Inflación de SEPTIEMBRE, tasa de interés, tasa real, atesoramiento (25 de OCTUBRE de 2019)
Sugerencia, leer con tranquilidad y en algunos casos los gráficos ayudan. Epítome, y mirando por la ventana septiembre, octubre y fin de año: Meses recientes.
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Hubo un tiempo en que la construcción de relaciones pacíficas y cooperativas entre la mayoría de las naciones parecía un objetivo posible. Por entonces, también se podían esperar mejoras en las perspectivas comerciales de los países en desarrollo. El camino para lograr estos propósitos, que revisten gran importancia por las condiciones y el perfil económico de nuestro país, presentaba numerosos obstáculos. Pero el temple de casi todos los líderes mundiales, de aquí y de allá, permitía inferir que las soluciones estaban al alcance de las manos.
En los últimos años, en cambio, el panorama internacional se ha enrarecido. El desplante y la impostura de algunos dirigentes norteamericanos y europeos se repiten a diario. Mientras que sus enfoques racistas, xenófobos y autoritarios circulan de un modo alarmante. Un par de tuits, escritos en una noche de insomnio, pueden servir para deshacer o relativizar valiosos tratados que costaron mucho esfuerzo definir. Por ejemplo, los referidos a las armas atómicas. Y las instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio, dos ámbitos claves que permiten intentar equilibrios entre países poderosos y débiles, han sido puestas en tela de juicio.
Además, el carácter de la batalla comercial desatada entre Estados Unidos y China ha impactado en todas las zonas geográficas. Es una disputa por la supremacía tecnológica en el futuro próximo pero sus consecuencias se perciben con fuerza en el presente. En los precios de los productos exportables, en las barreras arancelarias y en la localización de los grandes proyectos empresarios. Y sus vaivenes mantienen en vilo los diálogos y la agenda política de los distintos gobiernos.
En este contexto, los vínculos entre Brasil y Argentina podrían jugar un papel preponderante. Para ampliar sus mercados, privilegiar sus intereses comunes y hacer valer sus posiciones en los foros globales. Ambos producen, por ejemplo, buena parte de la oferta alimentaria mundial y en sus territorios descansan grandes recursos energéticos. Pero un despliegue de esta naturaleza requeriría afianzar la relación bilateral, por rachas estratégica, que se viene impulsando desde hace tres décadas, en el sector público y privado. Y también en distintos espacios de la sociedad civil.
Además, sería necesario revitalizar el Mercosur, remediando sus principales fallas en cuanto a la vigencia del arancel externo común, la zona de libre comercio y la internalización de las normas aprobadas.
Sin embargo, las definiciones y los preconceptos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de su canciller, Ernesto Araújo, no facilitan avizorar planes conjuntos. Ambos, con puntos de vistas limitados, por momentos retrógrados y ofensivos, han manifestado desdén por el proceso de integración y, al mismo tiempo, un llamativo afán de complacer y estrechar, sin reparos, los lazos con USA y el centro del poder económico mundial. Es el rumbo preferido por los conservadores religiosos y los productores rurales que representan. Y nada indica, hasta ahora, de que vayan a cambiar de opinión.
La política exterior argentina, si se estiliza la historia, ha combinado breves períodos de autonomía relativa con otros de fuerte alineamiento con las potencias de turno. Es de esperar que el nuevo gobierno, ante un orden global y regional inestable, persista en potenciar los acuerdos, el multilateralismo y las múltiples capacidades productivas de nuestra sociedad. Y, sobre todo, evite el peligro de entrar en competencia o en provocaciones, que tantos males nos trajo en el pasado, con los vecinos del barrio.
Dado que los procesos de cambios organizaciones, se construyen a partir de la existencia de cierta cultura, contexto y actores, este documento incluye una descripción detallada de la trayectoria de Nación y de las provincias en relación a los sistemas de información de salud y el marco legal disponible. Este trabajo intenta plantear los principales desafíos, una agenda de gestión y una propuesta organizativa con el fin de jerarquizar las estructuras con funciones y responsabilidad que a futuro serían incorporadas en una Agencia Federal de Salud Digital.
Documento elaborado por el Dr. Emiliano López (Coordinador Nacional de Telesalud, emilianolpz@gmail.com), y Lic. Cintia Speranza (Coordinadora Operativa y de Planificación estratégica de la Dirección Nacional de Sistemas de Información de salud, cintiasperanza@gmail.com)
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Propuesta Sistemas de Información de Salud Final
El complejo cuadro que padecen numerosos bonaerenses, afectados por la inundación que golpeó distritos urbanos del área metropolitana, La Plata y otras zonas de la Provincia, provocó el remanido debate sobre las responsabilidades políticas producto del fenómeno climático.
En principio, el periodismo oficialista omitió señalar las particularidades de la situación, signada por el enorme caudal de precipitaciones caído y por la crecida del Río de la Plata, que impidió un drenaje rápido de los ríos y arroyos colectores que atraviesan el Gran Buenos Aires.
La segunda manipulación en que incurrieron los comunicadores amarillos se centró en diluir la responsabilidad exclusiva de la gobernación por la falta de ejecución de las obras hidráulicas en la Provincia. Es evidente que un municipio no puede realizar una intervención hidráulica que altere el cauce de un curso de agua que atraviesa varias jurisdicciones, ya que, al hacerlo, podría distorsionar el flujo del mismo en toda la cuenca. A su vez, un municipio carece de los recursos para afrontar semejante obra.
En síntesis, la parcializada información del periodismo oficialista no permitió dimensionar dos elementos centrales:
1) La singularidad del fenómeno climático que provocó el anegamiento de distintas zonas en la Provincia.
