El problema de la Argentina es una deuda generada por un sector rentista y parasitario que quiere continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales (que son de todos y de las generaciones futuras de argentinos) a perpetuidad.

La deuda es el mecanismo que imponen para un pueblo que ignora el origen del problema, encerrado en un cerco mediático (formado por los grandes comunicadores y con la complicidad manifiesta del arco político y sindical en su inmensa mayoría, incluidos los que por cobardía y comodidad aceptan las reglas de juego), que le miente permanentemente para que no comprenda y acepte sumisamente la situación.

La deuda es récord en la Argentina y de eso no se informa, como si fuera algo lógico. Cuando cesó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la deuda bruta argentina era equivalente a 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares, no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

La Secretaría de Finanzas de la Nación de este gobierno revela la mayor deuda pública de la historia argentina, por el equivalente a 442.505 millones de dólares (la conversión la hace la misma Secretaría), que es más del 95% del PBI y que es siete veces las exportaciones de la Argentina de 2023.

Es cierto que las administraciones de Macri y de Alberto Fernández acrecentaron la deuda bruta en 147.970 millones de dólares, a razón de 18.496 millones de dólares por año, pero la administración de Caputo-Bausili en sólo seis meses lo hizo por 71.832 millones de dólares (ese si es un récord de récords, digno de figurar en el Libro Guinness).

La deuda de 71.832 millones de dólares de la gestión Caputo-Bausili se debe fundamentalmente a:

1. El déficit fiscal de la administración Alberto Fernández-Sergio Massa, de 5,13% del PIB (en pesos. pero equivalente a 24.400 millones de dólares) que se convirtieron en títulos del Tesoro de la Nación emitidos por la actual Secretaría de Finanzas.
2. La conversión en Títulos del Tesoro de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) y otros pasivos remunerados por 32.559,2 millones de pesos.

Los $ 21.023.700 millones de los encajes remunerados convertidos al tipo de cambio oficial del 7 de diciembre de 2023 de $ 400 son 52.559,2 millones de dólares, que eran deuda del BCRA con los bancos y que la dupla Caputo-Bausili convirtió en títulos del Tesoro de la Nación por 32.559,2 millones de dólares.

Los 20 billones de pesos restantes, mediante el DNU 602/24 del 12 de julio último, se convirtieron en una Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) intransferible de un año de plazo, a cargo del Tesoro de la Nación, que va a depositar en el BCRA los intereses que la misma devengue. Esa deuda a su vez incrementa la deuda pública que se contabiliza en el Boletín de la Secretaría de Finanzas de la Nación – Datos de la deuda pública, de julio 2024.

3. Los 14.872,8 millones de dólares de deuda restante al 30 de junio son colocaciones de títulos del Tesoro de la Nación realizadas por este gobierno, que amplían con creces los vencimientos en los seis meses del año 2024.

Debe hacerse notar que pese a la capitalización de la deuda, incluso de parte de los intereses que la misma devenga (es el caso de las colocaciones de LECAP, que son letras que pagan intereses a su vencimiento en 2025 y años posteriores), en el DNU 594/24 que presenta el Presupuesto de la Administración Nacional 2024 reconocen que deben pagar intereses por 10.804.087 millones de pesos, que es la causa por la que cierran el año con un déficit fiscal total de 7.068.442 millones de pesos y que, al darse a conocer, fue la causa que obligó al FMI a aseverar que no existe ninguna tratativa de la Argentina para obtener un crédito por esa suma.

Sin recursos para cerrar el año fiscal, el gobierno trata de acelerar las privatizaciones y el blanqueo de capitales en el marco de las leyes 27.742 y 27.743, pero por más esfuerzo que hagan no ingresarán dólares por ello en 2024, y en septiembre deben cumplir con las metas auto impuestas y firmadas por la dupla Caputo-Bausili en la VIII revisión del acuerdo con el FMI. De no ser así, el FMI exigirá el pago de la cuota de capital que vence ese mes.

Septiembre es un mes donde por lo general ingresan solamente los remanentes de las liquidaciones de exportación de la cosecha gruesa, y se debe esperar hasta diciembre el comienzo de la venta de la cosecha fina. Mientras, en forma paralela, los grandes acopiadores y comercializadores de granos procuran una definición cambiaria que los beneficie para liquidar sus exportaciones (según CIARA-CEC por 42 millones de toneladas de granos, por un valor de 15.000 millones de dólares).

