Lo privado y lo público conforman hoy un par dialéctico de debate en el mundo. Y en particular en Argentina. La irrupción de posicionamientos partidarios autodefinidos como anarcocapitalismos pone sobre el tapete este debate y lo presenta de una manera casi bizarra. Encierra una concepción originaria sobre la génesis humana: el individuo o la especie. Y obliga a la política a incluirla en su agenda permanente.

Privado o público son expresiones derivadas del proceso de hacer propios los bienes y servicios sean naturales o producidos. Lo que se debate es la propiedad común, participada o individual, que no es -en definitiva- sino la titularidad del control que mantiene el ser humano sobre la realidad natural y artificial.

En economía y ciencias sociales, propiedad nos lleva a dominio absoluto y exclusivo, a patrimonio, al derecho de apropiarse y proviene del latín proprietas que es la cualidad de ser para uno mismo. Es un término antropocéntrico por excelencia, que se relaciona con la supremacía humana en la naturaleza. La propiedad genera poder y es fundante como derecho individual esencial del sistema económico capitalista.

Podríamos afirmar que la propiedad privada y el poder en pleno tienen una relación y retroalimentación completa y trascendente, cuasi absoluta, que da la base para entender los mecanismos de control. El Estado emerge para tutelar el derecho a la propiedad privada como base del capitalismo liberal occidental.

Mario Bunge (1919-2020) fue un destacado epistemólogo y físico-matemático argentino. Controversial en sus posiciones políticas y crítico en su cosmovisión científica. Denostó al peronismo con tanta pasión como lo entendió en las últimas etapas de su vida. «Menem no fue peronista; Kirchner, sí» admite en Perfil 29-2-2020; «quien no entiende al peronismo no entiende el país» afirma en La Nación 21-3-2010.

Empirista sistémico a ultranza, demuestra que el neoliberalismo es una estafa intelectual, anticientífica y que lleva a los pueblos a la pobreza.

De su profusa producción rescatamos esta ironía que estimamos pertinente al debate actual en la Argentina.

La privatizacion total

Mario Bunge, Cápsulas, mayo 2003, Gedisa, Barcelona.

La década de Reagan y Thatcher vio el comienzo de la privatización masiva de empresas del Estado y servicios públicos en casi todos los países. En Estados Unidos y en Argentina aparecieron las primeras cárceles privadas, y en partes del Reino Unido se privatizo el servicio de aguas corrientes. ¿Por qué no seguir la corriente hasta llegar a privatizarlo todo? De este modo daríamos libre curso a la iniciativa privada y dejaríamos de pagar impuestos y de lidiar con burocracias estatales. A continuación imaginaremos algunas privatizaciones posibles.

Se privatiza el servicio exterior. Las embajadas se venden al mejor postor, quien presumiblemente será un hombre de negocios tan emprendedor como vanidoso. Hay precedentes: es notorio que algunas embajadas norteamericanas se asignan a generosos donantes al fondo electoral del partido gobernante.

Para costearse, las embajadas se abren al público y ofrecen servicios varios, en particular espectáculos por los que cobran el ingreso. Algunas funcionan en plazas de toros. El personal viste de torero o banderillero, e intercala un «ole» en cada frase. Otras embajadas ofrecen carreras de perros o riñas de gallos. Las francesas son restaurantes de cuatro o cinco estrellas. El embajador galo viste de maitre, el encargado de negocios de sommelier, los demás funcionarios trabajan de camareros, y todos se hacen llamar «Excelencia».

Las embajadas norteamericanas ofrecen servicios de ejecución en silla eléctrica, en ambientes con aire acondicionado y con muzak. Las embajadas japonesas son hoteles para hombres de negocios, atendidos por bellas geishas que sirven te verde con sake. En ciertas embajadas se juega a los desaparecidos, entretenimiento favorecido por los herederos de grandes fortunas. En otras se juega a la caza del hereje o del jesuita, del intelectual o del palestino, según las inclinaciones políticas del embajador. Todo el personal diplomático hace uso y abuso de la valija diplomática para negocios, al punto de que las acciones de los servicios exteriores se cotizan en la bolsa de valores.

