En economía, la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su capacidad de compra.

Nuestro país cuenta en su historia con un proceso hiperinflacionario que abarca dos administraciones, el fin del gobierno de Raúl Alfonsín y el comienzo de la gestión de Carlos Menem, en que el dólar pasó de valer 17,72 australes el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991 y que es la causa directa de que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en  1989 y de 2.314% en 1990.

En 1989, con la devaluación del Austral en la Argentina, miles de personas pasaron a la pobreza: la hiperinflación devoró salarios, generó revueltas, tomas de supermercados y, llevó al adelantamiento del traspaso del gobierno. La hiperdevaluación ocasionó la hiperinflación que provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25 % a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3 % en octubre del mismo año.

Estamos en un proceso que se va acercando al de 1989-1990 a medida que se deprecia nuestra moneda, donde el dólar tras las fuertes salidas de capitales iniciadas el 25 de abril de 2018 por los mismos bancos que habían colocado deuda argentina en el mundo, pasó de valer en torno a los $ 20.- a $ 40, y tras las PASO a $ 60, pero con varios agravantes:

1. El precio del dólar no tiene techo, el gobierno utilizó la reprogramación de los vencimientos de los títulos de deuda pagando solo el 15% de su valor a esa fecha y postergando el saldo en un 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, y puso límites a la compra en 10.000 dólares por persona y por mes, pero eso no impide que por los mecanismos de contado con liqui y dólar bolsa se compren divisas para que los sectores que tienen excedente los dolaricen para sacarlos del país y, por otra parte, no hay ingreso voluntario de las mismas, son en cuentagotas las liquidaciones de las exportaciones y demás liquidaciones o compras externas y nadie al final del gobierno de Cambiemos le presta a la Argentina.
2.  Con el desgobierno de Macri se genera el deterioro del dinero que termina arrastrando el valor de los activos locales en moneda dura y como se espera que ello continúe, sigue la salida de dólares del sistema a la espera de poder comprarlos por menos divisas.
3. Todo esto repercute en la actividad económica que se paraliza a pasos agigantados, a la vez que se difieren y hasta se rompen las cadenas de pago. Esta falta de crecimiento y de oportunidades para inversión productiva local es la tercera causa de la fuga de capitales, lo que implica una restricción al desarrollo socioeconómico ya que drena recursos que podrían ser utilizados para potenciar el crecimiento y el empleo, así como también reduce la recaudación impositiva y tiene impactos negativos en la distribución de la riqueza.
4. El viernes 9 de agosto los depósitos en moneda estadounidense en el mercado bancario local sumaban 35.243 millones de dólares, tras la realidad de que el gobierno de Macri llega a su fin, se produce un retiro de esas imposiciones en cuenta corriente, en caja de ahorro y a medida que vencen los plazos fijos, de manera tal que un mes después más de la cuarta parte se fue del sistema. El 9 de septiembre los bancos captaban solo 25.764 millones de dólares, lo que hace un promedio de retiro por día hábil de 430 millones de esa moneda, de mantenerse ese promedio por mes suman 9.500 millones, las mismas se convierten en 0 (cero) en los tres meses que restan para fin de año. Y lo peor es que se supone que la mitad de los depósitos en divisas financian operaciones de comercio exterior, por ende su retiro “descalza” las mismas (las deja sin financiamiento) y la otra mitad constituye reservas internacionales en el BCRA.
5. El gobierno incumple las severas metas fiscales y monetarias con el FMI al solo efecto de dar una mínima respuesta a la población, la primera por reducción en el IVA, en Ganancias y en aportes previsionales, más el aumento en el gasto social por la emergencia alimentaria. Y el segundo, porque si bien es cierto que el BCRA retira dinero legal argentino a cambio de las divisas que pierde de sus reservas internacionales, las mismas ascendían al equivalente a 66.308 millones el 9 de agosto y un mes más tarde, al 9 de septiembre, suman solo 50.646 millones con lo que disminuyeron en un 30,9% y, lo que no es menos cierto, la Base Monetaria se redujo solamente en un 1,05%. (Fue de $ 1.344.749 millones el 9 de agosto, a $ 1.330.833 millones el 9 de septiembre de 2019.) Todo esto hace que el FMI no le otorgue el tramo de septiembre de 5.421 millones de dólares, salvo un waiver (perdón) que, de no ocurrir, asegura una nueva corrida cambiaria ahora de los $ 60 a $ 80 pesos la unidad norteamericana como mínimo.

La crisis cambiaria y las provincias

Las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos de subir el mínimo no imponible y devolución del Impuesto a las Ganancias, más la quita del IVA a algunos alimentos, significan una disminución en lo que perciben las provincias de unos $ 30.000 millones hasta fin de año, porque todos ellos son tributos coparticipables.

La devaluación perjudica a las provincias más grandes, a las que el gobierno de Macri autorizó a endeudarse en divisas, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, y Santa Fe, que deben pagar más pesos por sus deudas. Y a su vez, se resiente la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos porque decae la actividad económica, conforma un trípode que ahoga financieramente a las jurisdicciones subnacionales e incluso el riesgo de que futuras devaluaciones tornen imposible el pago de la deuda, con lo que toda asistencia que tengan de la Nación, que por definición va a ser mucho menor que las necesidades, depara serios problemas para cumplir sus obligaciones hasta fin de año, como el pago en tiempo y forma de sus trabajadores, contratos y licitaciones. Menos que menos poder complementar el magro presupuesto y las transferencias del Tesoro de la Nación para asistir a los más pobres.

Emergencia alimentaria

La suba de los precios, en agosto de 2019 según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fue del 4%, por lo que el acumulado de los últimos 12 meses fue del 54,5%. Esto deteriora la capacidad adquisitiva de los que tienen trabajo, de jubilados y pensionados y de todos los que venden o prestan algún servicio al mercado interno.

Como consumimos el mismo bien que exportamos, alimentos, que son el principal componente de la canasta de consumo de una familia, la suba del dólar tiene un efecto inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva del salario y de los demás ingresos fijos. Por ejemplo, una botella de aceite mezcla de 900 cm3 se vende en el mercado de Amsterdam, puerta de entrada al mercado europeo, en torno a los dos dólares, por ende, en la Argentina se va a vender a ese producto a esa suma menos las retenciones. Con lo que si sube el valor del dólar se debe dar más plata argentina encareciendo todos los bienes y servicios.

Cada nueva suba del dólar deteriora el nivel de vida de la población de manera tal que, según indica el informe del primer semestre del año 2019 del Barómetro de Deuda Social de la Infancia que elabora la UCA (Universidad Católica Argentina), casi la mitad de los niños en el país (48,1%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero tras la disparada del dólar de $ 40 a $ 60.- en agosto 2019, la situación se agrava y crece la cantidad de chicos que tiene que asistir a comedores infantiles para no pasar hambre.

Según el Informe N° 118 del Jefe de Gabinete de Ministros remitido al Congreso de la Nación para el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria, que se refiere hasta el año 2018, sostiene que los 1.623.864 niñas y niños asistidos en todo el país en comedores escolares en el año 2016, pasaron a ser 2.777.056 en el año 2018 (incrementándose en un 70%) y que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social financiaba 11.144 comedores escolares en el año 2016 y pasaron a ser 19.036 dos años más tarde.

En ese año 2018 los comedores comunitarios eran 1.270 y asistían a 203.091 personas. Los merenderos distribuidos en todas las provincias y que reciben algún tipo de asistencia del Tesoro de la Nación eran 1.366 pero no se precisó a cuántas personas servían.

Lo que si es cierto y corroborable es que se los asiste mayoritariamente con arroz, fideos, harina, yerba, aceite, azúcar y sal y que dichos componentes son la base de la alimentación en los comedores escolares y barriales, casi sin carne, ni fruta, ni leche y sus derivados por abaratar costos y en desmedro de las proteínas y vitaminas necesarias.

A su vez, unos 5.000 centros de jubilados distribuidos en toda la Argentina reciben escaso dinero para comprar lo que han de repartir a los que más necesitan, asistiendo a unas 605.000 personas sobre los 7 millones de jubilados y pensionados del país.

El plan se complementa con la entrega de tarjetas alimentarias para la adquisición de alimentos por parte de sus titulares y ambos componentes (la remisión de comida y su financiamiento y la entrega de tarjetas alimentarias) es lo que se incrementa con la sanción de la Cámara de Diputados que prorroga la emergencia alimentaria al 31 de diciembre de 2022. Esta sanción aumentará la partida de este año en un 50%, crédito que al 31 de agosto de 2019 ascendía en total a $ 18.142,8 millones, unos 300 millones de dólares por año, para asistir a la mitad de los chicos y de los viejos que son pobres y no pueden siquiera garantizar en el mes la comida básica. Al mismo tiempo, por las LELIQs del BCRA se pagan $ 78.365 millones por mes (unos 1.300 millones de dólares).

