Cuando hablamos de salud no nos referimos solamente a las enfermedades y su posible
curación. Hablamos de que entre la tenencia y la pérdida de la salud hay una amplia franja de
situaciones que son las posibilidades de perderla o recuperarla.
Considerando la salud como un estado de armonía bio-psico-social, esta sería más una realidad deseada que la que vivimos en estos momentos; el hambre y las guerras excluyen
cualquier armonía social o psíquica. Hablaremos ahora de la pérdida de la salud por enfermedades y su tratamiento dejando también a un lado, por ahora, la prevención como
cuidado fundamental de la salud.
Tenemos la imagen legendaria de las comunidades ancestrales en las que un chamán o
médico brujo mezclaba jugos, hierbas y otros elementos para elaborar pócimas destinadas a
aliviar las dolencias de las personas. También la de un hombre serio y de gesto adusto, o tal vez afable y cercano a las familias, que comenzaba a aliviar con su presencia y se presentaba
equipado con un simple estetoscopio y una pañoleta a la vez que enarbolaba un discurso
incuestionable. Pero el devenir de los tiempos ha visto la evolución de las comunidades
humanas y el crecimiento tecnológico, con una generación parada sobre los hombros de la
anterior en una pirámide interminable. Así también se ha desarrollado todo lo atinente a la salud conformando complejas estructuras que obran sobre la salud y su recuperación obteniendo resultados que hace años se hubieran considerado milagrosos para el entendimiento humano.
Enfermedades que en la antigüedad podían provocar la muerte hoy se curan con
facilidad, otras, consideradas como incurables, hoy se curan en gran número como el cáncer, por ejemplo. Con un diagnóstico precoz aproximadamente el 60% se curan, el 30% se cronifican y mueren solo el 10%. Hoy enfermedades incurables por ahora, como la diabetes, se controlan, permitiendo una vida normal a la mayoría de los que la sufren cumpliendo con pautas de conducta y medicación.
Como detrás de cualquier resultado hay una historia, un encadenamiento de sucesos,
sistematizados o no, que darán ese resultado. Podemos observar que los resultados no son
iguales en todas las enfermedades ni en todas las regiones. En la salud, como en todas las
cosas, hay un porqué, un cómo y un para qué.
El gran crecimiento tecnológico, tanto en métodos de diagnóstico como en técnicas
terapéuticas y el desarrollo farmacológico, han surgido de una conjunción de inversiones
públicas y privadas, y aquí hay otras complejidades que analizar. La inversión pública, o sea del estado, ante diversos problemas de la comunidad, no puede sorprendernos. Vemos las calles, las luces y los puentes, vemos estructura judicial, de seguridad y educativa, vemos casualmente hospitales y centros de salud, ya que de esto hablamos.
¿Pero qué pasa con la inversión privada? ¿Cuánto tiene de privada y cuánto de
comunitaria, en tanto y en cuanto el estado como representante de la comunidad es el gran
contratante y dador de créditos para la investigación y desarrollo de proyectos? Inclusive en los países que se supone son abanderados de la inversión privada como EEUU hay un ejemplo paradigmático. El complejo militar industrial norteamericano hace armas, aviones y misiles de
forma privada pero su gran cliente es el estado norteamericano, o sea que cada bala que los
yankees fabrican está financiada por los contribuyentes, y en este caso también es el estado
norteamericano, abanderado de los intereses de sus empresas, el que fabrica las guerras para que se usen las armas, un negocio redondo.
Saliendo de la muerte e intentando volver a ocuparnos de la vida, sigamos con el tema
de la salud. En nuestro país conviven desde lo teórico al menos tres sistemas de salud: el
público, totalmente soportado por el estado, que atiende como paciente a quien lo solicite; el
solidario, que está representado por las obras sociales y las prepagas – las obras sociales de
naturaleza sindical, y las prepagas que son un negocio privado, en este momento mayormente en manos de corporaciones multinacionales o fondos de inversiones, léase fondos buitres – y la medicina privada, de existencia realmente virtual ya que muy pocos acceden a ella y muy pocos pueden acceder. Tema aparte son las terapias alternativas a las que muchas personas acuden y en general no requieren complejidad suponen un trato personalizado sin intermediación estructural.
Dejando afuera comentarios sobre el sistema público, ya que en él está claro que es el
estado el que se hace cargo de los costos de su implementación, hablemos de las obras
sociales y las prepagas.
A raíz de la evolución tecnológica en métodos de diagnóstico y tratamiento de la salud,
los costos serían para la mayoría de las personas impagables, como ejemplo están las drogas oncológicas que valen millones, lo mismo ocurre con muchos tipos de cirugías, que en muchos casos incluyen materiales protésicos. La única manera de hacer esto viable es que el conjunto de pertenencia a una obra social sindical haga un aporte dinerario mensual de su salario y esto se utilizará para tratar a los que sufran alguna enfermedad. Algo análogo ocurre con los sistemas prepagos, en esté caso es un negocio que se realiza adoptando el mismo principio solidario pero buscando una ganancia. Aquí todos los asociados a la prepaga pagan una cuota mensual que se utilizará para la atención del afiliado o asociado enfermo.
Hasta aquí el sistema de salud visto desde el paciente que recibe la prestación. Pero qué pasa con los prestadores, con las clínicas, con los centros de diagnóstico, con los laboratorios, los institutos de rehabilitación. Todos estos serían absolutamente inviables si no tuvieran como clientes a esas obras sociales o prepagas ya que para la población en general sería imposible afrontar los costos de la atención de salud de manera individual, sin estar integrados a un sistema colectivo de atención. De darse esa situación todas las clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, laboratorios y centros de rehabilitación quebrarían por falta de clientes que los sostuvieran económicamente.
Queda demostrado que aún lo privado depende de lo público para existir. Es una falacia
decir que todo se puede privatizar y que el estado es innecesario. Generalmente quienes dicen estas cosas son paradójicamente grandes beneficiarios del estado a través de subsidios o licitaciones de obra pública, son los planeros del estado, pero con traje, corbata, gemelos de oro, autos de lujo y custodios privados.