Ante esa situación, la dupla Caputo-Bausili, mientras se mantiene el ritmo de aumento del 2% del dólar oficial y la vigencia del dólar blend (exportadores liquidan 80% por el mayorista y 20% por el CCL), propician un aumento de la tasa de interés para que sea incluso mayor que la inflación, para obligarlos a vender ante la posibilidad de que se reduzca la brecha entre ambos tipos de cambio y al hacerse más costoso el financiamiento interno.

Es más, pretenden emplear los dólares provenientes de las exportaciones [1] para venderlos en el mercado CCL, que es el mercado de fuga de capitales por excelencia, donde aquellos que tienen cuenta corriente en un banco en el exterior compran títulos públicos y/o acciones en el país y los venden en el exterior a un valor menor, pero convertido a dólares billetes da un precio que el viernes 19 de julio fue de 1.328,48 pesos por dólar, mientras que el dólar mayorista fue de 927,50 pesos por dólar [2].

Los bancos y los puts

Los grandes bancos fueron los principales beneficiados por el gobierno al traspasar las Letras de Liquidez (Leliq) y demás pasivos remunerados a Títulos del Tesoro de la Nación (un problema de los bancos se convierte en deuda pública que debemos pagar todos), pero como los vencimientos de los Títulos del Tesoro en su mayoría son bonos que ajustan por CER (inflación) a largo plazo (2025, 2026 y 2027) y los bancos captan depósitos a corto plazo (plazos fijos, cajas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera), crearon un seguro de liquidez llamado puts, que obliga al BCRA a comprarle a los bancos esos títulos públicos y emitir dinero, con lo que el crecimiento de la Base Monetaria depende de que se vendan esos Títulos del Tesoro de la Nación, como se demuestra con el acrecentamiento de la Base Monetaria de 18,6 billones de pesos del 28 de junio a 24,3 billones al 1º de julio último.

Para evitar esa creación endógena de dinero, el BCRA le paga a los bancos el costo del seguro abonado en el momento de la emisión del bono subyacente por el proporcional del plazo remanente, ajustados por CER (inflación), y según informó la autoridad monetaria, el costo de la operación fue de 90.000 millones de pesos, sobre casi 13,2 billones de títulos con cláusula puts, por lo que quedan menos de 4 billones de pesos de puts en las carteras de los bancos.

Reservas internacionales

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, viajó el lunes 15 de julio a Nueva York para tratar de tranquilizar a los fondos de inversiones, de pensión, bancos, compañías de seguros, etc., que tienen bonos argentinos y miran con preocupación la dificultad del gobierno de sumar reservas para pagar esas tenencias, y allí reconoció, en gráficos y tablas que no presenta el BCRA en nuestro país, que las reservas netas del Central son negativas en 3.300 millones de dólares. Es más, fundamentó el problema ante la menor liquidación de los exportadores y una mayor demanda de dólares por compromisos de deuda e importación de energía más cara que lo previsto. En lo que refiere a compromisos de deuda, detalló que desde marzo de 2024 se sumaron dos factores de presión sobre el frente cambiario: los pagos de importaciones a través del CCL y el esquema de pago en cuotas que va cumpliendo los plazos de pago de las importaciones.

Encima, se supo y el gobierno terminó reconociendo –en respuesta del inefable Luis Caputo– la salida del oro de las reservas del BCRA. Dijo que “es una movida muy positiva del Central” dado que de esta manera “se le puede sacar un retorno, a diferencia de cuando está en las arcas del regulador financiero”.

Lo que se cuidó de decir es que la Asociación Bancaria pregunta si hubo un Acta de Directorio del BCRA, si se abrió el expediente correspondiente, si se le comunicó a la Sindicatura del BCRA, cuál fue el carácter de la detracción del oro para depositarlo, para empeñarlo o para venderlo, y en base a qué atribuciones y facultades se adoptó la medida y por qué razones.

