Referencias que ayudan a formar conciencia:
. «La visión que ha crecido bajo el régimen de la propiedad y el dinero es un desprecio real por la naturaleza y una práctica de degradación de la misma». C. Marx, Escritos de juventud, FCE, México, 1982 (recopilación de escritos entre 1835 y 1844).
. «El agua es un bien común, y nuestras finanzas e inversiones deben organizarse en torno a ello». M. Mazzucato (atribución a verificar; la obra La economía del bien común corresponde a otros autores).
.»Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales». J. D. Perón, Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, Madrid, 21 de febrero de 1972.
. «No hay nada en la preservación de los recursos naturales per se que los convierta en un objeto de inversión más deseable que el equipamiento creado por el hombre». «Extraer todo el valor que pueda producir, agotarlo ‘de una vez por todas’, y luego abandonar la tierra». F. Hayek, Los fundamentos de la libertad, 1960.
I. Introducción
Las referencias apuntan a cuatro ejes: el desprecio por la naturaleza que denuncia el marxismo; el rol voraz de las empresas transnacionales que identifica el peronismo; el agua como organizador de la producción en Mazzucato; y el objetivo neoliberal de extraer rápido los recursos naturales. No se proponen como verdades absolutas, sino como pensamientos críticos para motivar nuestra propia conciencia.
Metodológicamente, el extractivismo confunde precio (monetario, derivado de una transacción) con valor (calidad de estima sobre la que se construye la sociedad). También prioriza la extracción de rentas sobre la creación de valor compartido. Mazzucato propone una «economía del bien común» para revertir esa lógica: en lugar de organizar la producción y las finanzas en torno a la extracción de recursos (minería, hidrocarburos, agroindustria intensiva), plantea que mercados y Estados se reorganicen para atender necesidades sociales y ambientales. La propuesta implica la prevalencia de la política sobre la economía y de los intereses sociales de la especie humana sobre las conveniencias individuales.
El pensamiento neoliberal sostiene que el mercado es el mejor asignador de recursos y que el Estado debe retirarse de la esfera económica. Sin embargo, en la práctica, esa «retirada» no significa menos intervención, sino una reorientación de la acción estatal para garantizar las condiciones de acumulación del capital transnacional. Es lo que se llama «seguridad jurídica», instalada por el RIGI y el eventual superRIGI, y compartida por el Gobierno en Chubut.
II. El extractivismo de la mano neoliberal
En este marco, el extractivismo se convirtió en el imperativo central de la neoliberalización. En Chubut se observa con claridad: los territorios, los recursos comunes y la naturaleza misma son reconfigurados como meros activos a explotar y exportar.
Este proceso de «acumulación por desposesión» -eufemismo académico para no usar «robo»- impulsa una forma de acopio de riqueza que ya no depende solo de la explotación del trabajo asalariado, sino también de la apropiación legalizada de bienes naturales, tierras comunales y activos públicos. Incluye la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión de poblaciones originarias, la conversión de derechos comunales en propiedad privada y la supresión de formas alternativas de producción. El extractivismo es, en esencia, la forma más efectiva de esa acumulación por desposesión.
La pregunta que nos formulamos es: ¿por qué, si el extractivismo es cuestionado y tensionado por el pueblo de Chubut, se consolida -junto con la deuda pública- como única e histórica política básica de los gobiernos de turno? Extractivismo y deuda son los nombres de la política chubutense.
También nos inquieta la adaptabilidad social al extractivismo (resignación o rebeldía) y el rol que cumple la conveniencia política (permanencia o interés privado) de los administradores públicos. La problemática tiene tonalidades espacio-temporales verificables.
Las operadoras de recursos naturales son, prioritariamente: YPF (1) (en su momento), Pan American Energy (PAE), PECOM (Grupo Pérez Companc), CAPSA (Compañía de Hidrocarburos Asociada), Tecpetrol (brazo energético del Grupo Techint), Conarpesa / Iberpesca / Food Partners, Aluar (Aluminio Argentino), Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia, PAE (Eólica), Pan American Silver y Benneton.
