Informe económico mensual
La importancia de la “Intermediación Financiera” no es menor en relación al Valor Agregado Bruto en pesos constantes de las Cuentas Nacionales. La relación porcentual promedio es del 4,5 %; para tener una idea de su dimensión se la puede comparar con el sector de “Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura” que alcanza el 8.6 %.
Alta velocidad y ascendiendo en los indicadores analizados, ver “manojo” gráfico.
Normalmente la culpa de todo la tiene el Gobierno anterior; ocurrió y ocurrirá. Un mantra.
Debilidad, decir de la relación con el PBI, de la Base Monetaria, el M2 y el M1 se encogieron en dos puntos porcentuales entre el 2020 y 2021.
Los Billetes y Monedas fuera del sistema financiero también se redujeron en la relación porcentual, aumentando la velocidad de circulación.
Inflación y Tipo de Cambio (oficial) casi siempre crecientes y sin transpirar.
Aumenta la tenencia de Títulos Públicos en los Bancos Comerciales.
El Crédito al sector privado en la relación con el PBI se fue achicando, dos puntos porcentuales en los últimos años, digamos casi $ 5 billones, los Depósitos del sector privado lo hicieron en un punto porcentual.
Surgen diferencias al analizar el Sector Privado, ayuda a entender el papel del Sector Público en lo monetario. Se puede observar que en estos pocos años analizados los Banco Comerciales fueron achicando el porcentaje a Préstamos Privados. Pero no ocurrió lo mismo en los Depósitos Particulares en pesos y moneda extranjera y por cualquier concepto (cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo y otros) en los Bancos comerciales.
En casi todos los gráficos incluimos la inflación bajo el concepto de omnipresencia.
Y sin respuesta es cómo funcionan y que en tiempo impactan las políticas monetarias que se aplican. Asunto peliagudo.
Inodoro y Mendieta viven una situación muy particular por cuanto al presentarse una señorita buscando justamente a Inodoro, se da la siguiente conversación:
Indoro: “¡Pero yo soy Pereyra! ¡Yevo mis iniciales grabadas en el pecho!”.
Señorita: “I.P” Inodoro Pereyra. Me lo hacía más alto”.
Inodoro: “El hombre se debe medir por sus ideas y no por su estatura. ¡Y mi idea es concretar el sueño bolivariano: una América unida!”.
Señorita: “Sí… Pero pensé que guardaba esas ideas más arriba. Sí… Pero me lo hacía más alto”.
Inodoro: “¿Y sabe cuál era el sueño de Simón Bolívar, Mendieta? Ser más alto”.
Mendieta: “Era bajito Simón”.
Una deuda con historia
Fin de gobierno
En el corriente año se llama a lecciones para elegir un nuevo gobierno y ello genera obviamente incertidumbre sobre el presente y el futuro inmediato, situación que aprovechan los especuladores para presionar sobre el precio del dólar, dado que es la moneda de referencia para el atesoramiento y la fuga de capitales, en un país que ha sido devastado por la deuda externa en tres oportunidades en los últimos 47 años.
La deuda externa generada durante la última dictadura
En gran parte, esta deuda fue estatizada por los seguros de cambio generados en los 49 días en los que estuvo Domingo Felipe Cavallo como presidente del BCRA tras la guerra de Malvinas y continuados por su sucesor, Julio González del Solar, mediante canje de los títulos de deuda privado por títulos del Estado nacional. De esa manera, las grandes empresas deudoras pagaban su deuda en pesos al Estado y la Nación Argentina colocaba títulos de deuda en divisas a los acreedores (reales o ficticios).
La deuda externa, además de ser una hipoteca impagable para el pueblo argentino, fue una brutal transferencia de recursos a favor de la minoría beneficiada por la sangrienta dictadura militar y los también más que pagados bancos acreedores.
Cuando asumió la presidencia de la República Argentina Raúl Alfonsín, la deuda externa rondaba los 43.600 millones de dólares, su primer ministro de Economía, el Dr. Bernardo Grinspun, impulsó, por un lado, la investigación del origen de la deuda y, por el otro, un acuerdo de los países deudores de la región para montar una estrategia común, quienes se encontraron en la ciudad de Cartagena y de Mar del Plata en el año 1984.
Sin embargo, el 19 de febrero de 1985 se le pide la renuncia al Dr. Grinspun para que asuma Juan Vital Sourrouille. El día anterior, el ministro Grinspun había echado a los gritos de su oficina al representante del FMI, Joaquín Ferrán.
En 1985, el Estado seguía técnicamente en default, ya que solo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que esta devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de los intereses impagos. Solo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI; esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, que fue un plan de ajuste, que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno, para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.
El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios y un cambio de moneda (pesos por austral). Y el 1 de julio de 1985 mediante los comunicados A-695, A-696 y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar (firmados por Dagnino Pastore; Domingo Cavallo, Jorge Wehbe y González del Solar, funcionarios elegidos por Reynaldo Bignone y los jefes de las tres fuerzas armadas), por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, reconocido en el libro El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer [1] , donde dicen textualmente:
“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53 % de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en diciembre de 1985”.
Paralelamente, significó la licuación de la deuda externa privada a través de la aceptación de títulos de deuda externa como pago de redescuentos, on lending y avales caídos [2] , de esa manera la deuda externa privada se va transformando en pública, que, según sea la cotización del título público, implica la transferencia de deuda en contra del Estado nacional.
El 6 de febrero de 1989, el presidente del BCRA, José Luis Machinea, reconoció que había vilipendiado las reservas internacionales en los pagos y no contaba con un solo dólar más, lo que provocó la hiper-devaluación (de australes 17,62 a 650 cuando asumió Menem la presidencia de la República el 9 de julio de 1989, luego siguió a 10.000 el 1 de abril de 1991 —Plan de Convertibilidad—) y con ello la híper inflación, siendo esta de 3.079,5 por ciento para ese año 1989 y de 2.314 % en el año 1990, medidos por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC.
La negociación de la deuda externa Argentina 1985-1988 significó el pago de intereses de la deuda por la totalidad del superávit comercial del periodo (por 8.500 millones de dólares) y, sin embargo, la deuda externa pública creció de 43.600 a 63.200 millones de dólares.
El Presidente Alfonsín, que aceptó toda la deuda heredada de la dictadura, fue echado por los mismos que se beneficiaron. Fue Héctor Magnetto quien le dijo, ante el pedido de que lo dejen cumplir el mandato: “Usted no se da cuenta que ya estorba”.
La crisis del año 2001
La historia volvió a repetirse como un calco en el año 2001, el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economía, con recesión y tasa de desocupación abierta del 22 %, que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco Presidentes en 12 días de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares. El día 19 de diciembre de 2001 renuncia el ministro Domingo Cavallo y el 20 renuncia el Presidente De la Rua.
Los estertores de la convertibilidad presentan una división impulsada por los capitales extranjeros que querían la dolarización (pensemos en las empresas privatizadas con mercado cautivo y en general todos los que prestan y/o venden bienes y servicios al mercado argentino y los acreedores que quieren cobrar en divisas) y, enfrentados, los grandes grupos económicos locales (incluyendo los grandes terratenientes y acopiadores) y algunos conglomerados extranjeros que quieren salir de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario que ocasiona pérdidas al capital invertido y beneficia al poder económico, ya que sus recursos invertidos en el exterior y los ingresos corrientes de su saldo comercial están dolarizados.
Había estado López Murphy como ministro de Economía exactamente 15 días, y ya era Patricia Bullrich ministra de Trabajo, quienes ejecutaron un fuerte ajuste del sector público, anularon becas y pensiones, recortaron los programas sanitarios, anunciaron un recorte del 5 % del presupuesto para la educación y un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación Argentina, redujeron las indemnizaciones por despidos, recortaron los salarios públicos, las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y seguros de desempleo en un 13 %.
Lo reemplazó Domingo Cavallo, quien realizó un mega-canje de los títulos de la deuda externa el 4 de julio de 2001, para postergar los vencimientos por tres años para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010. A cambio, los intereses de la deuda fueron aumentados del 7 % anual a tasas del 16 y 18 % anual en dólares. Antes del mega-canje, la Argentina debía pagar en el período 2001-2031, por los vencimientos de su deuda, un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del mega-canje, ese valor se incrementaría en un 63 % y llegaría a los 98.400 millones de dólares, más los intereses. Obviamente, fueron denunciados y procesados todos sus partícipes, que la Justicia argentina, una vez más, dejó en la nada.
