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Blog Página 8
Convocatoria del Grupo la Capitana – Movilización del miércoles 18/6 desde las 10 horas
Malvinas y la política exterior argentina: un balance preliminar
Otra vez surge la idea de que el mundo atraviesa un “momento geopolítico». Así como ha habido ocasiones en las que se proclamaron finales –de la ideología, de las guerras, de la religión, del Estado o de la historia– también se ha anunciado en otras oportunidades el fin de la geopolítica.
Sin embargo, la importancia de la geopolítica no ha desvanecido, sólo se ha expresado con connotaciones y en ámbitos distintos a lo largo del tiempo. Es probable que la dirigencia nacional no haya advertido la triple singularidad de la Argentina en este “momento” geopolítico.
El Diccionario de la Real Academia Española nos recuerda que “complejo” remite, en una de sus acepciones, a un “conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad”. En ese sentido y en términos geopolíticos estamos ante un “complejo estratégico”.
Asistimos a una revaloración simultánea de los recursos críticos (alimentos, agua, energía, minerales y metales) terrestres y marinos; de los estrechos como conectores claves en materia comercial y militar; de los océanos por su enorme y variada significación; y de los polos con sus vastas riquezas y su trascendencia ambiental.
La primera particularidad argentina es que es de los pocos países en el mundo en el que se manifiesta nítidamente ese complejo estratégico. La segunda es que se trata de una nación que ha venido perdiendo poder, influencia y prestigio y que, por lo tanto, es hoy más vulnerable a la acción de actores poderosos. La tercera es que en la intersección entre lo terrestre, lo marítimo y lo polar están las Islas Malvinas, un archipiélago cuya soberanía está en disputa.
En ese contexto, sugiero evaluar la cuestión Malvinas después de 18 meses de gestión de la administración Milei y teniendo en consideración lo que he llamado las 4 D: divisas, diplomacia, derecho y defensa. Algunos casos exitosos de recuperación pacífica de territorios perdidos u ocupados –por ejemplo, China y Hong Kong– se facilitaron por la generación o el restablecimiento de poder material. Las crisis cíclicas de la Argentina, ligadas al endeudamiento, la han debilitado.
La reciente deuda contraída por La Libertad Avanza (LLA), así como su programa económico, carente de un proyecto productivo de mediano plazo, de una inversión sostenida en innovación y desarrollo y de un apalancamiento de las economías regionales, no contribuyen a la reconstrucción de un poderío material básico.
En materia diplomática se ha desplegado una política de activo plegamiento a Estados Unidos bajo el supuesto de que eso permitiría que las “credenciales occidentales” del gobierno –como procuraron los militares hasta 1982, los dos mandatos de Menem y la presidencia de Macri– deriven, esta vez sí, en la seducción de los isleños, la persuasión de Londres y la generosidad de Washington para que las islas sean devueltas a la Argentina.
Por lo tanto, y a contracorriente de casos promisorios como fueron Panamá y la Isla Mauricio, el ejecutivo pareciera no necesitar de nadie para elevar su capacidad negociadora. Rechazó la invitación a BRICS, no tiene interés alguno en las resoluciones y los encuentros de CELAC y vota consistentemente contra asuntos sobre Palestina granjeándose el malestar de naciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI).
En su conjunto, BRICS original, CELAC y OCI suman 93 países de los 193 de la ONU. En general, las posiciones bilaterales y multilaterales de LLA alienan a gobiernos que no alcanzan a entender si son considerados oponentes, antipáticos o insufribles para la presidencia y la cancillería. En breve, parecería que la táctica es despreciar potenciales apoyos de naciones del Sur Global, de algunos países del Norte Global pos-BREXIT y de las potencias emergentes.
En cuanto al derecho, hay que resaltar un hecho insólito. En 2014, la Argentina ocupaba un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno de la época –CFK– era cercano a Rusia. Pero cuando Moscú anexó Crimea votó en contra de esa acción que ponía en entredicho la soberanía y la integridad territorial. En febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández viajó a Rusia y dijo que el país podía ser “la puerta de entrada (de Rusia) en América Latina”.
No obstante, una vez ocurrida la invasión a Ucrania, su gobierno votó todas las resoluciones sucesivas que criticaron y deploraron el recurso a la fuerza. Otra vez primaron los principios de la soberanía y la integridad territorial que la Argentina reafirma en el tema Malvinas.
Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno decidió abstenerse de la resolución en la ONU que ordenaba el retiro ruso de Ucrania: un modo de congraciarse con la administración Trump, debilitando el principio de la soberanía que necesita afirmar la Argentina.
Finalmente, en cuanto a la defensa, se optó por adquirir aviones de combate F-16 estadounidenses. Según, el UK Defence Journal, esa compra “puede parecer un gran paso adelante para su ejército, pero no altera significativamente la situación en el Atlántico Sur”. En breve, no parece haberse incrementado la capacidad disuasiva del país que rechazó buenas ofertas de India y China.
Nada indica que la Argentina de Milei haya mejorado el poder relativo nacional en los cuatro componentes de la estrategia mencionada; algo que no revierte la vulnerabilidad del país en el actual complejo estratégico en términos geopolíticos.
Educación y colonialidad
La educación secundaria argentina presenta rasgos neocoloniales, visibles por las consecuencias que generan un diseño estructural cerrado, desarticulado entre disciplinas que se enseñan y estudian aisladamente, complicando el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión de contenidos desprolijamente secuenciados y la formación en valores como la empatía y la solidaridad cooperativa, todas ellas herramientas necesarias para la consolidación de proyectos colectivos emancipatorios, capaces de dar cabida a una memoria histórica, garante de la libertad de los pueblos.
Debemos incluir en el diagnóstico, y como causa no menor de los problemas que enfrenta la educación media en la Argentina, la continuidad de una formación docente detenida en el tiempo, que contribuye con dicho aislamiento y fortalece la construcción de lazos de colonialidad, que pueden verificarse en los distintos comportamientos de la ciudadanía una vez que esta deja la escuela y se manifiesta en la vida social y/o profesional, o través de cualquier disciplina o trabajo.
La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista en su actual etapa neoliberal. Fundada en la imposición de una clasificación racial/étnica, cultural y política de la población del mundo y como piedra angular de dicho patrón de poder, la colonialidad suele atribuirse a una suerte de reflejo, consciente o no, que se produce en los habitantes de las regiones que estuvieron bajo regímenes coloniales, por lo menos, en los últimos 200 años de historia, y que se introduce en los campos disciplinares a partir de los cuales se accede al conocimiento.
Actitudes, lenguajes, hábitos, costumbres , gustos, modas, decisiones, políticas públicas condicionadas por la deuda externa de la nación y las jurisdicciones: en todas ellas encontramos referencias coloniales, que se desparraman también por nuestras aulas a partir de una manera particular de enseñar, entender y divulgar un conocimiento, que suele dar mayor cuenta de necesidades e intereses ajenos a las características regionales y culturales latinoamericanas en general y de la Argentina en particular.
Dicho patrón de poder impacta en todos los planos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y de la sociedad. Obviamente, los medios concentrados en formato de prensa, radio y TV, y las actuales y poco edificantes “redes sociales” contribuyen a la consolidación de estímulos coloniales afectos a la ciudadanía de las naciones que sufrieron la colonización en algún momento de su historia.