Es pertinente, porque el gobierno anunció que va a intervenir en el mercado cambiario comprando dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio, que es el mercado oficial de compra y venta de dólares) y la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL). Por ende, el gobierno, con el pretexto de achicar la brecha entre ambos mercados (el oficial –MULC– y el paralelo –CCL–) empeña los lingotes de oro para que los que compraron títulos en pesos (y ganaron fortunas con ello por la inflación desde diciembre 2023) ahora puedan transformar esa súper ganancia en dólares y fugar ese capital.

Finalmente Caputo, en una reedición de “los que apuestan al dólar pierden”, dijo que “con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit”. A quienes hoy están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión “los estoy previniendo que no va a pasar”.

Con un déficit fiscal de 7 billones de pesos según el presupuesto del corriente año (DNU 594/24), con un superávit comercial que se debilita con el pago de los servicios reales y financieros, por lo que la cuenta corriente comercial va a ser negativa en el año 2024, la dupla Caputo-Bausili pretende controlar el precio del dólar, para lo cual creen que es suficiente con dejar de emitir por la compra de dólares a los exportadores, sin contemplar que, al venderlas en el CCL, lo que se hace es debilitar las reservas internacionales del BCRA (que son negativas en 3.300 millones de dólares).

Las verdaderas razones

La deuda pública y la imposibilidad de su pago es funcional a lo que quieren los que propiciaron las leyes 27.742, denominada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, y 27.743, de “Medidas paliativas fiscales”, para obligarnos a vender nuestros recursos naturales y a un precio vil.

Para eso necesitan, como en los años 1989 y 1990, y 2002, que el precio del dólar “vuele por el aire” y con ello el gobierno. Van a impulsar a otro Carlos Menem, ante el temor de que surja un Néstor Kirchner.

[1] Al 30 de junio de 2024 las exportaciones superaron a las importaciones en 10.708 millones de dólares, pero la mayor parte de esa suma se pierde ante el pago de los servicios reales (fletes, seguros, royalties, etc.) y financieros (pago de intereses de la deuda pública y privada, y giro de utilidades de las empresas extranjeras a su casa matriz)

[2] El BCRA pretende hacer negocio, comprar dólares por $ 927,50 y venderlo a $ 1.328,48. De esa manera además absorben la cantidad de dinero emitido por las exportaciones.

En el Boletín Oficial del día 8 de julio de 2024, junto a la publicación de la Ley 27.742, “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (que incluye el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, un enclave fiscal en el territorio nacional, con estabilidad tributaria por 30 años, con sus propias normas, con la posibilidad de recurrir a la Justicia en el exterior, sin obligación de liquidar sus exportaciones a partir del quinto año de ejecución del proyecto y sin obligación de abastecer al mercado interno), y la Ley 27.743, “Medidas Paliativas y Relevantes” (incluye el “blanqueo” de capitales), cuya combinación permite sortear la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos [1], se publicó también el DNU 594/24, que aumenta el gasto presupuestario en el corriente año en 38.876.036 millones de pesos (aumento del 70,5% sobre el presupuesto vigente por Decisión Administrativa 5/24)[2].

En el DNU 594/24, para que las cuentas fiscales cierren, prevén que va a aumentar la recaudación de todos los tributos (en una economía que, según el FMI, el PBI desciende en un 3,5%), especialmente con el Impuesto PAIS [3], que, en los seis meses que restan del año, estiman recaudar 4,6 billones de pesos más, incluso es una suma mayor a lo recaudado hasta el 30 de junio de 2024 por 3.593.407 millones de pesos. Sin embargo, reconocen que deben aumentar el endeudamiento público en 9.495.756 millones de pesos, de los cuales son 7.005.172 millones de pesos por colocaciones de títulos del Tesoro de la Nación en moneda nacional. Prevén también colocar títulos de deuda en el mercado externo por el equivalente a 1.516.684 millones de pesos, más adelantos transitorios del BCRA por 973.900 millones de pesos.

Por un lado, se jactaban de que no se iban a financiar con el BCRA y de que la partida de adelantos transitorios al gobierno nacional quedaba fija en todo el año 2024 en 4.091.100 millones de pesos. Pero en el DNU 594/24 incrementan el financiamiento con el BCRA en un 23,8% sobre esa suma.

