Recientemente, señalé que una vez más—como sucede cuando se anuncia e indaga el “regreso de la geopolítica”—la noción de Estado revisionista recuperaba un lugar decisivo en los análisis sobre la política mundial. Cuando se habla y escribe sobre tal tipo de Estado se refiere, básicamente, a una condición de insatisfacción: un Estado insatisfecho con el orden internacional vigente y con la distribución de poder prevaleciente. Por ello, dicho Estado tiende a ser agresivo y extremoso: el propósito principal es desbaratar y, de ser posible, sustituir las reglas, principios e instituciones existentes en el plano global. En ese sentido, a mi entender lo más elocuente de Donald Trump 2.0 es que aspiran, él y la coalición gobernante, a transformar a Estados Unidos en una potencia revisionista, combinando una política pendenciera, expansionista y abusiva frente a adversarios, aliados, socios y súbditos por igual.
Con ese telón de fondo, menciono dos reflexiones muy estimulantes a los fines de evaluar la Argentina presente. Erin K. Jenne, profesora de relaciones internacionales de la Central Europe University, publicó en 2021 un texto en International Affairs sobre el revisionismo en política exterior. Ella lo define como las prácticas “orientadas a reconfigurar fundamentalmente la posición de un Estado en el sistema internacional y/o con relación a los Estados vecinos”. A su turno, Jenne subdivide el revisionismo en el frente externo en dos tipos: el sistémico y el lateral. El primero se manifiesta, entre otros, a través del retiro de organizaciones y regímenes internacionales con el propósito de alterar las instituciones mundiales y rechazar la autoridad de organismos supranacionales. El segundo se despliega no sólo en actitudes irredentistas frente a los vecinos, sino también a través del “endurecimiento de las fronteras, el aumento de restricciones migratorias, y la prohibición de asilados” de países próximos.
Por otro lado, en 1994 Randall L. Schweller, profesor de ciencia política de la Ohio State University, publicó un texto en International Security sobre el retorno de los Estados revisionistas y el plegamiento (bandwagoning) en política exterior. A su entender, los Estados (en especial, del entonces Tercer Mundo) no se alineaban con actores poderosos en razón de cuestiones de seguridad, sino para obtener dividendos tangibles: existía una “expectativa de ganancia” cuando un gobierno se plegaba activamente a una potencia, fuese revisionista o favorable al estatus-quo. En clave anglosajona, los Estados periféricos buscaban más “profit” que “security”, y si eso lo ofrecía más un poder revisionista pues el alineamiento era con ese mejor “proveedor”.
Vuelvo entonces al principio. El segundo mandato del presidente Donald Trump expresa hoy el mayor intento de enraizar el revisionismo en materia internacional. El primer mandato del presidente Javier Milei apunta a replantear plenamente la política exterior del país en una línea que, siguiendo, a Erin Jenne, podría denominarse un revisionismo más sistémico que lateral; al menos hasta el momento. A su turno, Milei ha sido el mandatario más audaz y ambicioso en medio siglo en su intención de abrazarse sin reservas a Washington, procurando lograr apoyos financieros y beneficios materiales que sostengan su propuesta libertaria interno. En consecuencia, quizás sea conveniente estudiar más profundamente las relaciones exteriores de la Argentina en tanto proyecto revisionista periférico. Entender sus pilares, discernir sus lógicas, detectar sus contradicciones, ponderar sus logros y precisar sus alcances.
· La noticia última, pero cuyos efectos los veremos en los próximos meses es el uso de dólares del colchón, el gobierno los necesita y seguramente servirán para aumentar el poder de compra de los particulares si deciden hacer circular los guardados bajo siete llaves. Por verse.
· Mirando los gráficos con detenimiento y paciencia se logra una buena aproximación. Los diversos registros explican bastante. Lo no explicado es simplemente porque no se me ocurre.
· Milei ingresa en proceso electoral tanto las adelantadas en las Provincia como la gran final nacional para la renovación parcial de diputados y senadores. La Capital seguramente le dio nuevos bríos. Y recién esto se inicia, pero piensa Milei con la etapa tres, saltamos, incluso nos quedamos con el Pro. También se inicia la vuelta con el FMI, en abril las bandas a toda orquesta y un fuerte aporte, incluyendo fondos para cobrar deudas anteriores (del mismo Fondo). Y ahora, muy recientemente los dólares fuera (adentro) del colchón.
· ¿Importa la apreciación del tipo de cambio? Algo así como un dólar baratito. Con el FMI en acción lo iremos viendo. El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera, sopla los precios y afecta los ingresos. Pareciera que el gobierno apunta a la banda inferior, ¿apreciado $ 1.000? Los países con per cápita elevado suelen convivir con valores apreciados, para seguir este camino inevitablemente se necesitará de una inflación “tipo internacional” y acumulación de reservas genuinas.
· El riesgo país disminuye pero sigue siendo elevado. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. También la inflación en baja. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno negativo en apreciación franca. Esperando Milei y Caputo que en los meses próximos caigan los dólares del colchón y de las exportaciones. Y ahora el FM mirando con atención esto último.
· Trump, gira sobre aranceles, los sube, los baja, se enoja, los suspende, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones, irritación con algunas Universidades, amistad o algo parecido con Putin, Ucrania a la intemperie. ¿Cuáles serán los problemas para el 2025? Lo iremos viendo con Trump, una caja de sorpresas o no tanto. Es casi mucho para los habitantes del mundo.
· CEPO parcial en abril. Por ahora será con un tipo de cambio flotante. ¿Cómo se comportará el dólar en el corto plazo y mediano? ¿Jugando en las bandas el BCRA y arbitrando?
· Conjeturar que ocurrirá con la inflación en el horizonte del 2025. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos. Y además anunciando que el 2026 la inflación: CERO. ¡Pajarito! ¡Recórcholis !
· El dólar oficial y el CCL seguramente en el 2025 con conjeturas del gobierno y ayuda FMI debieran juntarse. Tendrán que ayudar los dólares del colchón y los dólares de las exportaciones.
· La inflación (alrededor del 2.7 % promedio) en el mes de ABRIL 2025. Pero Alimentos tomó ALGO de impulso. En abril por lo visto se discutió hasta los decimales.
· El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei, “vade retro satanás”. En los meses (12) del 2024 abril – 2025 abril, el IPC aumentó el 48 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 29 %. ¿Y el FMI, las bandas, los aportes y los compradores o vendedores de dólares del colchón como operaran?
· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, esto lleva a tener por ahora tasas que aún no empardan y mantienen ventaja sobre el dólar. ¿Cómo serán los meses próximos?
Los ex Cancilleres latinoamericanos abajo firmantes condenamos enérgicamente al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu por su acción indiscriminada contra la población civil en Gaza, al margen del Derecho Internacional y, especialmente, del Derecho Humanitario.
Desde que Israel rompiera unilateralmente con el cese del fuego el 18 de marzo, cerca de 2.000 palestinos han muerto en Gaza, la inmensa mayoría civiles. A pesar de que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, el 5 de mayo el gabinete israelí acordó intensificar las acciones militares, lo que ha significado más muertes y destrucción.
Es urgente que se acuerde el cese al fuego en todo el territorio de Gaza, que se permita el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria y se restablezca el Derecho Internacional.
Nuestra condena se extiende, clara y categórica, contra la acción terrorista de la milicia Hamas contra la población civil en Israel, el 7 de octubre de 2023. Se trató de 1.200 víctimas fatales entre niños, mujeres y familias, y del secuestro de 250 personas, algunas de los cuales aún permanecen en cautiverio. Demandamos la liberación inmediata de los rehenes restantes.
