Comienzo con dos apreciaciones. La primera es que, aunque fue esbozada al inicio de los noventa, la estrategia de primacía ha sido persistente en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta la fecha. En síntesis, y a los fines de esta nota, una estrategia remite a una guía esencial que articula la concepción y la práctica de la política exterior y la política de defensa —inextricablemente entrelazadas— de un país. La primacía es, en ese sentido, un tipo de estrategia que se caracteriza por el hecho de que Washington no acepta ni tolera la existencia y el desafío de un competidor de igual talla. George W. Bush desplegó una primacía agresiva mediante la cual recurrió a una proyección militar enérgica en distintos escenarios internacionales; elevó el presupuesto y el perfil de las fuerzas armadas en desmedro de los recursos y el rol de la diplomacia; y optó por un unilateralismo que socavó el multilateralismo.

Barack Obama ensayó una primacía calibrada que consistió en limitar la apertura de nuevos frentes de acción militar con numerosos soldados en el terreno de combate; se apoyó circunstancialmente y en ciertos temas en los foros multilaterales; e intentó la recuperación de una imagen y reputación crecientemente cuestionadas a nivel mundial. Donald Trump expresó una primacía ofuscada en la que intimidar a cercanos y distantes se tornó habitual; revigorizó los presupuestos de defensa; e instauró un unilateralismo pendenciero. Joe Biden implementó una primacía dosificada: en esencia, concentró los esfuerzos de Washington en cercar a China e intentar revertir su proyección de poder, al tiempo que fortaleció sostenidamente, y batiendo récords año tras año, los presupuestos de defensa.

En segundo lugar, la preservación de este aspecto no significó que fuera idéntica en el tiempo respecto al uso del dispositivo militar. En breve, existió una fase expansiva en la que Estados Unidos inició y libró guerras simultáneas como los casos de Irak y Afganistán y lanzó acciones de combate de distinto tipo en Medio Oriente y África. Ese período, en el que predominó lo que llamó el despliegue, comenzó con Bush hijo y se fue reduciendo durante el primer mandato de Obama. Washington tenía un objetivo preciso: moldear decisivamente el escenario internacional y asegurar la satisfacción de sus intereses nacionales mediante una presencia militar extendida.

Con diferente intensidad y alcance el recurso a asesinatos selectivos, el empleo masivo de drones, el refuerzode fuerzas especiales en ciertas regiones, el lanzamiento de operaciones cinéticas, entre otros, se multiplicaron desde el segundo Obama hasta Biden. Durante la segunda fase se fue consolidando lo que denomino repliegue, entendido éste como el retiro (incompleto) de ciertos conflictos (por ejemplo, Irak) y el freno a iniciar nuevas guerras. De modo sintético, Estados Unidos conoció los límites de una sobre-extensión militar y empezó a evitar el emprendimiento de guerras adicionales en distintas latitudes. En consecuencia, se pasó de la primacía con despliegue a la primacía con repliegue. Bajo este marco de referencia, la primera administración Trump fue un ejemplo de lo segundo.

Donald Trump entre 2017 y 2021, como lo mostró en detalle Bernabé Malacalza en un reciente escrito en Cenital, no fue un presidente pacifista, aunque su estrategia combinó aspiraciones discursivas de preponderancia global con prácticas de retraimiento parcial en lo militar. En ese sentido, en diciembre de 2018 anunció la futura salida de efectivos de Siria y en noviembre de 2020 ordenó la retirada de tropas de Afganistán como parte de un acuerdo forjado con los talibanes en febrero; lo cual recién se concretó en el gobierno de Biden. Esas decisiones fueron cumplidas no sin roces con el Pentágono. En todo caso, y en materia internacional, el vínculo entre Trump y las fuerzas armadas no estuvo exento de tensiones, a pesar del incremento sostenido en el presupuesto de defensa — US$ 682 mil millones en 2018; US$ 734 mil millones en 2019; US$ 774 mil millones en 2020; y US$ 806 mil millones para 2021 — y de su impulso a la fabricación de armamento supersónico y la creación de una nueva rama de las fuerzas armadas, la US Space Force.

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Sin embargo, corresponde subrayar que en abril de 2017 decidió que se lanzara la “madre de todas las bombas” convencionales — apenas por debajo de una bomba nuclear — contra refugios de ISIS en Afganistán. En los primeros dos años de su gestión dispuso 176 ataques con drones en Yemen — en ocho años de gobierno Obama autorizó 154 ataques con drones en ese país. En su primer mandato Trump triplicó, respecto a los lanzamientos durante la administración Obama, los ataques con drones a Yemen, Somalia y Pakistán juntos. En enero de 2020, en otro ataque de precisión — un dron MQ-9 Reaper — se mató a Qasem Soleimani, poderoso alto militar de Irán. Además, él relajó las reglas de empeñamiento; lo cual llevó a que en 2019 se produjera la mayor muerte de civiles en Afganistán desde 2002. Conocemos, gracias a las memorias del último secretario de Defensa, Mark Esper, que Trump propuso lanzar misiles para destruir laboratorios de drogas en México y realizar un ataque militar contra Venezuela. Finalmente, tales operativos no se llevaron a cabo pero reflejan que el mandatario republicano era, más bien, “un belicista disfrazado de pacifista”.

En el plano doméstico, las relaciones cívico-militares durante el primer mandato de Trump también estuvieron marcadas por malestares; en gran medida por algunas determinaciones del mandatario en el frente internacional, así como por su afán de disponer de un amplio margen de libertad respecto a las fuerzas armadas en un marco nacional de creciente polarización. Distintos incidentes — su uso de la gorra de MAGA (Make America Great Again) en ceremonias militares; el otorgamiento de perdones presidenciales a militares convictos por crímenes de guerra; la amenaza de desplegar a las fuerzas armadas en junio de 2020 a raíz de la violencia policial contra afro-estadounidenses; entre varios otros — fueron creando un clima de desconfianza y fricción. Resultó evidente que Trump no aceptaba constreñimientos y que estaba fastidioso con el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mike Milley; quien reveló en un reciente libro de Bob Woodward que Trump es un “fascista de alma” y el “hombre más peligroso del país”.

A su turno, según dos opiniones de personas que dialogaron con Trump en la Casa Blanca, el presidente afirmó: «Necesito el tipo de generales que tuvo Hitler”. Adicionalmente, el fracasado putsch del 6 de enero de 2021 no encontró acompañamiento de las fuerzas armadas. Si bien en esa jornada y en otros hechos Trump procuró alinear a su favor a los militares, éstos evitaron involucrarse en situaciones violatorias de la ley y la Constitución. La politización de las relaciones cívico-militares a cargo del presidente fue evidente: Trump buscó dominar a las fuerzas armadas a su antojo y con ello generó un clima tóxico. No obstante, hay que agregar que las críticas de militares al mandatario pusieron en duda la apoliticidad de los militares. Para finales de 2020, y en especial, antes del cambio de gobierno en 2021, la tirantez entre Trump y este sector resultaba elocuente.

Cuatro años más tarde, y durante la campaña que finalmente lo volvería llevar a la Casa Blanca, el tema militar fue objeto, nuevamente, de referencias por parte de Trump. Cabe recordar que, según encuestas sobre la intención de voto de las fuerzas armadas activas, Trump obtuvo el 40.7% en 2016 y 37.4% en 2020. Respecto a la elección de 2024, el porcentaje de militares retirados cuya preferencia era Trump ha sido de 61%. Ya en la contienda con Kamala Harris surgieron algunas diferencias no menores (por ejemplo, respecto a Ucrania y a la OTAN) entre la candidata demócrata y el candidato republicano. En el tramo final de la campaña, Trump alegó que los militares eran woke, débiles e inefectivos. A su vez, aseveró que había “enemigos internos” — quizás más peligrosos que China o Rusia — ante los cuales había que desplegar la Guardia Nacional o el ejército si fuera necesario. A ello se sumó el rumor, desmentido por el Pentágono, de que los militares estaban autorizados a usar la fuerza durante la elección. Una nueva etapa de la politización de las relaciones cívico-militares, aún antes de la asunción de Trump el 20 de enero de 2025, aparenta ser obvia. Corresponde destacar que en un contexto de polarización que persiste, un estudio reciente muestra que una mayoría de civiles respalda el uso de militares en materia de orden público interno, al tiempo que casi un 75% de oficiales la rechaza.