2) El grado de ejecución del Plan Hidráulico Provincial, que sufrió varios recortes desde 2018, y si el mismo hubiera servido para mitigar las consecuencias de las inclemencias meteorológicas.
La mayoría de los móviles reflejaron la situación de los damnificados por las inundaciones y orientaron las culpas hacia los líderes comunales de las zonas dañadas. Este uso canallesco de una tragedia, en el caso de La Matanza, afectada por la inundación, adquirió un fuerte componente ideológico que sorprende y advierte sobre el futuro devenir político.
El municipio de La Matanza exhibe dos décadas de prudencia fiscal en la administración del Presupuesto. Ha logrado cerrar todos los años con superávit presupuestario.
El resultado de esta política sostenida en el tiempo fue la acumulación de un Fondo de Fortaleza Fiscal de libre disponibilidad que, al 31 de agosto del corriente, ascendía a $ 8.907 millones depositados íntegramente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, agente financiero oficial del Municipio.
El municipio de La Matanza mantuvo sus cuentas en orden, no requirió endeudamiento y enfrentó con éxito las agresivas políticas de discriminación de recursos destinados a obras, la retirada de asistencia y el hundimiento de la actividad económica industrial y comercial en la jurisdicción, perpetrados durante estos años por los gobiernos de Macri y Vidal.
Es necesario precisar que el presupuesto municipal es apenas el 1,9% del producto bruto geográfico del distrito. Es decir que, frente a un debilitamiento del rol de los estados nacional y provincial como el vivido en estos años, el accionar municipal sólo puede tener un carácter paliativo y de asistencia, que es, en definitiva, lo que ha ocurrido.
Los gobiernos de Macri y Vidal no permitieron la apertura de dos hospitales terminados en el distrito ni la puesta en funcionamiento de la segunda sede de la Universidad Nacional de La Matanza, construida enteramente con fondos municipales. Vidal recortó el coeficiente de distribución de la coparticipación en un 10% respecto de 2015 y redujo drásticamente el monto de obras provinciales en el bienio 2018-2019, a un punto en el cual el municipio destina mayor cantidad de recursos en obras que la propia gobernación en la jurisdicción. En efecto, el presupuesto provincial del año 2018 destina a La Matanza $ 900 millones, mientras que la Secretaría de Obras Públicas municipal invirtió, en ese año, $1.100 millones. Para 2019, el Presupuesto provincial preveía apenas $ 700 millones, representando una caída nominal del 22% en un contexto de muy alta inflación, y el proyectado de inversión del Municipio arroja $2.100 millones.
La grave crisis económica provocada por las políticas de Macri, y acompañadas por Vidal, ha generado en La Matanza, al 31 de agosto de 2019, una caída real interanual de 22,4% de los ingresos coparticipados por el Tesoro provincial, que representa un tercio del financiamiento presupuestario comunal.
La crisis que viven las familias ha deteriorado la percepción de las tasa de servicios generales, que experimentó una caída interanual en ese mismo período del 23,2%. Con los recursos coparticipados y la propia recaudación golpeados, el Fondo de Fortaleza Fiscal le ha permitido a La Matanza sostener la actividad del Estado frente a la crisis. Los empleados municipales matanceros recibieron un bono compensatorio del desborde inflacionario por $16.000.
Es sorprendente que quienes administraron con prudencia sus presupuestos y reunieron ahorro fiscal para afrontar una crisis inducida por las políticas del gobierno nacional deban dar explicaciones de un modelo de gestión sustentable en el tiempo, frente a quienes quebraron el Estado, endeudándolo y viabilizando la fuga del país de U$S 80.000 millones en cuatro años.
En el fondo, lo que más irrita a la oligarquía es que la solvencia fiscal genera autonomía política. Frente a gobiernos nacional y provincial hostiles y de signo opuesto, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, sostuvo, desde el inicio de su gestión, una firme posición contra la política tarifaria y los impactos que ésta provocaba en las industrias y las familias matanceras, contra la pérdida de federalismo fiscal que implicaba el Pacto Fiscal firmado por la gobernadora por imperio del FMI, que derivó en el recorte de un conjunto de recursos destinados a los municipios, y se opuso a la desindustrialización del área metropolitana de Buenos Aires y a la ausencia del Banco Provincia como banca de fomento al desarrollo productivo.
Equilibrio fiscal y autonomía política son los vectores que permitieron exhibir un manejo del Estado distinto al de Macri y Vidal, manejo del Estado que sometido con éxito a la compulsa electoral en las elecciones primarias de este año.
https://www.eldestapeweb.com/nota/inundaciones-en-el-conurbano-hay-que-tener-deficit-fiscal-endeudarse-y-quebrar-al-estado-si-no-no-vale-2019101922260
La Argentina se constituyó desde su independencia como Provincias Unidas y cuatro décadas después fue la alianza entre los caudillos del interior y la burguesía porteña la que derrota a Rosas en Caseros. Pero el puerto de Buenos Aires no quiso compartir los ingresos de la aduana, el mayor ingreso tributario de la época, y eso provocó la escisión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación Argentina, o Las 14 provincias, que igual establecieron un régimen federal de gobierno. El 5 de marzo de 1854 fue electo Presidente el general Justo José de Urquiza y la ciudad de Paraná fue la sede de su gobierno.
