A casi dos años de esta primer panorámica de la nueva administración demócrata, encontramos con que el contorno de la política monetaria completó una etapa social con un quantitative easing (“flexibilización cuantitativa”) en parte de la pandemia, acelerando la expansión del consumo, las ayudas sociales y el crédito a mínimos históricos de la tasa de interés tanto de personales como para bienes durables y propiedades.

Hasta 2022, i) con las restricciones del Tesoro en la orientación del gasto público, con Mis. Yellen, y con ii) la suba de la tasa de interés de referencia en los depósitos y créditos bancarios como en las operaciones de bonos y valores en el mercado, con la tightening monetary policy (política monetaria restrictiva) de Jerome Powell,  repercuten en forma de ciclo de corto y mediano plazo, 2 años a 2 1/2 años según sus mentores. Esto es a partir de julio 2022.

La restricción del flujo monetario recuerda el periodo de transición de los años 70 del siglo XX entre una regla de reducción de oferta suave tipo Burns en la reserva federal para desacelerar los precios de petróleo y gas resabio de la constitución de la OPEP, y Volcker después del 79, de forma abrupta y prolongada de suba de tasas y corrimiento de la especulación financiera entre la Prime Rate de New York y la Libor en Londres.(1)

Hoy encontramos que la restricción monetaria va contra la inflación, en el momento que la tasa de desocupación en los EE.UU está a menos del 4% la menor en muchos años y récord en momentos de poco crecimiento en el proceso de producción inmediato.

Es también un momento de búsqueda de una hegemonía en la seguridad estratégica de carácter militar y político, que viene acompañada por guerras localizadas en forma regional, cuyo objetivo es difícil de alcanzar por el movimiento de volatilidad comercial, la apropiación indiscriminada de materias primas y materiales raros, y el contexto energético en Ucrania y el Golfo, junto con las migraciones poblacionales que se provocan, más las secuelas de los cambios climáticos como las sequías e inundaciones, hambrunas y exclusiones.

El esquema monetario actual lleva a una constante revalidación del u$s vis-a-vis la Libra, el yen, el Euro, y el conjunto de monedas por la expansión de las tasas de referencia que producen las alzas de la FED y los efectos de absorción de liquidez.

Esto se acompaña de la necesidad de la Unión Europea de compensar el incremento de los servicios de energía, por las reducciones en el aprovisionamiento proveniente del conflicto entre Ucrania y Rusia. (Comenzó con una invasión Rusa el 24/02/2022) Al mismo tiempo que la disminución del comercio internacional y de la producción para contrarrestar el incremento de precios inflacionarios.

Mientras tanto, una nueva ola de aprovisionamiento militar obliga a los países miembros de la OTAN a una carrera armamentista de fuerte incidencia en el presupuesto anual del 2023 y siguientes. Los temas de seguridad alimentaria y de seguridad pública quedan postergados por la guerra física en territorios concretos, al igual que las nuevas modalidades de conflicto, con los ciber ataques, los medios de comunicación de destrucción masiva, y la conflictividad financiera y monetaria.(2)

Los problemas sanitarios y la pandemia quedan como superados, sin comprobación de que realmente no tienen vigencia, pero son un resabio de la reducción de la producción y del intercambio.

La prioridad hoy, es la baja de la inflación anual en EE.UU a un nivel que ronde entre 4 y 6% al igual que una inversión que se oriente a una reforma del consumo de energía hacia un sistema con menos utilización de carbono fósil y más amigable con el medio ambiente.

Varias son las restricciones a este esquema. El primero es la que viene del empate político en el Congreso de EE.UU, para tener un liderazgo que facilite la construcción de una hegemonía mundial menos multilateral que la existente, pero donde los BRICS y el dominio de la OTAN ampliada están en guerra, por el momento limitada, pero escalando muy velozmente hacia situaciones no previsibles.

La búsqueda de reducir la inflación a 2% anual sigue siendo el foco de orientación de la FED que apunta a subir otro 0.75% en la próxima reunión de septiembre y así llevar a una tasa de referencia que supere el 3%.

La Unión Europea asume la misma disyuntiva, aumentando el Banco Central Europeo las tasas un 0.75% y teniendo un impulso inflacionario debido a los precios de la energía, y a la disminución de la producción.