Frente a ese ataque armado, le asistió a Israel el derecho a la legítima defensa, conforme al artículo 51, Capítulo VII, de la Carta de Naciones Unidas. Eso no está ni puede estar en discusión.
Sin embargo, hemos presenciado con estupor el ataque indiscriminado que han llevado a cabo el gobierno de Netanyahu contra la población civil en el territorio de Gaza, que ha costado la vida a 53.000 personas, entre ellos, niños, mujeres y familias enteras, decenas de miles de heridos y cientos de miles de damnificados y desplazados, además de la destrucción sistemática
de buena parte de la infraestructura, incluyendo viviendas, barrios enteros, escuelas y hospitales.
Particularmente grave es la negativa a permitir la ayuda humanitaria sin restricciones que la población imperiosamente requiere, generando un peligro de hambruna generalizada. Con el bloqueo total decretado por el gobierno de Netanyahu a la Franja de Gaza, más el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur, y los bombardeos contra barrios enteros, Israel está incumpliendo obligaciones que emanan de las normas del Derecho Internacional, incluyendo la proporcionalidad y la necesidad de distinguir entre combatientes y población civil, además de la obligación de tomar las medidas precautorias para evitar el daño a civiles.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha expedido, en noviembre de 2024, una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y de su ex ministro de defensa Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Deif (presuntamente muerto), por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y se encuentra investigando, en el caso de Israel, como su fiscal ha señalado pública y formalmente, la posible comisión del delito de genocidio.
Cabe tener presente que 124 estados miembros de Naciones Unidas (ONU) han adherido al Tratado de Roma que creó esta importante institución en 2002. Aunque el estado de Israel desconoce esa competencia, en 2021, la CPI resolvió que sus propias competencias se extienden a la Cisjordania y Gaza desde que la secretaría general de la ONU aceptó la adhesión de los palestinos al Estatuto de Roma.
Anteriormente, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución conminando a Israel a cesar inmediatamente su ofensiva militar en la zona de Rafah de la Franja de Gaza, así como “toda acción que pudiese infligir en el grupo palestino en Gaza condiciones de vida que pudiesen significar su destrucción física total o parcial”.
La comunidad internacional debe presionar para la obtención de un cese al fuego que permita el ingreso y tránsito de la ayuda humanitaria internacional sin restricciones, bajo la supervigilancia de la ONU. El informe
de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados sostiene que la violencia que Israel ha desatado tiene como fin “provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de los palestinos”, lo cual “podría causar un perjuicio irreparable a la propia existencia del pueblo palestino en Palestina”.
Finalmente, nos asiste la convicción de que no habrá paz verdadera entre judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo uno al lado del otro, sobre la base de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
Que las palabras y el llamamiento a la paz del recientemente electo Papa León XIV no caigan en el vacío. Es un deber de la comunidad internacional, sus instituciones y Estados, contribuir a la paz y la seguridad en el Medio Oriente, poniendo fin a la guerra de Gaza.
Como CEATRA lo viene señalando, el régimen que asumió el 10 de Diciembre de 2023 se caracteriza por un proyecto liberticida y distópico cuyas consecuencias son la vuelta al estado de naturaleza por la destrucción no del Estado sino de la Sociedad Civil.
En este orden de ideas, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 340/2025 que pretende reglamentar la libertad de huelga constituye un capítulo más de este proyecto distópico.
La huelga, como tal, es definida como una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo puesta por la Constitución en cabeza de los trabajadores. Todo sistema democrático y republicano, que es un sistema de gestión de antagonismos que existen en toda sociedad, requiere la sanción de un régimen de frenos y contrapesos, no sólo en el ámbito de la estructura del Estado (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial e incluso el federalismo) sino también en las relaciones antagonistas que resultan de la distribución de los poderes en una sociedad.
La huelga es exactamente el contrapeso que permite que quienes no poseen otra cosa que su fuerza de trabajo, puedan hacer oír su voz y constituir poder que intente equilibrar los poderes sociales de quienes disfrutan del objeto y del medio de producción. La vigencia de la libertad de huelga constituye la base sobre la cual se constituyen los otros institutos del derecho del trabajo: la negociación colectiva y el sindicato. Eso es lo que hace del trabajador un ciudadano y no un súbdito o un esclavo.
De este modo lo que se pretende es constituir a las relaciones de trabajo en el ámbito totalitario donde sólo puede reinar la voluntad del amo. Sin la huelga, sin la expresión colectiva del descontento, no hay negociación posible ni derecho asegurado.
Un mundo del consenso de los “argentinos de bien” no es otra cosa que un régimen totalitario. Un consenso (el mismo sentido) supone la exclusión del pensamiento no autorizado. Por eso es tan importante el acuerdo que presupone la capacidad de entenderse entre los distintos intereses que permanecen distintos. Entre consenso y acuerdo media la diferencia entre el totalitarismo y la República.
El decreto de Milei asume facultades legislativas de regulación de libertades constitucionales que, por otra parte, ya se encuentran reglamentadas por las leyes. Específicamente por el artículo 24 de la ley 25.877 que establece:
ARTICULO 24. — Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL con la intervención del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación del presente artículo dentro del plazo de NOVENTA (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del Trabajo.»
En esta inteligencia es actividad esencial conforme el segundo párrafo del artículo 24: “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
Una actividad no comprendida en la enumeración podrá ser calificada excepcionalmente por una comisión independiente cuando la duración y extensión territorial de la interrupción o el modo de ejecución pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. En otras palabras, esta libertad publica fundamental sólo cede cuando las circunstancias implicaran el choque contra otro interés prevalente.
Como puede advertirse, el decreto de Milei transgrede la norma legal al considerar servicio esencial la salud (no sólo la actividad sanitaria y hospitalaria) la educación y el transporte (no sólo el control de tráfico aéreo) sin que exista una comisión independiente que así lo declare y sin que sea necesario que medien circunstancias que implique que ese ejercicio particular entre en conflicto con bienes prevalentes como son la vida, la seguridad o la salud.
Es curioso que la educación sea considerada un servicio esencial por el mismo gobierno que se desentiende de sus deberes federales para la cobertura adecuada del servicio de educación y que pone en riesgo el funcionamiento de la educación universitaria.
Es de señalar que el DNU 70/23 que intentó derogar la ley 25877 en su artículo 24 fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Como señalara Gustavo Ciampa, este decreto ha batido el récord de haber sido declarado inconstitucional un año antes de su sanción.
De esta manera, no sólo se desvirtúa la Constitución Nacional, sino que también el PEN pretende arrasar con el artículo 109 de la Constitución Nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” al arrogarse el conocimiento de lo que es materia de resolución del Poder Judicial de la Nación.
Lo que se pretende es volver al Estado de Naturaleza en el cual los débiles estén a merced de los poderosos y usa, paradójicamente la potencia del Estado fundada en el contrato social para sostenerse.
Como señala Spinoza: “… el pacto no puede tener fuerza alguna sino en virtud de su utilidad, y que, suprimida esta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor”. Cuando de la existencia del pacto social no se garantiza la utilidad de todos los ciudadanos, cuando el poder y los bienes se concentran en algunos, lo que espera no es el fin del Estado sino de la Sociedad Civil. La guerra de todos contra todos en la que el hombre es el lobo del hombre.
En definitiva, lo que se presenta como destrucción del Estado es su subversión, de instancia reguladora de conflictos que hace posible la sociedad civil a aparato de coerción de la dictadura de una fracción de clase.
