El gobierno de Cambiemos que endeudó irresponsablemente al país, que desindustrializó, que redujo en términos reales los salarios, las jubilaciones y pensiones, que empujó a gran parte de la población a la pobreza mientras permitió que se fugaran capitales e hicieran negocios los bancos, las principales empresas prestadoras de servicios públicos y los grandes acopiadores y comercializadores de granos, está terminando su mandato.

Un gobierno que comenzó “liberando” el precio del dólar aduciendo que el del mercado era el dólar paralelo y que permitió comprar la cantidad de divisas que se quiera (y pueda); que sacó la mayoría de las retenciones (derechos de exportación) y redujo la de la soja; que eliminó todos los plazos para liquidar las operaciones de comercio exterior; que disminuyó los impuestos internos para la compra de autos de alta gama, yates, artículos de lujo y la alícuota de Bienes Personales; que hizo un “blanqueo” de capitales para todos aquellos que evadieron el pago de impuestos; que acrecentó sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones; y que subió las tasas de interés muy por encima de los precios y mucho más que los salarios, termina restableciendo las retenciones en septiembre de 2018[1], reprogramando los vencimientos de la deuda de corto plazo desde el 28 de agosto de 2019  y entablando negociaciones con los acreedores por la deuda de mediano y largo plazo y, desde el 1° de septiembre de 2019 fijó límites a la compra de divisas, bloqueó la remesa de utilidades, limitó a las entidades financieras a que la posición propia en divisa no puede superar el 4% de su patrimonio e impuso severos plazos para liquidar las exportaciones.

La lógica inicial en el modelo macrista era la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

Ingresaron divisas por el sector financiero (deuda, blanqueo de capitales) pero en forma sistemática: por un lado se fugaron y por otra parte se pagaron intereses de esas mismas deudas contraídas y se financiaron importaciones que mayoritariamente sustituyeron producción local.

El 25 de abril de 2018, ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los EE.UU., acercándola al 3% anual, se produce en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.). Los que no pudieron irse por tener vencimientos a posteriori, esperaron cierta estabilidad para vender títulos públicos y privados argentinos, y cuando esa estabilidad lograda tras las PASO se perdió, no trepidaron en vender tratando de salir como sea de un mal negocio.

Pero también hubo quienes ingresaron fuertemente a mediados de 2018, incluso acrecentando sideralmente su posición en títulos públicos y acciones de empresas argentinas, principalmente la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco), el banco de inversión Goldman Sachs y los fondos Franklin Templeton y BlackRock.

Pimco, por ejemplo, posee el 50% del total de título público denominado por su sigla BoPoMo (Bono de Política Monetaria), que es un bono en moneda nacional por 24.000 millones de pesos, atado a la tasa de interés de política monetaria que cerró al 83,205% anual y se paga el lunes 23 de septiembre. La otra mitad está en manos de otros fondos del exterior. Obviamente, PIMCO y tal vez los otros tenedores esperaron la fecha de vencimiento para cobrar e irse, más que probablemente con el mecanismo de contado con liqui, comprando con esa plata otros títulos públicos y privados y vendiéndolos en el exterior a un dólar a mayor precio, que es el costo de volver a esa moneda, por lo que definitivamente no ganaron plata.

La declaración del default

Ante lo desproporcionado del endeudamiento incurrido por la administración de Cambiemos y la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos, el gobierno mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2019 del 28 de agosto de 2019 modificó las condiciones de los pagos de los títulos públicos que vencen en el año. Solamente se abona el 15% del valor  a la fecha original de cancelación y el 85% restante se refinancia (25% a los 90 días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento), configurando un default de hecho [2].

El mismo día del Decreto, el ministro Hernán Lacunza dijo también que se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para el “reperfilamiento” de los vencimientos de  los títulos de deuda de mediano y largo plazo 2020-2023 con jurisdicción nacional, en forma similar a los títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos diez años.

A última hora del jueves 19 de septiembre de 2019, el gobierno de Cambiemos envió al Congreso de la Nación el Mensaje 174/2019 y Proyecto de Ley por el cual se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que con los títulos de deuda emitidos bajo legislación argentina se le den al gobierno las “herramientas legales para proceder a la modificación de los términos y condiciones de los títulos representativos de deuda pública nacional, mediante el consentimiento de una mayoría calificada de sus titulares, de manera concordante con lo previsto en las emisiones efectuadas bajo legislación extranjera”. De aprobarse el Proyecto, se habilita al Gobierno de Cambiemos a entablar una negociación con los acreedores para tal fin.

En esa negociación el gobierno va a incorporar a los títulos públicos la Cláusula de Acción Colectiva “que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie”.

Pero en el Mensaje  174/2019 propone:

1.  Determinar el monto de capital pendiente de amortización de aquellas series de títulos que estén denominados en moneda extranjera, convertidas a pesos argentinos utilizando el tipo de cambio que se establezca en la respectiva solicitud.
2. Vuelve a introducir el no cumplimiento del Art. 65 de la Ley 24.156 [3], que implica que las modificaciones que acepte el gobierno pueden ser a favor del tenedor del título de deuda y no un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
3. El ministerio de Hacienda puede realizar la compra, venta y/o canje de instrumentos financieros, pases de monedas, tasas de interés o títulos; la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados y esas transacciones podrán realizarse a través de entidades creadas «ad hoc» y no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto N° 1023 del 13 de agosto de 2001, que es el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, cuyo Art. 5to Inciso “d” excluye expresamente las contrataciones en operaciones de crédito público.

Sin embargo, el “reperfilamiento” queda reducido a la extensión de plazos y no está acompañado de una quita del capital ni una rebaja de los intereses, como fueron las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Finalmente, para los títulos que se emitieron bajo legislación extranjera estarían iniciando las mismas tratativas, con lo que es el gobierno de Macri el que está reestructurando la deuda que generó y luego, como debe ser el orden de los factores, una vez acordada la reestructuración de la deuda, remitirla al Congreso de la Nación para su aprobación y autorización.

Según informa el Ministerio de Hacienda, el año próximo vencen títulos por 12.000 millones de dólares bajo ley local y solo 400 millones bajo ley extranjera, mientras que en 2021 se revierte esa situación ya que vencen 4.500 millones bajo ley extranjera y 3.800 millones de dólares bajo ley argentina.

Y afirma que la deuda pública bruta total asciende a unos 307.000 millones de dólares, de los cuales 113.000 millones corresponden a títulos con acreedores privados. De este total, 48.000 millones de dólares [4] son de bonos bajo legislación local y 65.000 millones de dólares bajo ley extranjera.

Por otra parte, la deuda con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) asciende a 67.600 millones de dólares, dentro de los cuales también se incluyen unos 1.900 millones de dólares que todavía resta pagarle al Club de París.

Independientemente de cómo le vaya al gobierno de Macri en el “reperfilamiento” de la monstruosa deuda contraída, lo cierto es que el gobierno que lo suceda se va a encontrar con una situación imposible de pagar y con una catarata de juicios por incumplimiento del contrato o default.

Según un cuadro elaborado por la ODE de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), el perfil de vencimientos de capital más intereses es:

Y el superávit comercial no logra compensar el resto de los componentes de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

De allí que economistas vinculados al candidato ganador de las PASO sostienen que se debe recurrir a un acuerdo con los acreedores para estirar los vencimientos de capital (de 2020 a 2025, por ejemplo) y reducir a la vez la carga de intereses durante los primeros años a cambio de aumentarlos en los siguientes, al que denominan “Step Up” (un paso adelante) para hacer compatible la capacidad de pago del país con su crecimiento.

Ineptos e improvisados

El mejor equipo de los últimos 50 años y su jefe, Mauricio Macri, han demostrado una manifiesta incapacidad para la administración pública, desconociendo no solo su funcionamiento, la legislación y la técnica administrativa, sino y fundamentalmente una falta de vocación para defender a la Nación.

Han priorizado sus negocios. La deuda, su empleo y gestionamiento lo demuestran palpablemente, como también lo corrobora la reciente denuncia del dueño de medios Daniel Vila, sobre el uso de las frecuencias para telefonía celular y la extorsión del gobierno de Cambiemos, pero, sobre todo, lo que la abogada Graciana Peñafort explica que esas frecuencias son propiedad de todos y que administra el Estado Nacional y que por ley están asignadas a la empresa estatal. Concepto que no entienden ni Vila ni Macri.

Paralelamente, la realidad también demuestra que las reservas internacionales del BCRA siguen bajando a ritmo acelerado, de manera tal que el lunes 16 de septiembre de 2019 habían perforado el piso de los 50.000 millones de dólares, cuando al 9 de agosto de 2019 ascendían a 66.308 millones de dólares.

Los depósitos en dólares de los bancos continuaron en baja. La última información disponible es para el lunes 16 de septiembre y ese día los depósitos se ubicaron en 24.851 millones de dólares y desde las elecciones se perdieron 10.392 millones, el 35 por ciento del total [5]. 

Y no se genera, hasta ahora, un mayor derrape porque los grandes fondos nombrados están posicionados en acciones y títulos públicos en pesos y grandes empresas y grupos económicos locales tienen deudas en divisas, convencidos como estaban que la gestión de Cambiemos iba a durar no menos de dos períodos.

