La crisis actual en Bolivia, que provocó la renuncia y el exilio del presidente Evo Morales, puede analizarse desde distintos puntos de vista. Y es dable comprobar que un examen de este proceso, de acuerdo a la mayor o menor simpatía que cada uno profese por las mayorías populares o por las élites, arroja conclusiones y sentimientos diferentes. Sin embargo, un repaso estilizado de los últimos acontecimientos permite inferir no solo que hubo un golpe de estado sino también las acciones que facilitarían la restauración del orden democrático en el vecino país.

En este sentido, vale recordar que las disputas comenzaron a desbocarse desde el momento en que hubo dudas respecto a los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado. Mientras que el gobierno de Morales, después de una inexplicable postergación en el conteo de votos, aseguraba haber triunfado en primera vuelta, la oposición encabezada por Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, reclamaba la realización de un balotaje. Al principio mediante actos y declaraciones públicas. Luego con movilizaciones callejeras en distintas ciudades.

Morales, que se presentaba para un tercer mandato consecutivo según la interpretación que se hizo de la nueva constitución, fue rectificando poco a poco su posición original. Solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría vinculante de los votos cuestionados y el fin de semana pasado, una vez que se comprobaron irregularidades en el escrutinio, no respecto a su triunfo sino al porcentaje que lo separaba de Carlos Mesa, decidió convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas y más tarde formalizó el llamado a nuevas elecciones.

Pero la situación había cambiado en esos largos veinte días. Además de fisuras en el interior de los sectores populares que apoyaban al gobierno, se produjeron una combinación de acciones que pueden caracterizarse como golpistas de nuevo tipo. Violencia callejera, amenazas, bloqueos y secuestros a funcionarios y partidarios de Morales por parte de bandas opositoras y parapoliciales, amotinamiento policial y finalmente el pedido de renuncia y de interrupción institucional solicitado, primero, por líderes políticos, religiosos y sociales y luego por las fuerzas armadas.

El presidente Morales, sin posibilidades de contar con el auxilio del sistema político, de la policía o del ejército, ni de los organismos internacionales o regionales para estabilizar o apaciguar el conflicto, podría haber recurrido a la resistencia de los campesinos y de los estudiantes. También a los simpatizantes de su partido, el MAS (Movimiento al Socialismo). Pero prefirió renunciar. O, si se quiere, optó por el tiempo en lugar de la sangre.

Una parte de la opinión pública acusa a Evo Morales de haber forzado la interpretación de la Constitución aprobada en 2009 para tener un mandato adicional, como hicieron otros políticos de otros países, o bien, de desoír su derrota en el referéndum que se llevó a cabo en 2016 para alcanzar el mismo objetivo. Dos grandes errores políticos, mas no fraudes. Pero, al mismo tiempo, omiten considerar que fue elegido democráticamente en tres oportunidades y que durante de sus casi catorce años de mandato imperaron las libertades públicas, sin limitaciones ni amenazas de ningún tipo.

Es probable que Evo Morales, que supo administrar un ciclo de crecimiento y distribución de la riqueza inédita en Bolivia, concentre en sus rasgos, su temple y sus discursos todos los prejuicios de clase y de raza que aún posee una fracción de la élite social. De Bolivia y del resto del mundo. Lo hemos corroborado en estos días. Prejuicios que, por cierto, tuve oportunidad de comprobar cuando junto a Marco Aurelio García entrevistamos a líderes sectoriales durante la misión pacificadora que cumplimos en Bolivia por encargo de los presidentes Lula y Kirchner en la llamada guerra del gas, en octubre de 2003. Uno de ellos, alto, rubio y de origen croata, se puso de pie para hablarnos: les voy a hacer franco, yo tolero cualquier cosa, menos que un indio como Evo gobierne este país, dijo.

A la Asamblea Legislativa boliviana, y a ningún otro poder, le cabe la responsabilidad de organizar, sin trabas ni proscripciones, una nueva elección general en el corto plazo. Y a los gobiernos decentes de la región les compete, junto al Mercosur y a los organismos multilaterales, exigir y acompañar todos los esfuerzos y compromisos que se asuman en este sentido. Porque, glosando a John Donne, podríamos de decir que como ningún país es una isla y el retroceso de cualquiera nos afecta, nunca preguntemos por quién doblan las campanas: doblan por nosotros.