No es el Estado el objetivo de destrucción del régimen, es la sociedad civil.
Hermana, amiga, compañera de la vida. Hoy, después de tantos años, apareciste en el “Pozo de Vargas”. Claudia, tu hermana, dijo: “Apareció Aida”. Apareciste, sí, luego de que te hicieran desaparecer en noviembre de 1976, frente a tu abuela y a tus hermanos, con brutalidad, por una unidad del Ejército en Tucumán.
Te habías recibido de psicóloga. Estabas lista para partir hacia Venezuela, donde te esperaba tu compañero, el Flaco Raúl, exiliado argentino. Tenías el pasaje en la mano.
Me enteré el 24 de diciembre de 1976, en el penal de Sierra Chica. En la cola para recibir alimentos que los familiares nos dejaban por Navidad, Bebe Núñez —compañero catamarqueño y gremialista del SOEM—, parado detrás de mí, me susurró la noticia de tu desaparición. Uno, frente a la mirada de los guardiacárceles, solo podía morderse los labios para contener el dolor.
Tu compromiso militante, sin duda, fue una amenaza para los neoconservadores —ya transformados en neoliberales— liderados entonces por Martínez de Hoz. Vivías en tu casa con tus hermanos y tu abuela. Militabas a plena luz del día. Fuiste una de las miles de desaparecidas en Tucumán: docentes, trabajadores rurales, gremialistas —entre ellos, los dirigentes Santillán y Lizárraga—, comprometidos como vos.
Nos visitabas siempre en la cárcel a los presos políticos de Catamarca, donde estaba detenido tu compañero. Recuerdo que, cuando nació mi hijo Nanchi, vos estabas feliz: unos días antes había nacido tu sobrina Clarisa, hija de tu hermana Claudia. Vivían las tres juntas en la esquina de Prado y Sarmiento. Cuando me llevaron en patrullero al sanatorio a conocer a mi hijo, vos llevaste a Clarisa para que lo conociera. Recuerdo a Luis Candelari saludándome desde su ventana.
La mayoría de los desaparecidos no eran candidatos en las elecciones de 1973. No buscaban cargos. Estaban junto al pueblo. Los que sí ocuparon lugares de poder fueron algunos políticos mañosos que usaron la militancia como trampolín. Las campañas políticas, las movilizaciones, quienes le pusieron el cuerpo y el alma, éramos la juventud, junto a gremialistas, dirigentes sociales, curas del “tercer mundo”, etc.
Cuando comenzó el “terror de Estado”, primero con las Tres A (López Rega e Isabel Martínez), y en el 76 con el golpe cívico-militar, se decía: “Algo habrán hecho”, y así se aceptó el horror.
Y sí, hicimos mucho. La juventud, los gremios, los partidos de izquierda. Fuimos peligrosos no por tener armas o bombas —eso lo tenían las Tres A, las fuerzas armadas y de seguridad—, sino porque cuestionábamos la injusticia, porque queríamos transformar la realidad.
Los 30.000 desaparecidos y detenidos no portábamos armas. Éramos peligrosos por los ideales que teníamos: justicia social, igualdad, dignidad. Por eso, Aida, como tantos otros, fue perseguida, secuestrada, “desaparecida”.
Fuimos juntos a Ezeiza a esperar a Perón. Estuvimos en la Plaza de Mayo para verlo. No sabíamos que sería la última vez. Creíamos en él, en Evita, por lo que significaron: el trabajo, las escuelas, los hospitales, las viviendas, las universidades, el voto femenino, el aguinaldo, las 8 horas de jornada laboral, el estatuto del peón rural, el derecho a sindicalizarse, etc.
En aquellos años, las fábricas trabajaban al 100 %. El desempleo era del 4 %, como la pobreza. Los salarios representaban el 51 % del PBI. Los trabajadores no necesitaban subsidios para pagar servicios ni para tomarse vacaciones. Tal era el nivel de producción, que se empezaba a hablar de participación obrera en las ganancias. Mi padre, en su fábrica, lo hizo.
Había una sinergia entre empresa y trabajador. Cuanto mejor le iba a uno, mejor al otro. Pero eso molestaba a la Sociedad Rural, al empresariado conservador, parasitario, que vive del privilegio. Desde la campaña del desierto en adelante, se robaron todas las tierras fértiles: la familia de Martínez de Hoz se quedó con 2,5 millones de hectáreas frente a Mar del Plata.
Exportaban —y exportan— granos sin esfuerzo, con la vaca atada, gracias a las mejores tierras del mundo. Mientras tanto, Australia y Nueva Zelanda enfrentaban costos logísticos mayores que nosotros.
Al final del gobierno de Isabel Martínez, estos sectores atacaron el desarrollo industrial, ese perfil de país productor de manufacturas que competía con los que, como decía Sarmiento: “Aquí huele a bosta de vaca, no a vapor de máquinas.” Compartir y competir con esa próspera Argentina era una amenaza para este sector parasitario, como ahora (viven de las deudas externas contraídas por el pueblo y pagadas con sus penurias).
La historia de las riquezas obtenidas en base a masacres: del “granero del mundo”.
Mitre, su mentor, frente a la derrota en Paraguay, en la nefasta guerra de la “Triple Alianza”, con los Winchester ingleses, tenía contratado a mercenarios uruguayos y mandó a exterminar a las montoneras federales, derrotando a Felipe Varela en Pozo de Vargas, en 1867, último baluarte federal. Luego, con el Ejército de Roca, aniquiló a los pueblos originarios que vivían en las tierras fértiles.
Y en 1976, de nuevo: a aniquilar una Argentina próspera, con futuro, para endeudarla. De no deber casi nada, pasamos a una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Fue a parar a esa “casta” que se robó la mayor parte de la deuda: los grupos económicos, Martínez de Hoz, bancos internacionales:
Citibank, Chase Manhattan, Bank of America, HSBC, Deutsche Bank. Prestaron grandes sumas al Estado argentino o a empresas privadas sabiendo que serían luego estatizadas. Obtuvieron altos rendimientos con mínima exposición al riesgo, ya que el Estado garantizaba las deudas.
Empresarios: Grupo Macri (SOCMA), Techint, Pérez Companc, Bunge & Born, Loma Negra, Bridas (Bulgheroni), Aluar, etc.
Para poder robar, había que destruir, matar, detener. Y ahí cayó Aida. Y los 30.000. Todo esto se hizo a pesar del sable corvo de San Martín, cuando este dijo: “Nunca lo desenvainaré contra un argentino”.
En ese momento liderábamos al Tercer Mundo. Hoy, miramos desde afuera a los BRICS. Siempre estos grupos económicos fueron a golpear los cuarteles para que ellos hicieran el trabajo delictivo, criminal: exterminando los movimientos federales, las poblaciones indígenas de las pampas, fusilando a miles de peones rurales en la “Patagonia Rebelde”, reprimiendo a los trabajadores de los talleres Vasena por demandar jornadas de 8 horas y mejoras salariales (murieron en la represión del Ejército cerca de 700 personas). En el siglo XX, tuvieron muchas participaciones represivas, hasta la peor de todas: desde marzo de 1976 hasta 1983, donde desaparecieron, detuvieron, robaron bebés del vientre de sus madres, tiraron personas vivas desde aviones. Fueron 30.000.
Mientras las fuerzas armadas y de seguridad reprimían, los grupos económicos se llevaban el botín.
Fue una guerra contra un modelo que ofrecía justicia social, industrialización, trabajo digno. Por eso desaparecieron a Aida. Y a más de 1.500 compañeras y compañeros en Tucumán. Y a 30.000 en todo el país.
