La Arquitectura Financiera Internacional IX. Argentina, hija putativa del FMI: el romance de la madre dictadora y el padre neoliberal.

Ríos de tinta se han dilapidado sobre la temática del FMI en Argentina. Ya se ha dicho todo, en todos los idiomas, bajo todas las miradas. Desde el elogio existencial del orden financiero hasta la crítica absoluta de la dependencia. Pero la pretensión de esta nota no es el relato pacífico. Se trata de proponer tres afirmaciones para su reconocimiento y debate en el campo popular:

• Argentina tiene una historia económica signada por la deuda externa. En particular, las relaciones (activas o pasivas) con el FMI, incluso en instancias republicanas.
• El FMI forma parte de la estructura legislativa y financiera del país que se consolidó bajo dictaduras cívico-militares y es consentida por gobiernos democráticos.
• La incidencia de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) en el sistema económico de Argentina depende del rol que ocupe (o no) el FMI

Hemos abusado del término “putativa” por su etimología y recurriendo a Wikipedia que informa que se denomina putativo a alguien (una persona) que se le atribuye, por error excusable, una calidad que no tiene.

No somos hijos del FMI, aunque …

De la mano del antiperonismo dictatorial de la autodenominada Revolución Libertadora, por Decreto Ley 15970 del 31 agosto 1956, y con la firma de Aramburu se aprueba el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, actualmente BM, Banco Mundial).

El convenio pasa a formar parte de la estructura jurídica del país. Entramos en la AFI con una inversión de u$s 150M, 25% en oro y 75% en m$n en el caso del FMI, y otro tanto para el BIRF integrados el 2% en u$, el 18% en m$n y el saldo en cuotas.

Los Convenios de creación que constan en el Acta Final de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, celebrada en Bretton Woods, en Julio 22 de 1944, y las resoluciones de las Juntas de Gobernadores de dichas instituciones internacionales N. 11–3 y N. 97, respectivamente, del 8 de agosto de 1956, pasan a formar parte de nuestra estructura legislativa.

La Argentina efectivizó su primera transacción con el FMI en abril de 1957 con el objetivo de “volver a una mayor libertad económica”, y resolver el déficit en la balanza de pagos del dólar.

No obstante, el BCRA continuó perdiendo reservas internacionales pese a que el gobierno provisional derogó el régimen de nacionalización de los depósitos, modificó la ley de bancos y las cartas orgánicas de la banca oficial (Banco Central, Hipotecario Nacional, Industrial y Caja Nacional de Ahorro Postal); y liquidó el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo regulador del comercio exterior argentino.

Cuarenta años después, la misma lógica, la misma ideología, sancionaba con el Nro. 21.526 el 14 de febrero de 1977 la ley de entidades financieras que reforzó la AFI y estructuró de manera categórica la dependencia financiera del país.

Ya nada sería igual en la recortada soberanía monetaria.

El 22 de septiembre de 1977, una ley argentina Nro. 21648, aprobaba la segunda enmienda al convenio constitutivo del FMI. Con las firmas del dictador y genocida Videla y el ideólogo neoliberal Martínez de Hoz y basados en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, se atribuyó rango de ley del sistema jurídico argentina al FMI.

Posteriormente por Ley 24005 del 2 de octubre de 1991, con la firma de Menem y Pierri se legalizaba el aumento de la cuota societaria de la RA en el FMI que paso a DEG 1.537,1M

En la actualidad (setiembre 2023) Argentina detenta cuotas sociales por DEG 3.187,3 (0,67% del capital total) y tiene 33.332 votos (0,66% del total). Somos un país casi irrelevante como socio (puesto 32 entre 190 países), aunque significativo como deudor.

Argentina ha vivido, de ahí su condición de putativa, más tiempo bajo programas del FMI: 41 años de los 67 pasados desde su ingreso en 1956 hasta 2023.

El FMI forma parte del genoma financiero histórico de nuestro país.

Es el dominio por la deuda dado que Argentina tuvo con el FMI veintiún acuerdos de condicionalidad fuerte: diecinueve stand by y dos de facilidades extendidas.

Las políticas económicas fueron decididas en consonancia con el FMI y sus designios. También tomó otros tipos de obligaciones, como el tramo reservas (antes tramo oro), el primer tramo de crédito, y las líneas vigentes en las décadas de 1970 y 1980 para financiar los déficits comerciales por el aumento del petróleo y la caída de las exportaciones.

Cuando en enero de 2006, el presidente Kirchner dispuso la cancelación anticipada de su deuda con el FMI, sólo durante nueve años desde 1956 el país no había estado bajo acuerdos con el organismo.

Cuatro de esos años transcurrieron bajo gobiernos que aplicaron políticas heterodoxas: 1964-1965 (presidencia de Arturo U. Illia, de la UCR), y luego 1973-1974 (presidencias del Frente Justicialista de Liberación, de Héctor J. Cámpora y Juan Domingo Perón, quien canceló el monto adeudado al FMI antes de su vencimiento).