Así como Domingo Cavallo viajó expresamente a los Estados Unidos para afirmar que los créditos que le daban a la Argentina de 1989 no iban a ser reconocidos por el nuevo gobierno, en noviembre de 2001 la subdirectora del FMI, Anne Osborn Krueger, anunció que la Argentina no recibiría más recursos. Al no contar con reservas internacionales en el BCRA, esto provocó el pánico bancario. El 2 de diciembre, Cavallo anunció la drástica decisión: el “Corralito”. El propio ministro informó la medida por televisión y se encargó de explicarla: por semana no se podría retirar más de 250 pesos de las cuentas en los bancos (una suma insignificante), lo que desencadenó una ola de protestas hasta terminar en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La deuda generada por el menemismo, al principio pagada vendiendo a precio vil las empresas públicas, y después, la llegada de la Alianza continuando el mismo modelo, pero sin activos para vender, terminó de la peor forma.
Deuda externa de Cambiemos
La deuda externa argentina se incrementó en el gobierno 2016-2019 en más de 100.000 millones de dólares. La deuda con el FMI fue tomada sin cumplir con los mandatos constitucionales que exige que sea previamente autorizada por el Congreso de la Nación y, cuando se aceptó el crédito, no se cumplió con esa autorización, incluso violentando el propio estatuto del “Fondo”, que en su artículo 6, inciso “a”, dice que no se le puede prestar a un país en fuga de capitales y fue lo que hicieron, es más, fue lo que propiciaron para endeudar a la Argentina.
Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85 % de esta no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.
Es más, ese Informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares. Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares, puede demostrar en sus estado contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar la cantidad de dólares que realizaron entre los años 2016-2019, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos que les vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos. Y lo mismo pasa con las 100 primeras personas que compraron 822,6 millones de dólares en ese lapso y no lo declararon o lo hicieron muy parcialmente ante la AFIP.
Pero la situación es distinta esta vez. En primer lugar, la Argentina gracias a sus recursos naturales es el tercer exportador de soja y el décimo en alimentos del mundo. Rosario es el principal puerto del comercio exterior de granos y derivados del planeta. En el año 2023 disminuye fuertemente la importación de combustible, en el 2024 se alcanza el autoabastecimiento y en el 2025 se es un exportador neto. Se exportan 100.000 barriles de petróleo por día y en los próximos 3 ó 4 años se exportarán 500.000 barriles/día desde la Argentina.
En segundo lugar, la Argentina tiene, en lo que va del siglo XXI, un superávit comercial acumulado de 271.192 millones de dólares. En los años 2019, 2020 y 2021 las exportaciones superaron a las importaciones en 15.000 millones de dólares por año. Y en el 2022, el superávit fue de 7.000 millones por el fuerte crecimiento de las importaciones, más para cubrirse de una posible devaluación que por el crecimiento económico, logrando ese año la mayor exportación de nuestra historia: 88.500 millones de dólares, que seguramente será superado en el corriente año 2023.
Tercero, pese al buen desempeño comercial, las reservas internacionales de libre disponibilidad fueron solamente de 7.325 millones de dólares en el año 2022 (superando la meta exigida por el FMI). El problema reside en que, en solo dos meses del año 2023, el BCRA dilapidó 3.500 millones de dólares, tornando incierta la meta de reservas netas de 7.825 millones de dólares para el 31 de marzo 2023 en que comienza el ingreso de la cosecha gruesa.
Para corregirlo, sí debe poner la lupa en cómo funciona el BCRA y por qué vende la cantidad de dólares a tipo oficial que vende y, a la vez, por qué no hace cumplir la ley 19.359, Régimen Penal Cambiario de 1971, que en su artículo 29 dice: “El Banco Central de la República Argentina deberá: (…) b) Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija”.
Por último, el gobierno tiene varias cartas a jugar como la utilización de los swaps (pases) con China, extender el mismo acuerdo de pases con Brasil y hasta emplear los REPO [3] para sumar dólares a las reservas.
En síntesis
La no investigación de la deuda y el pago de esta con reservas internacionales del BCRA que nos pertenecen a todos es la causa de la corrida cambiaria. El gobierno todavía está a tiempo de apoyar el proyecto del senador Parrilli de investigación de la deuda [4] y, con los recursos logrados por la multa, pagar al FMI y que de esa manera sean los beneficiados del endeudamiento lo que la paguen y no el pueblo argentino.
[1] Presidente y director del BCRA en la gestión de Juan Sourrouille.
[2] Las grandes empresas no pagaban la deuda y el Estado, que había avalado esos compromisos, debió hacerse cargo del pago. Al no tener los recursos, el Tesoro de la Nación emitió nuevos títulos de deuda. Es más, mediante el decreto 1003/1988 se aceptaban títulos de deuda externa por avales caídos, como dichos títulos podían comprarse al 25 % de su valor nominal, ignificaba una nueva transferencia de recursos del Tesoro a favor de los grandes deudores. Tampoco fue casualidad que esas mismas empresas deudoras fueran las principales compradoras de empresas estatales en la privatización menemista.
[3] Consiste en entregar bonos del Estado y a cambio se recibirían dólares por los que se pagaría una tasa de interés.
[4] Tiene sanción del Senado (12/05/2022) y dictamen de mayoría (a favor) y de minoría (en contra) en la Cámara de Diputados de la Nación, pero nunca fue llevado al recinto.
Vuestros recursos naturales
Raúl Scalabrini Ortiz, memorando el 17 de octubre de 1945, dijo: “Era el subsuelo de la Patria sublevado”. Y lo fue, porque eran los trabajadores quienes entraban por la puerta de nuestra historia. Esos que recibían salarios paupérrimos y a quienes tener un trabajo no les garantizaba salir de la pobreza, porque el modelo imperante agropecuario-exportador necesitaba poca mano de obra. Sólo con el peronismo y el desarrollo del mercado interno pudieron vislumbrar un futuro diferente.
En pleno siglo XXI estamos igual, o peor. En diciembre de 2022, según el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT) mensual que necesitaba una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (sin contemplar el pago del alquiler de la vivienda) fue de $152.512 y la Canasta Básica Alimentaria, de $67.187. Ese mismo mes, el salario mínimo vital y móvil fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación era de $61.953: no alcanzaba, ni siquiera, para la alimentación de la familia. El RIPTE (salario promedio, según informa el Ministerio) era de $194.175,11, promedio de la remuneración de los 12 millones de trabajadores registrados. Mientras que los trabajadores de los sectores exportadores perciben mensualmente dos o tres veces esa suma, las remuneraciones de más del 60% de los trabajadores registrados no alcanzan a cubrir la CBT del INDEC. Trabajan y son pobres.
Esto fue posible por el modelo impuesto a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar, que trocó el crecimiento interno y la sustitución de importaciones por una matriz productiva y distributiva basada en las exportaciones de productos primarios (minerales, hidrocarburos, granos, carnes, etc.), que requiere pocas horas de trabajo y, además, necesita reducir el consumo nacional para aumentar los saldos exportables.
Otro gran pensador nacional, Arturo Jauretche, afirmaba respecto al Plan Prebisch, al que definió como el “retorno al coloniaje”: “La enorme masa de obreros y empleados tendrá que ajustar el cinturón a fin de salvar al país de una catástrofe que sólo existe en la inventiva de (Raúl) Prebisch. Pero al tiempo que el pueblo efectúe ese sacrificio, las clases parasitarias argentinas volverán a participar desmesuradamente en el reparto de una riqueza a cuya producción no han aportado ni esfuerzo ni inteligencia”.
La historia se repite. Y el motivo es pagar una deuda, tomada por la gestión de Cambiemos, de más de 100.000 millones de dólares, que compraron –principalmente y a precio vil– los dueños de las 200 empresas que se benefician con la venta a como dé lugar de los recursos naturales que nos pertenecen a todos y que representan el 70% de nuestras exportaciones. Esas exportaciones son realizadas básicamente por acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y su industrialización y por empresas ligadas a la minería y a la energía. Las primeras las vimos en la nota pasada; a continuación, nos ocuparemos de las extractivistas.
Parte de la soberanía
Hasta mediados de los años ’70 del siglo pasado en los países de América Latina, el dominio minero y energético formaba parte de la soberanía estatal. Ambos eran considerados un patrimonio fundamental, incluso propiciado por las Naciones Unidas, que lo presentaba como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales y, en particular, de los no renovables.
