos públicos que no recompraron en la licitación mencionada agrandan los 2,9 billones de pesos, suma que van a percibir en pesos el lunes 31 de marzo y que seguramente se convertirá en dólares billetes.
Paralelamente el día jueves 27 de marzo de 2025, la vocera del FMI, Julie Kozack, desmintiendo al Ministro Caputo y al Presidente Milei, afirmó que “como en todos los créditos del FMI, los desembolsos vendrán en tramos a lo largo de la vida del programa. Pero el monto total, las fases exactas y el tamaño de cada tramo son también parte de las conversaciones que se están manteniendo con el gobierno argentino”. El Presidente Milei había dicho el 1 de marzo de 2025, al inaugurar las sesiones ordinarias, que el acuerdo estaba terminado y que “faltaba ponerle el moño”, y el 27 de marzo de 2025, en entrevista radial con Luis Majul, dijo textualmente: “Lo que manifestó hoy el ministro de Economía Luis Caputo es que la operación en la que estamos trabajando es por 20.000 millones de dólares que, sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y el CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares”.
El grado de incoherencia es menor que la falta a la verdad. Crean una mentira para los demás y se la terminan creyendo ellos.
Todos los organismos de crédito nombrados por el Presidente Milei (Banco Mundial, el BID y el CAF) otorgan créditos contra certificados de obra, con un gobierno que ha paralizado la mayor parte de la obra pública nacional.
La verdad de la trama
Las reservas netas del Banco Central son cada vez más negativas, y desde junio de 2024 la cuenta corriente cambiaria está en rojo. Esta situación fue compensada hasta febrero 2025 con los ingresos de divisas a través de la cuenta capital (el ingreso de dólares a la economía se genera principalmente por el blanqueo de capitales o por nueva deuda).
El mercado percibe que el camino no está allanado como se muestra en los informes de las consultoras, en las declaraciones de los funcionarios, en los portales financieros de Estados Unidos y en los reportes de los bancos de inversión internacionales. Esta situación puede observarse en el precio de los activos bursátiles. Los bonos soberanos en moneda extranjera acumulan este año bajas de hasta 25%, el riesgo país volvió a subir para cerrar en 777 puntos el viernes 28 de marzo, y las acciones de la bolsa porteña (y los ADRs de Wall Street) muestran una volatilidad que va más allá de la toma de ganancias.
El sostén del gobierno de Milei reside en los grandes fondos financieros de Manhattan [1], principales poseedores de los títulos de deuda en divisas y en pesos, que han ganado fortuna con el carry trade, saben que deben ir saliendo de esa posición y pretenden que el daño sea el menor posible. Por eso presionan por una devaluación ordenada de nuestra moneda, a la par que quieren instrumentar esos títulos por nuestros recursos naturales. De allí que las provincias, a quienes por la reforma constitucional de 1994 se les confirió la propiedad originaria de los recursos naturales de su territorio, incluyendo el subsuelo, debieron adherirse al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
Tampoco es muy clara la posición del capital local nucleado principalmente en AEA (Asociación Empresaria Argentina) [2], que apoya decididamente la reducción del Estado a como dé lugar y propicia las reformas tributaria y laboral. Pero están las que participan activamente en el carry trade y las que tienen deudas en dólares, y si en gran parte han logrado obtener fuertes ganancias, fue por ampliar el margen de estas, ante una generalizada merma en sus ventas en el mercado interno.
La renuncia del equipo en pleno de Caputo y Bausili les permitiría colocar a sus técnicos y hombres de confianza, revirtiendo la alianza con el capital financiero de Manhattan, y ser ellos los que adopten las decisiones.
Con una conformación compleja, “el campo” nucleado principalmente en el Consejo Agrario Argentino [3], propicia una fuerte devaluación al representar el 60% de nuestras exportaciones, pero tiene fuertes lazos con el capital financiero de Manhattan, principal accionista de los pools de siembra y socio menor —pero con poder financiero— de las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios.
Son grandes empresas locales (que forman parte de AEA y/o del Consejo Agrario Argentino) las que, según informa el BCRA, contrajeron deuda externa con vencimientos de corto plazo por 27.400 millones de dólares y que se ven obligadas a comprar las divisas ante la posibilidad de que los acreedores no renueven total o parcialmente esa suma [4].
Y el FMI, que ante la pasividad de los actores nombrados, incapaz de invertir en el país salvo que tenga renta asegurada (como es el caso de Vaca Muerta y con temor a que un nuevo gobierno cambie las reglas de juego), hace de financista de última instancia. Con la paradoja de que el cuerpo técnico del organismo encabezado por Luis Cubbedu (es el número dos del Departamento Occidental que dirige Rodrigo Valdés) le dijo al ministro Luis Caputo el 28 de enero de 2025 que debían ir a una banda de flotación cambiaria y abandonar el carry trade.
La decisión la toma el Board del FMI, que no es ajeno a la presión política del gobierno de Donald Trump, como este no es ajeno a la presión del capital financiero de Manhattan.
Pero de una manera u otra saben que el carry trade se agotó; le dio pingües beneficios a la minoría rentista y parásita de especuladores, pero el FMI les exige devaluar y una mayor injerencia de sus técnicos en el diseño de la política económica.