Eduardo Sguiglia es ex embajador y ex subsecretario de Política Latinoamericana.

https://www.clarin.com/opinion/bolivia-doblan-campanas-_0_MNWrS7ZK.html

El libro era blanco, de editorial Bruguera y su tapa traía un sugerente dibujo que remitía al Medioevo, de un extraño ser con algo de hombre, de pájaro, de pez y de dragón. Se llamaba La alquimia y su autor era Reinhard Federmann. No dudé en tomarlo. Amo con devoción y me fascinan desde ese día los alquimistas, los misterios y los mitos fundantes de la ciencia moderna. Antes de ser ciencia. En las épocas de los dioses y los héroes, según Vico. Puerta de entrada a la época de los hombres. Con más razón y menos poesía.

Pero antes que la ciencia derrotase a la poesía, antes que lo único cierto fuese aquello que el hombre hace, mucho antes inclusive del propio Vico, ya existía la alquimia.

Fue en ese libro donde leí por primera vez acerca de la Serpiente de Uróboros, la serpiente que se muerde la cola. Los que saben dicen que la serpiente o el dragón de Uróboros representa los ciclos implacables de la vida y la muerte, los ciclos de las cosas y de la naturaleza. El infinito ciclo del tiempo y el propio infinito. Está hermanada con el mito de Sísifo y con el eterno retorno. Representa el mercurio alquímico y la unidad de la materia. “El Uno, el Todo” dice sobre –  dentro— de la serpiente Uróboros, el más bello y antiguo escrito alquímico que se conoce, el Marcianus Graecus.

Del antiguo Egipto a los tiempos modernos, de la alquimia a la psicología, del crisol de Cleopatra la Alquimista a Jung, la serpiente de Uróboros siempre estuvo aquí, con sus múltiples significados, sus advertencias y presagios y sus enseñanzas siempre ineludibles, terribles y reconfortantes. Vida y muerte. Cielo y tierra. Principio y fin. La evolución que renace sin cesar su propia destrucción. Y las redenciones.

Escribo esto mientras miro con fascinación y espanto los avatares del Poder Judicial argentino. Y debo confesar, también con una terca esperanza de que todo mejore. Como si el tiempo se detuviese en una escama de la serpiente y a partir de ese punto en la línea infinita de puntos, recomenzara un nuevo ciclo. Que no puede olvidar al anterior y que se lo devora, en la continuidad de la frágil y mutable Justicia de los hombres, que no goza de la eternidad perenne y sabia de Dios.

Me acorde de la serpiente de Uróboros hace unos días, cuando escuché en televisión que habían presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito contra uno de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti. Y que el juez en el que había caído la denuncia era Claudio Bonadío. Tan circular todo que impresiona.

Horacio Rosatti no es de mis jueces favoritos. Por una sencilla razón, fue uno de los jueces que aceptó integrar la Corte Suprema por decreto de Mauricio Macri. El aún Presidente, que aquellos días estaba de estreno, hizo una rebuscada e ilegítima interpretación de la Constitución para dictar ese decreto un tanto infame.

Muchos constitucionalistas habían escrito sobre la imposibilidad legal de que el Presidente hiciera algo así… entre ellos, Horacio Rosatti. En su Tratado de Derecho Constitucional —edición que tengo en casa, porque Horacio Rosatti si me parecía un buen constitucionalista—, el hoy miembro de la Suprema Corte dijo que el nombramiento de jueces en comisión viene de la primera Constitución de 1853, época en la que el receso del Senado era larguísimo: entre el 1º de octubre y el 30 de abril de cada año. Demás está decir que luego de la reforma de 1994 esta situación se encuentra limitada, atento que el receso parlamentario se extiende desde el 1º de diciembre hasta el último día de febrero del año siguiente. Razón por la cual aquella previsión del constituyente de 1853 ya no tenía motivación temporal que la habilitase. El supuesto tenido en cuenta por el convencional de 1853, claramente además era incompatible con la incorporación del Consejo de la Magistratura en la Constitución de 1994, como órgano de selección de los jueces. Esto lo señalaba Horacio Rosatti en su libro.

Pero más aún, en palabras del entonces constitucionalista, este modo de designación de los jueces en comisión mediante decreto del Poder Ejecutivo hace dudar de si, mientras dura el interinato (‘antes del fin de la próxima legislatura’) puede el Poder Ejecutivo proponer otro candidato para el mismo cargo. Y agregaba que este tipo de designación en comisión genera una situación de provisoriedad que no se compatibiliza con la seguridad jurídica.

Como de costumbre la Seguridad Jurídica es una bandera de conveniencia que muchos utilizan o esconden, según los siempre mutables intereses en juego.

