Es conocido que la expresión “entre gallos y medianoche” significa –o evoca– a lo que se hace de manera oculta, poco clara y hasta clandestina, es decir, hechos realizados furtivamente y que tienen por objetivo aprovechar un momento en el cual otros no están prestando atención o, por lo menos, no tienen el suficiente poder para intervenir ni cambiar una determinada situación.
Este fue el modus operandi de Gerardo Morales en la reciente reforma constitucional. Con el apoyo de su partido (la UCR) y con la colaboración de un sector del peronismo jujeño –que en el futuro tendrá que saldar cuentas por su cuota de responsabilidad cómplice con Morales– aprobaron una reforma constitucional dándole la espalda a la ciudadanía y a puerta cerrada, con la Legislatura vallada y franqueada por la policía. Pero esto no es todo: apenas tuvo poco más de una semana de tratamiento en comisiones, siendo que una Constitución es la norma fundamental que organiza a una comunidad política. Como ha señalado el constitucionalista Rafael Bustos Gisbert, es fundamental “porque regula los aspectos más básicos de la convivencia: los valores básicos que la orientan (esencialmente, los derechos fundamentales, aunque no sólo) y los mecanismos para adoptar decisiones” (“Es urgente reformar la Constitución”, Agenda Pública, 2018). En la reforma se abordaron cláusulas decisivas para la vida de la provincia como la limitación del derecho a la protesta, la propiedad de las tierras de las comunidades originarias en donde se hallan recursos como el litio, mecanismos para la selección de jueces y la modificación de los organismos de control (colonizados todos por el gobernador Morales, rey del nepotismo). Pero el colmo del agravio constitucional radica en que, a raíz de la insatisfacción ciudadana, decidió unilateralmente “bajar” dos artículos de la nueva Constitución, ¡como si ésta fuera un menú personal y no la decisión soberana de todo un pueblo!
Frente a tal oprobio institucional y dando muestras de un innegable espíritu de resistencia, docentes, comunidades aborígenes, gremios, trabajadores, madres y mujeres, activistas sociales, etc. salieron a las calles masivamente para oponerse a los objetivos de Morales. La historia se repite: el recurso utilizado por éste, como ocurrió en 2001 (cuando era funcionario de la Alianza) y en 2017 con el gobierno de Macri no fue otro que la represión. Es que la forma de gobernar de los sectores de Juntos por el Cambio cierra de una sola manera: ajuste económico, limitación de derechos individuales y sociales y, en paralelo, represión. Este es, en el fondo, el combo político-económico que ofrecen. En realidad, para el modelo neoliberal que impulsan esto no es una novedad y tampoco una excepción: más bien, es la regla para sostener el saqueo de los recursos naturales (principalmente el litio), la desigualdad y en el caso jujeño el profundo racismo del gobernador.
Además de ahogar el debate democrático y el derecho de participación, haciendo gala de una irresponsabilidad política mayúscula, Morales culpó de las protestas al Gobierno nacional, a Milagro Sala, a La Cámpora, a la vicepresidenta y la lista sigue… Acudiendo a un típico recurso de las nuevas derechas mundiales, sin ninguna prueba y a través de fake news en redes sociales, Morales sostuvo que existía una conspiración con agentes «infiltrados» destinada a desestabilizar el gobierno jujeño. Siguiendo a Ignacio Ramonet, las actuales derechas están creando la “era del conspiracionismo” (La era del conspiracionismo. Trump, el culto a la mentira y el asalto al capitolio, Editorial Siglo XXI, 2022). No hace falta agregar cómo este conspiracionismo socava a la democracia: uno de sus pilares es el uso del lenguaje público de manera clara, precisa y transparente y, en efecto, los dirigentes políticos no deben mentir como hace Morales.
Pero la irresponsabilidad política de Morales no acaba ahí. Recordando a las épocas más oscuras de nuestra historia, hace caso omiso –con toda la cúpula de Juntos por el Cambio– y no atiende las observaciones de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Todos estos organismos advirtieron de las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía de Morales, el uso indebido del uso de la fuerza policial, la restricción de la participación de las comunidades indígenas en el proceso de reforma y, sobre todo, la vulneración del derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Los acontecimientos en Jujuy están en marcha y nadie conoce su desenlace. Se sabe que una de las características esenciales de la política es la imprevisión y la contingencia. Pero, más allá de esto, lo único seguro y lo que realmente importa en el proceso jujeño es la multitudinaria organización y participación popular que, por más que Morales se empeñe en reprimir, no podrá detenerse.
