Los ganadores de la guerra en Medio Oriente: el eclipse del orden basado en reglas y el darwinismo internacional

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2 julio, 2025

destruction in ibadan collapsed buildings — Photo by Tosin Superson on Pexels.com

La guerra iniciada por Israel y reforzada por el bombardeo de Estados Unidos contra Irán no tuvo tres ganadores simultáneos –Washington, Tel Aviv y Teherán– como enuncian altos funcionarios, habituales portavoces y varios comentaristas. Lo que triunfó, para infortunio colectivo de la comunidad de naciones que incluye a aquellos tres países, fue quizás el aceleramiento del ocaso del llamado orden liberal con su promesa de reivindicación y respeto de las normas, tratados e instituciones que presuntamente lo rigen y convalidan.

Voy por partes. Un primer aspecto. Así se considere que la acción militar israelí fue una continuación de una muy prolongada y totalmente irregular “guerra en las sombras” entre Teherán y Tel Aviv, el lanzamiento de la Operación León Naciente no constituyó un ataque preventivo legítimo. Tal tipo de ataque, para ser relativamente aceptado así sea políticamente, no en términos de legalidad, requiere dos condiciones concurrentes y cabales: evidencia e inminencia.

La operación se desplegó por dos motivos distintos: debilidad actual del oponente y potencialidad de que en un eventual futuro dicho contendiente pudiera ser mucho más fuerte. Sintéticamente, se trató de un ataque punitivo.

En clave de confrontación propiamente dicha, no fue un ataque distractor –aquel que se lanza debido a problemas de envergadura en lo doméstico y la necesidad de ir contra un rival o competidor para unificar el frente interno y logra una victoria en el exterior que fortifique el régimen–. El mundo no ha distraído su atención de Gaza y su tragedia humanitaria. Más bien se ha tratado de un ataque oportunista que busca aprovechar la debilidad del contendiente o enemigo.

No es una guerra que se elige, sino una que se aprovecha. El arco chiita –con múltiples actores armados no estatales actuando en Medio Oriente– liderado por Irán estaba muy golpeado y en retroceso, al tiempo que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán –que ninguna gran potencia, ni Turquía, ni el mundo árabe, ni vecinos de potencias nucleares como Corea del Sur y Japón acepta– avanzaba peligrosa y ambiciosamente.

Es bueno tener en cuenta que el acuerdo del P5 (cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) +1 (Alemania) con Irán de 2015 y que Trump abandonó en 2018 (a pesar de que su secretario de Estado, Rex Tillerson y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford afirmaron en su momento que Teherán estaba cumpliendo) imponía un máximo de enriquecimiento de uranio al 3,67% y hasta 300kg para 2030. Para junio de 2025 Irán tenía, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, unos 400 kg de uranio enriquecido al 60% (al 90% crece notoriamente la probabilidad de obtener una de las condiciones cruciales para construir un arma nuclear). Hay que recordar también que Israel posee 90 ojivas nucleares y que Irán podría alcanzar, en un horizonte no inmediato, la posibilidad de detentar algunas armas nucleares.

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Para Israel, Irán constituye una amenaza existencial y para Irán, disponer de ese tipo de artefacto significa un reaseguro existencial. El dilema de seguridad –la búsqueda de seguridad de A genera inseguridad en B, quien procura su propia seguridad; lo cual, a su vez, produce inseguridad en A– estuvo, está y seguirá vigente entre ambos. Lo ocurrido en doce días de confrontación presagia tensiones recurrentes, desconfianza permanente y conflictividad soterrada.

Otro punto. Es significativa la secuencia de diversos eventos en el plano interestatal que fueron socavando el orden basado en reglas. Algunos hitos, entre varios: Kosovo en 1999 cuando Occidente elude—por falta de consenso en el Consejo de Seguridad—la autorización para el uso de la fuerza por parte de Naciones Unidas y despliega un operativo militar bajo el mando de la OTAN; la decisión de Estados Unidos de recurrir a una “coalición de voluntarios” (coalition of the willing) para atacar por segunda vez Irak en 2003 sin una resolución expresa de la ONU; el fiasco en el terreno del llamado principio de “Responsabilidad de Proteger” en la acción avalada por el Consejo de Seguridad en Libia en 2011; la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014; y la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Ningún actor poderoso que recurrió a la fuerza pagó un precio gravoso por ello y esto tiende a habilitar la arbitrariedad y el doble rasero en cuanto al sentido y alcance del derecho internacional.

Hubo además acciones atroces de actores no estatales –los atentados en Estados Unidos en septiembre del 2001 y el ataque de Hamas en el sur de Israel en octubre de 2023– cuyas retribuciones por parte de los directamente afectados no han aportado, a la fecha, a la pacificación o distensión internacional, cualquiera sea la denominación que se le quiera dar a las acciones de Washington y Tel Aviv.

Un último caso: Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Washington desplegó la fuerza en algunas ocasiones. En los ochenta, por ejemplo, usó distintos argumentos, casi siempre sustentados en clave de self-defense. En la invasión a Grenada utilizó ese argumento pues se estaba ampliando la pista de aterrizaje del aeropuerto de la isla gracias al apoyo de Cuba y debido a que estudiantes estadounidenses estaban en peligro por el avance del comunismo. En la invasión a Panamá de 1989, señaló que lo hacía para proteger el Canal (la Enmienda DeConcini lo habilita) y en función de la lucha contra el narcotráfico que no faculta la ocupación de un país. En ambos casos, esgrimió referencias al derecho interno e internacional que fueron cuestionadas pero que nunca impidieron el envío de tropas.

En 1990, a raíz de la invasión de Irak a Kuwait, Naciones Unidas aprobó una resolución para ir en auxilio de Kuwait, y un general estadounidense con unos 650.000 soldados propios, más el aporte de otros 100.000 de diferentes países, liberó Kuwait y ocupó Irak. Una autorización legal facilitó semejante operación militar.

En 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó plenamente a Washington ante los atentados terroristas del 11/9 y enmarcó tal apoyo en la excepción que brinda el artículo 51 respecto al derecho a la legítima defensa, tanto individual como colectiva. En 2003 Estados Unidos no logró legalizar su acción militar contra Irak en la ONU, pero es importante recordar que en octubre de 2002 el gobierno del presidente George W. Bush logró la aprobación legislativa para el uso de la fuerza contra Bagdad: 296 representantes a favor y 133 en contra y 77 senadores a favor y 23 en contra.

Lo más relevante del potente ataque militar a sitios de investigación, acopio y enriquecimiento de uranio en Irán en junio de 2025 es que el presidente Donald Trump ni siquiera mencionó las palabras ley interna, derecho internacional, o legítima defensa. Ni tampoco pretendió alguna señal de mínimo respaldo de la ONU.

Lo que sí obtuvo él –así como Benjamín Netanyahu en el ataque inicial– fue el decidido respaldo del Reino Unido, Francia y Alemania. Europa, que intentó en algunas situaciones durante los últimos años mostrar sus credenciales de “poder moral”, ceñido al respeto de las normas y comprometido con el multilateralismo, le dio sendos cheques en blanco a Israel y Estados Unidos. Ahora sabemos asimismo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le envió un mensaje privado a Trump, quien lo hizo público, felicitando al mandatario estadounidense por haber exigido que los europeos pasen a gastar el 5% en sus presupuestos de defensa y por su “decisive action in Iran, that was truly extraordinary” (acción decisiva en Irán que fue verdaderamente extraordinaria).

En suma, el descalabro del orden basado en reglas nos puede conducir a un estadio impensado y fiero. Pareciera prevalecer una elocuente fatiga con la paz en distintas latitudes y que exceden a Medio Oriente y sus traumas acumulados. Pareciera, además, dibujarse un escenario mundial caracterizado por la supervivencia del más fuerte y a como dé lugar, en múltiples vecindarios plagados de actores agresivos en competencia eterna y atravesados por un juego de suma cero. Una especie de darwinismo internacional en el que el derecho internacional se torna, como lo vimos estos días, una ficción.

Los ganadores de la guerra en Medio Oriente: el eclipse del orden basado en reglas y el darwinismo internacional

La política de la economía

Por

Horacio Rovelli

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29 junio, 2025

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En 1983, en un trabajo titulado “La lógica política de la política económica”, Jorge Schvarzer hacía referencia al modelo de valorización financiera con tablita cambiaria y tasas positivas de interés conducido por José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo formado en la Escuela de Chicago. El objetivo era restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros para desindustrializar el país. El conflicto social se generaba en las grandes fábricas, entonces había que romper los distintos eslabones de la cadena productiva y descentralizar el proceso.

Tras la guerra del Yom Kipur en 1973, los países árabes miembros de la OPEP decidieron reducir la producción de petróleo y aumentar los precios en respuesta al apoyo de la OTAN a Israel. Esto creó un excedente de los países petroleros árabes e hizo que el sistema financiero mundial colocara los petrodólares a tasas muy bajas. Los sectores dominantes en la Argentina, mayoritariamente nucleados en el CEA ^[1], solicitaban préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban la competencia a precio vil, pero también adquirían títulos públicos o acciones o hacían depósitos a plazo fijo en pesos que les daba una renta mayor que la depreciación cambiaria frenada por el cronograma de la “tablita”. Así, ganaban la diferencia y luego se volvían al dólar, retirando la renta.