La tropelía de Mauricio Macri no pudo prosperar y tanto Rosatti como Carlos Rosenkrantz debieron luego ser designados conforme el trámite legalmente establecido por la Constitución Nacional. En este sainete, los miembros de la Corte Suprema actuaron del modo predecible. Highton de Nolasco puso el grito en el cielo, grito por el que los argentinos deberíamos agradecerle y que yo siempre recuerdo, para intentar ser justa, cuando me enojo con su triste desempeño posterior. Maqueda nada dijo (como de costumbre), y Lorenzetti, siempre dispuesto a hacer buenas migas con el poder, demoró menos de 24 horas en decir en público que estaba muy dispuesto a tomarles juramento y proceder a putear en privado y en modos que desmerecen su sobrenombre de Obispo.

Pasado el episodio dramático de los jueces designados por decreto, Rosatti juró como miembro de la Corte Suprema a finales de junio de 2016. Rosenkrantz, por su parte, recién juró en agosto de 2016. Se ve que el apuro que motivaba su excepcional nombramiento no resultaba tan urgente como para impedirle demorar su jura por compromisos preexistentes.

Así quedó conformada la Corte Suprema de la era macrista. A los “pechazos” diría mi amigo Gerónimo, riéndose a carcajadas y honrando su tradición provinciana. Lo que vino después no fue mucho mejor. El 2×1, la desprotección laboral, y hasta fallos cuya solución, más allá de hacer lugar a justos pedidos de las provincias, claramente no me parecen compatibles con la republicana distribución de competencias entre los poderes del Estado. La Justicia no se logra de cualquier modo. Algo que los tribunales argentinos olvidaron en los últimos años.

Quiero volver a la serpiente de Uróboros y la denuncia contra Rosatti. Y a los olvidos del Poder Judicial. Cuando escuché la noticia sobre Rosatti, lo primero que pensé fue: ¿Justo a él, que es el único juez que presentó e hizo pública su declaración jurada, lo vienen a acusar de enriquecimiento ilícito? Que no sea uno de mis jueces favoritos no me hace creer que es deshonesto. No voy a dar crédito a las cosas que digan sobre él. Y si algo no es Horacio Rosatti, es tonto. Más bien es inteligentísimo y hábil. No estando obligado a hacer pública su declaración jurada de bienes, ¿por qué la publicaría, si de ella resultase un delito o una inconsistencia? Eso es además subestimarlo. Y hacer eso, un error absolutamente estúpido.

Por esas cosas de la circularidad de Uróboros, la denuncia cayó en el juzgado de mi nunca suficientemente ponderado Claudio Bonadío. Error de cálculo del caprichoso sistema de sorteos de Comodoro Py. Conozco quinielas clandestinas con sorteos más confiables y menos amañados que los de Py. Y más allá de la intención del geniecillo maléfico que arbitra esos sorteos, Bonadío no podrá intervenir en la causa que investiga a Rosatti.

Allá lejos y hace tiempo Horacio Rosatti fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y como Ministro de Justicia y a iniciativa de Alejandro Rúa, denunciaron a Claudio Bonadío por su espuria manipulación del expediente en el que se investigaba la causa del encubrimiento del Atentado de la AMIA. También hace tiempo, pero un poco menos, una denuncia respecto a las condiciones de detención de los presos en las cárceles federales cayo en el juzgado de Bonadío. Uno de los denunciados era Horacio Rosatti, quien recusó a Bonadío por haber sido denunciante del juez y logró su apartamiento. Historias de Py que no tuvo en cuenta el geniecillo maligno de los sorteos.

Cuando supe de la denuncia, también pensé que era a un intento de tener “apretado” a un juez de la Corte. Y qué mejor que Bonadío para fungir de boa constrictor.

¿Aceptará la Corte Suprema la mal llamada doctrina Irurzun?

La serpiente que se muerde la cola. Una de las paradojas de esta historia es que Horacio Rosatti, como los otros cuatro miembros de la Corte Suprema, no han dicho una sola palabra respecto a la persecución judicial que hemos visto desaforada en estos cuatro años. Es tremendo que uno de ellos sea ahora víctima del mismo mecanismo que no supieron o no quisieron combatir: el de la persecución judicial por causas políticas.

Cuando a principios de 2016 detuvieron en Jujuy a Milagro Sala por encabezar una protesta contra el recientemente electo Gerardo Morales, la Corte Suprema guardó un silencio vergonzante. Pero eso fue solo el comienzo del espanto.

En  2017 vinieron el desafuero sin sentencia firme de Julio De Vido, la detención de Amado en pijama y descalzo, el perito mentiroso cuyos dichos falsos determinaron la prisión de Roberto Baratta, la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa y el procesamiento con prisión preventiva de Héctor Timerman. Y la constante persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia.

