La economía Argentina, como más un millón de sus habitantes, sufre del virus covid-19, cuando uno lee la declaración conjunta de los grupos Ad Hoc, Exchange Bondholders y Argentina Creditor Committee, que son los principales acreedores privados de la deuda externa, donde afirman que “el Banco Central ha reforzado una política cambiaria que promueve las importaciones, desalienta las exportaciones y ha agotado las reservas a un nivel peligroso”. Están planteando una devaluación de nuestra moneda, cuando el dólar oficial es uno de los más altos que se tenga registro, por lo que busca desestabilizar más la economía Argentina y asegurarse un modelo dependiente de capitales externos y fuertemente extranjerizada, aún más de lo que está. Buscan limitar el mercado interno sabiendo los niveles de pobreza y de desocupación del país. Tratan de imponer el modelo y la lógica de valorización financiera del capital.
El problema no es que el BCRA adopte una política cambiaria que promueve las importaciones, el problema es que en medio de la crisis cambiaria este Banco Central adelantó más de 5.000 millones de dólares asegurándole el tipo de cambio a los importadores (no entraron los productos importados a la Argentina y le pagaron esas compras asegurándole un tipo de cambio que fue de los $ 70 a $ 80 por dólar de enero a agosto 2020) y encima pagó también supuesta deuda externa por 6.200 millones de dólares a los mismos que aparecen comprando dólares por 86.200 millones al BCRA de la época de Macri. Total más de 11.200 millones de dólares de las reservas internacionales que se evaporaron.
El mercado huele sangre y como los tiburones se desespera para sacar la mayor tajada, lo sabían desde el principio, nosotros nos enteramos cuando el FMI audita las cuentas e informa que el BCRA perdió todo el superávit comercial acumulado en los primeros ocho meses del año de 10.984 millones de dólares, cifra a la que debe sumarse otras detracciones y que incluso hacen disminuir las reservas de libre disponibilidad del BCRA.
El covid-19 son también los grandes fondos de cobertura como PIMCO y Franklin Templeton, que tenían una presencia muy menor en el país pero, con la dupla Luis “Toto” Caputo y Gustavo Cañonero (éste último representante de Franklin Templeton en la Argentina) como Presidente y Vicepresidente del BCRA respectivamente, ingresaron y se posicionaron fuerte en títulos de deuda argentino en moneda nacional, llegaron a tener entre ambos títulos en pesos pero equivalente a 4.000 millones de dólares cuando entraron, hoy valen menos de la mitad y se quieren ir a como dé lugar, propiciando la suba del dólar llamado CCL (Contado con liqui) que consiste en vender esos títulos en el exterior (obviamente en divisas) y el dólar implícito de esa venta superó los $ 180.- y el blue alcanzó los $ 190 en la semana que transcurrió.
El otro virus covid son los diez bancos privados más grandes que operan en el país. Por la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, la autoridad monetaria es banco de bancos y por ende a los únicos que les puede vender es a ellos y, fueron los que compraron los 86.200 millones de dólares de las Reservas Internacionales del BCRA en la gestión de Macri y los más de 11.000 millones de dólares este año, para sí o para sus clientes, pero es seguro que una parte de esos dólares alimentan las “cuevas” que, incluso por la cuarentena, no están tanto en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino en los barrios acomodados como Palermo Chico, Barrio Norte y Puerto Madero y Vicente López, así como sucede en todo el país.
POR QUIEN DOBLAN LAS CAMPANAS
En la economía Argentina hay tres sectores bien diferenciados, uno es el financiero, ya descripto, el otro, es el sector agroindustrial que se agrupa básicamente en el Consejo Agroindustrial Argentino, liderado por Aceitera General Deheza, Molino Agro (Pérez Companc), entre las nacionales y Cargill, ADM, Glencore, Dreyfus, Cofco, entre las extranjeras, quienes tienen una visión del país que plasman en su “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”, saben que la Argentina que es solo el 0,3% del PIB mundial, es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y derivados, razón por la cual se benefician con un dólar alto, de hecho miran complaciente la situación ( y obtienen más pesos por cada dólar que exportan), pero el beneficio que tienen hoy no es sustentable mañana.