La fotografía de la Argentina de hoy nos presenta un retrato crudo y dramático de nuestra realidad. Varios indicadores revelan, en lo que respecta a la productividad y a los ingresos de la población, el persistente estancamiento económico, los altos niveles de empobrecimiento y la creciente desigualdad. El producto bruto interno per cápita no recuperó el volumen que tenía en términos absolutos hace doce años, en 2011. Un dato es categórico: el país no experimentaba un período tan prolongado sin crecimiento sostenido desde el período 1975-1989, cuando se totalizaron catorce años de caída promedio del ingreso per cápita.

Los “años dorados” quedaron muy lejos en la línea de tiempo. Sólo entre 1960 y 1975, el PBI per cápita argentino logró tasas de crecimiento ininterrumpidas del 2% anual. Según el Banco Mundial, el PBI de la Argentina en 1966 era el noveno a nivel mundial, en 1999 estaba en el puesto 16, y en 2019 —último año sin pandemia— fue en el 27. En consecuencia, antes de considerar el posible desarrollo económico del país, resulta imperativo centrarse en cómo lograr una reversión de esta situación. Sin duda, es importante pensar en clave de desarrollo, pero antes de ello hay que alcanzar y sostener un fuerte crecimiento económico con justicia social y sostenibilidad ambiental.

En lo que respecta a la pobreza, si bien experimentó fluctuaciones significativas, hoy se encuentra en niveles extraordinariamente elevados. Aunque hubo metodologías distintas para medirla, en la década de los setenta, la pobreza promedio se situó en un 5.7%, y se cuadriplicó al llegar al 19.6% en la de los ochenta. Medida con la vara actual, la pobreza tuvo su pico en octubre de 2001, cuando alcanzó el 46%, y llegó al 66% en octubre de 2002.

En la segunda década de este siglo, la pobreza bajó y el promedio se mantuvo en torno al 29.3%. Alcanzó el 31% en 2016, llegó a su punto máximo del 42% en 2020 durante la pandemia, descendió luego a un 36.5% en 2022 y aumentó al 40.1% este año. Hoy casi 12 millones de ciudadanos están debajo de la línea de la pobreza.

La desigualdad, en tanto, se manifiesta en diversos indicadores. El porcentaje de la población que puede ahorrar disminuyó, pasando del 15.9% en 2011 al 9.6% en 2022. Si examinamos la evolución de la desigualdad en las condiciones de vida en el Área Metropolitana de Buenos Aires entre 2010 y 2022, se observa un marcado deterioro en los estratos residenciales bajos a partir de 2014, lo que amplió las brechas de desigualdad en comparación con los estratos medios y medios altos.

En suma, la fotografía instantánea de este momento es profundamente inquietante. La película, en tanto, permite observar la secuencia dinámica y encadenada de un país que declina. Al cabo de dos décadas, la Argentina del siglo XXI es menos próspera, más pobre, más desigual y más fragmentada, en lo interno, y más débil, marginal y vulnerable en lo externo, en comparación con la Argentina de los 40, 50 y 60 del siglo pasado.

Sin embargo, si dirigimos nuestra atención hacia lo que nos muestra el parabrisas en lugar de enfocarnos en el espejo retrovisor, podremos contemplar un horizonte menos abrumador. Al proyectar Argentina en el año 2030, es posible vislumbrar, de manera eventual, potencial, e hipotética, un escenario notablemente diferente. Esto se debe a las oportunidades y fortalezas que el país posee.

Mencionamos algunos ejemplos. Junto con los yacimientos de petróleo y gas convencional, nuestro territorio cuenta con las segundas mayores reservas mundiales de gas no convencional. En relación a los recursos renovables y la transición energética, Argentina presenta condiciones muy favorables para la energía solar, eólica e hidráulica, además de la enorme disponibilidad de biomasa capaz de ser transformada en bio-productos y de las potencialidades en hidrógeno verde.

Más allá de los recursos energéticos, también existe un enorme potencial económico variado en nuestra plataforma continental que representa el 62% de la superficie del país. A su vez, el potencial geológico-minero se encuentra sub-aprovechado en relación con otros países, como Chile o Perú. En el litio existe un despegue valioso, pero el cobre puede ser la mayor apuesta a largo plazo. Además, el sector agropecuario es clave para el despegue el país, teniendo en cuenta sus posibilidades de innovación, reconversión y diversificación productiva, así como su impacto en cadenas de valor locales y regionales.