Recesión y retracción de los ingresos de consumidores es la premisa de la coyuntura.

Al mismo tiempo se prolonga la guerra en Ucrania, con un riesgo de conflicto en otras regiones como las islas del mar Egeo, entre Grecia y Turquía, o la determinación de los límites entre Serbia, Kosovo, Bosnia Montenegro, Macedonia y Croacia. Esto entre otros potenciales con mayor posibilidad de desarrollo: Libia, los países del Sahel (sub-Sahara), el cuerno de África, Etiopía versus el Tigre, Eritrea, Somalia. En África Occidental la República Democrática del Congo, zonas de Nigeria, separatistas en Senegal. Marruecos y el Estado Saharaui con el sur de Argelia, el Cáucaso, entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Kharabajh,…

Pero quizás el conflicto mayor es el del Mar de China. Taiwán y la China forman parte de los temas irresueltos de la guerra fría y hoy constituyen el nudo del conflicto asiático y quizás mundial. El requisito militar es urgente, mientras la economía va por otros tiempos.

La tecnología de la “fábrica” de chips de bajo precio puede ser superada o desplazada fuera de Taiwán, pero eso no modifica la historia, la situación geográfica y el conflicto político.

Esto significa que los gestos simbólicos para la campaña interna en el Congreso de los EE.UU, como la visita de Pelosi a Taipei generan resquemor con China sin modificar el carácter del conflicto en la región. Incluso llevan mayor inestabilidad e incertidumbre, acompañado de una carrera armamentista con rebotes en Japón, las dos Coreas, Australia y Nueva Zelanda, Indonesia, Filipinas y países del Sudeste Asiático.

Sin embargo sigue siendo lo más complicado el conflicto entre una presencia mundial en las guerras regionales por parte de EE.UU y sus aliados, contra China, Rusia, la India y aliados circunstánciales acorde con cada intervención.

La China resuelve sus conflictos de frontera con Rusia y la India, en su espacio del Sudeste asiático con Mianmar, Malasia y Tailandia, en sus relaciones financieras más cercanas con Hong Kong, Macao y Singapur, como si fueran off- shore de inversión y comercio, mientras se expande en las plazas bursátiles y financieras de San Pablo (Brasil), Toronto (Canadá) y Milán (Italia).

Rusia no puede resolver la guerra con Ucrania, termina siendo un pantano a la espera del invierno, fatalidad climática para los contendientes y también para aquellos países con dependencia energética en Europa.

La prolongación de esa guerra de desgaste, marca un rasgo de muerte y destrucción que obliga a reutilizar el carbón de leña, las minas en desuso y la energía nuclear, pero con problemas de inflación y de restricción monetaria y productiva.

Se incrementa también la migración internacional en África, Europa, América Latina y Asia. Con precariedad y exclusión social. En donde el trabajo vuelve a ser usado para someter a masas de población a formas de esclavitud o de servidumbre, y desaparece la voluntad social de libertad y solidaridad.

Hambre y miseria acompañan este periodo de conflictos económicos y sociales.

1) A finales de 1979, en octubre se anunciaron medidas sobre el movimiento dinerario y comenzaron las modificaciones de las tasas de interés que fueron del 10.5% cuando nombraron a Volcker al 17.5% en abril de 1980. En 1981, se incrementaron a 19%.

(2) El 8 de setiembre 2022, el BCE subió 75 puntos básicos su tasa de interés. Venia de pasar de -0.5% en julio a +0.5% y sube ahora a 0.75% para frenar la inflación.

Toda nuestra historia esta cruzada por el ocultamiento y el oscurantismo. Desde la matanza de los pueblos originarios, los asesinatos en la Patagonia trágica, los bombardeos en Plaza de Mayo de 1955, los desaparecidos en las dictaduras, las muertes y la derrota en Las Malvinas, y siempre con el fin de preservarlos, más de una vez se pondera e idolatra a los victimarios. Incluso se le ponen sus nombres a pueblos, calles y plazas. Todo por haber beneficiado al sector social dominante.

