El gobierno nacional celebró que el acuerdo con el FMI haya recibido el apoyo del 80% de los y las legisladoras del Congreso, sindicatos, universidades y empresas. Uno de los que defendió el memorándum fue Daniel Funes de Rioja, histórico dirigente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y ahora presidente de la Unión Industrial Argentina. Tener de aliados a los lobbystas de los sectores concentrados de la alimentación, en medio de la tensión por una inflación que este año vuele a proyectarse en los 50 puntos, es como hacer un pacto con el diablo.
“Hubo un shock especulativo”, sostuvo Roberto Feletti, secretario de Comercio interior durante la semana. En solo tres días, entre el 16 y 18 de marzo, empresas como Molinos Río de la Plata, Mastellone, o Las Marías (cada una de ellas en sectores híper concentrados) aplicaron subas que llegaron, en promedio, al 14%. A partir del lunes, deberían retrotraer precios según lo pautado con el gobierno.
Este es solo uno de los teatros de operaciones donde ocurre la ¿guerra contra la inflación? Las patronales agropecuarias, nucleadas en la Mesa de Enlace, amenazan con profundizar el conflicto junto a los legisladores de Juntos por el Cambio y libertarios: buscarán derogar en el Congreso el DNU que quitó el diferencial de retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja. “Si el gobierno quiere guerra, el campo se la va a dar”, azuzó Alfredo “Minga” De Angeli desde Entre Ríos. El escenario que eligió fue la Ruta Nacional 14, sobre Gualeguaychú, uno de los epicentros del conflicto por las retenciones móviles de 2008.
Por ahora, el Poder Ejecutivo logró esquivar la discusión sobre un posible (y necesario) aumento de retenciones al trigo, maíz y girasol. Por la suba de los precios internacionales de las materias primas, los productores de trigo aumentaron su rentabilidad en un 50 por ciento en dólares. “Es un efecto riqueza por el solo hecho de tener almacenado el grano, cuando el riesgo alimentario es real. No es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro pero que el oro se quede todo en el gallinero”, ironizó Feletti.
El hilo conductor dentro de una cadena hiper concentrada como la del trigo es la especulación. Desde la molinería decían que no tenían trigo pero Comercio Interior detectó un stock de 1,1 millón de toneladas guardadas en sus plantas. Con esa sola jugada, aumentaron la harina de trigo para las panaderías en un 23%.
Estado en shock
Si existe un shock especulativo como describen desde el gobierno, es porque un puñado de actores de la producción utilizan los precios para capturar mayores proporciones de rentabilidad, a costa del salario de trabajadores y trabajadoras.
En la Argentina, la industria alimenticia está dominada por Sistema Coca-Cola, Danone, el grupo Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma Mondelez (ex Kraft Food) y Bagley Latinoamérica. De este conjunto, Arcor, Mastellone Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas (Ventas-Costos) del 112% durante el período 2020-2021 mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo lapso un 114%.
Si hay mucha circulación de dinero, las empresas aumentan precios; si se otorgan aumentos paritarios, se retocan los precios. Si se mueve la cotización del dólar, hay subas. El círculo termina de cerrarse cuando ante el mayor volumen de pesos ganados, las corporaciones lo traducen en dólares, y presionan al tipo de cambio con su ya sabido impacto sobre precios. La teoría del eterno retorno hecha especulación capitalista.
La clave sería una fuerte regulación estatal sobre los sectores concentrados. En este sentido, la “política de canastas”, como lo definen desde Comercio interior, sería un chasquibum (aunque necesario) frente al poder real de los contrincantes.
Solo un par de datos: el año pasado, Arcor –radicada en Suiza— obtuvo una ganancia neta de 402 millones de pesos, frente a los 26 millones de 2020. Es decir, un incremento exponencial del 1446%. La sociedad forma parte de los segmentos concentrados de los fideos, azúcar y lácteos, con el 47 por ciento de participación sobre La Serenísima.
Por su parte, Molinos Agro (Pérez Companc) registró una ganancia neta entre abril y diciembre del año pasado de 4987 millones de pesos. Esta empresa posee el 22% del mercado de harina para pan (de un total de tres jugadores que concentran el 87% de la molienda). También posee el 35% de la molienda para fideos, el 22% de la producción de aceite (donde 4 sociedades concentran el 82% del mercado). A su vez, cuenta con el 9% del mercado yerbatero.