Conclusión

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Gran parte de la población, sobre todo en las provincias del norte argentino y en los cordones de las grandes ciudades, percibe un ingreso per cápita como un país del África subsahariana, mientras que una parte de la sociedad ha hecho de la fuga de capitales y de la especulación su medio de vida en un marco en que se apropia de la renta agraria, petrolera y energética, financiera, etc.

El país se ha acostumbrado a funcionar así y hasta parece normal, cuando se debe impulsar el trabajo y la producción nacional y a la par mejorar la distribución del ingreso para generar un mercado interno sólido y en expansión, que es a la vez la base de acumulación de capital en la Argentina.

El deterioro de nuestra moneda nacional es uno de los caminos adoptados para el enriquecimiento de los que fugaron capitales y del capital extranjero que le interesa algunos enclaves productivos como puede ser la producción de soja y maíz, Vaca Muerta, el litio y otros minerales y no mucho más.

Paralelamente han aprendido de otras crisis, sobre todo de la del 2001, y han creado redes de contención, pero debe comprenderse que es un mal necesario y que del mismo se sale solo con trabajo y producción. Ese es el desafío del gobierno que viene.

La hiperinflación

Advertíamos desde esta columna que la crisis macroeconómica autoinfligida por el gobierno nacional, desatada en abril del año pasado, iba a recorrer tres fases clásicas en este tipo de eventos, que se agudizarían potenciándose una con otra.

La primera fase está dada por la corrida bursátil, con la caída del precio de las acciones y bonos. Este hecho puede corroborarse en el descenso del índice MERVAL, que desde principios de año pasó de 32.308 a 28.617 al nueve de septiembre, experimentando una baja del 11,4% en pesos. Calculado en dólares, el descenso representa un 40%, con la consiguiente depreciación de los activos reales privados y públicos de todos los argentinos. Esta fase fue acompañada por un incremento del riesgo país de 732 puntos básicos a principio de año hasta alcanzar 2.102 PB al nueve de septiembre, significando un aumento del 187%.

La segunda fase, ensamblada con la primera, se expresaría en una corrida cambiaria. La cotización del dólar mayorista de enero a la fecha pasó de $37,9 a $55,9, registrando una devaluación del 47,4%.

También evaluamos oportunamente que, de no estabilizarse esas variables, hecho que no ocurrió pese al increíble apoyo multilateral de U$S 45.000 millones brindado por el FMI, se daría comienzo a la tercera fase de este tipo de crisis: la corrida bancaria, que sigue al desencadenamiento de las dos primeras.

El corriente mes de septiembre se inició con un fuerte cambio de régimen en el sector externo, consistente en la limitación del acceso al mercado cambiario para compra de dólares de atesoramiento y en la obligación a la liquidación en plazo perentorio de las divisas provenientes de ventas en el exterior (tema desarrollado en la columna pasada). A la vez, septiembre también marcó el comienzo de la salida de depósitos en pesos y en dólares de los bancos. El cuadro que sigue, con las cifras oficiales más recientes, ilustra esta situación:

https://www.eldestapeweb.com/nota/retiro-de-depositos-el-ingreso-en-la-tercera-fase-de-la-crisis–201991421210

Se advierte una caída en los depósitos a plazo fijo del sector privado denominados en pesos del 4,3% en lo que va de septiembre. Si se agrega el devengamiento correspondiente a la tasa de interés promedio con que se remunera esa cartera, la baja real se aproxima al 9%.

La situación más comprometida se da en el segmento de depósitos del sector privado denominados en dólares, donde hay un derrumbe del 24% de las carteras en escasos días.

Afortunadamente, el macrismo respetó los cambios efectuados en el sistema bancario tras el colapso del 2001, manteniendo calzados y diferenciados los segmentos de intermediación de pesos y dólares. Los depósitos tomados en pesos se encuentran aplicados a operaciones pactadas en moneda nacional, mientras que los depósitos recibidos en dólares tienen un alto porcentaje de efectivo inmovilizado en los bancos, por eso pudieron responder con rapidez a la demanda de los ahorristas. La capacidad de préstamo se destinó a actividades exportadoras que repagan en dólares, eliminando cualquier riesgo de mezcla de monedas.

Efectuada la precisión anterior, para evitar diagnósticos equivocados y/o alarmas innecesarias, no dejan de ser preocupantes dos cuestiones centrales. Por un lado, la creciente desmonetización de la economía argentina, entendida como la baja de la cantidad de pesos totales que integran los agregados monetarios. En columnas pasadas citábamos cómo de un promedio histórico de monetización en torno al 24% del PBI, a principios de este año, dicho coeficiente se había reducido al 19%. Esto sucedió como consecuencia de una política monetaria ferozmente restrictiva acompañada de un desplome de la actividad real que desarmó la demanda de pesos.

La segunda cuestión central es el desarme de las posiciones en dólares depositadas en los bancos y su retiro del circuito económico. Esto restringe severamente la oferta de crédito para la exportación en un país necesitado del ingreso de divisas genuinas.

El escenario delineado, que definimos como tercera fase de la crisis, nuevamente ha hecho florecer planteos destinados a restringir severamente la oferta de moneda nacional, o a abolirla directamente, reemplazándola por el dólar.

Se escuchan voces crecientes que reclaman un nuevo sistema de Convertibilidad, reduciendo aún más la monetización de nuestra economía por la vía del reemplazo el stock de LeLiq por un bono a largo plazo en dólares que remede el denominado “plan Bonex” de 1989 y, seguidamente, con el ajuste del volumen de base monetaria al stock de reservas a un determinado tipo de cambio fijo.

También sorprendió esta semana el editorial en el Wall Street Journal que directamente le recomienda al gobierno de Cambiemos suprimir el peso y dolarizar completamente la economía argentina.

Los que han provocado la crisis ahora vienen con las soluciones.

Notable, ¿no?

El mes de septiembre se inició al ritmo de políticas zigzagueantes que reflejan el apuro, la falta de coherencia y la improvisación de un gobierno desesperado que niega una realidad adversa. Este ritmo dislocado no alcanza, sin embargo, para ocultar la permanencia de una música que no admite cambios y nos habla de un futuro dorado sin populismo en el país. Desde un inicio, este ha sido uno de los objetivos estratégicos perseguidos por este gobierno. Hoy permanece inalterable.

En sus cuatro años al mando, Macri buscó cooptar a un sector del peronismo al que caracterizó como racional. Paralelamente, con una brutal campaña de intimidación, miedo y persecución política, intentó embretar al peronismo K. Hoy Miguel Pichetto, el mas destacado exponente de la variante «racional» del peronismo, es candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Macri. El peronismo K, mientras tanto, ha logrado construir un frente que, aglutinando a distintos sectores políticos, se perfila como futuro ganador de las elecciones de octubre.

Esta realidad desnudada por las PASO cayó como un rayo entre los fondos de inversión norteamericanos que tienen una porción de su capital expuesto en el deporte de la especulación financiera local. En consecuencia, ráfagas brutales del viento de la desgracia arrasaron al día siguiente de las PASO al mercado de cambios y el dólar levitó, descontrolado. En los últimos días del mes de agosto, su disparada y el frenético vaciamiento de las reservas del país llevaron al gobierno a “perfilar” la deuda contraída. A pesar del eufemismo utilizado, el gobierno no pudo evitar que las nuevas políticas fuesen declaradas como una forma de default por parte de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo.

Un dato significativo de este default fue su coexistencia con la continuidad de una apertura total a los flujos de capital. Sin control de la fuga de capitales y de la liquidación de divisas de exportación, la declaración del default potenció el pánico del mercado, acelerando el ritmo de la corrida cambiaria y la caída de las reservas del BCRA. El jueves 30 de agosto la caída de los depósitos en dólares fue de 957 millones de dólares. El viernes 31 el dólar traspasaba los $ 62 sin que el BCRA pudiera contenerlo vendiendo 400 millones de dólares de sus reservas. Mientras tanto se perdían depósitos por valor de 1118 millones de dólares. Por ese entonces se hizo evidente que la corrida cambiaria conducía a una corrida sobre los depósitos de los bancos.

A escasos días de haberlo negado, el domingo 1° de septiembre, el gobierno inauguró el control de cambios. Esta política aplicada durante el gobierno K y denostada por Macri como cepo —es decir un instrumento de tortura—, corona ahora los últimos meses de su gestión. Empeñado en proclamar a los cuatro vientos que es una “medidas que no nos gusta… para controlar la emergencia… y cuidar a todos los argentinos” (cronista.com 4 9 2019), Macri deja que su compañero de fórmula aclare con gran sentido democrático que la intención es eliminar el cepo al día siguiente de ganar las elecciones (lpo.com 2.9 2019). Estas declaraciones buscan atraer el voto de vastos sectores de la clase media, desde los que intentan mantener el valor de sus ingresos comprando dólares a fin de mes, hasta aquellos adictos a los viajes al exterior y al consumo ostentoso.