Debe aclararse que este modo de entender la vida y el mundo fue impuesto como única racionalidad válida y hegemónica en América Latina por los mismos Estados nacionales surgentes en la región a fines del siglo XIX , así como por el proceso de neocolonización iniciado formalmente hacia finales del mismo siglo, momentos en que países supuestamente independientes decidieron, aconsejados por sus elites dirigentes, que era preferible “vivir de prestado” que apostar al desarrollo económico autónomo e industrial, a fin de propiciar un cambio de matriz económica, lo que nos hubiera deparado seguramente tiempos diferentes a los actuales.
Como para complicar la cuestión, la educación argentina no ha conocido versiones diferentes de la historia argentina como no fueran las del nacionalismo oligárquico y el materialismo histórico vigentes, es decir la historia liberal conservadora escrita por las oligarquías nativas, y una versión híbrida filomarxista/positivista con pretensiones de explicar los mismos problemas desde una perspectiva distinta, pero que termina en definitiva justificando las decisiones de los grupos dominantes.
Se trata, ni más ni menos, de la historia que se enseña en la escuela a partir de selecciones de contenidos a cargo de lxs docentes y según su libre interpretación de los hechos. Como vemos, no ha quedado espacio áulico para la enseñanza de un pasado asociado con los procesos que se constituyeron a partir de las luchas de los países sometidos para emanciparse de las potencias colonizadoras durante el siglo XX.
El período iniciado con la independencia argentina comienza y termina en 1816. Parecería que luego del 9 de julio de 1816 nuestra Independencia no hubiera sido vulnerada a partir de los ataques a nuestras economías y recursos, puesta permanentemente en riesgo de default por el capital financiero y los monopolios expoliadores, que no hubo golpes cívico-militares alentados por embajadas extranjeras , que no hubiéramos perdido con Inglaterra la guerra colonial de Malvinas, que no existen procesos de liberación en desarrollo, esperando que alguna clase dirigente se haga cargo de liderarlos.
Lo cierto es que las versiones mucho más cercanas al campo nacional y popular de la historia latinoamericana y argentina no han sido tenidas en cuenta a la hora de ser introducidas en el campo del conocimiento escolar, aspecto que asimismo perjudica los espacios que la educación destina a la formación de la ciudadanía.
En dicho contexto, la ciudad de Buenos Aires ha constituido uno de los polos conservadores y coloniales más fuertes de la Argentina desde su misma consolidación como Estado Federal en 1880. Allí, el fenómeno de la colonialidad aparece en su más clara expresión, al igual que en los núcleos urbanos más importantes de la región.
La ciudad autónoma de Buenos Aires es faro para las ciudades con fuerte presencia de clases medias y altas. Es, además, reproductora y transmisora de la educación y de la cultura occidental, de la que se siente parte integrante.
Durante 18 años el partido de los Macri, el PRO, no había resultado perdedor en ninguna elección. En las del 18 de mayo último se vio sacudido por las fuerzas del mismo gobierno nacional que ayudaron a entronizar en 2023, en el afán de vencer a su único y principal enemigo histórico: el peronismo, aquel que fuera al decir de John William Cooke “el hecho maldito del país burgués”, y que hoy ha mutado de movimiento político a ser justamente un partido burgués.
Lo curioso de esta elección de legisladores porteños, y ya que nadie se ocupó de hablar de la educación durante la campaña electoral, es que el gobierno perdedor viene aplicando en 33 de sus escuelas secundarias una reforma llamada “Buenos Aires Aprende”.
Dicha reforma confronta con aspectos que nos han referido un alto porcentaje de directorxs de las 104 escuelas secundarias públicas, que constituyen el nivel medio del sistema educativo de la ciudad y con quienes hemos podemos dialogar a lo largo de los últimos meses sobre temas íntimamente ligados a políticas educativas aplicadas en sus escuelas.
Dichos docentes se expresaron alrededor de varios tópicos tales como la precariedad nutritiva y la cantidad y variedad de alimentos que se reparten a los estudiantes, ya sea en los comedores o en la viandas que llegan hasta ellxs; la exigüidad de la becas que reciben los alumnxs del secundario, muy lejos del volumen esperado para que no se vean obligados a abandonar la escuela por falta de alimentos.
Asimismo, se nos comentó acerca de la gravedad que implica la existencia de adolescentes que concurren a las escuelas públicas porteñas con tendencias suicidas, de autoagresión u otro tipo de violencias, que desbordan las posibilidades de los docentes. O el alto porcentaje de jóvenes que concurren con medicación recetada pero sin familias que se hagan cargo de la aplicación o administración de la misma, generando confusión y angustia entre los docentes por no tener a quién recurrir, ya que es manifiesta la desarticulación institucional entre los ministerios de Educación y de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ausentismo de los alumnxs; los cierres de cursos (150 desde que se iniciaron las clases); altas tasas de sobre-edad, que se acrecientan con el paso del tiempo, haciendo que cada vez más jóvenes que pasaron los 16 años se encuentren cursando los primeros años del secundario o abandonándolo definitivamente; la proliferación de la burocracia escolar que impide al mejor intencionado de lxs docentes cumplir con una función pedagógica.
Dichas situaciones son consecuencia directa de la aplicación de políticas de clase, destinadas a subordinar política, social y económicamente a grandes sectores de población, que sufren pobreza e indigencia en una ciudad cuyo presupuesto para 2025 orilla los 13,9 billones de pesos, según datos aportados recientemente por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina, Observatorio Económico de la Ciudad) en una publicación digital llamada “Buenos Aires en Números”, que se presentó en la Legislatura porteña el mes pasado.
La narrativa, sin embargo, habla profusamente de una reforma con inclusión y respeto por los derechos igualitarios de ciudadanía, cuando según dicha publicación el Ministerio de Educación de la ciudad exhibió entre 2016 y 2024 descensos presupuestarios tales como el recorte del 10,5% (101.000 millones de pesos) en los recursos destinados a la educación pública en el área perteneciente a la Dirección General de Educación, que gestiona los niveles inicial, primario, secundario, medio y técnico. En el área de infraestructura, el recorte llegó para el mismo período al 40%; en la educación media al 14,7% y en becas estudiantiles al 59%.
De esta manera, las elites republicanas gobernantes de la Capital Federal minimizan que el 60% de lxs alumnxs de las escuelas públicas se concentren en el sur de la ciudad, desde La Boca a Lugano, áreas donde el financiamiento ha descendido por ejemplo en la inversión en becas estudiantiles, lo que no guarda ninguna lógica con la realidad dada la contínua profundización de una pobreza y desigualdad que hacen a la población del sur cada vez más más diferente del resto de la jurisdicción. Frente a dicha realidad, parece a esta altura un chiste hablar de “Buenos Aires Aprende”.
La ciudad autónoma no consulta previamente a la comunidad educativa sobre la implementación de reformas en el secundario. Impone vínculos de dominación a sus habitantes y no relaciones democráticas de ciudadanía. Coloniza y subordina a lxs ciudadanos, a quienes hace desaparecer sus derechos, les acerca la difusión del pensamiento único y el individualismo. Dicha metodología guarda absoluta relación con la colonialidad del poder y del saber y con la negación de una educación soberana y emancipadora.