Si la base del conflicto eran las fábricas, había que dejar solamente las imprescindibles; de esa manera cerraron General Motors, Peugeot, Citroën, Chrysler, Siam Di Tella, Decca (Deutz-La Cantábrica), Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti y miles de pequeñas y medianas compañías (sobre todo de mano de obra intensiva). En 1980, la industria había reducido un 10% su participación en el PBI con respecto a 1974.

El modelo propuesto sólo podía imponerse, como lo hizo, valiéndose de una feroz represión, cercenando cualquier oposición por tímida que fuera y congelando la actividad política y sindical durante prácticamente ocho años. Fracasado el plan para mantenerse en el gobierno, logró fortalecer a una minoría empresarial (nacional y extranjera) y endeudar al país, condicionándolo y haciéndolo dependiente del capital financiero internacional.

El campo nacional y popular, incluidos los dos partidos políticos mayoritarios, el viejo radicalismo y el viejo peronismo, seguían defendiendo el programa de Avellaneda, el primero, y los Planes Quinquenales, el Plan Trienal y los Programas de Huerta Grande y de La Falda, el segundo, que centran la acumulación del capital en el mercado interno, sin terminar de comprender la fuerte concentración económica y la lógica de valorización financiera del capital de la dictadura.

En un trabajo posterior, “Crisis económica argentina: la carencia de modelos para enfrentarla exige una firme determinación política”, publicado en 1984 en el Bimestre Político y Económico, Schvarzer percibe que “no hay modelo de desarrollo sin sujeto que lo ejecute”, y ese sujeto eran los empresarios locales ligados al mercado interno, que habían desaparecido con la dictadura o que se habían reconvertido para pasar a ser dependientes del capital financiero.

Los 40 años de democracia, con los loables intentos hechos por el radicalismo en la gestión de Bernardo Grinspun y por los tres gobiernos de los Kirchner, pusieron límites al modelo pro mercado mientras duraron, pero luego fueron superados por el avance del plan austral, el plan BB, la convertibilidad, la pesificación asimétrica, el programa de Cambiemos, y el plan de Guzmán y Massa, que se subordinaron al capital financiero internacional en la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos habían generado con endeudamiento, que a su vez es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y las fuguen a posteriori.

Todos ellos lidiaron con la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicaron, endeudándose y ofreciendo pingües negocios al capital más concentrado. En ese marco no existieron proyectos de inversión productiva; se priorizó y se prioriza el rol financiero a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que se condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico al principio por el ingreso de dólares, pero insustentable en el tiempo.

Además, la lógica rentista y financiera, al no apuntalar el trabajo y la producción, hace que se degrade aún más la elasticidad empleo-producto, ante un PIB que desciende y una mayor tasa de desocupación que el descenso del producto bruto.

Se ahoga a las pymes (atraso cambiario, baja de aranceles, competencia desleal, suba de las tarifas y de los insumos, suba de la tasa de interés). Esto impacta negativamente sobre el empleo y las cadenas de pago, sumado a un deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, jubilados y pensionados en general que reduce el mercado interno. Ante la menor actividad, disminuye la recaudación tributaria y obliga a un mayor ajuste fiscal para pagar los servicios de una deuda pública inconmensurable.

A la prueba nos remitimos, es lo que viene haciendo la administración de Caputo-Bausili y su equipo de “mesadineristas”, con su política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial que desemboca en un proceso de costos e inflación en dólares que incentiva a la importación y solo permite la exportación de recursos naturales, y algún otro nicho con alta rentabilidad como es el financiero (merced a tasa de interés e IPC mayor que el ajuste cambiario), en desmedro de la inversión interna bruta fija en máquinas y equipos, del consumo interno, de las economías regionales, de la industria en general, de la construcción y del trabajo.

Cuando a comienzos de abril de 2025 el modelo derrapaba porque le retaceaban la financiación de la deuda en pesos y distintos operadores vendían su posición en títulos del Tesoro de la Nación Argentina. Cuando los desvaríos de Caputo y su equipo de superávit comercial eran desmentidos al ver los otros componentes de la cuenta corriente (servicios reales: royalties, fletes, seguros, turismo, comunicaciones, etc., y los servicios financieros: giro de utilidades a sus casas matrices, y pago de los intereses de la deuda) que sumaban 12.122 millones de dólares abajo (negativos).

El superávit financiero del primer cuatrimestre de 2025 fue de 1,12 billones de pesos y los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP) y en las LEFI, en igual período de 2025, fue por un total de 5,13 billones de pesos; suma que es levemente menor al superávit primario del período de 5,2 billones.

Parecía que, por su propia inconsistencia, el modelo colapsaba.

Sin embargo, la intervención del multimillonario gerente de fondos de cobertura Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de Estados Unidos y, en ese carácter, gobernador de Estados Unidos ante el FMI (el director ejecutivo de Estados Unidos es uno de los 24 directores que pueden votar sobre la estrategia del FMI), destrabó el acuerdo técnico y posibilitó la ampliación del crédito. Así, la Argentina se convirtió en el mayor deudor del FMI por 54.620 millones de dólares a mayo de 2025, según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación.

Hubo quienes vendieron títulos de deuda argentina en forma creciente desde enero al 11 de abril de 2025, cuando la dupla Caputo-Bausili afirmó que se había arribado a un nuevo acuerdo con el FMI. Esto les permitió una nueva toma de ganancias a los grandes fondos de cobertura con sede en Manhattan (BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etc.), que fueron los principales compradores de los que se iban. Lo mismo hicieron el 25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo de los Estados Unidos, acercándola al 3% anual, que produce en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda (Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.).

Los que se fueron perdieron, hasta el 26 de junio, un 11,58% en dólares (CCL) que ganaron los que compraron.

Por qué esta vez debe ser distinto

El miércoles 25 de junio de 2025 se hizo una nueva licitación de títulos de deuda pública; la renovación alcanzó solamente al 58,87% de los vencimientos, adjudicándose en total 6,143 billones de pesos, pero de ese total se colocó a un mes y a dos meses de plazo casi el 80% de los vencimientos. Y la tasa que fue en promedio en la licitación anterior del 35% alcanzó al 31 de julio (la letra S31L5) 3,436 billones (el 55,9% del total) a 2,88% de tasa efectiva mensual, 40,53% anual y, al 29 de agosto (letra S29G5), 1,366 billones (22,23% del total adjudicado) a 2,85% de tasa efectiva mensual y 40,02% de tasa interna de retorno efectivo anual.

El mismo ministro Luis Caputo opera desde el BCRA vendiendo contratos de dólar a futuro, para asegurar que el tipo de cambio no derrape hasta antes de las elecciones del domingo 26 de octubre de 2025.

El día martes 24 de junio de 2025 arribó la misión del FMI encabezada por el economista Bikas Joshi para realizar una primera verificación sobre las metas del acuerdo firmado en abril, el cual significó un desembolso de 12.000 millones de dólares. Obviamente, la posición del organismo internacional es que el BCRA acumule reservas internacionales (que serían de 7.300 millones de dólares negativos a esa fecha). No fue muy distinta a la postura del anterior jefe de la misión, Luis Cubeddu, quien el 28 de enero de 2025, reunido con Caputo y con Bausili, les dijo enfáticamente que su obligación era informarle de la situación al Board del organismo, a lo que Luis Caputo le dijo que él también, por su parte, iba a informar.

El poder de Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werning, José Luis Deza y Pablo Quirno es porque los cinco trabajan para los grandes fondos con base en Manhattan.

La exclusión social y el carry trade reflejan mejor que nada la situación económica y social de la Argentina actual, la pobreza de unos es la renta de una minoría parásita subordinada al capital extranjero, por lo que acrecientan la deuda pública y se aseguran de que no se pueda pagar para quedarse con nuestras empresas. Así consta en la “Ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI” firmado por Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del BCRA, el 11 de abril de 2025, y con nuestros recursos naturales como lo planteó el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio de 2024, cuando hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto de 2024 en Washington frente a American Council, cuando detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 y 54.300 millones de dólares en el sector energético en los próximos dos años (que para ejecutarse demandarán entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742, que incluye el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones).

Como afirmaba Jorge Schvarzer, “no hay modelo de desarrollo sin sujeto que lo ejecute”. Y ese sujeto es el que se debe reconstruir.

No es soplar y hacer botellas; sabemos por nuestra propia historia que solo se construye en procesos fundantes de ciclos de grandes transformaciones políticas. Así lo hizo la UCR tras la Revolución del Parque, o el peronismo tras el encarcelamiento de Juan Domingo Perón el 17 de octubre, pero para eso se debe identificar al enemigo y a la vez construir la alternativa de gobierno. Yrigoyen decía “nosotros o el régimen” y el peronismo, “Braden o Perón”, y el pueblo sabía de qué se trataba.

^[1] CEA (Consejo Empresario Argentino). Creado en el seno de IDEA en 1967 en apoyo a Krieger Vasena, su presidente antes del golpe militar de marzo de 1976 fue José A. Martínez de Hoz y, como tal, propició el acuerdo patronal “APEGE”. Propuso el Consenso de Washington aún antes de que existiera como tal y se integró por las empresas más concentradas del país. Desde 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

La política de la economía

Informe económico mensual

Por

Jorge Moore

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26 junio, 2025

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· Este documento se concentra en los precios, ergo la inflación de mayo más algunos indicadores. En el próximo abordaremos otros aspectos económicos del plan del gobierno.