Así, en pocos días el gobierno pasó de defaultear la deuda que contrajo a introducir el control de cambios. Sin embargo, esta alteración del orden de los factores no ha cambiado el resultado. El ritmo es caótico, pero la música es la misma. El ritmo llena de brumas al escenario político y oculta al potente faro que guía las políticas de Macri: destruir al populismo. La política cambiaria, el default y el cepo buscan atar de pies y manos al candidato que triunfe en las elecciones de octubre. El legado de Macri no es otra cosa que el ajuste y el endeudamiento ilimitado que impulsa el FMI, cabecera de puente de la geopolítica norteamericana en la región. Se busca así condicionar al próximo gobierno, imponiéndole un perfilamiento o reestructuración de la deuda —con acreedores locales, extranjeros y el FMI— determinado por Macri y el FMI en estos meses que preceden al cambio de gobierno en diciembre. La letra chica de estos arreglos quedara bien guardada hasta que asuma el próximo gobierno.

Asimismo, si bien estas políticas se presentan como necesarias para facilitar la vida del próximo gobierno, en la practica conducen a un resultado que es exactamente el opuesto. Tanto la política cambiaria como el cepo llevan a vaciar las reservas del BCRA. Esto ocurre por distintas vías. La salida del sistema bancario de los depósitos en dólares, algo que ha quedado a discreción de los inversores, impulsa la caída de los dólares que constituyen el encaje de los bancos en el BCRA y por esta vía disminuyen las reservas de la entidad monetaria. Esta salida de depósitos del circuito bancario local ha agotado las existencias de cajas de ahorro en bancos y entidades de seguridad, y ha llevado a la multiplicación de nuevas cuentas en dólares en el exterior.

Por el otro lado, el cepo impuesto no cumple con el cometido de todo cepo, que es precisamente la protección de las reservas internacionales, y concretamente los dólares que se obtienen con el intercambio comercial. El cepo macrista no impide el drenaje de reservas vía compra de dólares y consiguiente fuga de capitales. Permite que los particulares accedan a la compra de hasta 10.000 dólares por mes. Actualmente existen aproximadamente 1.100.000 millones de personas que compran dólares mensualmente. Suponiendo que en promedio compren U$S 1.500 por mes, por esta vía el cepo financiaría una fuga de U$S 1.600 millones de dólares mensuales, cifra que supera el superávit mensual de la balanza comercial conseguidos en este momento a costa de una recesión brutal (ámbito.com 4 9 2019).

Así, ya sea por una vía o por otra, las reservas se ven amenazadas. Es posible que, a pesar del cepo y del default, el gobierno que viene se encuentre con las arcas del BCRA sin reservas disponibles en circunstancias en que no tiene acceso al crédito externo y debe  enfrentar planes de reestructuración de deuda diagramados por este gobierno y el FMI. Mas allá del apuro y de las incoherencias atribuidas a estas políticas, ni el Presidente, ni la conducción del BCRA y del Ministerio de Hacienda, ni las autoridades del FMI, pueden desconocer el impacto que estas políticas tendrán sobre el futuro gobierno argentino. Si estas políticas se han adoptado, no es por ignorancia o distracción.

Hay, sin embargo, algo mas: la situación terminal de las finanzas macristas deja al desnudo un problema estructural que no ha sido enfrentado por los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron desde el fin del Terrorismo de Estado. Este problema, constituido por una acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica, constituye uno de los factores mas limitantes del próximo gobierno. Sin embargo, la brutal recesión impulsada por este gobierno y la caótica situación financiera que deja en herencia parecen brindar la oportunidad de empezar a cortar este nudo gordiano que imposibilitó el crecimiento económico y la inclusión social en el país. Así, el macrismo ha intentado destruir al peronismo. En el proceso ha dejado un caos financiero y productivo que, al desnudar las raíces estructurales que impiden el crecimiento con inclusión social, abre la vía para su superación.

Dependencia tecnológica, endeudamiento e inflación

La acumulación del capital, en condiciones de dependencia tecnológica tanto del agro como de la industria, ha engendrado una matriz productiva incapaz de generar a través del intercambio comercial los dólares que el país necesita para impulsar su crecimiento económico. Al mismo tiempo, ha generado conflictos sociales que dinamitan la inclusión social y la estabilidad política.

Desde principios de los ’60 toda expansión de la acumulación del capital ha desembocado en un crecimiento de importaciones con componente tecnológico relativamente alto. Este crecimiento no puede ser atendido por las divisas provenientes de las exportaciones y ha derivado en endeudamiento externo. Esta tendencia ha sido agravada en periodos como el actual, donde coexiste con el deterioro de los términos del intercambio de los productos que exportamos. Cuando estos términos mejoran —como ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner—, el impacto estructural de la dependencia tecnológica tiende a ocultarse. Esto ha contribuido a ignorar un fenómeno, cuya corrección implica la madre de todas las batallas que el país debe dar para crecer.

El fenómeno de la dependencia tecnológica se expande silenciosamente generando una matriz productiva cada vez mas desintegrada tanto dentro de un sector (i.e industrial) como entre sectores (agro/industria). Paralelamente produce una fragmentación creciente del mercado de trabajo (por calificación e ingresos tanto dentro de sectores, como entre sectores productivos) y genera bolsones de pobreza estructural caracterizados por el trabajo informal, desempleo y subempleo crónico, endeudamiento creciente y hambre.

La otra cara de esta economía desintegrada y fragmentada ha sido una creciente concentración del poder económico en áreas de importancia estratégica para el conjunto de la economía. Allí el control monopólico permite formar precios y maximizar rentas afectando los precios del conjunto de la economía y provocando enormes transferencias de ingresos y excedente entre distintos sectores empresarios y desde los muchos que poco tienen hacia un puñado que concentra la riqueza. Esta forma de acumulación ha prosperado bajo distintos gobiernos desde fines de la década de los ’60, engendrando una tendencia estructural al endeudamiento. Esta tendencia ha sido potenciada por la inserción del capital financiero internacional en la economía local a partir de los ’80 y las consiguientes recetas del FMI. Ambos fenómenos fueron impulsados por los distintos gobiernos neoliberales que se sucedieron desde el Terrorismo de Estado hasta la fecha. En este contexto, la experiencia macrista sobresale al haber impulsado aceleradamente una recesión de magnitud y duración inéditas en una coyuntura geopolítica de nuevo tipo.

Los planes del FMI buscan ahora atornillar al país rápidamente a un proceso de endeudamiento ilimitado que tenga por garantía una creciente primarizacion de la estructura productiva y vastos recursos no renovables de importancia estratégica mundial. Entre ellos: la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo también no convencional.

Estas políticas ocurren en un contexto internacional amenazado por una inminente crisis económica y financiera internacional en circunstancias en que la guerra comercial entre China y Estados Unidos provoca cimbronazos en las cadenas de valor global. Paradójicamente estas circunstancias, sumadas a la recesión industrial actual, pueden brindar una oportunidad única para cambiar la matriz productiva local. Para ello, sin embargo, es necesario tener en claro hacia dónde se quiere ir. También es crucial tener la fuerza que se necesita para legitimar una intervención estatal tendiente a la imposición de nuevas reglas del juego a todos los actores económicos, y especialmente a los económicamente más poderosos .

Esto ultimo implica una política clara hacia los monopolios locales. Estos tienen nombre y apellido y a pesar de sus disidencias con la política macrista han apoyado en bloque a este gobierno en la campana electoral que desembocó en la debacle de las PASO. Hoy muestran interés en dialogar con la oposición, pero ninguno ha roto con el gobierno de Macri, ni con las políticas del FMI. Macri, mientras tanto no pierde el tiempo. Si bien insta a este sector a confiar en el resultado electoral, también toma medidas que, como en el caso de Vaca Muerta (beneficios impositivos para inversiones de TGS, (ámbito 23 8 2019) y nuevas concesiones a Shell a ser anunciadas próximamente) satisfacen los intereses particulares de este sector y condicionan severamente al futuro gobierno.

Al mismo tiempo que esto ocurre, las placas tectónicas de la sociedad empiezan a sacudir conflictos en torno a demandas postergadas de salarios y empleo digno y se escucha el grito desgarrador de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones que se movilizan y cortan calles en todo el país exigiendo esta semana una ley de emergencia alimentaria. La respuesta oficial no ha tardado: el hambre es ninguneado como “tema de campaña electoral” (Avelluto, clarín.com 5 9 2019) y “esta gente (los piqueteros) que no labura y no labura para siempre… es responsable del endeudamiento” del país (Pichetto, cronista.com 5 9 2019). Así, poco a poco, la grieta trasciende al peronismo-antiperonismo y se encarna en un odio de clase cuyos ecos resuenan desde los orígenes de la República.