A mí me impresionan los que se sacan fotos con los verdugos y carceleros de tanta gente. Como si no hubiese pasado nada. Como si los presos sin sentencia solo fuesen huesos arrojados en una celda y no personas de carne y hueso Como si 2018 no fuese el año en el que fueron todos presos. Como si no supieran de los arrepentidos sin conciencia, de los jueces presionados, de los fiscales amañados. Como si no supieran del espanto y la extorsión. Y sé que saben. Y me asusta que no les importe. Que crean que la política justifica cualquier cosa y cualquier foto y cualquier abrazo. Me asusta y me repugna la doble moral tanto como la doble contabilidad. Ellos saben. Yo también.

Voy a sacar de la ecuación a los arrepentidos de mentirita, los operadores y los que son parciales, los espías y los aspirantes. También me preocupan los silenciosos. Los que podrían decir algo y se callan. Y los que deben decir algo y también se callan. Y dentro de los silenciosos me preocupa el silencio de los miembros de la Corte Suprema.

En 2007 la Corte Suprema designada por Néstor Kirchner dictó una sentencia en un caso llamado Olariaga. En ese precedente, el tribunal supremo señaló que la sentencia sólo queda firme una vez que se rechaza la queja ante la Corte Suprema, que es el último recurso que existe en nuestro régimen procesal. Y hasta que una sentencia condenatoria no quede firme, no puede comenzar la ejecución de la pena. Por esas casualidades del destino, quien firmó positivamente ese dictamen fue Eduardo Casal, el mismo procurador que años después cambiaría de criterio.

Pero en 2007 la Corte Suprema aún recordaba lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 18 respecto a la presunción de inocencia y que determina que nadie puede ser tratado como culpable sin que haya una sentencia firme que lo declare como tal. Y mientras no se es culpable en esos términos, sigue siendo inocente. Y los inocentes deben estar en libertad. Y para que un inocente ante la ley esté en prisión, el juez debe fundarlo adecuadamente, dentro de los marcos estrictísimos de la ley.

Todos criterios que de un día para otro olvidaron los tribunales argentinos. También la Corte Suprema. Cuando los olvidaron respecto a los pobres, muchos de los que no eran pobres no se preocuparon. Tampoco pareció preocupar a muchos de los que tenían como tarea que no hubiera pobres.

Y luego llegó el turno de los que no eran pobres. Y de los que no se habían preocupado. Y entonces ya era tarde. También para ellos. También para todos.

Hoy celebramos el fin de la detención tan arbitraria de Lula Da Silva. Con alivio. Con esperanza renacida. Con impotencia frente a la injusticia. Con puños en alto y ojos húmedos. Con abrazos. Con sueños de redenciones posibles y reales.

La prisión de Lula es tan parecida a las detenciones que se sucedieron en la Argentina, que las fronteras se desdibujan. Prisión que tiene origen en la misma matriz que llamamos Lawfare. Que definimos como la persecución política por medio de la actividad espuria de los tribunales. Con la necesaria construcción de sentido que hacen los medios de comunicación. Con los prejuicios exacerbados y con el odio legitimado y a flor de piel. Y con la desmemoria de los jueces sobre las leyes y sobre sus propias palabras.

El Lawfare no deja de ser una guerra, sin armas y sin leyes. Sobre todo, sin leyes. Aunque las invoque. Y como toda guerra, “es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”. Y no solo la inocencia de ojos abiertos, sino también la inocencia que prescriben las leyes y consagran las sociedades como pacto fundante. Y que los tribunales deben respetar.

Reclamo el nuevo ciclo de la serpiente de Uróboros. Que se acabe el Lawfare. Que finalicen las ilegitimas prisiones preventivas. Que los tribunales recuperen la memoria. Y que la Corte Suprema recupere la voz.

Fundo mi reclamo en las leyes, que los abogados no hemos olvidado. Fundo mi reclamo en la jurisprudencia que detallamos en cada escrito, sin que nadie le preste atención. Fundo mi reclamo en que los ciclos concluyen y se reinician y este ciclo tan triste debe ya concluir. Es tiempo.

Vida y muerte. Principio y fin. Las lecciones de Uróboros. El Uno, el Todo. Los ciclos del hombre. Y también sus redenciones.