Los tribunales han sido privatizados. Están en manos de tres oligopolios: civil, de comercio y penal. Usted lleva su pleito a la empresa judicial que corresponde, digamos Civil S. A. En la recepción encuentra un gran número de cubículos, en cada uno de los cuales hay un ordenador. Usted teclea el motivo de su presentación, sin necesidad de confiar sus datos personales. Al cabo de unos segundos la pantalla le informa cuanto debe pagar. Usted inserta su tarjeta de crédito, la que le es devuelta enseguida debidamente debitada.

A continuación la pantalla le informa, digamos, que, según el Código Civil (redactado por la propia compañía, por supuesto), su causa esta perdida de antemano. Sin embargo, usted la ganara con certeza si desembolsa la suma de tantos maravedíes. Usted sopesa las consecuencias posibles y adopta la decisión que más le conviene. O bien, usted tiene suerte y el aparato le informa: «Según el Código, su causa debiera ganar. Pero el pleito sería complicado, porque involucra a Penal S.A. Para ganarlo, usted deberá abonar la suma de tantos ducados.» Ya sabe usted a que atenerse.

En cualquiera de los casos, usted se ahorra esperas, abogados, procuradores, escribanos e incluso, en caso de pleitear en México, coyotes. También se ahorra usted, conflictos de conciencia, porque todo el mundo sabe que, gracias a la privatización, ya no se trata de exigir o eludir la justicia, sino de una mera transacción comercial. Las nociones de inocencia y culpabilidad han sido reemplazadas por las de solvencia e insolvencia.

Todos los hospitales han sido privatizados. El hacinamiento, la carencia y el desorden característicos de los hospitales públicos han quedado atrás, porque hay pocos pacientes, ya que los pobres no pueden pagar. La consigna, como en cualquier empresa privada, es «Eficiencia». Supongamos que usted se lastimo un dedo. Llegado a la gran rotonda de la entrada de Salud, S.A., ve que de ella parten radialmente varios corredores claramente señalizados. Usted toma el que pone «Extremidades anteriores». Al cabo de unos pasos usted se topa con una triple encrucijada: «Brazo», «Antebrazo» y «Mano». Ni tonto ni perezoso, usted enfila rápidamente por el tercer corredor. A poco de andar, otra encrucijada: «Muñeca», «Palma», y «Dedos». Nuevamente, usted elige sin titubear, al mismo tiempo que elogia en voz baja la magnífica organización. Al fondo del corredor que le corresponde, usted ve dos puertas: «Pacientes con tarjetas de crédito» y «Pacientes sin tarjeta de crédito». Usted, como pobre diablo o diabla que es, abre la segunda puerta y se encuentra en la acera.

Todo el proceso le ha insumido a lo sumo cinco minutos, según su estado de nutrición. Usted no ha debido llenar ningún formulario ni ha debido congraciarse con secretarias ni enfermeras, ni cruzarse con médicos de mirada amenazadora, ni pasar vergüenza por tener que confesar que todo provino de que metió el dedo en el ventilador. Usted sale con la convicción de que la salud pública goza de buena salud económica en manos privadas.

¿La privatización de las fuerzas armadas? Ya hay precedentes: los condottieri del Renacimiento y, en cierta medida, los ejércitos mercenarios de la actualidad. Para completar el proceso se venden los departamentos de defensa (antes llamados por su nombre: ministerios de guerra) a los empresarios más competentes e interesados: los fabricantes de armamentos. Se elimina así a ese intermediario incompetente, oneroso y a veces incapaz de comprender la necesidad de mantener viva la llama del conflicto internacional para asegurar la supervivencia de la industria de la muerte, a saber, el Estado.

