Cierre semana post Paso

Tras el resultado de las elecciones Primarias abiertas simultáneas y obligatorias, se produjo una importante corrida cambiaria. La idea tras este acontecimiento, es llevar al ciudadano a pensar que se “equivocó” votando como lo hizo. Hasta el propio presidente lo dijo de manera clara, planteando que era un paso atrás, y que para “el mundo” el kirschnerismo no tiene credibilidad.

Posteriormente, el presidente se disculpó con el electorado y tras algunos gestos de cordura por parte de este, y las palabras del “virtual Presidente electo” (aunque legalmente no sea tal), planteando la continuidad de los pagos, sin ningún tipo de quita, ni reestructuración, los mercados cambiario y bursátil se recuperaron fuerte, aunque de manera marginal.

Mercado de Deuda

En el siguiente gráfico publicado en Bloomberg, se observa la tremenda caída en el bono a 100 años, que duró tres días, tras las votaciones primarias, pasando de niveles de 75 centavos por dólar a alrededor de 45 centavos por dólar para el miércoles último. Hubo dos días de recuperación. En el día de hoy (lunes 19/08/19), los mercados se mantuvieron cerrados en Argentina, pero no así en el exterior. Los papeles argentinos volvieron a deslizarse hacia abajo, de manera importante, tanto en lo que respecta a Bonos como a los ADR´s de empresas argentinas.

Al cierre de la semana pasada, la calificadora de riesgo Fitch recortó la calificación de la deuda Argentina a CCC desde B. De esta forma los bonos argentinos pagan una tasa superior a la de Zambia o Congo.

De acuerdo a los CDS (Credit Default Swap), las probabilidades de Default en los próximos 5 años se encuentra en niveles de 86%. Por otra parte, en el periodo Agosto-Diciembre del presente año hay vencimientos en moneda extranjera por USD 13.637 millones. Si bien parte de estos se encuentran en poder de Organismos del Estado y/o Internacionales serian o bien refinanciados o bien reemplazados por nuevos préstamos, existen riesgos crecientes para la obtención de las refinanciaciones.  En particular, hay “Repo” con bancos, que tienen cláusula de cancelación en caso de producirse una caída importante en el precio del colateral (los bonos en garantía), situación que claramente se está dando en estos momentos, debido a lo cual el BCRA debería cancelar tales créditos o bien reponer garantías. Se trata en particular del Bono Bonar 24 y Bonar 25, que tienen entre este año y el próximo Repo por USD 13.999 millones en lo que respecta a capitales, más los intereses corridos a la fecha, que pueden ser unos USD 400 millones más.

Esta semana el equipo del FMI, debiera estar llegando a Buenos Aires, para hacer la revisión de metas, previo al desembolso que debiera realizar en el mes de septiembre por USD 5.000 millones.

El gráfico siguiente, muestra la evolución en el último año del índice S&P Merval, el cual se desplomó prácticamente en forma vertical, aun medido en pesos. La caída en dólares estadounidenses, fue del 50% o más. Empresas bancarias y energéticas tuvieron caídas en el último mes superiores al 60% en dólares. La empresa petrolera nacional YPF se encuentra en niveles mínimos históricos, cotizando por debajo de los USD 9,80, aun debajo de los valores de 2002.

Los primeros 3 días de la semana tras las PASO mostraron una fuerte caída en el mercado doméstico. Si bien es cierto, que puede haber inversores externos que se sientan más “cómodos” con un gobierno como el de Cambiemos, y por ello es posible y aceptable una salida de capitales ante las dudas o el desconocimiento por el supuesto cambio de escenario de negocios. Acá lo sucedido no fue eso, sino que se trató de una maniobra orquestada desde el gobierno nacional. En primer lugar, generaron información falsa a través de encuestas de grupos vinculados al gobierno. Pero lo peor aconteció luego, tras la derrota que sufrieron en las PASO. En el cuadro siguiente se puede observar que los vencimientos de Leliq no fueron absorbidos como normalmente se debiera haber hecho, expandiendo en $160.000 millones la cantidad de dinero en 10.6% en un solo día. Los días subsiguientes el BCRA retomó la absorción de dinero, pero el viernes volvió a dejar sin absorber una suma superior a los $ 97.000 millones, expandiendo de esta forma en más de $188.000 millones la Base Monetaria.

Claramente las expectativas de no mediar importantes (y pertinentes) cambios en materia normativa del Central y Hacienda, son de una fuerte caída en el valor de los activos y otra disparada del tipo de cambio, que suman presión en precios y tensión en el Sistema Bancario que puede verse seriamente afectado.

En ese contexto, el dólar mayorista pasó de $45,4 a $55,75, con ventas del Central de tan solo USD 105 millones el lunes, y USD 150 millones el martes. Por supuesto,  con el tipo de cambio continuando su camino ascendente. Asimismo, a raíz de la fuerte turbulencia cambiaria, se comenzaron a retirar algunos depósitos privados en dólares, disminuyendo en USD 730 millones aproximadamente. No obstante, cabe aclarar que el día viernes previo a las elecciones, se había alcanzado un máximo absoluto de los últimos 17 años en los depósitos privados en dólares, motivo por el cual el nivel de depósitos en dólares se mantiene elevado en términos históricos.

En lo estructural, las elecciones de las PASO pusieron fin al modelo de integración al mercado internacional y de desintegración del mercado interno, por más que en la coyuntura y en lo inmediato se deba sufrir otra vez la suba del precio del dólar y su impacto sobre los alimentos y el nivel de vida de la población, fruto de la política monetaria y cambiaria del gobierno de Cambiemos.

La televisión no llena la heladera, por más que los grandes medios de comunicación desfiguren la realidad. Lo saben el matrimonio jubilado que no llega al día 15 del mes, el trabajador que se ve obligado a restringir las compras de su casa para alimentar, vestir y proteger a su familia y los que perdieron el trabajo, esencialmente en la industria y  la construcción ligados al mercado interno que se deterioraba y deteriora todos los días al calor del menor poder de compra de la población. Incluso profesionales de todo tipo, contadores (lo primero que hace una empresa en crisis es dejar de pagar impuestos y  aportes previsionales y sociales), arquitectos, abogados, médicos, farmacéuticos, etc., todos ellos —hayan votado o no alguna vez a la mentira de la “revolución de la alegría”— en algún momento percibieron la triste realidad.