Después de su triunfo, Trump fue anunciando día a día su gabinete. Sorpresivamente, designó a un periodista de Fox News, Peter Hegseth, sin ninguna experiencia en los temas militares, para el cargo de secretario de Defensa. Rápidamente, el nuevo funcionario se alineó con el presidente electo en su cruzada contra los generales woke. Paralelamente, se supo que un grupo de trumpistas encargados de la transición estaría elaborando una orden ejecutiva para establecer un “warrior board” compuesto por militares retirados encargado de evaluar a generales y proponer la remoción de quienes no tuvieran aptitudes de liderazgo. Asimismo, al parecer ese grupo ya tiene una lista de militares para ser cesados. Esto alarmó a las fuerzas armadas y se produjeron reuniones de altos oficiales para analizar cuál sería la eventual respuesta ante órdenes ilegales de parte del presidente entrante: para el caso, la participación militar en la deportación masiva de inmigrantes que propuso Trump y que le valió una gran cantidad de votos. Cabe recordar que según la encuesta que viene realizando Gallup desde 2001, en 2024 la confianza en la institución presidencial fue de apenas el 26%, mientras la confianza en la institución militar alcanzó el 61%. Sin embargo, de acuerdo con el denominado Proyecto 2025 del think-tank Heritage Foundation — que se supone ha incidido en la campaña e influirá en la nueva administración Trump — , “el Departamento de Defensa es una institución en graves problemas”. Habrá que ver si esto ocurre y si no se abre ahí una Caja de Pandora en materia de los vínculos cívico-militares.

En breve, la segunda presidencia de Donald Trump pareciera preanunciar que su relación con los militares será un asunto delicado por la propensión ya conocida del mandatario de politizar a las fuerzas armadas y de su disposición monárquica a reinar más que a gobernar republicanamente. La crisis de la democracia en Estados Unidos no se superó con la elección de 2024; quizás se ha ahondado con un final imprevisible; tanto como lo es la personalidad del mismo Trump.

Trump y los militares: un asunto delicado

Cuando nos gana la sensación de no entender claramente lo que está sucediendo, es posible que estemos perdidos en medio de una maraña de efectos sin tener claro cuáles fueron sus causas. Esta desorientación se extiende en general a las acciones con que intentamos responder a la realidad que nos toca, más aún cuando observamos que muchas de ellas se contraponen entre sí. ¿Podría decirse entonces que estamos sin rumbo? ¿Qué hacer para recuperar el rumbo? 

Como siempre, si buscamos el origen del hilo puede ser que logremos desentrañar la madeja. Esto es válido para la conducta humana en general, mas como la conducta humana no depende de vidas individuales, aisladas del conjunto, sino de una interacción permanente de unos con otros, hay que analizar contextos. También es válido para la política, ya que la política no es otra cosa que la consecuencia de la relación entre los seres humanos. Donde hay dos personas, hay política, las decisiones que los involucren en su interacción abarcarán tanto lo objetivo, las cosas, como lo subjetivo, por ejemplo, las creencias; allí donde haya dos reunidos en mi nombre yo estaré presente, dice el evangelio. 

La política no es otra cosa que la confluencia entre las miradas de los integrantes de una comunidad, con acuerdos y conflictos, con agrupamientos diversos que pretenderán, en base a los intereses que los unen, marcar rumbos.

En nuestro país un sector ha logrado imponer su mirada desde un discurso que anticipaba el perjuicio de las grandes mayorías expresado a través de una conducta particularmente agresiva y plagada de violencia verbal. Una violencia  que vocifera adjetivos calificativos sin dar razón lógica de sus afirmaciones, con planteos económicos que resultan objetivamente opuestos al interés de la mayoría y oculta detrás de su ferocidad la defensa de los intereses de las minorías económicamente dominantes en la sociedad. Esto resulta para muchos de nosotros, no solo angustiante, sino por momentos incomprensible. ¿Es que todos se volvieron locos o tenemos una epidemia de estupidez? ¿Cómo votar a alguien que nos está avisando que pretende destruir la salud pública, la educación pública, aumentar la pobreza y dañar a los jubilados? Qué paralizaría la obra pública, cosa que hizo, que a través de liberalizar las importaciones viene a destruir la industria y generar desocupación, cosa que ya ocurrió en la dictadura cívico militar y en el menemato. Qué viene a destruir el estado que en muchos casos actúa como un dique de contención para los abusos de los poderosos. ¿Es que nadie escuchó su discurso ni lo analizó? 

Por esto que se hace necesario buscar causas, buscar orígenes que hagan entendible esta realidad y en base a esto establecer propuestas conductuales que nos lleven a recuperar la confianza y el acuerdo de una población inerme ante el avasallamiento de derechos y el retroceso en la calidad de vida del conjunto. Una población que apoyó su propia desgracia, que votó lo que traería como consecuencia la desocupación y el hambre, la negación de las posibilidades de educación y de acceso a la salud, la destrucción de la industria y por ende de las fuentes de trabajo; y también la enajenación de los recursos naturales del territorio que habitamos. 

Solo entendiendo la lógica de la conducta humana podremos entender la lógica política de las masas. Pero para entender la lógica de la conducta humana en principio debemos partir de que los humanos vivimos en comunidades y justamente poner algo en común es comunicar, por lo tanto tenemos que entender la lógica de la comunicación.

En la teoría de la comunicación humana, Paul Watzlawick nos dice que es imposible no comunicarse, el silencio ya comunica. También nos dice que la comunicación puede ser digital o analógica; entendiendo que lo digital tiene que ver con la palabra, lo dicho o lo no dicho, un circuito que se abre o se cierra en la transmisión, cual un circuito eléctrico. Lo analógico tendrá que ver con la gestualidad, amable o amenazante, se basa en la comparación del gesto y por extensión en las conductas que observamos en el otro, entendido el otro como lo externo a uno mismo. Se dice que nos saludamos con la mano abierta como un antiguo gesto que informa que no venimos armados, que nuestra intención es amistosa.

Lo analógico está cargado en nuestra subjetividad, se carga en nuestro bagaje de información como elementos simbólicos desde el momento en que nuestro sistema nervioso comienza a permitirnos la percepción de lo interno y de lo externo a nosotros a través de la diada placer displacer. Lo analógico se basa en la comparación de dos cosas, así leemos el límite y así leemos el gesto. Luego, a medida que crecemos adquirimos la capacidad social de comunicarnos a través de un medio de gran complejidad simbólica que es el lenguaje. A partir del progresivo dominio del lenguaje iremos ingresando al territorio de lo digital, la palabra dicha o no dicha que se comporta como elemento objetivo regido desde la racionalidad.

En el fenómeno comunicacional Milei, lo digital, la palabra, ha sido el elemento secundario, quizá hasta pasó en gran medida desapercibido; lo primario ha sido claramente la gestualidad, el grito, el desborde. Todo lo que encontró eco en una sociedad enojada, frustrada, indignada, descreída de promesas de políticos que en algunos casos no la representaron y en otros fueron desacreditados por una prensa hegemónica que trabajó sin cesar para imponer el discurso del descrédito y la desconfianza. 

Marshall McLuhan, un filósofo de la comunicación, publicó un libro en los años 80 titulado “El medio es el mensaje”. Mc Luhan sostenía que el hombre en estado natural estaba desnudo y cuando comenzó a cubrirse con pieles no solo inauguró la ropa, sino que constituyó con esta una prótesis de la piel, el medio que permite en principio soportar el frío y también protegerse. Analizó que antes de la escritura la comunicación oral tenía el alcance de los metros a los que la palabra resultara audible. En ese sentido la palabra, el lenguaje, es también un medio de alto contenido simbólico que nos permite la comunicación, extendido luego por otro medio que fue la escritura, que permitió trascender no solo la distancia sino también el tiempo. ¡Qué decir de la tecnología que tenemos en la actualidad! ¿Pero por qué el medio es el mensaje? Si queremos cruzar de un continente a otro y no tenemos barcos o aviones esto será imposible, de la misma forma que si armados de fe los creyentes desean hacer una peregrinación, caminando 60 km desde la ciudad de Buenos Aires hasta Luján, de no tener un buen calzado la caminata será imposible. El medio que es el calzado va a ser prevalente sobre la fe del caminante. 