El poder de lobby y de intervención directa de las concesionarias es conocido. El valor patrimonial conjunto de estas empresas sextuplica el presupuesto de Chubut 2026 (2). Es decir, el poder económico de Chubut es la sexta parte de la capacidad económica de las empresas que administran sus recursos. Esta relación es clave para entender dónde está el poder de negociación cuando se plantean concesiones, prórrogas o cuestiones contractuales. Ese poder subyuga al poder político, principalmente si este deviene de concepciones utilitaristas como el neoliberalismo. Los operadores crecen mientras la Provincia se endeuda y su pueblo se empobrece.
III. Evidencia cuantitativa: asimetría Chubut-operadoras
Pruebas al canto: en el periodo 2021-2026, la deuda pública de Chubut pasó de USD 950 M a USD 1.250 M (un aumento del 31,6%), mientras que el valor patrimonial de PAE pasó de USD 3.100 M a USD 5.400 M (un aumento del 74,2%). Chubut se queda con más deuda garantizada con petróleo y a tasas del 9,45% en dólares; PAE se capitaliza en un 74% con valores contables inferiores a los de mercado.
Esta divergencia no es exclusiva de PAE. Aluar en 2021 declaró un patrimonio neto de USD 924,5 M que se transformó en USD 1.247 M en 2025, una capitalización contable del 35%.
Lo mismo ocurre con el resto de las empresas operadoras de concesiones de bienes públicos. Entre 2021 y 2026, Chubut experimentó algo que desmiente todos los argumentos del extractivismo desarrollista: la facturación de las empresas petroleras en su conjunto aumentó 63%, mientras que los ingresos de Chubut aumentaron 1,8%.
Según nuestros datos (salvo error u omisión), de 2021 a 2026 la facturación consolidada de las 10 concesionarias que operan en territorio chubutense pasó de USD 10.400 M a USD 17.000 M (+63%). En el mismo período, las regalías que Chubut retuvo pasaron de USD 275 M a USD 280 M (+1,8%). El ratio facturación/regalías pasó de 37,8x en 2021 a 60,7x en 2026: por cada dólar de regalías que retiene la provincia, las empresas facturan 60,7 dólares. Eso explica por qué, con más producción, Chubut tiene menos porcentaje de presupuesto en regalías: del 23,4% en 2023 al 17% en 2025-26, mientras le baja la alícuota al 6% a PAE/PECOM por 10 años. Consecuencia: más endeudamiento del Chubut.
Veamos el cuadro de referencias utilizado:
| Año | Facturacióndel sector | Regalías Chubut | Ratio |
| 2021 | USD 10.400M | USD 275M | 37,8x |
| 2022 | USD 11.200M | USD 278M | 40,3x |
| 2023 | USD 14.500M | USD 284M | 51,1x |
| 2024 | USD 15.800M | USD 281M | 56,2x |
| 2025 | USD 16.400M | USD 282M | 58,2x |
| 2026 | USD 17.000M | USD 280M | 60,7x |
Lo anómalo: las regalías se mantienen planas (entre USD 275 y 284 M) mientras la facturación explota y la relación entre ingresos y regalías pasa de 37,8 veces en 2021 a 60,7 en 2026. Consecuencia: «sector empresarial cada vez más fuerte y poderoso, Chubut cada vez más endeudada».
La Provincia tuvo el pleno empleo estadístico más bajo del país (2,9% en 2024). Pero ese «pleno empleo» era con salarios en negro y subocupación demandante de 7,8%. El desempleo real explota a 9,2% en Comodoro en un trimestre (Q2 2026), aunque el INDEC todavía no lo refleja porque 2.000 petroleros pasaron a inactivos (no buscan) y no cuentan como desocupados.
En ese sentido, podemos afirmar que es el extractivismo de las empresas el que administra la insuficiencia de las cuentas públicas de Chubut y la pobreza y desocupación de su pueblo.
