Cada día se produce el cierre de alrededor 25 pymes. Fue muy difícil adaptarlas al entorno de una industria más desarrollada a la que puedan proveer. Costó mucho tiempo ponerlas en pie y convertirlas en buena parte con una prometedora inserción internacional.
A tal punto, es grave lo que ocurre en el sector pymes, que se demorará más de veinte años reconstruir las que se ubican en el plano industrial y que están asociadas también a la falta de perspectivas inmediatas.
Por su vinculación con el sector tecnológico, presentan una perspectiva muy favorable que no se podrá concretar sin una clara estrategia industrial y tecnológica a través de una política estatal orientada decisivamente en planificarla. Así queda en claro en el ejemplo de los países asiáticos que enfrentaron la fuerte crisis que tuvo lugar en ellos en los noventa atacando la inflación con ajustes que incluían limitaciones cambiarias y, sobre todo, un fuerte predominio de la política de desarrollo industrial.
El problema del ajuste nacional es que el gobierno, lo mismo que sucedió con otros programas estabilizadores previos, no apostó a la producción y los orientó con un sentido exclusivamente monetarista y financiero. Corea es uno de los mejores ejemplos de una política productiva muy dinámica centrada en la industria y el desarrollo tecnológico de base industrial, mientras que los planes de estabilización argentinos insisten en refugiarse en un pasado centrado en la economía primaria, que no combate la fuga de capitales. Esto es inherente al modo de acumulación de capital en la Argentina porque el uso de excedentes en una economía de base primaria, si no se usa para el desarrollo industrial, te que lleva a depender del endeudamiento externo.
La desindustrialización ha llegado a alarmar a una parte del círculo rojo, que o bien atribuyen los resultados del modelo económico a una incompetencia del equipo que lo conduce y que quedó bastante clara con el sobreendeudamiento que sólo empeoró las perspectivas, y empieza a mirar con un sentido más crítico al modelo, sobre todo en una mayoría de industrias, y no sólo entre las pymes o las industrias más castigadas, como los textiles, sino en las grandes empresas nacionales, que observan con desconfianza como la devaluación y la contracción del mercado interno las debilitó frente al capital extranjero.
La disconformidad se extiende al Mercosur, porque la dirección política actual de Brasil se inclina hacia una integración mayor al mundo a través de Estados Unidos. Esto puede tener el peligro de desbaratar la estructura regional, que sigue siendo una instancia imposible de eludir en un sistema mundial que converge cada vez más hacia la integración de cadenas productivas, donde el actual auge del proteccionismo es una expresión de la crisis y del intento del gobierno del presidente Trump de que esa integración siga estando subordinada al dominio estadounidense (el Americafirst) característico de la inmediata posguerra.
La posición actual de la Argentina desestima al Mercosur en favor de acuerdos de libre comercio al margen del mismo y el acercamiento a la Alianza del Pacífico, en que se encuentran los países en desarrollo que se asimilan a la política de Trump. La crítica con respecto al pasado inmediato fue que el Mercosur se fue convirtiendo cada vez más en una construcción política, poco ensamblada con las necesidades y reclamos empresarios. Pero no puede prescindirse de una región de la importancia del Mercosur, en una economía global en que la integración puede reforzarse mediante las regiones, pero con una voluntad de desarrollo industrial y tecnológico que no parece tener el gobierno argentino, que apuesta exclusivamente al agro, la energía y la minería y que coloca a la política monetaria como condición previa a los proyectos productivos, mientras que el combate a la inflación se presenta cada vez más como un imperativo de crecimiento.
El fracaso de la política económica tiene que ver con la imposibilidad que tuvieron las medidas de ajuste de contener la inflación, y en gran medida consiste en no comprender sus causas, que en la Argentina se deben a ante todo al uso de dos monedas, en que el dólar no sólo reemplaza al peso en algunas operaciones sino que lo hace en todas aquellas destinadas a fugar capital o riqueza en forma de ahorro, un procedimiento vinculado a la estrategia general de acumulación de capital, que al ponérsela en práctica provoca también un vaciamiento económico que conduce a un lento crecimiento, por lo que un modelo económico que lo encauce de ninguna manera puede combatir la inflación sólo a través de corregir el déficit fiscal primario y menos contrayendo la economía para corregirlo.
En esas condiciones, la continua evasión de dólares sólo puede sostenerse con un endeudamiento continuo que, además fue irresponsablemente sobredimensionado. En línea con esa política equivocada el gobierno quiere que el objetivo central y casi excluyente del BCRA sea combatir la inflación mediante esos métodos, para lo que envió un proyecto de ley para reformar su Carta Orgánica y cumplir de esa manera con las exigencias del FMI, concretadas en el acuerdo por el crédito stand by concedido al país.
Cada vez más, hay que vincular la suerte de cada economía nacional a lo que acontece en el mundo. El préstamo excepcional del FMI a la Argentina fue, más que un intento de resolver la crisis argentina, una manera de salvar a los bancos prestamistas de las consecuencias de esa crisis, que podía resultar fatal para el conjunto del sistema financiero. Por eso no es de extrañar que la receta haya sido extrema y suma al país en una situación de profundización del retroceso económico, ya que la ineludible reestructuración de la deuda restará posibilidades de recuperación en el crecimiento y acentuará la fuga de capitales.
Por lo pronto, el ajuste tal como lo diagramaron el gobierno y el FMI, además de la irresponsabilidad local, es una manifestación del error de creer que una política económica de ese tipo puede ser exitosa, como ya sucedió con políticas similares adoptadas desde 1976 en adelante.
En lo que atañe al FMI, muestra que su principal función –como no podía ser de otra manera- no es salvar a los países que se han endeudado sino, ante todo, resguardar a los bancos prestamistas, a costa de que el peso del ajuste se traduzca en una caída del PBI y en un decenio de estancamiento, como sucedió en Grecia y como seguramente va a volver a suceder en la Argentina, con la particularidad que como su crisis se inserta en una situación mundial sumamente inestable, esta vez ni siquiera podría llegar a evitar consecuencias graves para todo el sistema.
Se trata de algo que deberá tener en cuenta cualquier política de salida de la actual situación, que sólo podrá encarrilarse si se inserta en una estrategia de crecimiento en función de la experiencia de los países asiáticos que han logrado altas tasas de crecimiento.