Otros cinco años libres de acuerdos correspondieron a gobiernos de facto que solicitaron stand by al organismo para catalizar el sobreendeudamiento externo: 1970-71 (dictadura cívico-militar denominada Revolución Argentina, presidente Gral. Levinston) y 1979-81(dictadura cívico militar autodenominada Proceso de reorganización nacional, Grales Viola, Galtieri).

Desde 1982 hasta 2004 la Argentina estuvo permanentemente bajo programas del FMI o buscando su aprobación. El año 2005 (Néstor Kirchner) fue el primero completo sin acuerdos con el FMI, luego de que en septiembre de 2004 el gobierno suspendiera el stand by vigente a fin de renegociar la deuda pública externa con las manos libres. Luego pagó totalmente lo adeudado al FMI, conservando la membresía de la Argentina en la institución.

En 2018 el gobierno de la alianza Cambiemos (2015-2019) obtuvo un stand by de monto extraordinario y desembolso acelerado, con plazos y montos de devolución imposibles de cumplir para la capacidad de pagos de Argentina. La pandemia del coronavirus agravó la situación, porque desplomó la producción y el empleo, y aumentó la necesidad de fondos estatales para enfrentar las demandas sanitarias y auxiliar a los más afectados por la crisis. Por todo ello, en julio de 2020 el gobierno argentino de Alberto Fernández suspendió este stand by y renegocio forzosamente sus términos.

Argentina sufre hoy las consecuencias de esa renegociación forzosa a través de su alta tasa inflacionaria, el ahogo del comercio externo, el agobio de los intereses de la deuda en la balanza de pagos, la reducción de reservas internacionales y los aumentos de los niveles de pobreza e indigencia.

Tanto desde el punto de vista de las decisiones político legislativas, como desde su implementación práctica queda claro que la historia argentina es incomprensible si no se incluye la dimensión FMI.

En sus orígenes, un acuerdo Stand-By (ASB) es un tipo de préstamo de condicionalidad fuerte que proporciona asistencia financiera a los países que afrontan problemas de balanza de pagos.

Estos problemas se derivan: i) insuficiencia de las exportaciones (por efecto precio o por efecto cantidad); ii) incremento de las importaciones (por dependencias generadas en la falta de desarrollo industrial suficiente); iii) dificultades para acceder a préstamos internacionales; iv) peso relativo del pago de los servicios de la deuda externa.

Según la página oficial FMI el objetivo del ASB es “Dar una respuesta flexible a las necesidades de financiamiento externo de los países mediante el apoyo de sus políticas de ajuste con financiamiento a corto plazo”. Obsérvese lo siguiente: a) la flexibilidad de obrar “de acuerdo a las circunstancias”; b) el hecho objetivo: los países necesitan apoyo externo, c) el financiamiento es a corto plazo e implica siempre políticas de ajuste. De allí se deriva que estos apoyos involucran condiciones de cumplimiento del país deudor, las llamadas condicionalidades.

Por otro lado, como un stand by es una suerte de luz verde para el mercado de capitales y dado que el FMI ejerce de auditor general de última instancia en la AFI, los países suelen firmar esas garantías de cumplimiento aunque no utilicen los fondos disponibles.

Esas condicionalidades son las emergentes de la capacidad de devolución del préstamo otorgado y de la adopción de políticas económicas compatibles con la organización del mundo sobre las bases capitalistas y de acuerdo a la AFI: i) privatizaciones de empresas públicas y de servicios sociales, ii) déficit cero en la gestión presupuestaria,iii) austeridad en el gasto social, iv) prevalencia y cobertura del mercado libre, v) independencia del Estado deudor respecto de la emisión monetaria nacional.

Hemos preparado el siguiente resumen sólo con los préstamos stands by gestionados por el país y del cual pueden obtenerse algunas conclusiones que quedan para el lector interesado. Gobiernos de facto, dictatoriales, democráticos, partidos populares, conservadores, militares, todos han ido tomados de la mano del FMI para confluir en nuestra realidad hoy. Y los mismos problemas de siempre sin resolver: reservas insuficientes, tasas absurdas de inflación, mayor endeudamiento interno y externo, congelamientos de precios y salarios, fracaso de los planes económicos, refinanciaciones, ajustes presupuestarios, dolarización, blindajes.  Viejas y gastadas palabras para nombrar desventuras humanas sociales.

Sólo hay que destacar que el stand by Macri supera largamente la sumatoria de los stand by aprobados desde el inicio de la relación con el FMI y durante sesenta años. Ha sido el golpe maestro del neoliberalismo, el anzuelo de oro. Y que la renegociación del gobierno peronista de Alberto Fernández ha concluido en un acuerdo de facilidades extendidas que no es sino una mochila de plomo para el pueblo y representa un ancla para la dependencia financiera de la Argentina.

Llevar esa mochila y liberar el ancla es tarea de la política nacional y popular que no admite otra estrategia más que enfrentar -a como dé lugar- a quienes desean perpetuar la gobernanza por la deuda.