Los sectores beneficiados por el macrismo son pocos, con toda la furia no alcanza a integrar directa o indirectamente a un tercio de la población, subordinado a los grandes comercializadores y acopiadores de granos, a las entidades financieras, a las extractivas, a los prestadores de servicios públicos (gas, electricidad, comunicaciones, agua) y algún sector puntual, pero no más y no son los mayores demandantes de mano de obra.  Preguntémonos cuántas horas de trabajo demanda la producción y comercialización de una tonelada de soja. Inclusive el mapa electoral de las PASO lo demuestra. El mejor desempeño del macrismo fue en Córdoba (sur y centro), la cuarta sección electoral  de la provincia de Buenos Aires (Chacabuco, Chivilcoy, Junín) y la sexta (Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Pringles), toda zona sojera y maicera y con agroindustrias derivadas de esa producción.

Hay una división tajante entre un modelo que se basa en el mercado interno y por ende en el trabajo y en la producción nacional, y otro que se subordina a las grandes corporaciones  donde se invierte básicamente en la producción primaria (para nuestro país hoy fundamentalmente granos y Vaca Muerta), y se importan insumos, máquinas, equipos, y tecnología, los que condicionan  a la economía nacional a las transnacionales y al capital financiero internacional.

El resultado de las PASO puso fin al modelo de “modernización e integración al mercado internacional”, donde hay que ajustar los costos en dólares incluso por debajo del precio de los mercados a los que se les provee de alimentos y energía. Hecho que reconfigura las estructuras productivas y a los individuos y grupos especialmente aptos para el sistema impuesto de racionalidad y eficiencia. Por otra parte, deja librados a su suerte a los individuos y grupos sociales que no tienen cabida para adaptarse, es decir las dos terceras partes del pueblo argentino. Este proceso no solamente tiende a limitar la formación de un empresariado nacional, sino también de clases medias nacionales (incluyendo grupos intelectuales, científicos y técnicos) e incluso una clase obrera nacional.

Los peligros de la hiper 

El gobierno de Cambiemos contó con el apoyo del FMI. Argentina es el país que más crédito recibió de todos los países miembros. Créditos que básicamente financian la fuga de capitales en un vano intento de sostener a una administración que hundió la economía en una profunda recesión, con cierre de establecimientos, despidos y suspensiones de trabajadores, con una inflación que no tiene techo porque depende de la corrida cambiaria que no para y no va a parar por la simple razón que el gobierno no puede estabilizar la macroeconomía que siempre se subordinó al ingreso de capitales, dado que el tipo de cambio lo fija la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos y no la Cuenta Corriente. Ahora, ante la incertidumbre cambiaria, por un lado; los productores y acopiadores de granos (sobre todo soja) que retienen y no liquidan las operaciones; y, por otra parte, los capitales que buscan pasarse a divisas e irse, se torna imposible que se estabilice el valor del dólar.

Si bien hay un principio de acuerdo entre la actual administración y la que va a venir de fijar el dólar en 60 pesos y que se ajuste en los meses venideros hasta las elecciones por la inflación (que a su vez se genera por la depreciación de nuestra moneda), solo se puede cumplir con un acuerdo amplio de precios y abastecimiento con las empresas (sobre todo las de productos de la canasta básica alimentaria), apuntalado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con los gobernadores y hasta intendentes, con las centrales de trabajadores y sindicatos, etc. para que se comprometan en el control de precios y de abastecimiento, cosa que este gobierno —que nunca los consultó— no tiene autoridad moral para hacer.

Por lo tanto las medidas propuestas ante un gobierno deslegitimado en las elecciones PASO, con el 68% de los votantes que básica y principalmente votaron para que se vayan, son unilaterales y corroídas por el proceso inflacionario que la depreciación de nuestra moneda acarrea. Lo que puede parecer una suma rescatable en subsidios, terminará siendo poco o  nada por el deterioro del poder adquisitivo del peso argentino.

El trabajador en relación de dependencia no pagará sus impuestos al trabajo (aportes personales, el 11% del sueldo bruto) durante septiembre y octubre de 2019, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes (según el Gobierno esa medida beneficia a 6,5 millones de trabajadores); se aumenta el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias sobre el salario bruto a partir de 55.376 pesos para un trabajador soltero y en 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y dos hijos y hasta se reintegra parte de dicho gravamen; se refuerza en dos pagos extra la Asignación Universal por Hijo (AUH)de 1.000 pesos por cada uno, en septiembre y octubre; y los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las de seguridad federales recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos; pero no hay ninguna medida a favor de los jubilados y pensionados ferozmente castigados por la suba del costo de vida y de los medicamentos.

La única medida realmente importante para frenar el proceso inflacionario, que es la de congelar el precio de la nafta y los otros combustibles por 90 días, no fue avalada por las empresas del rubro y el gobierno debió recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia que se verá cómo y hasta cuándo se cumple mientras el valor del dólar se sigue incrementando.

Igual sucede con la eliminación del IVA hasta fin de año para pan, leche, aceite de girasol, y mezcla, pasta seca, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar, que por su complejidad no es fácil de instrumentar.

Finalmente las entidades financieras no podrán tener dolarizado más del 5% de sus carteras (Comunicado “A” 6754 del BCRA del 15/08/2019), medida que no afectará a los ahorristas privados. Desde el punto de vista práctico, esto es inocuo. Las entidades financieras ganaron fortunas con las LELIQs, que son letras en pesos, y no alcanza a los “ahorristas”  que tienen depositados millones de dólares en los bancos. Es más una medida de marketing que efectiva.

Este gobierno no puede hacer nada ante la conversión de plazos fijos que estaban en pesos y se van del sistema para pasarse a divisas, que es la segunda etapa de la crisis cambiaria, cuando la misma se convierte en bancaria, máxime que los depósitos a plazo fijo del sector privado ascienden a 1.258.948 millones de pesos (unos 21.000 millones de dólares a 60 pesos el dólar) al 13 de agosto de 2019,  lo que es una verdadera bomba de tiempo a medida que no se renueven a su vencimiento.

Todas las medidas son insuficientes ante la magnitud de la crisis generada por el gobierno de Cambiemos, pero repercuten en las cuentas públicas, pese a que han venido cumpliendo las metas de superávit primario merced a vender activos como fueron las centrales térmicas Estanislao López  y Ensenada-Barragán. Y que gran parte de los títulos que vencen de acá a fin de año son en dólares (por unos 6.000 millones) que sólo podrán pagar si reciben el tramo del FMI de fines de septiembre de 2019 por unos 5.421 millones de dólares, para lo cual deberán pedir un waiver.

Triste final

Sin poder estabilizar el valor del dólar,  las tardías medidas tomadas son muy acotadas en procurar un alivio en el impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio, una moratoria para las pymes atrasadas con la AFIP, más asistencia por AUH, que se deteriora rápidamente por el crecimiento de los precios.