Aida estaba comprometida con el pueblo. Porque soñaba con otro país.
Aida seguirá apareciendo, desde el Pozo de Vargas, y desde la memoria viva del país que debemos recuperar y volver a construir.
Conocimos por primera vez la bicicleta financiera o carry trade con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y las tasas de interés positivas (porcentaje mayor que la inflación, incluso las pasivas, las que la entidad financiera abona a sus depositantes) con sus resultados negativos en la producción y en la distribución del ingreso. En esa oportunidad se generó una deuda que pasó de menos de 8.000 millones de dólares con Isabel Martínez de Perón a 43.650 millones de esa divisa al 10 de diciembre de 1983.
Persistió en gran parte del plan Austral (hasta la disparada del precio del dólar a fines de 1987) cuando, pese a utilizar para pagar los intereses de la deuda todo el superávit comercial acumulado en cinco años y medio de Alfonsín (unos 8.500 millones de dólares corrientes), la deuda fue de 61.530 millones de dólares al 9 de julio de 1989. Continuó con el plan de convertibilidad de Cavallo hasta diciembre de 2001, alcanzando 88.259 millones de dólares. Según informa el INDEC, el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior pasó de 54.936 millones de dólares a 137.806 millones en el mismo período, y la participación de los asalariados en el ingreso fue una de las más bajas de toda nuestra historia, del 29,6%.
También se aplicó a rajatabla en el gobierno de Cambiemos, que, no bien asumió, devaluó nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creció más que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando en primera instancia transferencias de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados y de los exportadores. En una segunda etapa, se aseguraron de que las tasas de interés del país fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.
Fue propiciada y expandida por el BCRA de Alberto Fernández, que generó la bomba de las Leliq y otros pasivos financieros por un monto de 22,7 billones de pesos (es en pesos, pero equivalente a unos 57.000 millones de dólares corrientes), que era el subsidio que le pagaba el BCRA presidido por Miguel Pesce a las entidades financieras por tener bonitas sucursales y captar depósitos del público, y que nunca se empleó para nada.
El plan económico llevado adelante por la gestión de Alberto Fernández fue condicionado e incluso refrendado por la Ley 27.668 que aprobó «el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario», que se promulgó el 17 de marzo de 2022. Y las medidas anunciadas cuando asumió el ministro Sergio Massa se insertaron en el plan para definir como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos. En ese marco definió principios y motores; los primeros, del orden fiscal: superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas internacionales que, obviamente, no fueron logrados por la misma y permisiva inercia del propio gobierno en general y del BCRA en particular, que apuntalaron la “bicicleta financiera” y posibilitaron la fuga de capitales. Por ejemplo, el BCRA le vendió 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas, para que pagaran sus supuestas deudas (balance cambiario del BCRA diciembre 2019 – noviembre 2023).
Tras el desgobierno del Frente de Todos, asumió Javier Milei para profundizar y extender el carry trade, la fuga de capitales y el mayor endeudamiento de toda nuestra historia, que es impulsado por el gran capital local, pero ahora socio menor del capital financiero de Manhattan, que son los principales acreedores del país y financian al capital local e incluso participan en sus negocios.
El carry trade genera la anestesia social de una menor inflación al frenar el crecimiento del tipo de cambio, pero lo hace a costa de un endeudamiento tal, que devenga intereses que implican casi la mitad de todo el gasto público de la Administración nacional. Como no se puede pagar, se colocan títulos públicos capitalizables que pagan el interés al final y hacen que la deuda crezca exponencialmente.
A abril de 2025, el gasto acumulado de esos cuatro meses de la Administración nacional fue de 34,4 billones de pesos, de los cuales se pagaron intereses por 3,2 billones de pesos. Pero la deuda pública devengó en el período intereses por 16,8 billones de pesos; por ende, se sumaron al capital adeudado intereses por 13,6 billones de pesos (el 39,53% del gasto total). Es en pesos, pero equivalente a 12.363 millones de dólares que se suman a la deuda en pesos (convertida en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación).
Y es la principal razón por la que el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo el miércoles 14 de mayo de 2025 que la entidad saldrá a buscar en el corto plazo un préstamo de tipo REPO con un conjunto «más amplio de bancos privados internacionales» en relación con el suscripto a comienzos de año por 1.000 millones de dólares. Y también explica las distintas versiones de un nuevo “blanqueo” para que “los argentinos saquen los dólares del colchón”, que permitiría declarar efectivo sin necesidad de bancarización previa para montos de hasta 100.000 dólares y habilitar al Tesoro a captar parte de esos fondos mediante colocaciones de nuevos títulos de deuda.
Esto es a pesar de que que la ley 27.743, llamada “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» (que establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, buscando incentivar el pago voluntario de deudas y la declaración de activos no registrados, conocido como “blanqueo de capitales”) dice expresamente que no se producirá otro “blanqueo” hasta el año 2038. De que existen las leyes de procedimiento tributario y penal tributario que lo impiden. De que la Argentina firmó el acuerdo y se incorporó al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que a través de sus recomendaciones establece las normas internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De la ley 25.246 de la Argentina, promulgada el 10 de mayo de 2000, y sus modificaciones posteriores que han ampliado su alcance y competencias. Haciendo caso omiso y ante la imperiosa necesidad de juntar divisas para pagar los vencimientos de la deuda hasta octubre de 2025, proponen violar las leyes que el Presidente juró respetar y hacer respetar.
Es cierto que el FMI el martes 15 de abril de 2025 giró al país 12.000 millones de dólares y el Banco Mundial sumó 1.300 millones de dólares más (amplían las reservas con deuda), pero si bien las reservas internacionales brutas al 12 de mayo de 2025 suman 38.079 millones de dólares, deben deducirse los swaps de la República Popular China por aproximadamente unos 18.000 millones de dólares, el encaje de los depósitos captados en divisas por las entidades financieras (Cuenta Corriente en divisas del BCRA) por 13.475 millones de dólares, y también deben contemplares los BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), de los cuales se emitieron bonos en tres series por un total de 10.000 millones de dólares (es deuda con los importadores, más bopreal por 1500 millones de dólares que se destinaron al giro de dividendos de las empresas trasnacionales).
A esa frágil situación se suma que el miércoles 9 de julio de 2025 vencen 4.500 millones de dólares de capital e intereses de deuda con el FMI y los bonistas. Y que en la ampliación del acuerdo con el FMI se acordó que las reservas internacionales del BCRA se incrementaban en 4.700 millones de dólares antes del 13 de junio de 2025.
La reducción desde el 14 de abril de 2025 a seis meses del plazo mínimo de permanencia para fondos extranjeros, junto con cierta estabilidad de los distintos tipos de dólar, refuerzan el interés por los bonos en pesos (también plazos fijos y acciones), recreando la brecha entre las tasas en pesos, que asegura el BCRA al intervenir en el precio en los mercados futuros del dólar que, en el ROFEX (mercado a término de Rosario donde se negocian derivados, principalmente futuros y opciones sobre diversos activos como commodities, monedas y activos financieros) es prácticamente el único vendedor hasta el 31 de octubre de 2025 (cuando las elecciones de medio término son el 26 de ese mes), de esa forma incentiva a ingresar y/o vender dólares y posicionarse en pesos.
El riesgo lo asume el BCRA (en nuestro nombre), dado que si las expectativas de devaluación resurgen, el BCRA debe enfrentar pérdidas al liquidar contratos (siempre es en pesos) al precio de un dólar que a esa fecha es mayor que el acordado.