Las cuestiones referidas debieron formar parte del debate político preelectoral. No sólo no ha sido así, sino que debido al resultado electoral cabría esperarse que la situación de desfinanciamiento y colonialidad se profundice, resulte en el corto plazo agravada, a juzgar por el ya conocido “no hay plata” y el alineamiento incondicional y colonial del Presidente Milei con el Fondo Monetario Internacional.
* Raúl Moroni integra el Grupo Rescate EMEM de Apoyo Técnico Pedagógico a la Secretaría de Educación Secundaria de UTE-CTERA.
Milei al paraíso financiero
En la ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI de abril de 2025 se asevera que la Administración nacional registró un superávit primario de caja de aproximadamente del 1,8% del PBI en el año 2024 (es en pesos pero equivalente a unos 10.000 millones de dólares, de los cuales se emplearon 8.300 millones para pagar intereses de la creciente deuda externa), y que el ajuste se debió principalmente a una fuerte contracción del gasto primario (30% interanual, un 5% del PBI, es en pesos, pero equivalente a 27.700 millones de dólares), con profundos recortes en subsidios, jubilaciones y pensiones, transferencias provinciales y gastos de capital, a lo que se sumó el veto del presidente Milei a iniciativas de gasto del Congreso de la Nación de aumento del presupuesto en previsión y en educación superior.
El jueves 5 de junio de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado dos proyectos previsionales (aumento de los haberes y prórroga de la moratoria, que el gobierno de Milei dio por finalizada por decreto el 23 de febrero de 2025) y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Presidente del Poder Ejecutivo tiene el poder de vetar parcial o totalmente las leyes (y será este el caso, siempre que el Senado apruebe la sanción de la Cámara baja). El Congreso tiene la facultad de insistir con lo sancionado (y luego vetado) siempre y cuando reúna el acompañamiento de los dos tercios de los votos. Esto último es, dada la composición de los miembros de ambas Cámaras, misión imposible.
Es más, el ministro Luis Caputo se jacta de que en su gestión el gasto de la Administración nacional se redujo en cinco puntos del PBI, al pasar a ser de 22,5% en el año 2023 a 17,5% del PBI en abril de 2025. Esto es a costa de despedir (hasta abril de 2025) a 50.553 empleados públicos (el 14,7% de la dotación total), pagar remuneraciones paupérrimas, como lo demuestran los médicos del Hospital Garrahan y la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales, el cierre de programas de salud y educación, negar asistencia social, etc. Y en cambio dice que el consolidado del gasto de las provincias sigue con el mismo nivel de erogaciones del 15% del PBI y los municipios con el 3% (fue mayor el ajuste fiscal nacional del 5% del PBI que todos los presupuestos municipales).
Paradójicamente haber mantenido cierto nivel del desembolso público les permite a las subjurisdicciones nacionales paliar la desocupación y pobreza creciente del modelo extractivista y financiero de este gobierno. Pero es por poco tiempo: tanto los proyectos de super IVA en reemplazo del impuesto a los ingresos brutos (el mayor recurso de recaudación propio de las provincias), como el del llamado Régimen Simplificado de Ganancias, que consiste en otorgarle atribuciones a la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para que incumpla con sus misiones y funciones, viole la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y deje de estimar los ingresos de los contribuyentes al no solicitar datos esenciales de cambio patrimonial y de consumo desde el 1° de junio 2025, implican menor recaudación en todos los casos.
El gobierno, con la presencia de los inefables Juan Pazo (titular de la ARCA) y José Luis Espert (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación), presentó el mismo jueves 5 de junio de 2025 un proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que convierte en ley los decretos 353/25 y las resoluciones generales 5.699/25 y 5704/25 de la ARCA que autolimitan la capacidad fiscal del Estado. Se trata de un “tapón fiscal”, olvido genérico o “borrón y cuenta nueva” para quien declare todos sus activos e ingresos.
El proyecto de marras ingresó el día viernes 6 de junio al Congreso de la Nación y modifica las leyes de Procedimiento Tributario, Penal Tributaria, el Código Civil y Comercial y otras disposiciones. El titular de la ARCA en la conferencia de prensa sostuvo que “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe», y aseguró que el proyecto de principio de inocencia fiscal revierte el derecho tributario en que la persona física o jurídica tiene que demostrar fehacientemente su capacidad contributiva y la ARCA, como máxima autoridad de fiscalización, corrobora dicha capacidad; en cambio, si el proyecto es ley, bastará que lo haga por declaración jurada, reservándose la ARCA los controles sustantivos sobre la información declarada, lo que “blindará para siempre» a quienes adhieran al nuevo régimen de ganancias. Las personas físicas y sucesiones indivisas que adhieran «podrán normalizar su situación patrimonial pagando ganancias sólo por la facturación, independientemente de su variación patrimonial».
En el caso del período de investigación fiscal, este proyecto de ley prevé que las deudas tributarias prescriben a los tres años (en lugar de a los cinco como es en la actualidad), con lo que se limita la posibilidad de revisiones fiscales prolongadas. Así, quienes adhieran al sistema sólo podrán ser examinados de acuerdo con la última presentación ante ARCA [1]. El gobierno permite el “tapón fiscal” para el impuesto a las ganancias y envía el proyecto de ley porque la normativa legal vigente impide expresamente que sea por una norma inferior.
Lo insólito es que al día viernes 6 de junio, 20 provincias adhirieron al régimen simplificado de cobro del impuesto a las ganancias, sabiendo que merma su recaudación final y, por ende, su coparticipación. El impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias en un 64%, mientras que el 20% restante se destina a la seguridad social, el 10% al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano de Buenos Aires, y el 1% para los Aportes del Tesoro de la Nación.
El proyecto de ley le dará el mismo trato a las rentas de fuentes locales que a las del exterior. Esto, sumado a que la ARCA dejará de recibir información de los bancos y de los escribanos en la compra de inmuebles (y se extiende a autos usados y otros gastos), no solo se percibirá en una menor recaudación por el impuesto a las ganancias (al no declararlo en su presentación), sino que permitirá el “lavado de dinero”, que es el verdadero objetivo del proyecto.
El pretexto es reducir cargas formales que dicen que son injustificadas y desmantelar barreras burocráticas que, según afirman, asfixian la actividad económica, para promover así un entorno más ágil y competitivo (sic), y generar un sistema penal tributario más justo y eficiente (sic), centrado en sancionar de manera proporcional y focalizada aquellas conductas que ocasionan un perjuicio real a la hacienda pública y a los sistemas de previsión social.
En ese marco reforman el régimen penal tributario con la finalidad de incrementar fuertemente los montos mínimos exigidos para la configuración de delitos tributarios establecidos en la ley 27.430 y sus modificaciones, con el objetivo de adecuarlos a los valores económicos actuales (sic). Asimismo, redefine el alcance de la no formulación de la denuncia penal mediante la cancelación incondicional y total de las obligaciones tributarias e intereses adeudados, posibilidad que podrá ser ejercida por cada persona humana o jurídica. Adicionalmente, se contempla que la extinción de la acción también podrá suceder en caso de haberse iniciado la acción penal si se adiciona un pago equivalente al 50% del total adeudado. La acción penal tributaria y previsional no podrá proseguirse una vez prescripta la facultad del organismo para determinar la deuda.