A un gobierno con el perfil de Cambiemos se le hace cuesta arriba financiarse con la suba de las retenciones a los productores agrícolas, justificado con el argumento de que pasar de la retención máxima $4 a $6 (y que ese importe pueda corregirse por el valor del dólar del Banco Nación Argentina) por dólar es lógico tras la reciente devaluación. El propio Macri eliminó las retenciones en su segundo día de gestión, y cuando la crisis lo obligó a restituirlas (septiembre de 2018) pidió perdón, dijo que era «un impuesto horrible» y prometió en la campaña que las iba a sacar en el año 2020.

Por lo tanto, mientras esté Macri en el gobierno la suba del dólar va a ser imparable. Es un gobierno sin autoridad moral, que le mintió hasta a los grandes operadores internacionales. La ventaja que tiene con respecto a la hiperdevaluación de Alfonsín en 1989, es que en esa época el embajador estadounidense Terence Todman jugaba abiertamente con el candidato Carlos Menem y los empresarios también. Después que hicieron que Alfonsín legitimara la deuda externa y absorbiera sus seguros de cambio, presionaban para que se vendieran las principales empresas estatales (privatizaciones) y fue Héctor Magnetto, titular de Clarín, quien le dijo a Alfonsín: “Usted no se da cuenta de que ya estorba y se tiene que ir”.

Ahora la situación es distinta. Por un lado el derrape del neoliberalismo en la Argentina es una derrota de esa concepción del mundo y de la política exterior de los EE.UU. Por otra parte, se supone que los empresarios que operan y tienen intereses en el país, apoyarán esta vez a un gobierno que los representa y defiende porque defiende el mercado interno y el trabajo nacional.

Se puede suponer fundadamente que los Rocca de Techint, los Bulgheroni, los Eurnekían, los Pagani y hasta los Ratazzi comprenderán que si no invierten en el país, no tienen futuro alguno y que de no hacerlo vivirán el “ninguneo” del capital financiero internacional que solo busca una renta rápida sin importarle las consecuencias.

Lo que sí debe plantearse desde el principio es que se respeten al trabajo y al trabajador nacional y dejar colgada en el baúl de los recuerdos todas las teorías de flexibilidad laboral, teoría que esgrimió en la campaña su alfil, Roberto Lavagna.

El Plan de 14 puntos presentado por Sergio Massa el 4 de julio de 2018 para “lograr estabilidad y una recuperación» del sistema productivo nacional, es la base y punto de partida de discusión del plan a ejecutar, donde se proponía la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos, la aplicación de paritarias libres, bono de emergencia para jubilados y pensionados, aumento de programas sociales, régimen de emergencia aduanera por 180 días, flotación administrada del tipo de cambio y sistema chileno de ingreso de capitales (con un año de inmovilización y pago de encaje).

Hegel decía: “La historia, no obstante, progresa aprendiendo de sus propios errores: solo después de esta experiencia, y precisamente por ella, puede postularse la existencia de un Estado constitucional de ciudadanos libres, que consagra tanto el poder organizador (supuestamente) benévolo del gobierno racional y los ideales de la libertad y la igualdad”. Ojalá nuestra sociedad en su conjunto lo entienda y lo lleve a la práctica.

[1] En la Cuenta de Capital de la Balanza de Pagos Argentina principalmente se contabiliza el ingreso de créditos del exterior y en la Cuenta Corriente las exportaciones de mercancías.

Ciao, bello, ciao

La serenidad con que el pueblo argentino concurrió a las urnas y la esperanza que se reflejó en el veredicto electoral contrastaron con la reacción autoritaria del presidente Mauricio Macri culpando al voto popular del desmadre de las variables económicas provocada por su gestión de Gobierno desde el comienzo del mismo. “El pueblo no sabe votar” fue el argumento esgrimido por los golpistas cívico-militares, los perpetradores del fraude “patriótico” y los que avalaron 18 años de proscripción política del peronismo. Recuerdos ominosos si los hay.

Pero centrémonos en lo ocurrido el lunes pos-electoral, cuando el dólar mayorista aumentó un 22,8%respecto del cierre del viernes, alcanzando los $ 55,75, rompiendo largamente el techo de la banda de no intervención de $52 pactado con el FMI.

 

Creado con Flourish

Este derrotero ocurrió en el marco de las citadas amenazas y posteriores retractaciones del presidente, y la trepada del riesgo país de 900 puntos a casi 2.000, para luego descender a los 1.600 puntos básicos. Lo más notable fue la ausencia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y del Presidente del BCRA Guido Sandleris explicando el programa financiero, monetario y cambiario con el que el Gobierno se va desenvolver hasta diciembre para llevar tranquilidad a los que toman decisiones sobre la economía.

Nadie ha dado explicaciones de por qué se abandonaron las metas de no intervención cambiarias pautada con el FMI, cómo impacta en el programa financiero la suspensión de colocación de Letras del Tesoro (LeTes) a marzo próximo, cómo se encuentra el horizonte de cumplimiento de los servicios de deuda pública en el próximo año y medio, ni una proyección de cierre del sector externo y público a diciembre, frente a un salto cambiario de casi el 25%.

Ahora bien, el otro actor responsable de este cuadro de situación es el FMI, que también hasta ahora no se ha pronunciado. La pregunta en torno a cuál será la evaluación del organismo multilateral del programa “stand by” acordado y modificado varias veces con la Argentina, es una incógnita. El FMI ha desembolsado u$s 45.000 millones desde junio pasado con el objetivo de estabilizar la economía y prevenir el default. Nada de eso ocurrió.

En el curso de 2019, la devaluación mayorista alcanza 49,3%, la inflación se proyecta en el 60% con riesgo en la cadena de abastecimientos y pagos, la economía real presenta números de desplome, la tasa de interés de referencia flota en el 75% y el riesgo país en 1.600 puntos. También el FMI debiera explicar estos números financiados con sus aportes. Además del doble ajuste monetario y fiscal, la única política llevada a cabo fue aceitar la carrera entre la tasa de interés y la tasa de devaluación en favor de la primera y convalidando la toma de ganancias financieras cada tanto con venta de reservas internacionales, lo que forzaba un nuevo salto hacia arriba de ambas variables: tasa de interés/tipo de cambio.

Creado con Flourish

¿Se está entonces ante un nuevo escalón de este sendero que ha permitido una permanente acumulación de renta en bancos y mesadineristas, sin estabilizar la economía y sometiendo a los argentinos a un sacrificio inútil?, ¿o el organismo multilateral exigirá modificaciones al esquema cuando ya se encuentra visiblemente agotado en términos políticos, económicos y sociales?