Los pueblos desconfían tanto de la conveniencia de asignar a grandes empresas la explotación de los recursos, como de la capacidad de control de los gobiernos y de la moralidad de los actos de concesión. Este trípode «privatización-descontrol-corrupción» permea la conciencia pública, más allá de la intervención de una justicia que siempre opera a favor del poder económico.
IV. Oteando el futuro: el ejemplo de PAE
Un caso resonante (3) fue la extensión de la concesión del yacimiento Cerro Dragón, firmada en 2007 por el entonces gobernador Mario Das Neves y la operadora Pan American Energy (PAE). Las dudas llegaron a la esfera internacional tras una autodenuncia de British Petroleum (BP) -socia mayoritaria de PAE con el 60% de las acciones-. La acusación, ante las autoridades regulatorias de EE. UU., apuntaba al presunto pago de millonarias coimas a funcionarios de la gestión nacional y al Gobierno provincial para adjudicarse el yacimiento de forma directa y sin licitación previa. En abril de 2018 se cerró la investigación criminal en EE. UU. sin que se formularan cargos ni penalidades contra la empresa. La SEC determinó que existían pruebas, pero ni contundentes ni suficientes para sostener la acusación de sobornos. Pese a ello, el imaginario popular mantiene el sentimiento de opacidad y sospecha.
Esa historia incide en la realidad actual. Según informes de prensa y anuncios oficiales, PAE ha presentado un megaplan de inversión por USD 1.200 M en la provincia. Se trata del primer proyecto de petróleo convencional en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional.
Los prospectos de inversión y datos disponibles reflejan que esta inversión en la Cuenca del Golfo San Jorge prevé recuperación terciaria (22 plantas de inyección de polímeros para extraer el crudo atrapado en reservorios maduros), perforación y ejecución de 100 nuevos pozos (productores e inyectores), la intervención técnica de otros 600 pozos existentes y la ampliación de obras civiles de superficie. Además, el desarrollo del horizonte no convencional mediante la reconversión de áreas de Cerro Dragón para evaluar los recursos de shale gas descubiertos en la formación D-129. Este programa tiene como meta generar una producción incremental de 46 M de barriles de petróleo (USD 4.600 M) y 30 BCF (mil millones de pies cúbicos) de gas natural (USD 120 M) a lo largo de la vida útil del proyecto.
Durante el periodo 2021-2025, Pan American Energy (PAE) mantuvo un flujo constante de inversiones físicas (CAPEX) en la provincia de Chubut, promediando un desembolso real de entre USD 500 y USD 650 M anuales para sostener y operar el yacimiento Cerro Dragón.
A nivel acumulado, la inversión real de la compañía en territorio chubutense durante ese quinquenio totalizó aproximadamente USD 2.800 M. Una parte considerable se recuperó a través de los costos durante ese periodo.
El total acumulado de ingresos por ventas (ventas netas) de PAE durante el quinquenio 2021-2025 ascendió a USD 22.107 M.
Las regalías por la operación directa de PAE en Cerro Dragón pueden estimarse en unos USD 1.080 M para el tesoro chubutense a lo largo del quinquenio: menos del 5% de sus ingresos efectivos.
Hay un hecho incontrastable: los pueblos no advierten que el extractivismo mejore sus condiciones de existencia. Los temas de educación pública, salud, servicios y seguridad continúan sin un abordaje suficiente por falta de fondos que deberían provenir de esos recursos naturales explotados. Mientras tanto, aumentan las ganancias de las operadoras y las mismas no se concretan en inversiones en la provincia.
V. ¿El pueblo resiste el extractivismo?
La empiria ayuda a entender que el extractivismo es, al menos, cuestionado. No es bien visto.Nos basamos en las movilizaciones, marchas, reuniones y pronunciamientos populares desde las reacciones por el basurero nuclear de Gastre (Repositorio de desechos radiactivos de alta actividad) en 1986 hasta las actuales e incipientes reuniones y críticas de vecinos autoconvocados por el megaproyecto Chubut Hub Digital 2030. Son un continuum histórico que, al compás de las propuestas extractivistas, puede ser reconocido como un valor ético del pueblo de Chubut, aunque con matices regionales.