El tercer sector es el pueblo argentino, que sufre el embate cambiario con una creciente inflación y consiguiente disminución de su salario real. Como lo explicó el Ministro Martín Guzmán, la Argentina no es un país de un ingreso per cápita de 4.500 dólares, en el plan implícito en el proyecto de presupuesto nacional 2021 propone que los salarios crezcan más que los precios y que el tipo de cambio (dólar), hecho que combinado con un mayor empleo implica fortalecer el mercado interno que es la base de nuestro crecimiento sostenido. La movilización del 17 de octubre de 2020 se hizo en defensa propia, fue decir acá estamos.
Hoy la alianza se da entre los dos primeros, pero el Estado debe jugar a favor de la población y tiene fuertes herramientas.
DECLARAR LA EMERGENCIA CAMBIARIA
Para ello la primera es Declarar la Emergencia Cambiaria. El 10 de abril de 1964, mediante el Decreto 2581/64 se dispuso la obligatoriedad de ingresar al país y de negociar, en el mercado único de cambio, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales. Mal o bien, con períodos en que se suspendía su aplicación, este sistema rigió durante 53 años, hasta que el Decreto 893/2017 en su artículo 1, deroga el Decreto 2581/64.
Paralelamente, la ley 27.541 denominada de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, no contempla el problema cambiario.
Por lo tanto se necesita declarar la emergencia cambiaria, para:
1) Anular las Resoluciones de la Secretaria de Comercio Nº 262/2016 que le permite al exportador no ingresar las divisas al mercado de cambio local en un plazo de hasta 5 –cinco- años y 47/2017 que extiende ese plazo a 10 –diez-años y, derogar el Decreto Nº 893 por el cual establece que “desaparece cualquier obligatoriedad de ingreso de divisas” por exportaciones. La diferencia entre lo exportado y lo ingresado en el período que rigieron ambas Resoluciones y el Decreto 893/2017 supera los 15.000 millones de dólares. La Emergencia Cambiaria debe finalizar con la prerrogativa del gobierno anterior y permitir “negociar” con los exportadores (que son los mismos, recordemos que 200 empresas, varias de ellas conforman el mismo grupo económico, representan el 90% de las ventas externas de la Argentina). La grave situación en que nos encontramos amerita cambiar la regla de juego y acordar con ellos un adelanto del ingreso de esas exportaciones, digamos de unos 3.000 millones de dólares por mes, que permitiría al gobierno llegar a abril de 2021 donde debería haber finalizado la cuarentena de la pandemia del covid 19 y a su vez se produce el ingreso de las ventas de la cosecha gruesa.
No vamos a entrar en la controversia si es un derecho adquirido, si, podemos agregar que en ese caso se debería plantear a qué tipo de cambio se liquida la operación de exportación, se hace al tipo de cambio oficial en que realizaron la venta al exterior en los años 2016, 2017, 2018, hasta el 2 de septiembre de 2019, o a uno vigente.
Gran parte de los exportadores tienen la administración de puertos en la llamada Hidrovía del Paraná cuya concesión vence en abril de 2021. Pero todos están en la lista de los mayores compradores de los 86.200 millones de dólares de la época de Macri y seguramente si no todos, gran parte de ellos, son los que le compraron los más de 11.000 millones al BCRA de este gobierno.
Es un acuerdo de partes en que ellos adelantan el plazo de la liquidación e ingresos de divisas de las exportaciones ya realizadas y el Estado argentino sabrá como ponderar ese gesto de alianza económica y social.
2) Revisar, corregir y derogar según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior.
3) Se debe evitar a toda costa que el precio del dólar informal, blue, negro o como se lo quiera llamar incida sobre los precios, para ello el Estado debe intervenir para castigar ese delito, utilizando el poder de policía financiera que tiene la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA); la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV); la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), quiénes deben controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, que incluya el secuestro de los fondos que no tengan explicación contable o de origen y, hasta la detención de los delincuentes.
Es el Estado el que debe regular, establecer las reglas de juego, que es lícito y que es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular penando y castigando el delito.
En síntesis, si se hubiera detenido al primer peón que quemó un pastizal, éste hubiera dicho quién lo envió y no hubiéramos tenido los incendios de nuestros campos y bosques como pasó. Se trata de intervenir ya y como sea, Eva Perón decía, donde hay una necesidad hay un derecho.
https://radiografica.org.ar/2020/10/25/el-covid-19-y-la-emergencia-cambiaria/
