Comenté en una nota de octubre de 2018 que quizás fuera pertinente extrapolar la figura jurídica de la interdicción que se aplica usualmente a un individuo y emplearla en el caso de un país. En ese sentido y en materia de política mundial, la interdicción se hace posible cuando Estados influyentes, actores privados poderosos e instituciones internacionales gravitantes le fijan a un gobierno una serie de condiciones, restricciones y recetas para el manejo de una situación interna. El país afectado (en especial, su dirigencia) es percibido como irresponsable, incapaz, inmaduro o indolente; todo lo cual conlleva a que fuerzas externas le establezcan determinados modos de comportamiento, ajuste y cumplimiento. Es bueno advertir que no se trata de un fenómeno unilateral, sino relacional: en la nación interdicta una parte de la elite avala el accionar y las exigencias de aquellas fuerzas, pues obtiene beneficios materiales y políticos. Cabe remarcar, entonces, que la dinámica descrita es notablemente funcional para importantes agentes internos e internacionales. La interdicción, así no lo parezca a primera vista, rinde ciertos frutos para algunos.
El Fondo Monetario Internacional
Veamos ejemplos a modo de ilustración. En 2018, la Argentina aceptó la interdicción. El auxilio solicitado al Fondo Monetario Internacional expuso hasta qué punto el gobierno de entonces se transformó en un sujeto dependiente que, una vez más, repetía la misma fórmula económica que más temprano que tarde deriva en devaluación, inflación y recesión. En aquel año, la administración del presidente Mauricio Macri argumentó lo siguiente: “El acuerdo que hemos obtenido es histórico para la Argentina…(El FMI) nunca dio un apoyo como el que le ha dado a los argentinos, a todos nosotros. Creyó en lo que estamos haciendo, en el profesionalismo de la gente…Este acuerdo es la base para potenciar todo lo que estamos haciendo desde hace dos años…Estamos en una tarea de construcción sobre bases sólidas, donde se va a poder proyectar hacia el futuro…Acudimos al Fondo para poder tener previsibilidad.” Sin embargo, el país quedó interdicto y el proyecto político del presidente, frustrado. El país volvió a endeudarse con el FMI y Macri fue el primer mandatario sudamericano que no pudo revalidar su gestión a pesar de que la Argentina tiene, como otros países de la región, un sistema de reelección inmediata. Así, se eternizó la mediocridad económica, se potenció la conflictividad social y se exacerbó la disputa política. Aunque, siempre es bueno recordar que hubo algunos ganadores (usualmente, los de siempre) que, gracias a los cuantiosos recursos desembolsados, pudieron fugar capitales tal como lo reflejó el informe de diciembre de 2021 del FMI. ¿Lección aprendida? No. Confucio decía que “cometer un error y no corregirlo, es otro error”.
Apenas siete años más tarde, una nueva presidencia vuelve a pedir socorro al FMI. El mandatario actual y las autoridades económicas repiten casi verbatim los dichos de 2018 sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre los logros económicos de la coalición gobernante, sobre la buenaventura del acuerdo con el Fondo, sobre la continuidad del modelo económico y sus virtudes, sobre el hecho de que esta vez será diferente a previas experiencias, etc. Mientras tanto, varias voces — de cercanos y oponentes del gobierno– preanuncian otro ciclo de devaluación, inflación y recesión. O, con otras palabras, empeoramiento económico, pugnacidad social y polarización política. En breve, es esperable una prolongada y costosa interdicción financiera. Claro está que, como es habitual, habrá unos ganadores.
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Marco Rubio y Cristina Fernández de Kirchner
La novedad, por lo tanto, no pareciera ser la de otro capítulo FMI-Argentina. Ahora habría que agregar la probabilidad de una eventual interdicción política. El otoño se inició con un anuncio trascendental: el 21 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Cristina Fernández de Kirchner como participante de “importantes casos de corrupción”; hecho por el cual no puede “ingresar a Estados Unidos”.