La batalla de Pavón y la invasión de los ejércitos porteños a las provincias significaron una ruptura decisiva y los términos «Confederación Argentina» dejaron de usarse. Tras casi un año de acefalía, asumió la presidencia el ex gobernador porteño Bartolomé Mitre (octubre de 1862), de la rebautizada “Nación Argentina”. Sin embargo, el artículo 35 de la Constitución afirma que “las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes”.
Mitre y sus coroneles Venancio Flores, Sandes, Paunero, Irrazabal lograron defenestrar a los caudillos populares del interior sembrando el terror, y nombraron en su lugar a representantes porteños y/o de familias tradicionales que conformaron una verdadera casta dominante — una incipiente “liga de los gobernadores”.
El problema para Mitre y los porteños fue que la Liga de los Gobernadores se fue acrecentando con el tiempo, lograron afincarse en determinadas producciones (azúcar, vino, producción agrícola y ganadera) y decidieron que necesitaban independizarse de la tutela de los porteños, por lo que en 1880 sitiaron por tierra y por mar la ciudad de Buenos Aires. Fungía como Presidente de la República Nicolás Avellaneda y como Gobernador de la Provincia Carlos Tejedor. El primero abandonó la casa de gobierno en la ciudad para alojarse en el —en esa época lejano— pueblo de Belgrano, declarando que el gobierno de Buenos Aires se había alzado en armas contra la Nación.
Hubo alguna que otra contienda hasta que Tejedor nombró a Mitre como Comandante en Jefe de las tropas porteñas. Ese mismo día (23 de junio de 1880) se firmó un armisticio de 24 horas: luego de varias entrevistas entre el Presidente Avellaneda y el representante porteño Mitre, se llegó a un acuerdo por el cual se dictó una generosa amnistía para los sublevados a cambio de la renuncia incondicional de Tejedor a la gobernación, el nombramiento de nuevos representantes y la aceptación de que la ciudad se entregaría a la autoridad nacional para convertirse en territorio federal como capital de la República [1].
Una vez más Mitre respondiendo a los intereses de Inglaterra laudó en contra de sus mandantes y a favor de lo que fue el modelo agroexportador de 1880, donde el centro estratégico eran las grandes estancias de todo el país y el puerto era administrado por la Nación bajo la influencia de comerciantes ingleses.
El interior que se impuso fue un interior oligárquico, tan oligárquico como el de la provincia de Buenos Aires. Tanto, que en forma conjunta nombraban las principales autoridades, incluidos los Presidentes:
Así se modeló la Argentina, dependiendo del mercado externo, lo que se frenó con la crisis de 1930 y la necesidad de sustituir importaciones y crecer hacia adentro.
La tierra estaba repartida de manera desigual y la productividad agrícola era insuficiente, por el predominio de la ganadería. Con la idea de que los impuestos podían contribuir a mejorar ambos aspectos, los gobiernos conservadores de principios de los años ’40 introdujeron un alícuota progresiva en el impuesto inmobiliario rural con el objetivo de incentivar su fragmentación y estimular la colonización agrícola, política que fue continuada por los gobiernos peronistas, hasta que la Revolución Libertadora lo derogó.
Cuando Arturo Illia trató de restablecerlo, se opusieron la Sociedad Rural, el Senado de la Nación y el Ejército Argentino.
El crecimiento económico se logró industrializándose, bajo los gobiernos de Juan Perón y Arturo Frondizi, y con ello creció una clase obrera que, ante los intentos de restauración durante la dictadura de Onganía, respondió hace 50 años con jornadas de lucha como el Cordobazo. La burguesía local se asustó y decidió volver al país de enclaves productivos ligados al exterior y que la pobreza y la desocupación disciplinaran a los trabajadores.
Esa es la razón que explica y fundamenta las consecuencias de una cada vez mayor centralización, concentración y extranjerización de la economía argentina, donde todo aquello que no se integre a bajo costo al mercado internacional es relegado a un rol cada vez menor, profundizando la verdadera brecha entre la minoría que aprovechando las ventajas naturales de la posesión de la tierra más fértil del mundo y de su rico subsuelo, puede vender (y comprar), y las economías crecientemente vegetativas de las regiones arruinadas y de su población.
Las provincias son las encargadas por la Constitución Nacional de cobrar los impuestos directos a la propiedad. Lo hacen muy deficientemente. La dependencia y debilidad de sus gobiernos es doble:
El caso de la provincia de Buenos Aires, tomando el total de la recaudación propia del año 2018, es lo que queremos decir:
El mayor ingreso tributario de las provincias es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Se trata de un impuesto al consumo y en consecuencia indirecto, que se traslada de modo que lo paga el consumidor final. Representa las dos terceras partes de la recaudación. En cambio el impuesto inmobiliario rural, que es directo y lo pagan los dueños de la tierra, solo explica el 2,66% de la recaudación. Esto es menos de lo que pagan los propietarios de viviendas de los pueblos y del primero, segundo y tercer cordón del gran Buenos Aires.
En ese marco las provincias (menos San Luis) firmaron con la Nación un acuerdo donde se comprometen a reducir la “presión tributaria”, a disminuir y hasta eliminar a partir de 2020 la alícuota de sus dos principales impuestos, IIBB (que repetimos es su principal ingreso propio) y Sellos. Y todavía es peor en el Impuesto a los Sellos, donde se fijó una alícuota máxima de 0,75% para este año, del 0,5% para 2020, del 0,21% para 2021 hasta eliminarlo desde el 1° de enero de 2022.