Existe una sorda, pero visible puja entre los que se benefician y los que se perjudican con la devaluación. Para los primeros, cuantos más pesos les den por sus divisas van a comprar por la mitad lo que vale el doble [6]. Los segundos, en cambio, esperan que la situación no se desestabilice más porque ya tienen un dólar competitivo, se opera con superávit comercial de mercaderías, base imprescindible para poder pagar las obligaciones y, fundamentalmente, porque los salarios y los costos medidos en dólares son menores a los de Brasil, referente ineludible para ellos para poder producir y comercializar en el país y en la región.

En síntesis, se trata de un final abierto entre los intereses de los que propician una mayor devaluación de nuestra moneda y los que buscan sacar partido de la devaluación ya realizada. Los convidados de piedra son los trabajadores, los jubilados y pensionados y en mayor o menor medida todos los que están vinculados al mercado interno y ese es el verdadero problema a resolver, de los cuales el endeudamiento del macrismo es un agravante.

[1] Que no actualizó a la fecha, siendo una suma fija de $ 3.- por dólar industrial y $ 4 por dólar primario, en un claro beneficio para los exportadores ante un dólar que se incrementó en un 50%.

[2] Por más que respete las tasas de interés, el alargamiento de los plazos es default,  que en finanzas es el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo.

Por otra parte, como detalla un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el “reperfilamiento” invirtió la carga de los vencimientos: bajo las condiciones originales, el 77% de los pagos debía realizarse este año. Pero de acuerdo al nuevo cronograma, el 72% de los mismos se cancelará en el 2020. Los vencimientos estimados para 2019 se reducen en U$S 9.306 millones, pero como resultado de la extensión de los plazos se deberá pagar U$S 1.472 millones adicionales de intereses con respecto al cronograma de pagos original.

[3] ARTICULO 65.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

[4] A su vez, de los títulos bajo legislación argentina serían unos 32.000 millones de dólares si se les restan las Letes y Lecap ya “reperfiladas” por el Decreto 596/2019.

[5] Ante la abrupta caída de los depósitos en dólares la mayoría de los bancos salieron a cancelar de manera acelerada los créditos que habían otorgado a las empresas para prefinanciar exportaciones, ofreciéndoles por esos créditos en divisas otorgarles en pesos, pero la diferencia de tasas es abismal. El costo que se cobra por una prefinanciación de exportaciones se suele ubicar incluso por debajo del 5% anual en dólares.

[6] En este escenario, por ejemplo, los títulos públicos a 10 años muestran un rendimiento promedio del 23,8% anual en dólares y no valen más del 45% de paridad. Y lo mismo sucede con las acciones de empresas locales.

Esta semana, el ministro Lacunza envió al Congreso de la Nación un proyecto de “reperfilamiento” de los vencimientos de la deuda emitida bajo legislación argentina. El objetivo esencial es facultar al Poder Ejecutivo para mejorar los vencimientos de la deuda de corto plazo que mayoritariamente circula en el mercado, cuyo stock se aproxima a los U$S 32.000 millones. A diferencia de otros casos históricos, la de Cambiemos es la primera gestión en defaultear los compromisos asumidos durante su propio período de gobierno.

El Proyecto contiene un elemento interesante. La causa de acción colectiva, destinada a impedir un ataque especulativo de los “fondos buitres” como ocurrió tras los canjes 2005/2010, le otorga orden público al proceso de reconversión cuando el mismo supere determinado porcentaje de aceptación, tanto en número de acreedores como en monto total.

En columnas pasadas describíamos que el cambio de régimen de regulación cambiaria, obligando el ingreso perentorio de las divisas por las ventas en el exterior y las restricciones de compra de moneda extranjera con fines de ahorro y/o atesoramiento, respondía al conflicto clásico entre exportadores y tenedores de bonos de deuda por la oferta de dólares. Es decir, se abría el debate sobre las posibilidades reales de cancelación de los compromisos con el exterior y quiénes iban a ser los proveedores de recursos para ese fin. Con el correr de septiembre, las febriles operaciones de los agentes económicos para instalar condicionantes al nuevo gobierno sobre el rumbo que debe tomar el tratamiento del pago de la deuda pública se hicieron cada vez más visibles, evidenciando la conformación de una “troika” poderosa largamente conocida en la Argentina: los bancos de inversión, el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos. 

Sobre las mesas de diálogo comienzan a aparecer los menús otrora repetidos: apoyo extraordinario del FMI en el marco de un Crédito de Facilidades Ampliadas (antiguo “Extended Facility”) que permita un sensible alargamiento de plazos de la deuda con el sector privado, inclusive con una reducción del stock en el valor presente, pero condicionado a las denominadas reformas estructurales: laboral, previsional y tributaria. 

La reestructuración de la deuda con el sector privado y el reordenamiento de la relación con el FMI marcarán la suerte de la ya casi segura quinta experiencia peronista (después de la primer década de Perón -1946-1955-, el peronismo del retorno -1973-1976-, la década de Carlos Menem -1989-1999- y la década larga de Néstor y Cristina -2003-2015), pues signarán el margen de divisas con que contará para expandir la economía y relanzar un proyecto industrial indispensable para la Argentina. Para ello, es menester darle viabilidad a las grandes áreas metropolitanas en que vive la gran mayoría de la población, por la vía de los insustituibles factores de cohesión social que son los empleos y los salarios, algo que solo se consigue con una buena dinámica industrial.

Esta quinta experiencia peronista va a estar alumbrada, al igual que la tercera y la cuarta, por una crisis de deuda. Carlos Menem, en 1989, recibió U$S 32.700 millones de deuda defaulteada con el sector privado, mientras que la cifra que recibió Néstor Kirchner ascendió U$S 81.800 millones. El endeudamiento con el sector privado (en “reperfilamiento”) que espera al gobierno de los Fernández es de U$S 101.000 millones. A la vez, los compromisos con el FMI por capital alcanzan hoy a U$S 45.000 millones, bastante superior a los U$S 13.000 millones que asumió Menem y a los casi U$S 10.000 millones que canceló Kirchner en marzo de 2006.

Dijimos en columnas pasadas que Carlos Menem reestructuró la deuda con el sector privado en el marco del entonces denominado “Plan Brady”, obteniendo una mezcla de extensión de plazos (a 30 años), baja de costo (tasa fija 300 puntos básicos sobre la internacional) y un mínimo de quita (U$S 2.700 millones) a cambio del ingreso de lleno al Consenso de Washington, en donde la venta de las empresas públicas fue decisiva para proveer las divisas necesarias para el pago y, a la vez, para expandir fuertemente la economía en el período 1991-1994. La deuda consolidada a 30 años quedó en U$S 27.000 millones.

En el caso de los gobiernos de Néstor y Cristina se produjeron dos canjes con fuerte quita y reducción de stock, alcanzando la reestructuración al 92,4% del monto original. La disminución de los heredados U$S 81.000 millones a US$ 21.000 millones fue acompañada del calce del pago de los servicios de deuda con los derechos de exportación. De este modo, fue posible una fuerte expansión económica en el período 2003-2011.

Ambos modelos de reordenamiento del endeudamiento público heredado, uno subordinado a las decisiones de la ya mentada “troika” (bancos, FMI, Tesoro de EE.UU), y otro autónomo, a partir de una fuerte baja del stock inicial de pasivos recibidos, abrieron un escenario de largo plazo de gobiernos peronistas con cierta estabilidad.

Nuevamente, el peronismo tendrá que asumir el desafío que le plantean los desmadres provocados por gobiernos no peronistas. 

A fines de 2011 se fueron generando ciertos controles cambiarios que tenían por objeto cuidar un bien escaso y fundamental para el funcionamiento de nuestra economía: las divisas. Desde hace décadas, la moneda de nuestro país no cumple un rol fundamental, el de reserva de valor. De esta forma, muchos de los conciudadanos que cuentan con alguna capacidad de ahorro optan por hacerlo en otra moneda o en algún bien, tal es el caso del dólar, el euro o el oro. Este comportamiento, si bien tiene sus motivaciones, genera en la sociedad una serie de problemas que retroalimentan el proceso. No confío en la moneda de mi país, me deshago de ella, adelanto consumo y compro dólares (euros, etc). A pesar de tener superávit comercial externo, las divisas no alcanzan a abastecer la demanda por bienes, servicios y atesoramiento, etc. Finalmente, se provoca la devaluación que termina confirmando que no puedo confiar en la moneda nacional. Pero no solo eso, ya que no se trata únicamente de un tema de selección de moneda en la cual ahorrar. El tipo de cambio no es un precio más y tiene consecuencias en el nivel de precios  internos. Por supuesto, esto tiene efectos sobre la distribución del ingreso y sobre el nivel de vida de amplios segmentos de la población. El mandatario actual quitó los controles cambiarios en la primera semana de gobierno, también dio amplias libertades para la liquidación de exportaciones. En paralelo, se elevaron tasas  internas, atrayendo capitales financieros. Además, se pagó a los holdouts y se financió en el exterior de manera acelerada. De este modo, rápidamente comenzó a “atrasarse” en términos reales el tipo de cambio, incentivando la FAE. Tras la devaluación, se hizo notorio el abultado peso de la deuda y sus servicios, respecto al PBI y al Presupuesto Nacional. Ahora se llegó al momento en que se hace evidente que no se puede seguir financiando la FAE (formación de activos externos, comúnmente llamada fuga de capitales), y a su vez sostener el resto de las cuentas del balance cambiario. Recientemente, luego de anunciar que se pospondrían los pagos de ciertos bonos locales, y ante una devaluación sostenida durante tres semanas, se opta por volver al control cambiario. A buena hora, aunque queda claro que algo tarde y habiendo pagado un costo enorme debido a la demora en tomar la decisión.   Esto sucede en un contexto en que al mes de julio del presente año la FAE alcanza los US$ 11.500 millones, mientras que hay un superávit en la cuenta de bienes superior a los US$ 13.450 millones, el resto de las cuentas tienen saldo negativo, y como resultado hubo una pérdida de casi US$ 11 mil millones de las reservas. Ya es hora de resolver el verdadero problema, nuestra moneda no es reserva de valor. La demanda permanente por monedas extranjeras para atesoramiento no solo implica un uso ineficiente de recursos, que en muchos casos quedan fuera del sistema y no producen nada por largo tiempo. También genera un exceso de demanda de dólares, y para satisfacerlo se debería permitir una devaluación exagerada que empobrecería a la mayor parte de la población, y no solo no resolvería el problema sino que lo agravaría. Es positivo que, a pesar de ir en contra de sus principios dogmáticos, el Gobierno haya optado por poner una regla más lógica sobre el mercado cambiario. Hacia adelante solo habría que discutir cómo perfeccionarla y procurar fortalecer nuestra moneda para que se recupere el crédito a la producción.   * Economista UBA-UNIBO. Twitter: @amezmezian (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de «share» o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/control-de-cambios-20.phtml