La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina, iniciada con el golpe cívico-militar de 1976 y potenciada por el menemismo en los ’90 (con la inclusión en la Constitución Nacional del artículo 124, que en su segundo párrafo dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”), tuvo como objeto la maximización de la tasa de ganancia y una preponderante participación del capital extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo del país por la lógica exclusiva de maximizar el retorno de la inversión en divisas para sus dueños.
Minería
Las exportaciones mineras de la Argentina vienen creciendo sistemáticamente todos los años. El INDEC publicará el total de las ventas externas del complejo del sector minero metalífero y litio de 2022 el próximo 2 de marzo, pero ya podemos proyectar que será una cifra récord, ya que el sector declaró exportar por 2.840 millones de dólares en el primer semestre de 2022, cifra que supera en un 36,5% a igual período de 2021.
Las crecientes exportaciones de minerales, tras la reforma del marco normativo, y dirigido por la Inversión Extranjera Directa (IED) en la explotación de yacimientos metalíferos (explotaciones de oro, cobre, plata, y litio, fundamentalmente) sobre áreas cordilleranas y a gran escala, así como de otros materiales (metálicos y no metálicos), generan concentrados minerales destinados a la exportación.
Por su importancia y por ser el metal más exportado, las minas de oro del país son las que hasta el momento más se han desarrollado: Veladero (Barrick Gold-Shandong) en San Juan (considerada entre las diez minas de oro más grandes del mundo); Bajo la Alumbrera y Agua Rica en Catamarca (cuyo principal accionista es Glencore, firma en la que tiene participación BlackRock); Cerro Vanguardia (AngloGold) y Cerro Negro (GoldCorp, de Canadá) en Santa Cruz. Todas ellas son explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del respectivo estado provincial. La producción argentina de oro declarada ronda los 62.000 kilos anuales y los principales mercados de destino se concentran en Suiza, Canadá y Australia.
En el caso del litio, si bien China controla más del 70% de la fabricación mundial de baterías, la producción en Chile y la Argentina está dominada desde hace décadas por capitales de Estados Unidos, Canadá y (más recientemente) Australia y Japón. Sin embargo, se asume como propio el temor de Estados Unidos ante la incipiente presencia de China y Rusia, expresado por la jefa del Comando Sur, Laura J. Richardson, que ve amenazado su dominio sobre el Triángulo del Litio (Puna de Bolivia, Chile y la Argentina, que representa el 60% de las reservas de carbonatos de litio del mundo): “Están allí para socavar a Estados Unidos. Están allí para socavar las democracias”, dijo sin inmutarse.
La empresa norteamericana Livent, que explota el Salar del Hombre Muerto de Catamarca desde hace 25 años, fue multada por demostrarse fehacientemente que exportaba más cantidad y a mayor precio de lo que declaraba. El segundo proyecto en operación del país está en Jujuy, a cargo de un joint venture formado por la australiana Allkem y la japonesa Toyota Tsusho. El tercero se encuentra en el Salar del Rincón en la provincia de Salta (explotado por Río Tinto, empresa anglo- australiana).
Gracias a la ley 24.196 de Inversiones Mineras de 1993, las regalías representan apenas el 3% del precio declarado y cuentan con estabilidad fiscal –que implica la exención impositiva y del pago de derechos de importación– por 30 años.
Energía
En el sector energético, dos empresas concentran el 70% de la extracción de petróleo crudo (YPF S.A., en la que BlackRock posee un 6,06% de participación en su capital) y Pan American Energy; cinco empresas concentran el 80% de producción de gas y cinco, el 50% de generación de energía eléctrica.
La explotación de la Cuenca Norte del Mar Argentino por parte de la filial de la noruega Equinor e YPF –que se dividirán en partes iguales el 70% del bloque– y Shell, que ingresará con el 30% restante, significa la aparición de un tercer gran operador. El área comprende 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande de esa cuenca. Actualmente, Equinor e YPF son socios en otros dos bloques en la cuenca Argentina Norte, el CAN 102 y el CAN 114, que fueron adjudicados en la licitación que realizó el gobierno anterior.
YPF, Shell y Equinor ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta. Equinor, además, participa con el 50% en el bloque Bajo del Toro, de 157 kilómetros cuadrados, en la formación neuquina de hidrocarburos no convencionales, a través de un acuerdo que se firmó en enero de 2018 con YPF.
En la etapa de extracción de gas, las empresas que participan son: YPF, Total Austral, Pan American Energy, Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.
El transporte es controlado por Transportadora de Gas del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, BlackRock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.
Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas NEA, las cuales se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.
Entre las 100 empresas que fugaron capitales durante la gestión de Mauricio Macri aparecen Pampa Energía S.A., con la compra de 903.829.771 dólares; YPF S.A., 602.766.335 dólares; Total Austral S.A., 272.177.928 dólares; Wintershall Energía S.A. Argentina, 270.044.431 dólares; Transportadora de Gas del Norte, 231.384.402 dólares; Transportadora de Gas del Sur, 162.291.030 dólares; Pan American, 98.400.040 dólares; Pluspetrol S.A., 96.075.676 dólares; Tecpetrol S.A. (grupo Techint), 92.627.000 dólares; Camuzzi Gas Pampeana S.A., 92.125.232 dólares; Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L., 83.832.490 dólares y Petrobras Energía S.A., que adquirió 82.992.275 dólares.
En 1992, tras la privatización del servicio público de electricidad en el país, se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), una sociedad anónima cuyo principal accionista es el Estado nacional. Es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país, ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. También interviene en las importaciones de gasoil y fuel oil para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad. Todo esto lo realiza con subsidios del Estado, fijados en el Presupuesto Nacional, que es en pesos, pero equivalente a unos 10.000 millones de dólares por año hasta 2022 [1].
La principal fuente de energía eléctrica en el país es la térmica, en base al carbón, el petróleo o el gas natural (prácticamente, el 60% de la generación eléctrica). Se le suma aproximadamente un 23% de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica), proveniente esencialmente de Yacyretá, seguida por Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón-Cerros Colorados, Futaleufú, Alicurá y otras menores. Con una baja participación en la generación, figuran las restantes fuentes.
En el caso específico de la electricidad, el transporte de energía eléctrica de alta tensión se realiza a través de grandes empresas privadas. La principal es Transener S.A. (cuyo principal accionista es el grupo Pampa Energía), que es concesionaria del servicio público que opera, mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional.
Otras transportadoras de energía eléctrica de alta tensión son Transba S.A., que es la concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires; y las Empresas de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., de la Patagonia S.A; del Comahue S.A.; del Noreste Argentino S.A.; del Noroeste Argentino S.A.; etc.
En el caso de las distribuidoras, las principales son Edenor S.A., en la que BlackRock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas, antes de venderla a la corporación Vila-Manzano-Filiberti por una suma declarada de 100 millones de dólares, cuando la empresa tenía una deuda con CAMMESA mayor a esa suma (en gran parte condonada por la Resolución 642 de la Secretaría de Energía del 12/09/2022, publicada en el Boletín Oficial el 13/09/2022).
La segunda distribuidora es Edesur S.A., cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de ese país. En Edesur tienen participación minoritaria las firmas Endesa de España y Edesur de Chile. Finalmente, se encuentran las empresas Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap, que preside Rogelio Pagano, quien años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.
En síntesis, podemos apreciar una fuerte concentración y extranjerización de nuestros recursos naturales en donde impera la propiedad privada. Así lo demuestran las 38.000 hectáreas que Joseph Lewis ostenta en la Argentina, que incluyen al Lago Escondido.
[1] Por la Resolución 642 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, las distribuidoras eléctricas Edenor S.A. y Edesur S.A. refinancian la deuda que acumularon durante los últimos años con CAMMESA, cuyo monto total asciende a 219.615 millones de pesos, por lo que abonarán 80.210 millones entre ambas en 96 cuotas.
La visión de Tokatlian sobre la ‘paz total’ y la legalización
No creo que sea exagerado afirmar que Colombia fue, por una combinación compleja y dinámica de factores externos e internos, el más violento y fracasado laboratorio mundial de la cruzada contra las drogas ilícitas; una cruzada que jamás fue una metáfora para el país.
En esa dirección, el lugar otorgado por el presidente Gustavo Petro a las drogas en su agenda interna e internacional es, por todo lo dicho hasta ahora, muy congruente. Ha invocado la urgencia de abandonar la ‘guerra contra las drogas’, ha impugnado el prohibicionismo y ha llamado a reorientar las políticas públicas en la materia.