No es difícil entonces entender que el medio elegido por Milei y los intereses que representa fue la violencia verbal y el desborde para seducir y hacer creer que podía representar el descontento y la frustración popular, el gesto fue el mensaje y el discurso intelectual quedó disimulado. El mismo método  que Steve Banon, el coach de Trump, le enseñó a este.

El discurso enfurecido de Milei, montado en la antipolítica tiene un importante acondicionamiento previo ya presente en el macrismo en donde se puso a los empresarios por encima de los representantes políticos de la sociedad, ya que ¿cómo iban a robar si eran millonarios? sin preguntar de dónde salieron sus millones; pero también en el “que se vayan todos del 2001”, en la historia de la Banelco para aprobar la pérdida de derechos laborales y en el corralito que se comió los ahorros de la clase media, o sea pequeños comerciantes, pymes y asalariados de ingresos altos, los que podían ahorrar. Curiosamente vemos personajes que se repiten en este nuevo capítulo de nuestra historia y que fueron protagonistas o partícipes necesarios del 2001 y sus antecedentes; Bullrich, Caputo, Sturzenegger entre ellos. Pero toda mentira, para ser creíble debe ser verosímil, y para ello debe tener partes de verdad.  Venimos, a partir de haber recuperado la democracia, no fundamentalmente por la lucha popular, que existió y llevó a los militares a la aventura de Malvinas pretendiendo de esa forma garantizar su permanencia en el poder, sino por los errores de una dictadura bastante estúpida en sus valoraciones geopolíticas creyendo que el imperio anglosajón se dividiría para apoyarlos. Llegamos entonces a la democracia con poca dirigencia social y mucha dirigencia política, la mayoría con más fotos que combates en su haber que hubieran generado grandes compromisos con los intereses populares. Lamentablemente esto permitió la conformación por parte de algunos de una “casta” dirigente que rápidamente se fue diferenciando del pueblo en su crecimiento económico cooptada por relaciones corruptas con los sectores económicos dominantes. Está claro que la clase dominante, los dueños de la economía, nunca dejaron el poder. Los representantes populares han logrado, cuando fueron electos,acceder al gobierno pero no al poder. 

Por otra parte, el kirchnerismo, único gobierno que logró recuperación económica y estado de bienestar, no se caracterizó por ejercer una buena comunicación ni por hacer partícipes de sus realizaciones al grueso de la población; y la historia demuestra que la construcción en la que no participamos genera poca pertenencia.

Ha pesado entonces más el lawfare y el discurso periodístico de acusar de corrupción de la que no se han encontrado pruebas, que el riesgo de la destrucción del aparato productivo y las fuentes de trabajo. A esto indudablemente se debe sumar la ineficiencia del gobierno de Alberto Fernández que logró crecimiento macroeconómico pero sin mejorar la economía familiar. Desde las cifras, elemento objetivo, mantuvo más o menos los mismos niveles de pobreza que dejó Macri; pero desde la subjetividad resultaba inconcebible que un gobierno supuestamente peronista no llevara pan a la mesa de su pueblo.

Hoy me resulta inevitable pensar en el tango de Cátulo Castillo “La última curda”. El peronismo que viene “desde el hondo bajo fondo donde el barro se subleva”, ese “subsuelo de la patria sublevado”, en el decir de Raúl Scalabrini Ortiz; en su desunión y en su falta de propuesta nos hace correr el riesgo de pensar que “la vida es una herida absurda”. Y si bien la necesaria autocrítica hace imperioso el “contame tu condena, decime tu fracaso”, debe sacudirse “la pena que me ha herido” y negarse a hablar de “aquel amor ausente” para volver a “ese viejo amor” que es la comunicación con las masas.Volver a enamorar con militancia y propuesta, no simplemente respondiendo a las tropelías del gobierno de ultraderecha resignándose a ser el reaccionario que se defiende. Hay que volver a marcar agenda con propuestas. 

La pelea interna y las luchas de egos se parecen demasiado a “buscar en un licor que aturda, la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón”

En los primeros diez meses del gobierno de La Libertad Avanza proliferaron análisis sobre la interpretación del mundo de los principales decisores del Poder Ejecutivo (que se ubican casi exclusivamente en la presidencia, en forma creciente en el Ministerio de Defensa y cada vez menos en la Cancillería) y las posiciones, votaciones y acciones que caracterizan la praxis de la política exterior. Una praxis que puso en evidencia una suerte de anti-diplomacia en la que una ambición mesiánica puede derivar en una peligrosa distopía. 

Todo pareciera indicar que la política exterior argentina encuentra claros y silenciosos respaldos en los partidos afines a LLA y entre buena parte del empresariado del país, mientras son tenues los cuestionamientos del arco opositor, de determinados medios de comunicación y del mundo del trabajo. Eso ha facilitado un vertiginoso estilo personal del mandatario en los asuntos mundiales, así como la aceptación (¿resignada?) de giros elocuentes en materia de posturas históricas (y presuntamente consensuadas) de la política exterior. 

Dos acontecimientos recientes ejemplifican los efectos del ejercicio de la política exterior de Milei: el primero sucedió el 18 de octubre, cuando en un acto sin precedentes desde el retorno de la democracia, el presidente emitió una comunicación extravagante e intimidatoria al servicio diplomático argentino: exigió la renuncia de aquellos que no se alineen con los “valores fundamentales de la civilización occidental”. Esta medida marcó una ruptura abrupta con el enfoque profesional que ha regido la política exterior argentina, donde el servicio diplomático ha sido responsable de implementar los lineamientos del país en base a intereses nacionales y compromisos internacionales. Con esto, el gobierno parece pretender transformar la Cancillería en una plataforma para su cruzada civilizacional, utilizando al cuerpo diplomático como una “tropa de choque” que reproduzca sus ensueños y dogmas en foros internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el G20, erosionando la ecuanimidad y profesionalismo histórico de la diplomacia argentina. 

El segundo hecho es del 30 de octubre y se desprende del anterior: el presidente Milei le pidió la renuncia a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, luego de que Argentina, junto a otros 186 países, votara en la ONU a favor de rechazar el embargo de Estados Unidos a Cuba —siendo Estados Unidos e Israel los únicos votos en contra—. Posteriormente, Milei anunció mediante un comunicado que llevará a cabo una auditoría del personal diplomático de carrera con el objetivo de identificar “promotores de agendas enemigas de la libertad.” Así, el gobierno se embarca en una “caza de brujas” al estilo de la impulsada por el senador Joseph McCarthy contra el comunismo durante la Guerra Fría en Estados Unidos. 

Estos episodios no son hechos aislados, sino parte de una premisa más amplia que amerita una reflexión en la que los análisis, por ahora, no profundizan: ¿cuáles son los efectos concretos de esta política exterior en la posición de la Argentina en el ámbito regional, global y multilateral? 

¿Cuál es la política exterior realmente vigente?

Desde una perspectiva esencialmente inter-estatal, es evidente que Milei ha priorizado sus relaciones con un grupo reducido de países, destacando a Estados Unidos e Israel, en especial. Se trata de una mirada del mundo notoriamente encogida: hay otros 191 países con asiento en Naciones Unidas, algunos han sido denostados con frecuencia y otros totalmente ignorados. 

Más que hablar de un aislamiento absoluto—improbable en el sistema internacional actual—los efectos reales de la política exterior realmente vigente debieran medirse en relación con el aporte a la construcción de poder e influencia de la Argentina a nivel regional y global, junto con la capacidad para incidir en el multilateralismo latinoamericano y mundial. Esto es vital para un país que ha venido declinando tanto en poderío como en incidencia, no sólo en el espacio geográfico más próximo sino también en comparación con otras naciones emergentes del Sur Global.  

Aunque la figura de Milei ha generado  —más que cualquier mandatario nacional desde el regreso a la democracia— atracción y atención en ciertos medios de comunicación internacionales, su política exterior, marcada por el desdén hacia las relaciones bilaterales oficiales y su acento distintivo en los vínculos personales con líderes políticos reaccionarios y un pequeño grupo de empresarios particularmente del mundo tecnológico y digital, provoca un efecto inverso: la percepción de un país menos gravitante en el plano regional y mundial que abandona ámbitos de acción y que basa su inserción global a través de un exceso de personalismo. 