En síntesis
Pese a que el BCRA autorizó el 14 de marzo de 2025 a las entidades financieras a distribuir dividendos, tanto locales (bancos Supervielle, Hipotecario, Galicia, etc.) como extranjeras (banco Patagonia, que el 80% de su capital pertenece al Banco Do Brasil, BBVa, Santander, etc.), como una merced más a los principales operadores en la colocación de títulos de deuda pública en pesos, sin embargo, no se renovaron títulos de deuda que vencieron el 27 de marzo de 2025 por 2,9 billones de pesos. Si esa suma (que perciben el lunes 31 de marzo de 2025) se pasa a dólares, será una señal para el resto de los que compraron y/o renovaron las letras y bonos del Tesoro de la Nación.
Si la corrida cambiaria se convierte en corrida bancaria, y no renuevan los plazos fijos y/o retiran pesos y divisas en depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro, implica el colapso del sistema.
Al 21 de marzo de 2025, el total de depósitos en dólares captado por los bancos era de 31.931 millones de dólares, y el crédito por 14.309 millones de dólares; la diferencia, de 17.622 millones de dólares, es encaje en el BCRA, constituyendo reservas internacionales brutas por un total de 26.006 millones de dólares [5].
El grado de fragilidad es enorme, y el miedo de quedar en pesos se agiganta con la salida del carry trade y de los depósitos en los bancos, y por más que el capital financiero de Manhattan trate de aminorar daños, es como la ley de gravedad, que es directamente proporcional a su ineludible peso, pero inversamente proporcional al cuadrado de la desconfianza en este gobierno y en el sistema bancario.
Y esto recién empieza.
[1] BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Greylock y otros.
[2] Grupo Techint de los Rocca, grupo América de los Eurnekían, grupo Aluar de los Madanes Quintanilla, grupo Clarín con Héctor Magnetto de artífice, grupo Arcor de los Pagani, la familia Braun de La Anónima y del Banco Galicia, Grupo Elsztain (Banco Hipotecario, Cresud e IRSA), etc.
[3] Los grandes acopiadores y comercializadores de productos agropecuarios, los Pérez Companc de Molinos Río de la Plata y Molino Agro, FACA, ACA, Viterra, Cargill, ADM, Louis Dreyfus, Consorcio ABC de frigoríficos, etc.
[4] Según la Comisión Nacional de Valores, hasta enero de 2025 las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEIA, etc. colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones al 31 de enero de 2025.
[5] De allí que las reservas netas sean negativas; debe restarse también el swap de la República Popular China por unos 18.000 millones de dólares.
· Para los ansiosos o apurados, mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación.
· Milei ingresa en proceso electoral. Pero las recientes patinadas con el cripto digital le dejaron algunas rasgaduras en el traje. Y recién esto se inicia. También se inician las vueltas con el FMI, todos girando a su alrededor.
· Ciertos indicadores de la coyuntura mejoran: El riesgo país disminuye. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. Otros no tanto, el Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno negativo en apreciación franca. Esperando Milei y Caputo que nadie se ponga nervioso, pero algunos ya están mirando por encima del hombro. Y al FMI.
· Las políticas de Trump, que giran sobre aranceles, el valor del dólar, tipo de cambio real, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones (Canal de Panamá), amistad con Putin (¿se suma Milei?) y dejando a Ucrania a la intemperie. ¿Cuáles serán los problemas resueltos o complicados para el 2025? Lo iremos viendo con Trump, una caja de sorpresas o no tanto. Pero siempre ofreciendo una mala sorpresa.
· Cuando se levante el CEPO, conjeturamos que seguramente será con un tipo de cambio flotante. ¿Cómo se comportará el dólar? ¿Si se mueve para arriba tiene el BCRA dólares para jugarlo a la baja? No lo sabe ni Caputo, lo sabremos cuando el mercado se encuentre sin CEPO y lleguen los esperados dólares del FMI. ¿Vendrá con recomendaciones?
· Tendremos que conjeturar que ocurrirá con la inflación en el horizonte del 2025. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos.
· El dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 irán aumentando armoniosamente, siempre y cuando se cumplan los deseos o conjeturas del gobierno. Es un dúo complicado. Se podría conjeturar que si el gobierno cumple a rajatabla lo que viene diciendo, el dólar mayorista a fin de año, diciembre 2025, debiera alcanzar un ajuste del 15%. Bastante lejos de otras conjeturas. ¿Y el FMI?
· La inflación (alrededor del 2.6 % promedio) en el mes de febrero 2025. Caputo y el BCRA, implementan especialmente medidas alrededor de un ancla fiscal y monetaria, definiendo el superávit fiscal y agregando el valor del tipo de cambio como otra ancla. ¿Con tantas anclas como queda el buque Argentina?
· El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei, “vade retro satanás”. En los meses (12) del 2024 febrero – 2025 febrero, el IPC aumentó el 66 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 27 %. ¿Persistirán en economía y en el BCRA con el módico porcentaje del 1 % mensual en los restantes meses del 2025? De acuerdo a lo escuchado es posible, pero siempre en el corto plazo y que la inflación mensual sea los más reptante cerca del 1 %. ¿Y el FMI?
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que aún no empardan al dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?
Ludwig Wittgenstein, matemático y filósofo austríaco, finalmente lingüista, dijo algo que podría traducirse como “la palabra construye la realidad desde lo objetivo o desde lo imaginario”. Esto parece por demás sensato si se considera la vida (cada vivencia) como el espacio que existe entre el estímulo, sea este externo (desde lo objetivo) o interno (desde nuestra subjetividad) y la respuesta.
