Con estas observaciones básicas iniciales podemos decir que las perspectivas de América Latina para 2020 no exceden este estrecho horizonte en crecimiento y bienestar, con una limitada suba en Brasil (1,1%). Esto por la política de ajuste del presidente Jair Bolsonaro apoyada en su ministro de Economía, Paulo Guedes, seguidora de la ruta promovida por el presidente Trump, que dio lugar a una muy lenta recuperación y a una suba del dólar (4,65 reales, a principios de marzo).
México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con una industria ya integrada en forma diferencial a Estados Unidos, trata de obtener ventajas de esa integración inevitable. Y la dramática situación de la Argentina, en que la política económica del macrismo redujo en cuatro años el PBI en dólares en más de 25% y que -agobiada por una deuda adquirida para asegurar la persistencia de esa política- tratará con el peronismo y el presidente Alberto Fernández (AF) de alcanzar una recuperación en el segundo semestre. No es seguro que alcance a dar un resultado positivo en 2020 ni a modificar drásticamente la situación social sino sólo a frenar la caída y empezar la recuperación, condicionada por los resultados de la negociación de la deuda y por la reiterada crisis financiera internacional que condujo al nuevo lunes negro del 9/3 de 2020.
A este panorama –que no tiene otra explicación que el alto nivel de deuda que afecta a toda la región- habrá que agregar las consecuencias inmediatas de la Iniciativa América Crece del presidente Trump, destinada a colocar al sur del continente como apéndice de Estados Unidos en su guerra de predominio contra China, Rusia y la Unión Europea, aunque podría ofrecer un breve respiro si incluyera facilidades para el pago de la deuda, y por eso el FMI apoya en la Argentina la quita a los bonistas.
Así como Europa pudo alcanzar una unidad que potenció su dimensión (aunque no haya dado una franca mejora a las economías menores) y que Estados Unidos trata de limitar, el Mercosur sólo tiene futuro si se recompone como primer bloque regional de países en desarrollo que -con su unidad y una política independiente de las grandes potencias- busque un camino de industrialización y empleo sustentable. Política acompañada de una redistribución del ingreso derivado de la mayor productividad, para lo que no se debe interrumpir la fuerte vinculación comercial con China y el Asia del Pacífico y conseguir los recursos para ese salto dentro de una economía mundial dinámica, en vez de financiarse con una deuda que la subordina permanentemente a los prestamistas.
En la Argentina, en diciembre 2019 el PBI tuvo una baja de 0,3% i.a, que en todo el año fue una caída de 2,1% i.a, según el Indec y en tres de los cuatro años de la gestión macrista hubo recesión y la pérdida económica acumulada en su gestión fue de 6,7%. Pero se trata de una relación engañosa, que debe medirse no en pesos devaluados por la suba del dólar de 546% en ese período sino en dólares, en que la baja del PBI podría haber pasado, como se lo adelantó en un principio, de casi 600.000 M dóls a poco más de 300.000 M dóls.
Pero como la baja en dólares no afecta a todos los componentes del PBI por igual y no hay todavía un cálculo oficial elaborado, el de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) es el único que hasta ahora estimó esa baja en 25,6% en el PBI total y en 28,6% en términos per cápita, por lo que el PBI habría pasado con Macri de cerca de 600.000 M dóls a poco menos de 450.000 M dóls.
De esta manera, el mayor desastre del país no fue el populismo –como dice Macri- sino su política forzosamente recesiva al estar apoyada en la deuda, como ya se vio en las experiencias anteriores de la dictadura militar y en la continuidad en la democracia que agudizaron los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de La Rúa y terminó con el colapso de 2001, repetido con amplitud en 2018/2019 y mucho más difícil de revertir por la profundización de la crisis mundial, del que forma parte la crisis de la deuda.
Lo más importante del período Macri fue la fuerte desindustrialización acorde con la baja del ingreso asalariado porque en la industria se concentra el 43% del trabajo de más calidad. El crecimiento centrado en el agro no es una casualidad: en realidad, la política de la dictadura continuada en la democracia hasta la crisis de 2001 fue volver a la especialización agropecuaria relegando a la industria a un segundo plano. Las sucesivas devaluaciones y el consecuente aumento de la deuda externa y las finanzas condujo a todas las crisis que tuvieron lugar desde 1975 a 2001 como resultado de ese intento explícito.