La Secretaría de Finanzas de la Nación, que licita títulos de deuda en pesos dos veces al mes, en la realizada el 14 de mayo de 2025 logró colocar 5,4 billones de pesos con tasas más altas, que sube el rendimiento de referencia y podría empujar al mercado a ajustar los precios (hacia abajo) de los bonos que ya están en circulación. Particularmente, el título público LECAP (letras capitalizables que pagan el interés cuando se amortiza totalmente el bono, dado que no pueden pagar los intereses de la deuda) que vence el 30 de junio de 2025, denominado S30J5, que fue adjudicado a una tasa del 2,6% efectivo mensual, superando el rendimiento al que venía operando en ruedas previas.
Igualmente, como viene sucediendo en forma creciente desde febrero de este año, los plazos son mayoritariamente cortos. En la licitación del 14 de mayo, las LECAPs con vencimiento 30 de junio y 31 de julio de 2025 se llevaron la mayor parte de los fondos, prácticamente dos tercios del total de títulos colocados, demostrando claramente que en el mercado local confían en que el Tesoro va a poder hacer frente a los pagos de vencimientos de junio y julio de 2025, pero dudan después, tanto en las tasas y la inflación esperada (que infieren mayor), como en la cancelación de los vencimientos (temen el llamado reperfilamiento de la deuda en pesos).
En síntesis
La renta financiera confisca el capital productivo; con esos fondos en pesos lo reconvierten en divisas y fugan. Pero esta vez la fuga será parcial, dado que saben de las reservas hidrocarburíferas, de litio y minerales raros, de cobre, oro y plata, de uranio, de agua pesada y de agua potable que tiene nuestro país en abundancia, y van a convertir la deuda mayormente en nuestros recursos naturales. Recursos que no pertenecen a este gobierno y ni tan siquiera a esta generación, sino a generaciones de argentinos; para ello tiene la Ley 27.742, mal llamada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que contiene el RIGI para forjar un modelo extractivista, creando enclaves económicos extranjeros dentro del país que estarán bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional. Tendrán estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, podrán disponer libremente de todas las divisas que obtengan, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin obligación de abastecer al mercado interno.
Por eso nos endeudan y pagan los vencimientos con nueva deuda; todo el excedente de dólares no lo usan para fortalecer las reservas del BCRA, sino para financiar el carry trade, y cuando no se pueda pagar más, ejecutarán los títulos por las empresas públicas (cuyo listado está en dicha ley) y por los recursos naturales.
La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto criminal de administración fraudulenta. Dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.
Los países que gozan de un alto bienestar son los que han logrado acumular fondos soberanos de inversión para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinada a las próximas generaciones.
La noción de Estado Vasallo ha resurgido en la política mundial en los últimos tiempos. La idea de un Estado que se subordina a otro a la manera del vínculo entre un señor y un vasallo cobra vigencia en medio de la coyuntura crítica que atravesamos. Una relación de vasallaje indica una condición de dependencia y fidelidad a un poder superior que garantiza a cambio apoyo político y militar. Históricamente este tipo de vínculo se remite a los imperios chino, otomano y romano.
El Estado Vasallo era incompatible con la idea de soberanía pues reflejaba su contrario, la “suzeranía”, que, tal como la define el Diccionario de la Real Academia Española, es la “condición preeminente de una comunidad política sobre otra”. En un acuerdo de suzeranía, el poder mayor (el señor) le impone al actor inferior (el vasallo) los términos del compromiso. Llevado al plano estatal, la entidad poderosa era “el suzerano”, en tanto que la contra-parte dominada disponía de una limitada autonomía.
En épocas contemporáneas, al renacido Estado Vasallo se lo equiparó con otros: el Estado Tributario, el Estado Satélite, el Estado Títere. En todos existe una vinculación del tipo patrón-cliente y arreglos proxy (autoridad de unos sobre otros para que éstos actúen por encargo) típicos de los imperios informales.
En el contexto de la Guerra Fría, buena parte de la literatura anglosajona en estudios internacionales respecto a Europa Oriental y su subordinación a la URSS, definió a los países que conformaban ese bloque como Estados Vasallos o Satélites.
Bajo la promesa de un nuevo orden internacional en la Posguerra Fría liderado por Estados Unidos, con el acompañamiento de una Europa ampliada, la noción del Estado Vasallo se eclipsó. Sin embargo, pronto quedó en evidencia que las jerarquías y los sometimientos seguían caracterizando la política mundial. En Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999), Stephen Krasner mostró que la soberanía era un modo de hipocresía organizada, pues los poderosos, especialmente en Occidente, preservaron su hábito de manipular el derecho internacional y salvaguardar sus intereses.
Un caso elocuente en esa dirección lo constituyó la resolución británico-estadounidense del 19 de mayo de 2003 que apuntaba a constituir un protectorado sine die en Irak, a cargo de Washington. Entonces, el vasallaje era una relación entre una potencia y un subalterno. Dos décadas más tarde, reaparece el Estado Vasallo, pero con referencias diferentes y ante cuestiones distintas.
Primero, está el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Expertos aseveraron que el propósito de Moscú era convertir a Ucrania en un Estado Vasallo.
El ex director de la CIA, William Burns, afirmó que la guerra ucraniana estaba transformando a Rusia en un Estado Vasallo de China. Y un estudio (The Art of Vassalisation: How Russia’s War on Ukraine has Transformed Transatlantic Relations) de 2023 del European Council on Foreign Relations aseguró que Europa se estaba volviendo un Estado Vasallo de Estados Unidos. Al parecer el “nuevo” vasallaje era entre potencias y no solo entre grandes poderes y actores menores.
Segundo, está la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, aún antes del retorno de Trump a la Casa Blanca. En ese caso lo habitual es advertir que los gobiernos tratan de eludir ser Estados Vasallos.
Por una parte, las expresiones de la mayoría de los líderes de Asia se dirigen a evitar convertirse en vasallos de Washington o Beijing: rechazan ser peones de la disputa sinoestadounidense pues saben los costos en prosperidad y seguridad que implicaría. Por otra parte, las manifestaciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en abril de 2023, sobre Taiwán luego de una visita a China cuando indicó que ser aliado de Washington no significaba ser su “vasallo” en el asunto de la isla.
Y tercero, está la llegada al poder de Trump en 2025. El término vasallo, implícita o explícitamente, ha impregnado su política militar y comercial. En clave expansionista, las ideas de recuperar el Canal de Panamá, de adquirir Groenlandia y de sumar a Canadá como el Estado 51 traslucen una nítida aspiración de cimentar relaciones de vasallaje. Lo dicho por el vicepresidente JD Vance acerca de que “no es bueno que Europa sea permanentemente un vasallo de Estados Unidos en materia de seguridad” fue bastante reveladora.
La coerción sobre Ucrania para que Washington se quede con su riqueza de “tierras raras” es el epítome de un vasallaje. Respecto a las deportaciones, El Salvador va en vías de ser el carcelero latinoamericano bajo la lógica de un intercambio —respaldo como pago de obediencia— propio de un desigual vínculo tributario.
En lo comercial, el secretario de Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el Representante Comercial, Jamieson Greer; el presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran; y el consejero presidencial, Peter Navarro, coinciden en la imposición de aranceles, dividiendo, de facto, a las naciones en vasallos, aliados y oponentes. Los primeros conceden a la espera de una recompensa; los segundos negocian bajo diferentes grados de presión y objeción; y los terceros tienen capacidad de réplica y retaliación.