La privatización de las fuerzas armadas no cambiaría radicalmente la suerte del ciudadano común, quien seguiría siendo carne de canon. Pero tendría consecuencias interesantes de otros tipos. Por ejemplo, las frágiles alianzas militares se convertirían en sólidas alianzas industriales. Las fronteras cambiarían al compás de los valores de las acciones de FF AA Krupp AG, FF AA General Dynamics, Inc., y otros benefactores. Los regimientos se comprarían y venderían como si fuesen meros equipos de fútbol o de hockey. Los pacifistas podríamos sonar con adquirir regimientos para enseñarles un oficio útil y obligarlos a asistir a seminarios de ética.

El lector ingenuo preguntara de dónde saldrían las ganancias de las fuerzas armadas privadas. La respuesta esta en los libros de historia medieval y renacentista: las fuentes de ganancia serían la conquista, el saqueo y el tributo. ¿Que eso no sería democrático? Es verdad, pero ¿cuándo se ha consultado al electorado para averiguar si esta dispuesto a ir a la guerra? ¿Que no habría seguridad nacional? Es verdad, pero eso se debería a que las naciones se convertirían en territorios de las FF AA. Además, seamos realistas: ¿que seguridad tenemos hoy, amenazados como estamos por armas nucleares y bacteriológicas, y por gobiernos ávidos de ampliar sus esferas de influencia? ¿Que volveríamos al caos que sucedió a la caída del Imperio Romano de Occidente? Improbable: las FF AA llegarían a acuerdos para garantir el orden interno aun en medio de la sana competencia internacional por nuestras vidas.

Las fuerzas policiales serían empresas privadas al estilo de la célebre compañía Pinkerton, otrora especializada en romper huelgas usando el método más eficaz, que es romper cráneos de huelguistas. Tendrían mayor incentivo para cazar delincuentes, ya que se los podrían vender a los tribunales privados, los que a su vez los venderían a las empresas carcelarias. ¿Que la privatización de la policía la haría susceptible de corrupción? Calumnia: la corrupción ya existe. Es sabido que el ejercicio del poder sin control democrático corrompe. Pero ¿desde cuándo los cuerpos policiales han sido sometidos a control democrático?

¿Que ocurriría con las obras públicas? Evidentemente, se convertirían en obras privadas. Peatones y automovilistas pagarían peaje para utilizar no sólo caminos y puentes, sino también calles y aceras. (En Estados Unidos ya hay calles privadas, por cierto muy bien atendidas.) Los parques y jardines botánicos y zoológicos se venderían a empresas constructoras o de aparcamiento. Los que quedasen serian convertidos en clubes privados. Las playas se venderían en bloques o parcelas. Los museos de arte se convertirían en colecciones privadas, depositadas casi todas en cajas fuertes bancarias, con lo que se evitarían los robos. Los museos restantes cobrarían gruesas sumas por el ingreso. Dado el poco interés actual por la historia, los museos históricos pasarían a la historia. (Una historia que nadie se molestaría en escribir.)

Dejo a la imaginación del lector lo que sucedería con la privatización de parlamentos, bancos centrales, aduanas y otros organismos. Es presumible que, con un poco de imaginación y otro poco de audacia, la mayoría de ellos podrían convertirse en provechosas empresas privadas.

El único problema que le veo a la privatización total es el siguiente. Con cada privatización el Estado se achicaría al mismo tiempo que se enriquecería. Al final del proceso sólo quedaría un funcionario, pero este controlaría un tesoro fabuloso. Este no sería privatizable, ya que ha sido acumulado en nombre del público. Con inflación o sin ella, sería irracional dejar inactivo semejante tesoro. De modo que el funcionario a su cargo tendría que invertirlo, adquiriendo o fundando más empresas. Por ejemplo, podría ocurrírsele nacionalizar una a una las principales empresas privadas. (Si fuese británico compraría sólo las que dan pérdidas.) De este modo volveríamos a foja uno. Lo que probaría que la privatización integral no es un estado estable de la economía moderna.