Es el caso de la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos, que fue investigada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la administración de Alberto Fernández. El 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, donde indicó que de esa deuda –que supera los 100.000 millones de dólares–, la “fuga de capitales” alcanzó los 86.200 millones de dólares. En el Informe se sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores –que son empresas– adquirieron 24.679 millones de dólares y 100 personas compraron 822 millones de dólares.

Ninguna de esas 100 empresas puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar tal cantidad de dólares entre 2016-2019. Esto supone los delitos de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes –incluida la ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, que exige conocer fehacientemente el origen de los fondos en operaciones de cambio– para los bancos que le vendieron esos dólares que antes le habían comprado al BCRA y que no tomaron los debidos recaudos del origen de los fondos.

Tampoco pueden explicarlo en sus declaraciones juradas al fisco las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero, que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque, que compró 17.800.000 dólares; también los Eskenazi de YPF y del Grupo Petersen; Claudio Belocopitt de Swiss Medical; los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; o Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

La deuda fue investigada, pero no se determinó con qué recursos se compraron las divisas. El manto del olvido es tal que desde el 10 de diciembre de 2019 se pagan los intereses de esa deuda tanto al FMI como a los bonistas (tenedores de títulos de deuda pública), con el presupuesto de la Administración Nacional. La misma que no ha dudado en suspender la cuarta cuota del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) en diciembre de 2020, o en ajustar el gasto público, incluido el incumplimiento del exiguo plan de obras y las transferencias de capital a las provincias, como lo corrobora que dicho gasto representaba en los años de las administraciones kirchneristas (2003-2015) no menos del 11,16% del gasto total (llegando a ser del 15,98% en 2006 y del 16,85% en 2014), cuando fue del 3,92% del gasto total en 2020, del 5,96% en 2021 y base caja del 6,08% en los ocho meses de 2022.

La misma Administración Nacional que no ha dudado en disminuir año tras años el gasto en jubilaciones y pensiones, como lo demuestra que el 60% de los beneficiarios perciben de uno hasta dos veces el haber mínimo, que en el mes de agosto de 2022 fue de 37.525 pesos. Y las dos jubilaciones mínimas fueron de $75.050 [1], cuando –según el INDEC– la Canasta Básica Total de ese mes para un adulto fue de $38.756 para no ser pobre y, obviamente, el desgaste de los años y la necesidad de medicamentos implican un gasto mayor para un jubilado o pensionado.

La fijación del salario mínimo vital y móvil de $47.850 para agosto de 2022 nos exime de mayores comentarios, dado que se trabaja y se perciben haberes que no superan el gasto que determina el INDEC para una familia constituida por matrimonio y dos hijos, que fue de $119.757 para dicho mes.

Es más, en el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 (Trámite Parlamentario 141/22), se estima que el gasto en intereses de la deuda será de 2,67 billones de pesos (unos 13.000 millones de dólares), que es el rubro que más crece (lo hace a una tasa del 102,7%), cuando ponderan una inflación para todo el 2023 del 60% y el gasto público total se incrementa en 71,2% con respecto al gasto de 2022. Los intereses de la deuda presupuestados superan ampliamente a todo el gasto de capital previsto (obra pública y transferencia de capital a las provincias), que para 2023 es de 2,3 billones de pesos.

En el Presupuesto 2023 no hay una sola referencia de que se va a investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales originados en la deuda contraída en la gestión de Cambiemos, a fin de recuperar una parte de la misma. Y hasta debería existir una ponderación de ese recupero, conformando una meta física de ingresos. Máxime que existe un proyecto que cuenta con la sanción del Senado de la Nación al respecto, que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional con dinero fugado al exterior de manera irregular. La norma establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI [2]. Una vez más el manto del olvido, de eso no sólo no se habla, sino que se plantea un brutal ajuste fiscal para que siga pagando la deuda el erario público y, de esa manera, se convalida la impunidad y la fuga.

Por ende, la Administración Nacional prevé realizar un sobreajuste para generar los fondos necesarios para poder comprar gran parte de los dólares destinados a pagar solamente los intereses de la deuda generada por el gobierno de Cambiemos. A los intereses se le debe sumar el déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda).