El Estado Vasallo ha reaparecido y con ello se trunca la autonomía relativa en política exterior ya sea por el consentimiento del súbdito o por la imposición del amo.
Cuando comenzó 2025, la Secretaría de Finanzas de la Nación informó que el total de vencimientos de capital e intereses en el año ascendía a 29.319 millones en dólares y 90,1 billones en pesos.
La deuda en pesos tiene distintos vencimientos a lo largo del año, pero desde febrero de 2025 y en forma creciente los plazos son cada vez más corto: en las dos licitaciones de abril el 60% de las refinanciaciones no superan los 60 días de plazo, cuando en 2024 colocaban títulos de deuda en pesos que vencían este año.
El total de la deuda en pesos (de los distintos títulos) al 31 de marzo, convertido en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación, es de 154.008 millones de dólares. La tasa en pesos de la licitación del 23 de abril último fue para el 60% de las renovaciones del 3,9% mensual (contra 2,8% de marzo). Y en BONCAP (bonos capitalizables, que fue el 40% restante de las colocaciones de títulos de deuda) a enero y a marzo de 2027, de 2,65% y de 2,05% mensual respectivamente. Por ende el total de la deuda en pesos ajustada por esa tasa implica un interés promedio de 4,2 billones de pesos por mes, cuando el gasto mensual de la Administración Nacional (en salud, educación, seguridad, jubilaciones y pensiones, personal de las Fuerzas Armadas, en todo el gasto público) es de aproximadamente 10,1 billones de pesos mensuales. Si no capitalizan no pueden pagar los intereses de la deuda en pesos.
Si contabilizamos la deuda en divisas, que al 31 de marzo asciende a 166.223 millones de dólares y que devenga una tasa mensual promedio de 0,58% anual, implica un gasto mensual en divisas de aproximadamente 1.000 millones de dólares, de los cuales pagan una parte, pero la diferencia también deben capitalizarla y refinanciarla. No pueden pagar los intereses de la deuda y acumulan en un monto que crece en forma exponencial.
El cuadro financiero y de deuda demuestra la difícil situación. Es cierto que el Banco Central no financia directamente al Tesoro de la Nación, pero la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA) creció con la actual administración mucho más que la inflación y que el incremento de los distintos tipos de cambio, dado que emitió para comprar dólares que después el BCRA no conservó (fuga de capitales). Por ende es mentira que ahogaron la liquidez para que la población que puede no se pase a dólares. Como también es mentira que necesitan más liquidez, por eso proponen que se empleen los supuestos 200.000 millones de dólares que teóricamente tienen en su poder y no declarados los residentes argentinos, al decir de Kristalina Georgieva y Luis Caputo. Esta administración necesita cubrir vencimientos y está ahogada por falta de dólares, que no obtiene ni del flujo comercial ni de inversiones de capital, y que solo recibe por deuda.
Las reservas internacionales, que habían disminuido en 6.300 millones de dólares en el año hasta el 11 de abril, se recuperan con el generoso aporte de FMI del martes 15 de abril por 12.000 millones de dólares. Las reservas del BCRA son positivas por la deuda del Tesoro de la Nación. Deuda bruta que en la gestión de Milei, hasta abril de 2025, se acrecentó en 118.483 millones de dólares, que se emplearon para financiar el déficit fiscal del gobierno de Alberto Fernández de 5,62% del PIB (11,3 billones de pesos en diciembre de 2023), el déficit cuasi fiscal del BCRA (pasivo financiero constituido por pases pasivos, Leliq y Notaliq) por 22,7 billones de pesos, y por la capitalización de intereses que no se pueden pagar.
En 2024 se pagaron intereses de deuda por 8,6 billones de pesos y el superávit financiero final fue de 1,7 billones de pesos, pero se capitalizaron intereses en Lecap y Nocap por 2,7 billones de pesos.
La situación fiscal y financiera se deteriora rápidamente y el superávit financiero del primer trimestre de 2025 fue de $1,3 billones, cuando se pagaron en ese lapso intereses por 3,06 billones de pesos y se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP) y en las LEFI por un total de $ 4,87 billones, suma que supera incluso el superávit primario de $ 4,36 billones.
Igual sucede con la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que es desde julio de 2024 cada vez más negativa, al superar el gasto en los servicios reales (fletes, seguros, royalties o patentes, turismo, comunicaciones, etcétera) y financieros (intereses de la deuda pública y privada, y giro de utilidades al exterior) al cada vez menor superávit comercial.
Sin embargo, el gobierno se muestra confiado en cubrir los pagos de deuda en 2025 a partir de la disponibilidad de dólares. Y el equipo de economía dirigido por Caputo-Bausili asegura que el Banco Central comprará reservas cuando el dólar toque el piso de la banda –hoy en torno a los 1.000 pesos– y que no tiene como prioridad acrecentar las reservas internacionales.
En primer lugar, desde que ingresó el crédito del FMI y en los 13 primeros días hábiles de libertad cambiaria, la demanda de billetes fue superior a los 1.800 millones de dólares, que el BCRA pagó con las reservas, por lo que no solo las mismas no suben sino que descienden.
Pero el “relato” es otro, como afirma el actual director del BCRA Federico Furiase, también miembro de Anker Latinoamérica, como toda la plana mayor de economía de este gobierno: “El Tesoro ya tiene una parte del pago de julio, otra parte de los dólares se la comprará al Banco Central, ya está asegurado, no hace falta ir al mercado. Entonces, tener los dólares para próximos vencimientos nos da la pauta que el Riesgo País va a seguir bajando”. Y agregó: “Obviamente puede haber una cuestión electoral que espera el mercado, pero nunca en la historia la Argentina tuvo superávit fiscal, no hay emisión monetaria, y el Banco Central está recapitalizado con un régimen de flotación cambiaria”, en referencia al esquema dispuesto el 14 de abril pasado tras alcanzar un acuerdo con el FMI.
Lo del superávit fiscal, pese al brutal ajuste del gasto, es mentira, porque no pueden pagar los intereses de la deuda, solo logran abonar una parte con ingresos que superen a los egresos, y esa parte es cada vez menor.
En julio vencen capital e interés de la deuda externa por 4.500 millones de dólares. Obviamente apuestan y acuerdan con los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos para que liquiden sus exportaciones, así como cuentan con la promesa de Scott Bessent de que los Estados Unidos emplearían el Fondo de Estabilización Cambiaria de su país para respaldar al gobierno de Milei.
Lejos quedan los tiempos cuando el secretario de Tesoro de ese país, Paul O’Neill, decía en 2001 los zapateros, carpinteros y demás trabajadores estadounidenses no tienen por qué ayudar a un país permanentemente deficitario (y, debería haber dicho, fugador de capitales).
Y con respecto “al campo”, como les gusta auto referenciarse, el estudio realizado por Javier Llorens demuestra que a pesos constantes el precio de la soja vale hoy un 49% menos que durante la polémica resolución 125. El maíz -34%, el trigo -48%, el girasol -49%, y el sorgo -33%. Y si se reponen las mismas alícuotas suspendidas por seis meses de las retenciones, en julio de 2025, y un dólar a 1.000 pesos, la soja caería a -57%, el maíz -44%, el trigo -55%, el girasol -56%, y el sorgo -43%.
Sin embargo, CIARA-CEC informa que comparando el primer cuatrimestre de 2024 (tras la devaluación de más del 100% de diciembre de 2023) con el corriente año, las exportaciones aumentaron un 34,6% (por un total acumulado de 8.659 millones de dólares).