Pero todo esto no es sino fantasía. Lo cierto es que, a medida que avanza la privatización de los negocios, estos se meten en nuestra vida privada. Por ejemplo, la publicidad comercial se cuela en nuestros hogares sin pedir permiso, interrumpiendo el trabajo y el ocio. Perdón, suena el teléfono.

Era un encuestador de la Compañía de Aves Congeladas, que quería saber cuántos pavos y gallinas consume mi familia por año. (Esto no es cuento: me ha ocurrido.)

¿Que tal, lector, si iniciamos un movimiento para privatizar la vida privada?

https://www.elextremosur.com/nota/45350-una-radiografia-de-lo-privado-y-lo-publico-como-seria-el-pais-de-la-privatizacion-total/

Privatización: el decreto 2.778 de 1990 inició el proceso de cambio de tipo societario de YPF (que era una sociedad del Estado) para convertirse en una sociedad anónima. Mediante la Ley 24.145 publicada en el B. O. el 24/09/1992, conocida como ley de federalización de hidrocarburos, se transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos a las provincias y se privatizó parte del capital social de YPF.

Estatuto: las acciones de YPF S. A. comenzaron a cotizar en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York y se aprobó el estatuto social, regido por el derecho privado, que regula la forma de venta y adquisición societaria, y que en su art. 7, inc. e, de Requisitos, expresa que la persona que desee llevar a cabo una adquisición de control deberá realizar una oferta pública de adquisición de todas las acciones de todas las clases de la sociedad y de todos los títulos convertibles en acciones.

Repsol S. A.: finalmente, en el año 1999, la multinacional energética y petroquímica española Repsol compró el 82 % del paquete accionario de YPF S. A. [1]

Ingreso del grupo Eskenazi: en el año 2007 ingresó la familia Eskenazi (Grupo Petersen) a YPF S. A. comprándole el 12,5 % del paquete accionario de la firma a Repsol.

Redescubrimiento de Vaca Muerta por YPF S. A.: en noviembre de 2011, YPF S. A. anunció el redescubrimiento de petróleo en Vaca Muerta, Neuquén, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Sin embargo, la empresa continuó con su plan de desinversión y su correlato en el pago de dividendos; en lugar de destinar la ganancia a los pozos y a la producción, la distribuyeron entre los accionistas (los principales: Repsol 57 % y el Grupo Petersen-Eskenazi con el 25 % del paquete accionario). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo, con un déficit de 3.029 millones de dólares.

Estatización de YPF S. A.: en ese marco, el 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de YPF S. A. pertenecientes a la multinacional petrolera de origen español Repsol S. A. Días más tarde, la medida fue ratificada por el Congreso nacional que dio lugar a la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del paquete accionario; en ese momento, la empresa de origen español se quedó con el 6 % del capital (dado que poseía el 57 % de YPF S. A.).

Familia Eskenazi: a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, poseía acciones por el 25 % de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones, una a fines del año 2007 y la otra operación en el año 2011.

Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales y se comprometieron con sus acreedores a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. Es por eso que, en su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, el gobierno argentino consideró “fraudulenta” esta operación, por lo que alegó que no debía continuarse con el litigio.

El pago de los créditos adeudados por el grupo Petersen-Eskenazi se vio interrumpido con la estatización del 51 % de las acciones de YPF, porque el nuevo directorio anuló las actas anteriores, por lo que, a partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.

El juicio: la quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen-Eskenazi recayó en el Juzgado Mercantil N.º 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital.

Burford Capital: es un fondo de cobertura que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. La demanda principal de Burford Capital se sostiene en que, según el artículo 7° del estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15 % de la empresa debía ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

Juicio: comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y a las dos empresas del grupo Petersen-Eskenazi, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

En 2012, la República adquirió el 51 % de las acciones de la mayoritaria Repsol y no realizó una OPA al resto de los accionistas, hecho por el cual aseguraron haber sido perjudicados.