La estructura tributaria nacional está compuesta por impuestos que gravan consumo, ganancias y bienes patrimoniales. Las dos terceras partes son gravámenes al consumo, donde solo el IVA representa el 7,82% del PIB. En cambio, el impuesto a las Ganancias (que pagan cada vez más trabajadores) es el 4,90% del PIB; y Bienes Personales (patrimonio) representa el 0,14% del PIB. Por ende es el consumo, que desciende fuertemente por las políticas contractivas del gobierno de Cambiemos, el principal soporte impositivo del país, tanto para el gobierno nacional como para las provincias (por la coparticipación federal de impuestos), y en cambio es ínfimo el impuesto al patrimonio (en la Nación: Bienes Personales y en las Provincias el Impuesto Inmobiliario y a la patente automotor).
Independientemente de cada gobierno, todas las provincias presentan enclaves productivos, con muy poco multiplicador de trabajo y de inversión en la región, que usufructúan la ventaja comparativa y contribuyen mínimamente con el fisco local y nacional. Veamos tres ejemplos:
Su actividad principal es la vitivinicultura. La mitad de las explotaciones agrícolas mendocinas corresponden a dicha rama. Con el 70% de los viñedos del país e igual porcentaje de la producción, Mendoza es el principal centro vitivinícola de la Argentina y de América. Sus más de 1.200 bodegas son la base de la economía mendocina. Sin embargo la riqueza es para los grandes productores y fraccionadores de vinos, ya que el Estado deja que el precio se regule por el mercado cuando existe una asimetría enorme con la gran mayoría de los productores. El productor entrega su producción a los industriales, que incumplen con la Ley 9.133 que regla el registro de entrega de uva a los bodegueros: la pagan cuando quieren y al precio que quieren. Todo ello va acompañado por una gran cartelización y extranjerización de las mayores bodegas, a manos de grandes inversionistas franceses, estadounidenses y chilenos, con grandes empresas que han diversificado sus inversiones en bodegas y viñedos como Pérez Companc. Resultado: Mendoza entra en una profunda recesión con fábricas metalmecánicas cerradas, trabajadores desocupados y niveles de pobreza del 37,6% de su población para el primer semestre de 2019, superior al de las demás provincias de Cuyo.
Como todo el norte argentino, Salta sufre niveles de pobreza propios del África Subsahariana y, por las mismas causas, es un modelo dependiente del exterior. Concentra el 3,1% de la población de nuestro país (1.340.000 habitantes), y su Producto Bruto Geográfico (PBG) representa el 1,56% del total de la Nación (unos U$S 6.000 millones). Su PIB per capita es uno de los más bajos de la Argentina (U$S 4.300 por año) y muy mal distribuido. Según el INDEC, en el primer semestre de 2019 la pobreza en Salta es del 41,8% de su población y la indigencia del 7,7%.
Salta tiene inversiones como la del Grupo Juramento, de Jorge Brito (Banco Macro) con tierras, ganado y frigorífico en Anta y en Orán; Pérez Companc, que es dueño de La Salteña; Pluspetrol, presidida por Edith Rodríguez de Rey con inversiones en petróleo y en litio en Salinas Grandes (Salta y Jujuy); los Peña Braun tienen campos con soja; y Alfredo Olmedo, que cuenta con 110.000 hectáreas y es el mayor productor sojero individual del país con tierra propia. Todos funcionan como enclaves, no generan trabajo en la provincia, donde las actividades con mayor nivel de ocupación son los servicios y el comercio (57%), relegando a la agricultura, ganadería y pesca (18,6%), a la industria (11,6%), a la construcción (9,5%) y a la minería (3,3%) y emplean en total 150.000 puestos privados y 90.000 públicos, con una informalidad laboral (trabajo en negro) provincial que alcanza al 44,8%, superior al 33,4% del nivel nacional.
Cuenta con 1.135.000 habitantes y presenta crecientes niveles de marginación y un alto porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas. Según el censo del INDEC del primer semestre de 2019, en Gran Resistencia el 36,2% de los Hogares y el 46,9% de las personas son pobres. Muy relacionado con esto se observa una deficiente infraestructura de servicios que agrava la situación.
Los productores agropecuarios minifundistas o campesinos comparten el espacio físico con grupos aborígenes, pero tienen bajo acceso a la tierra, que es poseída por los grandes productores, que constituyen una minoría. A esto debe sumársele la irregularidad en los títulos de tierras, la ocupación de tierras fiscales y privadas y los campos comuneros.
Según un estudio de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el 80% de los productores chaqueños poseen superficies de hasta 60 hectáreas y, debido a la expansión de la frontera agrícola, se incorporaron un conjunto relevante de nuevas explotaciones de mayores extensiones, de 10.000 hectáreas y más, que se destinan en su mayoría al cultivo de cereales y oleaginosas, fundamentalmente soja.
Actualmente la soja ocupa la mayor proporción de hectáreas sembradas de la provincia (39%), seguida por las hectáreas sembradas de girasol (22%), maíz (17%), algodón (13%) y trigo (7%). Es la provincia con mayor superficie cultivada con cereales y oleaginosas fuera del área pampeana, según los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación. Dicho proceso fue coincidente con la disminución del peso del cultivo de algodón.
Áreas extensas del bioma del Gran Chaco fueron taladas y quemadas para la producción de soja. El Gran Chaco es un ecosistema de extraordinaria biodiversidad, donde viven especies autóctonas como el jaguar, el piche llorón o el oso hormiguero gigante, así como comunidades indígenas como los Ayoreo, Chamacoco, Enxet, Guarayo, entre muchos otros.
Sus principales inversores son grandes empresas con puertos propios ligadas al exterior, como Vicentín Cereales SA, de la familia Vicentín que produce soja y tiene la cadena del algodón, con plantas desmotadoras en General Pinedo y la hilandería industrial por su empresa controlada: Algodonera Avellaneda S. A.