Con “potencial de futuro” no solo nos referimos a las oportunidades tradicionales, como la energía, la agricultura y los minerales, sino también a las capacidades en ámbitos como son la economía del conocimiento, la biotecnología, la nanotecnología, las industrias relacionadas con la tecnología satelital, nuclear y espacial y otras áreas que podrían ser de vital importancia en tiempos de la “cuarta revolución industrial”. Tanto en cuanto a las materias primas como en el terreno industrial, productivo y tecnológico, Argentina alberga un conjunto de atributos relevantes para la política interna y la política internacional. Las ventajas estáticas del país deben movilizarse para convertirse en fuentes efectivas de poder.

Un momento clave

Pero, y más allá del tiempo futuro, lo esencial es preguntarse qué acciones deben emprenderse en el tiempo presente. En esta coyuntura crítica, al plantearnos este interrogante, debemos considerar cómo aprovechar la oportunidad que se avecina y que no debemos desperdiciar. Quizás la respuesta resida en la construcción de los pilares de una convergencia amplia y plural. Evitando el uso de términos como “política de Estado,” podríamos enfocarnos en forjar acuerdos estratégicos e intersectoriales. Es necesario partir de la premisa de que todo no debe ser reinventado o refundado, sino que es crucial reconocer la existencia de activos y las capacidades tangibles e intangibles del país.

Estamos frente, sin duda, a la elección presidencial más trascendente de la Argentina en el siglo XXI. Con este horizonte, es esencial debatir sobre “el qué”, “el cómo” y el “para qué” de la política exterior y su entrecruzamiento con distintas políticas públicas. En ese sentido, varias medidas se vuelven imperativas.

En primer lugar, es fundamental impulsar las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas para una articulación más densa y variada con los países vecinos y del resto del mundo. Una política exterior es la que mejora el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Una buena política exterior incrementa el poder, la riqueza y la autonomía de un país.

En segundo lugar, debemos adoptar una estrategia de inserción internacional sensata y fecunda. En breve, en el frente internacional necesitamos una diplomacia de la modestia centrada en temas concretos. En esta etapa, se imponen diagnósticos realistas y rigurosos del mundo, objetivos razonables y conductas prudentes. En tiempos difíciles muy especialmente, no debe haber lugar para el exhibicionismo y la grandilocuencia, y mucho menos dividir el mundo en “buenos” y “malos”: es hora de un mix de pragmatismo juicioso y principismo vigoroso. En consecuencia, el enfoque y el estilo de liderazgo, así como los programas a implementar y posturas a desplegar, adquieren una relevancia enorme. Reforzar la Cancillería y las diferentes áreas internacionales de los ministerios con los mejores talentos de nuestros jóvenes y coordinar más la política exterior y de defensa son condiciones sine qua non.

Al conjunto de causas sociológicas, económicas e institucionales que usualmente se mencionan como explicaciones de nuestro declive, habría que añadir una psicológica: el “síndrome del narcisista frustrado” que, más temprano que tarde, provoca una autoestima deficiente y un ímpetu autodestructivo. Una nación que políticos, empresarios, comunicadores, figuras públicas, e intelectuales consideran como un país de fracasados es prácticamente un país sin destino y condenado a reforzar la condición de narcisismo frustrado. Una base mínima para el logro de acuerdos estratégicos es que la dirigencia coincida en una valoración ponderada del país, reconociendo las oportunidades del futuro y la necesidad del empeño conjunto. Reconstruir poder, adentro y afuera, requiere esfuerzo, moderación, tiempo y paciencia.

En suma, hay razones urgentes para que el debate presidencial en esta instancia de ballotage tenga un segmento relevante—a diferencia de la primera vuelta—respecto a la inserción internacional del país. Ello, hoy más que nunca, implica “des-parroquializar” la discusión pública al respecto y entender que lo que está en juego no es una apuesta de corto plazo, sino decisiones de efectos notables de mediano y largo alcance. Debemos, en consecuencia, plantearnos preguntas fundamentales con la expectativa de alcanzar acuerdos vinculantes. No es el tiempo de coaliciones electorales con un solo propósito de lograr la presidencia; es esencial ir forjando coaliciones de gobernanza. En tiempos recientes, conocimos distintas experiencias políticas que no apreciaron el valor de los acuerdos: persistir en esa dinámica es el camino seguro a la inviabilidad nacional.

El ganador de la segunda vuelta tendrá, a partir del 10 de diciembre, un mandato de cuatro años, durante los cuales podrá optar entre continuar administrando el declive del país o tejer compromisos genuinos y viables que reviertan un declinar cada vez más oneroso para las mayorías. En resumen, la Argentina debe recuperar el crecimiento económico sostenido tras años de estancamiento prolongado y sentar los incentivos para configurar una inserción fecunda en el mundo y en la región acorde a los desafíos actuales.

Por Bernabé Malacalza y Juan Gabriel Tokatlian

La urgencia de debatir la política exterior

https://www.clarin.com/opinion/retorno-doctrina-monroe_0_NUp9Pe04VZ.html

1. Por la Resolución Nº 2338/2023, de 6 de setiembre, la Corte “declaró” “que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional” (punto 1°). Y puso en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias” (punto 2°).

La Corte adujo en su resolución: “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”. Añadió después: “(…) Que, de acuerdo con todo lo anterior, la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado.