Por otra parte, deben aumentar la deuda pública en 9.495.756 millones de pesos; es cierto que la mayor parte es en títulos del Tesoro en pesos, pero es un gobierno que hasta el 31 de mayo de 2024 [4] emitió títulos de deuda del Tesoro de la Nación por el equivalente a 65.001 millones de dólares (la conversión de pesos a dólares la hace la misma Secretaría de Finanzas de la Nación), porque entregó títulos de deuda por el déficit fiscal del año 2023, y porque “solucionó” la “bomba de las Leliq” traspasando toda la deuda al Tesoro de la Nación, aumentando la deuda pública.

Obviamente que los diputados y senadores nacionales “colaboracionistas” con el gobierno conforman también la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que es la que aprueba o rechaza la ampliación presupuestaria y son (hasta ahora) mayoría, cuando los diputados de La Libertad Avanza son 38 de 257, y los senadores, siete de 72; sin embargo las constantes visitas de Guillermo Francos logran convencer a los colaboracionistas para que, levantando la mano o dando quórum, aprueben todo, por lo que no es de extrañar que, si sigue la misma política en el año 2025, se apruebe este presupuesto ampliado por el DNU 594/24, más las modificaciones que quiera o necesite el gobierno y su ejecución final (Cuenta de Inversión).

El problema financiero

Tras la renuncia de la ministra de Economía Silvina Batakis el 29 de julio de 2022, asumió Sergio Massa, quién, para facilitar el canje de los títulos de deuda del Tesoro de la Nación que vencían en lo que restaba de la gestión de Alberto Fernández y poder pasar su vencimiento para el año 2024 y 2025, concedió en muchos de ellos la cláusula puts y/o la de ser un bono dual (pagaba por el ajuste inflacionario o por la devaluación del dólar oficial a preferencia de su tenedor).

Los puts son un seguro de liquidez, son opciones o seguros de recompra que, a cambio de pagar una prima, le permiten al tenedor vender el bono (título público) y obliga al Banco Central a comprárselo al valor del día previo y emitir pesos.

El sistema fue continuado y extendido por el tándem Caputo-Bausili que emitió títulos de deuda con ese seguro (puts) por más de ocho billones de pesos (la mitad de las opciones que vencen en los años 2026 y 2027).

El problema se suscita ahora, porque al reducirse la tasa inflacionaria (medida por el IPC del INDEC) y al devaluarse al tipo de cambio oficial entre un 2% a un 3% mensual, los bancos (esencialmente los que mayores títulos del Tesoro tienen, como es el caso del Banco Macro) venden esos títulos al BCRA, quien se ve obligado a emitir para comprárselos, lo que explica la fuerte emisión monetaria desde el 28 de junio de 2024, tras la conferencia de Luis Caputo y Santiago Bausili, en la que dijeron que continuaba el crawling peg del 2 al 3% mensual del precio del dólar; así, ante esa actualización de la deuda (los bancos presionaban también por la devaluación), los socios de Anker Latinoamérica creían compensar a los bancos, pasando la deuda del BCRA por encajes remunerados a deuda pública (títulos del Tesoro de la Nación), pero eso solo, como vemos, no les bastó.

Letra fiscal de liquidez

Ante el riesgo de los ocho billones de pesos con cláusula “puts”, el BCRA sigue transformando deuda del BCRA con los bancos en deuda pública. Mediante la Comunicación «A» 8061 del 11 de julio de 2021, establece que las Letras Fiscal de Liquidez (LeFi), que serán emitidas por el Tesoro de la Nación (expandiendo la deuda pública en 20 billones de pesos), se ajusten por la tasa de interés que, a su vez, va a fijar el BCRA. Tienen un plazo de hasta un año y solo las pueden comprar los bancos, pero no pueden constituir encajes (efectivo mínimo) con ellas.

Es por eso por lo que el Boletín Oficial del 12 de julio de 2024 publica el DNU 602/2024 que, con el “fin de proceder al saneamiento de los pasivos remunerados del BCRA”, crea la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) a cargo del Tesoro de la Nación. Dicha letra va a reflejar la tasa de política monetaria, la que servirá como principal instrumento de administración de liquidez en el sistema, dentro del marco de la política monetaria definida por parte del BCRA.