Obviamente la configuración de los pools de siembra que cotizan en la Bolsa de New York, así como tradicionales empresas y familias como Adecoagro (familia Bosch), el grupo Lartirigoyen, el grupo Elsztain, etcétera, y los grandes acopiadores y comercializadores de granos ADM, Cargill, Louis Dreyfus (LDC), Viterra (fusión de Bunge y Glencore), COFCO, Aceitera General Deheza, ACA, FACA, Molinos Agro (Pérez Companc) representan el 80% de las exportaciones de granos y sus derivados. Estas empresas agroexportadoras antes tenían los puertos y concentraban la producción, pero extendieron su actividad, primero al acopio distribuido en todo el país, y luego al alquiler de campos bajo los esquemas del sistema financiero, por lo que tienen miles de hectáreas bajo este sistema de alquileres, minimizando la inversión en el territorio y generando muy poca mano de obra, porque el trabajo lo contratan. Excepto COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation), una empresa estatal china del sector agroalimentario y de procesamiento de alimentos, todas las demás tienen una parte de la sociedad y/o se financian con el capital de Manhattan.
La estructura de costos del sector agrícola, como consecuencia de la caída de precios internacionales, la sobrevaluación relativa del peso, el encarecimiento de todos los energéticos, el mayor peso del flete, etcétera, hizo desaparecer las tasas de ganancia extraordinarias que tenía el conjunto del sector, hoy reservado a un segmento minoritario. Una de las consecuencias es que la ganancia construida no permite ser portadora de renta para el conjunto de los actores. Esto es: sobran actores para la apropiación de una renta sensiblemente disminuida. De mantenerse esta situación, el efecto es y será devastador: productores medianos y pequeños no propietarios del suelo abandonan su actividad, los fondos de inversión y su cara visible (pooles) acceden por monedas a la propiedad del suelo, parte creciente de los granos no son ni serán producidos en el país sino en Paraguay, Bolivia o sur de Brasil, como lo demuestran los casos de Sancor, Vicentin, y Molinos Cañuelas, que arrastran serios problemas desde hace años, a los que se suman ahora “Los Grobo” y Agrofina, Red Surcos, Campos de avanzada, Lácteos Verónica, Granja Tres Arroyos, etcétera.
En síntesis
El gobierno crea una mentira y se la termina creyendo. Con un discurso de mayor capitalismo y de que solo sobreviven los aptos, concentra más la economía en pocas manos, y moviendo los hilos el capital financiero de Manhattan, que financia el endeudamiento porque sabe que lo recupera y con creces. El gobierno paga los vencimientos con nueva deuda, el excedente de dólares que puede llegar a haber no lo usa para fortalecer las reservas del BCRA sino para financiar el carry trade, que implica mayor deuda.
El objetivo final es que la Argentina se siga endeudando y que cancele la deuda externa con la venta de empresas públicas y con recursos naturales. Para ello impulsó la ley 27.742 de “Bases y punto de partida”, que contiene el RIGI y genera un modelo extractivista y financiero.
Pagan la deuda con nuestras empresas públicas y nuestros recursos naturales y se excluye a millones de argentinos. No hay un orden macroeconómico. Si hay una disciplina de endeudar y fugar.
En casi 51 años no se logró cambiar el modelo. Estuvimos al borde de una guerra con nuestros hermanos chilenos, y tuvimos una guerra con los ingleses aliados con los norteamericanos: la Guerra de Malvinas de 1982.
En total, murieron 649 argentinos:
323 en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano.
55 eran tripulantes de la Fuerza Aérea Argentina.
16 pertenecían a la Armada (fuera del Belgrano).
194 soldados del Ejército Argentino murieron en combate terrestre en las islas.
6 gendarmes de la Gendarmería Nacional desplegados en combate.
A esto se suman más de 1.000 excombatientes que se suicidaron en los años posteriores, víctimas del abandono estatal y el trauma de la guerra. Un homenaje eterno a nuestros héroes. La mayoría eran jóvenes de 18 años.
Después vino la dictadura, y luego votamos más de 20 veces. Algunas veces con esperanza. Otras con bronca y decepción.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿Cómo puede ser que, tras tantos intentos democráticos, a la mayoría del pueblo argentino le siga yendo mal y a un pequeño núcleo corrupto le vaya tan bien?
El espejo de Saramago
José Saramago, Nobel de Literatura 1998, escribió Informe a la lucidez. En esa novela, una sociedad llega a votar en blanco masivamente, sin campaña ni consignas. El gobierno, confundido, se retira para darles un «escarmiento». Pero no pasa lo esperado: la gente no entra en caos, sino que se organiza, se cuida, coopera.
Es ficción, pero plantea verdades duras: ¿Para qué sirven los funcionarios si el pueblo puede decidir por sí mismo? ¿Hasta dónde debemos premiar con nuestro voto a quienes no nos representan?
Hoy nos dicen:
“El ajuste es necesario.”
“No hay plata.”
“La culpa es de la casta.”
Pero el modelo no cambió. Se profundizó. El gobierno de Javier Milei viene a completar lo que se empezó hace décadas: Un ajuste brutal al pueblo.
Informe desde el desencanto
Esta serie de seis entregas bien podría llamarse así: Un espejo argentino del Informe a la lucidez. Una sociedad desencantada, descreída de la política, yendo a elecciones sin entusiasmo… pero con memoria. Memoria de cinco décadas de ajuste, exclusión y neoliberalismo.
Conclusión: ¿Qué hacer con la lucidez?
Después de 51 años de promesas rotas, ajustes feroces, democracia sin pan ni trabajo, corrupción estructural y saqueo con moño técnico… mucha gente se siente sola. No es apatía. Es lucidez amarga.
Como en la novela de Saramago, una mayoría empieza a votar en blanco. No por ignorancia, sino por dolor. Porque ya no cree.
Pero no creer en esta política no es no creer en la política.
Lo que nos pasó no fue casual: Fue un modelo económico Una estructura de poder Un sistema que necesitó:
Represión.
Deuda.
Medios aliados.
Funcionarios obedientes y corruptos.
Nuestra decepción como combustible.
La democracia no está agotada.
Lo que está agotado es el uso tramposo que se hace de ella para legitimar el saqueo.
No hay soluciones mágicas. Pero hay una dirección posible: Recuperar la política como herramienta de transformación. Volver a unir:
Política y pueblo.
Economía y dignidad.
Palabra y acción.
¿Qué podemos hacer democráticamente?
Catamarca no es pobre: la empobrecieron.
Hablar. Romper el silencio. Discutir. Encontrarnos. Nadie se salva solo.
Participar. No basta con votar. Hay que reclamar, proponer, militar, organizarse.
Educar la mirada. Comprender el modelo. Ver quién gana con cada ajuste, cada deuda, cada hecho de corrupción.
Repolitizar lo cotidiano: lo que comemos, lo que pagamos, lo que soñamos.
Decidir también es democracia.
Cuidar la democracia. No como rito vacío, sino como un terreno a defender.
Cortar con lo mismo. Elegir distinto.
Lo que viene depende de nosotros.
Organizá. Nadie lo va a hacer por vos.
Que tu barrio tenga lo que necesita.
Con respeto, y con bronca también se puede.
Como dijo el Papa Francisco a la juventud: “¡Hagan lío!”
Y como decía Mario Dardo Aguirre:
«A mí tampoco me gusta esta realidad. Por eso la quiero cambiar.»