1. Ha de ponerse cuidado en advertir que se expide el tribunal por vía de una resolución administrativa, a raíz de una comunicación por la que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, que la jueza Figueroa integra, informaban que ésta había cumplido 75 años y mencionaron un expediente con estado parlamentario en que se solicitaba acuerdo al Senado.

Es del caso recordar que la Corte es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces; en el derecho constitucional provincial existen sistemas en que los superiores tribunales o cortes de justicia sí intervienen en la designación. En el orden federal, las designaciones se alcanzan con la inexcusable participación del Consejo de la Magistratura que, luego de concursos, remite al Poder Ejecutivo ternas con candidatos a ocupar los cargos vacantes (art. 114, C. N.). El presidente elige uno de ellos y envía al Senado el respectivo pliego para que este preste o deniegue el acuerdo (art. 99, 4°, II, C. N.). La remoción está a cargo de un jurado de enjuiciamiento (art. 115, C. N.), procedimiento que se inicia por el Consejo (114,III, 5°).

Resulta cuando menos sorprendente que se arrogue la Corte la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. La Resolución en examen recién se percata de la existencia del Consejo de la Magistratura en su punto 2°.

III. Conviene leer bien la Constitución: ella dice, en la previsión que interesa aquí:

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

Como puede apreciare, la Constitución nunca dice “el día que cumpla 75 años”, tampoco “antes de que cumpla 75 años”; dice, en cambio, “una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”. Habrá de observarse asimismo que el Senado trataba el pedido de nuevo acuerdo de la jueza Figueroa remitido por el Ejecutivo: entonces, su misión institucional estaba en desarrollo cuando la Corte adoptó su tesitura. Hay que anotar que no existe una previsión en la Constitución que imponga que los jueces obtengan el acuerdo antes de cumplir 75 años, criterio que conlleva cierta contradicción. El presidente, ¿podría remitir un pliego de un juez que tiene 74 años atento a que en seis meses cumplirá 75? ¿De dónde surge esa potestad-deber? En rigor, la competencia del Ejecutivo y del Senado nace –se pone en acto– una vez que el juez cumpla la edad de 75 años, que es lo que dice la Constitución. A mayor abundamiento, corresponde advertir que la Constitución no dice “cesan en sus funciones el día que cumplan 75 años”, sino que, para mantenerse en el cargo, se requiere un nuevo acuerdo y no dice cuándo éste debe prestarse. Nada obsta a que, ya cumplidos los 75 años, obtengan un nuevo acuerdo; no es un causal de cese en el cargo el cumplir esa edad, sino que, a partir de ese hecho, surge la necesidad de un nuevo acuerdo.

Repárese: para cumplir con la posición de la Corte, el Senado debería prestar el acuerdo el mismo día en que el juez cumple los 75 años; si lo prestara antes de ese día, no se cumpliría con la Constitución que exige una vez que, esto es, “cuando, después de que” (locución conjuntiva). Antes, no tendría 75 años, sino 74 años y meses, o, incluso, menos.

1. La preocupación de la Corte respecto del plazo ilimitado que podría sobrevenir en el trámite del Senado, se disipa si se atiende a que el acuerdo debe prestarse en el año legislativo en que el pliego ingrese: después, ha de entenderse que ha perdido estado parlamentario y entonces sí el juez debe cesar en su cargo.
2. Finalmente, cabe decir que la Corte tampoco ha atendido a hechos ya consumados; el constitucionalista Gil Domínguez ha recordado tres antecedentesde jueces -Silvia Mora, Juan Carlos Bonzón y Luis Imaz- que cumplieron los 75 años y el Senado dio acuerdo para que continuaranen sus cargos luego de la fecha en la que esos magistrados habían cumplido años.

De ninguna manera puede invocarse el acto de la Corte para sostener que la jueza Figueroa ha cesado en su cargo; ello así, porque se trata de una resolución administrativa que declara algo que nunca ha ocurrido, el cese de la jueza, y dictada sin respetar las competencias del Ejecutivo y del Senado -ambos poderes se atuvieron a la Constitución, uno al remitir el pliego y el otro al tramitar el pedido de nuevo acuerdo-. Se trata de un acto nulo, de nulidad absoluta porque contraviene el orden público constitucional. Todos los poderes, también la Corte, deben actuar en los límites de sus competencias; el Tribunal carece de competencia para designar o hacer cesar jueces y menos aún para enervar anticipadamente una facultad propia del Senado, en ejercicio.

Es notable que, a pesar de algunas menciones o acusaciones, la política exterior no haya sido abordada de manera sustancial en los debates presidenciales de la primera vuelta. Resulta sorprendente dado que en la actualidad es prácticamente imposible eludir la naturaleza “interméstica” de la agenda de un país, que implica una interconexión constante entre asuntos internacionales y domésticos. Esto se vuelve aún más relevante considerando la necesidad apremiante de establecer una hoja de ruta ante el vertiginoso proceso de transición de poder, influencia y prestigio en el ámbito mundial.

A pesar de la falta de debate público sobre este asunto, hemos observado algunas declaraciones y otros lineamientos más elaborados que nos llevan a considerar la posibilidad de que, por primera vez en la historia de la Argentina, se implemente lo que en estudios de los últimos lustros se llamó una política exterior conspiratoria. Por lo tanto, dedicamos aquí nuestro análisis a explorar cómo se abordó la relación entre conspiración y política exterior, así como sus implicaciones. También examinamos las posibles limitaciones de una política exterior conspiratoria y los mecanismos de reaseguro disponibles para mitigar sus efectos negativos.