· La noticia más importante, si finalmente se confirma, es el final de la guerra en Medio Oriente, todos creen tener un poco de razón, pero se empieza mal si el Organismo Internacional de Control Atómico, que dirige un argentino, no puede acceder en Irán. Los que mueren se quedan sin razones. Los mercados no se agitaron, algunos funcionarios hasta mencionaron la posibilidad de una tercera guerra mundial. Estamos del tomate.

· El gobierno necesita los dólares del colchón, seguramente razona, pueden servir para aumentar el poder de compra de los particulares. Por verse si los ahorradores y guardadores deciden acompañar.

· Mirando los gráficos se logra una buena aproximación. Explican bastante. Lo no explicado es simplemente porque no se me ocurre.

· Milei ingresa en proceso electoral para la gran final nacional de octubre 2025 y supuestamente también para el 2027. Y recién esto se inicia piensa Milei.

· También de nuevo la vuelta del FMI, en abril las bandas a toda orquesta y un fuerte aporte de fondos, pero no dejan de estar preocupados con el principal deudor.

· ¿Importa la apreciación del tipo de cambio? Algo así como un dólar baratito, para el gobierno es una discusión berreta. Con el FMI en acción lo iremos viendo. El tipo de cambio es un precio más, pero más no cualquiera, afecta precios e ingresos. Pareciera que el gobierno apunta a la banda inferior, ¿más apreciado en $ 1.000? Para eso, como flota, todos deben atropellarse para vender y esperar que caigan muchos dólares.

· El riesgo país disminuye pero sigue siendo elevado. La brecha entre el dólar y el CCL, se reduce. El Índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) pisando terreno, bajando.

· Mirando afuera: Trump, gira sobre aranceles, los sube, los baja, se enoja, los suspende, migraciones, expansiones territoriales, retiro de organizaciones internacionales, apropiaciones, irritación con algunas Universidades, Ucrania a la intemperie, interviniendo en conflictos y supuestamente en la paz ¿Cuáles serán los nuevos problemas para el 2025 en los que interviene? Lo iremos viendo, Trump, una caja de sorpresas.

· CEPO parcial en abril. Un tipo de cambio flotante. ¿Cómo se comportará el dólar en el corto plazo y mediano? Alguna inquietud mostró abril en las compras de dólares. Muchos compraron y menos vendieron.

· Conjeturar que ocurrirá con la inflación en el horizonte del 2025 no resulta sencillo. Lo reciente es el pronóstico de Milei sobre la inflación del 2025, lanzó una cifra del 18.4 % anual, significa una inflación mensual del 1.4 %. Pero pareciera que debiera ser menor para lograr que siga funcionando el plan sin remiendos. Y para el 2026 inflación: CERO. ¡Pajarito! ¡Recórcholis!

· El dólar oficial y el CCL con la ayuda del FMI debieran juntarse y algo así está ocurriendo.

· La inflación (alrededor del 1.6 % promedio) en el mes de MAYO 2025. Alimentos perdió impulsos.

· El tipo de cambio oficial se fue apreciando en el cortísimo plazo, pero no es lo que opina Milei, “vade retro satanás”. En los meses (12) del 2025 mayo – 2024 mayo, el IPC aumentó el 44 % y el tipo de cambio oficial mayorista el 30 %.

· El BCRA reduce la tasa nominal de interés, pero por ahora positiva en términos reales, Cómo serán los meses próximos?

Por las dudas ¡Agarrate Catalina!

2025 MAYO proc.. EN JUNIO IPC INFLACION Descarga

¿Con fecha de vencimiento?

Por

Horacio Rovelli

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24 junio, 2025

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La administración de Javier Milei, desde el comienzo de su gestión, realiza un severo ajuste de las cuentas públicas. El ministro de Economía, Luis Caputo, sintetizó que, hasta mayo de 2025, redujeron el gasto en un 5,5% del PIB (era de 22,5% en el año 2023 y pasó a ser del 17% del PIB).

El ajuste sin miramiento impacta principalmente en las jubilaciones y pensiones, en las transferencias a las provincias (por ejemplo, del total de los aportes del Tesoro nacional, se les transfirió a las provincias el 7,3% de lo recaudado y, hasta mayo del 2025, solo el 10,5% de lo recaudado), en el subsidio al transporte y a la energía, y en la obra pública.

En la obra pública ni siquiera se hacen obras de mantenimiento. Al comparar la planilla de gasto de capital de mayo de 2025 con la de 2024, se observa que el gasto de capital es nominalmente un 5,1% menor en comparación con el año anterior (esto es en pesos corrientes, con una inflación interanual del 43,5% medida por el IPC del INDEC). La reducción se concentra principalmente en energía, que teóricamente constituye la base del modelo extractivista. Con la Ley 27.742, llamada ley Bases, que contiene el RIGI, a 17 meses de largo gobierno no se visualizan obras. Sí se aprobó el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), consorcio conformado por YPF S.A., Vista Energy Argentina S.A.U., Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A., Chevron Argentina S.R.L., Pluspetrol S.A. y Shell Argentina S.A., por 2.900 millones de dólares. Sin embargo, el proceso demora por el tipo de cambio vigente más de lo programado, razón por la cual el Estado nacional no realiza las inversiones pertinentes que apuntalen la inversión privada.

El ajuste fiscal debe aumentar porque los intereses a pagar son cada vez mayores ante una deuda que se expande y porque los ingresos tributarios dejaron de crecer al ritmo de una economía en donde cayó fuertemente el consumo de los llamados bienes salarios que conforman la “canasta salarial”. Son los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, como alimentos, ropa, vivienda, transporte, etc., y por ende resiente el ingreso del IVA y demás impuestos al consumo, que significó siempre en torno al 75% de los ingresos impositivos nacionales.

Esa imposibilidad de pago hace que la deuda bruta de la Administración nacional disminuya en mayo con respecto a abril de 2025, de 472.920 millones de dólares a 461.019 millones de dólares (la conversión la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación), porque es el BCRA quien financia deuda del Tesoro en los BOPREALES (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre), que son títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago, y también permite el giro de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices. Se ajustan en pesos y se convierten en dólares a su vencimiento. Emitieron tres series por un total de 10.000 millones de dólares y para junio están preparando una cuarta serie por 3.000 millones de dólares, con la novedad de que se pueden emplear para pagar impuestos, cancelar deudas fiscales y aduaneras, incluidos intereses, multas y accesorios. Así, sus inversores tendrán un dinero que devenga interés y que pueden usar para cancelar deudas con el fisco.

Hasta mayo de 2025, la mejora contable del balance del BCRA y del conjunto del sistema financiero se debía fundamentalmente a que el BCRA transfirió la deuda que tenía con las entidades del sistema por Leliq y otros pasivos remunerados al Tesoro de la Nación (aumentando la deuda pública) en 43.366 millones de dólares y, a su vez, el BCRA le permite a las entidades del sistema fijar las tasas que quieren y les paga generosa renta por los títulos públicos en su poder, pero el Tesoro de la Nación, ante la imposibilidad de pagar la totalidad de los intereses de la deuda, debe recurrir al BCRA y este al Bopreal.

Los intereses abonados de la deuda de la Administración nacional en los primeros cinco meses del año ascienden a 4,4 billones de pesos (que es el 8,68% del gasto público base caja a esa fecha) y que supera holgadamente el 1,89% que se destinó a la obra pública. El porcentaje destinado al gasto de capital es el más bajo desde el año 2002. En el año 2009 fue del 12,35%, en el 2010 de 13,49%, en el 2011 de 10,64%, en el 2012 de 10,64%, en el 2013 de 12,75%, en el 2014 de 16,85% y en el 2015 de 11,16% del gasto presupuestario total. Un presupuesto que rondaba el 27,5% del PIB.

El superávit financiero de los primeros cinco meses del año 2025 fue de 1,78 billones de pesos. Los intereses que se capitalizaron en las letras y notas capitalizables (LECAP y NOCAP) y en las LEFI en igual período de 2024 fueron por un total de 4,76 billones de pesos, suma que, si bien es menor al superávit primario del período de 6,9 billones de pesos, está mostrando la incapacidad de poder pagar los intereses de la deuda. De allí que es el BCRA el que coloca los BOPREAL para financiar el endeudamiento global.

El ajuste en desmedro del Estado lo demuestra claramente la ARSAT, que es la empresa nacional de telecomunicaciones creada por la ley 26.092 del 22 de mayo de 2006 para la conectividad mayorista y para acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades, que tiene un crédito internacional acordado para la construcción del tercer satélite geoestacionario. Los otros dos satélites geoestacionarios de comunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2 fueron lanzados en 2014 y 2015, respectivamente. Pero el BCRA no le autoriza a comprar divisas para la importación de insumos imprescindibles para su producción.

De paso, podemos recordar que por el DNU 70/23 se eliminó la protección a la industria satelital nacional, y posteriormente el gobierno de Javier Milei acordó con la empresa Starlink, que preside Elon Musk, su ingreso irrestricto al país.