Defensa del Estado argentino: la ley 26.741 que declaró de utilidad pública a YPF S. A. se basó en la Constitución de la Nación Argentina, que es superior al estatuto de la empresa, y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esa decisión se tomó porque había un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país, para que se invierta en Vaca Muerta y no para que se sigan fugando capitales vía pago de dividendo de los accionistas

Fallo de la jueza Loretta Preska (jueza superior del distrito sur de Manhattan, Estados Unidos): determinó en marzo de 2023 y el 8 de septiembre 2023 el monto, por daños y perjuicios que supera los 16.099 millones de dólares [2], porque la República Argentina ejerció control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, activando así sus obligaciones de oferta pública de adquisición.

Instancias: quedan en los Estados Unidos las mismas instancias que se recorrieron infructuosamente con el juicio de Paul Singer (Elliot NML) y otros contra la Argentina, esto es,  sendas presentaciones ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cuando las dos rechazaron tratar el caso y dieron lugar, de esa forma, al fallo del juez Thomas Griesa del distrito sur de Manhattan, ya fallecido y reemplazado por la jueza Loretta Preska.

Análisis del procedimiento: nunca se respetó la inmunidad soberana del Estado argentino, que no puede ser enjuiciado por Tribunales extranjeros. En ese sentido, el procurador del tesoro de la Nación de los años 2016-2019, Bernardo Saravia Frías, aseguró que la compra de acciones del Grupo Petersen – Eskenazi a Repsol fue “fraudulenta”; y que la jurisdicción donde debía zanjarse el conflicto es la Argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF S. A. Posición que fue rechazada el 24 de junio de 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina, aduciendo que el Estatuto de YPF S. A. fue presentado en la bolsa de Nueva York para su cotización y que se estaría desconociendo el derecho de los que compraron las acciones.

La Procuración de Tesoro argentino alegó que la venta del 25 % de las acciones de YPF S. A. en poder de Repsol S. A. al grupo Eskenazi-Petersen, permitió el uso de forma inadmisible del capital propio de YPF, en que el segundo compró al primero de los nombrados sus acciones y que la pagaba con los dividendos de YPF S. A. Resoluciones del directorio de YPF SA presidido por Antonio Brufau por Repsol S. A.  y como vicepresidente Enrique Eskenazi como cabeza del grupo homónimo, que causaron daños a la Argentina y que debían anularse ab initio y, por lo tanto, el demandante no tiene legitimidad para demandar a la Administración nacional.

Finalmente, la Jueza Loretta Preska eximió a YPF S. A. de afrontar las indemnizaciones [3] porque Burford Capital “ha demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”.

Ergo: la Argentina se somete a la Justicia estadounidense. La Justicia estadounidense no respeta la inmunidad soberana del Estado argentino y procede de acuerdo con los intereses de los demandantes.

El gobierno argentino no inicia juicio ni en el país, ni en el extranjero contra el grupo Eskenazi [4], claramente favorecido por la venta del litigio por 16 millones de dólares a Burford Capital, estudio que de cobrar la demanda lo resarciría con un 30 % de esta, cuando su proceder ha sido contra la Nación argentina.

Tampoco inició juicio, ni en el país ni en el extranjero, contra Repsol S. A.

Propuesta: dado que no se respeta nuestra Constitución nacional y nuestro derecho soberano, bajo el pretexto de que los damnificados son Repsol y la familia Eskenazi, se propone:

1. La inmunidad de ejecución nos salvaguarda de ser juzgados con normas ajenas a nuestra legislación y nos preserva de fallos discrecionales o arbitrarios. Nuestro país ya aplicó esta doctrina cuando se afectó el orden público constitucional argentino (CSJN ante fallo del Juez Thomas Griesa, Caso «Clarence Corporation», 2014). Fue así como desconocimos el reclamo de los holdouts, que sólo fue reconocido y aceptado por ley nacional en el gobierno de Macri. Para ello se debe, como afirma Eduardo Barcesat, promover la acción declarativa de nulidad basada en la doctrina del dictamen y fallo de la CSJN.
2. Realizar una campaña de esclarecimiento del caso, para que se vote en referéndum si el pueblo argentino acepta o rechaza el juicio contra el Estado nacional iniciado por la familia Eskenazi. Con ese referéndum a favor, el Congreso de la Nación no puede aprobar por ley el pago de la indemnización por daños y perjuicios. Con lo que la Justicia norteamericana deberá ver de otra forma que se cumpla su sentencia.

[1] Desde el año 2021, BlackRock posee el 5 % del paquete accionario de REPSOL S. A. y, a través de su participación en el Banco Santander, participa en el 3,584 % de dicha firma energética.

[2] El valor accionario de YPF S. A. en la Bolsa de Nueva York, al viernes 15/09/2023, fue de 11.306 millones de dólares.

[3] BlackRock posee 9.770.000 acciones correspondientes al 5,67 % de los papeles en circulación en los mercados de capitales de Buenos Aires y Nueva York de YPF S. A.

[4] La familia Eskenazi, estando en quiebra, compró en los cuatro años de gestión de Cambiemos la suma de 102.941.525 dólares. Preside los ex bancos provinciales de Santa Fe, Santa Juan, Santa Cruz y Nuevo Banco de Entre Ríos.

Atentado a la soberanía

El FMI (en menor medida, el Banco Mundial) es el arquitecto financiero internacional cuyo diseño obedece a los objetivos de las estructuras de poder monetario y financiero emergentes de la posguerra de Bretton Woods en 1944. Este sistema económico es producto de un conflicto bélico mundial donde hubo vencedores y vencidos. Deudores y acreedores. Sin haber intervenido, América Latina quedó del lado de los deudores.

Decimos que algo habrá tenido que ver el FMI con la evolución y situación actual de la economía argentina si Argentina ha vivido más tiempo bajo programas del FMI que sin ellos: 41 años de los 67 pasados desde su ingreso en 1956 hasta 2023.

Una suerte de teoría de la corresponsabilidad y del hacerse cargo. Mucho más si esos préstamos condicionados han sido extraídos de la circulación nacional y fugados bajo el eufemismo de “formación de activos en el exterior”.

El FMI opera no sólo como prestamista de última instancia de gobiernos, sino que se ocupa de la compatilidades de las políticas económicas de los países deudores (verificación de la concurrencia de los sistemas económicos con la racionalidad y los criterios occidentales de la acumulación financiera). Una suerte de semáforo para el sistema financiero internacional.

Desde fines de los 1980 se presenta como un auditor del Consenso de Washington requiriendo la apertura a los mercados internacionales y una reducción de la participación del Estado en la economía. El planteo se resumió́ en los denominados Diez Mandamientos que son una constante en el catecismo de los planes de estabilización que acompañan las condicionalidades del FMI: 1) disciplina fiscal, 2) recorte del gasto público; 3) incremento de la base tributaria; 4) liberalización de las tasas de interés; 5) libre flotación del tipo de cambio; 6) liberalización del comercio internacional (eliminación de aranceles y contingentes); 7) liberalización de la inversión extranjera directa (IED); 8) privatización de empresas públicas; 9) desregulación, y 10) garantías de seguridad legal para los derechos de propiedad industrial.

La emergencia de China, los BRICS y el Consenso Beijing han modificado el modelo de desarrollo económico exitoso desde que la reforma y apertura de Deng Xiaoping, iniciada en 1978, desató un período de crecimiento económico sin precedentes e inmune a los ciclos económicos. En pocas décadas, el ingreso per cápita de China se multiplicó por 25, sacando a 800 millones de personas de la pobreza, y su panorama fue transformado por inversiones masivas en infraestructura, incluidas carreteras, aeropuertos y la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo. En 2010, China se había convertido en la segunda economía más grande del mundo, superando a Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido para pisarle los talones a Estados Unidos, a quien superará en 2030.