Conspiración y política exterior

La disciplina de las Relaciones Internacionales aborda múltiples temáticas mediante diversos paradigmas y enfoques y a partir de distintos niveles de análisis. Existen perspectivas que enfatizan la gravitación de la política interna en la política exterior, la influencia del régimen político y, en ese contexto, el rol crucial del individuo — el líder, el decisor último, el mandatario — en determinadas coyunturas. Los estilos de conducción, los rasgos de personalidad, las motivaciones subyacentes, el mapa cognitivo y el sistema de creencias de los hombres y mujeres al frente del ejecutivo pueden incidir significativamente en los cursos de acción diplomática que persigue un país. También se estudia la relevancia del “entorno próximo” al tomador de decisión: el tipo de formación, de conocimiento y de experiencia en materia internacional, el ambiente intelectual de aquellos cercanos al poder, el grado de apertura o bloqueo ante la información que proviene de la realidad, los intereses inmediatos de quienes asesoran al jefe de Estado, y el conjunto de ideas y visiones del mundo que posee el círculo íntimo cercano al gobernante.

Recientemente, una literatura novedosa sobre política internacional estudió, mediante investigaciones comparativas, el vínculo entre ésta, el papel de los liderazgos y el fenómeno de la conspiración. Este fenómeno en la política exterior pasó de ser un tema marginal a recibir más atención y un tratamiento riguroso en la última década debido, en gran medida, al surgimiento de varios líderes con argumentos y prácticas conspirativas. Esto se reflejó en trabajos sobre política exterior como señalan los escritos, entre otros, de Tim Aistrope y Roland Bleike, “Conspiracy and foreign policy”; Thorsten Wojczewsk, “Conspiracy theories, right-wing populism and foreign policy: The case of Alternative for Germany”; y Feliciano de Sá Guimarães, Davi Cordeiro Moreira, Irma Dutra de Oliveira e Silva, y Anna Carolina Raposo de Mello, “Conspiracy Theories and Foreign Policy Narratives: Globalism in Jair Bolsonaro’s Foreign Policy”.

Más que acercarse a la conspiración como un acto deliberado de un grupo que se reúne con fines dañinos, malévolos o ilegales, los estudios académicos se centran en el análisis del sentido y alcance de las percepciones y narrativas relacionadas con la formulación de una política exterior de tipo conspiratoria. No se trata tanto de examinar el comportamiento paranoico de algunas personas con propósitos siniestros, sino de comprender cómo se construyen argumentaciones plagada de complots, y confabulaciones y tergiversaciones para legitimar ciertas prácticas en el ámbito internacional.

En este contexto, el ascenso de corrientes reaccionarias, que en algunos casos llegan a radicalizarse o adoptar posturas extremistas, en diversos países del mundo se debe, en parte, a la habilidad y capacidad de líderes políticos (y su séquito) para influir en la opinión pública mediante el uso de eslóganes impactantes, declaraciones agresivas, gestos provocativos, explicaciones sensacionalistas y mensajes falaces. Algunos estudios (Bruno Gabriel Salvador Casara, Caterina Suitner y Jolanda Jetten, “The Impact of Economic Inequality on Conspiracy Beliefs”) señalan que la desigualdad económica puede alimentar creencias conspirativas; otros enfatizan la cuestión de la precariedad socio-económica (Jais Adam-Troian, María Chayinka, María Paola Paladino, Özden Lelis Ulug, Jeroen vaes y Pascal Wagner-Egger, “Of Precarity and Conspiracy: Introducing a Socio-Functional Model of Conspiracy Beliefs”) y su nexo con la aceptación de dichas creencias; y aún otros destacan que el narcisismo puede ser un buen predictor de tales creencias (Taylor J. Cosgrove y Christopher P. Murphy, “Narcissistic Suscetibility to Conspiracy Beliefs Exaggerated by Education, Reduced by Cognitive Reflextion”).

Ahora bien, ¿cómo se construye y sostiene el pensamiento que subyace a ciertos anuncios, promesas o medidas basada en una narrativa conspiratoria? A lo largo del tiempo, este tipo de pensamiento tiende a proliferar en momentos de crisis y en situaciones que conducen a una genuina ansiedad social y a la búsqueda desesperada de soluciones urgentes entre la población. Sirven para personificar el miedo, creando un relato que implanta amenazas. La desinformación se emplea de manera deliberada en un mundo altamente tecnológico y receptivo a las comunicaciones. Al mismo tiempo, se recurre a argumentos anticientíficos para negar, por ejemplo, la existencia del coronavirus, afirmar que la Tierra es plana o propagar falsas pseudo-teorías, como la creencia errónea de que el 5G, utilizado en redes de telefonía celular y que emplea señales transmitidas mediante ondas de radio, es responsable de la pandemia. Esto se hace con el propósito de captar a incautos, de engañar a personas desprevenidas o para continuar desinformando, ya sea mientras se busca el poder o una vez que se lo alcanzó. De esta manera, sus relatos reemplazan la ciudadanía por creyentes, la diplomacia por cofrades, y los diagnósticos del mundo por un maniqueísmo que respalda nociones sobre fuerzas internas y externas que coadyuvan, por ejemplo, a la decadencia nacional.