Muchos autores han reconocido el papel fundacional de la palabra, el lenguaje, en el desarrollo colaborativo de los homínidos. Podría decirse que montada sobre la necesidad gregaria, por ser una especie que solo puede sobrevivir en comunidad, la aparición del lenguaje, surgido como una necesidad de comunicación creciente, ha sido causa y efecto de la evolución tecnológica de la especie. El uso de herramientas se comparte de unos a otros gracias a la existencia de comunicación.
A partir del lenguaje hay quienes han afirmado que aparece nuestra condición de humanos, la humanidad, y también a partir de esta integración social surgen los primeros derechos otorgados por la comunidad; en principio, el derecho de pertenencia, la dignidad, que no es otra cosa que el derecho a pertenecer a la comunidad, y por añadidura, el derecho a la vida, ya que la comunidad defenderá la vida de sus integrantes satisfaciendo sus necesidades de seguridad, cobijo y alimento.
Continuando este razonamiento, el lenguaje no es solo vehículo del pensamiento, ya que el mismo a partir de la aparición y evolución de ese lenguaje, por una relación dinámica, se fue estructurando de acuerdo a los patrones lingüísticos de los hablantes, generando registros de estos pensamientos en la memoria y siendo también el vehículo de transmisión de nuestros sentimientos a través del lenguaje verbal; el lenguaje no verbal es necesariamente preexistente, determinado por la biología y compartido con otras especies. El lenguaje entonces, posible responsable de que seamos humanos ha marcado nuestra evolución, siendo imposible la evolución tecnológica sin comunicación lingüística.
Si acordamos entonces que el lenguaje ha determinado nuestra condición de humanos y nuestra estructura comunitaria ha implicado la existencia de derechos, en principio a pertenecer y luego a la vida misma, podemos continuar nuestro devenir con respecto a la historia y evolución de esos derechos que, dado que nos corresponden como integrantes de la sociedad humana no serán otra cosa que derechos humanos.
De acuerdo a lo expresado podemos concluir que las comunidades primitivas en los albores de la humanidad se caracterizaron por ser inclusivas, posiblemente no solo por solidaridad ante el semejante sino en defensa propia.
Ya hemos dicho en otros artículos que las cinco cosas por las que los humanos podemos matar o morir son: Comer, que equivale a la economía; No ser comido por un predador, que representa la seguridad; La pulsión sexual y La pertenencia, ambas son combinadas las responsables de los vínculos afectivos y la preservación de la vida y de la especie, y finalmente El poder, que para suerte o desgracia influirá sobre las cuatro primeras.
¿Cuándo las sociedades dejaron de ser inclusivas y como consecuencia de ello comenzaron a violar derechos?
Es dable pensar que a partir del descubrimiento por los humanos de la agricultura y el pastoreo, no necesariamente de manera contemporánea, aparecieron los excedentes de producción. Ya no había solo comida para el día a día sino para días futuros. A partir de estas circunstancias, los más violentos, probablemente no del mismo clan o tribu, pero sí de otros , que no se comportaban como semejantes sino como otros, con otra identidad, se apropiaron de esos excedentes, y a la vez fusionaron comunidades, siendo distintos los dominantes de los dominados.
Todos los derechos para los dominantes y pocos o ninguno para los dominados. Nace la sociedad de la exclusión. Nos guste o no el concepto de propiedad privada es hijo del pillaje y el robo, algunas de las peores características del ser humano.
En la dialéctica del amo y del esclavo, Hegel plantea que dos hombres luchan y el que tiene más miedo a la muerte cede, pasando a ser este el esclavo y el vencedor el amo. Según Hegel el vencido, para sobrevivir generará la cultura. Lo que no queda planteado es que el vencedor, el que no tuvo miedo a morir o por lo menos temió menos en el combate, a partir de convertirse en el amo, adquiere no solo el miedo sino también la paranoia. Aparentemente sería más fácil obtener el poder que conservarlo. De allí en más todo cuestionamiento al poder del dominante a su deseo o voluntad, será reprimido. Esto también genera otra cultura, la de la dominación.
En secuencia lógica, tras la aparición de la propiedad aparece el estado para proteger en principio la propiedad del que domina. Las herramientas que los estados han utilizado a través de los siglos y los milenios para garantizar su poder han comprendido desde el monopolio de la fuerza a la posesión de la representación divina, no casualmente hasta la llamada edad contemporánea todos los estados del planeta fueron teocráticos con un poder pretendidamente vinculado a dios.
Está claro entonces que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los estados o los delegados de estos, por ejemplo paramilitares o ejercitos privados de empresas, legales o ilegales, respaldadas por algunos estados en beneficio de sus clases dominantes; los daños producidos entre miembros de la comunidad son solo delitos, independientemente de la gravedad o de quienes sean los victimizados.
Cuando alguien dijo: donde hay una necesidad nace un derecho, no estaba haciendo un simple enunciado de buena voluntad; estaba hablando desde la voluntad de representar a toda la comunidad, y cuando un juez de la corte suprema de justicia en Argentina dijo que eso no era cierto, lo dijo representando solo a la clase dominante, aunque desde la legalidad democrática él debería representar a toda la sociedad no solo a la clase dominante.