China no logró esto implementando el Consenso de Washington, según el cual el capitalismo liberal –gobernanza política democrática más sistema económico basado en mercados libres– era el único camino posible hacia la prosperidad. Demostró que hay alternativas basadas en el mercado interno y el incentivo al flujo de capitales no especulativos.

El régimen chino implementó un sistema de capitalismo de Estado que, en contraste con la “terapia de choque” radical del bloque postsoviético, adoptó un enfoque incremental basado en la productividad selectiva y la experimentación adaptativa.

China procuró su “milagro económico” desempeñando el papel industrial de “fábrica del mundo”, no como un laboratorio de innovaciones. Al igual que antes los países en desarrollo, las autoridades adoptaron una estrategia de crecimiento orientada a las exportaciones (una respuesta a ¿qué es lo que demandan quienes nos compran?), que requirió atraer flujos masivos de inversión extranjera directa. Con sus vastas reservas de mano de obra barata para empresas extranjeras que buscaban una base de producción de bajo costo, China se integró a las redes de producción globales, o cadenas de suministro, mediante la fabricación y el ensamblaje de productos inventados y diseñados en países desarrollados.

Así, el mundo occidental conservó su papel de motor del capitalismo global, mientras que el mundo en desarrollo, liderado por China, sirvió de rueda.

Es interesante considerar la relación previa entre Perón y Mao Tse Tung para comprender el saludo de Zhou Enlai quien, como primer ministro de China, enviara un alusivo saludo tras la muerte del Perón el 1º de Julio de 1974: “Perón laboró activamente durante toda su vida para reforzar la causa de la unidad del Tercer Mundo contra todo designio hegemónico. Fue un célebre estadista y desplegó en vida positivos esfuerzos por la salvaguardia de la independencia nacional”. Y dejó un mensaje -hace cincuenta años- que bien parece coincidir con los deseos actuales de la República Popular: “Ayer fue época de las nacionalidades, hoy es la época del continentalismo y muy en breve será la era del universalismo. Es preciso trabajar unidos, solidarios y organizados, respetando las costumbres y la soberanía de los demás pueblos, pero buscando siempre la solución adecuada para estos acuciantes problemas en bien de la comunidad universal, y tal vez un día podamos designarnos todos con el honroso título de ciudadanos del mundo.”

La economía global experimenta múltiples shocks cada año. China no está exenta de esas incidencias. Burbujas financieras, caída de productividad, conflictos bélicos, inflación, deterioro del intercambio, calentamiento global y desastres naturales. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo son especialmente vulnerables y no sólo necesitan reactivar el crecimiento y asegurar una recuperación total, sino que también deben gestionar el aumento permanente de la deuda y otras consideraciones de política económica nacional a las que lo somete la gobernanza financiera con sus condicionalidades.

El modelo de crecimiento chino de los últimos cuarenta años se ha basado en la planificación del mercado externo a través de sus exportaciones. Un modelo globalizado que ante los ajustes del entorno externo y los requerimientos populares, la persistencia de los conflictos comerciales entre las economías más importantes del mundo actual, la propagación de la Covid-19 en 2020 y el conflicto bélico Rusia-Ucrania, ha mutado hacia el mercado interno.

La creciente incertidumbre y riesgo que han surgido y prevalecido en los mercados internacionales ha impulsado en China la “circulación dual” para el nuevo modelo chino de articulación entre el desarrollo económico derivado de la industrialización exportadora y las reivindicaciones sociales del mercado interno. Se reconoce que ese cambio planificado del modelo de crecimiento económico interno-externo será dependiente del consumo interno como medular, acoplando los distintos sectores y diferentes actividades económicas al interior del país, y potenciando la fortaleza del mercado doméstico y del consumo nacional. (XIV Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, China). Una versión estratégica y adaptativa china del vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer. Aunque no implica que la economía china se aislaría de la mundial, ni que su propio crecimiento ya tuviera suficiente capacidad para depender sólo del mercado doméstico.