¿Cuáles son las condiciones que propician la formación de este pensamiento y cómo se gesta en las élites? Podemos identificar al menos cuatro factores. En primer lugar, este tipo de pensamiento conspiratorio en la política exterior suele derivar de una mirada altamente ideologizada que se alimenta de apreciaciones dogmáticas. Ello no se relaciona necesariamente con la dicotomía izquierda-derecha, sino que se basa en atacar a una serie de ideas y conceptos que son identificados como perjudiciales o malignos y que, en consecuencia, deben ser combatidos y erradicados. Desde esta perspectiva por ejemplo, la integración con los vecinos se percibe como algo potencialmente perjudicial, ya que se cree que podría ser utilizada por ciertos líderes y naciones para promover formas de vida y concepciones que son contrarias a las que se defienden en el ámbito doméstico. Se parte de la suposición de que existen fuerzas del “mal” que conspiran a nivel mundial (y regional) en contra de las ideas supremas del “bien”, que solo el líder esclarecido conoce y defiende.

En segundo lugar, una política exterior estimulada por la conspiración a menudo sirve para fomentar la auto-afirmación. Los líderes que promueven narrativas conspiratorias intentan convencer a su audiencia de que son quienes han descubierto los tentáculos ocultos o subterráneos en el frente interno y en el ámbito internacional. Esto genera un ambiente de intriga en el que se sugiere la existencia de una conspiración global, respaldada por organizaciones como, por ejemplo, Naciones Unidas, cuyo propósito sería el establecimiento de un gobierno universal, la supresión de la soberanía de los Estados nacionales y la imposición de una agenda social intrusiva y engañosa. Algunos critican a esta institución por imponer “ideales universalistas” inadmisibles, mientras que otros la atacan por supuestamente socavar los valores de las “sociedades libres”. Los compromisos multilaterales se perciben como una “camisa de fuerza” impuesta a los países como resultado de un supuesto pacto o contubernio tenebroso. La clasificación de la ONU como “maligna” no se limita a la retórica, sino que se manifestó en propuestas extremas como el rechazo a acuerdos, la suspensión de financiamiento a organismos y acusaciones temerarias como sucedió en la gestión del presidente Donald Trump.

En tercer lugar, el pensamiento conspiratorio remite a la existencia de una comunidad epistémica selecta. Quienes sostienen estas teorías se consideran a sí mismos como los “iluminados” que poseen un conocimiento especial, al mismo tiempo que desacreditan como “ignorantes” a quienes no comparten sus puntos de vista. El efecto de ello es una polarización inflexible, caracterizada por ataques personales; lo cual obstaculiza el diálogo y la negociación, así como la posibilidad de alcanzar acuerdos básicos en áreas clave de la política pública — incluida la política internacional. Y en cuarto lugar, existe una tendencia a concebir una especie de “refundación” en esta mirada conspiratoria. Se critica a la mayoría o a todos los mandatarios y políticas pasadas y se presenta al nuevo líder como alguien que puede revelar la verdad, destruir lo anterior y proporcionar un horizonte superador. Se considera que las tradiciones diplomáticas y la noción de continuidad en la política exterior son errores que llevaron a un país a la postración o a la pérdida de poder e influencia. Se postula que solo un cambio drástico puede poner fin a lo anterior y establecer una diplomacia con nuevos aliados y enemigos claramente identificados, a menudo personificados en líderes vistos como parte de las indeseables ‘continuidades’. Esta aproximación generalmente conlleva una serie de comportamientos predecibles, que pueden incluir la adopción de medidas en contra de ciertas contra-partes internacionales o la promoción de políticas específicas en línea con las creencias conspiratorias. En la política exterior, los países parecieran dividirse en “puros” e “impuros”; lo que hace que las relaciones con estos últimos sean intransigentes y prácticamente innegociables. No obstante, las políticas exteriores conspiratorias suelen también justificarse como una estrategia política para abordar la incertidumbre y la inestabilidad global. Se apela a que de ese modo se reducirán, por ejemplo, los costos de la globalización o el globalismo, según el caso, presentándose como una forma de proteger el país en lugar de exponerlo al peligro que se percibe en el mundo exterior. Abordar estas preocupaciones, se asume, puede contribuir a fortalecer la cohesión social que se fracturó en sociedades muy afectadas por el desempleo, la pobreza y la desigualdad o por un largo período de declive.

La importancia de los reaseguros de la Argentina

En años recientes se conocieron políticas exteriores conspiratorias en algunos países y se aprecia, aún en casos extremos, que existieron salvaguardas, dispositivos, tradiciones, contrapesos y manifestaciones que evitaron el enraizamiento de dinámicas conspirativas en el frente internacional. En nuestro caso, la política exterior experimentó fluctuaciones durante los 40 años de democracia, con períodos de acuerdo y desacuerdo, a veces con una mayor priorización de los asuntos internos sobre los internacionales; a veces con políticas de Estado de facto y otras con marchas y contramarchas. No obstante, existen “mínimos comunes” que constituyen garantías, incluso durante períodos cortos que buscan alterar radicalmente ciertos pilares cruciales de la política exterior. Estas “coincidencias no explicitadas” entre actores políticos y fuerzas sociales pueden funcionar como mecanismo de reaseguro frente a intentos de desmantelar patrones sostenidos y valiosos en nuestras relaciones exteriores.