En economía, la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su capacidad de compra.

Nuestro país cuenta en su historia con un proceso hiperinflacionario que abarca dos administraciones, el fin del gobierno de Raúl Alfonsín y el comienzo de la gestión de Carlos Menem, en que el dólar pasó de valer 17,72 australes el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991 y que es la causa directa de que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en  1989 y de 2.314% en 1990.

En 1989, con la devaluación del Austral en la Argentina, miles de personas pasaron a la pobreza: la hiperinflación devoró salarios, generó revueltas, tomas de supermercados y, llevó al adelantamiento del traspaso del gobierno. La hiperdevaluación ocasionó la hiperinflación que provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25 % a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3 % en octubre del mismo año.

Estamos en un proceso que se va acercando al de 1989-1990 a medida que se deprecia nuestra moneda, donde el dólar tras las fuertes salidas de capitales iniciadas el 25 de abril de 2018 por los mismos bancos que habían colocado deuda argentina en el mundo, pasó de valer en torno a los $ 20.- a $ 40, y tras las PASO a $ 60, pero con varios agravantes:

1. El precio del dólar no tiene techo, el gobierno utilizó la reprogramación de los vencimientos de los títulos de deuda pagando solo el 15% de su valor a esa fecha y postergando el saldo en un 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, y puso límites a la compra en 10.000 dólares por persona y por mes, pero eso no impide que por los mecanismos de contado con liqui y dólar bolsa se compren divisas para que los sectores que tienen excedente los dolaricen para sacarlos del país y, por otra parte, no hay ingreso voluntario de las mismas, son en cuentagotas las liquidaciones de las exportaciones y demás liquidaciones o compras externas y nadie al final del gobierno de Cambiemos le presta a la Argentina.
2.  Con el desgobierno de Macri se genera el deterioro del dinero que termina arrastrando el valor de los activos locales en moneda dura y como se espera que ello continúe, sigue la salida de dólares del sistema a la espera de poder comprarlos por menos divisas.
3. Todo esto repercute en la actividad económica que se paraliza a pasos agigantados, a la vez que se difieren y hasta se rompen las cadenas de pago. Esta falta de crecimiento y de oportunidades para inversión productiva local es la tercera causa de la fuga de capitales, lo que implica una restricción al desarrollo socioeconómico ya que drena recursos que podrían ser utilizados para potenciar el crecimiento y el empleo, así como también reduce la recaudación impositiva y tiene impactos negativos en la distribución de la riqueza.
4. El viernes 9 de agosto los depósitos en moneda estadounidense en el mercado bancario local sumaban 35.243 millones de dólares, tras la realidad de que el gobierno de Macri llega a su fin, se produce un retiro de esas imposiciones en cuenta corriente, en caja de ahorro y a medida que vencen los plazos fijos, de manera tal que un mes después más de la cuarta parte se fue del sistema. El 9 de septiembre los bancos captaban solo 25.764 millones de dólares, lo que hace un promedio de retiro por día hábil de 430 millones de esa moneda, de mantenerse ese promedio por mes suman 9.500 millones, las mismas se convierten en 0 (cero) en los tres meses que restan para fin de año. Y lo peor es que se supone que la mitad de los depósitos en divisas financian operaciones de comercio exterior, por ende su retiro “descalza” las mismas (las deja sin financiamiento) y la otra mitad constituye reservas internacionales en el BCRA.
5. El gobierno incumple las severas metas fiscales y monetarias con el FMI al solo efecto de dar una mínima respuesta a la población, la primera por reducción en el IVA, en Ganancias y en aportes previsionales, más el aumento en el gasto social por la emergencia alimentaria. Y el segundo, porque si bien es cierto que el BCRA retira dinero legal argentino a cambio de las divisas que pierde de sus reservas internacionales, las mismas ascendían al equivalente a 66.308 millones el 9 de agosto y un mes más tarde, al 9 de septiembre, suman solo 50.646 millones con lo que disminuyeron en un 30,9% y, lo que no es menos cierto, la Base Monetaria se redujo solamente en un 1,05%. (Fue de $ 1.344.749 millones el 9 de agosto, a $ 1.330.833 millones el 9 de septiembre de 2019.) Todo esto hace que el FMI no le otorgue el tramo de septiembre de 5.421 millones de dólares, salvo un waiver (perdón) que, de no ocurrir, asegura una nueva corrida cambiaria ahora de los $ 60 a $ 80 pesos la unidad norteamericana como mínimo.

La crisis cambiaria y las provincias

Las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos de subir el mínimo no imponible y devolución del Impuesto a las Ganancias, más la quita del IVA a algunos alimentos, significan una disminución en lo que perciben las provincias de unos $ 30.000 millones hasta fin de año, porque todos ellos son tributos coparticipables.

La devaluación perjudica a las provincias más grandes, a las que el gobierno de Macri autorizó a endeudarse en divisas, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, y Santa Fe, que deben pagar más pesos por sus deudas. Y a su vez, se resiente la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos porque decae la actividad económica, conforma un trípode que ahoga financieramente a las jurisdicciones subnacionales e incluso el riesgo de que futuras devaluaciones tornen imposible el pago de la deuda, con lo que toda asistencia que tengan de la Nación, que por definición va a ser mucho menor que las necesidades, depara serios problemas para cumplir sus obligaciones hasta fin de año, como el pago en tiempo y forma de sus trabajadores, contratos y licitaciones. Menos que menos poder complementar el magro presupuesto y las transferencias del Tesoro de la Nación para asistir a los más pobres.

Emergencia alimentaria

La suba de los precios, en agosto de 2019 según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fue del 4%, por lo que el acumulado de los últimos 12 meses fue del 54,5%. Esto deteriora la capacidad adquisitiva de los que tienen trabajo, de jubilados y pensionados y de todos los que venden o prestan algún servicio al mercado interno.

Como consumimos el mismo bien que exportamos, alimentos, que son el principal componente de la canasta de consumo de una familia, la suba del dólar tiene un efecto inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva del salario y de los demás ingresos fijos. Por ejemplo, una botella de aceite mezcla de 900 cm3 se vende en el mercado de Amsterdam, puerta de entrada al mercado europeo, en torno a los dos dólares, por ende, en la Argentina se va a vender a ese producto a esa suma menos las retenciones. Con lo que si sube el valor del dólar se debe dar más plata argentina encareciendo todos los bienes y servicios.

Cada nueva suba del dólar deteriora el nivel de vida de la población de manera tal que, según indica el informe del primer semestre del año 2019 del Barómetro de Deuda Social de la Infancia que elabora la UCA (Universidad Católica Argentina), casi la mitad de los niños en el país (48,1%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero tras la disparada del dólar de $ 40 a $ 60.- en agosto 2019, la situación se agrava y crece la cantidad de chicos que tiene que asistir a comedores infantiles para no pasar hambre.

Según el Informe N° 118 del Jefe de Gabinete de Ministros remitido al Congreso de la Nación para el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria, que se refiere hasta el año 2018, sostiene que los 1.623.864 niñas y niños asistidos en todo el país en comedores escolares en el año 2016, pasaron a ser 2.777.056 en el año 2018 (incrementándose en un 70%) y que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social financiaba 11.144 comedores escolares en el año 2016 y pasaron a ser 19.036 dos años más tarde.

En ese año 2018 los comedores comunitarios eran 1.270 y asistían a 203.091 personas. Los merenderos distribuidos en todas las provincias y que reciben algún tipo de asistencia del Tesoro de la Nación eran 1.366 pero no se precisó a cuántas personas servían.

Lo que si es cierto y corroborable es que se los asiste mayoritariamente con arroz, fideos, harina, yerba, aceite, azúcar y sal y que dichos componentes son la base de la alimentación en los comedores escolares y barriales, casi sin carne, ni fruta, ni leche y sus derivados por abaratar costos y en desmedro de las proteínas y vitaminas necesarias.