La guerra comercial y las cadenas de valor global

La guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene cada vez mas peso en la coyuntura internacional. Se fluctúa entre el anuncio del reinicio de negociaciones que no llegan a concretarse y son sustituidas por una escalada en la aplicación de tarifas aduaneras. Esto aumenta la volatilidad del mercado norteamericano de acciones y ha llevado a concluir que lo que está en juego es algo más sustancial que una guerra comercial, y por ende que esta no será resuelta en el corto plazo y ha llegado para quedarse. Un informe del Deutsche Bank estipula que China ha cambiado de estrategia, y se concentra ahora en resolver los problemas internos apostando al mediano y largo plazo para resolver las tensiones con Estados Unidos (zerohedge.com 3 9 2019).

Dos razones estarían detrás de este cambio de estrategia. La principal seria la certeza de que estos problemas trascienden el orden comercial e incluyen la seguridad nacional, el control de la frontera tecnológica y el poder geopolítico, incluyendo problemas de soberanía china sobre territorios que considera propios y son amenazados por los Estados Unidos. Otra razón residiría en el convencimiento chino de que el daño de la guerra comercial a su economía es manejable, y que, por lo tanto, puede esperar todo el tiempo que sea necesario hasta que llegue al gobierno norteamericano una administración más proclive al dialogo. Trump, en cambio, estaría acuciado por la necesidad de impedir que el cimbronazo de la guerra comercial sobre la economía norteamericana se acreciente en los meses que vienen y deteriore la posibilidad de su reelección. De ahí su presión constante para obtener resultados a corto plazo, situación que por el momento no lo favorece.

Otros estudios muestran que la guerra comercial ya ha empezado a provocar dislocaciones en las cadenas de valor global que reverberan en la propia economía norteamericana. Esto, sumado al peso creciente de la deuda corporativa norteamericana, explicaría la creciente presión de Trump sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y haga al dólar más competitivo a nivel internacional. Sin embargo, la proliferación de deuda global con tasas de interés negativa conspira contra este objetivo al atraer capitales a ser invertidos en deuda norteamericana que todavía tiene tasas de interés levemente positivas. Esta situación afecta a las economías emergentes sujetas a la permanente amenaza de salida de capitales.

Así, en un contexto de amenaza creciente de salida de capitales de las economías emergentes, de guerra comercial/tecnológica que afecta a las cadenas de valor global, de síntomas de recesión industrial global, y de importancia creciente de la robotización de la producción industrial en los países desarrollados, cabe preguntarnos por la racionalidad de nuestra propia estructura industrial integrada desde eslabones fácilmente reemplazables en cadenas de valor global dominadas por corporaciones multinacionales. En este sentido, y entre otros ejemplos, se destaca la necesidad que tendrá el nuevo gobierno de pensar el futuro de nuestra industria automotriz, de importancia vital en el conjunto de la industria pero que hoy está severamente afectada por la recesión local y global. Utilizando poco mas de un tercio de su capacidad instalada, hoy pone en riesgo el futuro de fuentes de trabajo altamente calificadas en términos relativos y con niveles de salarios

La música de Macri es la misma

El domingo primero de septiembre, el Gobierno implementó una modificación en el régimen cambiario vinculado al sector externo, que complementaba su inacabada pretensión de reestructurar la deuda pública inicialmente reprogramando vencimientos.

A contramano de su recorrido ideológico dogmático, y sometido a fuertes presiones internacionales, el Gobierno ha abordado dos cuestiones:

– La necesidad de reconstruir la oferta privada de dólares, obligando a los exportadores a liquidar el producido de sus ventas al exterior en un plazo determinado, a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

– La exigencia de frenar la fuga de divisas estableciendo regulaciones para el acceso al mercado cambiario.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa, hemos asistido a un dispositivo económico construido para permitir la apropiación de dólares en forma irrestricta por parte de los beneficiarios de la explotación de recursos primarios y su exportación, pero también de los que usufructuaban la enorme renta financiera respecto al atraso del tipo de cambio, en lo que se dio en llamar «carry trade».

Exportadores primarios y valorizadores financieros fueron, a lo largo de este tiempo, los grandes ganadores de la política económica de Cambiemos. Fue llevada hasta un extremo inédito, ya que los dólares provenientes de las ventas en el exterior no ingresaban a la Argentina, y los que aportaba el FMI en los diversos desembolsos pautados se fugaban permitiendo la realización de la abultada ganancia del «carry trade».

La conferencia de prensa del ministro Lacunza, en la que anunció la reprogramación de los vencimientos de deuda, sonaba casi como una burla para los tenedores de bonos soberanos. «… no traen los dólares de la exportación, se llevan los que aporta el FMI y ahora no nos pagan la deuda» habrá imaginado algún acreedor de la Argentina con capacidad de lobby internacional.

Es sintomático, entonces, que el ministro Lacunza haya reprogramado los vencimientos de deuda y haya promovido un decreto instando al BCRA a obligar a los exportadores a ingresar sus divisas al país y a regular el acceso al mercado de cambios para compra de moneda extranjera con fines de atesoramiento.

Es en esta etapa donde se ha ingresado en una crisis de deuda clásica, en la que los acreedores pretenden cobrar y los proveedores de dólares retacean la oferta. Suponiendo que el Estado consiga el excedente en sus cuentas públicas para afrontar los pagos de servicios que la misma implica, ese superávit es en pesos y debe acceder al mercado de cambios para obtener los dólares y cumplir así sus compromisos. La pregunta que surge es quién provee de dólares.

Este conflicto entre exportadores y tenedores de bonos soberanos fue el detonante, aunado a otros factores de desequilibrios, de las graves crisis de 1989 y 2001. Además, en el actual escenario, hay dos factores agravantes. El primero es la depreciación del peso, que licúa la capacidad de pago del Estado endeudado. El segundo es la dilución de los derechos de exportación, que le impide al sector público acceder a recaudación en moneda extranjera de manera directa.

El resultado electoral de las PASO provocó, entre otras cosas, la derrota del bloque primario – financiero que se benefició de un sector externo totalmente desregulado y que vorazmente depredó a lo largo de más de tres años, hasta volcarlo. La intervención del primero de septiembre tiene por objeto restituir la capacidad de pago externo del Estado argentino y reequilibrar las cuentas entre las dos facciones de poder económico que han actuado en el país en estos años: los prestamistas y los apropiadores de dólares.

Decíamos que esta ruptura, que a diferencia de etapas anteriores ocurrió muy rápido por la política del gobierno de Cambiemos, no es nueva y fue causa de las crisis de 1989 y 2001. Ahora bien, en ambos casos, la resolución de esas crisis estuvo en manos de gobiernos peronistas que ensayaron formas de resolución tendientes a reordenar el desmadre heredado y que, con luces y sombras, aseguraron una década (o más) de estabilidad para el país.

El gobierno de Carlos Menem reordenó la situación externa mediante la reestructuración de la deuda originada en la dictadura cívico-militar, en el marco de lo que se conoció como «Plan Brady». Este implicaba beneficios relevantes en términos de plazos y costos, pero el condicionante fue la venta de los activos públicos acumulados por generaciones. El producido de las privatizaciones permitió asegurar los dólares suficientes para cumplir los compromisos de deuda y, a la vez, facilitar la realización de ganancias de los agentes económicos más poderosos.

Néstor Kirchner asumió la resolución de la deuda defaulteada recibida mediante un proceso de reestructuración (canjes 2005-2010) que implicó una quita de dos tercios del capital original y una mejora sustantiva en la remuneración de los nuevos títulos atándolos al crecimiento de la economía. El reequilibrio entre las facciones dominantes se produjo a través de los derechos de exportación. La baja de stock de deuda permitía que los servicios de la misma se calzaran con los dólares producidos por las retenciones, sin alterar la situación general del sector externo.

https://www.eldestapeweb.com/nota/crisis-de-deuda-y-fractura-del-bloque-primario—financiero-20199619560

El ministro Hernán Lacunza anunció el 28 de agosto que en forma unilateral se modificarían las condiciones de los pagos de los títulos públicos que vencen en el año (Decreto 596/2019), de los que solamente se abonaría el 15% del valor a la fecha original de cancelación y el 85% restante se refinanciaría. (25% a los 90 días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento.) Dijo también que en relación a los títulos de deuda de mediano y largo plazo, para los que tienen jurisdicción nacional, se enviaría al Congreso un proyecto de ley para el “reperfilamiento” de los vencimientos en forma similar a los títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas, que vencen en los próximos diez años.

Por otra parte, sabemos que existe un registro de acreedores de títulos públicos argentinos en pesos y en dólares que, a mediados del año pasado, sumaban un total equivalente a 28.000 millones de dólares. De este total, la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco) administraba unos 6.400 millones; el Fondo Franklin Templeton poseía títulos públicos argentinos por el equivalente a 6.200 millones; el fondo BlackRock por unos 3.700 millones de la moneda norteamericana; Goldman Sachs por unos 2.200 millones y la Financiera Lazard [1] unos 1.500 millones. Tras las PASO, lo único que quieren hacer, merced a la liquidez internacional y el aumento de la paridad del dólar, es desprenderse de ellos al precio que les paguen [2].