Con justificada razón, pues en esencia el mundo (y no solo Estados Unidos) es prohibicionista, ha recurrido a la idea de regularlas como modo de afrontar el desafío generado por las drogas en Colombia y en el exterior. Su enfoque es razonable y merece destacarse.
(En contexto: En enero no se erradicó ni una sola hectárea de coca en Colombia: ¿por qué?)
A primera vista, quienes por años hemos criticado con abundante evidencia la prohibición y hemos exhortado a favor de políticas alternativas —llámese ‘reducción de daños’, ‘despenalización amplia’, ‘regulación modulada’, etc.— observamos que lo anunciado por Petro es un gran paso adelante.
Sin embargo, a mi entender es insuficiente y potencialmente infecundo. Más aún, me atrevo a conjeturar que la ‘paz total’ será improbable sin una legalización plena de las drogas, de todas, así como de su cadena de producción.
Durante lustros, Colombia ha llevado a cabo varios procesos de paz, con diferentes grupos armados, que han tenido dos elementos implícitos en común.
Primero, la idea de que la desactivación de las fuentes de violencia política permitiría la erradicación de las drogas y la consecuente superación, así no fuese inmediata, de las formas delictivas criminales vinculadas al negocio de los narcóticos. Segundo, la idea de que los posconflictos alentarían una presencia efectiva, recursiva y superadora del Estado en los territorios rurales y urbanos afectados doblemente por la contienda armada y el florecimiento de la criminalidad.
Desde el acuerdo con el M-19 en 1990, pasando por la negociación con los paramilitares en 2002 y terminando con el pacto con las Farc de 2016, ninguno de los dos supuestos se ha hecho realidad.
Dicho sea de paso, Washington nunca obstaculizó esos u otros compromisos, lo que lleva a pensar que Estados Unidos, sus tomadores de decisión y su burocracia aceptaron o toleraron esos dos supuestos.
Sin embargo, el Estado social de derecho ha llegado de manera dispar a los departamentos y regiones más afectadas por la violencia, el negocio de las drogas no se alteró de modo significativo y la violencia política, criminal, institucional y femicida no aflojó de forma decisiva. Y, ante cada frustración, la Casa Blanca reclamó más medidas coercitivas a la espera de que la ‘guerra contra las drogas’, por fin, lograra ser exitosa.
Es bueno recordar que las demandas punitivas de Estados Unidos siempre estuvieron acompañadas de asistencia: según el Washington Office on Latin America, solo entre 2000 y 2022 el monto otorgado a Colombia fue de 13.200 millones de dólares; 66 por ciento de ayuda militar y policial y 34 por ciento de apoyo económico e institucional.
Mientras tanto, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas informó en octubre de 2022 que el cultivo de coca llegó a niveles históricos en el país con 204.000 hectáreas en 2021.
Colombia en un laberinto
La ‘paz total’ será difícil de concretarse si se continúa operando bajo esta lógica y con esos supuestos. También lo será si el gobierno del presidente Petro espera un guiño oficial estadounidense a una estrategia audaz como sería la legalización plena.
Hoy es difícil encontrar en Estados Unidos una figura muy influyente como lo fue el magnate John D. Rockefeller, quien, en 1932 —un año antes de que la enmienda que estableció la prohibición del alcohol fuese derogada— manifestó que apoyó aquella enmienda de 1919, pero que había entendido que los resultados esperados jamás se lograron: “Al contrario, el consumo de alcohol se ha incrementado… una legión de criminales han aparecido… el respeto a la ley ha decaído y el crimen ha crecido a un nivel jamás visto antes”.
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En Estados Unidos, como en otras latitudes, aún prevalece una kulturkampf contra las drogas, así se esté llegando a casos horrorosos como es el consumo de la tranq dope, en la que se combinan sedantes para animales con fentanilo, produciendo efectos tan severos que derivan en amputaciones.
En parte es por este tipo de tragedias que hay fuerzas sociales, think tanks, legisladores, especialistas, comunicadores, ONG y personalidades que abogan activamente por un cambio de política frente a los narcóticos. En ese contexto, entonces, no sorprende el editorial de The Economist del 12 de octubre de 2022, que hace un llamado a que el presidente Joe Biden no sea “tímido”, pues es el momento “de legalizar la cocaína”.
Asimismo, no habría que esperar un acompañamiento de ámbitos como la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas. Cuando Uruguay optó por legalizar la marihuana, el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) acusó a ese país de tener una actitud “de piratas”, término que no ha usado con países desarrollados. Su condición autoasignada de “guardiana” de los tratados internacionales en la materia se ha visto crecientemente cuestionada debido a una sostenida pérdida de credibilidad: nada modificará, en el corto plazo, esa idea de paladín prohibicionista.
Por ello, no se trata de apelar solo a gobiernos respecto a la legalización: es vital el rol de la sociedad civil internacional y de organizaciones antiprohibicionistas ya que no solo factores ideológicos, sino también religiosos, inciden en las posiciones frente a las iniciativas para legalizar las drogas. Una amplia coalición de vulnerables (familias, comunidades, jóvenes, mujeres, minorías, etc.) frente a los efectos deletéreos de la prohibición es, cada día, más urgente. En breve, sumar aliados estatales y no gubernamentales no será fácil. Pero no intentarlo es prolongar una tragedia sine die. La historiadora y experta en el tema Kathleen Frydt, en una nota de abril de 2019 afirmó que “en 50 años la guerra contra las drogas será considerada algo inconcebible”. Es posible, pero el laberinto en que está Colombia en materia del vínculo paz-drogas es presente e ineludible.
(Además: EE. UU. ya tiene evidencia de pagos de narcos para obtener cupo en la paz total)
Sobre la legalización
El daño de la prohibición ha sido demostrado por innumerables investigaciones, documentos, tesis, informes; lo que resta es interrogarse sobre cómo superarla. Un conjunto de prejuicios, miedos, inercias, hábitos y desconocimientos facilitaron el rechazo a alternativas a la lógica de la ‘guerra contra las drogas’.
Ha habido avances en algunos casos, como el aumento de iniciativas a favor de la descriminalización y la despenalización, y la decisión de legalizar la marihuana. El esbozo de una política de legalización plena de todas las sustancias psicoactivas declaradas ilícitas y de la cadena de producción es, por ahora, muy incipiente.
A mi entender, y en especial para Colombia, concebir tal política exige precisar un propósito central. Con un horizonte de largo plazo, el objetivo debe ser el tránsito de la ilegalidad extendida a la legalidad integral: esto no es tarea de un solo gobierno y únicamente del Estado; esa delicada travesía será transitable y la meta eventualmente alcanzable luego de sucesivas administraciones y con una activa participación de la sociedad.
Por lo general, la legalización de las drogas ha sido objeto de atención y de estudio de acuerdo con las realidades propias de los polos de mayor demanda, y han sido más usuales los trabajos sobre cómo legalizar el uso de aquellas ante situaciones de crisis internas.
Así, el acento se ha ubicado más en la salud pública que en la seguridad nacional. En el caso colombiano, el fenómeno de las drogas trasciende las dimensiones de salud y seguridad: se trata de un asunto de supervivencia. De allí que hay que concebir la legalización como una cuestión estratégica para la viabilidad del país. Por lo tanto, el diseño de una política en la materia debe partir de la existencia de múltiples asuntos en el tema de las drogas. La complejidad de la situación de Colombia no se resuelve comparando modelos como la legalización del alcohol y su presunta aplicabilidad.
Adicionalmente, una alternativa a la prohibición debe sustentarse en razones tanto prácticas como morales. Explicitar los motivos éticos y empíricos para validar la decisión de legalizar resulta fundamental. Los prohibicionistas no poseen una moralidad y cientificidad superior a quienes los impugnan: por ello, las fuerzas prolegalización deben justificar de modo preciso los valores y propuestas que enuncian.
Y a diferencia de los impulsores de la prohibición, las voces a favor de legalizar debieran contemplar los riesgos potenciales —que existirán— y los efectos imprevistos —que también se producirán— para así elaborar una política abierta a la deliberación y a la rectificación.
Explorar opciones es clave. Más recientemente se ha presentado un proyecto de ley en Perú para regular el cultivo, producción, comercialización e industrialización de la hoja de coca y para la tenencia, así como en Colombia para que el Estado asuma un papel clave en la legalización de la coca.