Lo más grave sería que el FMI se desentendiera de su responsabilidad por lo ocurrido hasta el presente en la Argentina, repitiendo historias anteriores. El equipo económico debe renegociar con el organismo multilateral y exponer un plan de estabilidad de corto plazo. Es su deber con la Nación.

Cecilia Todesca

Paula Español

Eduardo Hecker

Roberto Feletti

En 1822, durante el gobierno de Martín Rodríguez, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores era Bernardino Rivadavia, se solicitó un empréstito en Londres por 1.000.000 de libras con la firma Baring Brothers. Se lo pidió para financiar obras públicas (que no se realizaron). La operación se concretó en 1824, pero el monto recibido (en su mayor parte, en letras) quedó reducido a 560.000 libras, luego de haberse descontado los intereses por dos años, las comisiones y otros gastos. Como garantía, se hipotecaron las tierras públicas que fueron entregadas en enfiteusis (en alquiler) a particulares, por una renta o canon anual que, además de bajo, fue difícil de recaudar. Este sistema puso a disposición de comerciantes, ganaderos y funcionarios enormes extensiones de tierras, en forma casi gratuita. Ante la falta de mano de obra para trabajar esas tierras, el gobierno promulgó un decreto con el fin de reprimir la vagancia, por lo que cada cual debía portar la «papeleta de conchabo», a los fines de demostrar que trabajaba formalmente bajo un patrón.

Dicha “papeleta de conchabo” se basaba en un decreto de 1815 que textualmente decía: “Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual transitar el territorio sin permiso del mismo juez”, dando comienzo de esa manera al modelo agroexportador.

El 11 de septiembre de 1852 se unen los unitarios y federales porteños contra la Confederación Argentina para quedarse con el puerto de Buenos Aires. Los intereses de los estancieros y comerciantes asociados a Inglaterra hacen que surja la figura de Bartolomé Mitre quien, tras la deserción de Urquiza en Pavón, se hizo cargo del Poder Ejecutivo el 12 de diciembre de 1861. Su primer objetivo fue remover a las autoridades provinciales federales para garantizar la subordinación de todo el país. A la producción por estancia (la primera unidad capitalista de estas pampas) y la libre importación y endeudamiento con Inglaterra, le sumó la Guerra contra el Paraguay.

El mercado de cambio de Buenos Aires se creó durante la Guerra al Paraguay por los empréstitos de 2.500.000 libras esterlinas tomados por Norberto De La Riestra en nombre del gobierno mitrista, y por el ingreso de divisas del imperio de Brasil para financiar la guerra y comprar caballos, mulas, vacas, etc.

Al terminar su mandato, Mitre había logrado el propósito de dejar estructurada una Argentina políticamente liberal y dependiente del capital internacional ante el endeudamiento para financiar la Guerra al Paraguay. Endeudamiento que enriqueció como comisionista a nuestra incipiente burguesía porteña e hipotecó a la población. El origen y objetivo de la deuda no fue ni es sólo el negocio rentístico y facilitar altas tasas de retornos a los acreedores y sus socios, sino también, como trasfondo, constituir un modelo dependiente del capital financiero internacional, con determinados segmentos que se desarrollan en el país.

Esa misma lógica de división de la sociedad y dependencia al capital y a los mercados externos, es la que la hace decir al candidato a Presidente Roberto Lavagna: “La reforma laboral tiene que ser parte de un nuevo proceso de desarrollo, con una economía caminando, donde la reforma laboral no toque los derechos adquiridos de los que están (…) . La mayoría de los argentinos ya no está en el pedacito que tiene toda la protección laboral propia de los años ’50, ’60, ’90. La gran mayoría está afuera. Al resto hay que mostrarle que la reforma genera empleo”.

Primero destruyen el mercado interno como reconoce la Unión Industrial Argentina (UIA) para la industria manufacturera :

• 134.311 puestos de trabajo perdidos desde que asumió Macri (12% del total), 64.232 en el último año (175 por día),
• desplome del 9,6% en la actividad del sector en los primeros seis meses de 2019 y,
• un promedio de más de cuatro cierres de fábricas por día (hay 1.676 menos empresas en el rubro que un año atrás, según la AFIP).
• El uso de la capacidad instalada cayó a un mínimo del 62%, pero si no se contabilizaran la industria del petróleo ni la del acero estaría por debajo del 50%. Un guarismo solo alcanzado en el año 2002. Lo mismo podemos decir de la construcción, de las economías regionales, del comercio, etc.
• Paralelamente disminuyen el crédito y lo poco que se genera es a tasas abusivas y, finalmente, reducen el mercado interno hasta lo increíble

De todo eso guardan silencio, mientras repiten hasta el cansancio que existe una economía global ineludible porque por costos las fabricaciones de la mayoría de los productos se realizan con componentes de todo el mundo, por lo tanto se debe internacionalizar, etc. etc.  Y, ¿cómo internacionalizan? Bajando el salario medido en moneda dura y flexibilizando las condiciones de trabajo.

Lo que es peor es que hay un acostumbramiento de ese sentido de la realidad —construcción de sentido común, le llaman los sociólogos— y se acepta como normal, como ocurre por ejemplo en Chile o en Perú, donde las clases dominantes impusieron un modelo de crecimiento hacia afuera (venden cobre, zinc, oro, madera, pescados y moluscos, guano, etc.), como el modelo agroexportador de la oligarquía argentina, que en nuestro país voló por el aire con la crisis de 1930 y el Pacto Roca-Runciman y es reemplazado por el modelo ISI – Industria Sustituidora de Importaciones que remodeló la economía y la sociedad convirtiéndonos en una nación industrial y con un pujante mercado interno.

Todo país que quiere crecer y desarrollarse [1] debe defender su trabajo y su mercado interno. “Gobernar es crear trabajo” sostenía Perón, dejando en claro que la base y punto de partida era el empleo, en una Argentina que tenía tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Un país cuya líder espiritual decía: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. Ese era el sentido común generado por el peronismo que subsistió, mal o bien, con golpes de Estado y gobiernos de diferentes colores políticos hasta marzo de 1976 y que sintetizó Aldo Ferrer en Crecer con lo nuestro. Por supuesto que ese ‘nuestro’ se va adaptando a las nuevas circunstancias, pero siempre priorizando el empleo y la producción.