Finalmente, se crea un régimen aplicable a la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, donde se presume la exactitud de las declaraciones presentadas salvo que se verifique una discrepancia significativa —cuyo alcance se define por ley— entre la información declarada y la información disponible en los sistemas del organismo o proporcionada por terceros.
Los ingresos de la Administración nacional
El Presidente Javier Milei, en la reunión anual de AMCHAM (Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina) del 19 de mayo de 2025, se jactó de haber eliminado y/o reducido la alícuota de 19 gravámenes. Entre los cambios más importantes, se destacan la finalización del impuesto PAIS (que gravaba la compra de divisas), la rebaja temporal de las retenciones (derechos) [2] a las exportaciones de granos y la modificación de bienes personales.
El desgobierno de Milei reduce el cobro de impuestos directos y “retenciones” en medio de un brutal ajuste fiscal, con marcado descenso del PBI y aumento de la pobreza y la exclusión social. Un contexto en el que la mayoría de la población argentina no percibe ninguna baja tributaria porque no blanquean dólares, no traen bienes y no viajan al exterior; la mayor parte de la población no alcanza a un ingreso digno y el precio de la comida, de los medicamentos, de los servicios de electricidad, gas y transporte aumenta todos los meses y con ello el IVA y demás impuestos que los gravan.
En la Argentina, tres tributos explican casi el 80% de la recaudación: IVA,seguridad social y el impuesto a las ganancias, demostrando que los recursos fiscales provienen del consumo, el trabajo y las jubilaciones, prácticamente sin gravar las rentas extraordinarias ni patrimonios.
El carry trade recrea una renta financiera que no está gravada. El gobierno de Milei aumentó la deuda (hasta abril de 2025) en 102.246 millones de dólares y sus beneficiarios no pagan un centavo de impuestos porque los títulos públicos están exentos.
A su vez, este gobierno restableció la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (es decir, aquella que grava los ingresos de los trabajadores registrados), que había sido eliminada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández. El mínimo no imponible desde enero de 2025 (y aumenta con la inflación medida por el IPC del INDEC desde julio de 2025) es de un salario mínimo de 2.280.647 pesos.
Es más, el impuesto a los bienes personales ha sido destruido mediante escalas de alícuotas descendentes para los periodos fiscales futuros y un régimen especial que adelanta la tributación de cinco años sobre los bienes (periodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026). Además, se establece un régimen de estabilidad fiscal que será esgrimido como un derecho adquirido de los contribuyentes.
Entonces los ingresos tributarios los paga mayoritariamente la población y el ajuste se hace por el lado del gasto con total desconocimiento de las funciones del Estado, en forma inconsistente y regresiva.
Debe tenerse en cuenta la política de desfinanciar el sistema previsional con la eliminación del Impuesto PAIS (el 65% se destinaba a la ANSES y el 5% de su recaudación al PAMI) y que el ministro de Economía, Luis Caputo, le prometió a la Mesa de Enlace del “campo” en enero de 2025 (cuando redujo la tasa de los derechos de exportación por seis meses) que se va a eliminar el impuesto al cheque, del cual se destina el 70% al SIPA (sistema integral previsional argentino). En paralelo, el gobierno de Milei decidió que desde el 23 de febrero de 2025 no haya más moratoria previsional y aquellos que se jubilan y no tienen 30 años de aportes y demuestran insolvencia, van a percibir el PUAM (prestación universal al adulto mayor), que es el 70% de la jubilación mínima.
La política de reducir la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados de la sociedad, a la que suman el déjà vu de la conversión de la AFIP en la ARCA, que no exige que los expedientes estén firmados por la línea (personal de planta del organismo), normas laxas del Poder Ejecutivo como el decreto 353/25 y las resoluciones generales 5.699/25 y 5704/25 de la ARCA, que pretenden que se convierta en ley por el proyecto de principio de inocencia fiscal, desconociendo el rol de contralor del Poder Ejecutivo, en un país donde la evasión fiscal no es menor al 30% del PBI, implica una persistente disminución de los ingresos tributarios, que suplen con crecientes tomas de deuda, que incluyen títulos públicos que capitalizan intereses.
La deuda pública en su mayor parte es en divisas (o que pueden constituirse en divisas) y/o ajustada por inflación medida por el IPC del INDEC, que se torna explosiva ante un tipo de cambio que, como lo demostraba el BCRA (que desde hace dos semanas no deja ver el balance y el balance cambiario en su página web), opera con déficit de la cuenta corriente comercial desde junio de 2024.
En síntesis
Tanto el accionar de la ARCA como el de la política económica en general propician la conversión del país en un “paraíso financiero”, con un severo ajuste en el gasto público en salud, educación, obra pública, asistencia a la población, promoción de industrias y de empleo, mientras se facilita el lavado de dinero y se continúa endeudando a la Administración nacional con el fin último de pagar la deuda (que no se investigó ni se investiga) con nuestros recursos naturales, por eso necesitan la connivencia y hasta la complicidad [3] de los gobiernos de la mayoría de las provincias.
[1] En el proyecto de ley invitan a las provincias, CABA y municipios a aplicar los mismos plazos de prescripción.
[2] Decreto 38/2025: Se redujeron desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025 las retenciones; las principales fueron en poroto de soja de 33 a 26%; aceite y pellets de soja de 31 a 24,5%; trigo y maíz de 12 a 9,5%; 0% para las economías regionales.
[3] Mientras que el cómplice colabora de manera directa en la ejecución del delito, el connivente puede limitarse a consentir, tolerar o facilitar su realización sin participar activamente en ella.
LATAM: rivalidad China – EE.UU
“América Latina en la encrucijada: navegando la nueva contienda geopolítica sino-estadounidense”
Durante mucho tiempo considerada la esfera natural de influencia de Estados Unidos, América Latina vuelve a captar la atención en la arena geopolítica global. La creciente incursión de China en la región —a través de inversiones masivas, acuerdos comerciales estructurales y cooperación tecnológica o en infraestructura— está alterando los equilibrios tradicionales y reviviendo patrones de rivalidad entre grandes potencias. De Washington a Pekín, la retórica se endurece y las estrategias de influencia se intensifican. En este contexto, América Latina se ha convertido en un escenario cada vez más explícito de confrontación sino-estadounidense, donde los intereses económicos, diplomáticos y de seguridad se entrelazan con visiones hegemónicas del poder.
Esta nueva competencia, con ecos de la Guerra Fría, plantea preguntas fundamentales: ¿Puede América Latina escapar de esta lógica de polarización? ¿Qué opciones tienen los países latinoamericanos para preservar su soberanía política y económica en un contexto de presiones interdependientes? ¿El resurgimiento de la retórica neocolonial en EE.UU., combinado con el activismo geoeconómico chino, augura un futuro en el que la región se convierta en un simple peón del ajedrez mundial? A medida que las tensiones se cristalizan, resulta esencial analizar las formas que toma esta rivalidad y sus implicaciones para la autonomía estratégica latinoamericana. Este análisis busca examinar las modalidades de esta confrontación, identificar sus lógicas profundas y explorar los márgenes de maniobra disponibles para los actores de la región.