Pero el estado no es ni ha sido necesariamente solo una herramienta de opresión de los pueblos, también ha jugado un papel ordenador de la sociedad en la medida en que desde la legalidad ha representado también un freno para los abusos del poder de una clase dominante siempre ávida. Nos debemos preguntar entonces de dónde ha surgido esta legalidad que pudo poner frenos a los deseos de las clases dominantes. Las leyes que protegen derechos no son graciosas concesiones del poder, son el resultado de la lucha de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida a lo largo de la historia.
Haciendo un análisis de los movimientos políticos de los pueblos a través de la historia vemos que alrededor de la producción de bienes y servicios se han dado varios fenómenos, hubo importantes rebeliones de esclavos como las guerras serviles en el imperio Romano, recordemos a Espartaco, esto si bien terminó en una masacre también hizo pensar al poder en Roma que debía limitar conductas para mejor control de la población.
Por otro lado, en ciertos casos la dificultad para controlar grandes imperios o la poca capacidad productiva de los poderosos en algunas áreas generó una estratificación del poder que permitió la existencia de otros actores económicos que reclamaron espacios y derechos y finalmente poder, llegando así a las revoluciones burguesas de Inglaterra en el siglo XVII y la francesa en el siglo XVIII. En todos estos casos el estrato naciente, la burguesía, tuvo como tropa aportante de sangre a los pueblos, estos sin embargo fueron flacos beneficiarios, aunque la legislación comenzó a incluirlos como ciudadanos y no solo como simples súbditos.
A partir de esto, hay otro salto en la violación de los derechos humanos, no porque dejaran de violarse sino por un cambio de violador, o en muchos casos un nuevo integrante incorporado al conjunto de los violadores.
Aquí debemos entrar en el análisis geopolítco de la historia hasta llegar a la actualidad. Decíamos más arriba que el inicio de la apropiación de los excedentes de producción tal vez haya comenzado cuando un grupo humano atacó a otro para robarle su producción de alimentos y además lo esclavizó para que siguiera produciendo para ellos.
Este esquema fue reproducido permanentemente por los imperios, atacando a otros pueblos, esclavizándolos, y de esa manera, creando para el propio pueblo del agresor, su clase dominada, un enemigo externo. Con esto lograban el doble beneficio de mantener estable el frente interno y como consecuencia de la explotación de los conquistados hacer partícipe al pueblo propio de las migajas de lo robado a esos conquistados (teoría del derrame), el secreto de los estados de bienestar europeo y estadounidense como consecuencia del colonialismo.
A su vez, la clase dominante de los imperios aprendió rápidamente que la clase dominante del país sojuzgado tenía en común con ellos su propia condición de clase dominante por lo cual vió la oportunidad de ponerla a su servicio como gerentes o administradores del dominio. Alejandro Magno casó a sus generales con las hijas de los sátrapas, los gobernadores de las provincias del imperio Persa.
En América Central y del Sur, la liberación del Imperio Español tuvo como condición necesaria la invasión napoleónica a España por un lado y, fundamentalmente, el interés del Imperio Británico que planificó y colaboró con las guerras de independencia, después de haber fracasado en la intención de invadir militarmente. Recordemos que después del 25 de mayo de 1810, el 29 de mayo, la primera junta decretó el libre comercio y los barcos británicos que se encontraban anclados a 100 millas arribaron al puerto de Buenos Aires. Nosotros tenemos una clase dominante servil del imperio británico y luego del norteamericano. No menciono a los pueblos originarios ya que ellos, al menos en nuestro país, fueron siempre excluidos.
Una vez más el surgimiento del nuevo estado, supuestamente independiente, generó derechos, pero nunca para todos ni en condición igualitaria.
Hoy basta ver las noticias de cada día para ver cómo las clases dominantes, que representan el totalitarismo corporativo de las multinacionales, viola a través de un estado, desde el derecho a la vida de los palestinos en adelante a todo derecho, avanzando sobre el resto de medio oriente.
A su vez, en nuestro país, la destrucción del aparato productivo, con la consecuente desocupación, la quita de la capacidad adquisitiva a los jubilados, el retiro de sus medicamentos, el ataque a la educación y a la ciencia, y recientemente la violación del derecho constitucional a la protesta y la represión de la misma constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de una clase dominante que actúa como gerente de los intereses del mismo totalitarismo corporativo multinacional que protagoniza el genocidio palestino.
Hablemos sobre los riesgos de invertir en un mercado desregulado como los criptoactivos. Los especialistas en estos temas hemos sido advertidos por el Grupo de Acción Financiera internacional (organismo intergubernamental dedicado a la prevención de delitos económicos) que los activos virtuales con su opacidad como contracara a su libertad de creación y falta de regulación pueden ser utilizados por la delincuencia organizada para generar estafas y lavado de activos. En nuestra regulación administrativa argentina, tenemos algunas alertas/ regulaciones pero recordemos que las cripto no están regulados en leyes específicas.