Esto, además, ha generado desconfianza y, en algunos casos, indiferencia en la comunidad internacional. Nadie, fuera de los más fervorosos simpatizantes de Milei en el país, cree que la Argentina es hoy una especie de “rule maker” en los asuntos internacionales y de “economic connector” en la geoeconomía mundial.

Todo lo anterior nos induce a destacar que las aproximaciones y argumentaciones sobre la política exterior del actual gobierno no debieran limitarse a los discursos presidenciales ni a reducir sus anuncios y acciones a simples excentricidades personales o cruzadas ideológicas. Es fundamental reconocer implicancias más profundas y señalar los puntos salientes que pueden perjudicar severamente la autonomía de la Argentina, un país que viene “encogiéndose” desde hace tiempo. No solo en su mirada del mundo como lo mencionamos al inicio de este texto, sino ante sí misma. 

Por ejemplo, no es inusitado que en algunos círculos civiles se pregunten si en realidad necesitamos a las fuerzas armadas; algo sin duda asombroso. Otro ejemplo es la dolarización: en este sentido, los casos invocados son Ecuador (puesto 76 por tamaño, puesto 72 por población y 64 por su PIB) y El Salvador (puesto 149 por tamaño, puesto 108 por población y 101 por su PIB). Más recientemente, El Salvador se ha convertido en un referente en materia de seguridad pública. No importa mucho que la evidencia mundial muestre el vínculo entre desigualdad y violencia criminal, social y política y que su perpetuación afecte desmedidamente a los sectores vulnerables. 

Lo que es fundamental analizar detenidamente es si se incrementa o no el poder negociador del país; si se eleva o no su reputación y prestigio internacional; si se mejora o no la cohesión interna y la sostenibilidad material; si se aseguran o no objetivos prioritarios en términos diplomáticos; si se garantiza o no la seguridad y la defensa; si se acrecienta o no el desarrollo científico y tecnológico; entre otros. 

Argentina, ¿un caso de desautonomización? 

Es a partir de todo lo expuesto que nos inquieta percibir que el ejercicio de la política exterior de LLA erosiona la capacidad de acción independiente; compromete las posibilidades de actuar conjuntamente con los pares regionales en temas vitales para nosotros y Latinoamérica; debilita el margen de maniobra ante actores poderosos y grandes potencias cualquiera fuesen sus regímenes políticos presentes, reduce el respaldo global y regional a cuestiones claves; y ahonda modos de asimetría de distinto tipo. A este fenómeno es al que llamamos “proceso de desautonomización”.

La desautonomización como consecuencia de la política exterior

El estudio de las políticas exteriores latinoamericanas ha estado marcado por el continuum entre autonomía y dependencia: se trata básicamente de grados y no de absolutos pues ni se posee una autonomía integral—más propia de una superpotencia— ni se está en condiciones de total dependencia—lo cual sería un Estado vasallo. 

Aunque los términos “dependencia” y “desautonomización» son cercanos, su uso revela diferencias importantes. “Dependencia” tradicionalmente aludió a estructuras de poder y relaciones económicas y políticas desiguales entre países, como se define en la teoría de la dependencia de cuño latinoamericano, en la que países periféricos quedaban fuertemente subordinados a los principales centros económicos. La “desautonomización” en política exterior, en cambio, se refiere a una pérdida de autonomía más sutil y fragmentada, en la cual el Estado cede poder de decisión a una variedad de actores, tanto estatales como no estatales, incluidos organismos financieros, fondos de inversión, corporaciones multinacionales, magnates tecnológicos, redes digitales, y emprendimientos mafiosos. 

El concepto de “desautonomización” ilustra una dilución progresiva de la soberanía, que no necesariamente implica una supeditación directa a decisiones de un actor dominante, sino más bien a un tipo de vínculo complejo que gradualmente restringe el margen de maniobra y la capacidad negociadoras en distintos frentes. Este proceso se intensifica en el contexto de la globalización, donde no solo los Estados sino también agentes externos no gubernamentales y poderosos imponen limitaciones cada vez mayores, algunas veces resultado de concesiones unilaterales del país a la espera de futuros dividendos o compensaciones. La desautonomización, entonces, capta la erosión del control soberano de manera difusa, como un fenómeno multifacético que, a diferencia de la dependencia, va más allá del peso específico de los actores estatales dominantes y de agentes privados influyentes.

Hablar de “desautonomización” no implica asumir que previamente existía una “autonomización” plena en política exterior. La autonomía ha sido siempre un concepto relativo: los Estados han detentado niveles diversos de ésta en determinadas coyunturas y de acuerdo con las prácticas específicas de los gobiernos. Es posible perder autonomía, ya sea paulatinamente o de modo categórico. 

Así, el término “desautonomización” no señala una pérdida de una autonomía total que alguna vez existió, sino una degradación progresiva de la capacidad de acción independiente debido a factores específicos y decisiones puntuales. La autonomización y la “desautonomización”, por igual, involucran un ejercicio de la voluntad y tienen protagonistas, no son producto del azar o de “fuerzas oscuras”.

La “desautonomización” sugiere una ruptura de consensos históricos y continuidades de política exterior que ha contribuido a la identidad nacional e internacional. Representa, por ejemplo, un desmantelamiento de los principios y de la estructura operativa de instituciones clave, como la Cancillería, que solían ser relevantes para darle forma y contenido a la autonomía relativa. Este proceso no sólo refleja una pérdida de soberanía, sino también el desarme de una “memoria institucional” y de una estructura de políticas que contribuían, en ciertos temas nodales, a la continuidad, la consistencia y la coherencia de la estrategia exterior del país.

La Argentina frente a la desautonomización

La situación internacional actual de la Argentina refleja una combinación de deterioro estructural material prolongado en el tiempo y una estrategia de política exterior deliberada por parte del gobierno de LLA, que se traduce en un proceso de desautonomización en términos geopolíticos y geoeconómicos. 

El deterioro estructural material se manifiesta en la persistente caída de capacidades económicas, tecnológicas, militares, y diplomáticas que comprometen la posición de la Argentina en el escenario internacional. En paralelo, el gobierno de LLA ha implementado una estrategia exterior basada en la desconexión de consensos nacionales, regionales y multilaterales de las que la Argentina ha sido históricamente parte y el plegamiento a potencias occidentales, como Estados Unidos, a costa de relaciones con bloques emergentes como los BRICS, con países de América Latina y con países del Sur Global. 

Si hubo algo que caracterizó el ADN de la política exterior de la Argentina en los cortos y largos períodos democráticos fue el apego al derecho internacional, la promoción del multilateralismo y el compromiso con el regionalismo. Si hay algo que demuestran los casos relativamente exitosos de inserción internacional en el actual escenario mundial es el valor y el alcance del equilibrio en el comportamiento externo.

A su vez, la desautonomización ha implicado el abandono tanto en el ámbito doméstico como en el internacional —llámese ámbito interméstico— de enfoques multilaterales valiosos de la Argentina, favoreciendo una postura de aquiescencia con intereses geopolíticos externos, particularmente de Estados Unidos e Israel. Este abandono debilitó la capacidad del país de actuar con independencia en temas clave de diplomacia, seguridad, defensa, economía, productividad, inversiones, financiamiento, comercio, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el cambio climático, justicia social, igualdad de género, entre otros. Esto incluye la pérdida de influencia del país en foros multilaterales mundiales como la ONU y el Comité Especial de Descolonización de la ONU, y regionales como el Mercosur, la CELAC, donde históricamente la Argentina había conseguido apoyos cruciales en temas como la negociación con el Reino Unido y la soberanía nacional en las Islas Malvinas.

El proceso de desautonomización de Argentina refleja un giro significativo en su política exterior, que afecta tanto consensos nacionales como compromisos internacionales. Sin ánimo de exhaustividad, en esta reflexión preliminar que pretende ser profundizada, identificamos una serie de decisiones sobre distintos asuntos que pueden servir de indicadores relevantes de este proceso. Se evidencian cambios en posturas históricas sobre paz y no intervención en zonas de conflicto, erosionando su tradicional reconocimiento de dos Estados en el conflicto entre Israel y Palestina. Además, el país ha adoptado una posición abierta a favor de Ucrania y la OTAN en la guerra contra Rusia, al tiempo que se incorpora a mecanismos militares patrocinados por Estados Unidos, alineándose con su competencia global contra Rusia y China. 