A su vez, unos 5.000 centros de jubilados distribuidos en toda la Argentina reciben escaso dinero para comprar lo que han de repartir a los que más necesitan, asistiendo a unas 605.000 personas sobre los 7 millones de jubilados y pensionados del país.

El plan se complementa con la entrega de tarjetas alimentarias para la adquisición de alimentos por parte de sus titulares y ambos componentes (la remisión de comida y su financiamiento y la entrega de tarjetas alimentarias) es lo que se incrementa con la sanción de la Cámara de Diputados que prorroga la emergencia alimentaria al 31 de diciembre de 2022. Esta sanción aumentará la partida de este año en un 50%, crédito que al 31 de agosto de 2019 ascendía en total a $ 18.142,8 millones, unos 300 millones de dólares por año, para asistir a la mitad de los chicos y de los viejos que son pobres y no pueden siquiera garantizar en el mes la comida básica. Al mismo tiempo, por las LELIQs del BCRA se pagan $ 78.365 millones por mes (unos 1.300 millones de dólares).

Conclusión

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Gran parte de la población, sobre todo en las provincias del norte argentino y en los cordones de las grandes ciudades, percibe un ingreso per cápita como un país del África subsahariana, mientras que una parte de la sociedad ha hecho de la fuga de capitales y de la especulación su medio de vida en un marco en que se apropia de la renta agraria, petrolera y energética, financiera, etc.

El país se ha acostumbrado a funcionar así y hasta parece normal, cuando se debe impulsar el trabajo y la producción nacional y a la par mejorar la distribución del ingreso para generar un mercado interno sólido y en expansión, que es a la vez la base de acumulación de capital en la Argentina.

El deterioro de nuestra moneda nacional es uno de los caminos adoptados para el enriquecimiento de los que fugaron capitales y del capital extranjero que le interesa algunos enclaves productivos como puede ser la producción de soja y maíz, Vaca Muerta, el litio y otros minerales y no mucho más.

Paralelamente han aprendido de otras crisis, sobre todo de la del 2001, y han creado redes de contención, pero debe comprenderse que es un mal necesario y que del mismo se sale solo con trabajo y producción. Ese es el desafío del gobierno que viene.

La hiperinflación

Advertíamos desde esta columna que la crisis macroeconómica autoinfligida por el gobierno nacional, desatada en abril del año pasado, iba a recorrer tres fases clásicas en este tipo de eventos, que se agudizarían potenciándose una con otra.

La primera fase está dada por la corrida bursátil, con la caída del precio de las acciones y bonos. Este hecho puede corroborarse en el descenso del índice MERVAL, que desde principios de año pasó de 32.308 a 28.617 al nueve de septiembre, experimentando una baja del 11,4% en pesos. Calculado en dólares, el descenso representa un 40%, con la consiguiente depreciación de los activos reales privados y públicos de todos los argentinos. Esta fase fue acompañada por un incremento del riesgo país de 732 puntos básicos a principio de año hasta alcanzar 2.102 PB al nueve de septiembre, significando un aumento del 187%.

La segunda fase, ensamblada con la primera, se expresaría en una corrida cambiaria. La cotización del dólar mayorista de enero a la fecha pasó de $37,9 a $55,9, registrando una devaluación del 47,4%.

También evaluamos oportunamente que, de no estabilizarse esas variables, hecho que no ocurrió pese al increíble apoyo multilateral de U$S 45.000 millones brindado por el FMI, se daría comienzo a la tercera fase de este tipo de crisis: la corrida bancaria, que sigue al desencadenamiento de las dos primeras.

El corriente mes de septiembre se inició con un fuerte cambio de régimen en el sector externo, consistente en la limitación del acceso al mercado cambiario para compra de dólares de atesoramiento y en la obligación a la liquidación en plazo perentorio de las divisas provenientes de ventas en el exterior (tema desarrollado en la columna pasada). A la vez, septiembre también marcó el comienzo de la salida de depósitos en pesos y en dólares de los bancos. El cuadro que sigue, con las cifras oficiales más recientes, ilustra esta situación:

https://www.eldestapeweb.com/nota/retiro-de-depositos-el-ingreso-en-la-tercera-fase-de-la-crisis–201991421210

Se advierte una caída en los depósitos a plazo fijo del sector privado denominados en pesos del 4,3% en lo que va de septiembre. Si se agrega el devengamiento correspondiente a la tasa de interés promedio con que se remunera esa cartera, la baja real se aproxima al 9%.

La situación más comprometida se da en el segmento de depósitos del sector privado denominados en dólares, donde hay un derrumbe del 24% de las carteras en escasos días.

Afortunadamente, el macrismo respetó los cambios efectuados en el sistema bancario tras el colapso del 2001, manteniendo calzados y diferenciados los segmentos de intermediación de pesos y dólares. Los depósitos tomados en pesos se encuentran aplicados a operaciones pactadas en moneda nacional, mientras que los depósitos recibidos en dólares tienen un alto porcentaje de efectivo inmovilizado en los bancos, por eso pudieron responder con rapidez a la demanda de los ahorristas. La capacidad de préstamo se destinó a actividades exportadoras que repagan en dólares, eliminando cualquier riesgo de mezcla de monedas.

Efectuada la precisión anterior, para evitar diagnósticos equivocados y/o alarmas innecesarias, no dejan de ser preocupantes dos cuestiones centrales. Por un lado, la creciente desmonetización de la economía argentina, entendida como la baja de la cantidad de pesos totales que integran los agregados monetarios. En columnas pasadas citábamos cómo de un promedio histórico de monetización en torno al 24% del PBI, a principios de este año, dicho coeficiente se había reducido al 19%. Esto sucedió como consecuencia de una política monetaria ferozmente restrictiva acompañada de un desplome de la actividad real que desarmó la demanda de pesos.

La segunda cuestión central es el desarme de las posiciones en dólares depositadas en los bancos y su retiro del circuito económico. Esto restringe severamente la oferta de crédito para la exportación en un país necesitado del ingreso de divisas genuinas.

El escenario delineado, que definimos como tercera fase de la crisis, nuevamente ha hecho florecer planteos destinados a restringir severamente la oferta de moneda nacional, o a abolirla directamente, reemplazándola por el dólar.

Se escuchan voces crecientes que reclaman un nuevo sistema de Convertibilidad, reduciendo aún más la monetización de nuestra economía por la vía del reemplazo el stock de LeLiq por un bono a largo plazo en dólares que remede el denominado “plan Bonex” de 1989 y, seguidamente, con el ajuste del volumen de base monetaria al stock de reservas a un determinado tipo de cambio fijo.

También sorprendió esta semana el editorial en el Wall Street Journal que directamente le recomienda al gobierno de Cambiemos suprimir el peso y dolarizar completamente la economía argentina.

Los que han provocado la crisis ahora vienen con las soluciones.

Notable, ¿no?

El mes de septiembre se inició al ritmo de políticas zigzagueantes que reflejan el apuro, la falta de coherencia y la improvisación de un gobierno desesperado que niega una realidad adversa. Este ritmo dislocado no alcanza, sin embargo, para ocultar la permanencia de una música que no admite cambios y nos habla de un futuro dorado sin populismo en el país. Desde un inicio, este ha sido uno de los objetivos estratégicos perseguidos por este gobierno. Hoy permanece inalterable.

En sus cuatro años al mando, Macri buscó cooptar a un sector del peronismo al que caracterizó como racional. Paralelamente, con una brutal campaña de intimidación, miedo y persecución política, intentó embretar al peronismo K. Hoy Miguel Pichetto, el mas destacado exponente de la variante «racional» del peronismo, es candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Macri. El peronismo K, mientras tanto, ha logrado construir un frente que, aglutinando a distintos sectores políticos, se perfila como futuro ganador de las elecciones de octubre.

Esta realidad desnudada por las PASO cayó como un rayo entre los fondos de inversión norteamericanos que tienen una porción de su capital expuesto en el deporte de la especulación financiera local. En consecuencia, ráfagas brutales del viento de la desgracia arrasaron al día siguiente de las PASO al mercado de cambios y el dólar levitó, descontrolado. En los últimos días del mes de agosto, su disparada y el frenético vaciamiento de las reservas del país llevaron al gobierno a “perfilar” la deuda contraída. A pesar del eufemismo utilizado, el gobierno no pudo evitar que las nuevas políticas fuesen declaradas como una forma de default por parte de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo.

Un dato significativo de este default fue su coexistencia con la continuidad de una apertura total a los flujos de capital. Sin control de la fuga de capitales y de la liquidación de divisas de exportación, la declaración del default potenció el pánico del mercado, acelerando el ritmo de la corrida cambiaria y la caída de las reservas del BCRA. El jueves 30 de agosto la caída de los depósitos en dólares fue de 957 millones de dólares. El viernes 31 el dólar traspasaba los $ 62 sin que el BCRA pudiera contenerlo vendiendo 400 millones de dólares de sus reservas. Mientras tanto se perdían depósitos por valor de 1118 millones de dólares. Por ese entonces se hizo evidente que la corrida cambiaria conducía a una corrida sobre los depósitos de los bancos.