“Recuperar el ‘patio trasero’: el retorno de la retórica neocolonial de EE.UU. en América Latina”
“Recuperaremos el control de nuestro patio trasero”, declaró el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, el 10 de abril. En tono alarmista, culpó a la administración Obama por permitir la expansión de la influencia china en América Latina y llamó a adoptar una postura ofensiva para revertir esa tendencia.
Sin embargo, sus declaraciones van más allá de la mera fanfarronería geopolítica: reflejan un preocupante regreso a la retórica neocolonial que se creía superada. Al afirmar que América Latina constituye el “patio trasero de Washington” y acusar a administraciones anteriores de haberla “cedido” a China, Hegseth reactiva una visión imperialista caduca de las relaciones interamericanas. Este discurso no solo ignora las dinámicas políticas y económicas actuales de los países latinoamericanos, sino que también intenta reafirmar la hegemonía estadounidense en una región que lleva décadas consolidando su soberanía.
La RAND Corporation lo llama “ansiedad estratégica” ante la presencia irreversible de China no solo en Asia y África, sino ahora también en América Latina. Las palabras de Hegseth omiten la creciente agencia diplomática de los países latinoamericanos, que hoy participan en foros como la CELAC y mantienen lazos estratégicos con múltiples polos. Sus declaraciones recuerdan doctrinas intervencionistas del siglo XIX, como la Doctrina Monroe o la política del “Big Stick”, que justificaron la interferencia estadounidense bajo el pretexto de proteger el hemisferio occidental.
Hoy, ese espíritu de dominación resurge bajo la influencia del trumpismo, en un contexto donde China es percibida como el principal adversario estratégico y América Latina como un espacio que debe “recuperarse” al servicio de los intereses estadounidenses. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirmó firmemente: “Los países de América Latina no son el patio trasero de nadie”. Esta declaración, respaldada por la embajada china en Brasil, contradice directamente la narrativa hegemónica de EE.UU. y forma parte de la estrategia de poder blando de China: un enfoque racional y de largo plazo que se basa en infraestructura, comercio y diplomacia pública, no en coerción militar.
“Construyendo influencia, no solo infraestructura: el largo juego de China en América Latina”
Desde los años 90, la estrategia china en América Latina ha experimentado una profunda transformación. Inicialmente centrada en asegurar el acceso a recursos naturales (hidrocarburos, cobre, soya), ha evolucionado hacia un proyecto geopolítico más amplio que incluye inversiones a gran escala, acuerdos de cooperación y megaproyectos de infraestructura. La ambición es clara: posicionar a China como un actor confiable, influyente e indispensable en la región.
Para 2021, China se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, con casi el 15% de las importaciones regionales provenientes de China. Pero el objetivo va más allá del volumen comercial: Pekín busca tejer una red de interdependencia basada en comercio, conectividad y diplomacia.
El megaproyecto del puerto de Chancay en Perú —con mayoría accionaria de empresas chinas— ilustra este intento por rediseñar las rutas logísticas latinoamericanas al margen de los canales controlados por EE.UU. Asimismo, el ferrocarril transoceánico respaldado por China en Colombia pretende unir las costas atlántica y pacífica, ofreciendo una alternativa a las rutas de exportación dolarizadas. Esta política se fortaleció en mayo de 2025 durante la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC en Pekín, donde el presidente Xi Jinping anunció una línea de crédito de 9 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe.
Colombia se unió oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, marcando un giro estratégico en su política exterior. Al mismo tiempo, empresas chinas como GAC Motors comenzaron a vender vehículos eléctricos e híbridos en Brasil, con planes de abrir una planta local en 2026. Esta aproximación multisectorial combina infraestructura con herramientas de poder blando como medios estatales (CGTN en América Latina) y diplomacia cultural.
“Guerras comerciales y aranceles: las trincheras económicas de la rivalidad sino-estadounidense”
El 12 de mayo de 2025, China y Estados Unidos acordaron una reducción temporal de aranceles en las negociaciones de Ginebra. Se redujeron los aranceles estadounidenses a productos chinos del 145% al 30% y los chinos a productos de EE.UU. del 125% al 10%, durante 90 días. Esto generó cierto optimismo en mercados y círculos diplomáticos.
Pero la esperanza fue efímera. El 23 de mayo, el expresidente Donald Trump anunció nuevos aranceles: 25% sobre iPhones no fabricados en EE.UU. y 50% sobre todas las importaciones de la Unión Europea. Las reacciones del mercado fueron inmediatas, incluyendo una caída del 6% en las acciones de Apple. Esta vuelta al proteccionismo refleja una estrategia más amplia de repliegue económico por parte de EE.UU.
China respondió rápidamente con aranceles antidumping de hasta 75% a ciertos productos plásticos provenientes de EE.UU., la UE, Japón y Taiwán. No fue solo una medida económica, sino también política: China se defiende activamente de su cerco estratégico.
Paralelamente, EE.UU. ejerce presión diplomática sobre países latinoamericanos para limitar la influencia china. Panamá, por ejemplo, bajo presión estadounidense, decidió no renovar su participación en la Franja y la Ruta y comenzó una auditoría a los puertos bajo control chino. Mientras EE.UU. organiza cumbres diplomáticas vacías, China construye. El puerto de Chancay, controlado en un 60% por COSCO Shipping, y el ferrocarril colombiano representan una estrategia deliberada de emancipación geo-económica.
“No alineamiento activo (Non-alignement actif): la estrategia latinoamericana frente a la rivalidad entre grandes potencias”
En América Latina, esta nueva fase de confrontación intensifica dilemas estratégicos: ¿profundizar lazos con una China activa y pragmática, o preservar relaciones con un EE.UU. debilitado pero coercitivamente influyente?
Cada vez más, los países adoptan una postura de “no alineamiento activo”: una estrategia que rechaza alineamientos binarios y aprovecha la multipolaridad para maximizar soberanía. Tres casos emblemáticos ilustran caminos distintos:
● Brasil mantiene una postura de no alineación estratégica. No ha ingresado en la Franja y la Ruta, pero refuerza lazos económicos con China. Al mismo tiempo, mantiene el diálogo con EE.UU., buscando una política exterior equilibrada.
● Colombia se unió a la Franja y la Ruta y al Banco de Desarrollo China-África-América Latina. Su rechazo a vuelos de deportación desde EE.UU. provocó amenazas de sanciones económicas. Colombia intenta equilibrar sin romper con sus vínculos de seguridad con Washington.
● Argentina, bajo Javier Milei, se ha alineado abiertamente con EE.UU. en medio de una crisis económica profunda. A cambio de un préstamo de 20 mil millones del FMI, recibió respaldo militar y diplomático. Sin embargo, China sigue siendo un actor clave mediante comercio agrícola, inversiones y un swap de divisas. Su estrategia es de reequilibrio, no ruptura.
Conclusión: entre autonomía estratégica y presiones sistémicas
El renovado interés de Washington y Pekín por América Latina no implica un simple regreso a la bipolaridad de la Guerra Fría. Refleja una transformación del orden internacional, en la que las potencias regionales ya no son meros escenarios pasivos.