Esto es, en lugar de que pague ese interés el BCRA, lo va a pagar el Tesoro de la Nación, por ende el BCRA se libera del costo que significaba dicho pago y queda liberado para fijar la tasa de referencia que quiera (sin tener que emitir para pagar esos intereses). Pero obliga al Tesoro de la Nación a un mayor ajuste fiscal para abonar esos intereses.

La medida establece que la Secretaría de Hacienda deberá cubrir el costo financiero de las LeFi que el BCRA les coloque a los bancos, lo que implicará que el Tesoro de la Nación deberá depositar en el BCRA un monto equivalente a los intereses que devengue diariamente la tasa de política monetaria.

La tasa de política monetaria será definida por el directorio de la entidad y permanecerá sin variaciones hasta tanto comunique un nuevo movimiento. El problema se agrava porque el BCRA va a fijar tasas positivas (por encima de la inflación) con el fin de “frenar” la compra de dólares.

Si bien es cierto que las LeFi son unas letras capitalizables e intransferibles que solo pueden los bancos venderle al BCRA, el art. 6 del Decreto 602/24 dice que el Tesoro de la Nación deberá depositar en el BCRA diariamente el interés que estas devenguen. Por lo tanto, es un pago del Tesoro de la Nación al BCRA.

El monto de esos intereses que debe depositar la Secretaria de Hacienda de la Nación en el BCRA (tal lo establece el artículo 6 del DNU 602/2024) no estaba contemplado en el DNU 594/24 de ampliación del presupuesto de la Administración nacional del corriente año, en el que se había fijado pagar intereses de julio a diciembre por 3.684.243 millones de pesos.

No sabemos cuál es la tasa que determinará el BCRA, pero sí que es mayor que la inflación (y va a ser cada vez mayor, ante un dólar que sufre la presión de los exportadores que retienen sus ventas y del FMI que exige una devaluación de nuestra moneda), pero sí sabemos que va a devengar un gasto fiscal mensual de no menos de 700.000 millones de pesos (siempre y cuando la inflación no se dispare), suma que acumulada en seis meses supera ampliamente el interés presupuestado en la ampliación del DNU 594/24.

Por ende, no solamente deben tomar deuda para “cerrar” las cuentas fiscales del año 2024 en 9.495.756 millones de pesos (situación que contempla el DNU 594/24), sino que deben sumar a esa solicitud de crédito no menos de 4.000.000 millones de pesos más por los intereses de las LeFi.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional dijo que no están discutiendo con la Argentina una ampliación del crédito vigente. Y Manuel Adorni, el vocero presidencial, el jueves 11 de julio de 2024 dijo que “no hay una negociación formal con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo que signifique un respaldo financiero adicional”.

Síntesis

Un gobierno que ha venido solucionando los problemas de pagos, pasándolos a deuda pública (en el lenguaje de la Secretaría de Finanzas, “titulariza” la deuda), ahora crea una letra que se ajusta por la tasa de interés que determina el BCRA, que a su vez fijará una tasa redituable para que no se pasen de depósitos en plazo fijo en pesos a dólares, que se suma a una deuda exigible en lo que resta del año que no se sabe cómo se va a pagar.

Encima sigue el riesgo vigente de que unos ocho billones de pesos tienen el seguro de liquidez (cláusula puts) y no quieren cambiarlos por ningún título público.

Repetimos y actualizamos el final de la nota “Sin dólares” del 7 de julio de 2024: “Nadie le va a prestar a este gobierno por la falta de plan y ante un FMI que quiere levantar el cepo cambiario y devaluación, pero tienen un recurso extraordinario: confiscar total o parcialmente los dólares que reciben los bancos en depósitos del público que, al 5 de julio de 2024, asciende a 13.290 millones de dólares.

Eso sí, no sabemos qué pasa el día después en el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”.

[1] Lavado de Activos es el proceso por el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos procedentes de fuentes ilícitas provenientes de delitos precedentes señalados en la Ley.

[2] La Decisión Administrativa N.º 5/24 determinó los recursos y créditos presupuestarios correspondientes a la prórroga de la Ley N °27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, con las adecuaciones parciales referidas en el artículo 27, incisos 1 y 2, de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 y sus modificatorias

[3] El Impuesto PAIS (para una Argentina Inclusiva y Solidaria) es un tributo que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera, implementado en la ley de emergencia del 26 de diciembre de 2019, que rige durante cinco períodos fiscales (si no se lo renueva y/o prorroga, vence el 25 de diciembre 2024), y es el principal factor del llamado “cepo cambiario”.