Monsanto Argentina, de la firma Bayer de Alemania, produce y vende semillas y agroquímicos y es una de las firmas que (junto a Cargill y ACA) en los últimos años se han apropiado de 2.791.302 hectáreas en disputa en la región chaqueña. Las víctimas: 18.000 familias campesinas e indígenas.
Cargill es la mayor empresa exportadora argentina y una de las líderes en alimentos, productos y servicios para el sector agroindustrial. Se trata de una firma multinacional con sede en los cinco continentes, a través de 30 países. Tiene en Puerto Vilela la acopiadora y la molinera que era de Bunge y Born, pero decidieron desprenderse de ella y trasladarse a otras plantas en el país que son más modernas y mecanizadas y con mejor salida a la hidrovía del Paraná [2].
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) está formada por 150 cooperativas agropecuarias que juntan a 50.000 productores. Son acopiadores de granos que poseen molinos y fábrica de aceites y cuentan con una filial en Puerto Vilela, Chaco.
Todos ellos reproducen generosamente el capital invertido, pero la provincia es una de las más pobres.
La tarea que le cabe al próximo gobierno es ciclópea. Debe obrar con criterio, coraje y decisión para dar cumplimiento al Artículo 16 de la Constitución Nacional que dice: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Hacer operativo este principio es el primer paso ante lo insignificante que pagan de impuestos los ricos del país, que gozan de la renta agraria, minera, petrolera, financiera, y el punto de partida para que la economía crezca y distribuya mejor el ingreso, recreando eslabones de la cadena del proceso productivo y reorientando la producción hacía el mercado interno.
Junto a una imprescindible reforma tributaria se debe planificar qué tipo de integración queremos y qué se puede hacer. La Argentina cuenta con recursos naturales, pero también con una mano de obra capacitada, hoy con alta desocupación y mal paga, que se debe capacitar más para generar trabajo y con ello, como dijera Néstor Kirchner, que se levante una nueva y gloriosa Nación, la nuestra.
En los mercados bursátiles definen un título-valor público o privado como de cotización “lateral” cuando su precio se mueve en serruchos de subas y bajas, pero en una curva descendente, porque el crecimiento no recupera el nivel del último descenso.
Una mirada de ciclo largo sobre la evolución del PBI argentino, al menos desde la recuperación de la democracia al presente, refleja un comportamiento de expansión sostenida en un lustro y derrumbes pronunciados por imperio de las agudas crisis vividas en este lapso, siendo las más relevantes la hiperinflación de 1989 y el crack de la Convertibilidad en 2001.
Sin embargo, a partir del año 2012, el PBI nacional ha asumido un comportamiento definitivamente “lateral”, con contracciones y expansiones interanuales acotadas, pero sin afirmar un sendero de crecimiento. Este desempeño se ha agudizado en el año 2016 y pareciera que ha ingresado en un tobogán que, de pronunciarse, puede repetir los colapsos antes citados.
¿Por qué razón la economía ha asumido, en los últimos ocho años, este desenvolvimiento de serrucho ondulado con tendencia a la baja, sin poder ser corregido por las políticas públicas aún de gobiernos de distinto signo?
En un esfuerzo estilizado de poder vincular las políticas monetaria y fiscal de forma cuantitativa con el comportamiento del sector externo, reflejado en la variación de las reservas internacionales y el impacto sobre el PBI, elaboramos el cuadro que sigue, que relaciona las variaciones interanuales de los cuatro componentes referidos.
| POLITICA MONETARIA Y FISCAL | SECTOR EXTERNO NETO | CRECIMIENTO | ||
|---|---|---|---|---|
| AÑO | BASE MONETARIA | GASTO PRIMARIO CONSOLIDADO | RESERVAS INTERNACIONALES | PIB |
| 2010 | 31,6 | 31,5 | 8,7 | 10,1 |
| 2011 | 34,6 | 37,4 | -11,1 | 6,0 |
| 2012 | 39,0 | 23,7 | -6,6 | -1,0 |
| 2013 | 23,8 | 33,1 | -29,3 | 2,4 |
| 2014 | 22,5 | 41,4 | 2,7 | -2,5 |
| 2015 | 49,5 | 34,6 | -18,7 | 2,7 |
| 2016 | 18,9 | 35,5 | 53,7 | -2,1 |
| 2017 | 24,7 | 27,4 | 40,1 | 2,7 |
| 2018 | 36,0 | 24,4 (*) | 19,5 | -2,5 |
El cuadro está dividido en tres etapas: el último bienio expansivo, 2010-2011, que marcó la recuperación de la crisis financiera internacional de fines del 2008, el período 2012-2015, de una economía regulada y administrada con restricción externa y, finalmente, el lapso abierto en 2016, signado por una economía desregulada y con abundancia de dólares financieros.
La tasa de crecimiento promedio anual fue de 8%. Se basó en un ordenamiento del sector externo a fines de 2009, caracterizado por tres elementos: apoyo de instituciones multilaterales (U$S 5.500 millones), utilización del excedente de reservas para el pago de la deuda (Fondo de Desendeudamiento por U$S 6.500 millones) y Canje II de la deuda en default (alcanzando el 92,4% de reestructuración). La distensión externa alcanzada permitió una política de estímulos monetarios y fiscales expansivos, con tasas de crecimiento reales que operaban favorablemente en el aumento de la demanda. La contundente reelección de Cristina con más de 54% de los votos dio inicio a un ataque especulativo de los mercados, que tensionó nuevamente al sector externo. La lectura de ese período revela que el orden en el balance de pagos permite una política monetaria y fiscal de estímulo, pero que, sin regulación cambiaria, las ganancias acumuladas en el ciclo de bonanza revierten la solvencia externa.