Impacto en la economía del país

El ajuste fiscal y la política cambiaria de este gobierno impactan sobre la economía productiva. Cada vez más empresas venden mucho menos y tienen un costo financiero mayor. Por eso, aumentan los pedidos de quiebras, concursos de acreedores, moras en los cumplimientos y roturas en las cadenas de pago.

En la industria automotriz, primero fue la empresa Nissan Argentina, que anunció en marzo de 2025 el cierre de su operación industrial en la Argentina y a fin de año dejará de producir en el país. Y ahora, en junio de 2025, es el caso de Scania en Tucumán, donde se fabrican las cajas de cambio G25 y G33, especializadas en engranaje, cajas de cambio y diferenciales, que exportan a las otras plantas que tiene la firma en América Latina. Solo hay dos plantas de este tipo, una en nuestro país y la otra en Suecia, y decide suspender la línea de producción hasta nuevo aviso.

El gobierno de Javier Milei incluso propuso la importación de automóviles usados, como hacen muchos países de la región que no tienen industria automotriz, pero las normas acordadas en el Mercosur se lo impidieron.

La Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina publicó que, entre noviembre de 2023 (gobierno de Alberto Fernández) y marzo de 2025 (gobierno de Javier Milei), el número de asalariados registrados en el sector privado pasó de 6.369.119 a 6.253.766. Esto implica una reducción de 115.353 empleos y, si bien comprende a todos los sectores de actividad, las dos ramas más perjudicadas, que explican el 80% de ese descenso, son la construcción y la industria. Y oficialmente se reconoció una tasa de desocupación abierta del 7,9% de la PEA (población económicamente activa).

Lo mismo sucede en mayor o menor medida en todos los sectores productivos. Las empresas, ante la falta de ventas internas y externas (donde incide el precio vigente del tipo de cambio) y el alto endeudamiento al que deben incurrir para financiar stock y planta, sumado a una tasa de interés positiva, ven cómo se acrecientan los incumplimientos e incluso la rotura de las cadenas de pago. Esto lleva a la convocatoria de acreedores y a los pedidos de quiebra.

En una situación harto compleja, la renta financiera se beneficia en esta primera etapa, pero el modelo extractivista impulsado deberá realizar (supuestamente después de las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025) un ajuste del tipo de cambio.

El ajuste cambiario debe contemplar, y funciona como límite, la colocación de deuda de las empresas energéticas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Energy Argentina S.A.U., TGS, CAPEX, GENNEIA, etc. Según información de la Comisión Nacional de Valores, estas empresas colocaron obligaciones negociables en dólares por 14.728 millones al 31 de marzo de 2025.

Ensamblar la renta financiera y el modelo final mediante la conversión de la deuda en empresas públicas y en recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, uranio, cobre, oro, plata, agua pesada, agua potable, etc.); para ello ya cuenta con el andamiaje legal, la ley 27.742, pero deben devaluar para que ingresen capitales del exterior y, a su vez, saben que con ello se le hace costoso pagar la deuda a las empresas del sector y el impacto sobre los precios en el mercado interno, provocando un nuevo descenso en la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones y pensiones.

En síntesis

La política de carry trade se agota; les permitió generar una renta financiera desmedida y endeudar al Estado argentino, pero deben convertir parte de esa renta y de esa deuda en inversión, y ese tiempo se precipita porque el único ingreso genuino que se tiene es el de nuevo endeudamiento y, con ello, la posibilidad fáctica de un nuevo default se agiganta.

¿Con fecha de vencimiento?

Convocatoria del Grupo la Capitana – Movilización del miércoles 18/6 desde las 10 horas

Por

Administrador

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17 junio, 2025

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POR NUESTRA IDENTIDAD
POR NUESTRA HISTORIA, NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO FUTURO

VIENEN POR ELLA
VAMOS CON ELLA

ARGENTINA CON CRISTINA

GRUPO LA CAPITANA PRESENTE

Malvinas y la política exterior argentina: un balance preliminar

Por

Juan Tokatlian

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11 junio, 2025

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Otra vez surge la idea de que el mundo atraviesa un “momento geopolítico». Así como ha habido ocasiones en las que se proclamaron finales –de la ideología, de las guerras, de la religión, del Estado o de la historia– también se ha anunciado en otras oportunidades el fin de la geopolítica.

Sin embargo, la importancia de la geopolítica no ha desvanecido, sólo se ha expresado con connotaciones y en ámbitos distintos a lo largo del tiempo. Es probable que la dirigencia nacional no haya advertido la triple singularidad de la Argentina en este “momento” geopolítico.

El Diccionario de la Real Academia Española nos recuerda que “complejo” remite, en una de sus acepciones, a un “conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad”. En ese sentido y en términos geopolíticos estamos ante un “complejo estratégico”.

Asistimos a una revaloración simultánea de los recursos críticos (alimentos, agua, energía, minerales y metales) terrestres y marinos; de los estrechos como conectores claves en materia comercial y militar; de los océanos por su enorme y variada significación; y de los polos con sus vastas riquezas y su trascendencia ambiental.

La primera particularidad argentina es que es de los pocos países en el mundo en el que se manifiesta nítidamente ese complejo estratégico. La segunda es que se trata de una nación que ha venido perdiendo poder, influencia y prestigio y que, por lo tanto, es hoy más vulnerable a la acción de actores poderosos. La tercera es que en la intersección entre lo terrestre, lo marítimo y lo polar están las Islas Malvinas, un archipiélago cuya soberanía está en disputa.

En ese contexto, sugiero evaluar la cuestión Malvinas después de 18 meses de gestión de la administración Milei y teniendo en consideración lo que he llamado las 4 D: divisas, diplomacia, derecho y defensa. Algunos casos exitosos de recuperación pacífica de territorios perdidos u ocupados –por ejemplo, China y Hong Kong– se facilitaron por la generación o el restablecimiento de poder material. Las crisis cíclicas de la Argentina, ligadas al endeudamiento, la han debilitado.

La reciente deuda contraída por La Libertad Avanza (LLA), así como su programa económico, carente de un proyecto productivo de mediano plazo, de una inversión sostenida en innovación y desarrollo y de un apalancamiento de las economías regionales, no contribuyen a la reconstrucción de un poderío material básico.

En materia diplomática se ha desplegado una política de activo plegamiento a Estados Unidos bajo el supuesto de que eso permitiría que las “credenciales occidentales” del gobierno –como procuraron los militares hasta 1982, los dos mandatos de Menem y la presidencia de Macri– deriven, esta vez sí, en la seducción de los isleños, la persuasión de Londres y la generosidad de Washington para que las islas sean devueltas a la Argentina.

Por lo tanto, y a contracorriente de casos promisorios como fueron Panamá y la Isla Mauricio, el ejecutivo pareciera no necesitar de nadie para elevar su capacidad negociadora. Rechazó la invitación a BRICS, no tiene interés alguno en las resoluciones y los encuentros de CELAC y vota consistentemente contra asuntos sobre Palestina granjeándose el malestar de naciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI).

En su conjunto, BRICS original, CELAC y OCI suman 93 países de los 193 de la ONU. En general, las posiciones bilaterales y multilaterales de LLA alienan a gobiernos que no alcanzan a entender si son considerados oponentes, antipáticos o insufribles para la presidencia y la cancillería. En breve, parecería que la táctica es despreciar potenciales apoyos de naciones del Sur Global, de algunos países del Norte Global pos-BREXIT y de las potencias emergentes.

En cuanto al derecho, hay que resaltar un hecho insólito. En 2014, la Argentina ocupaba un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno de la época –CFK– era cercano a Rusia. Pero cuando Moscú anexó Crimea votó en contra de esa acción que ponía en entredicho la soberanía y la integridad territorial. En febrero de 2022, el presidente Alberto Fernández viajó a Rusia y dijo que el país podía ser “la puerta de entrada (de Rusia) en América Latina”.

No obstante, una vez ocurrida la invasión a Ucrania, su gobierno votó todas las resoluciones sucesivas que criticaron y deploraron el recurso a la fuerza. Otra vez primaron los principios de la soberanía y la integridad territorial que la Argentina reafirma en el tema Malvinas.

Sin embargo, en febrero de este año, el Gobierno decidió abstenerse de la resolución en la ONU que ordenaba el retiro ruso de Ucrania: un modo de congraciarse con la administración Trump, debilitando el principio de la soberanía que necesita afirmar la Argentina.

Finalmente, en cuanto a la defensa, se optó por adquirir aviones de combate F-16 estadounidenses. Según, el UK Defence Journal, esa compra “puede parecer un gran paso adelante para su ejército, pero no altera significativamente la situación en el Atlántico Sur”. En breve, no parece haberse incrementado la capacidad disuasiva del país que rechazó buenas ofertas de India y China.

Nada indica que la Argentina de Milei haya mejorado el poder relativo nacional en los cuatro componentes de la estrategia mencionada; algo que no revierte la vulnerabilidad del país en el actual complejo estratégico en términos geopolíticos.

https://www.clarin.com/opinion/malvinas-politica-exterior-argentina-balance-preliminar_0_KeApY3es2S.html

Educación y colonialidad

Por

Raul Moroni

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8 junio, 2025

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man in black and white polo shirt beside writing board — Photo by Pixabay on Pexels.com

La educación secundaria argentina presenta rasgos neocoloniales, visibles por las consecuencias que generan un diseño estructural cerrado, desarticulado entre disciplinas que se enseñan y estudian aisladamente, complicando el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión de contenidos desprolijamente secuenciados y la formación en valores como la empatía y la solidaridad cooperativa, todas ellas herramientas necesarias para la consolidación de proyectos colectivos emancipatorios, capaces de dar cabida a una memoria histórica, garante de la libertad de los pueblos.