La regulación financiera y la protección del valor de la moneda son objetivos de los bancos centrales pero que ocurre cuando surgen estos activos virtuales “libres” que en principio no tienen activos reales que los apoyen. En este ecosistema tenemos “memecoins” creadas sin ningún valor aparente mas que tratar de estafar a algunos incautos. Por otro lado tenemos cripto como bitcoin que son creadas para intercambiar activos y comprar bienes/ servicios. Acá vemos la propuesta del Estado de El Salvador que aceptó este activo virtual volátil. Tengamos en cuenta que una moneda como el peso argentino es regulado por ley nacional y algunas veces el Banco Central interviene en el mercado de cambios, por oposición a lo que puede ocurrir en un mercado libre como el de los criptoactivos.
Hemos analizado estos temas desde el 14 de febrero, cuando nuestro presidente de la Nación Argentina pariticipó en una estafa internacional en la que confundía una meme coin con un activo virtual que estaba atado a la producción local real. En este sentido, existen sociedades de Panamá en el medio, fórums de cripto patrocinados por el gobierno nacional y funcionarios nacionales que deberían cumplir con la ley de ética pública dada la responsabilidad con la que el pueblo argentino los galardono a través del voto.
A través de toda esta novela nos replanteamos que significa la libertad, como podemos ejercerla con responsabilidad y proteger al publico inversor de estafas. También hablamos del manejo de información privilegiada y otros artilugios/ fraudes que conocemos desde hace muchos años en las finanzas.
Por último, quiero remarcar el componente de género, ya que la finanzas y la ludopatía parecen ser territorio de varones privilegiados que tienen tiempo de sobra mientras “sus” mujeres realizan tareas de cuidado sin remuneración alguna. En este caso los damnificados por la estafa han sido los votantes de Javier Milei y los que lo apoyaban a nivel mundial.
El poder económico en la Argentina se puede dividir en tres sectores, que están interrelacionados entre sí:
El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros), que tienen como referente a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), presidida por Facundo Gómez Minujín en su carácter de CEO de JP Morgan [1]. La AmCham en el año 2023 estaba conformada por 622 empresas que, a su vez, empleaban directamente a 360.000 personas y representaron el 18,6% del PBI, el 38% de la recaudación fiscal, el 24% de las importaciones y el 28% de las exportaciones de la Argentina. Firmas como J.P. Morgan; Western Union; American Express; Apache Corp; Chevron Petroleum Company; General Motors; Shell Cía. Argentina de Petróleo S. A.; Cohen S. A. sociedad de bolsa; Monsanto Argentina (hoy fusionada con Bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina; Chevrolet S. A., de ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; CNH Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Quimica Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A.; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlántico S. A.; SC Johnson & Son de Argentina S. A.; Pfizer, etc. En todas ellas tiene participación accionaria y/o reciben créditos del capital financiero de Manhattan.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyos principales directivos son Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Pérez Companc (Molinos Agro), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (PAE), etc.
El Consejo Agrario Argentino (CAA) con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO, CRA y Federación Agraria Argentina (FAA), que abarcan prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, ADM, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores.
Desde el inicio del gobierno de Milei, el capital financiero de Manhattan impuso las condiciones a través del ingreso de dólares para convertirlos en títulos públicos en pesos (que se ajustan por inflación o tasa fija, mayor que la devaluación del tipo de cambio) para financiar el déficit fiscal en torno al 5% del PIB y la “bomba” de las Leliq (letras de liquidez del BCRA) heredadas de la administración de Alberto Fernández.
Se observa claramente la renta financiera producida por el carry trade; colocándose en títulos ajustables por IPC (o por tasa fija, que el porcentaje es similar) obtuvieron hasta el viernes pasado ganancias de más del 100% en dólares.
Para seguir sosteniendo el precio del dólar, el gobierno necesita que las compañías privadas sigan endeudándose en divisas y les vendan estas al Banco Central. Hasta enero de 2025, según la CNV (Comisión Nacional de Valores), las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, etc., colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones al 31 de enero de 2025. Ese mecanismo se frenó en marzo de 2025; no se endeudan en dólares y tampoco venden las divisas al BCRA.
Es peor, están desarmando la posición y comprando dólares, de manera tal que en seis días hábiles (del viernes 14 al viernes 21 de marzo de 2025) el BCRA vendió 1.478 millones de dólares de las reservas brutas para pasar a ser de 26.626 millones de dólares, cuando era de 28.104 millones el jueves 13 de marzo de 2025.
El gobierno no tiene herramientas para volver a financiarse en los mercados internacionales de créditos. El REPO con las barras de oro (por 2.500 millones de dólares que quedaron afuera del país) no se pudo realizar porque la jueza Loretta Preska pidió el delivery, obligando a la Argentina a informar de la operación y, ante la posibilidad de que cuando el gobierno quisiera recuperar la garantía, considerando que se trata de una operación comercial y por ende quede fuera de la protección de la inmunidad soberana, la jueza Preska decretará su embargo. A cambio de ello concretó el REPO con cinco bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) por 1.000 millones de dólares el 9 de enero de 2025, entregando BOPREAL por el equivalente a 3.000 millones de dólares como garantía, a una tasa del 8,8% anual en dólares (cuando el FMI desde agosto 2024 le redujo la tasa a 6,8% anual).
Sin financiamiento, en lo inmediato y en el corto plazo, todo depende sí o sí de la suma que acuerde con el FMI, de allí la emergencia del DNU 179/2025 en que se plantea una nueva deuda de facilidades extendidas a diez años, y que fuera apoyada por el Congreso de la Nación, incumpliendo con el art. 75 de la Constitución nacional.