Miremos a China. Deng Xiaoping sostenía que había que garantizar que cada chino tuviera trabajo, por eso, a la par que desarrollaban la industria más moderna, con niveles tecnológicos de avanzada, en el interior, en muchas poblaciones, seguían produciendo arroz como hace cien años atrás. China creció sideralmente hacia afuera, pero el año pasado tuvieron un superávit de solo el 0,4% del PIB y en el primer semestre de 2019 obtuvieron equilibrio comercial, exportaron en divisas como importaron, porque crecen en base al mercado interno gracias a que gran parte de los chinos tienen niveles de ingresos per cápita equivalentes a U$S 35.000 anuales. Estamos hablando de la República Popular China, país que creció meteóricamente en los últimos 30 años en base a sus exportaciones y hoy también se convierte en fuerte importador para la región (este asiático y Oceanía), que crece porque le venden a China.

En 1974 la Argentina era el país más integrado del continente, con la menor diferencia entre los más ricos y los más pobres, por haber construido una cultura del trabajo — tenía una tasa de desocupación del 2,7% de su Población Económicamente Activa. Fue necesario implantar una sangrienta dictadura para romper ese modelo que incluso había logrado exportar Manufacturas de Origen Industrial, para sustituirlo por el de valorización financiera del capital, donde la tasa de interés y el dólar determinan cuánto y qué se produce, de manera tal que como lo reconoce la Universidad Católica Argentina, más de la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina de Macri son pobres, gran parte de los jubilados y pensionados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y hay trabajadores que tienen empleo y su remuneración no supera la canasta básica total.

Paralelamente, cincuenta familias argentinas forman parte en la nómina de mil millonarios de la revista Forbes [2] en una Nación que solo representa el 0,3% del comercio mundial y que se desindustrializa a pasos agigantados.

Basta como ejemplo la industria automotriz, en la que incluso el gobierno de Cambiemos subsidia la venta de vehículos 0 km, pero es tan sesgado a favor de los sectores de mayores ingresos que el 75% son unidades importadas y no las más baratas. La firma Toyota, instalada en Zárate desde hace más de 20 años, suspende a sus más de 5.000 empleados paralizando la planta en las primeras dos semanas de agosto de 2019. En ese marco, la empresa en una tajante modificación de las condiciones de trabajo, propone el banco de horas, por medio del cual recuperarán esas horas no trabajadas los días sábados una vez que se reactive el consumo.

El banco de horas fue una de las iniciativas más resistidas de todas las propuestas en el borrador de reforma laboral que el Gobierno de Macri le hizo llegar al Senado de la Nación en diciembre de 2017. Ahora, de hecho, vuelve a instalarse como una realidad en el mercado de trabajo.

Sentido común

Antonio Gramsci dice que «el sentido común dominante es el sentido común de las clases dominantes”, y que «está hecho de la sedimentación de diversas concepciones del mundo, de tendencias filosóficas y tradiciones que han llegado fragmentadas y dispersas a la conciencia de un pueblo. De ese sentido común se tomarán referencias y ordenamientos que justifiquen o reprueben los actos de la vida pública y privada”.

Entonces se toma como necesario y lógico que se flexibilicen las condiciones de empleo, pero poco o nada se dice de una política económica que desalienta la inversión, desindustrializa, obliga a competir con desventajas de todo tipo con productos extranjeros, tiene tasas de interés confiscatorias del capital y del patrimonio, reduce el mercado interno, etc. De ese modo, todo se soluciona si se quitan derechos laborales, cuando es exactamente al revés: si las pésimas condiciones en que nos encontramos no son peores, es por los derechos de los trabajadores conquistados tras largas luchas. La burocracia sindical sabe que, si acepta la flexibilización, se van a enfrentar con aquellos a quienes teóricamente representan.

El caso más claro y más patético es Vaca Muerta. El 1° de febrero de 2017 el Presidente Mauricio Macri celebraba el acuerdo firmado entre los funcionarios nacionales y de la provincia de Neuquén, con representantes sindicales y empresariales en torno a Vaca Muerta, y afirmaba que debería ser el caso testigo para futuras negociaciones de convenios laborales. Dicho acuerdo incluye metas de productividad:

• Se puede reubicar trabajadores “en forma temporal o permanente en tareas diferentes a las que venían realizando” (siempre con el objetivo de “evitar despidos”);
• Se incluyen medidas contra el ausentismo laboral (las empresas se comprometen a instrumentar mecanismos necesarios para realizar los controles de ausentismo a efectos de evitar abusos que podrían generarse por boletas médicas);
• Disminuye la cantidad de trabajadores por pozo;
• Las empresas fijan las jornadas de labor y el número de los integrantes de la cuadrilla de trabajo;
• El horario de trabajo se mide desde que los trabajadores llegan al pozo, luego de trayectos de varias horas, que dejan de ser remuneradas.

Según datos de la subsecretaria de Ambiente de la Provincia de Neuquén, desde que se firmó el acuerdo en enero de 2017 a mayo de 2019 se produjeron 1.956 accidentes en el sector de los hidrocarburos, lo que tuvo un costo de ocho trabajadores muertos por no haberse adoptado las medidas de seguridad.

Pero los medios del sistema inculcan que la gente no quiere trabajar, que el argentino es vago por naturaleza. Y a los trabajadores les dicen que otros vienen a sacarles el trabajo porque no aceptan, dada la crisis, los cada vez menores salarios y la pérdida de derechos laborales.

El discurso sencillo, lineal, duranbarbista, es el de que todo se consigue con esfuerzo (como si alguna vez los hijos de ricos lo hubieran hecho). Y afirman: “Aquel que es pobre es pobre porque quiere”. Por un lado, es fácil hablar de méritos cuando no se nació en la pobreza y en la marginalidad. Para hablar de méritos  deberíamos vivir en una sociedad donde todos partamos desde el mismo escalón social, cuando nuestra historia muestra la desigualdad a cada paso. Por otro lado, trabajadores capacitados, profesionales, se quedan sin trabajo porque se cierran empresas, se rompen las cadenas de pago, existe stock indeseado de mercaderías que no se vende, etc. Esos trabajadores desocupados o con serios riesgos de serlo deben entender y, por la fuerza, que si la sociedad en su conjunto no se realiza, no hay salidas para el que vive de su trabajo.

Al gobierno de Cambiemos lo sostiene el FMI, que no es poco, y su discurso individualista y ramplón que desgraciadamente capta a importantes franjas de la población, pero que se diluye con los conflictos sociales de los que no pueden llegar a fin de mes y que no tienen ni siquiera para enviar a sus hijos a la escuela o pagar los medicamentos de los padres jubilados, que cada vez son más, así como la paciencia es cada vez menor.

Friedrich Hegel decía que la historia «progresa aprendiendo de sus propios errores: solo después de esta experiencia, y precisamente por ella, puede postularse la existencia de un Estado constitucional de ciudadanos libres, que consagra tanto el poder organizador (supuestamente) benévolo del gobierno racional y los ideales de la libertad y la igualdad”. Ojalá nuestra sociedad en su conjunto, pero sobre todo los sectores medios tan fácilmente influenciables por el poder, lo entiendan.