A escasos días de haberlo negado, el domingo 1° de septiembre, el gobierno inauguró el control de cambios. Esta política aplicada durante el gobierno K y denostada por Macri como cepo —es decir un instrumento de tortura—, corona ahora los últimos meses de su gestión. Empeñado en proclamar a los cuatro vientos que es una “medidas que no nos gusta… para controlar la emergencia… y cuidar a todos los argentinos” (cronista.com 4 9 2019), Macri deja que su compañero de fórmula aclare con gran sentido democrático que la intención es eliminar el cepo al día siguiente de ganar las elecciones (lpo.com 2.9 2019). Estas declaraciones buscan atraer el voto de vastos sectores de la clase media, desde los que intentan mantener el valor de sus ingresos comprando dólares a fin de mes, hasta aquellos adictos a los viajes al exterior y al consumo ostentoso.

Así, en pocos días el gobierno pasó de defaultear la deuda que contrajo a introducir el control de cambios. Sin embargo, esta alteración del orden de los factores no ha cambiado el resultado. El ritmo es caótico, pero la música es la misma. El ritmo llena de brumas al escenario político y oculta al potente faro que guía las políticas de Macri: destruir al populismo. La política cambiaria, el default y el cepo buscan atar de pies y manos al candidato que triunfe en las elecciones de octubre. El legado de Macri no es otra cosa que el ajuste y el endeudamiento ilimitado que impulsa el FMI, cabecera de puente de la geopolítica norteamericana en la región. Se busca así condicionar al próximo gobierno, imponiéndole un perfilamiento o reestructuración de la deuda —con acreedores locales, extranjeros y el FMI— determinado por Macri y el FMI en estos meses que preceden al cambio de gobierno en diciembre. La letra chica de estos arreglos quedara bien guardada hasta que asuma el próximo gobierno.

Asimismo, si bien estas políticas se presentan como necesarias para facilitar la vida del próximo gobierno, en la practica conducen a un resultado que es exactamente el opuesto. Tanto la política cambiaria como el cepo llevan a vaciar las reservas del BCRA. Esto ocurre por distintas vías. La salida del sistema bancario de los depósitos en dólares, algo que ha quedado a discreción de los inversores, impulsa la caída de los dólares que constituyen el encaje de los bancos en el BCRA y por esta vía disminuyen las reservas de la entidad monetaria. Esta salida de depósitos del circuito bancario local ha agotado las existencias de cajas de ahorro en bancos y entidades de seguridad, y ha llevado a la multiplicación de nuevas cuentas en dólares en el exterior.

Por el otro lado, el cepo impuesto no cumple con el cometido de todo cepo, que es precisamente la protección de las reservas internacionales, y concretamente los dólares que se obtienen con el intercambio comercial. El cepo macrista no impide el drenaje de reservas vía compra de dólares y consiguiente fuga de capitales. Permite que los particulares accedan a la compra de hasta 10.000 dólares por mes. Actualmente existen aproximadamente 1.100.000 millones de personas que compran dólares mensualmente. Suponiendo que en promedio compren U$S 1.500 por mes, por esta vía el cepo financiaría una fuga de U$S 1.600 millones de dólares mensuales, cifra que supera el superávit mensual de la balanza comercial conseguidos en este momento a costa de una recesión brutal (ámbito.com 4 9 2019).

Así, ya sea por una vía o por otra, las reservas se ven amenazadas. Es posible que, a pesar del cepo y del default, el gobierno que viene se encuentre con las arcas del BCRA sin reservas disponibles en circunstancias en que no tiene acceso al crédito externo y debe  enfrentar planes de reestructuración de deuda diagramados por este gobierno y el FMI. Mas allá del apuro y de las incoherencias atribuidas a estas políticas, ni el Presidente, ni la conducción del BCRA y del Ministerio de Hacienda, ni las autoridades del FMI, pueden desconocer el impacto que estas políticas tendrán sobre el futuro gobierno argentino. Si estas políticas se han adoptado, no es por ignorancia o distracción.

Hay, sin embargo, algo mas: la situación terminal de las finanzas macristas deja al desnudo un problema estructural que no ha sido enfrentado por los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron desde el fin del Terrorismo de Estado. Este problema, constituido por una acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica, constituye uno de los factores mas limitantes del próximo gobierno. Sin embargo, la brutal recesión impulsada por este gobierno y la caótica situación financiera que deja en herencia parecen brindar la oportunidad de empezar a cortar este nudo gordiano que imposibilitó el crecimiento económico y la inclusión social en el país. Así, el macrismo ha intentado destruir al peronismo. En el proceso ha dejado un caos financiero y productivo que, al desnudar las raíces estructurales que impiden el crecimiento con inclusión social, abre la vía para su superación.

Dependencia tecnológica, endeudamiento e inflación

La acumulación del capital, en condiciones de dependencia tecnológica tanto del agro como de la industria, ha engendrado una matriz productiva incapaz de generar a través del intercambio comercial los dólares que el país necesita para impulsar su crecimiento económico. Al mismo tiempo, ha generado conflictos sociales que dinamitan la inclusión social y la estabilidad política.

Desde principios de los ’60 toda expansión de la acumulación del capital ha desembocado en un crecimiento de importaciones con componente tecnológico relativamente alto. Este crecimiento no puede ser atendido por las divisas provenientes de las exportaciones y ha derivado en endeudamiento externo. Esta tendencia ha sido agravada en periodos como el actual, donde coexiste con el deterioro de los términos del intercambio de los productos que exportamos. Cuando estos términos mejoran —como ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner—, el impacto estructural de la dependencia tecnológica tiende a ocultarse. Esto ha contribuido a ignorar un fenómeno, cuya corrección implica la madre de todas las batallas que el país debe dar para crecer.

El fenómeno de la dependencia tecnológica se expande silenciosamente generando una matriz productiva cada vez mas desintegrada tanto dentro de un sector (i.e industrial) como entre sectores (agro/industria). Paralelamente produce una fragmentación creciente del mercado de trabajo (por calificación e ingresos tanto dentro de sectores, como entre sectores productivos) y genera bolsones de pobreza estructural caracterizados por el trabajo informal, desempleo y subempleo crónico, endeudamiento creciente y hambre.

La otra cara de esta economía desintegrada y fragmentada ha sido una creciente concentración del poder económico en áreas de importancia estratégica para el conjunto de la economía. Allí el control monopólico permite formar precios y maximizar rentas afectando los precios del conjunto de la economía y provocando enormes transferencias de ingresos y excedente entre distintos sectores empresarios y desde los muchos que poco tienen hacia un puñado que concentra la riqueza. Esta forma de acumulación ha prosperado bajo distintos gobiernos desde fines de la década de los ’60, engendrando una tendencia estructural al endeudamiento. Esta tendencia ha sido potenciada por la inserción del capital financiero internacional en la economía local a partir de los ’80 y las consiguientes recetas del FMI. Ambos fenómenos fueron impulsados por los distintos gobiernos neoliberales que se sucedieron desde el Terrorismo de Estado hasta la fecha. En este contexto, la experiencia macrista sobresale al haber impulsado aceleradamente una recesión de magnitud y duración inéditas en una coyuntura geopolítica de nuevo tipo.

Los planes del FMI buscan ahora atornillar al país rápidamente a un proceso de endeudamiento ilimitado que tenga por garantía una creciente primarizacion de la estructura productiva y vastos recursos no renovables de importancia estratégica mundial. Entre ellos: la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo también no convencional.

Estas políticas ocurren en un contexto internacional amenazado por una inminente crisis económica y financiera internacional en circunstancias en que la guerra comercial entre China y Estados Unidos provoca cimbronazos en las cadenas de valor global. Paradójicamente estas circunstancias, sumadas a la recesión industrial actual, pueden brindar una oportunidad única para cambiar la matriz productiva local. Para ello, sin embargo, es necesario tener en claro hacia dónde se quiere ir. También es crucial tener la fuerza que se necesita para legitimar una intervención estatal tendiente a la imposición de nuevas reglas del juego a todos los actores económicos, y especialmente a los económicamente más poderosos .

Esto ultimo implica una política clara hacia los monopolios locales. Estos tienen nombre y apellido y a pesar de sus disidencias con la política macrista han apoyado en bloque a este gobierno en la campana electoral que desembocó en la debacle de las PASO. Hoy muestran interés en dialogar con la oposición, pero ninguno ha roto con el gobierno de Macri, ni con las políticas del FMI. Macri, mientras tanto no pierde el tiempo. Si bien insta a este sector a confiar en el resultado electoral, también toma medidas que, como en el caso de Vaca Muerta (beneficios impositivos para inversiones de TGS, (ámbito 23 8 2019) y nuevas concesiones a Shell a ser anunciadas próximamente) satisfacen los intereses particulares de este sector y condicionan severamente al futuro gobierno.

Al mismo tiempo que esto ocurre, las placas tectónicas de la sociedad empiezan a sacudir conflictos en torno a demandas postergadas de salarios y empleo digno y se escucha el grito desgarrador de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones que se movilizan y cortan calles en todo el país exigiendo esta semana una ley de emergencia alimentaria. La respuesta oficial no ha tardado: el hambre es ninguneado como “tema de campaña electoral” (Avelluto, clarín.com 5 9 2019) y “esta gente (los piqueteros) que no labura y no labura para siempre… es responsable del endeudamiento” del país (Pichetto, cronista.com 5 9 2019). Así, poco a poco, la grieta trasciende al peronismo-antiperonismo y se encarna en un odio de clase cuyos ecos resuenan desde los orígenes de la República.