El festival del capital financiero

El BCRA queda limitado por el acuerdo con el FMI a financiar al Tesoro de la Nación en solo el 0,6% del PIB, unos $883.000 millones (actualmente –septiembre de 2022– los Adelantos al Tesoro suman $2.793.100 millones) [3], por lo cual, para hacer frente a los compromisos de la deuda, se deberán colocar títulos por más de 3,7 billones de pesos para poder cubrir el déficit que tendrán las cuentas públicas el año próximo, según prevé el proyecto de Presupuesto 2023.

A ese festival de los bonistas, debe sumarse que en su errónea estrategia de remunerar holgadamente los “encajes” [4], el BCRA le asegura una suma anual de 6 billones de pesos a los bancos por no hacer nada. Tienen la “patente de corso”, que es la autorización del BCRA para funcionar como bancos, captan depósitos del público (y del Estado nacional, provincial y municipal) y se lo prestan al mismo BCRA en Pases Pasivos, Leliqs, Notaliqs, etc. sin ningún riesgo y, desde el 15 de septiembre de 2022, perciben una tasa nominal anual del 75%. El monto inmovilizado supera los 8 billones de pesos.

Nota: IPC Inflación acumulada 01/01/2020 al 31/08/2022: 144%. En millones de pesos o de dólares,  según corresponda. Fuente: Gerencia de Estadísticas Monetarias del BCRA.

Los depósitos totales (en pesos y en dólares) suman 17,7 billones de pesos, sin embargo, el total del crédito generado es sólo de 6,2 billones de pesos (la tercera parte) y no llega a ser el 10% del PIB. Es una de las relaciones más bajas de las que se tenga registro desde 1935, cuando se creó el BCRA [5].

Extractivista, agropecuario exportador

El nuestro es un país rico y con una potencialidad digna de mención. A la fertilidad de la tierra, deben sumarse los recursos minerales y energéticos, una mano de obra disciplinada que puede capacitarse más y una tasa de ganancia en las empresas que supera holgadamente la media mundial.

El problema es que esa masa de ganancia no se convierte en inversión interna bruta fija (IBIF) por la evasión y la fuga, que el gobierno no sólo no castiga, sino que avala con el manto del olvido. El modelo se orienta al exterior y por eso paga salarios de pobreza, para que el saldo exportable de alimentos sea cada vez mayor y el consumo de energía sea menor; ahora, para minimizar las importaciones y en un futuro cercano, para maximizar su exportación [6].

Fuente: INDEC.

En 32 meses, el superávit comercial fue de 29.471 millones de dólares, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA se redujeron durante ese lapso en más de 7.000 millones de dólares, por ende, allí también existe el ocultamiento y el oscurantismo. Desaparecen 37.000 millones de dólares y no hay respuestas válidas y ciertas de dónde están. Y lo peor es que nadie pide esa explicación, violando el principio constitucional de exigir la claridad de los actos de gobierno.

[1] A partir de septiembre de 2022, la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos.

Asimismo, las dos jubilaciones mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos.

[2] El autor del proyecto, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, declaró en su intervención –cuando se trató el proyecto de marras–, que algunos no apoyan la propuesta porque “tienen dudas” y otros “simplemente porque apoyan a los evasores”, y aseguró que no hay fisuras en el oficialismo sobre la idea de que el FMI “no debe gobernar” la Argentina.

[3] El tope de financiamiento del BCRA al Tesoro de la Nación se reduce de 1% del Producto Bruto de 2022 a sólo 0,6% del PIB a lo largo de 2023.

[4] Encaje o efectivo mínimo es la parte de los depósitos que captan los bancos y queda como reaseguro de retiro de los mismos. En todo el mundo no son remunerados, pero la reforma financiera de 1977 y la creación de la cuenta de regulación monetaria hizo que el BCRA le pague intereses a los bancos por una parte de ese encaje.

[5] Excepto períodos muy puntuales –a lo sumo de un mes–, pero no a lo largo de 34 meses, como sucede en la actualidad.

[6] Por eso la estratificación de las tarifas, que hace que se prevea una reducción aún mayor del subsidio estatal: Subsidio en energía 2023: 1,6% del PIB (contra 2,2% del PIB 2022). Subsidio en transporte 2023:0,4% del PIB (contra 0,5% del PIB 2022). Ese 0,7% del PIB ahorrado es en pesos, pero significa el equivalente a unos 3.500 millones de dólares, que va a pagar la población.