EE.UU., influido por el trumpismo, busca reimponer su dominio con retórica ideológica y diplomacia coercitiva. China, por el contrario, ofrece una estrategia geoeconómica centrada en infraestructura y poder blando.
América Latina no está condenada a elegir entre una y otra. Como muestran Brasil, Colombia y Argentina, existe margen —aunque limitado— para maniobrar. La clave está en construir capacidad institucional, cohesión política y cooperación regional para convertirse en sujeto de estrategia, y no solo objeto.
Perspectivas: qué observar en el próximo año en Colombia, Argentina y Brasil.
En 3 meses (agosto 2025):
● Colombia lanzará licitaciones para infraestructura bajo la Franja y la Ruta.
● Argentina comenzará a aplicar reformas ligadas al préstamo del FMI, con posibles tensiones sociales.
● Brasil será anfitrión de una cumbre con India y Sudáfrica para promover cooperación del Sur Global.
En 6 meses (noviembre 2025):
● La campaña presidencial de EE.UU. se intensificará, con foco en China y América Latina.
● China podría anunciar nuevos programas de cooperación con CELAC.
● Panamá podría aplicar nuevas regulaciones a puertos controlados por China.
En 12 meses (mediados de 2026):
● El megaproyecto del puerto de Chancay entrará en funcionamiento.
● Podría haber debates sobre la “diplomacia de la deuda” con China.
● CELAC podría promover una doctrina estratégica común como forma de no alineamiento regional.
La puta obra y el puro humo
Como en tantas oportunidades, la expresidenta argentina Cristina Fernández (CFK) ha traído a la arena política una definición propia de su estilo impecable para la conceptualización: “el gobierno de Milei no ha hecho una puta obra”. Y dicho así: “ni una puta obra” como forma de esclarecer el debate político.
Lo hizo el pasado 25 de mayo en un contexto de críticas a un Gobierno nacional autodefinido como anarcocapitalista y como parte de un mensaje a la militancia en el Encuentro de la Cultura Popular, desarrollado en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en las inmediaciones del Barrio 31, en Retiro, CABA.
El término “puta” se refiere aquí -en la trama de su discurso- a algo mínimo, casi insignificante, denotando una ausencia, un abandono. En el coloquio cotidiano usamos el término “puta” en el sentido de clausura por lo trivial, aquello que se espera que se haga y no se lo hace. Es un despectivo extremo y desalentador tanto para el hacer como para el pensar: “no hizo una puta obra” (por un político), “no atajó una puta pelota” (por un arquero), “no sacó un puto siete” (por un estudiante), “no se le cayó una puta idea” (por un pensador), “no filmó una puta película” (por un cineasta). Y así centenares de ejemplos. Miles.
Una expresión popular conclusiva que -en este caso define de manera impecable y precisa un accionar de gobierno. No hacer una puta obra es caer en la inacción política porque “obra” es acción humana. Sin obra no hay acción, sin acción no hay vida, sin vida no hay nada.
Porque “obra” -en su etimología indoeuropea- deviene del latín “opera” que indica “trabajo y producir en abundancia”. Genera muchos términos como “oficio” y “cooperar”. Es un término -en realidad- socioeconómico. La economía trata de obras porque la esencia de lo económico es el trabajo y la producción. Que el sistema económico capitalista asigne prioridad hoy a la especulación financiera es un desvio que habrá de ser corregido por el propio devenir social.
Por otro lado, el “puro humo” es la sustitución del hecho por la palabra. Se la usa como “vender humo” haciendo referencia a que intenta transformar en valor algo que no lo tiene. Es el desorden dialéctico de la verdad. Es crear confusión, aludiendo a lo inexistente, lo falto de corporiedad. También lo uso Cristina para definir como humo el inexistente Pacto de mayo en 2024.
“demasiado humo choca con la realidad
demasiado humo escupe la televisión
demasiado humo estoy cambiando de color”, entona el grupo de Rock Don Lunfardo y el Señor Otario.
Hoy Chubut, nuestra provincia patagónica rica en gentes y recursos y pobre en administradores públicos, es un ejemplo paradigmático del político que articula el no hacer “ni una puta obra” con la confusión social del “puro humo”. Una suerte de alquimia de los tiempos posmodernos.
Pruebas al canto. El rimbombante anuncio del gobernador Humo Torres sobre canje de deuda provincial por obras nacionales fue realizado hace casi un año (16 junio 2024). Hasta hoy sólo se concretó lo referido a la multitrocha Puerto Madryn-Trelew. Las obras pendientes son apenas el 6% de la obra total que fue concluida en 2022. Mientras tanto sigue en emergencia todo el sistema vial de la Provincia, principalmente las Rutas nacionales 3 y 40 que muestran un total estado de abandono. Todo el sistema de salud, de educación, de seguridad.
Que ha logrado el Gobierno provincial?. Vender humo y no hacer una puta obra. Liberar a la Nación de sus erogaciones, desnaturalizar los compromisos de Nación con el Chubut y colocar a la Provincia en un delicado problema operativo (ejecución de obras de magnitud) y financiero (endeudamiento para pago de esas obras). Con la expectativa de si la tan mentada corrupción nacional sobre la obra pública -promovida por las empresas constructoras- no se reproduce en la provincia.
En resumen, la provincia enfrenta un panorama de más deuda pública (recientemente se aprobaron deudas por u$ 650M) y ausencia de obras de estructura.
Entendemos que queda claro que sin Torres no hay Milei, que cuando se elimina la obra pública se deteriora el tejido material y social sobre el que se edifican los pueblos, que la política de no-obras públicas es esencial para comprender a este gobierno y para predecir el futuro de la sociedad por él gobernada, y que sin obra pública no hay futuro colectivo.
El humo puede borronear nuestra visión de la realidad, puede confundirnos, pero allí están las putas obras que siguen sin hacerse.
Javier Milei y el revisionismo histórico
Recientemente, señalé que una vez más—como sucede cuando se anuncia e indaga el “regreso de la geopolítica”—la noción de Estado revisionista recuperaba un lugar decisivo en los análisis sobre la política mundial. Cuando se habla y escribe sobre tal tipo de Estado se refiere, básicamente, a una condición de insatisfacción: un Estado insatisfecho con el orden internacional vigente y con la distribución de poder prevaleciente. Por ello, dicho Estado tiende a ser agresivo y extremoso: el propósito principal es desbaratar y, de ser posible, sustituir las reglas, principios e instituciones existentes en el plano global. En ese sentido, a mi entender lo más elocuente de Donald Trump 2.0 es que aspiran, él y la coalición gobernante, a transformar a Estados Unidos en una potencia revisionista, combinando una política pendenciera, expansionista y abusiva frente a adversarios, aliados, socios y súbditos por igual.