La guerra comercial y las cadenas de valor global

La guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene cada vez mas peso en la coyuntura internacional. Se fluctúa entre el anuncio del reinicio de negociaciones que no llegan a concretarse y son sustituidas por una escalada en la aplicación de tarifas aduaneras. Esto aumenta la volatilidad del mercado norteamericano de acciones y ha llevado a concluir que lo que está en juego es algo más sustancial que una guerra comercial, y por ende que esta no será resuelta en el corto plazo y ha llegado para quedarse. Un informe del Deutsche Bank estipula que China ha cambiado de estrategia, y se concentra ahora en resolver los problemas internos apostando al mediano y largo plazo para resolver las tensiones con Estados Unidos (zerohedge.com 3 9 2019).

Dos razones estarían detrás de este cambio de estrategia. La principal seria la certeza de que estos problemas trascienden el orden comercial e incluyen la seguridad nacional, el control de la frontera tecnológica y el poder geopolítico, incluyendo problemas de soberanía china sobre territorios que considera propios y son amenazados por los Estados Unidos. Otra razón residiría en el convencimiento chino de que el daño de la guerra comercial a su economía es manejable, y que, por lo tanto, puede esperar todo el tiempo que sea necesario hasta que llegue al gobierno norteamericano una administración más proclive al dialogo. Trump, en cambio, estaría acuciado por la necesidad de impedir que el cimbronazo de la guerra comercial sobre la economía norteamericana se acreciente en los meses que vienen y deteriore la posibilidad de su reelección. De ahí su presión constante para obtener resultados a corto plazo, situación que por el momento no lo favorece.

Otros estudios muestran que la guerra comercial ya ha empezado a provocar dislocaciones en las cadenas de valor global que reverberan en la propia economía norteamericana. Esto, sumado al peso creciente de la deuda corporativa norteamericana, explicaría la creciente presión de Trump sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y haga al dólar más competitivo a nivel internacional. Sin embargo, la proliferación de deuda global con tasas de interés negativa conspira contra este objetivo al atraer capitales a ser invertidos en deuda norteamericana que todavía tiene tasas de interés levemente positivas. Esta situación afecta a las economías emergentes sujetas a la permanente amenaza de salida de capitales.

Así, en un contexto de amenaza creciente de salida de capitales de las economías emergentes, de guerra comercial/tecnológica que afecta a las cadenas de valor global, de síntomas de recesión industrial global, y de importancia creciente de la robotización de la producción industrial en los países desarrollados, cabe preguntarnos por la racionalidad de nuestra propia estructura industrial integrada desde eslabones fácilmente reemplazables en cadenas de valor global dominadas por corporaciones multinacionales. En este sentido, y entre otros ejemplos, se destaca la necesidad que tendrá el nuevo gobierno de pensar el futuro de nuestra industria automotriz, de importancia vital en el conjunto de la industria pero que hoy está severamente afectada por la recesión local y global. Utilizando poco mas de un tercio de su capacidad instalada, hoy pone en riesgo el futuro de fuentes de trabajo altamente calificadas en términos relativos y con niveles de salarios

La música de Macri es la misma

El domingo primero de septiembre, el Gobierno implementó una modificación en el régimen cambiario vinculado al sector externo, que complementaba su inacabada pretensión de reestructurar la deuda pública inicialmente reprogramando vencimientos.

A contramano de su recorrido ideológico dogmático, y sometido a fuertes presiones internacionales, el Gobierno ha abordado dos cuestiones:

– La necesidad de reconstruir la oferta privada de dólares, obligando a los exportadores a liquidar el producido de sus ventas al exterior en un plazo determinado, a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

– La exigencia de frenar la fuga de divisas estableciendo regulaciones para el acceso al mercado cambiario.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa, hemos asistido a un dispositivo económico construido para permitir la apropiación de dólares en forma irrestricta por parte de los beneficiarios de la explotación de recursos primarios y su exportación, pero también de los que usufructuaban la enorme renta financiera respecto al atraso del tipo de cambio, en lo que se dio en llamar «carry trade».

Exportadores primarios y valorizadores financieros fueron, a lo largo de este tiempo, los grandes ganadores de la política económica de Cambiemos. Fue llevada hasta un extremo inédito, ya que los dólares provenientes de las ventas en el exterior no ingresaban a la Argentina, y los que aportaba el FMI en los diversos desembolsos pautados se fugaban permitiendo la realización de la abultada ganancia del «carry trade».

La conferencia de prensa del ministro Lacunza, en la que anunció la reprogramación de los vencimientos de deuda, sonaba casi como una burla para los tenedores de bonos soberanos. «… no traen los dólares de la exportación, se llevan los que aporta el FMI y ahora no nos pagan la deuda» habrá imaginado algún acreedor de la Argentina con capacidad de lobby internacional.

Es sintomático, entonces, que el ministro Lacunza haya reprogramado los vencimientos de deuda y haya promovido un decreto instando al BCRA a obligar a los exportadores a ingresar sus divisas al país y a regular el acceso al mercado de cambios para compra de moneda extranjera con fines de atesoramiento.

Es en esta etapa donde se ha ingresado en una crisis de deuda clásica, en la que los acreedores pretenden cobrar y los proveedores de dólares retacean la oferta. Suponiendo que el Estado consiga el excedente en sus cuentas públicas para afrontar los pagos de servicios que la misma implica, ese superávit es en pesos y debe acceder al mercado de cambios para obtener los dólares y cumplir así sus compromisos. La pregunta que surge es quién provee de dólares.

Este conflicto entre exportadores y tenedores de bonos soberanos fue el detonante, aunado a otros factores de desequilibrios, de las graves crisis de 1989 y 2001. Además, en el actual escenario, hay dos factores agravantes. El primero es la depreciación del peso, que licúa la capacidad de pago del Estado endeudado. El segundo es la dilución de los derechos de exportación, que le impide al sector público acceder a recaudación en moneda extranjera de manera directa.

El resultado electoral de las PASO provocó, entre otras cosas, la derrota del bloque primario – financiero que se benefició de un sector externo totalmente desregulado y que vorazmente depredó a lo largo de más de tres años, hasta volcarlo. La intervención del primero de septiembre tiene por objeto restituir la capacidad de pago externo del Estado argentino y reequilibrar las cuentas entre las dos facciones de poder económico que han actuado en el país en estos años: los prestamistas y los apropiadores de dólares.

Decíamos que esta ruptura, que a diferencia de etapas anteriores ocurrió muy rápido por la política del gobierno de Cambiemos, no es nueva y fue causa de las crisis de 1989 y 2001. Ahora bien, en ambos casos, la resolución de esas crisis estuvo en manos de gobiernos peronistas que ensayaron formas de resolución tendientes a reordenar el desmadre heredado y que, con luces y sombras, aseguraron una década (o más) de estabilidad para el país.

El gobierno de Carlos Menem reordenó la situación externa mediante la reestructuración de la deuda originada en la dictadura cívico-militar, en el marco de lo que se conoció como «Plan Brady». Este implicaba beneficios relevantes en términos de plazos y costos, pero el condicionante fue la venta de los activos públicos acumulados por generaciones. El producido de las privatizaciones permitió asegurar los dólares suficientes para cumplir los compromisos de deuda y, a la vez, facilitar la realización de ganancias de los agentes económicos más poderosos.

Néstor Kirchner asumió la resolución de la deuda defaulteada recibida mediante un proceso de reestructuración (canjes 2005-2010) que implicó una quita de dos tercios del capital original y una mejora sustantiva en la remuneración de los nuevos títulos atándolos al crecimiento de la economía. El reequilibrio entre las facciones dominantes se produjo a través de los derechos de exportación. La baja de stock de deuda permitía que los servicios de la misma se calzaran con los dólares producidos por las retenciones, sin alterar la situación general del sector externo.

https://www.eldestapeweb.com/nota/crisis-de-deuda-y-fractura-del-bloque-primario—financiero-20199619560

El ministro Hernán Lacunza anunció el 28 de agosto que en forma unilateral se modificarían las condiciones de los pagos de los títulos públicos que vencen en el año (Decreto 596/2019), de los que solamente se abonaría el 15% del valor a la fecha original de cancelación y el 85% restante se refinanciaría. (25% a los 90 días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento.) Dijo también que en relación a los títulos de deuda de mediano y largo plazo, para los que tienen jurisdicción nacional, se enviaría al Congreso un proyecto de ley para el “reperfilamiento” de los vencimientos en forma similar a los títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas, que vencen en los próximos diez años.

Por otra parte, sabemos que existe un registro de acreedores de títulos públicos argentinos en pesos y en dólares que, a mediados del año pasado, sumaban un total equivalente a 28.000 millones de dólares. De este total, la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco) administraba unos 6.400 millones; el Fondo Franklin Templeton poseía títulos públicos argentinos por el equivalente a 6.200 millones; el fondo BlackRock por unos 3.700 millones de la moneda norteamericana; Goldman Sachs por unos 2.200 millones y la Financiera Lazard [1] unos 1.500 millones. Tras las PASO, lo único que quieren hacer, merced a la liquidez internacional y el aumento de la paridad del dólar, es desprenderse de ellos al precio que les paguen [2].

Entonces, ¿por qué se supone que esos acreedores van a aceptar voluntariamente renegociar las condiciones de dichos títulos con los que ya han perdido mucha plata? Sólo lo harían para mejorar notablemente su rendimiento y ello va en contra del Artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional. Los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales deben mejorar, no para el acreedor sino para el Estado Nacional que, de otro modo, no tendrá autorización para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados, mediante su consolidación, conversión o renegociación.