En algunos países, la cocaína ya es legal para ciertos usos medicinales y también ha sido descriminalizada en pequeñas dosis. A lo largo del tiempo han surgido planteos para establecer, entre otras, clínicas que permitan, en situaciones de disponibilidad controlada, el uso de sustancias psicoactivas, así como mecanismos de licencias de venta al por menor de ciertas drogas, etc. En breve, existen varias ideas e iniciativas.
Una propuesta
Es vital entender que entrelazar simultáneamente ‘paz total’ y legalización plena es y será una decisión trascendente que no producirá apoyos inmediatos de algunos países poderosos, de importantes actores sociales y de la mayoría de los uniformados: habrá quizás, al inicio, muchos más detractores que alentadores. Habrá que tener paciencia estratégica.
En este contexto, creo que el Presidente podría convocar a un grupo de trabajo especial para estudiar en profundidad y presentar a la ciudadanía una política de legalización plena. Lo fundamental será elaborar y ejecutar una propuesta realizable y que acompañe, de entrada, a la iniciativa de ‘paz total’. Pero que, además, se convierta en un espacio de seguimiento de las políticas aplicadas para no repetir las falacias, errores y tragedias del pasado. Como afirmó Bertolt Brecht en 1951, en su carta abierta a los artistas y escritores alemanes: “La gran Cartago libró tres guerras. Aún era poderosa después de la primera, aún era habitable después de la segunda. Ya no pudo ser hallada después de la tercera”.
https://www.eltiempo.com/justicia/tokatlian-analiza-la-violencia-y-el-prohibicionismo-de-drogas-en-colombia-744167
Arias Gibert: «Necesitamos jueces que sean pueblo»
El juez Enrique Arias Gibert fue cuestionado y perseguido durante su trayectoria por su posicionamiento político. Sus sentencias son pequeños ensayos y contienen citas a Marx, Perón, Lacan o Heidegger. Lo jurídico, en Gibert, no es una herramienta técnica, sino el formato en que el hombre se piensa en comunidad. El derecho como sistema filosófico y forma de organización popular.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Por qué el Derecho está tan emparentado a las leyes, es decir, a su parte positivista? ¿Qué hace que el derecho resulte aburrido y se vea como una “cosa de abogados”, de operadores jurídicos?
Enrique Arias Gibert: Claro, lógico que es aburrido. El problema es que, en realidad, no existe una distinción entre lo jurídico, lo sociológico y lo moral. Todas esas pavadas que dividen los objetos de conocimiento como si fueran un tema de latifundios (acá empieza uno, acá termina el otro), es falso, porque en realidad, la diferencia está en la perspectiva. Por ejemplo: ¿Un contrato qué es? Si lo querés analizar físicamente, podríamos pensar en el efecto de la lapicera sobre el papel. Si lo querés analizar económicamente, estás preguntando qué condiciones o qué regula ese contrato. Si lo querés preguntar éticamente, decís: “esto suena a contrato de usura”, y así. El problema no es el objeto, el objeto no cambia, el objeto siempre es el mismo. Lo que cambia son las perspectivas.
APU: Sin embargo, hay una realidad social que ve al derecho emparentado a las leyes, a un mundo ajeno y apartado de la gente de a pie…
E.A.G.: El derecho como autosuficiente es una ideología. Es la típica ideología liberal. Por ejemplo, cuando la ideología liberal compara democracia y dictadura, ¿qué sucede? La democracia es lo que está sometido al derecho, entonces dictadura sería lo que está sin ley, afuera del derecho. Para la ideología imperante del liberalismo, los actos están de acuerdo a la ley o fuera de la ley. Cuando se dice: “estamos a favor de los derechos del ciudadano y no de los delincuentes”, ahí la ley actúa como elemento totalitario, es decir, el delincuente es el que no tiene derecho. “Es derecho porque hay ley”.
Fíjate que en esta idea de derecho hay toda una tautología, es decir, “derecho”, para ellos, es lo que se ajusta a una legalidad determinada. Pero esa legalidad determinada en toda sociedad, ¿Cómo surge? Alguien la impuso. Y eso no te lo explican. Entonces ¿En qué se funda el derecho? En una no-norma. Y esa “no-norma” es, justamente, la síntesis de las relaciones sociales de producción, de reducción, de distribución, de consumo.
APU.: ¿Qué sería esta no-norma?
E.A.G.: La norma fundamental de una sociedad poco se analiza. Son los elementos de contenido, de diferenciación, de clase, si querés llamarlo así. Es decir, ¿cuál es la clase dominante en una sociedad? Si vos haces un planteo para que no desalojen a un inquilino, viene la policía y te cagan a patadas. Si vos haces un planteo para que no desalojen un barrio popular sucede lo mismo. Pero si vos sos Vilas, Manzano, Lewis, ¿cuál es tu problema? Por eso cuando vos analizas el derecho como causa de sí mismo, como sistema propio, sin analizar “la norma fundamental” o la no-norma, en realidad, lo que estás haciendo es invisibilizar las relaciones sociales que existen, con lo cual el derecho opera como ideología.
APU: Es la teoría marxista en relación al derecho…
E.A. G.: Si, pero no la de los marxistas. Hubo gente que malinterpretó al marxismo, a Marx, llámese Stalin, llámese Trotsky. Muchos marxistas deberían leer a Marx. Les resultaría una experiencia inolvidable. Ellos creen que la dictadura del proletariado es uno de los modos de entrar en el socialismo, pero Marx nunca dijo que la dictadura del proletariado fuera el modo de hacer o de entrar al socialismo. De hecho, hay un parrafito muy lindo de Engels criticando a los marxistas que hicieron el Programa de Erfurt en 1891. (cuánta razón tenía Marx cuando decía “yo no soy marxista”…): “Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera solo puede llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática, como lo ha demostrado esa Gran Revolución francesa”.
Derecho y democracia
APU.: Entonces, recapitulando para que en una sociedad haya justicia, ¿debe haber una democracia popular más allá de la legalidad?
E. A. G.: Habíamos dicho que en la democracia puede haber pueblo, que es muy diferente de decir que democracia es ajustarse a la ley. Porque la ley tiene una serie de normas, pero, a su vez, también esas normas están en un contexto que determina lo que son. De hecho, fue muy fácil derogar la Ley de Medios y es muy difícil reconstruirla ese a toda la participación que tuvo. Creo que no hubo ley más democrática, más discutida que la Ley de Medios. Y, sin embargo, se deroga en dos segundos y no hay forma de recuperarla.
Democracia como poder del pueblo es totalmente diferente a democracia como ajuste a la legalidad.
APU.: ¿Hubo alguna vez en la Argentina una expresión que haya articulado estas concepciones que usted describe entre democracia y pueblo?.
E.A.G.: Vos tenés un hecho revolucionario que transforma la Argentina que, por supuesto, no tiene reconocimiento de todos los bien pensantes, que se llamó 17 de octubre de 1945.
El 17 de octubre de 1945 transforma la sociedad. Es lo que hizo que lo que ya estaba presentado en la sociedad, pero que no tenía ninguna representación, esa clase obrera negra que sale del conurbano y aparece en esa Buenos Aires casi europea a mojarse las “patas” en la plaza, sea representado. Esto cambia totalmente nuestra manera de concebir el derecho y cómo funciona el Estado. Es decir, fijate vos, que ese carácter elemental, revolucionario, del 17 de octubre, tan bien expresado en palabras de Scalabrini Ortiz -“el subsuelo sublevado de la patria”-, a su vez era interpretado como un aluvión zoológico. En uno y otro caso, están diciendo que lo que no estaba, aparece, y tiene toda esa fuerza.
APU.: Ahora bien, los procesos revolucionarios parecieran ser una combinación de fuerzas inéditas incontrolables y procesos conducidos ¿Cuánto hay de previsión e improvisación?
E.A.G.: No hubo una revolución en la historia que no fuere fruto de las mayorías. Obviamente, las mayorías son conducidas por alguien o por un líder, pero no es que la revolución del 17 de octubre no fue de mayorías populares. 1917 no fue de un grupo que estaban pensando y habían leído a Marx y se habían intoxicado con El capital. Fue un pueblo que actuaba porque no encontraba otra salida frente al hambre, y frente a una guerra que no cesaba;, un pueblo amenazado, además, por el retorno del zarismo, y ese pueblo era mayoritario. La tradición marxista dice que la Revolución francesa fue de la burguesía (¡las pelotas que fue de la burguesía!), son unos zancudos los tipos que no tenían pantalones. De hecho, la toma de la Bastilla no estuvo en la cabeza de nadie, o sea, la toma de la Bastilla se produce en el momento en que ya se había producido la rebelión de los parlamentarios del tercer Estado, pero empiezan a aparecer tropas realistas en las afueras de París. La Bastilla está a las espaldas de ese barrio de París que se llama Le Marais, que significa “la ciénaga” (obviamente, ¿en la ciénaga quiénes están? Los descamisados de Francia…). Los descamisados de Francia, cuando ven que tienen por delante a los realistas y por atrás la Bastilla, son el jamón del sándwich ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tomar la Bastilla, que no está en los planes de nadie, y eso radicaliza la Revolución francesa.