[4] La Secretaría de Finanzas de la Nación, el lunes 15 de julio 2024, publica los datos al 30 de junio 2024.

La connivencia entre el capital financiero local e internacional y el Club del Petróleo, club donde están asociadas las grandes empresas hidrocarburíferas nacionales y extranjeras, les permitió y permite acumular capital en el pasado, en el presente y en el futuro, a costa de la exclusión social, la potenciación de la pobreza y la apropiación de las reservas petroleras, gasíferas y mineras que les pertenecen a todo el pueblo argentino y a las generaciones venideras.

El mecanismo siempre es el mismo. Endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero y esa deuda toma una magnitud que es imposible pagar con los recursos corrientes. Entonces los acreedores piden, a cambio, el patrimonio nacional; no otra cosa es en el presente el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que conforma un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (los beneficiados con este régimen no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al cuarto año no tienen la obligación de vender en la Argentina los dólares que obtienen por sus exportaciones   [1].

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dejado una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60% de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares; no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda en 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 con el FMI. En forma sistemática se fugaron unos 86.200 millones, y la amplia mayoría de las empresas que los compraron  no pueden justificarlo en sus ejercicios contables. La evasión y la fuga son fácilmente verificables con solo estudiar esos balances. Pero ni la Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo hicieron nada en ese sentido, más allá de que en este último caso un proyecto encabezado por Oscar Parrilli exigía su investigación. Llegó a tener sanción del Senado pero que nunca fue llevado al recinto de la Cámara baja.

El gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague como la está pagando el pueblo argentino.

En ese contexto, el BCRA del gobierno de Alberto Fernández les pagó fortunas a los grandes bancos privados del país por tener bonitas y numerosas sucursales para captar depósitos y, en lugar de financiar el trabajo y la producción, sin correr ningún riesgo compraron Leliqs (letras de liquidez del BCRA) y otros pasivos remunerados de la autoridad monetaria.

El crédito al sector privado es el 6,5% del PIB (era más de tres veces mayor en el año 2015), de los cuales la mitad son préstamos comerciales y la otra mitad personales (tarjetas de crédito, prendas de bienes durables, descubierto en cuenta corriente y/o caja de ahorro, etc.), porque la mayor parte de las imposiciones que captan las entidades financieras, básicamente, se prestaban al BCRA solo para que no se pasen a dólares. Nunca se usó esa plata que el BCRA acrecentó sideralmente con los intereses que devengaban, solo sirvió para que los banqueros ganaran fortunas con ello a costa del BCRA. Y con Caputo-Bausili le prestan al Tesoro de la Nación, no para que financie el déficit fiscal, sino para convertir el pasivo de los bancos (para que no quiebren) en Letras del Tesoro de la Nación ajustables por inflación. O sea, el Estado liberal anarco capitalista absorbe deuda de los bancos para que sea deuda bruta argentina. La “bomba” de las Leliqs la solucionó el tándem Caputo-Bausili transformándola en deuda bruta de la Nación, es decir, del pueblo argentino.

Comparamos la situación entre el último día hábil del gobierno anterior y el 31 de mayo de 2024, en el que el total de encajes remunerados ascendió a 18.489.248 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial de esa fecha de 933,76 pesos significan 19.800 millones de dólares. Cuando el 7 de diciembre de 2023, el total de encajes remunerados (esterilización) fue de 21.023.700 millones de pesos (al tipo de cambio oficial de 400 pesos significó el equivalente a 52.560 millones de dólares). Por ende, la deuda bruta del Tesoro de la Nación se incrementó por este mecanismo en 32.760 millones de dólares.

Negocio de los bancos, generado en los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, que la administración de Caputo-Bausili consolidan convirtiéndolo en Letras del Tesoro y aumentando la deuda bruta en 32.760 millones de dólares. Todos en silencio porque se benefician los mismos de siempre, con los cómplices y partícipes necesarios, y en ese cobarde silencio, se convierte en deuda pública que paga el pueblo argentino.