Esos grandes fondos poseen también acciones y obligaciones negociables de empresas argentinas y hacen lo mismo: cuando consiguen a quien vendérselas, realizan la operación a un precio muy menor al que la compraron.

Esto explica el derrape de las empresas locales que operan en mercados internacionales, principalmente las beneficiadas por el gobierno de Cambiemos, los bancos y las empresas energéticas [3]:

De manera tal que, en tres semanas y media después de las PASO, el descenso del precio de las acciones del Grupo Galicia (Escasany, Braun, Ayerza) fue del 75%, con lo que el grupo pasó de valer casi 4.300 millones de dólares antes de las elecciones, a sólo 1.310 millones el 5 de septiembre. En igual lapso, el descenso en la cotización de las acciones en el Banco Supervielle fue del 70,1% y del Banco Macro,71,4%.

Siempre en ese período, mayores fueron las pérdidas registradas en las empresas energéticas. Las acciones de Edenor se derrumbaron en un 79,8%, Pampa Energía, 61,6% y Central Puerto, 70,8%. Los precios de las acciones de YPF cayeron en aproximadamente un 75% desde las PASO. Su valor está en mínimos históricos, a 8,13 dólares en la bolsa de Nueva York, menos de la mitad de su valor de diciembre de 2015 y menos que los 10,5 dólares que valía en el año 2001.

Paralelamente el BCRA desde el 9 de agosto al 3 de septiembre de 2019 tuvo un descenso de sus reservas internacionales por 14.141 millones de dólares, para pasar a ser la misma de 52.149 millones de esa moneda en la última fecha nombrada. Y los depósitos en dólares captados por las entidades financieras locales en dicho período descendieron en 7.596 millones [4].

Paralelamente, las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) pagaron tras las PASO tasas que superaron el 85% anual. Por las medidas tomadas por el BCRA, las entidades financieras no pueden realizar operaciones de contado contra liqui (que es la venta de títulos y acciones en el exterior y se realiza a un tipo de cambio mayor para fugar capitales), les obligan a que solo el 4% de su RPC (responsabilidad Patrimonial Computable) sea en divisas y no les dejan remitir sus utilidades al exterior, pero siguen ganando fortunas con la diferencia entre las tasas que les pagan a sus ahorristas (tasa de interés pasiva) y la que le cobran al BCRA por las LELIQs, en un claro beneficio para que impulsen a los ahorristas a quedarse en el sistema.

El presente inmediato

A lo relatado debemos sumar que el gobierno nacional con fecha 28 de agosto de 2019 declaró desierta la licitación de Letras del Tesoro (LETES) y no se sabe qué va a suceder con las licitaciones programadas para los días 10, 24, y 30 de septiembre de 2019.

A su vez, pese a que los exportadores son conminados perentoriamente a liquidar sus operaciones por el Decreto 609/2019 del 1° de septiembre de 2019, observamos sus dificultades de implementación dado que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan, según ellos, el 41% de las exportaciones argentinas, declararon el lunes 2 de septiembre de 2019 (un día después de la publicación del DNU) haber vendido y liquidado al exterior desde enero 2019 por 15.238,6 millones de dólares. Por lo tanto no tienen mucho apuro en vender los 25 millones de toneladas granos en silos, en primer lugar porque dependen de las compras de afuera y, después, porque esperan que el valor de la divisa siga subiendo, con lo que en el último cuatrimestre del año no sería importante el ingreso de divisas por liquidación de exportaciones y, de realizarse, ingresarán en 2020.

Con respecto a la reprogramación y postergación de los pagos del DNU 596/2019, por más que sea aplicado el mecanismo de reconocer solo el 15% del pago en los vencimientos de títulos de corto plazo, habría que ver como juegan después los reclamos judiciales y el pago de los contratos CDS (Credit Default Swaps), que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares y ello también impactará en 2020.

A su vez el gobierno no modificó la estructura de derechos de exportación (retenciones) de septiembre de 2018. Por ende, sigue siendo de $ 4 por dólar exportado en granos y de $ 3 en industria, lo que implica menores ingresos al fisco y encarecimiento de los alimentos a la población por la fuerte depreciación de nuestra moneda.

En el ROFEX (Mercado de futuro de ventas de granos de Rosario-Santa Fe), el precio del dólar estuvo a $ 67,7020 el jueves 5 de septiembre de 2019, cuando ese día cerró el tipo de cambio vendedor en $ 58,21. Por ende, la depreciación esperada es del 65% anual, que es la tasa que se paga para los depósitos Badlar (por encima de un millón de pesos). Pese a que ese tipo de cambio futuro está influido por las ventas a esa fecha del BCRA, nos indica que la tasas pasivas de interés no pueden descender si no desciende el precio futuro del dólar, porque de otro modo se pasarían en bandada a la divisa norteamericana. Entonces la crisis cambiaria se convertiría también en bancaria y con ello el gobierno de Cambiemos no llegaría al 10 de diciembre de 2019.

Ese más que precario e inestable equilibrio es como cerró la primera semana de septiembre, en una economía que no accede a los mercados de créditos internacionales (y que no sabe a ciencia cierta si el FMI le otorgará y cuando el tramo de 5.421 millones de dólares de septiembre 2019), que destruyó su aparato productivo, que cerró empresas y expulsó trabajadores, que no ajusta las remuneraciones ni siquiera en parte de la depreciación, que no genera inversiones y que enfrenta un perfil de vencimientos de deuda imposible de pagar.

El futuro inmediato

La depreciación de nuestra moneda tiene un impacto desastroso para los asalariados, jubilados y pensionados y para los que producen y venden para el mercado interno. El castigo a la población para que acepte trabajar por bajas remuneraciones y en condiciones de pérdida de derechos es un arma de doble filo. Una, porque debe fomentarse y apuntalarse permanentemente la red de contención de los comedores barriales y escolares, que nunca es digno. Otra, porque la paciencia algún día se acaba. Además, como lo ha demostrado la Argentina tantas veces, el cercenamiento del mercado interno arrastra al descenso sin piso del PIB.

Pero aún así, si el conflicto social no estallase ahora, sería una bomba de tiempo y una pesada herencia para el gobierno que viene, que debe dar respuesta inmediata y consistente y, a la par, restablecer el funcionamiento de la actividad económica.

Todo ello condicionado por las acreencias del FMI y de los grandes bancos y fondos de inversión tenedores de títulos de deuda, que tratarán de salir de los mismos de la mejor forma posible mediante un canje por nuevos bonos que los beneficien.

San Mateo era cobrador de impuestos al pueblo de Jerusalén y Jesús lo convirtió en uno de sus apóstoles. Redactó su Evangelio en torno a los discursos del Nazareno, que en uno de ellos dice: “Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero”. Y esa es la verdadera grieta.

[1] Dicha financiera tenía el mandato de venta de IECSA, la constructora presidida por el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra y que se vendiera al grupo liderado por Marcelo Mindlin por fuera de la sociedad Pampa Energía.

[2] Un ejemplo claro es el bono de 100 años (Código AC17D) por 2.750 millones de dólares. Cotizaba al jueves 5 de septiembre de 2019 a 38 dólares la lámina de 100.

[3] Entre los sectores ganadores del “macrismo” están los bancos y las empresas ligadas a la energía con precios “regulados” a su favor por el Estado.

[4] Al 9 de agosto los depósitos en dólares totalizaban 32.578 millones y al día 5 de septiembre de 2019 eran 24.982 millones.

fuente:https://www.elcohetealaluna.com/la-resurreccion-del-mercado-interno/

Antes de las PASO y de las medidas tomadas unilateralmente por el gobierno de Cambiemos  el 28 de agosto, se fugaron de la Argentina 73.170 millones de dólares entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2019 [1]; los niveles de desinversión bruta fija eran alarmantes, perforando este año el piso del 13% del PIB (no alcanza a generar fondos para la amortización de las máquinas y equipos); el consumo descendió fuertemente fruto de la desocupación y los bajos salarios y se incrementaron sideralmente la pobreza y la indigencia, que hace que hasta la misma Iglesia Católica llame a una “Emergencia Alimentaria” para asistir con un plato de comida a la población. El resultado de las PASO fue el fiel reflejo de la situación, el 68% de los sufragantes votaron contra la política del gobierno de Cambiemos.

Tras las PASO, las reservas internacionales del BCRA cayeron desde 66.039 millones de dólares al 9 de agosto a 56.713 millones de dólares a fin de mes. Es cierto que se pagaron REPO (seguros) por 2.639 millones de dólares para rescatar BONAR dados en garantía, pero 6.687 millones se fueron en tan solo en 15 días hábiles por compra de divisas, lo que significa, día tras día, un drenaje imposible de soportar hasta el fin del gobierno de Macri.

A eso se le suma que el total de títulos públicos en pesos y en divisas que vencen de agosto a diciembre de este año rondaban el equivalente a 23.500 millones de dólares, de los cuales eran LETES (Letras del Tesoro) en dólares 11.807 millones, que vencían y daban lugar a tres licitaciones por mes. Antes de las PASO, el rollover (cambio de deuda vieja por nueva) rondaba el 88% del total, en la licitación del 16 de agosto 2019 solo se renovó el 5% de la licitación (obviamente fue una repartición estatal) y el 28 de agosto la licitación de LETES en dólares se declaró desierta.