[1] Celso Furtado: “Se debe concebir el desarrollo como un proceso multidimensional compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y le erradicación de la pobreza absoluta”

[2] Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos. Fundada en 1917 por B. C. Forbes, cada año publica un listado con las personas más ricas del mundo.

fuente: https://www.elcohetealaluna.com/vagos-y-mal-entretenidos/

 Mario Rapoport, economista e historiador ,desenmascara al actual ciclo político conservador

Mauricio Macri llegó a la presidencia conformando un nuevo espacio político con el nombre de “Cambiemos”. Aunque su objetivo no es un cambio hacia delante para poner al país en la senda del desarrollo económico sino más bien, uno en reversa procurando recuperar nuevamente privilegios perdidos, o sea volver al pasado. Su presencia en el poder no es tampoco meramente coyuntural, sino que está ligada a la formación misma del país. No sólo abreva en el neoliberalismo o en los influyentes economistas que impusieron esa teoría en el mundo, sino también en la experiencia de importantes etapas de nuestra historia desde mediados del siglo XIX.

Lo que más teme el hombre es aquello que parece no dar la impresión de pertenecer a su propio cuerpo, aunque la vida se inicia con un nuevo ser diferente a sus progenitores, de allí el impacto terrorífico de Alien (que ahora denominan populismo). Pero no debemos trasladar mecánicamente esta experiencia, real o fantástica, con las fuerzas económicas que conforman el ámbito social en el que vivimos. Y de eso se trata cuando hablamos de la inflación y del dólar. No son parte de nuestra propia naturaleza sino de factores que irrumpieron en la economía como consecuencia de políticas creadas ex profeso.

¿Cuánto de esta historia viene de aquellos que tienen en su mente un interés lucrativo con el tema e instalan una cultura en torno de él (el endeudamiento externo y la inflación primero, el dólar con fuga de divisas –en vez del riesgo de la inversión productiva– después).

¿Cuántos son los que defienden la extracción de ganancias fáciles a través de maxidevaluaciones que potencian los procesos inflacionarios en una dupla infernal?

¿O los que terminan esa tarea con un simulacro de dolarización, la convertibilidad y el uno a uno, produciendo una profunda deflación causa principal de todas las crisis mundiales, en el 2001? ¿Son los mismos?

Crisis

Los economistas neoliberales -y el actual gobierno que los representa o los sigue (son como carne y uña)- creen a pie juntilla en el libre cambio, en la competencia, en la apertura de la economía, en las fuerzas del mercado. Pero no por eso siguen a Adam Smith. En la Teoría de los sentimientos morales de 1759, su primer libro, recuerda un economista francés Christian Chavagneux, se encuentra un empleo distinto del concepto de la “mano invisible” del que todos suponen. Es anterior al de La riqueza de las naciones. Allí el gran economista escocés explica que, “empleando un ejército de domésticos destinados a servir sus caprichos, los ricos propietarios rurales son conducidos por una mano invisible a redistribuir la riqueza en su favor”

En la Argentina, las crisis y los procesos inflacionarios no comenzaron con la industrialización, sino que estaban presentes en el siglo XIX, en el período plenamente agroexportador, con las crisis de 1873, 1885, 1890, y 1913 y su origen fue el endeudamiento externo. En los siglos XX y XXI las crisis de 1980, la hiperinflación de 1989-90, la crisis del 2001 y la crisis actual reprodujeron este esquema doloroso para la economía nacional.

Como lo expresa el polémico debate sobre la Ley de Aduanas de 1875-76, otro camino era posible.

Para hacer frente a la crisis de 1873, el presidente Nicolás Avellaneda había propuesto “ahorrar sobre la sed y el hambre del pueblo argentino”. Para ese fin ordenó enviar a Europa el encaje metálico de la moneda, paralizó las obras públicas, rebajó el sueldo de los empleados públicos y no atendió los consejos que se le dieron de establecer tarifas protectoras para la industria nacional. El servicio financiero del endeudamiento externo, especialmente en función de empréstitos tomados en el exterior por Mitre, que al principio sirvieron para financiar la construcción de ferrocarriles y obras públicas y atraer inmigrantes, se incrementó luego de manera formidable por la criminal guerra (como la llamó Alberdi) de la Triple Alianza que destruyó un país vecino, el Paraguay, a fin de abastecer las fuerzas militares.

Estos empréstitos no estaban ya de acuerdo con la capacidad económica del país y consumieron una parte sustancial de su renta. A esto se sumó el saldo negativo del balance de pagos debido a la caída de los precios de los productos de exportación de la época, carnes saladas, cueros, y el cese de la exportación de lana cruda a los Estados Unidos por la ley proteccionista norteamericana de 1867, que prohibía su entrada. El Banco de la Provincia se encontró con una suma enorme de créditos concedidos para pagar las deudas asumidas por el gobierno argentino. Sólo entonces en 1875, por razones puramente fiscales el gobierno llevó al Congreso la discusión de una nueva ley de Aduanas que produjo un intenso debate entre sus ideas librecambistas, que sólo querían salir del paso con nuevos impuestos y las propuestas de varios diputados que levantaron posturas proteccionistas tendientes a construir una verdadera industria nacional.

Capital y trabajo

En ese debate, hace ya 150 años, el entonces joven diputado, Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes, autor del himno nacional, decía en contraposición con lo que expresaba el secretario de Hacienda del gobierno Norberto de la Riestra, un reconocido liberal, que presidía la sesión:

“La verdadera enfermedad de que está aquejado nuestro país, Sr. presidente, es la falta de capital y espero que el Sr. ministro de Hacienda no se escandalizará cuando le diga que para mí no hay más riqueza sólida verdadera que la que está representada por el oro ganado, acumulando en un país dado. El ejemplo de la Inglaterra lo prueba. La Inglaterra es rica porque tiene oro ganado por ella para dar al extranjero, porque tiene oro propio bien adquirido por su trabajo para fomentar en provecho de su industria y de capital todas las fuentes ajenas. Por eso vive próspera y rica sobre todas las otras naciones de la tierra. Sin oro ganado y aclimatado por el trabajo industrial no hay riqueza verdadera. Pero es preciso, repito, que el trabajo haya formado y aumentado el capital del país y que el fruto de ese trabajo quede depositado en el mismo país y representado en oro. Un país que siente la falta de capital para poder explotar sus fuentes de producción es un país que está siempre expuesto a la crisis, a perder su riqueza y hasta su independencia, según la enérgica fórmula de Carey. […] Pero los librecambistas a todo trance no se preocupan sino de lo que tienen, de los que no tienen no se preocupan; los que tienen pueden naturalmente comprar más barato, y esto es su objeto natural; en todos los países del mundo generalmente son rentistas […] Llamo la atención de los señores diputados sobre la situación difícil en que se encuentra nuestro país. Nuestro país se encuentra hoy en las mismas condiciones en que se encuentra Arabia […] en las condiciones de todos los países, no diré bárbaros, pero sin industria, ni trabajo, ¿y por qué? Y esto es así porque no sabe manufacturar las materias primas que produce”.