LA SERPIENTE DE URÓBOROS

Corría el mes de mayo del año 1973 y mientras el pueblo argentino en la calle gritaba “se van, se van y nunca volverán”, en una casona de la calle Azcuénaga 1.673, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta —los dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy— iniciaban las primeras reuniones para conspirar y hacer fracasar al nuevo gobierno los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE entre 1971-1973), José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por el Grupo FIAT, Guillermo Zubarán (que fuera Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco General de Negocios), Armando Braun (La Anónima SA) y Juan Etchebarne. (Con Videla fue presidente de la Comisión Nacional de Valores.) A la vez elaboraban el plan económico que iba a implementar la última dictadura cívico-militar, cuyos vectores principales pasaban por quebrar la alianza que de hecho existía entre trabajadores y empresarios ligados al mercado interno —donde ambos crecían si aumentaba el poder adquisitivo del salario— por un lado, y deteriorar el rol del dinero argentino como medio de ahorro, por el otro.

Es con la dictadura militar que la compra de bienes importantes, sobre todo inmuebles y campos, se hace en dólares, generando de hecho un sistema bimonetario, que fue el objetivo perseguido para conferirle a los exportadores y a los que ingresaban divisas cualquiera sea el concepto, la potestad de generar ahorro, así como el poder de veto de todo otro proyecto que no cumpliera con lo dispuesto por el sector beneficiado.

No fue un problema cultural, psicológico, práctico, de confianza o desconfianza que se recurra a la divisa norteamericana. Fue planificado y diseñado por la sociedad cívico-militar que se apropió por asalto del Estado y que con brutal represión mediante disciplinó al resto de la sociedad. El objetivo era que nuestra moneda fuese un mero instrumento de cambio, pero que el medio de ahorro fuese el dólar. A su vez, ellos serían los principales proveedores de las divisas mediante exportaciones, toma de deuda o venta de activos en el país.

Obviamente, además de los sectores con acceso a la moneda norteamericana, el otro beneficiado fue y es EE.UU., a quien se le asegura la demanda de su dinero, causa principal de la desavenencia de esa Nación con Europa y su Unión, del acuerdo Japón-China de intercambiar con su propia moneda y con la URSS, y hasta potencialmente con el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que tenía como propuesta la de usar su propio dinero para el comercio entre ellos.

Pasó el tiempo y en noviembre de 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó el cheque cancelatorio que, desde el punto de vista legal, es un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo. Los cheques cancelatorios son emitidos por el BCRA. Cuando se autorizó su implementación, tenían un rango que iba de 5.000 a 400.000 pesos o de 2.500 a 100.000 dólares y solo podían utilizarse para operaciones inmobiliarias.

Bien sobre esa base, dos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Rojze y Martín González Samartín, van a proponer nuevamente el cheque cancelatorio, pero esta vez sola y exclusivamente en pesos y para comprar todo tipo de bienes registrables.

Este es el hilo argumentativo central que orienta la exposición de Rojze y de González Samartín en la presentación conjunta de su ponencia titulada “Para recuperar la soberanía monetaria” durante las XIII Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA que tuvieron lugar en los últimos días del mes de agosto.

La implementación del cheque cancelatorio tiene como objetivo dotar a la economía nacional de un instrumento que cumpla la función que cumple el dólar en la compra de activos durables, bienes de capital y transacciones financieras, de modo de reemplazar al dólar como medio cancelatorio de dichas transacciones. Al estar nominado en pesos, hace que la moneda nacional se refuerce más en lo atinente a la función de reserva de valor, íntimamente relacionada con este tipo particular de transacciones. El cheque cancelatorio será emitido y garantizado por el Banco Central en la moneda local y canalizado por las entidades financieras, pudiendo intercambiarse entre particulares por un determinado período de tiempo al cabo del cual deberá ser depositado en una entidad financiera. Esta transitoriedad tiene como objetivo, precisamente, no desvalorizar a la moneda nacional circulante.

Pero lo más importante es que se crea el cheque cancelatorio como instrumento de uso obligatorio en las transacciones de bienes registrables en el mercado interno tanto muebles como inmuebles, así como para la suscripción de títulos valores emitidos por agentes económicos destinados a su colocación en el mercado de capitales internos. De otra manera, queda invalidada la operación.

Todas las compras y ventas de propiedades en el país debe ser realizadas por el cheque cancelatorio creado por el BCRA y con número correlativo del BCRA. El titular depositará pesos o dólares en la cuenta de un banco y si ese banco recibe dólares, serán cambiados al tipo de cambio oficial por el BCRA (ingresando los dólares a las reservas internacionales de la autoridad monetaria y emitiendo pesos al tipo de cambio oficial).