Es sabido que, desde hace tiempo, Rubio antipatiza y descalifica a la expresidenta. En enero de 2015 introdujo, como senador, una resolución — que no prosperó — en la que la cuestionaba severamente por desacreditar al fiscal Alberto Nisman, muerto el 18 de enero de ese año. En mayo de 2015 repite, sin éxito, la misma resolución. En diciembre de 2017 reitera, pero con un texto más extenso y otra vez sin éxito, una resolución bastante semejante. En julio de 2022 introdujo una resolución, que tampoco prospera, en el marco de los aniversarios de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en la que recordaba que Nisman había hecho una investigación donde alegaba que CFK había “conspirado para cubrir el involucramiento de Irán en el atentado a la AMIA”. El 10 de diciembre de 2023, Rubio escribió una columna de opinión en La Nación en la que afirmó: “Milei es un aliado y Estados Unidos debería apoyarlo”. Y agregó que el mandatario electo priorizó una visita a Estados Unidos; lo cual “contrasta con el historial de los predecesores socialistas (sic), Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”. El 13 de diciembre — tres días después de la asunción del presidente Javier Milei–, y junto con otros cuatro senadores, le envió una carta al presidente Joe Biden pidiendo sanciones contra CFK por actos de corrupción. Es relevante señalar que un día antes, el 12 de diciembre, el presidente Biden había añadido a la legislación existente, y mediante una proclama presidencial, la prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas (y sus familiares) que hubiesen permitido y facilitado actos corruptos. Para ese momento la administración demócrata ya había designado que varios presidentes de América Latina (Daniel Ortega, de Nicaragua, en 2021; Juan Orlando Hernández, de Honduras, en 2022; Horacio Cartes, de Paraguay, en 2022; Joseph Lambert, de Haití, en 2022; Juan Carlos Varela, de Panamá, en 2023; Rafael Correa, de Ecuador, en 2024; Michel Martelly, de Haití, en 2024) no pudieran entrar en Estados Unidos. El caso de CFK no es único, pero sí singular por el funcionario involucrado (el secretario de Estado, Rubio), su pasado respecto a declaraciones y proyectos sobre la expresidenta, su desempeño como senador en materia de corrupción, así como por las particularidades del gobierno de turno en Washington.
Volviendo a él, en febrero de 2024, Marco Rubio visitó Buenos Aires y elogió al presidente Milei “por salvar a Argentina de un siglo de políticas socialistas desastrosas”. El 20 de febrero de ese año le envió otra carta a Biden; esta vez junto con siete legisladores republicanos: en dicha misiva se subraya que el mandatario estadounidense no designó a CFK por actos de corrupción. De hecho, se critica que hubiese sido designado por actos corruptos el expresidente de Guatemala Alejandro Giammattei, “a pesar de haber sido un firme aliado de Estados Unidos…fortalecido relaciones con Taiwán…denominado a Hezbollah un grupo terrorista…(y) respaldado el derecho de autodefensa de Israel”. (Conviene recordar que, respecto a Guatemala, en 2018 Marco Rubio fue un participante clave en la protección de la elite corrupta en ese país). Para Rubio y el resto de los legisladores firmantes, el presidente Biden abusó de las facultades que poseía en materia de corrupción afectando, en la práctica, los intereses nacionales de Estados Unidos. Y, por último, en julio de 2024, el senador introdujo otra resolución similar a la de 2022.
Se puede observar, por lo tanto, que Marco Rubio identificó, desde hace años e insistentemente, a Cristina Fernández de Kirchner como un foco adicional de su ofuscación ideológica con buena parte de los mandatarios de la región: con su llegada, se instauró una “línea dura” en el Departamento de Estado, especialmente respecto de América Latina, con el ánimo de disciplinar a una región en la que Washington ha venido perdiendo influencia y prestigio a costa del creciente compromiso de Beijing con el área. Ello, a su vez, en el contexto de un posicionamiento categórico en cuanto a sus aversiones mayores — China, Irán, Cuba, Venezuela, en particular — y sus respaldos activos — Israel y los gobiernos de derecha en América Latina — . La coincidencia con el gobierno de Milei resulta, en consecuencia, obvia debido a los afectos y desafectos compartidos.