Las posiciones de López, que parecen tener un poder clarividente que llega hasta nuestros días, fueron en aquella oportunidad derrotadas. Se aceptaron algunos impuestos pero no para construir una industria nacional sino para pagar las viejas deudas. Hoy, el gobierno de Macri es el resultado histórico de esa derrota. Un país que terminó siendo una “granja de las naciones manufactureras” como predijo Carlos Pellegrini, joven diputado que apoyó a López en aquella sesión.

Dueños de la tierra

Si esos empréstitos ayudaron -en alguna medida- a transformar el desierto en un vergel que permitió exportar nuestros productos agrarios, beneficiaron ante todo a una parte reducida de la población que hacia 1880 se había apropiado de las mejores tierras mediante herencias coloniales, ley de Enfiteusis, campañas del desierto, arrendamiento y compra de grandes extensiones. Fueron las bases que posibilitaron la formación de la llamada oligarquía terrateniente (que incluyó grandes comerciantes y sectores de poder de Buenos Aires y el interior) y financió sus actividades aprovechando en su favor ese endeudamiento. El gran problema de la Argentina, no fue el vacío del desierto del que se hablaba en aquel entonces, sino la enorme riqueza de recursos naturales del que se apropiaron unos pocos.

De allí surgieron los dos pilares del tipo de desarrollo económico que tuvo la Argentina: los dueños de la tierra y el capital financiero internacional, aunque los nombres de sus protagonistas sean distintos a los originales. El sector industrial local quedó al margen como un acompañante no demasiado deseado; las manufacturas y bienes de capital necesario provenían sobre todo del comercio exterior y su correlato financiero y esporádicamente de algunas inversiones extranjeras directas.

La inestabilidad crónica del país, el famoso péndulo económico e institucional del que siempre se habló, fue en verdad provocado por la oposición a toda política industrial y social (correlativa a aquella), que no entra en los marcos de la civilización que pretende la elite tradicional ligada al capital extranjero y al FMI. Ellos quieren que los beneficios del financiamiento externo abarquen como máximo al 20 por ciento de la población, no desean desarrollar el mercado interior ni la industrialización, prefieren volver al gobierno de las vacas (hoy de la soja) y de los palacetes que tenían a principios de siglo ahora establecidos en countries, departamentos suntuosos y barrios privilegiados, y a través de ese endeudamiento fugar sus ganancias y descapitalizar el país.

Como ya se demostraba a fines del siglo XIX y en el siglo XX (Estados Unidos, y Alemania son el ejemplo) es la actividad industrial la que dio lugar a la transformación económica de los países que hoy están a la cabeza de la economía mundial. Según afirma el economista coreano Ha-Joon Chang, “el desarrollo económico ha sido alcanzado a través de la industrialización, o, más en concreto, del desarrollo del sector manufacturero”.

Gobiernos conservadores

Ahora se padece una grave crisis económica. Por un lado, procesos inflacionarios incontenibles, un gran endeudamiento externo y una subordinación a los intereses de las potencias dominantes y el gran capital internacional. Por otro, como consecuencia de ello, mayor desempleo, empobrecimiento de la población y la quiebra de numerosas industrias y comercios. El gobierno de Macri repite y acentúa las fórmulas de otros gobiernos liberales y conservadores del pasado maquilladas por las teorías económicas y políticas predominantes hoy. El ideal de ese sector después de la crisis mundial del 2008 es fuertemente cuestionando en el mundo. En el orden local, es rechazado por la mayoría de la población y las fuerzas sociales que reclaman sus derechos y se oponen a las políticas de ajuste.

En un mundo donde la globalización ha mostrado sus límites, marcado por constantes crisis, hasta llegar a la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China , su última expresión, los productos agropecuarios encuentran grandes restricciones en los mercados de las naciones industrializadas.

Los modelos que nos muestran las grandes potencias actuales son muy diferentes. Estos protegen sus sectores menos competitivos, como el agrario y nos presionan para que les compremos sus productos industriales a cambio de un endeudamiento creciente. Podríamos haber seguido el ejemplo de otros países que partieron casi como nosotros y hoy pesan en la civilización moderna, por supuesto con muchos de sus traumas, porque el paraíso no existe salvo los fiscales. Tenemos así los casos de Australia y Canadá, donde no hubo un monopolio de la tierra, se establecieron sistemas tributarios más progresivos y se dio un impulso a las industrias nacientes. China se industrializó y ya es una de las principales potencias económicas del mundo.

¿Y que es lo que ha marchado en esos países? El rol del Estado. No uno colonizado como el nuestro por grupos dominantes internos y externos, sino mediante un funcionamiento, que procura regular la actividad pública y privada en función de intereses comunes. Esto implica tener en cuenta el mercado interno, impulsar nuevas tecnologías, aprovechar la inversión externa e interna productiva con controles adecuados y exportar productos industriales, incluso agroindustriales, no sólo primarios. No son los cerebros de millones de vacas lo que van a posibilitarlo, pero si el de nuestros científicos y universitarios especializados, antes que después de formarlos durante años, se nos fuguen como los dólares.

* Profesor Emérito de la UBA y del ISEN. Este artículo forma parte de su nuevo libro próximo a publicarse Se me hace cuento que la Argentina aun existe.

Jorge M Gil  se desempeña como economista. Ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

fuente:https://www.elextremosur.com/nota/21045-sin-salvataje-ni-entrega-minera-la-salida-de-chubut-seria-emitir-petrobonos-apagar-la-luz-y-prender-las-velas/

La próxima vez que un periodista le pregunte con qué plata piensa pagar los remedios gratuitos que le prometió a los jubilados, Alberto Fernández puede contestarle que lo hará con los miles de millones de pesos en multas que deberán pagar las empresas que el año pasado contrató el gobierno de Mauricio Macri para construir, mediante el sistema de participación público-privada (PPP), 2.500 kilómetros de autopistas.