El flanco sur de la provincia ha minimizado este proceso. La explotación de hidrocarburos fue aceptada por la población en la medida en que generó ingresos y riquezas por encima del promedio provincial. Recién hoy, ante el declive de la actividad, comienza a ver los impactos regresivos: ausencia de abandonos técnicos seguros de pozos inactivos, polución ambiental en superficie, contaminación de aguas subterráneas, derrumbes edilicios por movimientos de tierras en barrios poblados y cortes de la Ruta 3, entre otros.
Las conciencias sociales existen y se van formando de realidades y consecuencias. No son un mero sentimiento de empatía, sino el conocimiento que los individuos tienen sobre las relaciones de poder, dominación y producción que estructuran su sociedad. Las condiciones materiales de vida (la base económica, el tipo de trabajo y la propiedad de los medios de producción) determinan la conciencia social.
Cuando esas condiciones materiales se debilitan -por ejemplo, por el agotamiento de un recurso natural- se produce una ruptura de la hegemonía y el sentido común se modifica radicalmente. Mientras el recurso es abundante, el modelo extractivo se ve como «progreso natural» e infinito. Al agotarse, el discurso oficial se vacía y colapsa. La ciudadanía local sufre un proceso de desalienación acentuado al descubrir que el sistema económico no garantizaba su bienestar a largo plazo, sino el beneficio inmediato de unos pocos.
Podemos afirmar que el agotamiento material altera la estratificación social y genera nuevas formas de organización a partir del desarrollo de una conciencia colectiva de vulnerabilidad. Al compartir el desempleo, la continuidad de altos costos de servicios públicos privatizados y la escasez, se organizan en movimientos sociales, sindicatos o asambleas ciudadanas.
Es de esperar que la conciencia social pase de la resignación a la confrontación directa. La ciudadanía empieza a identificar claramente al Estado y a las corporaciones extractivas como antagonistas responsables de la crisis, por omisión y por acción.
Hoy tenemos la experiencia histórica de las ciudades fantasma y asistimos a una extensa crisis ecosocial que nos permite ver y analizar cómo el agotamiento de los recursos destruye no solo la economía, sino la estructura psíquica, política y colectiva de una población.
En el siglo XXI, el agotamiento de un recurso ya no produce «ciudades fantasma» aisladas en el desierto; produce zonas de sacrificio urbano y refugiados climáticos, transformando la conciencia social de un problema local en una emergencia geopolítica global.
(*) Economista, investigador y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Notas
(1). La petrolera de bandera transfirió sus bloques maduros, inclusive el área Manantiales Behr, uno de sus yacimientos más eficientes en recuperación terciaria y generación de energía eólica a PECOM Servicios Energía S.A.U (y su afiliada San Benito Upstream). Una S.A.U. es una sociedad anónima unipersonal. La única dueña de PECOM es Santa Margarita LLC radicada en Delaware, Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Wilmington, Condado de New Castle, como sociedad de responsabilidad limitada. Pertenece a la familia Pérez Companc.
Este proceso demuestra el deterioro jurídico de pasar de una operadora de bandera a una de responsabilidad limitada y extraterritorial ante quienes van a tener que litigar en el futuro subcontratistas y trabajadores. Lo que se llama una estafa organizativa.
(2). Excluyendo YPF. Determinación nuestra en base a estados contables, información disponible y estimaciones razonables: el presupuesto 2026 del Chubut es u$ 3.400.
(3). Pueden leerse antecedentes en múltiples fuentes periodísticas. En El Extremo Sur del 5 de mayo de 2014 https://www.elextremosur.com/nota/la-renegociacion-de-das-neves-con-pae-se-habria-basado-informes-truchos/