Entonces, ¿por qué se supone que esos acreedores van a aceptar voluntariamente renegociar las condiciones de dichos títulos con los que ya han perdido mucha plata? Sólo lo harían para mejorar notablemente su rendimiento y ello va en contra del Artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional. Los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales deben mejorar, no para el acreedor sino para el Estado Nacional que, de otro modo, no tendrá autorización para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados, mediante su consolidación, conversión o renegociación.

Esos grandes fondos poseen también acciones y obligaciones negociables de empresas argentinas y hacen lo mismo: cuando consiguen a quien vendérselas, realizan la operación a un precio muy menor al que la compraron.

Esto explica el derrape de las empresas locales que operan en mercados internacionales, principalmente las beneficiadas por el gobierno de Cambiemos, los bancos y las empresas energéticas [3]:

De manera tal que, en tres semanas y media después de las PASO, el descenso del precio de las acciones del Grupo Galicia (Escasany, Braun, Ayerza) fue del 75%, con lo que el grupo pasó de valer casi 4.300 millones de dólares antes de las elecciones, a sólo 1.310 millones el 5 de septiembre. En igual lapso, el descenso en la cotización de las acciones en el Banco Supervielle fue del 70,1% y del Banco Macro,71,4%.

Siempre en ese período, mayores fueron las pérdidas registradas en las empresas energéticas. Las acciones de Edenor se derrumbaron en un 79,8%, Pampa Energía, 61,6% y Central Puerto, 70,8%. Los precios de las acciones de YPF cayeron en aproximadamente un 75% desde las PASO. Su valor está en mínimos históricos, a 8,13 dólares en la bolsa de Nueva York, menos de la mitad de su valor de diciembre de 2015 y menos que los 10,5 dólares que valía en el año 2001.

Paralelamente el BCRA desde el 9 de agosto al 3 de septiembre de 2019 tuvo un descenso de sus reservas internacionales por 14.141 millones de dólares, para pasar a ser la misma de 52.149 millones de esa moneda en la última fecha nombrada. Y los depósitos en dólares captados por las entidades financieras locales en dicho período descendieron en 7.596 millones [4].

Paralelamente, las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) pagaron tras las PASO tasas que superaron el 85% anual. Por las medidas tomadas por el BCRA, las entidades financieras no pueden realizar operaciones de contado contra liqui (que es la venta de títulos y acciones en el exterior y se realiza a un tipo de cambio mayor para fugar capitales), les obligan a que solo el 4% de su RPC (responsabilidad Patrimonial Computable) sea en divisas y no les dejan remitir sus utilidades al exterior, pero siguen ganando fortunas con la diferencia entre las tasas que les pagan a sus ahorristas (tasa de interés pasiva) y la que le cobran al BCRA por las LELIQs, en un claro beneficio para que impulsen a los ahorristas a quedarse en el sistema.

El presente inmediato

A lo relatado debemos sumar que el gobierno nacional con fecha 28 de agosto de 2019 declaró desierta la licitación de Letras del Tesoro (LETES) y no se sabe qué va a suceder con las licitaciones programadas para los días 10, 24, y 30 de septiembre de 2019.

A su vez, pese a que los exportadores son conminados perentoriamente a liquidar sus operaciones por el Decreto 609/2019 del 1° de septiembre de 2019, observamos sus dificultades de implementación dado que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan, según ellos, el 41% de las exportaciones argentinas, declararon el lunes 2 de septiembre de 2019 (un día después de la publicación del DNU) haber vendido y liquidado al exterior desde enero 2019 por 15.238,6 millones de dólares. Por lo tanto no tienen mucho apuro en vender los 25 millones de toneladas granos en silos, en primer lugar porque dependen de las compras de afuera y, después, porque esperan que el valor de la divisa siga subiendo, con lo que en el último cuatrimestre del año no sería importante el ingreso de divisas por liquidación de exportaciones y, de realizarse, ingresarán en 2020.

Con respecto a la reprogramación y postergación de los pagos del DNU 596/2019, por más que sea aplicado el mecanismo de reconocer solo el 15% del pago en los vencimientos de títulos de corto plazo, habría que ver como juegan después los reclamos judiciales y el pago de los contratos CDS (Credit Default Swaps), que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares y ello también impactará en 2020.

A su vez el gobierno no modificó la estructura de derechos de exportación (retenciones) de septiembre de 2018. Por ende, sigue siendo de $ 4 por dólar exportado en granos y de $ 3 en industria, lo que implica menores ingresos al fisco y encarecimiento de los alimentos a la población por la fuerte depreciación de nuestra moneda.

En el ROFEX (Mercado de futuro de ventas de granos de Rosario-Santa Fe), el precio del dólar estuvo a $ 67,7020 el jueves 5 de septiembre de 2019, cuando ese día cerró el tipo de cambio vendedor en $ 58,21. Por ende, la depreciación esperada es del 65% anual, que es la tasa que se paga para los depósitos Badlar (por encima de un millón de pesos). Pese a que ese tipo de cambio futuro está influido por las ventas a esa fecha del BCRA, nos indica que la tasas pasivas de interés no pueden descender si no desciende el precio futuro del dólar, porque de otro modo se pasarían en bandada a la divisa norteamericana. Entonces la crisis cambiaria se convertiría también en bancaria y con ello el gobierno de Cambiemos no llegaría al 10 de diciembre de 2019.

Ese más que precario e inestable equilibrio es como cerró la primera semana de septiembre, en una economía que no accede a los mercados de créditos internacionales (y que no sabe a ciencia cierta si el FMI le otorgará y cuando el tramo de 5.421 millones de dólares de septiembre 2019), que destruyó su aparato productivo, que cerró empresas y expulsó trabajadores, que no ajusta las remuneraciones ni siquiera en parte de la depreciación, que no genera inversiones y que enfrenta un perfil de vencimientos de deuda imposible de pagar.

El futuro inmediato

La depreciación de nuestra moneda tiene un impacto desastroso para los asalariados, jubilados y pensionados y para los que producen y venden para el mercado interno. El castigo a la población para que acepte trabajar por bajas remuneraciones y en condiciones de pérdida de derechos es un arma de doble filo. Una, porque debe fomentarse y apuntalarse permanentemente la red de contención de los comedores barriales y escolares, que nunca es digno. Otra, porque la paciencia algún día se acaba. Además, como lo ha demostrado la Argentina tantas veces, el cercenamiento del mercado interno arrastra al descenso sin piso del PIB.

Pero aún así, si el conflicto social no estallase ahora, sería una bomba de tiempo y una pesada herencia para el gobierno que viene, que debe dar respuesta inmediata y consistente y, a la par, restablecer el funcionamiento de la actividad económica.

Todo ello condicionado por las acreencias del FMI y de los grandes bancos y fondos de inversión tenedores de títulos de deuda, que tratarán de salir de los mismos de la mejor forma posible mediante un canje por nuevos bonos que los beneficien.

San Mateo era cobrador de impuestos al pueblo de Jerusalén y Jesús lo convirtió en uno de sus apóstoles. Redactó su Evangelio en torno a los discursos del Nazareno, que en uno de ellos dice: “Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero”. Y esa es la verdadera grieta.

[1] Dicha financiera tenía el mandato de venta de IECSA, la constructora presidida por el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra y que se vendiera al grupo liderado por Marcelo Mindlin por fuera de la sociedad Pampa Energía.

[2] Un ejemplo claro es el bono de 100 años (Código AC17D) por 2.750 millones de dólares. Cotizaba al jueves 5 de septiembre de 2019 a 38 dólares la lámina de 100.

[3] Entre los sectores ganadores del “macrismo” están los bancos y las empresas ligadas a la energía con precios “regulados” a su favor por el Estado.

[4] Al 9 de agosto los depósitos en dólares totalizaban 32.578 millones y al día 5 de septiembre de 2019 eran 24.982 millones.

fuente:https://www.elcohetealaluna.com/la-resurreccion-del-mercado-interno/

Antes de las PASO y de las medidas tomadas unilateralmente por el gobierno de Cambiemos  el 28 de agosto, se fugaron de la Argentina 73.170 millones de dólares entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019 [1]; los niveles de desinversión bruta fija eran alarmantes, perforando este año el piso del 13% del PIB (no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos); el consumo descendió fuertemente fruto de la desocupación y los bajos salarios y se incrementaron sideralmente la pobreza y la indigencia, que hace que hasta la misma Iglesia Católica llame a una “Emergencia Alimentaria” para asistir con un plato de comida a la población. El resultado de las PASO fue el fiel reflejo de la situación, el 68% de los sufragantes votaron contra la política del gobierno de Cambiemos.

Tras las PASO, las reservas internacionales del BCRA cayeron desde 66.039 millones de dólares al 9 de agosto a 56.713 millones de dólares a fin de mes. Es cierto que se pagaron REPO (seguros) por 2.639 millones de dólares para rescatar BONAR dados en garantía, pero 6.687 millones se fueron en tan solo en 15 días hábiles por compra de divisas, lo que significa, día tras día, un drenaje imposible de soportar hasta el fin del gobierno de Macri.