El 17 de octubre no lo planeó nadie, se equivocan todos los que creen que la revolución se puede adoctrinar, porque viste que los marxistas suelen creer que, entre los cambios sociales y el catecismo cristiano, hay un gran parecido… Pero hay algo que es fundamental, que es lo que decía Walter Benjamin: “la revolución es el freno de mano de la historia”. Cuando el desastre es tan grande, cuando lo que se nos viene encima es tan terrible, entonces tenemos revolución, y eso fue el 17 de octubre, cuando todo el “gorilaje” lo había echado a Perón y amenazaba con volver para atrás todo lo que había hecho Perón.
Es incluso el 19 y 20 de diciembre de 2001, más allá de que no tuviera clara la dirección y todo lo que podemos discutir sobre la ideología del 19 y 20.
Libertad en tiempos modernos
APU.: ¿Qué es la libertad hoy en día?
E. A.G.: Hay temas que son fundamentales, que parece que nos olvidamos que tendrían que estar vigentes entre nosotros aunque no estén. Por ejemplo, que no existe libertad para atentar contra otra libertad. Y ahí estamos jugando otra vez con dos conceptos de libertad que son fundamentales., Uno es la concepción liberal de libertad “vos sos libre si elegís Wrangler o Levi’s “, y otra es la concepción de libertad propia de quienes saben lo que significa políticamente libertad. La ameba tiene libertad de elección, si se equivoca y cree que algo es para comer, va a ser comida;, si se equivoca y cree que no puede comer, se va a morir de hambre. Eso es la libertad de los liberales, no es una libertad jurídica ni es una libertad política.
La libertad es hacer más potencia, es decir, todos tenemos una potencia, somos más libres cuanto más potentes somos, es lo que decía muy spinozianamente Jauretche, cuando decía que el arte de dominar a los pueblos consiste en entristecerlos. Los pueblos tristes nunca vencen, nada grande y nada bueno se cosecha sin alegría, y la alegría es, por definición, la potencia en Spinoza. Del mismo modo que la potencia y la composición de los cuerpos, cuando los cuerpos se juntan hacen una potencia mayor. Spinoza decía que el modo más absoluto de gobierno es la democracia, porque cuando vos pones el poder de todos los cuerpos compuestos no hay nada que esté por encima de ellos, y es el carácter constitucional que tienen grandes revoluciones como fue, por ejemplo, el 17 de octubre. O sea, la Constitución del 49 es un resultado, es la consagración jurídica de la revolución que hace el pueblo el 17 de octubre en las calles, cuando se mojan las “patas” en la plaza.
Trabajo y nuevas formas laborales
APU.: Yendo un poco a nuestra democracia actual, me gustaría escuchar su análisis sobre estas “nuevas formas laborales”, como los trabajadores de aplicaciones, donde se desplaza a la figura del trabajador por la del emprendedor.
E. A.G.: En primer lugar, sería bueno volver a Norberto Centeno (creador de la Ley de Contrato de Trabajo). Fíjate vos que hay un artículo olvidado, negado, de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el artículo cinco, que define a la empresa. ¿Qué dice? Que la empresa es la organización de medios materiales y personales bajo una dirección, bajo el logro de fines económicos o benéficos. Desde el momento en el que vos sos un medio de un fin ajeno, ya estás definiendo la relación de dependencia. O sea, es una “huevada” eso de que la relación de dependencia no está definida. De hecho, todo empleador es empresario. No hace falta que seas una empresa capitalista. Sos un miembro de unaa familia que contrata una empleada doméstica, sos un empresario en ese sentido. Porque todo texto (o todo significante) está en relaciones determinadas en ciertos parámetros. En este sentido, sos empresario.
APU.: ¿Cómo se determina si hay relación laboral?
E. A.G.: La relación laboral no es porque surge del contrato o de lo que se firma, y el contrato no es tampoco lo que se firma. El contrato es justamente esa conducta de cooperación, no es el papel. Por otro lado, vos estás en relación de dependencia o no estás, no hay un punto intermedio. No hay una categoría intermedia. Esto tiene que ver fundamentalmente con que con el concepto de Norberto Centeno, que es un tipo que analiza simbólicamente, es decir, que un significante está en relación de diferencia con los demás significantes.
Por eso, vinculándolo con el tema político, para el marxismo habría una especie de trabajador arquetípico. El arquetipo del trabajador sería con un mameluco al lado de la fábrica. Y en realidad, lo que tenés que analizar es la relación que vos tenés:, si sos medio personal o no.
Para eso hace falta entender algo que es sociológico, y no se analiza demasiado en la teoría del derecho del trabajo, que es, justamente, que para producir, vos necesitas tres elementos: un objeto a ser transformado, un medio para ser transformado y fuerza de trabajo. Lo único que está repartido en nuestra sociedad de manera igualitaria es la fuerza de trabajo. El objeto y el medio de producción, no. Los medios de producción dependen claramente de cada sociedad de la que estemos hablando, no hay una forma matemática de analizarla. A ver, vamos a ser claros, vos no me podés decir que el pibe que reparte pedidos es un trabajador independiente porque tiene su instrumento de producción de transporte, que es la bicicleta.
APU: Hay una orfandad de conceptos, como si al nuevo capitalismo y a esta filosofía digital le interesase la liviandad, lo moldeable.
E. A.G.: Justamente, lo primero que tenemos que tener claro son los conceptos. Yo siempre fui partidario de clasificar conceptos. Si sos el dueño de un camión en Chacarita, más vale que tenés que ir a una empresa de transportes que generalmente te ubica te dice a dónde tenés que ir, cómo hacer. Aunque tengas un camión, que ya es una cosa más grande que una bicicleta, seguís siendo un trabajador. No sos independiente. Por el otro lado, si vos tenés un camión, pero estás en Corral Quemado, en Catamarca, podes ser un verdadero empresario, porque las relaciones sociales también determinan la dependencia o independencia.
La relación de dependencia, el trabajo y todo lo demás, se maneja en relaciones sociales. No hay un obrero arquetípico. Por eso, Marx y Engels decían que no se puede analizar como una esencia o una sustancia al trabajador, sino en relación con otros sujetos en el marco de una sociedad completa. El capitalismo tiene una característica de revolucionarse a sí mismo todo el tiempo, por lo que el obrero no va a ser el mismo en el siglo XIX, que en el siglo XX y en el siglo XXI. Hay una cosa que es interesante, que es la crítica que hace Engels al Programa de Erfurt: No hay tal conciencia de clase, lo que hay es una conciencia de la situación de clase, que no es lo mismo”. La conciencia de la situación de clase es entender no que “sos obrero” es entender en qué lugar están ustedes como obreros o como trabajadores o como sea respecto del resto de la sociedad. Que no es lo mismo que conciencia de clase, que es autorreferencial, como el famoso sujeto cartesiano que se piensa a sí mismo. Con eso te das cuenta que Marx era peronista. En el peronismo vos no pensás solo Marx podría haber afirmado tanto como el Eternauta, que no hay héroes individuales, el único héroe es el héroe colectivo.
Justicia Argentina
APU.: ¿Qué significa ser un juez en Argentina?
E. A.G.: Una cosa que me interesó siempre es estar vinculado al problema de educación popular en los barrios populares, pero por supuesto que eso es una actividad prohibida “para un juez”, porque eso significaría hacer política.
Hay una falsa idea de que los jueces “hablan sólo a partir de sus sentencias” o que los “jueces no pueden actuar en política”. No hay forma de no ser político. Los griegos lo decían claro, el que no es político, el que no se ocupa de la Polis ¿Qué cosa es? ¿Cómo le decían al que no se ocupaba de la Polis? Idiota. Y no está bueno que los jueces sean idiotas, que sean tipos que no entienden de qué están hablando, que sólo encuentran iguales en el mercado y no importa de qué formas son iguales porque eso implica una inmersión en la realidad.