Para su implementación se debe modificar el Artículo 766 del Código Civil, se prohíben los contratos nominados en moneda extranjera y los contratos actualmente vigentes en esa moneda se convertirán a pesos a tipo de cambio del día en que se hace efectiva la primera transacción de este instrumento, luego de la entrada en vigencia de esta medida, a partir de lo cual mantendrán su valor en moneda nacional.

Obviamente se necesita de todo el poder político para hacerlo y de todo el apoyo del pueblo argentino que debe tomar consciencia que el huevo de la serpiente es el verdadero cáncer que sufre nuestra sociedad [1] y que se debe extirpar de raíz.

Dinero no convertible

Tampoco es una excentricidad sino, por el contrario, un instrumento de política económica autónoma que ha sido probado exitosamente por varios países ante situaciones extremas como la nuestra; entre ellos Alemania (por dos veces) y Francia al término de la Segunda Guerra. Con este instrumento, junto a una serie de medidas concomitantes de raigambre keynesiana, estas naciones pudieron rápidamente poner en marcha su aparato productivo y dar ocupación a los trabajadores que retornaban a sus hogares desde el frente, sin quedar sujetos eternamente al endeudamiento externo.

Quien mejor estudió esta cuestión entre nosotros fue Mauricio Prelooker, un economista independiente del establishment de gurúes profesionales con ambición de lobbistas que dominan en los medios por haber hecho en Harvard o Chicago un cursillo para economistas del «patio trasero». Este estudioso de la economía, que falleció a comienzos del año 2001, presagió la crisis inevitable y propuso las principales medidas para salir de la misma sin incurrir en una brutal devaluación de nuestra moneda y con ello la caída abismal del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, como finalmente sucedió en el año 2002.

Prelooker tenía una propuesta para evitar a toda costa la devaluación con el pretexto de mejorar nuestras exportaciones, devaluación que siempre beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto. Una propuesta para superar la asfixiante escasez de dinero a la que nos condujo la convertibilidad y que no necesitaría los gravosos préstamos del FMI y permitiría consolidar al Mercosur-Unasur y CELAC como una fuerza autónoma y pujante.

El primer paso en esta dirección era la creación de una moneda inconvertible (a la que provisionalmente llamó «bancor» o «gaucho») con ciertas características:

a) Sería un billete de banco que, a diferencia de los «bonos» nacionales o provinciales, tendría curso legal de aceptación obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado.
b) No se podría comprar con ellos pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.
c) A medida que el Estado fuera recibiéndolos rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos. El remanente sería rescatado al cabo de cinco años.
d) El respaldo de esta moneda sería un aval inmobiliario constituido por el impuesto a la renta de la tierra, a cobrar cuando la reactivación lo facilitase.

Los detalles del programa son muchos, entre ellos el control del comercio exterior, lo que requiere una fuerte decisión política. Pero baste decir que, con la inyección de liquidez no inflacionaria que implicaría este «autopréstamo», rápidamente podría ponerse en marcha el aparato productivo inactivo y encarar obras públicas de proyección. Prelooker —que conocía bien el país por haber asesorado largamente a cooperativas de producción— tenía en mente el plan integral del Bermejo-Paraná que posibilitaría incorporar a la producción tantas hectáreas de regadío como las actualmente existentes (además de ahorrar los daños cíclicos de las inundaciones), creando inmensas fuentes de trabajo.

Una vez iniciado el círculo virtuoso de trabajo y consumo se irán reemplazando los planes Trabajar y otros subsidios a los que se achaca el permanente déficit fiscal del Estado y el oprobioso Riesgo País. Los únicos que no se verían beneficiados por medidas como estas serían los bancos y demás tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones.

Síntesis

En los mercados externos descuentan una situación harto difícil para el nuevo gobierno argentino. La tasa de Riesgo País supera los 2.200 puntos y, por ejemplo, el BONAR 2020 en dólares cotizaba el viernes 8 de noviembre de 2019 a 40,71 dólares la lámina de 100. (Este BONAR vence el 8 de octubre de 2020 y se debe pagar los 100 dólares del valor nominal de la lámina más una tasa fija del 8% anual.) Pese a que al final de su gobierno Cambiemos instrumenta un férreo control cambiario, la tasa de interés en pesos que se paga por las LELIQs ronda el 65% anual y el dólar de salida (contado con liqui) es de $ 76,86 para esa fecha.

En ese marco es imprescindible adoptar medidas importantes y centrales que cambien los ejes de especulación y fuga de capitales imperantes.