De lo que no se habla

En los años últimos, en especial después de la crisis financiera internacional del 2008/2009, el sistema monetario quedó pendiente de la sensibilidad de los movimientos de los tipos de cambio internacionales.

La llamada “guerra de los tipos de cambio” fue causa y consecuencia de la orientación del flujo de liquidez de los capitales líquidos y del incentivo de inversiones especulativas de corto plazo.

Una incertidumbre creciente con la vitalidad del sistema bancario y la sustentabilidad de los rescates y ayudas provenientes de respaldos de emisiones monetarias y de ventajas crediticias y tributarias como las de EE.UU y la Unión Europea, dieron señales de que se estaba saliendo de la crisis y volviendo a una nueva fase de crecimiento del capitalismo en la globalización.

Sin embargo los periodos de expansión se acortaron y se modificaron los procesos de fabricación: se expandió la robotización flexible y un menor uso de trabajo vivo; hubo una mejora en la selección de información sobre los gustos y deseos del consumidor; creció la inteligencia artificial de elección de técnicas y de medios de comunicación y se produjeron fuertes cambios de gestión y de management empresarial.

Un día se debate sobre la gestión del Estado y la relación de lo político en las definiciones locales y globales. Otro día es relevante el cambio en el uso de los medios de comunicación y la ampliación de los mercados on líne en la globalización.

En el interregno se produjo un crecimiento del comercio y de la producción de la Cuenca del Pacífico frente al papel del Atlántico, muy particularmente entre EE.UU. y China.

Todo esto parece un presente y un pasado. Como un devenir que ya es historia, mientras que el futuro es incertidumbre, es pragmatismo, inmediatez y cambio.

Lo que no es transparente es la forma del debate, de la contradicción y del comportamiento de los contendientes.

Visto el resultado de la elección en los EE.UU, finalizó la era Trump, sin comenzar una era Biden.

Queda evidente que hace falta un cambio en la acumulación del capital, pero de qué dimensión y profundidad? o simplemente un maquillaje, una mutación, un retoque con pocas consecuencias.

El 2021 manifiesta como primer síntoma de la crisis social el efecto de la pandemia en los EE.UU por la urgencia de frenar la expansión de los contagios, disminuir el desempleo y la pobreza y aumentar el consumo.

Para ello Biden/Harris  comenzaron la vacunación de masas, un refuerzo de la emisión de ayudas sociales y microcréditos, reproduciendo programas de los demócratas del periodo de Obama/Biden y además,incrementando la emisión monetaria y la deuda del Estado.

Al mismo tiempo la devaluación de la moneda estadounidense fortalece otras divisas e impacta sobre algunos movimientos de liquidez, de inversiones y de búsqueda de reservas de valor de los inversores individuales y de fondos corporativos estatales y privados.

El proceso de generar una inyección de liquidez se enfatiza con un papel del Estado de mayor intervención en la crisis nacional, pero augura un comportamiento de accionar internacional más multilateral e inclusivo en la resolución de conflictos.

En ese aspecto se presumen cambios en la estrategia en América Latina con propuestas de mayor amplitud respecto a Venezuela, Cuba y Centroamérica y el Caribe, buscando liberar el giro de remesas y crear zonas de libre comercio y de mayor reducción de trabas para-arancelarias y fiscales.

También privilegiar ciertos préstamos de organismos financieros internacionales de fomento para el desarrollo y la pobreza vía Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, así como un papel menos estricto de la burocracia del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el mayor efecto es el que se produce en el vínculo con China.

La diplomacia monetaria es siempre la que China desarrolló:  adquirir bonos del Tesoro de EE.UU de mediano y largo plazo (5 y 10 años). Estos bonos forman parte de reservas del Tesoro de libre disponibilidad que siempre pueden ser vendidas en el mercado internacional y provocar un problema en el flujo monetario.

Igualmente, la desvalorización del dólar facilitó el comercio internacional pero obligó a un incremento del precio del producto fabricado en China, al mismo tiempo que encareció importaciones en momentos de expansión de consumo a la salida de la pandemia para el mercado interno.

Esto orienta el crecimiento hacia adentro del proceso productivo y una relocalización comercial en el periodo de mayor apertura de mercados para China.