En ese marco de pérdida de reservas y sin poder pagar los vencimientos (al no renovarse), adoptaron el miércoles 28 de agosto de 2019 medidas unilaterales que llamaron “reperfilamiento” pero que es default técnico, al reprogramar los pagos y no respetar la  forma establecida en el contrato  de emisión de la deuda.

Ese día el ministro Hernán Lacunza anunció que el 90% del stock de deuda (en pesos y en divisas) que está en poder de bancos, fondos de inversión y organismos institucionales y vence en los próximos cuatro meses (como dijimos, por el equivalente a unos 23.500 millones de dólares) serán cancelados 15% al vencimiento, 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, respetando las demás condiciones originales del crédito y el capital [2].

Para el gobierno de Cambiemos no es default porque no hay cesación sino reprogramación de pago, y solo comprende la la deuda de corto plazo (Letes, Lecap, etcétera) y con inversores institucionales.  Sin embargo, al no poder cumplir en forma y plazo se deben pagar los contratos CDS (Credit Default Swaps) por incumplimiento que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares. Si se activa el seguro contra default es difícil argumentar que no se trata de un default.

El nuevo ministro anunció que la propuesta de reprogramación (reperfilamiento, en su lenguaje) de deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción argentina (regida por las leyes locales) será enviada al Congreso para fijar por ley una extensión de los plazos. La deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción extranjera será sometida a una negociación con acreedores internacionales [3], lo mismo que la deuda con el FMI. Los últimos datos de Hacienda, correspondientes al 31 de marzo de 2019, exhiben que el 50 % de la deuda está emitida bajo jurisdicción extranjera.

Los anuncios intentan ordenar el caos financiero causado por el propio gobierno, pero no pueden evitar la catarata de juicios por incumplimiento de contrato y, otra vez, que aparezcan fondos buitres para comprar esos papeles en litigio, que serán uno de los problemas de la administración de Alberto Fernández.

El mismo 28 de agosto 2019, tras los anuncios del ministro Lacunza, el BCRA con la firma de su presidente Guido Sandleris emitió un comunicado en el que admite que las decisiones fueron una “rápida respuesta” a la falta de renovación de la deuda de corto plazo. Sostuvo además que de esa manera se limita el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, en desmedro de los grandes inversores en deuda pública.

Esto es, no ponen límite a la compra y fuga de divisas, cuando es obvio, como sucedió en los días subsiguientes, que los que pueden comprar dólares lo hacen acelerando la conversión de plazos fijos en pesos a divisas y retiran de los bancos los depósitos en dólares (eran solo 31.683 millones el viernes 9 de agosto de 2019 y 3.546 millones menos el 26 de agosto de 2019), ante la pasividad del Banco Central.

A última hora del viernes 30 de agosto, el BCRA dio a conocer la Comunicación “A” 6768 que dispone que desde ese día, la banca extranjera deberá pedir autorización al BCRA para la distribución de sus utilidades, con lo que trata de limitar el giro de divisas. La medida tuvo inmediata respuesta: en ventas realizadas después del cierre del mercado cambiario local, el dólar contado con liqui se transó a $ 65,22.

Es claro que no adoptan ninguna otra medida de control cambiario para facilitar la fuga de capitales. Ese debe ser el acuerdo con los grandes fondos de inversión como Goldman Sachs y Franklin Templeton que están posicionados en títulos públicos  y privados argentinos en pesos, y deben esperar a venderlos para comprar dólares y fugarlos.

Y es la razón por la que son tan cuidadosos de mencionar la palabra “default”, porque implica que grandes bancos y fondos de inversión por su propia carta orgánica y/o reglamento interno, deben desprenderse de las acciones y títulos en esa condición, lo que hará que descienda más aún el precio de los mismos. Valga como ejemplo que las acciones de seguro de YPF (ADR de NYSE) cotizaban el viernes 30 de agosto 2019 en Wall Street a 8,68 dólares, la mitad del valor que en diciembre de 2015. Y lo mismo sucede, en mayor o menor medida, con todas las empresas argentinas que cotizan en los mercados externos.

Que la calificadora de riesgos Standard & Poor haya bajado la calificación de los títulos públicos argentinos a “default selectivo” el jueves 29 y el viernes 30 corregido dicha calificación; que otra agencia, Fitch, ese día bajara la nota de la Argentina y la ubicara en “default restringido” o que la tasa de Riesgo País de JP Morgan alcanzara los 2.533 puntos (25,33% por encima de la tasa de los EE.UU.), son todas muestras de que la situación es grave y de que afuera le “bajaron el pulgar” al gobierno.

El FMI

Si hay una razón por la que el gobierno de Cambiemos no está peor, es por el apoyo del FMI, pero no de su staff técnico, que el 30 de agosto 2019 afirmó en un comunicado  que “el caso argentino está en proceso de elaboración y análisis”. Lo que queda claro es que los tiempos no son los que necesita el gobierno para cubrir los vencimientos, aún con la “reperfilación” anunciada.

A la Argentina se le destinó el mayor préstamo de la historia del organismo. (Unos 57.000 millones de dólares, de los que ya ingresaron 44.068 millones.) El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, al reunirse el mismo 30 de agosto 2019 con el board (consejo de administración del FMI), presentó el pedido de reformulación del actual plan stand-by, que incluso alcanza al nuevo gobierno que asuma en el país.

Los técnicos del FMI esperan para los próximos 100 días de gobierno de Mauricio Macri una dolarización potencial de 16.000 millones de dólares, equivalente a más del 100% de las reservas de libre disponibilidad del BCRA. Además infieren que el stock de LELIQs (al 27 de agosto de 2019 de $ 1.316.469 millones, que supera a la Base Monetaria que ese día fue de $ 1.242.570 millones) y el descenso de la demanda de dinero (nadie quiere pesos argentinos) sean fuentes potenciales de vulnerabilidad para el sistema bancario. Por lo tanto es probable que el gobierno argentino deba aplicar restricciones para retirar dinero y divisas de los bancos.

El fracaso del gobierno de Macri es evidente, sin que a Macri y al FMI les importe la población argentina. Esto no da para más. Primero se debe instrumentar ya un plan de emergencia social, segundo un estricto control de cambio y tercero, reestructurar la deuda.

Macri se aferra a Donald Trump que ya debe estar hastiado de él y de su gobierno. El Departamento de Estado, sin nombrarlo, dijo tras las PASO que “Estados Unidos espera continuar nuestra sólida asociación con el pueblo argentino y su liderazgo electo, sea cual sea el candidato que el pueblo argentino elija como su próximo Presidente”.

Y si no le sueltan la mano del todo (como han hecho otras veces con otras administraciones amigas) es porque reconocerían su propio fracaso y porque quieren utilizar el endeudamiento con el FMI para reconvertirlo en un crédito de facilidades extendidas, con plazos de devolución más largos, pero con compromisos de reformas estructurales en temas laborales, tributarios y previsionales.

El futuro Presidente Alberto Fernández aseveró que el FMI es copartícipe de la “catástrofe social” argentina y señaló que el programa que ahora se quiere renegociar “fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad para financiar una campaña electoral”.

La mayoría de los jubilados y pensionados perciben un ingreso de apenas $ 15.000 por mes, pero como son siete millones implica el mayor gasto presupuestario de la administración nacional (aproximadamente el 40%), a lo que se le suma el resto de los gastos sociales. Pero el sistema no se financia  ajustando tan magros haberes, sino creciendo y generando puestos de trabajos en blanco con aportes previsionales. La relación entre trabajadores en actividad con aportes y jubilados y pensionados es de 1,6 a 1.  Si se aumentan los puestos de trabajo, mejora el coeficiente.

Tampoco es flexibilizando las condiciones de trabajo, sino aumentando la demanda para que se produzca y se venda más.

Ambas variables se solucionan aumentando los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados, congelando las tarifas de combustibles, luz y gas, acordando con los grandes formadores de precios en una economía “cartelizada” como la argentina y bajando drásticamente la tasa de interés que no debe pujar contra el dólar.

Y por reforma tributaria, que se adopten medidas para que paguen los ricos, no aumentando el IVA o persiguiendo a los monotributistas. Para ello se debe aplicar correctamente un impuesto a la renta financiera y a la compra y venta de divisas, como tiene por ejemplo la Unión Europea. El BCRA sabe qué bancos compraron divisas desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, y esos bancos saben qué clientes se lo pidieron.  Deberán justificar si pagaron impuestos y desde ya decimos que no lo hicieron porque la compra supera los 100.000 millones de dólares y las contribuciones al fisco no alcanzan a ser el 5% de esa suma.

[1] En el Balance Cambiario del BCRA se denomina FAE – Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior. Obviamente nuestra burguesía se benefició de dichas compras, lo que hasta ahora no se puede saber porque el BCRA se niega a decir quienes compraron amparándose en el secreto bancario.

[2] El 10% restante está en poder de personas humanas y se le respeta las condiciones acordadas. Se definió que las personas humanas que invirtieron en Fondos Comunes de Inversión que tenían en sus carteras títulos públicos de corto plazo alcanzados por la medida, tendrán el mismo derecho que se otorga a las personas humanas que invirtieron directamente en estos activos, afirmaron.

[3] La Secretaría de Finanzas tratará de acordar con bancos y fondos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento”, como denominan la nueva reestructuración de vencimientos y de pagos, de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos 10 años.

DEFAULT y FMI