Para ello existe una amplia gama de variantes y de instrumentos para impulsar el crecimiento y la mejora en la distribución del ingreso, por un lado y, para terminar con este flagelo colonial de depender de una moneda que no es la nuestra, como lo impuso en 1813 la Asamblea General Constituyente al ordenar acuñar moneda de oro y plata con el sello de las Provincias Unidas. Entre esas medidas, estas dos propuestas (cheque cancelatorio y moneda no convertible) de economistas nacionales, así como se deben adoptar otras prevenciones como la de contar con un Banco de Desarrollo, imponer férreos controles en las maniobras de subfacturación de exportaciones (por ejemplo un estricto control de los puertos y de las embarcaciones de la hidrovía del Paraná), sobrefacturación de importaciones, transacciones bursátiles con otras plazas, compraventas de bienes registrables, puesta en funcionamiento pleno del Registro Nacional de bienes rurales, etc. y, sobre todo, un plan explícito que nos diga cuáles son los principales objetivos a lograr, ordenando las prioridades, sabiendo que jamás tiene viento a favor quién no sabe a dónde va y que todo el pueblo argentino tiene derecho a conocer y a discutir, profundizar y colaborar, dada que su participación es condición sine qua non para que se pueda llevar adelante.

La tarea es de gran magnitud, no libre de riesgos y de conflictos. Pero si no se toman las medidas adecuadas, los acontecimientos y la relación de fuerzas harán que tarde o temprano se desemboque en un efecto hiperinflacionario con el consiguiente desprestigio del nuevo gobierno que capitalizarán los grandes beneficiados del modelo impuesto a sangre y fuego en 1976, que ahora incluso cuentan con más de diez millones de votos.  Solo con un plan, decisiones claras y participación del pueblo se puede reedificar una nueva y gloriosa Nación, como dijera Néstor Carlos Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003, al asumir la Presidencia de la República.

[1] La fuga (Formación de Activos Externos) de 82.100 millones de dólares desde el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019 lo corroboran y lo miden.

fuente

DESDOLARIZACIÓN

I – Argentina y el FMI en la agenda global.

II – Tasas negativas y el debate sobre la política monetaria no convencional.

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Informe Internacional

Autoría

https://www.embajadaabierta.org/

Pertenecía al sector más rico de la sociedad, pero era un hombre de sólidos principios y convicciones. A los 28 años de edad deja todo y se alista en el Ejército peruano ante la guerra del Pacífico de 1879. Fue ascendido a comandante en la Batalla de Tarapacá; dirigió una de las columnas en la Batalla de Arica donde fue mal herido; al tener diabetes, se dificultó su curación y es detenido por el ejército chileno en el hospital de campaña.

La diplomacia argentina enterada de la situación pide por su liberación que se realiza en septiembre de 1880. Regresa al país para administrar el campo de la familia en Entre Ríos y continuar con su estudio de abogacía.

En 1890 representó a la Argentina en la Conferencia de Washington, donde se defendió el principio de inviolabilidad de los Estados y se opuso al proyecto de los EEUU de crear una unión aduanera y una moneda única en el continente. A la “Doctrina Monroe”, que sostenía la consigna «América para los americanos», la Argentina opuso la consigna «América para la humanidad”.

Era consciente que su sector social gobernaba mediante el fraude y cuando el ala más modernista de los conservadores liderados por Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López lo propone para Presidente de la República, no pudo aceptar porque el ala roquista nombró como postulante a su padre.  Finalmente es candidato en 1910 y lo primero que hizo fue reunirse con el jefe de la oposición política y caudillo popular Hipólito Yrigoyen y, acordó, no bien asumir, en enviar un proyecto de ley de voto secreto, obligatorio y plurinominal, que permitió, en esas condiciones, que la Unión Cívica Radical ganara las elecciones del año 1916.

Otro hijo

Eso fue ayer, hoy en cambio también un hijo de rico se hizo cargo de la Presidencia de la República, pero para endeudar al país por más del 100% del PIB, y con plazos perentorios, empujar a cinco millones de argentinos a la pobreza (la mayor parte ancianos y niños) y atarnos al FMI.

En el gobierno de Cambiemos y según el Balance Cambiario del BCRA, se fugaron del circuito financiero legal 84.100 millones de dólares, desde el 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019.  Lo denominan FAE (Formación de Activos Externos),

Es más, desde el 12 de agosto hasta el 25 de octubre de 2019 el BCRA dilapidó 22.758 millones de dólares de las reservas internacionales (cifra incluso similar a lo que se debería pagar el año que viene por vencimiento de capital e intereses de la deuda), de las cuales un tercio, unos 7.200 millones de dólares, se utilizó para frenar el alza de la paridad apostando de ese modo a conseguir una mejor performance electoral del oficialismo.  Otra tercera parte se empleó para cubrir la salida de los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos y, el otro tercio, en el pago de los servicios de la deuda del período.