No se saben el monto y las condiciones, pero es claro que el FMI le exige al gobierno que cese con el dólar “blend”, que desde el 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025 significó, al dejar que el 20% de las exportaciones no ingresen al BCRA, una merma de 18.400 millones de dólares. Medida que exige el FMI y que implícitamente significa una devaluación de nuestra moneda.
El otro problema es el tiempo que va a llevar que ingresen los dólares del FMI, que por menor que sea, las exiguas reservas del BCRA no pueden afrontar. El gobierno quiere que los nuevos dólares del FMI engrosen las reservas para usarlos discrecionalmente en un año electoral, por lo que existe el riesgo de que esta nueva deuda con el FMI termine subsidiando el dólar barato y la salida del negocio del carry trade. Pero más temprano que tarde, el carry trade no va a ser lo que fue, por un lado, y, por otra parte, acelera el proceso de conversión de los títulos de deuda, que este gobierno en 14 meses amplió en 100.476 millones de dólares en patrimonio público.
Modelo extractivista exportador
El gobierno de Milei pagó todo con deuda, incluso ahora con el acuerdo con el FMI; deuda que deberá afrontar el país y para eso propician un modelo extractivista financiero y cancelar dicha deuda con nuestro patrimonio.
El mismo miércoles 19 de marzo de 2025, día en el que vergonzosamente el Congreso de la Nación aprobó el DNU 179/2025, se aprobó el proyecto RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en la construcción del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), por el consorcio conformado por Chevron Argentina S. R. L. y Shell Argentina S. A., asociados a YPF S. A., Vista Energy Argentina S. A. U., Pampa Energía S. A., Pan American Sur S. A., y Pluspetrol S. A., por 2.900 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir de julio de 2027. El proyecto, que originalmente iba a realizar la empresa de Malasia PETRONAS, consiste en construir una plataforma exportadora de energía en la localidad de Punta Colorada en la provincia de Río Negro, que luego se podrá complementar con la exportación de GNL a través de barcos. Tendrá una extensión de 437 kilómetros, contará con una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje. Se fijó como comienzo de la operación comercial el 31 de julio de 2027.
Para la extracción y transporte de petróleo y de gas se necesitan inversiones importantes. La infraestructura es cara y requiere mucho financiamiento. Normalmente, son proyectos a muy largo plazo: 15, 20 años, para poder generar ganancias y cubrir ampliamente los costos. Obviamente que los que realizan la inversión quieren tener la plena garantía de que pueden volver a dólares y girar sus utilidades al exterior.
El RIGI lo posibilita con creces, al generar enclaves económicos extranjeros dentro del país que estarán bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional. Se les da estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación y sin obligación de abastecer al mercado interno.
El Congreso de la Nación, con el voto de 134 diputados y 38 senadores (entre ellos Edgardo Kueider) posibilitó, con la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, que es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, para pagar una deuda que nunca se investigó y que crece exponencialmente por el carry trade.
Por debajo se producen los acuerdos comerciales y financieros entre las empresas locales (que fueron las que inicialmente conformaron el proyecto y luego la ley 27.742), con los grupos extranjeros.
La empresa francesa Total Energies, de muchos años en el país y que participa en Vaca Muerta; sin embargo, no lo hace en la construcción del oleoducto sur porque no quiere realizar la inversión de infraestructura que esta demanda, por lo que prefiere pagar un canon por su uso.
La empresa local Pluspetrol (la mayoría de sus acciones están en poder de la familia Rey Rodríguez) compró los activos de ExxonMobil en la Argentina a finales de 2024 por 1.750 millones de dólares, incluyendo el bloque de Bajo del Choique, uno de los más productivos de Vaca Muerta, que desplaza a una empresa extranjera.
El grupo Eurnekián, que no participa del oleoducto sur, en cambio, se lo compensa con el acuerdo de YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC), para que ingrese en el área de Aguada del Chañar, marcando un paso significativo en su incursión en Vaca Muerta. Y continúan YPF y CGC con la explotación de Palermo Aike,
Tecpetrol, la petrolera de la familia Rocca de Techint (cuyo gerente general hasta el 9 de diciembre de 2023 fue el actual presidente de YPF, Horacio Marín), explota “Los Bastos”, Puesto Parada y “Los Toldos II” en Vaca Muerta y seguramente participará en la licitación en la provisión de los caños sin costuras con sus empresas Tenaris y Ternium o Usiminas de Brasil para el oleoducto sur.
En síntesis
La renta petrolera y gasífera con un barril de petróleo en torno a los 70 dólares es sumamente redituable para la explotación no convencional (por más que Donald Trump delira con un barril de 40 dólares; es obvio que no le creen). Máxime que lo pagan con las ganancias de intereses sobre intereses del carry trade de los 15 meses de Milei, que generó un aumento de la deuda bruta de la Administración nacional de más de cien mil millones de dólares.
Los recursos naturales nos pertenecen a todos y se los apropian el capital extranjero y el local en una asociación espuria y para vender al exterior.
El problema es que el sector que genera el 60% de los ingresos en divisas y que nuclea el Consejo Agrario Argentino pierde el dólar blend, por ende, solo aceptará liquidar sus ventas al exterior con lo que consideren un dólar redituable.