La otra cara de la caída del dólar estadounidense es la suba del Euro en momentos de una tasa de interés baja en Europa. Este movimiento no facilitó la salida de las mercancías y encareció los productos para seguir la expansión en procesos de libre comercio con África y con el Mercosur ampliado.

La suba más abrupta fué con el Franco Suizo y la Libra Esterlina, al igual que del oro, generando la vuelta a los procesos en que se impulsaban las canastas monetarias como reservas para estabilizar el movimiento de los tipos de cambio.

El otro efecto del 2021 en esta etapa de la globalización, es el que se produjo en el hecho de que la no reducción de la incertidumbre de la duración de esta transición en la cúpula del poder político en EEUU, impulsó a los capitales líquidos a invertir a riesgo en las cripto monedas como el bitcoin y en refugios off shore como los paraísos fiscales para oscurecer la propiedad del capital.

Todo esto permite un cambio en la comercialización sin moneda efectiva y la búsqueda de un nuevo numerario y de otras formas monetarias para la salida de la pandemia.

En Argentina estamos en un momento de definición respecto a este movimiento veloz del dólar de EEUU y su impacto en las formas de comportamiento en las bolsas de valores, en los precios de las mercancías de nuestra oferta productiva y en la valorización de nuestro capital, que oriente la inversión y la forma de acumulación e integración internacional.

Tras Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron de lleno en la Segunda Guerra Mundial y presionaron sobre los países de la región para que participasen en la misma. El gobierno conservador de Ramón S. Castillo dudó, y en las elecciones que debían realizarse en 1943, propuso como sucesor presidencial a Robustiano Patrón Costas, dueño del Ingenio San Martín de Tabacal en Salta –vinculado a la Standard Oil– y asiduo visitante de la Embajada norteamericana. En el marco de esa situación, en junio de 1943, un grupo de militares nacionalistas denominado GOU (Grupo de Oficiales Unidos), entre los que estaba el coronel Juan Domingo Perón, ejecutó un golpe militar desplazando a Castillo y nombrando primero a Arturo Rawson y después a Pedro Pablo Ramírez que, como Presidente provisional, designó secretario de Trabajo y Previsión a Perón y Vicepresidente de la República al general Edelmiro Farrell, los hombres fuertes de esa organización.

Desde ese cargo, Perón armó una corriente de sindicalistas afines. Sumados a los trabajadores del interior con poca y nada de experiencia en el tema, ampliaron la agremiación de los trabajadores y lograron ser mayoría en la CGT. Tras el 17 de octubre de 1945 y en elecciones libres y limpias, pese a la intervención abierta y manifiesta de la Embajada norteamericana, Perón es elegido Presidente de la República a comienzos de 1946. Ni bien asumió, ejecutó un progresivo plan a favor de los trabajadores; hizo aprobar y aplicar leyes de jubilaciones y pensiones, de vacaciones pagas, indemnización por despido, prevención de accidentes de trabajo, jornada laboral de ocho horas, aguinaldo obligatorio, el Estatuto del Peón, creación de Tribunales de Trabajo, ley de Asociaciones Profesionales y Convenios Colectivos de Trabajo.

Los dueños de los grandes campos (terratenientes), obligados a pagar impuestos y salarios a sus trabajadores, realizaron un retiro persistente de la oferta de carne y granos, tanto en el mercado local como en las exportaciones. Esas menores exportaciones significaron menos ingresos de divisas con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización. Ante ese cuello de botella, se intervino el comercio exterior mediante la creación del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), que le compraba directamente al productor y asumía el rol de exportador, a la vez que sostenía el precio de los productos. Las ganancias obtenidas por el IAPI en el mercado mundial durante el trienio 1946-48 sirvieron para subvencionar la energía y favorecer la industrialización.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respaldaron a los pesos, que en forma mucho más que proporcional estaban en poder de los ricos, quienes ahorraban en moneda nacional. El nuevo Directorio del BCRA, encabezado por Miguel Miranda, duplicó la emisión monetaria. Los exportadores ahorraban en pesos fuertes y había reservas en oro que la respaldaban. Al aumentar fuertemente la cantidad de dinero creado por el BCRA, Miranda hizo que –prácticamente con las mismas reservas– hubiera el doble de base monetaria. Esa parte creada de dinero se la dio en créditos blandos (a bajas tasas de interés) a los industriales y a los trabajadores.