Con ese telón de fondo, menciono dos reflexiones muy estimulantes a los fines de evaluar la Argentina presente. Erin K. Jenne, profesora de relaciones internacionales de la Central Europe University, publicó en 2021 un texto en International Affairs sobre el revisionismo en política exterior. Ella lo define como las prácticas “orientadas a reconfigurar fundamentalmente la posición de un Estado en el sistema internacional y/o con relación a los Estados vecinos”. A su turno, Jenne subdivide el revisionismo en el frente externo en dos tipos: el sistémico y el lateral. El primero se manifiesta, entre otros, a través del retiro de organizaciones y regímenes internacionales con el propósito de alterar las instituciones mundiales y rechazar la autoridad de organismos supranacionales. El segundo se despliega no sólo en actitudes irredentistas frente a los vecinos, sino también a través del “endurecimiento de las fronteras, el aumento de restricciones migratorias, y la prohibición de asilados” de países próximos.
Por otro lado, en 1994 Randall L. Schweller, profesor de ciencia política de la Ohio State University, publicó un texto en International Security sobre el retorno de los Estados revisionistas y el plegamiento (bandwagoning) en política exterior. A su entender, los Estados (en especial, del entonces Tercer Mundo) no se alineaban con actores poderosos en razón de cuestiones de seguridad, sino para obtener dividendos tangibles: existía una “expectativa de ganancia” cuando un gobierno se plegaba activamente a una potencia, fuese revisionista o favorable al estatus-quo. En clave anglosajona, los Estados periféricos buscaban más “profit” que “security”, y si eso lo ofrecía más un poder revisionista pues el alineamiento era con ese mejor “proveedor”.
Vuelvo entonces al principio. El segundo mandato del presidente Donald Trump expresa hoy el mayor intento de enraizar el revisionismo en materia internacional. El primer mandato del presidente Javier Milei apunta a replantear plenamente la política exterior del país en una línea que, siguiendo, a Erin Jenne, podría denominarse un revisionismo más sistémico que lateral; al menos hasta el momento. A su turno, Milei ha sido el mandatario más audaz y ambicioso en medio siglo en su intención de abrazarse sin reservas a Washington, procurando lograr apoyos financieros y beneficios materiales que sostengan su propuesta libertaria interno. En consecuencia, quizás sea conveniente estudiar más profundamente las relaciones exteriores de la Argentina en tanto proyecto revisionista periférico. Entender sus pilares, discernir sus lógicas, detectar sus contradicciones, ponderar sus logros y precisar sus alcances.
Informe económico mensual
· La noticia última, pero cuyos efectos los veremos en los próximos meses es el uso de dólares del colchón, el gobierno los necesita y seguramente servirán para aumentar el poder de compra de los particulares si deciden hacer circular los guardados bajo siete llaves. Por verse.
· Mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación. Los diversos registros explican bastante. Lo no explicado es simplemente porque no se me ocurre.
· Milei ingresa en proceso electoral tanto las adelantadas en las Provincia como la gran final nacional para la renovación parcial de diputados y senadores. La Capital seguramente le dio nuevos bríos. Y recién esto se inicia, pero piensa Milei con la etapa tres, saltamos, incluso nos quedamos con el Pro. También se inicia la vuelta con el FMI, en abril las bandas a toda orquesta y un fuerte aporte, incluyendo fondos para cobrar deudas anteriores (del mismo Fondo). Y ahora, muy recientemente los dólares fuera (adentro) del colchón.
· ¿Importa la apreciación del tipo de cambio? Algo así como un dólar baratito. Con el FMI en acción lo iremos viendo. El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera, sopla los precios y afecta los ingresos. Pareciera que el gobierno apunta a la banda inferior, ¿apreciado $ 1.000? Los países con per cápita elevado suelen convivir con valores apreciados, para seguir este camino inevitablemente se necesitará de una inflación “tipo internacional” y acumulación de reservas genuinas.
· El riesgo país disminuye pero sigue siendo elevado. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno negativo en apreciación franca. Esperando Milei y Caputo que en los meses próximos caigan los dólares del colchón y de las exportaciones. Y ahora el FM mirando con atención esto último.
· Trump, gira sobre aranceles, los sube, los baja, se enoja, los suspende, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones, irritación con algunas Universidades, amistad o algo parecido con Putin, Ucrania a la intemperie. ¿Cuáles serán los problemas para el 2025? Lo iremos viendo con Trump, una caja de sorpresas o no tanto. Es casi mucho para los habitantes del mundo.
· CEPO parcial en abril. Por ahora será con un tipo de cambio flotante. ¿Cómo se comportará el dólar en el corto plazo y mediano? ¿Jugando en las bandas el BCRA y arbitrando?
· Conjeturar que ocurrirá con la inflación en el horizonte del 2025. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos. Y además anunciando que el 2026 la inflación: CERO. ¡Pajarito! ¡Recórcholis !
· El dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 con conjeturas del gobierno y ayuda FMI debieran juntarse. Tendrán que ayudar los dólares del colchón y los dólares de las exportaciones.
· La inflación (alrededor del 2.7 % promedio) en el mes de ABRIL 2025. Pero Alimentos tomó ALGO de impulso. En abril por lo visto se discutió hasta los decimales.
· El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei, “vade retro satanás”. En los meses (12) del 2024 abril – 2025 abril, el IPC aumentó el 48 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 29 %. ¿Y el FMI, las bandas, los aportes y los compradores o vendedores de dólares del colchón como operaran?
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que aún no empardan y mantienen ventaja sobre el dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?
DECLARACIÓN DE EX CANCILLERES LATINOAMERICANOS
Netanyahu y la Guerra de Gaza
Los ex Cancilleres latinoamericanos abajo firmantes condenamos enérgicamente al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu por su acción indiscriminada contra la población civil en Gaza, al margen del Derecho Internacional y, especialmente, del Derecho Humanitario.
Desde que Israel rompiera unilateralmente con el cese del fuego el 18 de marzo, cerca de 2.000 palestinos han muerto en Gaza, la inmensa mayoría civiles. A pesar de que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, el 5 de mayo el gabinete israelí acordó intensificar las acciones militares, lo que ha significado más muertes y destrucción.
Es urgente que se acuerde el cese al fuego en todo el territorio de Gaza, que se permita el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria y se restablezca el Derecho Internacional.
Nuestra condena se extiende, clara y categórica, contra la acción terrorista de la milicia Hamas contra la población civil en Israel, el 7 de octubre de 2023. Se trató de 1.200 víctimas fatales entre niños, mujeres y familias, y del secuestro de 250 personas, algunas de los cuales aún permanecen en cautiverio. Demandamos la liberación inmediata de los rehenes restantes.
Frente a ese ataque armado, le asistió a Israel el derecho a la legítima defensa, conforme al artículo 51, Capítulo VII, de la Carta de Naciones Unidas. Eso no está ni puede estar en discusión.
Sin embargo, hemos presenciado con estupor el ataque indiscriminado que han llevado a cabo el gobierno de Netanyahu contra la población civil en el territorio de Gaza, que ha costado la vida a 53.000 personas, entre ellos, niños, mujeres y familias enteras, decenas de miles de heridos y cientos de miles de damnificados y desplazados, además de la destrucción sistemática
de buena parte de la infraestructura, incluyendo viviendas, barrios enteros, escuelas y hospitales.