Esta nueva orientación implica también el rechazo al ingreso a los BRICS, lo que marca un abandono de políticas exteriores de diversificación de socios y fuentes de financiamiento. Aun cuando recientemente hubo una aproximación a China para facilitar la renovación del swap —una herramienta clave para el Banco Central y la estabilidad financiera—, este acercamiento no se ha justificado desde un pragmatismo autonómico. La relación con China continúa siendo mirada con menosprecio: se le niega el estatus de potencia global, y no se reconoce la relación asimétrica que mantiene con Argentina, caracterizada por oportunidades, desafíos y condicionamientos. Además, se subestima la diplomacia china y se incrementa la desconfianza, utilizando a Pekín como una pieza de negociación en su alineamiento a Estados Unidos: a medida que China concede, se espera que Estados Unidos respalde con mayor firmeza a Argentina en el Fondo Monetario Internacional. En paralelo, la escalada de tensiones diplomáticas con países socios históricos y el bloqueo a iniciativas regionalistas en organismos como CELAC y Mercosur, junto con el debilitamiento del apoyo al reclamo por la soberanía de Malvinas, demuestran un retroceso en la consolidación de la diplomacia regional. 

En el plano interno, la intención de privatizar empresas tecnológicas y de la industria nuclear con elocuentes antecedentes de éxito, junto con la aprobación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) que facilita la apertura a la explotación indiscriminada de recursos por parte de potencias extranjeras, consolida el desmantelamiento de capacidades estratégicas del país. 

Otra de las acciones está relacionada con el bloqueo de temas esenciales como los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la justicia social y la igualdad de género.  En este ámbito, aunque se invoca la defensa de la soberanía nacional, se hace desde una postura retrógrada y defensiva, que busca frenar el avance de los derechos humanos, negar la existencia del cambio climático, obstruir acuerdos multilaterales para enfrentar pandemias y combatir el principio de justicia social que subyace en consensos como la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro. 

No se trata, por lo tanto, de una idea de soberanía enfocada en ampliar el espacio de decisión nacional, sino de un pretexto para impedir o retrasar avances en estas áreas cruciales, limitando la participación de la Argentina en debates y compromisos internacionales que impulsan la protección de derechos fundamentales y el cuidado de la sostenibilidad del planeta.

Lo que está ocurriendo no es simplemente un ajuste o cambio de orientación en la política exterior de Argentina, sino un replanteamiento más extenso e intenso. La cuestión de fondo es que esta avanzada se da en el marco de un intento de restructuración integral del Estado, la sociedad y el mercado, donde la política exterior es sólo una parte de una transformación más ambiciosa. 

Este ensayo de cambio radical afecta tanto los consensos nacionales como los compromisos internacionales que la Argentina contemporánea ha sostenido desde el retorno a la democracia. Asimismo, afecta la capacidad del país para incidir en foros internacionales y regionales, poniendo en riesgo su relativa influencia en el ámbito global y regional, y su rol como actor garante y creíble de acuerdos multilaterales.

Apuntes para analizar la política exterior argentina

El análisis de la política exterior de la Argentina se articula generalmente en torno a tres procesos claves. Primero, el estudio de las cosmovisiones, los mapas cognitivos y los códigos operativos de los líderes, y cómo ello influye en la definición de los medios y objetivos del comportamiento internacional del país. 

Segundo, se examina la política exterior en sí misma y su implementación, lo que implica precisar la lógica prevaleciente –sea la de la autonomía o la de la aquiescencia— que sigue la gran estrategia externa, su relación con el modelo productivo, y el enfoque que guía las relaciones con países como Estados Unidos, China, Brasil y regiones y ámbitos como Latinoamérica, Europa y el Sur Global. 

Y tercero, se evalúan los efectos propiamente dichos de la política exterior, valorando tanto los logros y beneficios, así como los perjuicios y costos. Esa evaluación pondera si la política exterior contribuye al bienestar, el desarrollo y la seguridad en lo interno, y la paz, la estabilidad y la justicia en lo internacional. 

Todo lo anterior está vinculado a la cuestión de los intereses nacionales que desplazaron, en tanto guía, meta o motivación, la decimonónica “voluntad del príncipe”. Con lo cual se entiende que el deseo o la satisfacción individual de un jefe de Estado no simboliza ni asegura el interés colectivo. 

Los intereses nacionales son construcciones sociales y políticas que pueden evolucionar con el tiempo. Estos intereses dependen de la identidad del Estado, las dinámicas de la sociedad, las normas internacionales y las interacciones con otros actores globales. La cuestión de la legitimidad es clave: un interés es verdaderamente nacional cuando está respaldado por una adhesión y un consenso inserto en un entramado organizacional que incluye acuerdos, leyes nacionales y al Legislativo, entre otros canales institucionales, jurídicos y normativos. En otras palabras, los intereses nacionales no emergen del éter: son parte de una construcción histórica que tiene como objetivo el bienestar de la población en su conjunto, y no apenas el beneficio de un grupo, partido o individuo en particular.

La pérdida de influencia de Argentina en el escenario internacional y regional se ha vuelto evidente a través de múltiples dimensiones, afectando su capacidad de actuar de manera autónoma, su credibilidad en compromisos multilaterales y su liderazgo en América Latina. En un contexto de crecientes tensiones globales y regionales, esta pérdida se manifiesta en tres ámbitos fundamentales: el interméstico, el multilateral y el regional.

Tabla 1. 

ÁMBITO INTERMÉSTICO: DECISIONES RELATIVAS A DESAUTONOMIZACIÓN

Se observa una cesión de soberanía operativa a través de decisiones y cambios legislativos que colisionan con acuerdos pre-existentes, leyes nacionales, y compromisos internacionales asumidos previamente. Esto incluye medidas que modifican el marco legal y normativo interno, afectando la autonomía del país y sus políticas públicas, al tiempo que vulneran compromisos establecidos con la comunidad internacional.

Tabla 2. 

ÁMBITO MULTILATERAL: DECISIONES RELATIVAS A DESAUTONOMIZACIÓN

En el ámbito multilateral, Argentina ha cambiado su posicionamiento en organismos internacionales como la ONU, rechazando compromisos relacionados con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Además, se han debilitado los apoyos en foros clave como el Comité de Descolonización, afectando negativamente la histórica defensa de la soberanía sobre Malvinas.

Tabla 3. 

ÁMBITO REGIONAL: DECISIONES RELATIVAS A DESAUTONOMIZACIÓN

En el ámbito regional, la estrategia de la Argentina ha contribuido al bloqueo del regionalismo, erosionando su participación en espacios de integración como el Mercosur y la CELAC, debilitando su capacidad de liderazgo conceptual en la región y promoviendo un ensimismamiento que afecta sus intereses a largo plazo. Y a ello hay que agregar el “regalo” natural que eso significa para poderes medios y regionales que van ganando espacio e influencia en la misma proporción que la Argentina los abandona.

11/11/24.

Internacional Javier Milei Politica exterior Sin Control 2

PorJuan Gabriel Tokatlian

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PorBernabé Malacalza

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Arte

Argentina frente al mundo: ¿una sombra ya pronto serás?

En la fecha el GLC decidió efectuar un encuentro virtual sobre la problemática energética y la coyuntura de política económica. El objetivo era sentar algunas ideas de base para un profundo debate que permita -a la militancia y a los adherentes interesados- aportar elementos a las ideas y la discusión política.

Para tal motivo se procuró la presencia de Martin Gugliemone quién compartió sus amplios conocimientos profesionales y su singular experiencia de más de siete años en ENARGAS.

Palabras claves: Política energética. Regulación tarifaria. Vaca Muerta. Transición energética.

Por orden de aparición:

HG: Hugo Garnero

MG: Martín Guglielmone

A: Analía

M: Maní

ST: Saverio Tedesco

JG: Jorge Gil.

H: Hernán Colombo

I. (HG) Introducción:

Los servicios públicos y en particular la política energética han sido para el peronismo una herramienta propia de la redistribución de la renta. A pesar de los errores cometidos en sus praxis, ha sido uno de los núcleo de la visión histórica. Las tarifas han servido como regulación del costo de vida de las familias -para liberar fondos de consumo- y de los costos de las pymes nacionales -para posibilitar formación de capital por inversión productiva.  De alguna manera, el peronismo ha procurado medidas económicas que permitan compensar el deterioro de los ingresos a través del manejo político de subsidios para los costos de los servicios públicos.