Debemos incluir en el diagnóstico, y como causa no menor de los problemas que enfrenta la educación media en la Argentina, la continuidad de una formación docente detenida en el tiempo, que contribuye con dicho aislamiento y fortalece la construcción de lazos de colonialidad, que pueden verificarse en los distintos comportamientos de la ciudadanía una vez que esta deja la escuela y se manifiesta en la vida social y/o profesional, o través de cualquier disciplina o trabajo.

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista en su actual etapa neoliberal. Fundada en la imposición de una clasificación racial/étnica, cultural y política de la población del mundo y como piedra angular de dicho patrón de poder, la colonialidad suele atribuirse a una suerte de reflejo, consciente o no, que se produce en los habitantes de las regiones que estuvieron bajo regímenes coloniales, por lo menos, en los últimos 200 años de historia, y que se introduce en los campos disciplinares a partir de los cuales se accede al conocimiento.

Actitudes, lenguajes, hábitos, costumbres , gustos, modas, decisiones, políticas públicas condicionadas por la deuda externa de la nación y las jurisdicciones: en todas ellas encontramos referencias coloniales, que se desparraman también por nuestras aulas a partir de una manera particular de enseñar, entender y divulgar un conocimiento, que suele dar mayor cuenta de necesidades e intereses ajenos a las características regionales y culturales latinoamericanas en general y de la Argentina en particular.

Dicho patrón de poder impacta en todos los planos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y de la sociedad. Obviamente, los medios concentrados en formato de prensa, radio y TV, y las actuales y poco edificantes “redes sociales” contribuyen a la consolidación de estímulos coloniales afectos a la ciudadanía de las naciones que sufrieron la colonización en algún momento de su historia.

Debe aclararse que este modo de entender la vida y el mundo fue impuesto como única racionalidad válida y hegemónica en América Latina por los mismos Estados nacionales surgentes en la región a fines del siglo XIX , así como por el proceso de neocolonización iniciado formalmente hacia finales del mismo siglo, momentos en que países supuestamente independientes decidieron, aconsejados por sus elites dirigentes, que era preferible “vivir de prestado” que apostar al desarrollo económico autónomo e industrial, a fin de propiciar un cambio de matriz económica, lo que nos hubiera deparado seguramente tiempos diferentes a los actuales.

Como para complicar la cuestión, la educación argentina no ha conocido versiones diferentes de la historia argentina como no fueran las del nacionalismo oligárquico y el materialismo histórico vigentes, es decir la historia liberal conservadora escrita por las oligarquías nativas, y una versión híbrida filomarxista/positivista con pretensiones de explicar los mismos problemas desde una perspectiva distinta, pero que termina en definitiva justificando las decisiones de los grupos dominantes.

Se trata, ni más ni menos, de la historia que se enseña en la escuela a partir de selecciones de contenidos a cargo de lxs docentes y según su libre interpretación de los hechos. Como vemos, no ha quedado espacio áulico para la enseñanza de un pasado asociado con los procesos que se constituyeron a partir de las luchas de los países sometidos para emanciparse de las potencias colonizadoras durante el siglo XX.

El período iniciado con la independencia argentina comienza y termina en 1816. Parecería que luego del 9 de julio de 1816 nuestra Independencia no hubiera sido vulnerada a partir de los ataques a nuestras economías y recursos, puesta permanentemente en riesgo de default por el capital financiero y los monopolios expoliadores, que no hubo golpes cívico-militares alentados por embajadas extranjeras , que no hubiéramos perdido con Inglaterra la guerra colonial de Malvinas, que no existen procesos de liberación en desarrollo, esperando que alguna clase dirigente se haga cargo de liderarlos.

Lo cierto es que las versiones mucho más cercanas al campo nacional y popular de la historia latinoamericana y argentina no han sido tenidas en cuenta a la hora de ser introducidas en el campo del conocimiento escolar, aspecto que asimismo perjudica los espacios que la educación destina a la formación de la ciudadanía.

En dicho contexto, la ciudad de Buenos Aires ha constituido uno de los polos conservadores y coloniales más fuertes de la Argentina desde su misma consolidación como Estado Federal en 1880. Allí, el fenómeno de la colonialidad aparece en su más clara expresión, al igual que en los núcleos urbanos más importantes de la región.

La ciudad autónoma de Buenos Aires es faro para las ciudades con fuerte presencia de clases medias y altas. Es, además, reproductora y transmisora de la educación y de la cultura occidental, de la que se siente parte integrante.

Durante 18 años el partido de los Macri, el PRO, no había resultado perdedor en ninguna elección. En las del 18 de mayo último se vio sacudido por las fuerzas del mismo gobierno nacional que ayudaron a entronizar en 2023, en el afán de vencer a su único y principal enemigo histórico: el peronismo, aquel que fuera al decir de John William Cooke “el hecho maldito del país burgués”, y que hoy ha mutado de movimiento político a ser justamente un partido burgués.

Lo curioso de esta elección de legisladores porteños, y ya que nadie se ocupó de hablar de la educación durante la campaña electoral, es que el gobierno perdedor viene aplicando en 33 de sus escuelas secundarias una reforma llamada “Buenos Aires Aprende”.

Dicha reforma confronta con aspectos que nos han referido un alto porcentaje de directorxs de las 104 escuelas secundarias públicas, que constituyen el nivel medio del sistema educativo de la ciudad y con quienes hemos podemos dialogar a lo largo de los últimos meses sobre temas íntimamente ligados a políticas educativas aplicadas en sus escuelas.

Dichos docentes se expresaron alrededor de varios tópicos tales como la precariedad nutritiva y la cantidad y variedad de alimentos que se reparten a los estudiantes, ya sea en los comedores o en la viandas que llegan hasta ellxs; la exigüidad de la becas que reciben los alumnxs del secundario, muy lejos del volumen esperado para que no se vean obligados a abandonar la escuela por falta de alimentos.

Asimismo, se nos comentó acerca de la gravedad que implica la existencia de adolescentes que concurren a las escuelas públicas porteñas con tendencias suicidas, de autoagresión u otro tipo de violencias, que desbordan las posibilidades de los docentes. O el alto porcentaje de jóvenes que concurren con medicación recetada pero sin familias que se hagan cargo de la aplicación o administración de la misma, generando confusión y angustia entre los docentes por no tener a quién recurrir, ya que es manifiesta la desarticulación institucional entre los ministerios de Educación y de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ausentismo de los alumnxs; los cierres de cursos (150 desde que se iniciaron las clases); altas tasas de sobre-edad, que se acrecientan con el paso del tiempo, haciendo que cada vez más jóvenes que pasaron los 16 años se encuentren cursando los primeros años del secundario o abandonándolo definitivamente; la proliferación de la burocracia escolar que impide al mejor intencionado de lxs docentes cumplir con una función pedagógica.

Dichas situaciones son consecuencia directa de la aplicación de políticas de clase, destinadas a subordinar política, social y económicamente a grandes sectores de población, que sufren pobreza e indigencia en una ciudad cuyo presupuesto para 2025 orilla los 13,9 billones de pesos, según datos aportados recientemente por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina, Observatorio Económico de la Ciudad) en una publicación digital llamada “Buenos Aires en Números”, que se presentó en la Legislatura porteña el mes pasado.

La narrativa, sin embargo, habla profusamente de una reforma con inclusión y respeto por los derechos igualitarios de ciudadanía, cuando según dicha publicación el Ministerio de Educación de la ciudad exhibió entre 2016 y 2024 descensos presupuestarios tales como el recorte del 10,5% (101.000 millones de pesos) en los recursos destinados a la educación pública en el área perteneciente a la Dirección General de Educación, que gestiona los niveles inicial, primario, secundario, medio y técnico. En el área de infraestructura, el recorte llegó para el mismo período al 40%; en la educación media al 14,7% y en becas estudiantiles al 59%.

De esta manera, las elites republicanas gobernantes de la Capital Federal minimizan que el 60% de lxs alumnxs de las escuelas públicas se concentren en el sur de la ciudad, desde La Boca a Lugano, áreas donde el financiamiento ha descendido por ejemplo en la inversión en becas estudiantiles, lo que no guarda ninguna lógica con la realidad dada la contínua profundización de una pobreza y desigualdad que hacen a la población del sur cada vez más más diferente del resto de la jurisdicción. Frente a dicha realidad, parece a esta altura un chiste hablar de “Buenos Aires Aprende”.

La ciudad autónoma no consulta previamente a la comunidad educativa sobre la implementación de reformas en el secundario. Impone vínculos de dominación a sus habitantes y no relaciones democráticas de ciudadanía. Coloniza y subordina a lxs ciudadanos, a quienes hace desaparecer sus derechos, les acerca la difusión del pensamiento único y el individualismo. Dicha metodología guarda absoluta relación con la colonialidad del poder y del saber y con la negación de una educación soberana y emancipadora.