Particularmente grave es la negativa a permitir la ayuda humanitaria sin restricciones que la población imperiosamente requiere, generando un peligro de hambruna generalizada. Con el bloqueo total decretado por el gobierno de Netanyahu a la Franja de Gaza, más el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur, y los bombardeos contra barrios enteros, Israel está incumpliendo obligaciones que emanan de las normas del Derecho Internacional, incluyendo la proporcionalidad y la necesidad de distinguir entre combatientes y población civil, además de la obligación de tomar las medidas precautorias para evitar el daño a civiles.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha expedido, en noviembre de 2024, una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y de su ex ministro de defensa Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Deif (presuntamente muerto), por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y se encuentra investigando, en el caso de Israel, como su fiscal ha señalado pública y formalmente, la posible comisión del delito de genocidio.
Cabe tener presente que 124 estados miembros de Naciones Unidas (ONU) han adherido al Tratado de Roma que creó esta importante institución en 2002. Aunque el estado de Israel desconoce esa competencia, en 2021, la CPI resolvió que sus propias competencias se extienden a la Cisjordania y Gaza desde que la secretaría general de la ONU aceptó la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma.
Anteriormente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución conminando a Israel a cesar inmediatamente su ofensiva militar en la zona de Rafah de la Franja de Gaza, así como “toda acción que pudiese infligir en el grupo palestino en Gaza condiciones de vida que pudiesen significar su destrucción física total o parcial”.
La comunidad internacional debe presionar para la obtención de un cese al fuego que permita el ingreso y tránsito de la ayuda humanitaria internacional sin restricciones, bajo la supervigilancia de la ONU. El informe
de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados sostiene que la violencia que Israel ha desatado tiene como fin “provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos”, lo cual “podría causar un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina”.
Finalmente, nos asiste la convicción de que no habrá paz verdadera entre judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo uno al lado del otro, sobre la base de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
Que las palabras y el llamamiento a la paz del recientemente electo Papa León XIV no caigan en el vacío. Es un deber de la comunidad internacional, sus instituciones y Estados, contribuir a la paz y la seguridad en el Medio Oriente, poniendo fin a la guerra de Gaza.
Carolina Barco (Colombia)
Rafael Bielsa (Argentina)
Mariano Fernández (Chile)
Alejandro Foxley (Chile)
Diego García Sayán (Perú)
José Miguel Insulza (Chile)
Susana Malcorra (Argentina)
María Emma Mejía (Colombia)
Heraldo Muñoz (Chile)
Rodolfo Nin (Uruguay)
Aloysio Nunes (Brasil)
Marta Lucía Ramírez (Colombia)
Camilo Reyes (Colombia)
Felipe Solá (Argentina)
Jorge Taiana (Argentina)
Antonia Urrejola (Chile)
Ignacio Walker (Chile)
21 de mayo de 2025
El régimen liberticida de Milei y la libertad de huelga
Como CEATRA lo viene señalando, el régimen que asumió el 10 de Diciembre de 2023 se caracteriza por un proyecto liberticida y distópico cuyas consecuencias son la vuelta al estado de naturaleza por la destrucción no del Estado sino de la Sociedad Civil.
En este orden de ideas, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 340/2025 que pretende reglamentar la libertad de huelga constituye un capítulo más de este proyecto distópico.
La huelga, como tal, es definida como una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo puesta por la Constitución en cabeza de los trabajadores. Todo sistema democrático y republicano, que es un sistema de gestión de antagonismos que existen en toda sociedad, requiere la sanción de un régimen de frenos y contrapesos, no sólo en el ámbito de la estructura del Estado (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial e incluso el federalismo) sino también en las relaciones antagonistas que resultan de la distribución de los poderes en una sociedad.
La huelga es exactamente el contrapeso que permite que quienes no poseen otra cosa que su fuerza de trabajo, puedan hacer oír su voz y constituir poder que intente equilibrar los poderes sociales de quienes disfrutan del objeto y del medio de producción. La vigencia de la libertad de huelga constituye la base sobre la cual se constituyen los otros institutos del derecho del trabajo: la negociación colectiva y el sindicato. Eso es lo que hace del trabajador un ciudadano y no un súbdito o un esclavo.
De este modo lo que se pretende es constituir a las relaciones de trabajo en el ámbito totalitario donde sólo puede reinar la voluntad del amo. Sin la huelga, sin la expresión colectiva del descontento, no hay negociación posible ni derecho asegurado.
Un mundo del consenso de los “argentinos de bien” no es otra cosa que un régimen totalitario. Un consenso (el mismo sentido) supone la exclusión del pensamiento no autorizado. Por eso es tan importante el acuerdo que presupone la capacidad de entenderse entre los distintos intereses que permanecen distintos. Entre consenso y acuerdo media la diferencia entre el totalitarismo y la República.
El decreto de Milei asume facultades legislativas de regulación de libertades constitucionales que, por otra parte, ya se encuentran reglamentadas por las leyes. Específicamente por el artículo 24 de la ley 25.877 que establece:
ARTICULO 24. — Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.»
En esta inteligencia es actividad esencial conforme el segundo párrafo del artículo 24: “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
Una actividad no comprendida en la enumeración podrá ser calificada excepcionalmente por una comisión independiente cuando la duración y extensión territorial de la interrupción o el modo de ejecución pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. En otras palabras, esta libertad publica fundamental sólo cede cuando las circunstancias implicaran el choque contra otro interés prevalente.
Como puede advertirse, el decreto de Milei transgrede la norma legal al considerar servicio esencial la salud (no sólo la actividad sanitaria y hospitalaria) la educación y el transporte (no sólo el control de tráfico aéreo) sin que exista una comisión independiente que así lo declare y sin que sea necesario que medien circunstancias que implique que ese ejercicio particular entre en conflicto con bienes prevalentes como son la vida, la seguridad o la salud.
Es curioso que la educación sea considerada un servicio esencial por el mismo gobierno que se desentiende de sus deberes federales para la cobertura adecuada del servicio de educación y que pone en riesgo el funcionamiento de la educación universitaria.
Es de señalar que el DNU 70/23 que intentó derogar la ley 25877 en su artículo 24 fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Como señalara Gustavo Ciampa, este decreto ha batido el récord de haber sido declarado inconstitucional un año antes de su sanción.
De esta manera, no sólo se desvirtúa la Constitución Nacional, sino que también el PEN pretende arrasar con el artículo 109 de la Constitución Nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” al arrogarse el conocimiento de lo que es materia de resolución del Poder Judicial de la Nación.
Lo que se pretende es volver al Estado de Naturaleza en el cual los débiles estén a merced de los poderosos y usa, paradójicamente la potencia del Estado fundada en el contrato social para sostenerse.
Como señala Spinoza: “… el pacto no puede tener fuerza alguna sino en virtud de su utilidad, y que, suprimida esta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor”. Cuando de la existencia del pacto social no se garantiza la utilidad de todos los ciudadanos, cuando el poder y los bienes se concentran en algunos, lo que espera no es el fin del Estado sino de la Sociedad Civil. La guerra de todos contra todos en la que el hombre es el lobo del hombre.
En definitiva, lo que se presenta como destrucción del Estado es su subversión, de instancia reguladora de conflictos que hace posible la sociedad civil a aparato de coerción de la dictadura de una fracción de clase.
No es el Estado el objetivo de destrucción del régimen, es la sociedad civil.