A eso se le suma que el total de títulos públicos en pesos y en divisas que vencen de agosto a diciembre de este año rondaban el equivalente a 23.500 millones de dólares, de los cuales eran LETES (Letras del Tesoro) en dólares 11.807 millones, que vencían y daban lugar a tres licitaciones por mes. Antes de las PASO, el rollover (cambio de deuda vieja por nueva) rondaba el 88% del total, en la licitación del 16 de agosto 2019 solo se renovó el 5% de la licitación (obviamente fue una repartición estatal) y el 28 de agosto la licitación de LETES en dólares se declaró desierta.

En ese marco de pérdida de reservas y sin poder pagar los vencimientos (al no renovarse), adoptaron el miércoles 28 de agosto de 2019 medidas unilaterales que llamaron “reperfilamiento” pero que es default técnico, al reprogramar los pagos y no respetar la  forma establecida en el contrato  de emisión de la deuda.

Ese día el ministro Hernán Lacunza anunció que el 90% del stock de deuda (en pesos y en divisas) que está en poder de bancos, fondos de inversión y organismos institucionales y vence en los próximos cuatro meses (como dijimos, por el equivalente a unos 23.500 millones de dólares) serán cancelados 15% al vencimiento, 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, respetando las demás condiciones originales del crédito y el capital [2].

Para el gobierno de Cambiemos no es default porque no hay cesación sino reprogramación de pago, y solo comprende la la deuda de corto plazo (Letes, Lecap, etcétera) y con inversores institucionales.  Sin embargo, al no poder cumplir en forma y plazo se deben pagar los contratos CDS (Credit Default Swaps) por incumplimiento que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares. Si se activa el seguro contra default es difícil argumentar que no se trata de un default.

El nuevo ministro anunció que la propuesta de reprogramación (reperfilamiento, en su lenguaje) de deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción argentina (regida por las leyes locales) será enviada al Congreso para fijar por ley una extensión de los plazos. La deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción extranjera será sometida a una negociación con acreedores internacionales [3], lo mismo que la deuda con el FMI. Los últimos datos de Hacienda, correspondientes al 31 de marzo de 2019, exhiben que el 50 % de la deuda está emitida bajo jurisdicción extranjera.

Los anuncios intentan ordenar el caos financiero causado por el propio gobierno, pero no pueden evitar la catarata de juicios por incumplimiento de contrato y, otra vez, que aparezcan fondos buitres para comprar esos papeles en litigio, que serán uno de los problemas de la administración de Alberto Fernández.

El mismo 28 de agosto 2019, tras los anuncios del ministro Lacunza, el BCRA con la firma de su presidente Guido Sandleris emitió un comunicado en el que admite que las decisiones fueron una “rápida respuesta” a la falta de renovación de la deuda de corto plazo. Sostuvo además que de esa manera se limita el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, en desmedro de los grandes inversores en deuda pública.

Esto es, no ponen límite a la compra y fuga de divisas, cuando es obvio, como sucedió en los días subsiguientes, que los que pueden comprar dólares lo hacen acelerando la conversión de plazos fijos en pesos a divisas y retiran de los bancos los depósitos en dólares (eran solo 31.683 millones el viernes 9 de agosto de 2019 y 3.546 millones menos el 26 de agosto de 2019), ante la pasividad del Banco Central.

A última hora del viernes 30 de agosto, el BCRA dio a conocer la Comunicación “A” 6768 que dispone que desde ese día, la banca extranjera deberá pedir autorización al BCRA para la distribución de sus utilidades, con lo que trata de limitar el giro de divisas. La medida tuvo inmediata respuesta: en ventas realizadas después del cierre del mercado cambiario local, el dólar contado con liqui se transó a $ 65,22.

Es claro que no adoptan ninguna otra medida de control cambiario para facilitar la fuga de capitales. Ese debe ser el acuerdo con los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs y Franklin Templeton que están posicionados en títulos públicos  y privados argentinos en pesos, y deben esperar a venderlos para comprar dólares y fugarlos.

Y es la razón por la que son tan cuidadosos de mencionar la palabra “default”, porque implica que grandes bancos y fondos de inversión por su propia carta orgánica y/o reglamento interno, deben desprenderse de las acciones y títulos en esa condición, lo que hará que descienda más aún el precio de los mismos. Valga como ejemplo que las acciones de seguro de YPF (ADR de NYSE) cotizaban el viernes 30 de agosto 2019 en Wall Street a 8,68 dólares, la mitad del valor que en diciembre de 2015. Y lo mismo sucede, en mayor o menor medida, con todas las empresas argentinas que cotizan en los mercados externos.

Que la calificadora de riesgos Standard & Poor haya bajado la calificación de los títulos públicos argentinos a “default selectivo” el jueves 29 y el viernes 30 corregido dicha calificación; que otra agencia, Fitch, ese día bajara la nota de la Argentina y la ubicara en “default restringido” o que la tasa de Riesgo País de JP Morgan alcanzara los 2.533 puntos (25,33% por encima de la tasa de los EE.UU.), son todas muestras de que la situación es grave y de que afuera le “bajaron el pulgar” al gobierno.

El FMI

Si hay una razón por la que el gobierno de Cambiemos no está peor, es por el apoyo del FMI, pero no de su staff técnico, que el 30 de agosto 2019 afirmó en un comunicado  que “el caso argentino está en proceso de elaboración y análisis”. Lo que queda claro es que los tiempos no son los que necesita el gobierno para cubrir los vencimientos, aún con la “reperfilación” anunciada.

A la Argentina se le destinó el mayor préstamo de la historia del organismo. (Unos 57.000 millones de dólares, de los que ya ingresaron 44.068 millones.) El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, al reunirse el mismo 30 de agosto 2019 con el board (consejo de administración del FMI), presentó el pedido de reformulación del actual plan stand-by, que incluso alcanza al nuevo gobierno que asuma en el país.

Los técnicos del FMI esperan para los próximos 100 días de gobierno de Mauricio Macri una dolarización potencial de 16.000 millones de dólares, equivalente a más del 100% de las reservas de libre disponibilidad del BCRA. Además infieren que el stock de LELIQs (al 27 de agosto de 2019 de $ 1.316.469 millones, que supera a la Base Monetaria que ese día fue de $ 1.242.570 millones) y el descenso de la demanda de dinero (nadie quiere pesos argentinos) sean fuentes potenciales de vulnerabilidad para el sistema bancario. Por lo tanto es probable que el gobierno argentino deba aplicar restricciones para retirar dinero y divisas de los bancos.

El fracaso del gobierno de Macri es evidente, sin que a Macri y al FMI les importe la población argentina. Esto no da para más. Primero se debe instrumentar ya un plan de emergencia social, segundo un estricto control de cambio y tercero, reestructurar la deuda.

Macri se aferra a Donald Trump que ya debe estar hastiado de él y de su gobierno. El Departamento de Estado, sin nombrarlo, dijo tras las PASO que “Estados Unidos espera continuar nuestra sólida asociación con el pueblo argentino y su liderazgo electo, sea cual sea el candidato que el pueblo argentino elija como su próximo Presidente”.

Y si no le sueltan la mano del todo (como han hecho otras veces con otras administraciones amigas) es porque reconocerían su propio fracaso y porque quieren utilizar el endeudamiento con el FMI para reconvertirlo en un crédito de facilidades extendidas, con plazos de devolución más largos, pero con compromisos de reformas estructurales en temas laborales, tributarios y previsionales.

El futuro Presidente Alberto Fernández aseveró que el FMI es copartícipe de la “catástrofe social” argentina y señaló que el programa que ahora se quiere renegociar “fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad para financiar una campaña electoral”.

La mayoría de los jubilados y pensionados perciben un ingreso de apenas $ 15.000 por mes, pero como son siete millones implica el mayor gasto presupuestario de la administración nacional (aproximadamente el 40%), a lo que se le suma el resto de los gastos sociales. Pero el sistema no se financia  ajustando tan magros haberes, sino creciendo y generando puestos de trabajos en blanco con aportes previsionales. La relación entre trabajadores en actividad con aportes y jubilados y pensionados es de 1,6 a 1.  Si se aumentan los puestos de trabajo, mejora el coeficiente.

Tampoco es flexibilizando las condiciones de trabajo, sino aumentando la demanda para que se produzca y se venda más.

Ambas variables se solucionan aumentando los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados, congelando las tarifas de combustibles, luz y gas, acordando con los grandes formadores de precios en una economía “cartelizada” como la argentina y bajando drásticamente la tasa de interés que no debe pujar contra el dólar.