Con recursos generados por los exportadores, el peronismo impulsó la industrialización del país y, gracias al fin de la guerra, logró avanzar tecnológicamente y ponerse a la par de las naciones desarrolladas, incorporando ingenieros, técnicos, científicos y empresarios de los países derrotados, que tenían un alto nivel de conocimiento y experiencia.

También empleó las acreencias que se tenían sobre Gran Bretaña, a la que nuestro país asistió en alimentos durante la guerra y, a cambio de esas deudas, le compró los ferrocarriles. Además, se nacionalizaron los teléfonos, las usinas eléctricas, las empresas de gas, los puertos con sus elevadores, las plantas de servicios sanitarios, los seguros y los silos de campaña. Así surgieron nuevas empresas estatales, como la Empresa Nacional de Energía, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Gas del Estado. También se nacionalizaron las empresas alemanas que fueron la base del grupo Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) y el transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante 1947 se fusionaron Centrales Eléctricas del Estado y la Dirección General de Irrigación para dar nacimiento a Agua y Energía Eléctrica, reemplazando la energía termoeléctrica por la hidráulica. Para ello se construyeron diques con sus respectivas centrales hidroeléctricas, como el Escaba en Tucumán, el Nihuil en Mendoza, Los Quiroga en Santiago del Estero y seis diques con usinas en Córdoba, seis en Catamarca, cuatro en Río Negro y tres en Mendoza; usinas térmicas en Mar del Plata, Mendoza, Río Negro y Tucumán. En 1943, la Argentina tenía una potencia instalada en centrales de 45.000 kilovatios, pasando en 1952 a producir 350.000 kilovatios.

Perón decía que se perseguían tres banderas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Para lograrlo, se necesitaban cuatro palancas en poder del Estado nacional: la energía, el transporte, el control monetario y cambiario y la administración del comercio exterior.

El problema hoy

Es cierto que han pasado 70 años y que el mundo cambió y el país también, pero no al grado tal de creer que el plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser el objetivo de un gobierno. Y menos entregar nuestros recursos naturales al capital extranjero y orientar toda la economía a conseguir divisas a como dé lugar y a costa de nuestro consumo interno.

El acuerdo con el FMI parte de aceptar que los precios de los factores de producción (capital, trabajo y recursos naturales) los determina el mercado, eufemismo que esconde la decisión de los grandes operadores nacionales e internacionales en un país que produce bienes y servicios con serios atrasos tecnológicos y déficit estructurales, y que no puede competir sin el apoyo y direccionamiento del Estado.

El Estado es indispensable en la gran mayoría de la producción nacional –salvo aquella que depende del rinde por tener la tierra más fértil del mundo, donde más toneladas se producen por hectáreas de soja o de determinados minerales, más algunos enclaves industriales, como puede ser la producción de trépanos para perforar pozos, algunos segmentos de la industria automotriz o del laminado de acero o de aluminio–, pero aun así con la necesidad de contar con energía subsidiada para su realización.

La lógica imperante en el plan del FMI es la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a cualquier costo, sin plantearse la situación de mediano y largo plazo, como si el mercado pudiera configurar el presente y ese presente el futuro. Se construye una sociedad a partir de la tasa de ganancia, que es la que permite en ese modelo comparar las inversiones: se invierte en aquello que genera más ganancia y de esa manera se opta por producir caramelos en lugar de acero. También, si otras economías generan mayor tasa de beneficio, se emigra hacia ellas.

En ese marco, son diametralmente distintas las funciones de un Estado en una economía que en otra. En la primera, es imprescindible el rol planificador, orientador y regulador del Estado. Desde el punto de vista económico, para esa visión de la economía la principal función del Estado es regular, establecer las “reglas de juego” y controlar qué es lícito y qué es ilícito, qué es “blanco” y qué es “negro”. En el plan del FMI, el Estado debe evitar intervenir y, de hacerlo, sólo debe hacerlo en forma circunstancial ante ciertos “defectos” del mercado, cuando no se toman en cuenta las relaciones de fuerza dispares que puede haber entre sus operadores.