Las cuestiones referidas debieron formar parte del debate político preelectoral. No sólo no ha sido así, sino que debido al resultado electoral cabría esperarse que la situación de desfinanciamiento y colonialidad se profundice, resulte en el corto plazo agravada, a juzgar por el ya conocido “no hay plata” y el alineamiento incondicional y colonial del Presidente Milei con el Fondo Monetario Internacional.

* Raúl Moroni integra el Grupo Rescate EMEM de Apoyo Técnico Pedagógico a la Secretaría de Educación Secundaria de UTE-CTERA.

Educación y colonialidad

Milei al paraíso financiero

Por

Horacio Rovelli

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8 junio, 2025

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En la ampliación del acuerdo en el marco del fondo ampliado con el FMI de abril de 2025 se asevera que la Administración nacional registró un superávit primario de caja de aproximadamente del 1,8% del PBI en el año 2024 (es en pesos pero equivalente a unos 10.000 millones de dólares, de los cuales se emplearon 8.300 millones para pagar intereses de la creciente deuda externa), y que el ajuste se debió principalmente a una fuerte contracción del gasto primario (30% interanual, un 5% del PBI, es en pesos, pero equivalente a 27.700 millones de dólares), con profundos recortes en subsidios, jubilaciones y pensiones, transferencias provinciales y gastos de capital, a lo que se sumó el veto del presidente Milei a iniciativas de gasto del Congreso de la Nación de aumento del presupuesto en previsión y en educación superior.

El jueves 5 de junio de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado dos proyectos previsionales (aumento de los haberes y prórroga de la moratoria, que el gobierno de Milei dio por finalizada por decreto el 23 de febrero de 2025) y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el Presidente del Poder Ejecutivo tiene el poder de vetar parcial o totalmente las leyes (y será este el caso, siempre que el Senado apruebe la sanción de la Cámara baja). El Congreso tiene la facultad de insistir con lo sancionado (y luego vetado) siempre y cuando reúna el acompañamiento de los dos tercios de los votos. Esto último es, dada la composición de los miembros de ambas Cámaras, misión imposible.

Es más, el ministro Luis Caputo se jacta de que en su gestión el gasto de la Administración nacional se redujo en cinco puntos del PBI, al pasar a ser de 22,5% en el año 2023 a 17,5% del PBI en abril de 2025. Esto es a costa de despedir (hasta abril de 2025) a 50.553 empleados públicos (el 14,7% de la dotación total), pagar remuneraciones paupérrimas, como lo demuestran los médicos del Hospital Garrahan y la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales, el cierre de programas de salud y educación, negar asistencia social, etc. Y en cambio dice que el consolidado del gasto de las provincias sigue con el mismo nivel de erogaciones del 15% del PBI y los municipios con el 3% (fue mayor el ajuste fiscal nacional del 5% del PBI que todos los presupuestos municipales).

Paradójicamente haber mantenido cierto nivel del desembolso público les permite a las subjurisdicciones nacionales paliar la desocupación y pobreza creciente del modelo extractivista y financiero de este gobierno. Pero es por poco tiempo: tanto los proyectos de super IVA en reemplazo del impuesto a los ingresos brutos (el mayor recurso de recaudación propio de las provincias), como el del llamado Régimen Simplificado de Ganancias, que consiste en otorgarle atribuciones a la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para que incumpla con sus misiones y funciones, viole la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario y deje de estimar los ingresos de los contribuyentes al no solicitar datos esenciales de cambio patrimonial y de consumo desde el 1° de junio 2025, implican menor recaudación en todos los casos.

El gobierno, con la presencia de los inefables Juan Pazo (titular de la ARCA) y José Luis Espert (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación), presentó el mismo jueves 5 de junio de 2025 un proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que convierte en ley los decretos 353/25 y las resoluciones generales 5.699/25 y 5704/25 de la ARCA que autolimitan la capacidad fiscal del Estado. Se trata de un “tapón fiscal”, olvido genérico o “borrón y cuenta nueva” para quien declare todos sus activos e ingresos.

El proyecto de marras ingresó el día viernes 6 de junio al Congreso de la Nación y modifica las leyes de Procedimiento Tributario, Penal Tributaria, el Código Civil y Comercial y otras disposiciones. El titular de la ARCA en la conferencia de prensa sostuvo que “quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando lo que debe», y aseguró que el proyecto de principio de inocencia fiscal revierte el derecho tributario en que la persona física o jurídica tiene que demostrar fehacientemente su capacidad contributiva y la ARCA, como máxima autoridad de fiscalización, corrobora dicha capacidad; en cambio, si el proyecto es ley, bastará que lo haga por declaración jurada, reservándose la ARCA los controles sustantivos sobre la información declarada, lo que “blindará para siempre» a quienes adhieran al nuevo régimen de ganancias. Las personas físicas y sucesiones indivisas que adhieran «podrán normalizar su situación patrimonial pagando ganancias sólo por la facturación, independientemente de su variación patrimonial».

En el caso del período de investigación fiscal, este proyecto de ley prevé que las deudas tributarias prescriben a los tres años (en lugar de a los cinco como es en la actualidad), con lo que se limita la posibilidad de revisiones fiscales prolongadas. Así, quienes adhieran al sistema sólo podrán ser examinados de acuerdo con la última presentación ante ARCA ^[1]. El gobierno permite el “tapón fiscal” para el impuesto a las ganancias y envía el proyecto de ley porque la normativa legal vigente impide expresamente que sea por una norma inferior.

Lo insólito es que al día viernes 6 de junio, 20 provincias adhirieron al régimen simplificado de cobro del impuesto a las ganancias, sabiendo que merma su recaudación final y, por ende, su coparticipación. El impuesto a las ganancias se coparticipa a las provincias en un 64%, mientras que el 20% restante se destina a la seguridad social, el 10% al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano de Buenos Aires, y el 1% para los Aportes del Tesoro de la Nación.

El proyecto de ley le dará el mismo trato a las rentas de fuentes locales que a las del exterior. Esto, sumado a que la ARCA dejará de recibir información de los bancos y de los escribanos en la compra de inmuebles (y se extiende a autos usados y otros gastos), no solo se percibirá en una menor recaudación por el impuesto a las ganancias (al no declararlo en su presentación), sino que permitirá el “lavado de dinero”, que es el verdadero objetivo del proyecto.

El pretexto es reducir cargas formales que dicen que son injustificadas y desmantelar barreras burocráticas que, según afirman, asfixian la actividad económica, para promover así un entorno más ágil y competitivo (sic), y generar un sistema penal tributario más justo y eficiente (sic), centrado en sancionar de manera proporcional y focalizada aquellas conductas que ocasionan un perjuicio real a la hacienda pública y a los sistemas de previsión social.

En ese marco reforman el régimen penal tributario con la finalidad de incrementar fuertemente los montos mínimos exigidos para la configuración de delitos tributarios establecidos en la ley 27.430 y sus modificaciones, con el objetivo de adecuarlos a los valores económicos actuales (sic). Asimismo, redefine el alcance de la no formulación de la denuncia penal mediante la cancelación incondicional y total de las obligaciones tributarias e intereses adeudados, posibilidad que podrá ser ejercida por cada persona humana o jurídica. Adicionalmente, se contempla que la extinción de la acción también podrá suceder en caso de haberse iniciado la acción penal si se adiciona un pago equivalente al 50% del total adeudado. La acción penal tributaria y previsional no podrá proseguirse una vez prescripta la facultad del organismo para determinar la deuda.

Finalmente, se crea un régimen aplicable a la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, donde se presume la exactitud de las declaraciones presentadas salvo que se verifique una discrepancia significativa —cuyo alcance se define por ley— entre la información declarada y la información disponible en los sistemas del organismo o proporcionada por terceros.

Los ingresos de la Administración nacional

El Presidente Javier Milei, en la reunión anual de AMCHAM (Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina) del 19 de mayo de 2025, se jactó de haber eliminado y/o reducido la alícuota de 19 gravámenes. Entre los cambios más importantes, se destacan la finalización del impuesto PAIS (que gravaba la compra de divisas), la rebaja temporal de las retenciones (derechos) ^[2] a las exportaciones de granos y la modificación de bienes personales.

El desgobierno de Milei reduce el cobro de impuestos directos y “retenciones” en medio de un brutal ajuste fiscal, con marcado descenso del PBI y aumento de la pobreza y la exclusión social. Un contexto en el que la mayoría de la población argentina no percibe ninguna baja tributaria porque no blanquean dólares, no traen bienes y no viajan al exterior; la mayor parte de la población no alcanza a un ingreso digno y el precio de la comida, de los medicamentos, de los servicios de electricidad, gas y transporte aumenta todos los meses y con ello el IVA y demás impuestos que los gravan.

En la Argentina, tres tributos explican casi el 80% de la recaudación: IVA,seguridad social y el impuesto a las ganancias, demostrando que los recursos fiscales provienen del consumo, el trabajo y las jubilaciones, prácticamente sin gravar las rentas extraordinarias ni patrimonios.

El carry trade recrea una renta financiera que no está gravada. El gobierno de Milei aumentó la deuda (hasta abril de 2025) en 102.246 millones de dólares y sus beneficiarios no pagan un centavo de impuestos porque los títulos públicos están exentos.