Para ello, Argentina cuenta con su Cancillería, su cuerpo diplomático y un historial reconocido: subsiste una suerte de “disco duro” que refleja la existencia de una carrera profesional con funcionarios calificados. También pervive una comunidad epistémica compuesta por políticos, intelectuales, ex ministros y ministras, académicos, comunicadores, expertos en los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil — además de una audiencia ciudadana interesada en asuntos de política exterior — dispuesta a proteger principios básicos de actuación internacional, ya sea a través de la movilización social, las investigaciones rigurosas, y la conversación pública en formas comunicativas diversas. La colaboración entre estos actores, la movilización social y la presencia pública son herramientas fundamentales para evitar giros dramáticos y potencialmente muy costosos, previniendo así daños irreversibles.

Es crucial destacar que, a pesar de las consecuencias negativas que una política exterior conspiratoria tendría en Argentina, con su enfoque “anti” o de “shock” en torno a áreas temáticas como el multilateralismo, la integración regional, el Mercosur, las relaciones estratégicas con Brasil, el vínculo con China, la búsqueda de justicia global y el reforzamiento de regímenes internacionales como el de derechos humanos, entre otros, existen contrapesos en cada uno de estos ejes que pueden mitigar los efectos de liderazgos promotores de eventuales políticas exteriores conspirativas.

En primer lugar, mientras quienes defienden las políticas exteriores conspiratorias perciben a la ONU y el multilateralismo como reliquias obsoletas, los diplomáticos argentinos desempeñaron y lo continúan desempeñando un papel crucial a nivel multilateral para prevenir la guerra, el uso de la fuerza y la proliferación nuclear en el sistema internacional. Asimismo, Argentina desempeñó un papel activo en la formación de expertos y diplomáticos que accedieron a puestos clave en organismos internacionales, como los destacados ejemplos de Rafael Grossi, quien se desempeña como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); de Celeste Saulo, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial; de Frida Armas Pfirter, que fue designada jueza del Tribunal Internacional del Derecho del Mar; y de Andrea Pochak, quien fue electa para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contra la creencia de que los poderosos inevitablemente prevalecerán y que los países más débiles solo tienen la opción de acatar, América Latina — con un compromiso decisivo de la Argentina — aún se mantiene como una zona de paz y no se vio involucrada en confrontaciones bélicas de otras partes del mundo. Incluso cuando hubo la posibilidad de que estemos directamente implicados en conflictos como el de Ucrania, enviando armas y/o tropas, ningún gobierno de la región, independientemente de su ideología, tomó esa medida.

En segundo lugar, mientras que el pensamiento conspiratorio insinúa una postura anti-latinoamericana, anti-integracionista y anti-Mercosur, lo que podría conducir a un antagonismo innecesario e imprudente en las relaciones con los países vecinos, es importante destacar que existen continuidades ya establecidas que serían gravosas de desmantelar. Con Brasil, podríamos encontrarnos en una situación preocupante en la que se tomen medidas unilaterales sin consultar, los desacuerdos sean inflexibles y las tensiones bilaterales aumenten. Esto podría llevar al extremo de formar sistemas de alineamientos abiertamente contrapuestos en política exterior, donde cada país se apegue a una gran potencia diferente. Sin embargo, es importante recordar que hay un acervo institucional ya consolidado que actúa como un dispositivo reasegurador. En la década de los 80 y hasta principios de los 90, funcionarios, políticos, militares, académicos y comunicadores convergieron en la necesidad de abandonar las hipótesis de conflicto mutuo.

La creación de Mercosur y la fundación de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares son ejemplos claros, entre muchos, de cómo se establecieron compromisos duraderos y vitales para el interés nacional argentino. El hecho de haber transformado una cultura de rivalidad en una cultura de amistad entre Buenos Aires y Brasilia es un logro colectivo y compartido, y revertir esta situación sería extremadamente perjudicial.

En tercer lugar, aunque una variante del pensamiento conspiratorio adopte un carácter “revisionista” frente al crecimiento de Asia, especialmente de China, que se percibe como un “imperio autocrático en ascenso”, es fundamental recordar que la profundización de la relación entre China y Argentina avanzó en la última década, independientemente de los gobiernos nacionales en el poder. Aquellos que argumentan que las acciones agresivas de China no deben pasar desapercibidas, incluso si están disfrazadas como operaciones comerciales normales, no pueden ignorar la relevancia que tiene China para la ampliación de las reservas del Banco Central, el financiamiento de obras de infraestructura, como destino de nuestras exportaciones, y en tanto potencia de proyección internacional. A pesar de los intentos de ciertos voceros cercanos a la narrativa conspiratoria de generar una atmósfera similar a una nueva Guerra Fría, las principales coaliciones y partidos políticos del país, en la práctica, evitaron internalizarla, teniendo en cuenta los altos costos que generó en su momento y por décadas la “primera” Guerra Fría. La invocación hoy del anti-comunismo como guía de la diplomacia es anacrónica, extravagante e infecunda.