Hacemos un relevamiento de indicadores macro de alta significación, pero es sólo una parte de la realidad económica, los múltiples procesos que se van encadenando en la economía hace que seamos cautos en las afirmaciones, además como dirían algunos economistas de talla “es necesario alcanzar antes una justa distribución de la renta y de la propiedad y en señalar que la desigualdad no solo hace al sistema injusto sino también ineficaz” pero también agregan “que falta un método aceptado y convencional para eliminar errores”. O sea no es fácil.
En este documento incluimos datos que nos permitirán hacer un seguimiento mensual o trimestral, teniendo como horizonte el 2025 y 2026. En un próximo documento incluiremos información monetaria y fiscal con el mismo objetivo.
Considerando algunas variables importantes en la actividad económica Argentina podemos destacar VARIOS puntos y además agregamos algunos datos publicados por el FMI: IMF Country Report No. 25/95.
Para completar comentarios del FMI con la aprobación del Acuerdo Extendido de US$20.000 millones a 48 meses. El extenso documento del FMI se puede resumir parcialmente en los siguientes puntos:
· “Las prioridades de política se centrarán en mantener un anclaje fiscal sólido, la transición hacia un régimen monetario y cambiario más sólido, con mayor flexibilidad del tipo de cambio, y avanzar en las reformas para fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento”. La mayor flexibilidad estaría dada por las bandas.
· Por las dudas: “el personal técnico evalúa que la deuda de Argentina sigue siendo «sostenible, pero no con alta probabilidad«. O sea no sé y veremos.
· Tocando madera: “Se prevé que el TCER (Tipo Real) converja gradualmente a un nivel coherente con los fundamentales a medio plazo, en el contexto de una mayor flexibilidad del mercado de divisas y de una cuidadosa eliminación de las restricciones cambiarias restantes”. Todo eso, no parece poco de lograr y armonizar.
· Siempre se acuerdan: “Argentina ha sido el mayor usuario de recursos del FMI desde 2018”. Por las dudas, cuidarlo.
· Pero el FMI reconoce que la actual situación internacional: “llevaría a un endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y a la caída de los precios de las materias primas durante algún tiempo, lo que afectaría negativamente el crecimiento y las perspectivas externas de Argentina”. Sería una macana que eso ocurriera, pero puede ocurrir.
· “Política fiscal. El programa se basa en la aplicación continua del ancla de equilibrio fiscal general de las autoridades, en consonancia con el aumento del superávit primario de alrededor del 1:1/4% del PIB este año a alrededor del 2:1/2% del PIB a mediano plazo. Esta mejora subyacente se verá respaldada por el gasto continuo en medidas de disciplina y eficiencia, así como reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de participación en los ingresos y de pensiones”. De todo. ¿Reforma previsional? En qué momento.
· “Bajo el nuevo marco cambiario, el tipo de cambio flotará inicialmente dentro de una banda cambiaria lo suficientemente amplia como para permitir la determinación de precios, con las compras de divisas dentro de la banda consistentes con los objetivos de acumulación de reservas. Además, el actual techo de base monetaria amplia será reemplazado por un marco monetario agregado convencional junto con límites estrictos a los activos internos netos del BCRA. Las tasas monetarias de corto plazo desempeñarán un papel más activo para respaldar estos marcos en estrecha coordinación con el Tesoro”. Pajarito.
· Habemus Reservas. Tendremos humo blanco.
· “El plan de estabilización ha dado resultados impresionantes”. Juicios y prejuicios.
· “La estricta disciplina fiscal sigue siendo la principal ancla de la política”.
Agregamos algunos números planteados para el 2025 y 2026 por el FMI y estimaciones que entendemos necesarias para que el plan Milei, Trump y el FMI, funcione. Es lo que iremos siguiendo en los próximos meses.
Tanto los números de las Reservas como los de Comercio Exterior y del Balance de Pagos son los propuestos por el FMI para el 2025 y 2026, con algunas pequeñas modificaciones. Los anteriores números (hasta el 2024) de cada indicador son simplemente los observados publicados por el BCRA, Indec y otros.
Los que corresponden al 2025 y 2026 tipo de cambio, al tipo de cambio real y al riesgo país, son conjeturas propias sobre las siguientes observaciones:
· El tipo de cambio real se mantiene relativamente en los valores actuales (abril 2025), si disminuyeran fuertemente sería un problema y si aumentan fuertemente también. Si el tipo de cambio nominal se eleva, podemos suponer que el ITCRM también, o sea se deprecia, mejoran las exportaciones, pero seguramente cae el salario real y dificulta las importaciones. Lo contrario es si el ITCRM se aprecia, o sea si disminuye produce otros efectos, aun cuando puede aumentar el salario en dólar (comprar en el exterior), pero tengamos en cuenta que la gente gana en pesos y compra en peso en el país.
· El Riesgo País en baja es lo necesario para tomar fondos del exterior si los dólares genuinos no alcanzaran o los atesorados sigan en esa condición. Siempre fue una dura espina, en los últimos seis años valores elevados, o sea imposible de tomar un préstamo en el exterior por las elevadas tasas.
· Y el precio de las materias primas sigue volando muy bajo. Recientemente el Banco Mundial prevé bajas fuertes, según dice puede que caigan este año un 12,4 % y en 2026 un 4,8 % adicional, su nivel más bajo en seis años.
· ¿Dilema? El tipo de cambio está apreciado. Si vemos los números del dólar y el IPC la diferencia a favor del IPC es aproximadamente del 20 %. Podemos pensar que si el IPC crece lentamente o el dólar acelera, se aproximan. Es una conjetura que parece que no le gusta a Milei.
De lo contrario disponemos de Murphy: Todo lo que puede salir mal, seguro que saldrá mal.
En el documento destacamos la importancia en las exportaciones del sector agropecuario como generador de divisas. Esto es de absoluta significación, prácticamente los otros sectores (no agropecuarios) que presentan saldos positivos son exiguos.
Las importaciones cubren un amplio espectro, entre los que más se destacan “Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes”, otros importantes “Productos de la industria química”,“Plásticos y sus manufacturas, caucho y otros”,“Metales comunes y manufacturas” y “Material de transporte” más otros muchos que sostienen saldos negativos.
No se observan cambios significativos en los últimos 20 años, ni en estructura de las exportaciones ni de las importaciones, la excepción (para las importaciones) que recién aparece en el 2024 corresponde a “Productos Minerales”, de negativo a positivo, suponemos que ocurrirá lo mismo en el 2025 y siguientes.
De los cuatro indicadores considerados en el documento el “saldo de exportaciones menos importaciones” es el que muestra acumulados anuales mayormente positivos, salvo el periodo del 2015 al 2018.
Reservas brutas BCRA, Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, Fuga de Capitales del Balance Cambiario arrojan la particularidad que todos los últimos gobiernos finalizan con saldos acumulados negativos y lo inicia el gobierno siguiente con valores negativos. En el caso de Milei también lo inicia con valores negativos.
El menor Riesgo país no alcanzó a disminuir fugas, en el periodo más reciente la aplicación del CEPO (2019) logró aplacar salidas. Pero también resulta evidente que cuando ITCRM se deprecia, aumenta la caída de las Reservas, en algunos casos con violencia. Aunque el trasfondo es mayormente con apreciación del ITCRM. O sea no hay una regla clara para un indicador.
Pero ahora se inicia lo que Milei y el FMI consideran como tercera etapa. Muchas cuestiones estarán por verse, algunas en lo inmediato y otras en un corto y mediano plazo.
Pareciera que el elemento fundamental consistirá en que los exportadores liquiden y que se apacigüen las ganas de guarecerse en los dólares, que el Riesgo disminuya, que el superávit fiscal se mantenga y el ITCRM no se vaya a pique, aun con Trump. Todo por delante.