Tras las PASO hicieron una política monetaria expansiva por la cantidad de dinero emitida y la disminución de las Letras de Liquidez en el período, a la vez, una fuerte disminución de las reservas internacionales brutas del BCRA. Por otra parte, el drenaje de divisas ante la necesidad de cubrir el permanente retiro de depósitos en dólares de los bancos y, finalmente, el pago de los intereses y de las obligaciones externas de la deuda.

ROQUE SAENZ PEÑA

Durante esta semana, el Banco Central adoptó dos medidas que marcarán el rumbo del mercado cambiario y financiero local, al menos hasta fin de año:

1. Un candado casi absoluto sobre la posibilidad de adquirir moneda extranjera para atesoramiento, restringiendo las compras individuales mensuales a u$s 200 a través del sistema bancario; un tope de u$s 100 a las efectuadas en efectivo y otro de u$s 50 a los adelantos de fondos con tarjetas de crédito en el exterior.

2. Suprimió la posibilidad de las entidades financieras de integrar las exigencias de efectivo mínimo sobre depósitos a la vista con títulos emitidos por el Ente Rector (LeLiq y NoBac) que remuneraban esa inmovilización de dinero.

El 8 de marzo de este año, en el programa televisivo del periodista Maxi Montenegro, afirmé que era imprescindible establecer regulaciones cambiarias sobre la compra de dólares para atesoramiento, dado que el Gobierno, a pesar del importante respaldo financiero multilateral recibido y el brutal ajuste monetario y fiscal que llevaba a cabo, había sido incapaz de estabilizar las variables económicas y restablecer la oferta privada de dólares.

Este planteo fue duramente cuestionado por operadores del mercado. Sin embargo, desde esa fecha hasta el presente se perdieron más de u$s 25.000 millones, cifra que asciende a u$s 41.000 millones si se agregan los u$s 16.000 millones aportados por el FMI, que desaparecieron con mucha pena y sin gloria en el frenesí de la fuga.

Este escenario de irresponsabilidad en materia cambiaria y financiera obligó al  exacerbado control de cambios que se implantó recientemente. Ahora, esta medida es curiosamente apoyada por los mismos operadores que señalaban la medida regulatoria como una herejía digna de la hoguera. Seis meses atrás, el costo hubiera sido infinitamente menor.

Un rígido control cambiario, combinado con el fin del subsidio a los bancos que significaba remunerar a costa del Banco Central el dinero que obligadamente tienen que inmovilizar por prudencia técnica, parecieran medidas compatibles con administrar una coyuntura compleja en la transición política.

Ahora bien, estas decisiones apresuradas para responder a la realidad caliente a la que nos llevó el Gobierno -frenado por el voto popular- carentes de un plan macroeconómico de estabilización más completo, puede liberar liquidez a la economía sin la existencia de una demanda de pesos que canalice la misma hacia la producción y el consumo. Situación que puede provocar una presión sobre las cotizaciones alternativas del dólar, como el contado con liquidez, ampliando así, en forma indeseable, la brecha con el precio definido en el mercado oficial.

El riesgo reside en que un círculo espiralizado que acelere la salida de depósitos en pesos del sistema bancario por el imperio de una tasa de interés negativa respecto de la inflación, creando una artificial burbuja de liquidez sin expansión de la actividad económica, puede consolidar una brecha de cotizaciones en el mercado cambiario muy amplia y retroalimentar la suba de precios.

Es curioso que se hayan apresurado el descongelamiento de precios de los combustibles, un insólito aumento de las tarifas de energía en la Provincia de Buenos Aires decretado por la Gobernadora saliente y que numerosos precios de insumos difundidos en alimentos y salud hayan tomado esa señal para comenzar a incrementarse.

El corolario de varios años de «carry trade» -o arbitraje entre tasa de interés y cotización del dólar- es la realización de enormes ganancias financieras que salen del país (a agosto de 2019, desde el inicio de la gestión de Macri, la Formación de Activos en el Exterior alcanzó la suma de $ 81.000 millones) y que se solventan con deuda de mercados y/o organismos multilaterales. El proceso resulta en un deterioro del valor de los activos reales argentinos y en una distorsión completa de los precios. Esperemos que esto último no sea el esquema de despedida de Cambiemos.

https://www.eldestapeweb.com/nota/-se-acelera-la-inflacion–201911220017