Según los relevamientos diarios de la secretaría de Comercio interior, entre el 16 y 18 de marzo empresas como Mondelez aplicaron subas del 22%, Mastellone lo hizo en el 11,6%, y Molinos Río de la Plata, en el orden del 9%. Y Las Marías, empresa de la familia Navajas Artaza que posee el 20% del mercado yerbatero, remarcó sus productos en un 17%.
“Hubo un ataque especulativo con un conjunto de precios alimenticios cuyas subas fueron inexplicables. Se trata de maniobras que no vamos a tolerar”, sostuvo Feletti, en un tono más duro que el de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, quien también brindó una conferencia de prensa durante la semana. “Hubo una suerte de sorpresa colectiva (durante la reunión con la COPAL) por los aumentos registrados”, indicó el ministro.
La COPAL le respondió directamente a Feletti. “Las acusaciones emitidas no se condicen con el compromiso acordado entre las partes ni con la realidad del sector. Instamos a dejar de buscar culpables dentro de una industria en particular y en su lugar, aunar esfuerzos para avanzar con medidas concretas y concertadas”, manifestó Funes de Rioja.
¿Alcanza solo con el diálogo?
Memorias del Centenario
La dirigencia del sector agropecuario primario todavía se comporta como si viviera en los albores del primer Centenario. El aporte del agro a la generación de valor dentro del producto bruto llega al 11%, con una fuerte disparidad en la distribución de la riqueza hacia el interior del sector. Al tercer trimestre del año pasado, el capital privado agropecuario se quedó con el 62% del valor agregado bruto, frente al 23% de los trabajadores rurales.
La industria, en cambio, representa el 30% de la generación de valor dentro del PBI. Según un trabajo de investigación realizado por el Banco Nación y firmado por Lorenzo Cassini, Javier Rameri y Martín Schorr, la industria local podría sustituir importaciones por 11.000 millones de dólares anuales. Esta sería otra manera de robustecer las reservas del Banco Central.
La sobrevaloración del sector agropecuario se da porque sus activos se miden en dólares. Nada más que por eso (ni nada menos). Y las patronales del sector se paran de manos frente al gobierno sobre un simbolismo que remite a la Argentina del primer Centenario.
“El sector agropecuario nunca aportó a un proyecto de país. De la generación del ’80, solo queda el Teatro Colón”, agregó el secretario de Comercio Interior.
Lo paradójico es que el equipo económico sigue ponderando una salida exportadora basada en materias primas, con petróleo, gas, minerales y granos a la cabeza, para repagar la deuda con el FMI. Es decir, los mismos sectores económicos concentrados que Rodolfo Walsh describió en su carta a las juntas como los principales beneficiarios del modelo económico retomado en 1976.
Rosca
Mientras tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio rosquean en el Congreso el rechazo a la suba de dos puntos en las retenciones a los aceites y harina de soja.
“Se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja. Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo. Si logramos el apoyo de otro sector de la oposición vamos a darle previsibilidad al campo, que es lo que necesitan los productores desde hace 20 años”, afirmó Mario Negri (UCR-Juntos por el Cambio).
Dentro del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por las principales cerealeras del país y otras 50 cámaras patronales, siguen analizando posibles medidas judiciales por la suba de retenciones. La Sociedad Rural ya se había adelantado con un pedido de inconstitucionalidad sobre la potestad del Poder Ejecutivo para cobrar derechos de exportación.
El país al descubierto
Con menores precios internacionales, en 2015 había más regulaciones vía derechos de exportación. Y eso se notaba en los precios internos. En 2015, el maíz pagaba un 20% de retenciones, mientras que ahora lo hace en un 12%. El precio internacional del trigo saltó un 63% entre 2015 y 2021 y las retenciones se redujeron 11 puntos. El girasol pagaba un 28% y ahora un 7%, cuando el precio saltó un 40% en dólares.
“Los derechos de exportación además de ser justos, porque hay un efecto riqueza que debe redistribuirse, desvinculan mejor los precios internacionales y eso garantiza oferta. Ante una crisis global alimenticia, como lo define la FAO, la Argentina aparece más desguarnecida. No podemos convalidar –como si nada— la sobre-renta que obtiene el sector del agro”, enfatizó Feletti.
Dejar atrás el capítulo de la 125 implicaría, quizás, rediscutir la relevancia de los derechos de exportación como instrumentos de política económica, sin temor a unos cuantos tractorazos.
