Pocos acontecimientos han suscitado tanta deliberación pública y originado tantas transformaciones políticas como las protestas iniciadas en Chile en octubre de 2019, proceso conocido como “primavera chilena.” Estudiantes, docentes, trabajadores y mujeres se movilizaron para reclamar contra el aumento de las tarifas de los servicios, la eliminación de subsidios y la pérdida del poder adquisitivo en los salarios. La respuesta del Estado para neutralizar dichas protestas fue la declaración del estado de excepción con la consecuente suspensión de determinados derechos constitucionales. El actuar de las fuerzas de seguridad dejó en el camino fallecimientos, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos y degradantes.
Chile como laboratorio de las políticas neoliberales
Los acontecimientos políticos responden a múltiples causas que los países ven suceder en el curso de las décadas. Esta afirmación es de especial relevancia para el caso de Chile, pues las causas de la primavera chilena deben buscárselas en la implantación del modelo neoliberal en manos de Augusto Pinochet con el golpe de Estado perpetrado contra el presidente legítimo Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, con la ayuda de Estados Unidos, las élites económicas nacionales y el soporte teórico de la Escuela de Chicago. Los economistas de esta Escuela, con Milton Friedman a la cabeza –quien visitaba asiduamente al país y se reunía personalmente con Pinochet–, hicieron de Chile una especie de laboratorio de las recetas neoliberales. Friedman acuñó la expresión “milagro chileno” para describir las reformas de liberalización económica implementadas por Pinochet, entre las que destacan la drástica reducción del gasto público, la privatización de las empresas estatales y la eliminación de tasas y aranceles a la actividad económica.
Es necesario tener en cuenta el diseño de la Constitución de 1980 –sancionada por la dictadura– para comprender la primavera chilena. Esta Constitución, que cuenta con escasa o nula legitimidad democrática (en aquel año no había democracia, no existían registros electorales y a los partidos políticos de la oposición no se les permitió hacer campaña), aún está vigente, aunque con algunas reformas. El texto constitucional albergó el modelo económico neoliberal. No es casualidad que emplee, cuando refiere a derechos como salud y educación, verbos que bien podrían calificarse de “blandos”: reconocer, promover, coordinar, favorecer. Ellos implican una especie de compromiso liviano con los derechos, en comparación con otros textos constitucionales que utilizan verbos como asegurar, gozar, otorgar o garantizar.
El principio central que define la arquitectura de la Constitución es el principio de subsidiariedad. Esto implica que los individuos y las empresas ostentan una posición de superioridad respecto del Estado en aquellas materias, servicios y obras que representan el interés público, por lo que los sujetos privados asumen directamente su realización. Así, el Estado luce en una posición secundaria y residual en la vida económica. En otras palabras: la casi totalidad de los ámbitos de la vida social quedan sometidas a las leyes del mercado.
En los últimos años, la ciudadanía ha dado muestras explícitas de insatisfacción hacia el modelo consagrado en la Constitución. Por ejemplo, en el año 2011 hubo fuertes protestas por la educación, pues los estudiantes rechazaron el sistema educacional que provee una amplia participación del sector privado y una mínima injerencia del Estado. Se calcula que solo el 25 % del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75 % con altísimos niveles de endeudamiento por largos años. Por otro lado, en 2016 miles de personas protestaron bajo el lema “NO+AFP”, en contra del sistema privado de pensiones a cargo de corporaciones con fines de lucro (AFP).
La primavera chilena
Días antes del estallido de octubre de 2019, el presidente Sebastián Piñera aseguró que “en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo.” Con un evidente desconocimiento de las problemáticas económicas y las necesidades de los capas bajas y medias, las élites y parte de la clase política alegaron que “nadie vio venir” el estallido de octubre. El desencadenante directo de la crisis de octubre corresponde al alza del precio de metro de Santiago, que pasó de 800 a 830 pesos, de 1,13 a 1,17 dólares. Miles de ciudadanos, agotados por la subida de precios en los servicios públicos, y no así en los salarios, se movilizaron primero espontáneamente y luego organizadamente: evasiones del pago del metro, marchas y movilizaciones en plazas y espacios públicos, barricadas, incendios de estaciones y cacerolazos fueron las muestras del descontento masivo. Para responder a las protestas Piñera declaró el estado de excepción en las principales ciudades. Además dispuso el toque de queda.
Piñera declaró que el Estado chileno se encontraba “en guerra contra un enemigo poderoso.” En similar sentido, la primera dama en un audio privado –luego filtrado– dijo que el estallido era “como una invasión extranjera, alienígena.” Estas declaraciones, lejos de ser triviales, son absolutamente preocupantes. Restablecer la idea del enemigo interno genera la quiebra del principio de inocencia, fundamento de un derecho basado en garantías. El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha subrayado que el Estado de Derecho no conoce enemigos ni amigos, sino culpables e inocentes. Las estadísticas no dejan lugar a dudas del exceso de las fuerzas de seguridad: 17.313 personas detenidas, de las cuales 950 estuvieron en prisión preventiva; más de 20 muertos; 3157 civiles heridos y 254 menores; 346 casos de maltrato, de los cuales 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexual; 14 lesiones gravísimas; y 5 lesiones de pérdida total de visión.
De la movilización ciudadana al cambio constitucional: un nuevo horizonte político
El logro histórico más importante de la primavera chilena fue el haber forzado la celebración de un plebiscito para que la ciudadanía decida qué Constitución darse. Las dos preguntas del plebiscito celebrado el 29 de octubre de 2020, a poco más de un año después del estallido inicial, fueron: “¿Quiere usted una nueva Constitución?” y “¿Qué tipo de órgano debe redactar una nueva Constitución?” Respecto de la primera pregunta, “apruebo” o “rechazo” eran las dos posibles respuestas. El resultado arrojó que más del 78% eligió el “apruebo”, habiendo votado 14,7 millones de personas. Al mismo tiempo, en cuanto al órgano que debe diseñar y redactar el nuevo texto constitucional, se impuso con un altísimo porcentaje (79,06%) que sea una convención constitucional que estará integrada por 155 ciudadanos electos para ese fin y será paritaria, asegurando la igualdad entre hombres y mujeres.
Se espera que la futura Constitución deje atrás el paradigma neoliberal instaurado por la dictadura de Pinochet y transite hacia un nuevo modelo de Estado redistributivo. La primavera chilena representa una bocanada de aire fresco en la actual coyuntura latinoamericana, atravesada por gobiernos de derecha excluyentes de las grandes mayorías.