Esta etapa estuvo nítidamente signada por lo que se denomina restricción externa y la tasa de crecimiento promedio anual fue de 0,4%. La caída de demanda de las manufacturas argentina en nuestra región, la disminución paulatina del precio de los productos primarios, el desequilibrio de divisas del sector energético en una economía fuertemente expandida y los vencimientos de deuda con los tenedores privados generaron una demanda de dólares que limitaba capacidad de importar insumos para continuar el crecimiento. A lo que debe agregarse la convalidación legal (“fallo Griesa”) del ataque especulativo de los “fondos buitres”.
El control de cambios y la administración del comercio exterior fueron las herramientas dominantes en el lapso. Los estímulos monetarios y fiscales fueron sostenidos, rechazando tenazmente cualquier política de ajuste sobre el consumo interno para equilibrar las cuentas del balance de pagos. El uso de las reservas acumuladas en los períodos previos permitió este desafío. La conclusión es que una política monetaria y fiscal expansiva, en un contexto de restricción externa, impide consecuencias gravosas para el pueblo, pero acota las posibilidades de crecimiento económico.
Este es un ciclo caracterizado por la apertura comercial y financiera y la desregulación de los mercados, que arroja una tasa de crecimiento promedio anual de -0,7%. A diferencia del gobierno previo, Cambiemos decidió resolver la restricción externa con abundante endeudamiento público y desenvolverse con una cuenta capital del balance de pagos superavitaria por los préstamos internacionales y una cuenta corriente deficitaria por el aumento de las importaciones, el giro de utilidades y dividendos al exterior y los servicios de intereses abultados. Este devenir que tomó U$S 70.000 millones de los mercados para financiar una enorme renta financiera, que luego se giraba al exterior, desembocó en dos años y medio en una crisis. Cambiemos buscó amortiguarla con el ingreso de un préstamo “Stand By” suministrado por el FMI, cuyos desembolsos, hasta el presente, redondean los U$S 45.000 millones. Con la dilapidación de semejante shock externo -en la recomposición de ganancias extraordinarias para los agentes económicos más poderosos del país-, el gobierno de Cambiemos destruyó el activo heredado de un país desendeudado. Curiosamente, la política monetaria y fiscal sólo acompañó la expansión de esa enorme oferta de divisas en el año 2017, momento de las elecciones de medio término. En el resto, el comportamiento de esas políticas fue errático, no armónico entre sí, hasta concluir en el famoso programa “doble cero” (cero emisión monetaria/cero déficit fiscal). Esto directamente profundizó la catástrofe provocada en la economía real por la crisis externa, destruyendo el consumo como motor de la demanda. La conclusión de esta etapa es que un enorme shock externo, derivado del endeudamiento, que totalizó U$S 115.000 millones frescos, no estimuló por las vías monetaria y fiscal la expansión de la economía, sino que recompuso ganancias empresariales atesoradas en el exterior.
El recorrido de la economía argentina en la segunda década del siglo permite plantear dos cuestiones. El ordenamiento del sector externo, o al menos su holgura por un influjo de recursos, es una condición necesaria para la expansión, pero no suficiente. A la vez, los estímulos monetarios y fiscales son claves para sostener el mercado interno, pero no poseen multiplicador al resto de la economía si se carece de una oferta de divisas razonable.
La reflexión inmediata arroja que las políticas monetaria y fiscal deben armonizarse con las cuentas del balance de pagos. No obstante, esta obviedad, que ha costado la lateralidad de la economía argentina, debe ser leída al calor de la estructura de la economía real para preguntarnos cuán autónomos pueden ser la producción y el consumo argentinos respecto del ingreso de dólares en un país diverso, con recursos naturales esenciales como alimentos y energía, o, a la inversa, cuál es el equilibrio del sector externo necesario para impedir un freno a la expansión.
Son respuestas más cuantitativas que cualitativas, pero que involucran la política de equilibrios macroecónomicos, la política exterior y las expectativas de consumo del pueblo argentino
Cada vez que el INDEC da a conocer los datos de la pobreza nos interpela como sociedad y grita en la cara por nuestra insensibilidad y por nuestra incompetencia.
¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué la sociedad toda no se manifiesta abiertamente en contra de esa injusticia?
Puede haber varias razones, pero una es fundamental. La lógica económica imperante —el sentido común que han construido de que se debe ser eficiente, productivo—, no hace otra cosa que condenar a un porcentaje cada vez mayor de la población al hambre y a la desesperación.
Los datos dados a conocer por el organismo oficial para el primer semestre 2019 afirman que el 35,4% de la población que vive en los 31 aglomerados urbanos más poblados del país y el 36,1% del interior subsiste bajo la línea de pobreza. Sobre una población de 45 millones de habitantes, unos 16 millones carecen de recursos y medios que permitan satisfacer las necesidades físicas y psíquicas mínimas para un adecuado nivel de vida, tales como alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, acceso a servicios básicos (electricidad, agua potable, línea telefónica) y educación formal.
Dividido por franja etaria, dice que el 52,6% de los niños son pobres y el 13% no accede a la canasta básica de alimentos [1]. Que el 70% de los jubilados y pensionados del país percibe ingresos por debajo de la línea de subsistencia y que debe optar por disminuir y/o dejar de tomar la medicación y/o reducir el consumo de alimentos y /o privarse de lo más elemental para llegar a fin de mes.