La irracionalidad de la deuda pública

A la gestión del Frente de Todos y su continuación y perfeccionamiento por la gestión de Caputo-Bausili, a la no investigación de la deuda de Cambiemos y a la salvación de los banqueros que operan en el país, debe sumarse:

1. El déficit fiscal del año 2023, estimado por la actual Secretaría de Hacienda en 5,13% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 24.624 millones de dólares), también financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
2. El reconocimiento de los fuertes intereses que estos títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación) en los primeros cinco meses del año (hasta el 31 de mayo de 2024) [2] por 7.617 millones de dólares (es en pesos pero la Secretaría de Finanzas de la Nación hace la conversión a dólares al tipo de cambio oficial).

Por lo tanto, la deuda crece en cinco meses del gobierno de Milei en forma sideral, por 65.000 millones de dólares.

Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through [3] haría que los títulos en pesos se beneficiaran con la inflación.

La irracionalidad del ajuste fiscal

Los intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna en los primeros cinco meses de 2024 por 7.617 millones de dólares son mucho mayores que el brutal ajuste sobre los jubilados, las provincias y la obra pública.

El total del gasto público acumulado por la Administración nacional en los primeros cinco meses del año asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es el 25% de dicho gasto. Todo el ajuste fiscal realizado por el gobierno de Milei no alcanza a ser la mitad de los 7.617 millones de dólares devengados en cinco meses de 2024.

El grado de crueldad hacia la población en un irracional y brutal ajuste, se inició por la cobardía de no investigar quiénes se beneficiaron con la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos y, en el presente, por el pago exorbitante a los acreedores. Más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5% y en un gasto público que el gobierno pretende reducir aún más, profundizando la depresión económica y con ello la exclusión social.

Y a su vez, en el mediano plazo, se debe afrontar la deuda externa por pagos de capital [4] e intereses para los años 2025, 2026 y 2027 (en este último año se debe sumar el BOPREAL [5] por no menos de 36.000 millones de dólares por deuda con los importadores).

Con un profundo desconocimiento de la economía argentina en general y de la administración del Estado en particular, el gobierno de Milei cree que subordinándose al RIGI conseguirá los dólares por el crecimiento de las exportaciones e inversiones directas, que solo liquidarán en cuatro años (el mandato presidencial), pero que permite cambiar una deuda que no benefició al pueblo argentino por la cesión de nuestros recursos naturales.

Con ello cierra el objetivo de los acreedores: a cambio de papeles de deuda se apropian del patrimonio esencialmente energético y minero de nuestro país. Y es esa la connivencia entre la deuda generada por Cambiemos, la renta financiera de las Leliqs y demás pasivos remunerados de Alberto Fernández, y el Club de Petróleo mentor y propiciador del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

El origen es la deuda de 97.927 millones de dólares que engendró el gobierno de Cambiemos, que aceptó y no investigó el gobierno del Frente de Todos, refinanciándola y generando encajes remunerados del BCRA y déficit fiscal.

Su continuación y perfeccionamiento es cuando el tándem Caputo-Bausili “titulariza” la deuda en bonos del Tesoro de la Nación con fuertes rendimientos al ser ajustados por inflación que supera el crecimiento del tipo de cambio después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, reeditando la bicicleta financiera o carry trade.

Todo ese mecanismo de deuda y bicicleta financiera para llevarnos a una mera factoría exportadora con nuevos ciclos de endeudamiento que pagará el pueblo argentino (como hizo Milei con los pasivos remunerados del BCRA y el déficit fiscal de la administración de Alberto Fernández).

Los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino y a las generaciones futuras de argentinos, no a un gobierno y a los corruptos legisladores que propician su enajenación y entrega.

Cedemos nuestros recursos naturales y después nos volvemos a endeudar para repetir el procedimiento, cumpliendo lo que dijo no bien asumió como embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.

[1] Violando el art. 20 de la Constitución nacional que expresamente dice: “Ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

[2] Porque cada mes que pasa se incrementa el endeudamiento público por el mecanismo de acumular intereses en nuevos títulos de deuda del Tesoro de la Nación

[3] Impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.

[4] Con los bonistas que canjearon títulos de deuda externa el 31 de agosto de 2020, se comienza a pagar el capital desde el 9 de julio de 2024.

[5] BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que se está armando el registro de quiénes son los beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.