El default del grupo agropecuario “Los Grobo”, de Granja Tres Arroyos, de Molinos Cañuelas, de Lácteos Verónica, de Red Sud, etc., en un contexto en que descienden los precios de las commodities y el dólar tiende a revaluarse, y se les incrementan sus costos en pesos, solo se “licúa” con una importante devaluación del peso.
Pero a su vez necesitan tener un fuerte mercado interno para vender. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Argentino (IDAA) reconoce que en el último año, las exportaciones de carne vacuna llegaron a un récord histórico y aumentaron 12,6% respecto al periodo anterior, pero las exportaciones representan el 30% de la producción y el 70% lo explica un mercado interno donde el consumo de carne por habitante bajó siete kilos en 2024 y quedó por debajo de los 47 kilos anuales.
Los convidados de piedra son la mayoría de los trabajadores, jubilados y pensionados, la construcción, la industria y el comercio ligados al mercado interno.
Es un modelo que enriquece a una minoría, pero a costa del empobrecimiento creciente de la mayoría de la población.
Inadmisible que un país que tiene energía y produce alimentos no sea capaz de conjugar en un proyecto nacional en el que los recursos naturales nos pertenezcan a todos, como rezaba el artículo 40 de la Constitución de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.
[1] Los principales accionistas institucionales de JPMorgan son Vanguard Group Inc., Blackrock Inc., State Street Corporation, Morgan Stanley.
Cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la deuda bruta nacional era de 240.665 millones de dólares, de los cuales casi el 60% era intra sector público; estaba en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc., por lo que la deuda con los organismos internacionales de créditos (BID, Banco Mundial, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, FONPLATA, etc.), que financian básicamente obras públicas, y con los bonistas (colocación de títulos del Tesoro de la Nación en los mercados de valores), no superaba los 96.400 millones de dólares.
Según el último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, al 31 de enero de 2025, dicha deuda pasó a ser de 467.788 millones de dólares, principalmente con el FMI (con un acuerdo firmado el 18 de junio de 2018 en el gobierno de Macri) y con el capital financiero con base en Manhattan (por ejemplo, Larry Fink, CEO de BlackRock, referente del capital financiero de Nueva York, que vino por primera vez a la Argentina en octubre de 2016, por una audiencia que le concedió el Presidente Macri en la Casa Rosada [1]) .
La pregunta obligada es si aumentó tanto la deuda bruta nacional, en qué se gastó. El puerto de Rosario sigue siendo administrado por una UTE (unión temporal de empresas), el río Paraná se concesiona y se lo denomina hidrovía, seguimos sin tener una marina mercante de bandera, el déficit habitacional aumentó en ese lapso y no se construyeron nuevas viviendas, etc.
La deuda pública la contrae el Tesoro de la Nación, pero salvo los pagos de intereses y capital de deuda, la mayor parte se emplea para pagar gastos que son en pesos: jubilaciones y pensiones, salarios a las Fuerzas Armadas y de seguridad (más de la mitad de las erogaciones en remuneraciones de la Administración nacional), al resto del personal público, transferencias y subsidios, licitaciones y contratos, etc., que son en pesos. Así, el Estado le vende los dólares que tomó en deuda externa al BCRA a cambio de pesos. Y el BCRA, en lugar de conservar esos dólares, los vende al tipo de cambio oficial a los bancos, y estos los compran para sí o para sus clientes.
Endeudamiento y fuga de capitales
La deuda pública nunca fue investigada, cuando había (y hay) pruebas fehacientes de doble contabilidad de las empresas y de las personas que compraron esas divisas a los bancos.
Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demostró que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares, prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional de ese gobierno.
Es más, ese informe sostiene que en total 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares (que son empresas) adquirieron 24.679 millones de dólares. Nunca el BCRA reveló quiénes son esas 100 firmas, pero sí lo hizo El Cohete a la Luna en su nota titulada “Los 100 de Macri” del 24 de mayo de 2020.
Esa lista de los principales compradores de divisas se debe cotejar con las memorias y balances que publican anualmente las empresas. Estamos hablando de posesión de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de dólares que compraron y que debería estar en poder de las firmas, dado que en esos años fue legal su adquisición, ya que en diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos eliminó el programa de consultas de operaciones cambiarias de la AFIP y levantaron la restricción de comprar 2.000 dólares por persona física y jurídica y por mes, para pasar a ser de 2.000.000 de dólares. En mayo de 2016, el BCRA amplió dicho límite a 5.000.000 mensuales y en agosto de 2016 no se puso ningún límite a las operaciones en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.
El senador Oscar Parrilli (exp. 0016-S-2022) presentó en el año 2022 un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Diputados, y que nunca fue llevado al recinto para su tratamiento. En este propone la creación de un fondo nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de la investigación pertinente, y gravar y multar a quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron manifiestamente del acuerdo contraído ilegalmente con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri y con posterioridad.
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hicimos un estudio de los balances de gran parte de esas 100 empresas y ninguna de ellas pudo demostrar en sus estados contables de dónde obtuvieron el dinero para comprar las divisas. Estudio que conoce el senador Oscar Parrilli y que motivó el proyecto de ley.
El Congreso de la Nación
Todos sus miembros pueden recitar de memoria el art. 75 de la Constitución nacional, donde expresamente se afirma que es al Poder Legislativo al que le compete arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y aprobar o rechazar tratados y concordatos con organizaciones internacionales como es el FMI.