Ahora bien, el interés y la preocupación de Marco Rubio por la corrupción en la Argentina pareciera no ser proporcional a su celo anticorrupción en Estados Unidos. La organización End Citizens United, que cuenta con cuatro millones de miembros, evalúa la labor legislativa en materia de leyes para combatir la corrupción, así como el respaldo de los parlamentarios a favor de la transparencia, la ética y los derechos de los votantes. Esa institución le otorgó al senador Rubio una “F” (una calificación reprobatoria) en 2022 debido a que “votó en contra de todo intento por proteger la democracia”. En 2024 siguió recibiendo una “F”.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, un mes antes de retirarle la posibilidad a CFK de ingresar a Estados Unidos, el periplo del secretario Rubio por América Central de principios de febrero de 2025 no incluyó en la agenda de sus citas el asunto de la corrupción, según Benjamin Gedan, del Programa Latinoamericano del Wilson Center. A su vez, el 10 de febrero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que suspendió la ejecución de la ley de prácticas corruptas en el exterior de 1977, que prohíbe a empresas y personas ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros. Asimismo, y dado los crecientes gestos y medidas internas del Ejecutivo, Jodi Vittori, de Georgetown University, se preguntó en marzo si Estados Unidos se había convertido en una cleptocracia, mientras Eduardo Porter en una nota de The Washington Post suplantaba la idea de Make America Great Again por el argumento de Make Corruption Great Again en el inicio del nuevo gobierno de Trump. No sorprende, entonces, que cinco legisladores demócratas (cuatro miembros del Senado y un Representante) le hubieran enviado el 17 de marzo una carta a la jefa de Gabinete, Susie Wiles, en la que afirmaban que en menos de dos meses la administración Trump 2.0 estaba “batiendo su propio récord — el de Trump 1.0 — en materia de corrupción”.
La política estadounidense contra la corrupción internacional
La política estadounidense, consistente en designar corruptas a altas figuras políticas e inhabilitar su ingreso al país, es de larga data, pero ha cobrado impulso en los últimos tres lustros. Tiene varias características. Primero, es un recurso sancionatorio individual que procura estigmatizar y deslegitimar a mandatarios y ministros. Se encuadra en el repertorio de una diplomacia de punición, cuyo efecto disuasivo — evitar más corrupción — no parece significativo; máxime en un mundo (incluido Estados Unidos) que padece una verdadera pandemia en ese frente. Segundo, se trata de un mecanismo discrecional que ha estado sujeto a críticas, pues su aplicación revela un doble rasero — a unos gobernantes (oponentes) sí, y a otros (amigos) no — de acuerdo con criterios ideológicos del gobierno en Washington y de la valoración geopolítica del país de referencia. La mayoría de los presidentes que tienen prohibido entrar a Estados Unidos en tiempos recientes son de América Latina y de países pequeños en tamaño y población. Tercero, tiene un valor simbólico, pues se entiende que muestra ante la comunidad internacional un compromiso de Estados Unidos frente a la corrupción. Sin embargo, la credibilidad del país en la materia se viene deteriorando: Transparencia Internacional le ha otorgado recientemente el peor rating desde 2012. Cuarto, se asiste a un instrumento jurídico (derivado de leyes y decretos internos estadounidenses) que encierra un mensaje político a aliados y adversarios en un determinado país. Su consecuencia puede ser favorable a los intereses de Washington en el corto plazo, pero también puede ser un búmeran para las preferencias de Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Y quinto, ubica al Ejecutivo en una especie de última instancia supra-jurídica que determina quién y por qué es corrupto/a, así no exista un caso interno de juzgamiento y condena. Eso, a su vez, evidencia la naturaleza asimétrica de la relación entre una potencia y algunas de sus contrapartes. Pero paralelamente es indispensable remarcar que no existe una superioridad moral de la administración Trump en cuestiones de corrupción, y, por lo tanto, no es un “líder” creíble y distinguido en el tema.
Dicho lo anterior, la mezcla de designación y prohibición mencionada expresa una suerte de interdicción política de los países que, ante la irresponsabilidad, discapacidad, negación o inacción interna frente a la corrupción, coadyuvan de facto a que Estados Unidos incida domésticamente en lo que hace a la justicia, con sus eventuales efectos políticos, que pudieran favorecer a unos y desfavorecer a otros.
Por ello, el caso de Cristina Fernández de Kirchner es relevante y emblemático. Se trata de la primera mujer expresidente a la que se le aplica la legislación estadounidense. Se trata, además, de quien fuera mandataria de uno de los tres países más grandes (Brasil, México y Argentina) de Latinoamérica. Se trata, asimismo, de corroborar, una vez más, la disparidad de poder entre Estados Unidos y el país. Se trata, concomitantemente, de sugerir, mediante el anuncio hecho, la condición de aliado del gobierno de Milei al que se busca auxiliar en momentos delicados. Y se trata, a su turno, de enviar un mensaje a la Corte Suprema para que se manifieste finalmente sobre la sentencia a CFK en el caso pendiente. El efecto del anuncio del gobierno estadounidense respecto a Cristina Fernández de Kirchner coincide con las turbulencias económicas mundiales generadas por la política sobre aranceles de Trump y los agites de la política electoral en la Argentina. Mientras tanto la corrupción global es rampante.
Habrá que ver en el futuro cercano si el país queda financiera y políticamente interdicto.