II. (HG) cual es la política energética del gobierno de Milei?

(MG) Creo que no hay una política energética específica, sino una ideología  económica general: liberar los precios de la energía, dejarlos a la suerte del mercado, restringir subsidios y eliminar regulaciones propias de un Estado presente. Este es un sector muy regulado y concentrado y lo que se intenta es el Gobierno es retirarse para que los privados acuerden según sus criterios y conveniencias. En combustibles líquidos -por ejemplo- el Estado fijaba el precio así como el gas natural. Esto genera un ambiente positivo y la producción está alcanzando récords históricos. Y se ha pasado a un superávit energético y las exportaciones superan a las importaciones. Desde la recuperación de YPF con Cristina en 2012 -que es un punto de inflexión histórico-, se deja hacer al mercado lo que conduce a una situación beneficiosa para las empresas. Van a liberar contratos, eliminar subsidios y que el sector se mueva al compás de incrementos de producción ligado a la productividad de Vaca Muerta.

III. (HG) qué aporta Vaca Muerta (VM)?

(MG) VM es el reservorio más importante del mundo que permite aumentar las exportaciones de petróleo y gas con una productividad mayor que el mismo sector en USA. La curva de aprendizaje argentina ha sido extraordinaria y veloz. Y el tema actual pasa a ser conseguir mercados de GNL para vender los productos que pueden generar un PBI extraordinario.

IV. (HG) de donde se saca el petróleo?

(MG) Existía una estructura de producción ociosa que hoy está haciendo utilizada. Y se aplican a oleoductos que van al puerto de Bahía Blanca. La estructura de exportación aumentó con el gasoducto NK que permite eliminar la importación en barco con pre-pago cash que había generado un problema financiero en el gobierno kirchnerista por la sangría de dólares para pagar importaciones de energía que terminó en el corralito. Se ha logrado eliminar importaciones gravosas para la Argentina y aumentar exportaciones. La situación es muy buena.

V.- (HG) Qué significa el proyecto GNL con prescindencia que vaya a Punta Colorada o Bahía Blanca?

(MG) Todavía falta encontrar quien te compra. El objetivo de la gestión Marín en YPF es transitar hacia un modelo de producción industrial Toyota como en Fortín de Piedra. Se busca que la producción de cada pozo sea eficiente como el caso del resultado extraordinario del pozo con Tecpetrol. Es un modelo novedoso para salir de la explotación única de YPF y pasar a compartir una producción asociada con la mitad YPF y el resto, empresas asociadas. Se aumenta la exportación entre 4 y 6 veces la actual. YPF tiene un plan que denominan 4X4 (cuadruplicar el valor de la empresa en cuatro años con petróleo y gas) y será necesaria la construcción de tres o cuatro oleoductos como el NK para mover la producción. La principal duda es la existencia y accesibilidad del mercado para colocarla.

VI. (HG) Este proceso que comenzó 10/12 años atrás cuando se visualizó lo de VM, tiene su clave en inversiones importantes en petróleo y gas que este gobierno focaliza en el sector externo a través de las políticas macro y del RIGI. ¿Qué puede pasar con el RIGI en este tema de la política energética?

(MG) VM estaba lanzada y, según Kiciloff, no era necesario el RIGI para potenciarla, en un horizonte rápido de 10/20 años. Es pensar que ya se había recorrido la curva de aprendizaje y se había hecho inversiones importantes. A pesar de la falta de infraestructura puede decirse que no hace falta un RIGI.

Otra manera de verlo es entender que estos proyectos son capital-intensivo de inversión permanente y Argentina tiene vedado el acceso al mercado de capitales en condiciones normales. La dinámica propia de VM quizás no necesite un RIGI pero la inversiones complementarias sí. Es imposible financiar proyectos que no estén apalancados en beneficios extraordinarios, debido a la incidencia del famoso riesgo país. Para una situación de riesgo normal no alcanza el RIGI. Con financiamiento normal se podrían llevar a cabo múltiples proyectos de otra escala menor como los de energía de transición. No me gusta pero no veo otra forma que con el RIGI para normalizar el riesgo y movilizar y atraer inversiones externas y nacionales también. Por eso, insiste, es necesario normalizar la economía.

VI. (HG) otro tema que tiene que ver con la transición energética. En la conferencia UN 2030 y su agenda  de las esferas económica, social y ambiental que se viene, cómo es la expectativa de Argentina en esta etapa de nueva división del trabajo y capitalismo financiero con necesidades de importantes inversiones manejadas por grandes empresas para posicionarnos en esto del Norte y el Sur global?

(MG) estamos en un nuevo mundo que se está reconfigurando impulsado por la tecnología y la energía. En la maduración de ese nuevo mundo dentro de 20/30 años, Argentina podría conformar parte del centro porque son extraordinarios sus recursos reales. No sólo tiene los recursos naturales sino una base industrial, una red de PYMEs, un expertise ingenieril que puede ser un nodo de desarrollo. Va a haber cambios en la configuración N-S porque se terminó la manera de ver al mundo, la geopolítica de posguerra. Los patrones de análisis de los últimos 70 años son insuficientes. Argentina tiene los recursos para la transición energética que una parte del mundo se propone al dejar de usar petróleo y gas natural. El petróleo es un insumo de la petroquímica y está en todo lo que nos rodea. Como vamos a reemplazar un material de semejante presencia?. La transición hoy es a la electricidad conectando todo lo que podamos al sistema eléctrico sustentable: consumos familiares, industriales, automóviles, etc. Hoy la energía solar es más barata que el petróleo y su precio está tendiendo a cero. Es una fuente de energía muy barata junto con el viento. El problema es el almacenamiento que tiende a abaratarse con el desarrollo de grandes baterías. La transición se complementa con el hidrógeno a partir del agua como elemento abundante y universal en la naturaleza cuya electrólisis es cara y compleja. Lo que no se pueda enchufar se puede alimentar con las moléculas del hidrógeno verde producido con energías renovables. Los derivados del hidrógeno tiene un costo entre 3 y 4 veces superior de los derivados del petróleo y gas y es muy difícil su implementación. Hacia el 2050 una parte importante de la matriz seguirá siendo gas y petróleo, pero con reducción de emisiones. Sobre todos estos recursos Argentina tiene el máximo mundial y algo más. Y el tema va a ser como distribuir esa potencialidad.

VII. (HG) En el proceso de acumulación del capitalismo financiero que se observa en la tecnología, el petróleo y la minería. Desde donde y bajo que conceptos se toman las decisiones? Los dos Nortes globales encuentran en el Sur los recursos naturales, pero las decisiones financieras se toman en el Norte que nos domina por la deuda, la tecnología. Las inversiones van a llegar por la propia lógica del capital financiero en la búsqueda de rentabilidad. El RIGI se muestra como inevitable pero es un tremendo error porque no captura ninguna renta social de los bienes de la naturaleza y se muestra. Como participamos de esa nueva rentabilidad? La estructura industrial puede compatibilizarse con esas necesidades de inversión para permitir participar de esas nuevas rentas? Pueden nuestras PYMEs ser parte de ese proceso?. Porque hay dudas sobre las ventajas y hay PYMEs que argumentan que el RIGI les resulta conveniente. En este tema hay diferencias generacionales de enfoque.