Y por reforma tributaria, que se adopten medidas para que paguen los ricos, no aumentando el IVA o persiguiendo a los monotributistas. Para ello se debe aplicar correctamente un impuesto a la renta financiera y a la compra y venta de divisas, como tiene por ejemplo la Unión Europea. El BCRA sabe qué bancos compraron divisas desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, y esos bancos saben qué clientes se lo pidieron.  Deberán justificar si pagaron impuestos y desde ya decimos que no lo hicieron porque la compra supera los 100.000 millones de dólares y las contribuciones al fisco no alcanzan a ser el 5% de esa suma.

[1] En el Balance Cambiario del BCRA se denomina FAE – Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior. Obviamente nuestra burguesía se benefició de dichas compras, lo que hasta ahora no se puede saber porque el BCRA se niega a decir quienes compraron amparándose en el secreto bancario.

[2] El 10% restante está en poder de personas humanas y se le respeta las condiciones acordadas. Se definió que las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida, tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en estos activos, afirmaron.

[3] La Secretaría de Finanzas tratará de acordar con bancos y fondos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento”, como denominan la nueva reestructuración de vencimientos y de pagos, de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos 10 años.

DEFAULT y FMI

En la columna pasada advertíamos que el programa económico había ingresado en un “punto de ruptura”, dado que la repetición de las políticas aplicadas era insuficiente para contener la escalada de las variables. En efecto, ni la venta de reservas internacionales ni la suba de la tasa de interés frenan la disparada del tipo de cambio y de los precios.

Los agentes económicos consideran agotada la presente etapa de abultada renta primaria y financiera solventada con endeudamiento del sector público y una inexplicable asistencia del FMI, procediendo, en consecuencia, a consolidar los beneficios obtenidos y aguardar el próximo dispositivo económico.

Esta realidad ha arrinconado a un Gobierno que esta semana planteó la reestructuración de la deuda contraída con los mercados durante su gestión. Por ello, ha incorporado medidas parciales de regulación cambiaria para impulsar el ingreso de divisas por exportaciones y limitar la salida por dividendos de los bancos. Nada de eso impidió la caída vertiginosa de las reservas internacionales, ni la salida de depósitos de los bancos, ni la suba de riesgo país hasta los niveles de hace quince años.

Estamos ante los síntomas inequívocos de ruptura de un programa económico que, en el escaso tiempo de mandato de un gobierno constitucional, ha colocado a la Argentina en una situación de colapso socioeconómico que remeda las crisis de 1989 y 2001.

Sin embargo, esas crisis que surcaron los conflictos y los fracasos de las dos primeras décadas de democracia se encuentran teñidas del saldo horrendo de una dictadura cívico-militar y de la conmoción mundial que significó el fin de la Guerra Fría. En cambio, este abismo en el cual el gobierno de Cambiemos ha depositado a la Argentina en un breve lapso sólo puede ser explicado desde una concepción de clase social privilegiada y un deseo de liderazgo absoluto que pretendió ejercer el presidente Macri.

Endeudamiento público descomunal en un bienio, apertura comercial irrestricta en un mundo en guerra proteccionista y la recomposición brutal de las ganancias del sector primario y financiero a expensas de los ingresos populares. Estas medidas sólo pueden ser llevadas adelante por quienes pretenden resucitar un país modelado hace 140 años, de espacios vacíos para ser explotados y pocos habitantes, predominantemente inmigrantes. Ese diseño involucra una valoración peyorativa de la soberanía popular expresada en elecciones.

El presidente Macri se equivoca cuando culpa a los argentinos de la crisis como resultado de su voto. Quienes le dan la espalda son los agentes económicos, que perciben el final abrupto y rápido de su modelo imaginario y se retiran a recontar los ingentes beneficios de la ilusión macrista esfumada.

Como ya se dijo, el pueblo argentino concurrió a las urnas sereno y el veredicto de los comicios arrojó la esperanza de recuperar un país viable que le permita abandonar una vida de subsistencia para reconstruir proyectos de vida.

Desde la semana próxima nada será como se venía desarrollando. Se caminará, no sin dolor, hacia un nuevo esquema de economía y sociedad. Es tiempo de ruptura con la recreación de un pasado de hace un siglo y medio.

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Presupuesto Nacional

El Presupuesto es la cuantificación de los recursos necesarios
para llevar adelante un plan de gobierno a lo largo de un año

Como plan de gobierno define objetivos y prioridades y en que
magnitud.

El Estado Nacional es, de manera directa, un 22% de todo lo que
pasa en la Economía Argentina.

La elaboración final es obligación del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN). Cada poder lo confecciona y coordina la Dirección
Nacional de Presupuesto (Secretaria de Hacienda).

Presupuesto Nacional 2019 (1) (hacer click)

Resultado Fiscal Administración Nacional Julio de 2019 

Un gobierno que se endeudó irresponsablemente, que para tratar de frenar el precio del dólar no trepidó en subir permanentemente las tasas de interés y que ambas variables (el incremento de las tasas y el valor del dólar), se combinan y repercuten sobre las erogaciones públicas, como lo demuestra la depreciación de nuestra moneda desde el lunes 12 de agosto 2019 tras el resultado adverso de las elecciones para el gobierno de Cambiemos, no solo resiente y deja de prestar los servicios y de realizar las obras para tal fin, sino que es insustentable por la magnitud de una deuda pública que no deja de crecer y que condiciona severamente a la administración presente, pero también pretende hacerlo con la nueva gestión, lo que tornaría necesario un sinceramiento de las variables económicas para reprogramar los vencimientos y reducir las tasas de interés que son confiscatorias del acervo público.

Si bien hasta julio de 2019 venían cumpliendo con lo acordado con el FMI,  el mes de agosto y las medidas que se vieron obligados a tomar, implica que no pueden alcanzar las metas del tercer trimestre del año, por lo que deben pedir un “waiver” al FMI para que le otorgue el tramo de unos U$S 5.421 millones para poder pagar los vencimientos de la deuda de 2019

Resultado Fiscal Julio 2019 (hacer click)

GASTO PUBLICO 2003-2019( hacer click)

Avance del Presupuesto Nacional

Como lo hemos resaltado en el Informe del Resultado Fiscal de mayo de 2019, ante el
descenso en términos reales de la recaudación, se ajusta más el gasto primario, pero el
pago de los intereses de la deuda convierte en inútil todo ajuste.

AVANCE DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2020 (hacer click)

Enrique Santos Discépolo le pone letra al Choclo de Ángel Villoldo y en una de sus estrofas dice: “Carancanfunfa se hizo al mar con su bandera y en un pernó mezcló a París con Puente Alsina”. Y nos sigue pasando lo mismo. Confundimos la situación actual con la que queremos o deseamos y la realidad es testaruda, es lo que es y solo se la puede cambiar si se la conoce (de verdad) y se ven los medios para cambiarla.

Nuestra burguesía nacional encabezada por José Ber Gelbard fue diezmada junto al pueblo argentino a mediados de la década de 1970, después de haber alcanzado su máximo punto de expresión y de poder con las puebladas provinciales y el gobierno de Cámpora y el mismo Gelbard de ministro y planificador.  Desde el “Rodrigazo” en adelante se implantó el modelo de valorización financiera del capital, que salvo la honorable gestión de Bernardo Grinspun, primer ministro de economía de Alfonsín, se logró revertir recién con el gobierno de los Kirchner.

Fue con los Kirchner que se volvió a crecer en base al mercado interno, a lo que le sumaron los estratégicos acuerdos del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC y se creció, se acrecentaron las exportaciones —sobre todo de manufacturas de origen industrial— y se redistribuyó el ingreso a favor de los trabajadores. Pero obviamente los principales capitales estaban y están en poder de la minoría beneficiada por la dictadura de Videla-Martínez de Hoz asociada al capital extranjero, fundamentalmente de los EE.UU.

Es Henry Kissinger el que le dice al almirante Cesar Guzzetti, canciller de facto del gobierno de 1976, en una reunión en el hotel Waldorf Astoria en Nueva York: “Nuestra actitud básica es que estamos interesados en que tengan éxito. Tengo una visión a la antigua de que los amigos deben ser apoyados. Lo que no se entiende en EE.UU. es que ustedes tienen una guerra civil. Leemos sobre los problemas de los derechos humanos, pero no el contexto. Cuánto más rápido tengan éxito, mejor»[1].

Esa burguesía rentística y parasitaria del Estado que tenemos es hija de esa matanza contra lo mejor del pueblo argentino. La hazaña de los Kirchner fue hacerla menos parásita, menos rentística y más productiva, tratando de demostrar que ganaban más y aseguraban esa ganancia con la producción, con la generación de valor agregado. Y dio resultado. Por ejemplo: según Adefa (Asociación de Fabricantes de Automotores) en el año 2013 se producían 791.007 unidades y en el año 2018 se produjeron 466.649 vehículos.  Según la Cámara de Productores de Heladeras, en el año 2013 se fabricaron en el país 1.050.000 unidades y en el 2018 solo 417.200.  Y la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland en el año 2013 dice que se despachaban 12.550 toneladas de cemento y en el año 2018 solo 9.870.