Presentado por zona observamos que el 42,4% de la población del noreste argentino y el 39,9% del noroeste no pueden cubrir la canasta básica total. Que en los partidos del Gran Buenos Aires alcanza al 39,8% de los que allí habitan y que la ciudad de Concordia es la localidad que tiene el mayor nivel de pobreza del país: 52,9%, llevándola a los mismos registros que en el año 2001-2002.
Los datos duros del INDEC señalan que mucha gente, aun trabajando, es pobre, a causa del acelerado aumento de los precios de los alimentos y enseres personales; mientras su remuneración, si es que crece, lo hace en forma mucho menor.
El gobierno de Cambiemos logró que gran parte de los argentinos trabaje y no puede alimentar debidamente a su familia.
Paralelamente el Balance Cambiario del BCRA demuestra que del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019 se fugaron 78.219 millones de dólares
Esa riqueza acumulada, que no se invierte en el país y que seguramente no pagó impuestos, es la causa de la pobreza de gran parte de nuestro pueblo, porque es riqueza generada por nuestra sociedad que se fuga.
Si ese monto fugado se hubiera invertido, habría aumentado la producción y con ello los puestos de trabajo. A su vez el trabajador consume la mayor parte de su ingreso y ese incremento en el gasto lleva a un incremento en la demanda agregada, reproduciendo y multiplicando una mayor inversión en plantas, maquinaria y equipo para hacer frente a este aumento en la demanda, generando trabajo y con ello una mejora en la distribución del ingreso, que a la vez apuntala el crecimiento económico.
Refiriéndose al papel de la política económica, John M. Keynes afirmaba que “no es el de crear las condiciones para que funcionen bien las leyes ideales y espontáneas del sistema, sino la de tomar medidas expresamente destinadas a corregirlas» para garantizar el crecimiento económico y la mejor distribución del ingreso posible. Al contrario de lo que implica el sentido común impuesto por los medios, no existe ninguna necesidad de postergar políticas redistributivas para sortear la crisis de inversión y desempleo. Son estas mismas políticas las que pueden potenciar el crecimiento.
Por eso el Estado no puede dejar desaprensivamente que se fuguen recursos en nombre de una libertad para pocos, condenando al resto de la sociedad. En nombre del bienestar general, todos los gobiernos nacionales y populares pusieron trabas al egreso de divisas.
Máxime en un país como el nuestro, que destina a su mercado interno más del 75% de la producción, lo que permite la reproducción del capital. Por ende, todo aumento en términos reales del ingreso de la población se refleja en un círculo virtuoso de mayor consumo, mayor demanda y mayor producción e inversión para satisfacer esa mayor demanda.
Dado un Estado presente que acuerde metas de producción y precios, la Argentina crecería de la noche a la mañana, porque se generarían aumentos reales en los ingresos a los trabajadores, jubilados y pensionados y la mayor parte de ese mayor ingreso iría al consumo. Lo que se debe estudiar y garantizar es que se pueda producir en el país para sustituir importaciones y limitar el drenaje por ese lado.
Defendiendo el mercado interno y el trabajo nacional, sustituyendo importaciones y haciendo acuerdos comerciales para apuntalar nuestras exportaciones, la Argentina crece y redistribuye en forma más equitativa, lo que se retroalimenta y profundiza con mayor inversión, que a su vez se realiza ante las mayores ventas. Todos los períodos de auge se hicieron con esa lógica, y derraparon cuando se impuso el “sentido común” de que abriendo nuestra economía a la libre competencia se incrementaba la eficiencia y la productividad, cuando el resultado es todo lo contrario: cierre de establecimientos, desocupación y pobreza.
El objetivo de financiar el déficit fiscal con deuda externa impulsó el negocio del capital financiero, comprando títulos y acciones en pesos para ganar la diferencia ante un tipo de cambio prácticamente congelado. Este mecanismo voló por el aire con la salida de capitales (propiciado por los mismos bancos que habían colocado títulos de deuda argentinos en el mundo), el 25 de abril de 2018 y, de allí, el acuerdo con el FMI, lo que terminó generando una deuda de aproximadamente el 100% del PIB.
La deuda que ingresó se fue en su totalidad entre la fuga de capitales y el pago de los intereses de esa misma deuda, con sistemática desaprensión (para no usar otro término más real) de las autoridades. Sin esos recursos, se debe pagar una deuda para lo cual nos obligan a cumplir un plan de estabilización que consiste en ajustar por la vía de la caída del nivel de actividad, para que se reduzcan las importaciones y aumenten las exportaciones.
Paralelamente se nos propone otro —remanido— ajuste fiscal, para que sea el Estado quien con superávit primario compre las divisas para pagar la deuda. Encima proponen hacerlo con reducción de los impuestos al capital porque, en su lógica, el capital debe ser libre para poder generar riqueza. Cada vez que imponen esa visión se produce lo que nos pasó ahora: fuga de capitales y deuda externa para la Nación y el pueblo argentino.
Esa lógica de la escuela liberal que pregonan en los medios economistas del Instituto Di Tella o del CEMA o de Fiel o de cuanto think tank exista en el país, es funcional al capital financiero en desmedro de la producción y del trabajo y termina siempre de la misma manera, fuga y pobreza como dos caras de la misma moneda.
Con el agravante de que, aceptando su lógica, la solución al problema que proponen es el de profundizar el despojo con las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que la “flexibilidad laboral”. Que los jubilados y pensionados subsistan como puedan, pero que sean el menor cargo sobre el erario público, cuando hoy representan el 40% del gasto de la administración nacional y el 10% del PIB.