Esto hace que el Estado ausente desorganice a la sociedad, la apropiación de lo que se produce y de sus recursos comunes. El Estado es, además de las instituciones, una relación entre las personas. Es una manera de vincularnos cotidianamente en torno a cosas que nos involucran a todos: la Patria, la sociedad, la educación, el intercambio de productos, la sanidad, el respeto, los procedimientos lógicos y morales.

Los capitales internacionales, en cambio, buscan cuñas donde reproducir rápida y fuertemente su acervo, sin interesarle la consistencia y sustentabilidad de los mismos. Su política es extractivista (petróleo, gas, minerales) y aprovechan la ventaja comparativa de las tierras fértiles, a la par que se utiliza el endeudamiento para que la economía argentina se subordine a esas políticas.

Es la lógica de la presión de los 5.500 productores de soja y de las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos para obtener un dólar de casi un 40% por encima del oficial. Que el gobierno haya cedido, en lugar de decirles: “No liquidaron en su momento, se les aumenta la tasa de derecho de exportación 10% por mes hasta que liquiden”, implica la justificación de la medida con el mismo argumento que los acopiadores. El mismo es que la soja se vende al exterior casi en su totalidad, olvidando que la mayoría de los campos se arriendan en base al precio de la soja y que ese grano se utiliza en el forraje (afectando a la carne y a los productos lácteos) y en el corte del biodiesel de las empresas productoras locales, etc.

¿Ingenuamente se puede creer que el 30 de septiembre de 2022 termina el premio a la especulación? La lógica que prima es que “nos necesitan” y, por eso, “vamos a presionar con el resto de la soja retenida (que supera las 10 millones de toneladas), con el maíz, con el trigo, etc.”, sabiendo que existe una relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio (precio del dólar) y el salario real. Si se dan más pesos por dólar, aumenta el precio de los alimentos y desciende el poder adquisitivo de todos los que tenemos ingresos en pesos.

También se equivoca el gobierno si cree que se va a estabilizar el dólar porque ofrece al capital extranjero el litio y los minerales raros de nuestra Puna, o el petróleo y el gas de Vaca Muerta, e incluye la extracción de gas a 6.000 metros bajo el nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense por la firma estatal noruega Equinor. O el acuerdo con Petronas, firma estatal de Malasia, para la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) que contempla una inversión de 10.000 millones de dólares y que permitirá, cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, exportar unos 460 barcos anuales, lo que hará del GNL uno de los principales sectores exportadores y generadores de divisas del país.

Se genera riqueza para afuera, en lugar de hacerlo para el desarrollo de nuestra industria, nuestra producción y nuestro consumo. Todo para conseguir el “papel verde” que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos que, lo peor, es que no se lo necesita, dado que:

1. La deuda que se está pagando fue generada con evasión tributaria y fuga de capitales.
2. Desde el 1° de enero de 2020 al 31 de julio de 2022, hubo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) de 29.818 millones de dólares, que el BCRA dilapidó. Dentro de ese monto, deben contabilizarse 14.500 millones de dólares que el BCRA le vendió a precio oficial (de $62 en diciembre de 2019 a los $135 de julio de 2022) a un grupo de grandes empresas por supuestas o reales deudas, cuando la mayoría de ellas son las principales compradoras y fugadoras de divisas durante la gestión de Cambiemos.

El gobierno cierra el circuito con otra vuelta de suba de la tasa de interés, con lo que la situación se torna insostenible. Sumado al descontento popular, esto augura nuevas y más profundas crisis, que se irán repitiendo sistemáticamente mientras cae la producción y se incrementa la pobreza.

La palabra “clásico” significa digno de imitar. Nuestros gobernantes deberían leer a Maquiavelo en El Príncipe, cuando asevera: “Porque, puesto que los hombres avanzan casi siempre por los caminos que otros han trazado y proceden en sus acciones imitando lo que otros han hecho, y puesto que es imposible mantener exactamente el mismo camino y alcanzar el mismo grado de virtud de aquellos a los que imitas, un hombre prudente debe tomar siempre los caminos que han seguido los grandes hombres e imitar a los que han sido más ilustres, para que, si sus capacidades no llegan a igualarlos, por lo menos se le parezcan un poco”.

Digno de imitar