Sin embargo, el Presidente Milei decide informar en un comunicado oficial del día 6 de marzo de 2025 que va a enviar un pedido de apoyo del Congreso de la Nación a su tratativa de un nuevo acuerdo con el FMI. No el acuerdo, sino que el Poder Legislativo apoye la negociación de su gobierno con el FMI.
El gobierno, según dejó trascender, acuerda con el FMI una ampliación del crédito vigente y solicita un refuerzo hasta alcanzar los 20.000 millones de dólares. El problema se centra en que el gobierno no cumplió en el IV trimestre de 2024 con el incremento de las reservas internacionales netas del BCRA. Y para que le amplíen el crédito, debe cumplir con una serie de condiciones que el mismo gobierno de Javier Milei se niega a dar a conocer al Congreso de la Nación.
Las condicionalidades del FMI no se hicieron públicas, pero son fáciles de prever. Van a exigir que aumenten las reservas internacionales a como dé lugar: levantar programas enteros de salud o educación, paralizar la obra pública o, peor, privatizar el gasoducto Néstor Kirchner que fue financiado por el erario público, por ejemplo. No interesa el cómo, solo el objetivo de que la Administración nacional obtenga un superávit primario que le permita comprar las divisas que trimestre a trimestre exige el FMI.
La ministra Silvina Batakis y la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, se reunieron en julio de 2022, junto al director ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y le plantearon a la ministra argentina que el país debía volver al sistema de capitalización previsional, lo que obviamente no aceptó.
El gobierno de Milei, al dictar a fines de marzo de 2024 el DNU 274/24, que cambió la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609 de principios del 2021, para impedir que los haberes jubilatorios se recuperen a los niveles de ese año, contó con la complicidad del Congreso, que consintió que se anulara una ley con un decreto.
Es más, a partir del próximo 23 de marzo de 2025, los trabajadores que no cumplieron con 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán jubilarse debido a que ese día llega a su fin la moratoria vigente desde marzo de 2023, que el gobierno de Javier Milei decidió no extender. Se estima que son 250.000 personas que no se pueden jubilar pese a cumplir la edad. El fin de la moratoria implicará que siete de cada 10 adultos mayores que acceden a su jubilación a través del Plan de Pagos de Deuda Previsional que se puso en marcha durante 2023, ya no podrán hacerlo. Como compensación, algunos de ellos percibirán la PUAM siempre que demuestren condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, para cobrar una pensión no contributiva a la que se puede acceder a partir de los 65 años de edad, que en marzo de 2025 es de 223.297,36 pesos, a la que se le suma el bono mensual de 70.000 pesos.
Finalmente desfinancian el sistema previsional cuando eliminan el impuesto PAIS del que el 65% de su recaudación iba al SIPA (Sistema Previsional Argentino) y el 5% al PAMI. Y ahora buscan eliminar el impuesto al cheque (débito y crédito bancario) que en su totalidad financia a la ANSES.
El FMI en su informe sobre la Argentina de 1998 afirmó: «Las autoridades (Menem y Roque Fernández) han acordado convertir al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima durante 1999, como paso previo a su privatización».
El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que es un enclave dentro del derecho argentino, con prerrogativas de menores impuestos, fue, sino sugerido, apoyado por el FMI, en connivencia con los grupos económicos locales que soñaban asociarse con multinacionales para acceder al financiamiento externo, después de haberse endeudado bajo Macri y haber cancelado parte de esa deuda gracias a los dólares baratos que les facilitó el autodestructivo gobierno de Alberto Fernández. Ahora, el capital local se da cuenta de que ocupan un rol muy menor y que el capital financiero en Manhattan va a querer cambiar los títulos de deuda por patrimonio nacional casi sin tenerlos en cuenta.
El ministro Luis Caputo, el 18 de junio de 2018, reemplazó en la presidencia del BCRA a Federico Sturzenegger. El 22 de junio de 2018 ingresaron al BCRA 15.009,7 millones de dólares (ingresaron en dólares billetes que vinieron en avión de las oficinas de Washington del FMI, que se contabilizaron por 10.613,7 millones de DEGs), y el 25 de septiembre de 2018 Caputo debió renunciar a la presidencia del BCRA, por pedido expreso del FMI, porque había vendido (dilapidado sería la palabra correcta) la totalidad del primer tramo del crédito concedido (los 15.009,7 millones de dólares). Sin embargo, ahora se muestra eufórico por el nuevo préstamo del que dice seriamente: “Están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”. Sin embargo, evitó confirmar cuál es el monto acordado y las condicionalidades del nuevo crédito, ya que dijo que “de momento es confidencial”.
En síntesis
Todos los legisladores nacionales (no solo unos pocos) deberían saber el art. 29 de nuestra carta magna: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
[1] Apenas asumió Mauricio Macri la presidencia de la República en diciembre de 2015, tomó deuda en divisas para financiar el déficit fiscal que es en pesos. Primero ingresaron préstamos de los bancos HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citi, Santander, BBVA, Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS y Nomura. Pero tras la salida de capitales por la crisis cambiaria del 25/04/2018, ingresaron fuertemente (ya estaban en el país como socios de empresas miembros de AmCham) los fondos denominados capital financiero de Manhattan: BlackRock, Vanguard, Greylock, Franklin Templeton, Fidelity, y Allianz SE (Pimco), etc.