(MG) No quiero ser ingenuo pero es cierto que esa acumulación se da en el ciclo del petróleo y que está terminando. Yo lo veo aún más duro para el capitalismo por las características del tipo de energía dado que el recurso (sol, viento, agua) es casi infinito y está en todo el mundo. La localización y el dominio del recurso se da en algunos casos como en los minerales raros. La lógica económica de esta nueva etapa es mucho más fragmentada y difícil de concentrar. No va a existir una OPEP para estas nuevas energías eólica, solar, hidrógeno y se ve el efecto de la descentralización y la economía de escala. La energía solar cae año a año (20% por año y estamos diez años por delante del costo que se esperaba). El secreto es una buena tecnología. Ya hay módulos en China que te permiten apropiarte individualmente de la energía en cualquier lugar que estés para tus necesidades. El poder económico de la acumulación del petróleo se diluye. Me cuesta entender la solución que planteamos desde el espacio nac&pop porque hacen falta inversiones extraordinarias en energía. Entiendo la declamación, pero la inversión la necesitas y la tenés que devolver porque si no te la comes. (Ejemplo de la empresa en la que participa y la imposibilidad de conseguir financiamiento en cualquier lugar del mundo para proyectos en Argentina: Argentina es Messi y default). La realidad es que no se puede invertir en la Argentina. (ejemplo de una empresa rosarina de biocombustibles -que es transición energética- que se trasladó a Uruguay). Las grandes empresas no necesitan RIGI porque no se financian con fondos propios sino -al menos el 70%- con fondos de bancos e inversión. Cuando llevas un proyecto Argentina te ponen una tasa impagable. Hagamos los megaproyectos con un interés común y el 20% de producción nacional entre el Estado y el sector productivo. En VM se logra que el sector privado tenga su rentabilidad y el Estado procure trabajo y recaude impuestos. En Santa Fé hay una mesa de VM que provee insumos industriales. Argentina defaulteo 9 veces su deuda. Los grandes proyectos necesitan proveedores de bienes y servicios cercanos. Ejemplo de Bolsich para una ley que impulse y otorgue beneficios para la energía de hidrógeno. Propone darle énfasis a los proyectos reales con márgenes no tan grandes y diferenciar de proyectos especulativos financieros. Cita el ejemplo de África. Los Estados periféricos han aprendido a negociar con las grandes empresas. El Estado argentino tiene urgencias mucho mayores que invertir en una minera. Hay que ver el modelo asociativo de Bolivia con Evo Morales es un modelo a entender para inversiones nuevas con el Estado como facilitador y con el mayor beneficio social posible.

VIII. (HG) queda mucho para debatir. Hay diferencias generacionales entre los enfoques sobre la energía y ante la seguridad del cambio. Destacamos de la ponencia la presencia del Estado porque sin este no hay sociedad. MG habla de un Estado de calidad, no un Estado bobo.

(A) es interesante porque marca una línea, una visión basada en conocimiento y experiencia. Lugares de América donde se ha desarrollado una masa crítica también. Intercambios de experiencias para construir proyectos alternativos. (MG) referencia al ejemplo de Lula en Brasil facilitando el desarrollo del sector privado en consonancia con el Estado.

(M) cita la oportunidad perdida con BRICs. Critica la política del radicalismo. Refiere el proyecto minero federal de Menem que pretendía ampliar la incidencia de la minería en el PBI. Las mineras en Chubut no han dejado nada para los pueblos. Hay que profundizar los estudios de lo que está pasando en el mundo: nuevo puerto en Malvinas por los ingleses, la base norteamericana en Ushuaia, prospección petrolera en Antártida, Lewis en lago Escondido y la minería tóxica en Chubut. (MG) hay que trabajar aparte la minería que es un sector muy complejo y diferenciado.

(ST). Qué nos puede dejar el RIGI? Cómo podremos salir del RIGI dentro de 30 años? (MG) el RIGI puede dejar proyectos nuevos y redes de proveedores locales, pero con intervención del Estado para su impulso. No se va a poder salir del RIGI para los proyectos que entren en el mismo a menos que incumplas la ley.

(JG). Cuál es la tasa interna de retorno para los proyectos energético de Argentina? (MG) en el mundo se estima el 8%/9% y para proyectos nuevos de energías de transición el 12%/13%, en Argentina la tasa es del 25% (M) y cual debe ser la tasa de una actividad PYME? (MG) el 8% pero es necesario tener moneda.

(H) La ponencia plantea la clase dirigente argentina. Cuando se aprobó la ley federal minera por unanimidad ninguno tenía idea. Cita el ejemplo de la empresa inmobiliaria minera (Mustong?) que hizo lobby en el congreso y aumentó su capital a u$ 20M y vendió el valor llave de La Lumbrera en u$ 300M. No hubo aumentos de puestos trabajo, no paso nada. Y todo fue gasto público, no la vimos. La clase dirigente nacional y provincial es tiempista y no ve la estrategia. En la secretaría de minería hay chatas desde la época de Néstor. Hubo un desconocimiento de nuestra parte en Catamarca y en los cráneos de Baires. (MG) siento que el espacio nac&pop se enfrenta con el sector productivo y de las inversiones y hay que hacer que los proyectos se hagan efectivamente. Pone el ejemplo del gringo productivo con el cual nos enfrentamos en la 125. Propone hacer que las cosas pasen.

La educación pública argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, atacada desde la asunción del gobierno libertario-neoliberal, cuyas metas principales son la destrucción del ascenso social por la vía de la educación pública, el ataque al pensamiento crítico y la incorporación de la educación al ámbito de los negocios del mercado. En definitiva, la privatización de la educación, en su totalidad.

Avalan nuestras afirmaciones hechos como el cierre definitivo del Ministerio de Educación Nacional, el desfinanciamiento para salarios y construcción de escuelas (dada la paralización de la obra pública), la falta de provisión de equipamiento y material didáctico estas y la morosidad de los Estados con los subsidios a las asociaciones cooperadoras. 

Se suman a ello la derogación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el veto a la Ley del Financiamiento a las Universidades o la reciente anulación del fondo fiduciario para el pago de las “Becas Progresar”, así como las intervenciones unilaterales del Estado porteño al Estatuto del Docente, entre otras agresiones que se registran a lo largo y ancho del país. 

 Se trata de iniciativas fundadas a partir de la creación y difusión de justificaciones falaces y descalificadoras, en relación con la realidad socioeducativa argentina, al momento de la llegada de Milei al gobierno nacional. Por ejemplo, que de 100 alumnos sólo terminan la educación obligatoria 13 de ellos, dato mentiroso que el Presidente Milei anunciara en su primer discurso, de espaldas al Congreso nacional. 

Asimismo, argumentos que anuncian que el 50% de los alumnos del nivel primario no puede leer ni comprender textos, omitiendo los resultados de las pruebas Aprender de 2021, en las que el 88% de los alumnxs de 6.º grado, presentó un nivel satisfactorio en Lengua y sólo un 11,6% estaba por debajo del nivel básico. 

Por otra parte, no son solamente amenazas las expresiones de representantes de La Libertad Avanza en relación con la innecesariedad de la educación obligatoria, que profundizan otro de los ejes ideológicos del neoliberalismo, como es la defensa de la meritocracia como eje central responsable de la cada vez más profunda desigualdad y exclusión educativas.

El caso de CABA

El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció, una vez más, cambios en el sistema educativo de los niveles primario y secundario, partiendo de la elaboración de diagnósticos limitados por la sola lectura e interpretación de indicadores de rendimiento de materias como Matemática y Lengua, disciplinas en las que, se anuncia, mejorarán los aprendizajes fundacionales.

Aun aceptando que se trata de materias centrales, su sola utilización como referencia no justifica el abandono y banalización de las ciencias sociales, ni del resto de las disciplinas que se estudian. 

Un ejemplo de ello fueron las afirmaciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, al inaugurar el programa estratégico “Buenos Aires Aprende”, quien habló de “una escuela que enseñe a comprender textos y a resolver problemas matemáticos vinculados con la vida real”. A ello, agregó que es importante que “lxs estudiantes aprendan motivados y desafiados y que desarrollen habilidades necesarias para el mundo que los rodea”.

Dichas palabras permiten suponer que, para el Ministerio de Educación, nuestros jóvenes sólo deberían preocuparse por la lecto-escritura y el cálculo, y no por ser formados integralmente en el resto de disciplinas que les otorguen capacidades como para descubrir sus identidades, su historia y la de la Nación, el valor del pensar críticamente como ciudadanos atravesadxs por la política y la necesidad de asumirse como sujetos de la historia, en contextos de una diversidad cultural inocultable, entre otros saberes trascendentes. Pareciera que El fin de la historia, libro del politólogo norteamericano Francis Fukuyama publicado en 1992, es un hecho en la Argentina.

Para cubrir dichos aprendizajes, según se ha dicho, el Ministerio de Educación avanza con una serie de reformas que intervienen algo que es político y público, como la currícula, a partir de la introducción y jerarquización de nuevos contenidos programáticos, en sintonía con las prácticas educativas que viene mostrando el neoliberalismo.

Entre algunas de las innovaciones que la escuela porteña incorporará se encuentran el bienestar socioemocional y la educación financiera. Se trata, en principio, de abordar en clase temas vinculados a los modos en que se conciben las emociones de lxs alumnos, de manera individual, así como la forma de trabajar con ellas a partir de la auscultación de sus subjetividades. Este nuevo ethos terapéutico, garante del éxito en la vida, se encuentra relacionado con las lógicas de mercado y con criterios de estandarización y homogeneización de la realidad, según investigaciones que hemos realizado. 