Y se trabajaba con casi pleno uso de la capacidad instalada y con altos niveles de empleo y de salarios. Es más, el proceso inflacionario se genera porque mayoritariamente la burguesía argentina, con mercados muy “cartelizados” donde pocas y a veces una sola gran empresa produce determinado bien (acero, aluminio, petroquímica, laboratorios, azúcar, yerba, leche y derivados, harina, aceite, etc.), ante una demanda interna sostenida prefirió aumentar los precios en lugar de aumentar la producción.

Fue peor. Nuestros principales empresarios, seducidos vaya a saber uno por qué o creyéndose capaces de reordenar la economía argentina aún más a su favor, conspiraron contra el gobierno nacional y popular. Si bien es cierto que primero lograron dividirlo y apoyaron a la auto denominada “ancha franja del medio”, viendo luego que la propaganda y el apoyo de la embajada de los EE.UU. al hijo de uno de ellos lo posicionaba mejor en el año 2015, decidieron apoyarlo abiertamente.

Y ese hijo lo único que hizo fue generar negocios para los amigos y para el capital financiero internacional, endeudándose en dólares y a corto plazo [2] para pagar jubilaciones y pensiones, sueldo de la policía y del Ejército, obra pública y contratos estatales de todo tipo, que son en pesos. El resultado no podía ser otro que el derrape cambiario del 25 de abril de 2018 por la compra en el mercado de cambio local de 1.225 millones de dólares a un precio promedio de $ 20,20, realizado básicamente por las mismas entidades que propiciaban la colocación de títulos de deuda argentinos en el exterior (JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank, Merill Lynch, entre otros).

Es ahí donde la burguesía que tenemos, encabezada por los Roca de Techint y los Pagani de Arcor, movió a los principales referentes de la UIA (Unión Industrial Argentina) a propiciar un plan de 14 puntos que firmado por el Frente Renovador de Sergio Massa se dio a conocer el 4 de julio de 2018. Ese plan impulsaba el crecimiento industrial y la protección del mercado interno pero los salarios medidos en dólares debían ser menores que los de Brasil, que no son las remuneraciones de Alemania ni las de EE.UU.

La respuesta inmediata fueron unas fotocopias de un cuaderno de un chofer, de nombre Oscar Centeno, que trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas que, como un calco del caso Odebrecht de Brasil, culpaba de pago de comisiones a los principales contratistas del Estado, incluido al primo Calcaterra.

Los empresarios locales terminaron de darse cuenta de que ya no tienen espacio en aquello a lo que el capital internacional cree que debe dedicarse la Argentina. Y si lo tienen, como puede ser Vaca Muerta o la producción de granos y su industrialización, también le interesa al extranjero, por lo cual quieren desplazarlos.

Lo que pasó fue vergonzoso. Nuestra burguesía dando explicaciones a la Justicia y en la mayoría de los casos reconociendo y amparándose en ser “arrepentidos”. Es más, aquel que preside Techint, Paolo Rocca, acabó echándole la culpa a dos funcionarios del grupo de toda la vida, como son Héctor Zabaleta y Luis Betnaza.

El fin del gobierno de Macri

El gobierno de Macri termina, como no podía ser de otra manera, sujetándose al FMI. Los resultados económicos, sociales y políticos demuestran que, desde el 1° de enero de 2016 al 31 de julio de 2019, se fugaron capitales por 73.170 millones de dólares [3]; los niveles de desinversión son alarmantes, perforando este año 2019 el piso del 13% del PIB (no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos) y con el consumo que desciende, fruto de la desocupación y los bajos salarios [4]. El resultado de las PASO es el fiel reflejo de la situación, el 68% (sesenta y ocho por ciento) de los sufragantes votaron contra la política del gobierno de Cambiemos.

La deuda externa se acrecienta. De agosto a diciembre de 2019 se debe hacer frente a vencimientos en dólares de Letras del Tesoro de la Nación (LETES) en esa moneda, por 11.807 millones. Paralelamente, tras las elecciones PASO, la baja en el precio en divisas de nuestros títulos de deuda obligó al gobierno a rescatar BONAR dados en garantía, pagando el REPO (seguro) por 2.615 millones de dólares que, sumados a la compra persistente de divisas por parte de la población, hizo que desde el lunes 12 al jueves 22 de agosto las reservas internacionales del BCRA pasaran del equivalente de 66.390 millones a 59.790 millones de dólares. Se infiere que de libre disponibilidad debe ser en torno al 20% de esas reservas brutas (hasta hoy, pero es obvio que van a ser cada día menos ante el persistente drenaje de divisas por la compra de dólares, como lo refleja el mes de julio de 2019, en que se vendieron reservas del BCRA por 2.951 millones de dólares y el acumulado del año fue de 13.832 millones de dólares), con lo que queda claro que se depende de que se reciba el tramo de septiembre de 2019 del FMI por unos 5.421 millones [5] para poder pagar los vencimientos de las LETES. De no percibirlo, se incurre en default de hecho.

El marco descripto se agrava cuando observamos que  un 30% de los depósitos en dólares captados por el sistema financiero legal de 33.229 millones al jueves 22 de agosto de 2019, forma parte de las reservas internacionales del BCRA (al funcionar como encaje de esos depósitos), otra parte financia importaciones (y no se puede cancelar automáticamente si no se renueva el depósito a plazo), otra parte tienen productores agropecuarios y otros potenciales exportadores.

A ello debe sumarse la conversión de los depósitos a plazo fijo en dólares, que va a ir in crescendo a medida que el dólar demuestre que no tiene techo. Esto pasará por la simple razón de que se depende de ingresos de divisas que a su vez no se realizan, porque esperan que el precio en moneda nacional de la misma sea mayor.

El fin del gobierno de Cambiemos se desbarranca en la crítica situación relatada, sin poder controlar las variables económicas internas y externas y con niveles de desocupación y de pobreza que nos asemeja al desenlace del gobierno de Alfonsín o de De la Rúa. Deslegitimado y sin apoyo de ningún tipo, la única y crucial diferencia es que el FMI (y detrás los EE.UU.) por ahora no lo han abandonado.

El hecho auspicioso es que la población argentina en su más amplia mayoría rechaza el modelo de subordinación al capital financiero y al FMI.  El efecto negativo es que no se da a conocer a ciencia cierta cómo retomar el camino del crecimiento y la mejora en la redistribución del ingreso, máxime cuando se depende de recursos y de refinanciar la deuda del FMI que es el mayor representante del primer modelo.

Las enseñanzas de la Guerra Civil

La Guerra Civil Española refleja la confrontación entre los dueños de todo y los desposeídos de todo tipo, costó más de 540.000 muertos y la imposición de la dictadura franquista por 35 años. Con el apoyo de las fuerzas y pertrechos italianos de Mussolini y alemanes de Hitler, el avance de los sublevados era imparable, la República no tenía una sola dirección y hasta confrontaron violentamente entre sí anarquistas, socialistas comunistas, la izquierda republicana y la unión republicana, los nacionalistas catalanes y vascos y las centrales obreras de la UGT y de la CNT.

Por más gestos de heroísmo y solidaridad sin una férrea y reconocida dirección, ante un enemigo poderoso en lo económico, con apoyos internacionales concretos en hombres y equipos, y, sobre todo, con una sola conducción bajo el mando de Francisco Franco y todo un andamiaje cultural y religioso (un solo Dios, una sola bandera, una sola patria), tras tres años de cruenta lucha, el ejército republicano debió claudicar.

De allí la importancia de un programa común y de gente confiable que la lleve adelante. Se cuenta con la ventaja de lo mucho y bueno realizado por los gobiernos kirchneristas, que, por supuesto, la prensa del sistema critica. Pero esos hechos son fácilmente contrastables con los del gobierno de Cambiemos. Con lo sufrido por la población alcanza para ganar las elecciones, pero no para gobernar.

Gobernar es tener un plan, una férrea alianza social que lo sustente (y se debe contar con el apoyo y las inversiones de la burguesía local) y disponer de un avezado equipo convencido y consustanciado de lo que se debe hacer. De otra manera se incurre en las debilidades y contradicciones del gobierno republicano de Santiago Casares Quiroga, que fue hostigado desde su asunción a comienzos de 1936 por la Falange y que, con el apoyo del pueblo, enfrentó la sublevación del General Francisco Franco en julio de ese año, iniciándose de ese modo la guerra civil que después no pudo dirigir.

[1] Documentos del National Security Archive

[2] Salvo el “Bono” a 100 años

[3] En el Balance Cambiario del BCRA se denomina FAE – Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior. Obviamente nuestra burguesía se benefició de dichas compras, lo que hasta ahora no se puede saber porque el BCRA se niega a decir quienes compraron amparándose en el secreto bancario

[4] Como dice el candidato Alberto Fernández: “Lo único que generó Macri son cinco millones de pobres”.

[5] Es en DEG Derechos Especiales de Giro.

fuente:https://www.elcohetealaluna.com/el-choclo/