En cuarto lugar, aunque una política exterior conspiratoria ataca a organismos que considera “satélites” de la ONU, como la CEPAL, la FAO, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es esencial reconocer que el papel de estos organismos es determinante en la arquitectura internacional en temas cruciales para los países en desarrollo. Estos temas están intrínsecamente relacionados con la promoción de un orden internacional más justo, como la seguridad alimentaria, la erradicación del hambre, el desarrollo sostenible, el derecho a la educación y el derecho a la salud. No obstante, es importante destacar que existe una fuerte tradición y reputación en nuestro cuerpo diplomático, así como un acervo histórico que enfatiza la importancia de reclamar contra las injusticias del orden internacional, reconocer las asimetrías entre el Norte y el Sur Global en foros mundiales y regionales y promover iniciativas que busquen acortar esa brecha. El costo de desmantelar una política diplomática consolidada a lo largo de décadas sería significativo. Hay asuntos claves que podrían sufrir retrocesos inquietantes y elevados si el país busca apartarse de estas instancias que se hacen eco de las posiciones del sur global y de los países en desarrollo, así como de la región latinoamericana. Para el caso, alejarse de los pares del sur y de América Latina y alinearse casi exclusivamente con Occidente podría tener efectos nocivos en el reclamo histórico del país en torno a Malvinas.

Y en quinto lugar, el pensamiento conspiratorio podría tener un efecto muy negativo en uno de los pilares de la política exterior argentina, que es la defensa interna y la promoción internacional de los derechos humanos. Aunque voceros cercanos a este razonamiento critican las actitudes de la Comisión de Derechos Humanos por otorgar un asiento a gobiernos no democráticos (lo cual es práctica estándar al incluir a todos los miembros de Naciones Unidas con asientos rotativos), es importante destacar que el compromiso del país, no de un gobierno en particular, con los derechos humanos desde el retorno a la democracia alcanzó su punto más alto recientemente, cuando un argentino, Federico Villegas, asumió la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

A pesar de que surgieron voces notorias (aunque no marginales) que reivindican la dictadura, desde el histórico juicio a las juntas militares — reconocido por ser el primer enjuiciamiento en el mundo a una dictadura militar bajo procedimientos del Estado de Derecho — casi la totalidad de los actores respaldaron los avances judiciales y legislativos para condenar los delitos de lesa humanidad y defender el derecho a la verdad.

El negacionismo no es parte de la cultura democrática alcanzada y sostenida durante cuatro décadas. Los derechos humanos son un activo esencial del perfil argentino en el mundo y como tal es registrado por las contrapartes del país y en los foros internacionales y continentales. Son ya parte del interés nacional y una regresión tendría una consecuencia devastadora para la imagen de la Argentina.

Además, el pensamiento conspiratorio en diversas partes del mundo manifestó una fuerte oposición a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un acuerdo que fue aprobado en 2015 por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta agenda abarca 17 objetivos para hacer frente a la creciente pobreza, las desigualdades y la urgente crisis climática. Quienes se adhieren a la perspectiva conspiratoria consideran esta agenda como “intrusiva” y la acusan de promover principios “redistributivos” de justicia social que rechazan. Por tal razón, propagaron discursos con un marcado sesgo anti-ambientalista y argumentos anti-científicos, cuestionando la responsabilidad de los países en la aceleración del cambio climático y desestimando los compromisos multilaterales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También se opusieron a la “igualdad de género”, pues aluden que no respeta la diferencia biológica de la sexualidad entre hombre y mujer y destruye la institución de la familia tradicional.

No obstante, es importante destacar que Argentina mantuvo un perfil activo en la promoción de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en diversos organismos internacionales, independientemente de los gobiernos de turno. Esto incluyó un compromiso continuo con la protección del medio ambiente y la lucha contra las desigualdades, aspectos que son parte integral de la agenda de derechos humanos que el país respaldó a nivel internacional.

A modo de reflexión final

La disciplina de las Relaciones Internacionales ha fundamentado y documentado la existencia de políticas exteriores conspiratorias en diferentes latitudes. Además, se ha acumulado un conjunto de experiencias que merecen un estudio más sistemático y comparativo para identificar rasgos compartidos. Por lo tanto, tenemos un conocimiento de cómo se manifiestan estas políticas exteriores conspiratorias, comprendiendo sus motivaciones, lógicas, modus operandi, e implicaciones, así como las limitaciones y respuestas a las mismas. Es importante destacar que las referencias de estudios comparados no indican un éxito absoluto ni un fracaso total, ya que existen ejemplos pasados y vigentes de políticas exteriores conspiratorias que demuestran esto. No obstante, es cierto que hubo casos que han mostrado sus limitaciones, y es evidente que estas políticas dejan huellas que es preferible evitar para no caer en giros contundentes ni vaivenes contraproducentes que pueden perjudicar los intereses nacionales.

Es relevante reconocer que, aunque existen políticas exteriores conspiratorias, también contamos con la presencia y vigencia de mecanismos de reaseguro. Hoy, por primera vez en la Argentina, existe la probabilidad de que se despliegue una política exterior de este tipo, y esto merece atención. En caso de que sea factible su implementación, es importante disponer de formas de argumentación, organización, manifestación y acción que minimicen el daño potencial de una experiencia de política exterior conspiratoria en el país.

Bernabé Malacalza y Juan Gabriel Tokatlian

Publicado originalmente en https://cenital.com/la-politica-exterior-conspiratoria-un-riesgo-inadvertido-para-la-argentina/