Obviamente el Estado debe comprar los dólares con pesos pero, de acuerdo con su razonamiento (sentido común), se debe esterilizar para evitar el proceso inflacionario, con lo que el ajuste fiscal es acompañado por el ajuste monetario y con ello no hay créditos a tasas accesibles para la producción y el consumo.
En lugar de aceptar el sentido común impuesto por los grandes medios y el ideario de la economía liberal pro mercado, debería haber en primer lugar otra respuesta inmediata y consistente a la pobreza y a la marginalidad. Esa consistencia se genera creando fuentes de trabajo y trabajo bien remunerado, que permitan vivir dignamente al trabajador y su familia. A partir de allí se debe edificar la sociedad, planificando qué podemos producir y qué efecto tiene esa decisión sobre el empleo y la actividad económica.
Bajo esa lógica —en esa reconstrucción del sentido común— debe verse el acuerdo de la ciudad de Rosario (una de las más castigadas por el cierre de industrias, el 35,5% de su población es pobre) entre los industriales y la Unión Obrera Metalúrgica, demostrando que son conscientes de la situación y que están dispuestos a trabajar para encontrarle solución.
Hacia ese nuevo sentido común de impulsar el trabajo y la producción apunta Alberto Fernández, cuando sostiene: “Vamos a federalizar la economía para dejar de condenar al interior. El gran promotor del trabajo es la industria y sobre todo las pymes. Nos tenemos que rebelar a este presente al que no tenemos que estar condenados”.
Solo sentando las bases de un sostenido crecimiento económico se da respuesta a que los asalariados tengan un trabajo digno, que su ingreso sea superior a la línea de pobreza y que el Estado recaude para que también los jubilados y pensionados vivan dignamente.
El mismo Donald Trump, cuando asumió la presidencia dijo textualmente: “America first”. La América de ellos son los EE.UU., mientras que la América nuestra es la de José Martí. Si entendiéramos eso, solo eso, daríamos un paso importante en la reconstrucción de nuestra identidad y con ello de nuestro verdadero beneficio.
[1] La Canasta Básica está compuesta por bienes y servicios y se relaciona directamente con la suba en los precios de los alimentos, la Canasta Básica Alimentaria se determina en función de los hábitos de consumo de la población, tomando en cuenta los requerimientos normativos kilo calóricos y proteicos imprescindibles. Y la Canasta Básica Total incluye esos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.
Donald J. Trump
✔@realDonaldTrump
As I predicted, Jay Powell and the Federal Reserve have allowed the Dollar to get so strong, especially relative to ALL other currencies, that our manufacturers are being negatively affected. Fed Rate too high. They are their own worst enemies, they don’t have a clue. Pathetic!
La retracción del comercio internacional, el estancamiento de la Unión Europea -tanto por la fractura impulsada por Gran Bretaña como por el sobreendeudamiento de las economías de menor porte- y una China replegada sobre su mercado interno como forma de potenciar el crecimiento, revelan un mundo ominoso para ensayar inserciones aperturistas y/o de sostenimiento de la actividad por la vía de las exportaciones.
Este marco planetario encuentra a la Argentina altamente endeudada y al borde del default, con un sector externo desequilibrado y sin un horizonte de flujo de inversiones potente.
El riesgo de una recesión global fuerza el proteccionismo y la búsqueda de autonomía económica en casi todos los países. Consecuentemente, el caso argentino ha desatado discusiones y pases de factura entre los distintos agentes económicos poderosos que participaron activamente del desmadre de la economía de Cambiemos.
El primero de ellos, el bloque primario-financiero, principal beneficiario del cambio de precios en favor del agro, la minería y la energía, y, a la vez, del esquema de valorización financiera de los excedentes obtenidos, administrados por un sistema bancario experto en esos menesteres. El segundo actor interviniente, el FMI, que, por razones geoestratégicas -fundamentalmente la elección en Brasil del año pasado-, decidió dispendiosamente dilatar el colapso de la “macrieconomics”, aportando la friolera de U$S 45.000 millones que sólo sirvieron para la fuga de capitales. Finalmente, los fondos de inversión, tenedores de los bonos soberanos argentinos.
El bloque primario-financiero, los prestamistas internacionales y el agente multilateral encargado de prevenir crisis son corresponsables del colapso del gobierno de Cambiemos. A través de sus voceros han comenzado a exteriorizar la disputa de los próximos tiempos, centrada en quién pagará la fiesta amarilla.
Al igual que aconteció al inicio de los gobiernos de Carlos Menem y Néstor Kirchner, la forma en que se encare el problema de la deuda, marcará el devenir del futuro gobierno que asoma como la quinta experiencia peronista.
Ahora bien, el contexto internacional dista de ser el de finales de la Guerra Fría, signado por una fuerte expansión del comercio internacional y la oferta favorable de reestructuración de deuda en el marco del Plan Brady, puerta de entrada al Consenso de Washington. Era el mundo unipolar de hegemonía estadounidense. También se encuentra lejos del mundo multipolar de principios de siglo, caracterizado por el incremento de la demanda de alimentos provocada por la emergencia de China y otros países del Asia pacífico, que empujaban al alza el precio de los commodities exportables, frente a un Estados Unidos que no lograba hacer pie en la región, jaqueado por su propio involucramiento en el conflicto petrolero de Medio Oriente.
El mundo actual es el que se ha descripto. Empuja hacia una salida autónoma en un contexto turbulento, pero cuyo recorrido puede estar signado por múltiples amenazas geoestratégicas.
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