La principal ventaja que el gobierno adujo para justificar la realización de esas obras mediante el método PPP fue que los contratistas asumirían la responsabilidad de conseguir la financiación de los proyectos y las consecuencias de no lograrlo. Por eso, cada una de las seis sociedades contratistas que obtuvo la concesión de un corredor vial se obligó en el contrato que firmó con la Dirección Nacional de Vialidad a conseguir compromisos firmes de financiación o aportes de capital por un monto equivalente al 60% del monto en dólares que pidió como contraprestación por realizar la obra. Una cifra que, en promedio, ronda los mil millones de dólares por sociedad.

El contrato les concedió a los contratistas un plazo inicial de seis meses para obtener dicha financiación, que venció en enero, y el derecho de ampliarlo en dos oportunidades de tres meses cada una. Para garantizar el cumplimiento, cada contratista le entregó a la Dirección Nacional de Vialidad una garantía ejecutable al primer requerimiento por un monto equivalente al 2% del monto total ofertado como contraprestación, que debía aumentar al 2,5% y al 3% si el plazo para obtener la financiación se prorrogaba uno o dos trimestres. Redondeando las cifras, el monto total de las garantías iniciales entregadas por los contratistas de los seis corredores viales sumaron unos U$S 200 millones, que luego se debieron incrementar hasta los U$S 300 millones si solicitaron las dos prórrogas trimestrales.

Desde que se rubricaron los contratos, en julio del año pasado, las empresas están cobrando los peajes que los recompensan por operar y mantener las rutas concesionadas, pero no han conseguido que ningún banco o inversor privado se comprometa a financiar las obras proyectadas y solo han pavimentado el par de kilómetros indispensables para que Macri corte la cinta en uno de sus spots de campaña. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno se han dedicado primero a disimular el incumplimiento empresario, después a justificarlo, y finalmente a cubrirlo con recursos estatales.

Días después de la ceremonia de firma de los contratos en la quinta de Olivos, el entonces secretario de Participación Público-Privada del Ministerio de Hacienda, José Morea, celebró que “las causas de los cuadernos no les están complicando el financiamiento a los ganadores de las obras PPP y el cronograma sigue firme”.

En septiembre de 2018, tras el recrudecimiento de la crisis cambiaria, Morea y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich aclararon que ya no serían las empresas quienes obtendrían el financiamiento, sino un fideicomiso organizado por una entidad estatal, el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE). Explicaron que la intemediación del BICE era necesaria para obviar los reparos de los bancos internacionales a financiar a empresas involucradas en causas de corrupción. Morea y Dietrich estimaron que este instrumento nuevo permitiría recaudar rápidamente U$S 1.000 millones, que alcanzarían para solventar durante el primer año los trabajos programados de los seis corredores viales.

En noviembre el fideicomiso del BICE todavía no había logrado atraer ningún prestamista privado y, ante ese fracaso, los funcionarios tuvieron que desmentir que los mil millones los prestaría el Banco Nación. Unos días después, durante la cumbre del G-20, Dietrich firmó una “carta de intención” con el director ejecutivo de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), en la cual esta agencia del gobierno estadounidense expresó que evaluaría financiar con U$S 250 millones las obras de uno de los corredores viales si una empresa de su país participaba del proyecto.  Las buenas intenciones de la OPIC tampoco se han convertido en dólares.

En diciembre Dietrich tuvo que reconocer que las empresas no alcanzarían el cierre financiero antes del vencimiento original de enero, por culpa del aumento del riesgo país. El verano transcurrió sin otras novedades, ni obras viales, de importancia.

En abril, el gobierno anunció que los mil millones serían “hasta 900 millones” y ahora se conseguirían con la ayuda de BID Invest, el vehículo de inversión en el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, que prestaría doscientos millones y  tentaría a otros bancos internacionales y organismos multilaterales para que aportaran el resto. El sitio oficial del BID informaba el 30 de abril como “fecha estimada de aprobación” del “préstamo puente”.

Mayo empezó y terminó sin que la financiación del BID aportara un centavo, pero hacia fin de mes Dietrich reiteró que “esta semana es muy probable que tengamos novedades positivas”.

En efecto, una semana más tarde se conoció que el préstamo puente lo daría el banco estatal argentino BICE en lugar del BID y los millones de dólares a prestar serían cien en lugar de novecientos.

Finalmente, el 24 de julio el BICE informó que le había otorgado un “primer préstamo puente” de quince millones de dólares, “a tasas competitivas de mercado”, a la empresa Vial Andes 7 del grupo Cartellone, “que permitirá cubrir los trabajos de corto plazo” en la ruta nacional 7 “hasta la constitución del fideicomiso organizado por BID Invest y otros bancos internacionales”. El comunicado del BICE adelantó que “en los próximos días” le prestaría otros U$S 45 millones a los contratistas de los corredores viales A y Sur.

En julio también venció la última prórroga trimestral prevista en los contratos para que las empresas concesionarias cumplieran su obligación de conseguir financiación privada para las obras proyectadas. Resultado: en estos doce meses, los miles de millones de dólares que los mercados internacionales les iban a prestar a las concesionarias se han convertido en los quince millones, a lo sumo cien, que les prestará el gobierno argentino a través de un banco estatal.

¿Qué debería ocurrir ahora? Los contratos que el gobierno firmó con las empresas les otorgan un período de gracia de tres meses más si, durante el último trimestre de prórroga que tenían para conseguir el financiamiento, el riesgo país argentino, que mide el diferencial de tasa entre una canasta de bonos soberanos del gobierno nacional y el bono a diez años del gobierno de los Estados Unidos, superó en 385 puntos básicos al riesgo país del día en que presentaron sus ofertas (24 de abril de 2018). Dado que el riesgo país argentino medido por J.P. Morgan era de 401 puntos básicos aquel día y ha oscilado arriba de los 800 puntos casi todas las jornadas desde mediados de abril de este año, las empresas tienen plazo hasta octubre para conseguir los compromisos de financiación firme por miles de millones de dólares exigidos en los contratos. Ni los cien millones que les prestará el gobierno a través del BICE, ni los doscientos cincuenta millones de la OPIC o los novecientos millones del BID, que hasta ahora no se materializaron, alcanzan para satisfacer esa exigencia contractual ineludible.

Si una empresa no consigue la financiación antes del vencimiento, su contrato de concesión se “extinguirá de pleno derecho” y la Dirección Nacional de Vialidad deberá ejecutar de inmediato por lo menos el 50% de la garantía, y retener un importe equivalente al daño sufrido por el estado nacional a causa de la extinción del contrato y las multas aplicables. Son cientos de millones de dólares que, una vez convertidos a pesos, pueden comprar muchos meses de remedios gratis.

fuente:  web El cohete a la luna de fecha 4 de agosto de 2019.