Pero, por otro lado, hay algo que siempre me preocupó entre los sectores populares. La idea esta de: “queremos que los jueces se parezcan a sus pueblos”. No es ese el objetivo. Necesitamos jueces que sean pueblo, no que se parezcan. Si se parecen cagamos. O sea, aunque tomes mate, te vas a estar formando en una cultura de privilegios, en un lugar de aislamiento de privilegios.
APU: ¿Cuál es el camino para que haya más jueces que sean pueblo o, en definitiva, para lograr una justicia popular?
E. A.G.: Algo que se podría pensar, por ejemplo ¿Por qué no se ponen jueces por jurado en el fuero laboral? Eso jamás te lo van a conceder, porque el problema está en que la mayoría no son empresarios, y cuando se encuentren con la situación concreta van a perder. De hecho, Aristóteles decía que Atenas tenía un gobierno mixto: tenía democracia tenía aristocracia. Aristocracia del proceso directivo, y el proceso democrático era el de los jueces ¿Por qué? Porque eran elegidos por sorteo.
La democracia, que es el gobierno de los que no tienen nada en especial, el gobierno de todos iguales, sea por sorteo o puede emitirse por grandes colegiaturas, o sea, por ejemplo, ¿cuál sería el problema de que las leyes fundamentales fueran votadas por todo el pueblo? Por ejemplo, con una buena discusión: ¿debemos o no debemos aprobar el FMI? ¿debemos o no debemos tener la Ley de Medios? ¿debemos o no debemos volver a crear el IAPI? ¿Debemos o no debemos? Esas son cosas que, yo creo, tenemos que tener más claras, sobre todo, teniendo en cuenta que la democracia es algo que se puede ganar y que se tiene que ganar, y que todavía está en el futuro. Y esto, yo creo, hace también al pensamiento peronista.
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/arias-gibert-necesitamos-jueces-que-sean-pueblo
Una moneda nacional sólo puede valorizarse si se valoriza la producción
El liberalismo consiste en que el capital dominante pueda aprovechar su situación gracias a la plena libertad de las empresas y a la menor regulación posible, salvo en las épocas de crisis, en que el Estado regulaba con pleno consenso para volver a la situación previa, tal como aconteció con la crisis de 1929, la mayor parte de la década siguiente y la consecuencia final de la crisis, que llevó a la 2ª Guerra Mundial.
Cuando se terminó la posibilidad de expansión del sistema sobre la base de la moneda estadounidense, el dólar, dio lugar –para enfrentar la crisis del petróleo de los años setenta- a sustentar la expansión propia de la llamada Era del Bienestar a través del crecimiento del crédito, a tal punto que la inversión de capital financiero supera a la del capital productivo y la deuda se hace impagable, por la imposibilidad de hacerlo ante una deuda de valor mayor que la producción que debe pagarla.
El liberalismo instalado en los países industrializados acumulaba ventajas al concentrar el desarrollo industrial, a través de fomentar la especialización primaria de la periferia, pero eso ya no alcanza. Y Estados Unidos, que era su pilar básico de sostenimiento, ahora debe recurrir a la guerra sin su intervención directa o a debilitar a la Unión Europea, ya sea con el Brexit, que le quitó a Gran Bretaña, o mediante una participación europea más directa en la guerra.
De ahí que una economía nacional ya no pueda enfrentar al sistema mundial. Por eso, más que nunca, el centro del problema está en entender dos cosas fundamentales: la primera es que la respuesta no está en la moneda sino en la producción, y la segunda en comprender la situación internacional, en que el sistema mundial es decisivo, algo muy lejano para el peronismo que pretende seguir con la fórmula del mercado interno y tampoco comprende la paulatina integración del capitalismo como sistema.
El neoliberalismo consiste en el predominio de las finanzas en el sistema mundial, que modifica la economía y la política. A medida que avanza y se profundiza el neoliberalismo, el sector económico dominante pretende apropiarse del Estado no ya por el golpe militar, del que desconfía, porque debe enfrentar una crisis financiera final del sistema mundial, aunque de larga duración, pero no hay manera de hacerle frente más que desde adentro del mismo, porque ninguna economía nacional lo puede superar por sí sola.
Hasta ahora, sólo Estados Unidos podía hacerlo, pero no en la actualidad, sino a costa de los demás, fuera de sus aliados industrializados, a los que ayudó a resurgir en la posguerra y más tarde auspició la regionalización del conjunto, en la Unión Europea con moneda propia, el euro, y a Japón continuó ayudándolo, procurando que ese país mantuviera una región afín, propósito que a la larga fue frustrado por el intenso y continuo crecimiento de China. Esa inigualable ayuda a Europa y Japón, sólo se pudo mantener a costa de un exagerado crecimiento del crédito basado en títulos financieros. Por eso, el centro del sistema mundial pasó a las finanzas, y el liberalismo se transformó en neoliberalismo.
Algo muy sencillo pero que habitualmente se olvida por la influencia del monetarismo, es que el valor de la moneda se origina en la producción: una moneda nacional sólo puede valorizarse si se valoriza la producción, en cantidad, diversidad, productividad y desarrollo de los sectores de punta, empezando por la industria y actualmente, de acuerdo con la Cuarta Revolución Industrial, con la alta tecnología aplicada no sólo a los servicios sino especialmente a la misma industria, que en algún momento llegará a prescindir de la mano de obra directa con la automatización. Incluso no es posible –como lo pretendía el peronismo extremo- excluir al agro, pero tampoco se lo puede mantener indefinidamente como el eje de la economía.
A la salida de la convertibilidad, que fue el intento de estabilizar los precios mediante su correlación con el dólar, o a partir de medidas monetarias, la brecha cambiaria se situaba cerca de 200%, el doble que en la actualidad, y por eso la convertibilidad no pudo continuar, pero sus impulsores se detienen en la estabilización inicial, desvinculándola del final de 2001, como si esta crisis no tuviera que ver con su causa. La brecha subió con las fuertes devaluaciones de la administración macrista.
El mayor obstáculo que se presenta es lograr un acuerdo político, sobre todo en el peronismo, que combine la imposibilidad de hacer una política de ajuste con el empeoramiento de las condiciones de vida, y se podría decir que esta dificultad se está generalizando en el mundo, aunque no siempre por las mismas razones.
Entre septiembre y poco antes de hasta casi finales de diciembre, el BCRA acumulaba compras de dólares, especialmente por el aporte de las exportaciones de soja, lo que resultaba incompatible con el aumento constante de la brecha cambiaria, lo que evidenciaba una fuerte volatilidad, pero también un descarte de lo que muestran las perspectivas futuras del país, reconocida por el FMI y por personalidades financieras estadounidenses, lo que evidencia una presión local continua por el ajuste ortodoxo y la devaluación y adversa al curso político oficial.
Estabilización para el desarrollo o ajuste
Los dirigentes y economistas de Juntos por el Cambio manifestaron que, de llegar al Gobierno, provocarían el default de la deuda pública emitida en pesos, estimulando una reacción negativa entre los tenedores de bonos emitidos en moneda local por el mal recuerdo que dejó el denominado “reperfilamiento” realizado por la gestión de Cambiemos, eufemismo que se utilizó para plantear la reprogramación unilateral de la deuda soberana en pesos.
Esta actitud irresponsable de los dirigentes y técnicos de la oposición, intentando lesionar la única fuente de financiamiento del Estado, evidencia su falta de autocrítica sobre el gobierno que llevaron adelante en el lapso 2015-2019, sumada a su incapacidad de promover un plan en beneficio del crecimiento y el desarrollo sostenible, humano y económico.
El gobierno del Frente de Todos, ante la recesión provocada por la pandemia global, tuvo que ejecutar políticas contracíclicas que incluyeron la emisión monetaria como medio para sostener la expansión del gasto público. Posteriormente, en la medida en que retiraban los estímulos fiscales a la actividad, logró canalizar el excedente de pesos a través de instrumentos financieros en el sistema bancario y en el mercado de capitales, hasta tanto la economía recuperara los niveles de actividad dañados por la gestión de Macri y por el efecto del virus.
Emisión monetaria y mercado financiero en moneda nacional fueron las herramientas que le quedaron al gobierno del Frente de Todos después de que la gestión de Cambiemos comprometiera la capacidad de endeudamiento internacional en escasos cuatro años: en el bienio 2016-2017 contrajo una voluminosa deuda con los mercados financieros internacionales, y en el 2018-2019, ante una economía desmadrada por la fuga de divisas y la incapacidad de equilibrar el sector externo, agotó el financiamiento multilateral con el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo.