China reconoce la insostenibilidad de un modelo basado principalmente en la inversión y la demanda exterior y acepta que seguir con la misma estrategia de depender del mercado internacional y de la inversión podría implicar menores tasas de crecimiento, comprometiendo su prosperidad y sus metas de largo alcance. Derivado de ello, se considera que el crecimiento económico deberá́ dar un nuevo giro, basándose en la fortaleza y poder de compra del mercado interno.

Este nuevo esquema basado en la dinámica del mercado interno y complementado con el externo, será́ diferente del actual cuyo éxito económico se fundamentó́ en la eficiencia de las exportaciones, que aprovechaban las ventajas comparativas de bajo costo como el salario pagado al factor trabajo y el uso de suelo.

Hoy China es una potencia financiera (los cuatro bancos más grandes del mundo son chinos), desde 2016 el yuan renmibi integra la canasta de monedas de los DEG y forma parte de un FMI que impulsa reformas de mercado como medidas para estabilizar la deuda y fomentar el crecimiento en los países en desarrollo y afirma que “los países que implementaron reformas de mercado vieron caer sus ratios deuda/PIB en 3 puntos porcentuales, en promedio, durante un período de varios años” (Blog del FMI del 12 de setiembre de 2023).

Los cambios normativos de la acción gubernamental como las barreras de entrada a los mercados de servicios públicos, el establecimiento de marcos regulatorios y de supervisión financiera y las restricciones a las transacciones de divisas y los flujos de capital transfronterizos debieran formar parte de las políticas públicas pertinentes con los objetivos de una economía popular.

Esos cambios importantes pueden asociarse con una reducción en la relación entre deuda y producto interno bruto. Esta disminución de una medida clave de la carga de la deuda se produce, no sólo mediante un aumento del PIB, sino también mediante la mejora de las finanzas públicas a través de mayores ingresos tributarios y menores costos de endeudamiento.

En Argentina los mayores ingresos tributarios dependen de una fuerte reforma impositiva basada en ingresos directos progresivos sobre los beneficios y los patrimonios especulativos y los menores costos del endeudamiento serán el resultado de una renegociación global de la deuda pública con moratoria, reducciones, plazos extendidos y menores costos transaccionales.

Es un doble efecto de una política económica dinamizadora: *reducir el nuevo endeudamiento mediante la consolidación fiscal o disminuir el total pendiente mediante reestructuraciones de la deuda y *reducir la relación deuda/PIB aumentando el denominador: la producción económica.

Una forma de lograrlo es tutelando el funcionamiento del mercado mediante la ampliación de la demanda interna inyectando nuevos ingresos para los consumidores y facilitando su funcionamiento con tasas de interés negativas que alienten el endeudamiento para la inversión productiva.

En economías como la argentina, con ofertas formadoras de precios oligopólicas, es dudoso que reformas de mercado -que auspicia y demanda el FMI- puedan constituirse en palanca de política para revitalizar el crecimiento aumentando la competencia. Lo que sí es imprescindible, como condición de sustentabilidad, es reducir la carga de la deuda.

La carga de deuda externa de los países y los efectos de la desigualdad son factores importantes a la hora de decidir las políticas públicas de gastos que permitan satisfacer necesidades sociales y dirigir los beneficios de la reforma impositiva hacia la reducción de la deuda, el crecimiento o atemperar la desigualdad de ingresos.

El actual diseño distributivo del sistema capitalista, por su tendencia a la concentración, exige -cada vez con mayor intensidad- el aumento del gasto público que atienda necesidades sociales. Las condicionalidades financieras de los stands by tienen que aparearse con las condicionalidades del contrato social constitutivo de los Estados nacionales. Es la acción política la que permite esa articulación. No hay opciones de mercado viables.