La educación financiera, en general, consiste en la promoción de una cosmovisión favorable a la especulación, la exacerbación de la salida individual y la exaltación de valores que proponen las políticas de mercado, como la competencia y una mirada del lucro, y el dinero como fin en sí mismo, todos ellos como mecanismos privilegiados para la generación de riqueza.

Dichas innovaciones se complementan con lo dispuesto con una reciente Resolución General de la Comisión de Valores que habilita a lxs jóvenes de 13 años a que operen en el mercado de capitales con bonos y acciones que coticen local e internacionalmente, lo que introduce a los jóvenes en prácticas especulativas que buscan cambiar desde la base la naturaleza humanista, solidaria y colectiva de la escuela primaria y secundaria.

Se corre de este modo el riesgo de fomentar, aún más, la ludopatía en menores de edad, algo que, por otra parte, se dice combatir, aunque solamente prohibiendo los sitios web de juego en las escuelas. 

Para qué, entonces, darle a las ciencias sociales el lugar que deberían tener en la escuela, a partir de una enseñanza que contemple la integración, el análisis y la proyección de estas, si la cuestión se resolverá a partir del “trabajo” con las emociones y las pasiones de los alumnos considerados como meros individuos, sujetos del mercado. 

Para qué mostrar a los jóvenes a través de la historia el valor de los proyectos colectivos que posibilitaron la construcción de las sociedades en el pasado, si la propuesta del neoliberalismo se sustenta en la célebre afirmación de la Primera Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, en 1987, cuando manifestó sobre la sociedad: “No existe tal cosa, solo individuos”. Desde este punto de vista, las personas son consideradas solo como entes aislados, sin historia, ni memoria, ni presente colectivo, sometidas a vivir en marcos de incertidumbre, inseguridad, desprotección, angustia, aislamiento y pobreza creciente, según les ocurre actualmente a las mayorías en la Argentina. 

Dicha situación ha sido provocada desde el Estado nacional. No la ha podido comprender aún una oposición política, lejana de los espacios en los que la toma las decisiones las hace el poder real local y global, escasamente preparada para enfrentar a una extrema derecha aliada con la derecha, que son quienes modelan la escena política, a expensas de los dictados del mercado, donde el capital financiero local e internacional ha concretado en los últimos diez meses una transferencia fenomenal de recursos del sector público al privado, a partir de un ajuste y una desregulación criminales, avalados por el Congreso nacional. 

Los aspectos repasados en la presente nota dan marco a un sistema educativo público que se va modificando en el afán de conseguir el control ideológico de la población y al que se ha comenzado a reemplazar por otro, cuyo diseño y ordenamiento estructural, así como la jerarquización unilateral de saberes, van quedando sometidos al ideario neoliberal a cargo de ONG y/o fundaciones que plataformizan y mercantilizan la educación pública. 

* Raúl Moroni es integrante del Grupo Rescate de Asesoramiento a la Escuela Secundaria UTE CTRA.

La educación a tono

Hemos heredado de nuestros antepasados el programa de supervivencia necesario para construir un mundo: la actitud de alerta general. Sin embargo, la coherencia asociativa es ineludible para no afectar ni impedir la convivencia.

Esto vale tanto para afrontar el azar como para redactar normas. Así, disposiciones generales y abstractas deben ser detalladas con claridad, explicadas con precisión y expuestas con sutileza. De lo contrario, y en especial en política internacional, hay confusión colectiva, al tiempo que se impone la fuerza debilitando los intereses nacionales.

La diplomacia es tanto una rama de la política cuanto un medio de la política exterior, el gajo que se ocupa del quehacer y del estudio de los asuntos internacionales. Talleyrand, uno de los arquitectos del Congreso de Viena de 1815, dijo que la verdadera habilidad política no consiste en ganar, sino en hacer que todos crean que han ganado. En los años cincuenta del siglo XX, Martin Wight recuperó la idea de la antidiplomacia para indicar aquella propensión, más propia de gobiernos autoritarios, de concebir un gran proyecto emancipador y mundial que deriva en la supresión de la diplomacia. El impulso antidiplomático es ajeno a la ponderación prudencial, en la que política, el derecho y la ética se entrelazan; expresa una visión ideológica y una postura dogmática.

La ley argentina vigente en materia del régimen para el Servicio Exterior de la Nación lleva el número 20957. Fue sancionada en mayo de 1975, con el respaldo del arco político y territorial del momento, y promulgada por el Poder Ejecutivo a los pocos días. Legisladores y administradores fueron capaces de aquel consenso, en momentos difíciles para el país.

Allí se lee que son derechos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación (SEN) no ser separados del cargo sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y aquella ley, de acuerdo con el artículo 22. No se menciona para nada que quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad, deberán dar un paso al costado. En el artículo 20, se explicita que los integrantes del SEN deben “promover los intereses de la República en la comunidad internacional”, no los gustos y disgustos de un mandatario pasajero y respecto a un conjunto de países de preferencia temporal de una administración. Le corresponde, según el artículo 21, “defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación”.

El Código de Ética de la Función Pública de 1999, en su artículo primero, destaca que “el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.” Eso rodea a los funcionarios al frente de la diplomacia argentina.

En gran medida, y a contravía de lo que significan el ideal y la práctica de la diplomacia, el presidente Javier Milei ha puesto todo en entredicho. Su tesitura es fijada por una Nota que se difundió pocos días atrás directamente de la Casa Rosada, con los nombres de más de 400 miembros de la Cancillería, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores. Pide expresamente que les haga llegar “a la totalidad de los funcionarios y personal de su jurisdicción, así como el personal diplomático y civil del Servicio Exterior de la Nación”, la certeza de “que ningún funcionario de esta administración ni quienes representan a la Argentina en el exterior deben acompañar ninguna iniciativa (que vaya en contra) de valores que son pilares de esta nueva administración”. Determina que lo expresado remite a una “nueva doctrina” en materia de política exterior. Ésta -dice- se inserta en el marco del “protagonismo asumido por nuestro país en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales”. Embiste la llamada “Agenda 2030″, que él como candidato presidencial y su gobierno en estos diez meses, han venido reprochando, pues constituye “un programa de gobierno supranacional de corte socialista”.

Estas afirmaciones, en las que se mezclan aspiraciones de grandeza con narcisismo, implican -de convertirse en políticas concretas- un fenomenal retroceso para el lugar de reputación que la Argentina democrática ha alcanzado en temas como derechos humanos, cuestiones de género, cambio climático, desarrollo sustentable, justicia social, y equidad material. Significa que emulemos a muchos gobiernos no occidentales y no democráticos, que han logrado visibilidad negativa en los asuntos internacionales, por sostener posturas contrarias a aquella agenda.

Tácitamente, se infiere una noción de defensa de la soberanía -término que se menciona en la Nota– en clave retrógrada y aislacionista: la Argentina tendría la potestad de no adherirse a compromisos ambientales, sanitarios, regulatorios de distinto tipo, en materia de derechos humanos, igualdad distributiva, combate contra el racismo y la xenofobia, etc. Esos temas multilaterales, maduraron tras décadas de trabajo como fruto de acuerdos impulsados con la comunidad internacional.

Cabe hacer una precisión. Así como no hay correlato entre las normas vigentes y la Nota presidencial, sí lo hay entre esta nota y una de agosto de 1979, ordenada por el canciller brigadier mayor Carlos Washington Pastor, en la que se pone en funcionamiento un “Plan de Difusión”, dirigido a consolidar en el exterior una imagen de la “gestión normalizadora del gobierno nacional, exaltando los valores más importantes del patrimonio cultural argentino y neutralizando el efecto de las campañas inspiradas por los sectores adversos”. Y pide: “desarrollar acciones tendientes a clarificar y defender nuestra posición de libre determinación frente a toda injerencia extranjera que, so pretexto de los derechos humanos, se permite juzgar la conducta argentina”.

Bielsa fue canciller de la República, Tokatlian es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella

Por Rafael Bielsa y Juan Gabriel Tokatlian

https://www.lanacion.com.ar/opinion/diplomacia-disposiciones-y-despropositos-nid25102024