A su vez, este gobierno restableció la cuarta categoría del i mpuesto a las g anancias (es decir, aquella que grava los ingresos de los trabajadores registrados), que había sido eliminada en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández. El mínimo no imponible desde enero de 2025 (y aumenta con la inflación medida por el IPC del INDEC desde julio de 2025) es de un salario mínimo de 2.280.647 pesos.

Es más, el impuesto a los bienes personales ha sido destruido mediante escalas de alícuotas descendentes para los periodos fiscales futuros y un régimen especial que adelanta la tributación de cinco años sobre los bienes (periodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026). Además, se establece un régimen de estabilidad fiscal que será esgrimido como un derecho adquirido de los contribuyentes.

Entonces los ingresos tributarios los paga mayoritariamente la población y el ajuste se hace por el lado del gasto con total desconocimiento de las funciones del Estado, en forma inconsistente y regresiva.

Debe tenerse en cuenta la política de desfinanciar el sistema previsional con la eliminación del Impuesto PAIS (el 65% se destinaba a la ANSES y el 5% de su recaudación al PAMI) y que el ministro de Economía, Luis Caputo, le prometió a la Mesa de Enlace del “campo” en enero de 2025 (cuando redujo la tasa de los derechos de exportación por seis meses) que se va a eliminar el impuesto al cheque, del cual se destina el 70% al SIPA (sistema integral previsional argentino). En paralelo, el gobierno de Milei decidió que desde el 23 de febrero de 2025 no haya más moratoria previsional y aquellos que se jubilan y no tienen 30 años de aportes y demuestran insolvencia, van a percibir el PUAM (prestación universal al adulto mayor), que es el 70% de la jubilación mínima.

La política de reducir la presión impositiva sobre los sectores más beneficiados de la sociedad, a la que suman el déjà vu de la conversión de la AFIP en la ARCA, que no exige que los expedientes estén firmados por la línea (personal de planta del organismo), normas laxas del Poder Ejecutivo como el decreto 353/25 y las resoluciones generales 5.699/25 y 5704/25 de la ARCA, que pretenden que se convierta en ley por el proyecto de principio de inocencia fiscal, desconociendo el rol de contralor del Poder Ejecutivo, en un país donde la evasión fiscal no es menor al 30% del PBI, implica una persistente disminución de los ingresos tributarios, que suplen con crecientes tomas de deuda, que incluyen títulos públicos que capitalizan intereses.

La deuda pública en su mayor parte es en divisas (o que pueden constituirse en divisas) y/o ajustada por inflación medida por el IPC del INDEC, que se torna explosiva ante un tipo de cambio que, como lo demostraba el BCRA (que desde hace dos semanas no deja ver el balance y el balance cambiario en su página web), opera con déficit de la cuenta corriente comercial desde junio de 2024.

En síntesis

Tanto el accionar de la ARCA como el de la política económica en general propician la conversión del país en un “paraíso financiero”, con un severo ajuste en el gasto público en salud, educación, obra pública, asistencia a la población, promoción de industrias y de empleo, mientras se facilita el lavado de dinero y se continúa endeudando a la Administración nacional con el fin último de pagar la deuda (que no se investigó ni se investiga) con nuestros recursos naturales, por eso necesitan la connivencia y hasta la complicidad ^[3] de los gobiernos de la mayoría de las provincias.

^[1] En el proyecto de ley invitan a las provincias, CABA y municipios a aplicar los mismos plazos de prescripción.
^[2] Decreto 38/2025: Se redujeron desde el 1 de enero al 30 de junio de 2025 las retenciones; las principales fueron en poroto de soja de 33 a 26%; aceite y pellets de soja de 31 a 24,5%; trigo y maíz de 12 a 9,5%; 0% para las economías regionales.
^[3] Mientras que el cómplice colabora de manera directa en la ejecución del delito, el connivente puede limitarse a consentir, tolerar o facilitar su realización sin participar activamente en ella.

Milei al paraíso financiero

LATAM: rivalidad China – EE.UU

Por

Vittorio Pendino

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28 mayo, 2025

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“América Latina en la encrucijada: navegando la nueva contienda geopolítica sino-estadounidense”

Durante mucho tiempo considerada la esfera natural de influencia de Estados Unidos, América Latina vuelve a captar la atención en la arena geopolítica global. La creciente incursión de China en la región —a través de inversiones masivas, acuerdos comerciales estructurales y cooperación tecnológica o en infraestructura— está alterando los equilibrios tradicionales y reviviendo patrones de rivalidad entre grandes potencias. De Washington a Pekín, la retórica se endurece y las estrategias de influencia se intensifican. En este contexto, América Latina se ha convertido en un escenario cada vez más explícito de confrontación sino-estadounidense, donde los intereses económicos, diplomáticos y de seguridad se entrelazan con visiones hegemónicas del poder.
Esta nueva competencia, con ecos de la Guerra Fría, plantea preguntas fundamentales: ¿Puede América Latina escapar de esta lógica de polarización? ¿Qué opciones tienen los países latinoamericanos para preservar su soberanía política y económica en un contexto de presiones interdependientes? ¿El resurgimiento de la retórica neocolonial en EE.UU., combinado con el activismo geoeconómico chino, augura un futuro en el que la región se convierta en un simple peón del ajedrez mundial? A medida que las tensiones se cristalizan, resulta esencial analizar las formas que toma esta rivalidad y sus implicaciones para la autonomía estratégica latinoamericana. Este análisis busca examinar las modalidades de esta confrontación, identificar sus lógicas profundas y explorar los márgenes de maniobra disponibles para los actores de la región.

“Recuperar el ‘patio trasero’: el retorno de la retórica neocolonial de EE.UU. en América Latina”

“Recuperaremos el control de nuestro patio trasero”, declaró el Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, el 10 de abril. En tono alarmista, culpó a la administración Obama por permitir la expansión de la influencia china en América Latina y llamó a adoptar una postura ofensiva para revertir esa tendencia.
Sin embargo, sus declaraciones van más allá de la mera fanfarronería geopolítica: reflejan un preocupante regreso a la retórica neocolonial que se creía superada. Al afirmar que América Latina constituye el “patio trasero de Washington” y acusar a administraciones anteriores de haberla “cedido” a China, Hegseth reactiva una visión imperialista caduca de las relaciones interamericanas. Este discurso no solo ignora las dinámicas políticas y económicas actuales de los países latinoamericanos, sino que también intenta reafirmar la hegemonía estadounidense en una región que lleva décadas consolidando su soberanía.
La RAND Corporation lo llama “ansiedad estratégica” ante la presencia irreversible de China no solo en Asia y África, sino ahora también en América Latina. Las palabras de Hegseth omiten la creciente agencia diplomática de los países latinoamericanos, que hoy participan en foros como la CELAC y mantienen lazos estratégicos con múltiples polos. Sus declaraciones recuerdan doctrinas intervencionistas del siglo XIX, como la Doctrina Monroe o la política del “Big Stick”, que justificaron la interferencia estadounidense bajo el pretexto de proteger el hemisferio occidental.

Hoy, ese espíritu de dominación resurge bajo la influencia del trumpismo, en un contexto donde China es percibida como el principal adversario estratégico y América Latina como un espacio que debe “recuperarse” al servicio de los intereses estadounidenses. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirmó firmemente: “Los países de América Latina no son el patio trasero de nadie”. Esta declaración, respaldada por la embajada china en Brasil, contradice directamente la narrativa hegemónica de EE.UU. y forma parte de la estrategia de poder blando de China: un enfoque racional y de largo plazo que se basa en infraestructura, comercio y diplomacia pública, no en coerción militar.

“Construyendo influencia, no solo infraestructura: el largo juego de China en América Latina”

Desde los años 90, la estrategia china en América Latina ha experimentado una profunda transformación. Inicialmente centrada en asegurar el acceso a recursos naturales (hidrocarburos, cobre, soya), ha evolucionado hacia un proyecto geopolítico más amplio que incluye inversiones a gran escala, acuerdos de cooperación y megaproyectos de infraestructura. La ambición es clara: posicionar a China como un actor confiable, influyente e indispensable en la región.
Para 2021, China se convirtió en el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, con casi el 15% de las importaciones regionales provenientes de China. Pero el objetivo va más allá del volumen comercial: Pekín busca tejer una red de interdependencia basada en comercio, conectividad y diplomacia.
El megaproyecto del puerto de Chancay en Perú —con mayoría accionaria de empresas chinas— ilustra este intento por rediseñar las rutas logísticas latinoamericanas al margen de los canales controlados por EE.UU. Asimismo, el ferrocarril transoceánico respaldado por China en Colombia pretende unir las costas atlántica y pacífica, ofreciendo una alternativa a las rutas de exportación dolarizadas. Esta política se fortaleció en mayo de 2025 durante la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC en Pekín, donde el presidente Xi Jinping anunció una línea de crédito de 9 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe.
Colombia se unió oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, marcando un giro estratégico en su política exterior. Al mismo tiempo, empresas chinas como GAC Motors comenzaron a vender vehículos eléctricos e híbridos en Brasil, con planes de abrir una planta local en 2026. Esta aproximación multisectorial combina infraestructura con herramientas de poder blando como medios estatales (CGTN en América Latina) y diplomacia cultural.