Sin fuentes de financiamiento externas y ante el efecto recesivo de la pandemia global, la apelación a los pesos como fuente de recursos para asegurar las prestaciones sanitarias y el sostenimiento de los ingresos populares fue clave para la gobernabilidad del actual período.
Ahora bien, en esta etapa, con una mezcla de la ya mencionada irresponsabilidad, carencia de autocrítica y también oportunismo electoral, la oposición procura forzar una huida de los pesos hacia el dólar, rompiendo el esquema de intermediación en el mercado nacional vigente.
En paralelo, los economistas opositores preanuncian el violento ajuste que pretenden ejecutar, cuyo puntapié inicial es una megadevaluación y una monumental suba de tarifas. Agitar una corrida contra el peso es parte de ese mismo plan. Así como al default lo llaman “reperfilamiento”, a la devaluación y al tarifazo asociado a la suba del tipo de cambio la denominan “sinceramiento”.
La política económica del Gobierno se orienta a reducir la volatilidad de las variables –tasa de interés, tipo de cambio y precios, sin deteriorar el nivel de actividad y de empleo. De hecho, en 2021 la economía se recuperó de la caída que significó la pandemia durante 2020, y en 2022 mostró algunos números mejores que los de 2019, lo que implica que estamos dejando atrás también la contracción provocada por el macrismo durante su gestión. A eso debemos sumar una proyección de crecimiento por tercer año consecutivo para 2023.
El agitar deliberadamente una corrida contra el peso y proponer un salto abrupto del valor del dólar y de las tarifas, rompería el actual esquema de estabilización para producir un ajuste potente contra el empleo y el salario. El país extractivista de recursos naturales con el pueblo marginado al que aspira la oposición encontraría su punto de partida en ese movimiento de precios relativos. El Frente de Todos, en cambio, persiste en una política de estabilización cuyo horizonte es el cambio de funcionalidad que va a tener la energía en la Argentina.
En los próximos años, la Nación vivirá una reforma estructural a partir de producción de gas y petróleo incremental por la puesta en valor del yacimiento neuquino Vaca Muerta. La energía dejará de ser una restricción para el desarrollo del país, convirtiéndose en un motor de impulso.
En un contexto internacional de conflicto entre bloques cristalizados, que desembocó en una guerra abierta en Europa del Este, la perspectiva de precios internacionales altos en energía y también en minería y agro, genera la existencia de rentas extraordinarias en esos sectores, capaces de modificar la fisonomía de la Argentina.
La discusión central es quién administra ese escenario: si los que procuran una corrección abrupta de precios en contra de los trabajadores para optimizar en beneficio privado dicha renta extraordinaria, o gobierna el peronismo, en favor –como lo marca su historia– de los intereses nacionales y de las mayorías populares.
El camino de la estabilización y el crecimiento no es lineal, pero es la única alternativa para que el país avance con justicia social. El default y el ajuste son opciones que sólo profundizarán la fractura social. Si en verdad queremos construir una Argentina desarrollada y potente, un país de dos velocidades con pequeñas minorías privilegiadas no puede ser una posibilidad.
https://www.perfil.com/noticias/opinion/estabilizacion-para-el-desarrollo-o-ajuste-por-roberto-feletti.phtml
El avance de la internacional reaccionaria
En junio de 2018 Joseph McKay y Christopher David La Roche se preguntaban, en un texto de la International Studies Quarterly, por qué no había en los estudios internacionales una teoría sobre la Internacional Reaccionaria (IR).
En diciembre de ese año, en una entrevista para la revista Crisis, destaqué la existencia y la expansión, más allá de Estados Unidos y Europa, de la IR que, además, está en vías de enraizamiento en América del Sur. En 2019, Pablo de Orellana y Nicholas Michelsen publicaron, en la Review of International Studies, una trabajo sobre la Internacional Reaccionaria y la filosofía de la nueva derecha que la sustenta. Es ineludible entonces aproximarse y entender el fenómeno de la IR.
Asumiendo las diferencias nacionales y procurando encontrar puntos de contacto entre las diversas expresiones de extrema derecha, hay un conjunto de rasgos que permiten distinguir la presencia y propagación de la Internacional Reaccionaria.
Así como en el pasado sobresalieron la Internacional Comunista, la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana, hoy sobresale la IR. Si el eje central de aquellas internacionales estuvo en Europa continental, la Internacional Reaccionaria tiene expresiones más emblemáticas en el mundo anglosajón y se despliega, básicamente, en Occidente. Las “periferias” de ese Occidente, entre ellas Europa oriental y América Latina, asimilan a sus realidades el ethos reaccionario.
Dos dinámicas complementarias reflejan la actitud reaccionaria hacia los cambios (mundiales e internos) de largo plazo. Primera, una mirada frente a la historia, la política, la moral y la cultura en clave de pérdida, de desengaño y de frustración. Prevalece la glorificación de un pasado presunto mejor, ordenado y seguro. Subyacen la nostalgia y la superioridad moral, por eso la alternativa propuesta es recrear el pasado. La segunda dinámica es la selección de alguien para culpar por los males actuales.
Por ejemplo, el progresismo, es considerado destructivo por su acento en el multiculturalismo, la diversidad identitaria y lo cosmopolita, entre otras.
Asimismo se condena al comunismo (hoy inexistente) y al reformismo (muy debilitado) y se los presenta como anatemas que deben ser neutralizados o eliminados. Las herencias revolucionarias-la burguesa y la proletaria–son impugnadas por haber instaurado derechos de distinto tipo que apuestan a revertir porque, suponen, aportan a la decadencia de las sociedades.
Ese conjunto ideas y valores resulta atractivo para personas ligadas a partidos conservadores, fuerzas religiosas, movimientos nativistas, sectores radicalizados, partisanos libertarios y grupos anti-científicos. Y encuentra eco en individuos, familias y grupos para quienes las promesas de más justicia, equidad y dignidad han sido reiteradamente incumplidas; en especial, en la Posguerra Fría.
A diferencia del liberalismo y del marxismo, que a pesar de sus claras distancias políticas, han tenido una visión promisoria del futuro, los reaccionarios buscan restablecer una Arcadia romantizada.
Llamativamente han sido los liberales en algunas latitudes los que han optado por mantener el statu quo a cualquier precio, a pesar de que haciéndolo están facilitando el triunfo electoral de partidos de extrema derecha. Una extrema derecha que, retomando a Gramsci, ha ido construyendo un “sentido común” que, aunque parezca emancipador, contiene elementos que llevan a formas excluyentes y violentas.
El Internacionalismo Reaccionario podría adoptar al menos dos líneas de acción en los asuntos mundiales. Una variante “correctora” del IR procuraría preservar algunos aspectos e instituciones del orden liberal con el propósito de “defender” a Occidente ante lo que se concibe como el acecho del Sur en general y de China en particular.
Se trataría, entre otras, de frenar las reformas que pudieran ampliar la participación y decisión del Sur Global en foros multilaterales. Antes que potenciar acuerdos colectivos para afrontar retos globales, se reivindicaría la soberanía a ultranza.
No es descartable un regionalismo retrógrado: en vez de coexistir con un cambiante proceso de globalización, el Norte desarrollado sería una trinchera de protección. En el Sur menos desarrollado se irían consolidando gobiernos extremistas que no cuestionarían la asimetría de poder mundial, aunque exhibirían un nacionalismo exacerbado en sus vecindarios.
La segunda variante tendría un doble carácter “revisionista” y “restaurador”. Los principales poderes de Occidente apuntarían a una suerte de “The West First” o “Make the West Great Again” ante el avance pujante de Oriente y, en especial, de Beijing. Las reglas y principios del orden liberal serían horadados por los propios poderosos.
La ONU y el multilateralismo serían reliquias. El uso de la fuerza se acentuaría, mientras que el deterioro de la democracia sería difícil de corregir. El Sur Global no sería un espacio ajeno a la conflictividad. En resumen, se pretendería retornar a un statu quo ante mítico de predominio de Occidente.
El avance de la Internacional Reaccionaria es una realidad y las alianzas políticas que se vienen forjando transnacionalmente entre actores y fuerzas distintas continúan creciendo en medio de sociedades fracturadas y descontentas y de Estados extenuados y frágiles. Es hora de comprender mejor cómo se manifiesta la IR en la Argentina.
https://www.clarin.com/opinion/avance-internacional-reaccionaria_0_dccOEbVjI9.html