“Guerras comerciales y aranceles: las trincheras económicas de la rivalidad sino-estadounidense”

El 12 de mayo de 2025, China y Estados Unidos acordaron una reducción temporal de aranceles en las negociaciones de Ginebra. Se redujeron los aranceles estadounidenses a productos chinos del 145% al 30% y los chinos a productos de EE.UU. del 125% al 10%, durante 90 días. Esto generó cierto optimismo en mercados y círculos diplomáticos.
Pero la esperanza fue efímera. El 23 de mayo, el expresidente Donald Trump anunció nuevos aranceles: 25% sobre iPhones no fabricados en EE.UU. y 50% sobre todas las importaciones de la Unión Europea. Las reacciones del mercado fueron inmediatas, incluyendo una caída del 6% en las acciones de Apple. Esta vuelta al proteccionismo refleja una estrategia más amplia de repliegue económico por parte de EE.UU.
China respondió rápidamente con aranceles antidumping de hasta 75% a ciertos productos plásticos provenientes de EE.UU., la UE, Japón y Taiwán. No fue solo una medida económica, sino también política: China se defiende activamente de su cerco estratégico.
Paralelamente, EE.UU. ejerce presión diplomática sobre países latinoamericanos para limitar la influencia china. Panamá, por ejemplo, bajo presión estadounidense, decidió no renovar su participación en la Franja y la Ruta y comenzó una auditoría a los puertos bajo control chino. Mientras EE.UU. organiza cumbres diplomáticas vacías, China construye. El puerto de Chancay, controlado en un 60% por COSCO Shipping, y el ferrocarril colombiano representan una estrategia deliberada de emancipación geo-económica.

“No alineamiento activo (Non-alignement actif): la estrategia latinoamericana frente a la rivalidad entre grandes potencias”

En América Latina, esta nueva fase de confrontación intensifica dilemas estratégicos: ¿profundizar lazos con una China activa y pragmática, o preservar relaciones con un EE.UU. debilitado pero coercitivamente influyente?
Cada vez más, los países adoptan una postura de “no alineamiento activo”: una estrategia que rechaza alineamientos binarios y aprovecha la multipolaridad para maximizar soberanía. Tres casos emblemáticos ilustran caminos distintos:
● Brasil mantiene una postura de no alineación estratégica. No ha ingresado en la Franja y la Ruta, pero refuerza lazos económicos con China. Al mismo tiempo, mantiene el diálogo con EE.UU., buscando una política exterior equilibrada.
● Colombia se unió a la Franja y la Ruta y al Banco de Desarrollo China-África-América Latina. Su rechazo a vuelos de deportación desde EE.UU. provocó amenazas de sanciones económicas. Colombia intenta equilibrar sin romper con sus vínculos de seguridad con Washington.
● Argentina, bajo Javier Milei, se ha alineado abiertamente con EE.UU. en medio de una crisis económica profunda. A cambio de un préstamo de 20 mil millones del FMI, recibió respaldo militar y diplomático. Sin embargo, China sigue siendo un actor clave mediante comercio agrícola, inversiones y un swap de divisas. Su estrategia es de reequilibrio, no ruptura.

Conclusión: entre autonomía estratégica y presiones sistémicas

El renovado interés de Washington y Pekín por América Latina no implica un simple regreso a la bipolaridad de la Guerra Fría. Refleja una transformación del orden internacional, en la que las potencias regionales ya no son meros escenarios pasivos.

EE.UU., influido por el trumpismo, busca reimponer su dominio con retórica ideológica y diplomacia coercitiva. China, por el contrario, ofrece una estrategia geoeconómica centrada en infraestructura y poder blando.
América Latina no está condenada a elegir entre una y otra. Como muestran Brasil, Colombia y Argentina, existe margen —aunque limitado— para maniobrar. La clave está en construir capacidad institucional, cohesión política y cooperación regional para convertirse en sujeto de estrategia, y no solo objeto.

Perspectivas: qué observar en el próximo año en Colombia, Argentina y Brasil.

En 3 meses (agosto 2025):
● Colombia lanzará licitaciones para infraestructura bajo la Franja y la Ruta.
● Argentina comenzará a aplicar reformas ligadas al préstamo del FMI, con posibles tensiones sociales.
● Brasil será anfitrión de una cumbre con India y Sudáfrica para promover cooperación del Sur Global.

En 6 meses (noviembre 2025):
● La campaña presidencial de EE.UU. se intensificará, con foco en China y América Latina.
● China podría anunciar nuevos programas de cooperación con CELAC.
● Panamá podría aplicar nuevas regulaciones a puertos controlados por China.

En 12 meses (mediados de 2026):
● El megaproyecto del puerto de Chancay entrará en funcionamiento.
● Podría haber debates sobre la “diplomacia de la deuda” con China.
● CELAC podría promover una doctrina estratégica común como forma de no alineamiento regional.

La puta obra y el puro humo

Por

Jorge Manuel Gil

-

26 mayo, 2025

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Como en tantas oportunidades, la expresidenta argentina Cristina Fernández (CFK) ha traído a la arena política una definición propia de su estilo impecable para la conceptualización: “el gobierno de Milei no ha hecho una puta obra”. Y dicho así: “ni una puta obra” como forma de esclarecer el debate político.

Lo hizo el pasado 25 de mayo en un contexto de críticas a un Gobierno nacional autodefinido como anarcocapitalista y como parte de un mensaje a la militancia en el Encuentro de la Cultura Popular, desarrollado en el Polo Cultural y Deportivo Saldías, en las inmediaciones del Barrio 31, en Retiro, CABA.

El término “puta” se refiere aquí -en la trama de su discurso- a algo mínimo, casi insignificante, denotando una ausencia, un abandono. En el coloquio cotidiano usamos el término “puta” en el sentido de clausura por lo trivial, aquello que se espera que se haga y no se lo hace. Es un despectivo extremo y desalentador tanto para el hacer como para el pensar: “no hizo una puta obra” (por un político), “no atajó una puta pelota” (por un arquero), “no sacó un puto siete” (por un estudiante), “no se le cayó una puta idea” (por un pensador), “no filmó una puta película” (por un cineasta). Y así centenares de ejemplos. Miles.

Una expresión popular conclusiva que -en este caso define de manera impecable y precisa un accionar de gobierno. No hacer una puta obra es caer en la inacción política porque “obra” es acción humana. Sin obra no hay acción, sin acción no hay vida, sin vida no hay nada.

Porque “obra” -en su etimología indoeuropea- deviene del latín “opera” que indica “trabajo y producir en abundancia”. Genera muchos términos como “oficio” y “cooperar”. Es un término -en realidad- socioeconómico. La economía trata de obras porque la esencia de lo económico es el trabajo y la producción. Que el sistema económico capitalista asigne prioridad hoy a la especulación financiera es un desvio que habrá de ser corregido por el propio devenir social.

Por otro lado, el “puro humo” es la sustitución del hecho por la palabra. Se la usa como “vender humo” haciendo referencia a que intenta transformar en valor algo que no lo tiene. Es el desorden dialéctico de la verdad. Es crear confusión, aludiendo a lo inexistente, lo falto de corporiedad. También lo uso Cristina para definir como humo el inexistente Pacto de mayo en 2024.

“demasiado humo choca con la realidad
demasiado humo escupe la televisión
demasiado humo estoy cambiando de color”, entona el grupo de Rock Don Lunfardo y el Señor Otario.

Hoy Chubut, nuestra provincia patagónica rica en gentes y recursos y pobre en administradores públicos, es un ejemplo paradigmático del político que articula el no hacer “ni una puta obra” con la confusión social del “puro humo”. Una suerte de alquimia de los tiempos posmodernos.

Pruebas al canto. El rimbombante anuncio del gobernador Humo Torres sobre canje de deuda provincial por obras nacionales fue realizado hace casi un año (16 junio 2024). Hasta hoy sólo se concretó lo referido a la multitrocha Puerto Madryn-Trelew. Las obras pendientes son apenas el 6% de la obra total que fue concluida en 2022. Mientras tanto sigue en emergencia todo el sistema vial de la Provincia, principalmente las Rutas nacionales 3 y 40 que muestran un total estado de abandono. Todo el sistema de salud, de educación, de seguridad.

Que ha logrado el Gobierno provincial?. Vender humo y no hacer una puta obra. Liberar a la Nación de sus erogaciones, desnaturalizar los compromisos de Nación con el Chubut y colocar a la Provincia en un delicado problema operativo (ejecución de obras de magnitud) y financiero (endeudamiento para pago de esas obras). Con la expectativa de si la tan mentada corrupción nacional sobre la obra pública -promovida por las empresas constructoras- no se reproduce en la provincia.

En resumen, la provincia enfrenta un panorama de más deuda pública (recientemente se aprobaron deudas por u$ 650M) y ausencia de obras de estructura.

Entendemos que queda claro que sin Torres no hay Milei, que cuando se elimina la obra pública se deteriora el tejido material y social sobre el que se edifican los pueblos, que la política de no-obras públicas es esencial para comprender a este gobierno y para predecir el futuro de la sociedad por él gobernada, y que sin obra pública no hay futuro colectivo.

El humo puede borronear nuestra visión de la realidad, puede confundirnos, pero allí están las putas obras que siguen sin hacerse.

Grupo La Capitana

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