Tal política, solo fue inicialmente resistida por el presidente Raúl Alfonsín con su ministro Bernardo Grinspun, pero -obligado por la inflación y la suba del el dólar- lo sustituyó por Juan Vital Sorrouille y Adolfo Canitrot que crearon el Plan Austral con acuerdo del FMI y que fue precursor del ajuste y siguió con más endeudamiento con el Plan Primavera hasta el traspaso adelantado del poder.
Menem empezó con miembros de Bunge y Born como camino para priorizar al agro sin un ataque frontal a la industria, y tuvo que terminar instalando a Domingo Cavallo que, con la convertibilidad uno a uno con el dólar, imposible de sostener porque no hay simetría alguna entre el peso y el dólar ya que no la hay entre la productividad estadounidense y la productividad local, condujo a nuevas crisis reiteradas y profundizadas en la presidencia de Fernando de La Rúa. Después de insistir y profundizar el ajuste con Ricardo López Murphy volvió Cavallo con Federico Sturzenegger y un intento de megacanje que llevó finalmente -como después con Macri- a un control cambiario conocido como corralito hasta el desplome de 2001, su renuncia y el fin de la convertibilidad.
El ajuste fue revertido por la política industrial del peronismo kirchnerista de 2003 a 2011 (PBI), que se sostuvo hasta la crisis mundial de 2008 por la demanda china y el aumento de los precios internacionales de las materias primas. En ese momento no se entendió el alcance mundial de la crisis y su larga duración y se descuidó el efecto inflacionario, que afectó al crecimiento económico de 2011 a 2015 junto con una política de nacionalismo económico que no favoreció un reordenamiento más competitivo de la industria. En 2015 ya los costos financieros llegaban a casi la mitad del costo operativo, y después el macrismo convirtió otra vez en política la pérdida de terreno de la industria.
En la presidencia de Macri, la industria perdió 18,6% de su magnitud y la actividad agropecuaria avanzó 6,8%, con apertura y cierre de importaciones y liberación cambiaria. Las consultoras disimulan que la profunda baja industrial fuera resultado de una política, cuando es innegable, debido a que hubo un claro intento de contraerla mediante la apertura de las importaciones, la suba de la tasa de interés para atraer capital en forma de deuda, que elevó el costo del crédito en el final del macrismo a casi cuatro veces el nivel de fin de 2015. Lo que debe merecer especial atención es que junto al decisivo embate antiindustrial, el agro recuperó con el macrismo su lugar central de la política productiva, lo que significó una plena vuelta a las políticas conservadoras del Antiguo Régimen.
Si bien el término de Antiguo Régimen es el nombre que la Revolución Francesa le dio al orden político, económico y social anterior, su uso se terminó ampliando, utilizándolo para designar a la formación económico social previa al capitalismo moderno. Aunque el término se refiere al paso del feudalismo al capitalismo y al fin del régimen político de la monarquía absoluta, parece apropiado usarlo en la Argentina precisamente porque el moderno capitalismo tiene por centro a la industria y la burguesía argentina tiene la particularidad de rechazarla y de buscar la especialización agropecuaria.
Para que la burguesía industrial no alcanzara el papel que ocupa en los países industrializados del capitalismo, el poder debe permanecer en manos de la oligarquía rural con un sistema político que asegure su dominio y el de las áreas en las que puede invertir el excedente dentro de la especialización elegida. Como la inversión productiva está obstruida por el freno a la industria, se promueve la integración al capital financiero internacional asociándose en la fuga de excedentes y el sostén de ese sistema mediante el sobreendeudamiento externo.
Este sistema requiere un bajo ingreso de los trabajadores para un limitado consumo propio de la restringida expansión fabril con el objeto de obtener un fuerte excedente sin gran creación de valor agregado industrial, para lo que es necesario un sistema político autoritario. Este por sus antecedentes históricos en la Argentina debió apoyarse en una ideología liberal, pero que consiguió mantenerse en el poder por largo tiempo sin una ley de voto obligatorio (la Ley Saenz Peña se dictó en 1914) seguida de un fraude sistemático que recién pudo superarse con la llegada al poder del peronismo.
Esta oligarquía tuvo una fuerte impronta cultural que rememora su período de poder indiscutido como un nostálgico paraíso perdido estropeado por el peronismo, una añoranza similar a la que profesaban los cultores del Antiguo Régimen barrido por la Revolución Francesa. En el caso argentino, la oligarquía creó como contrapartida una concepción infamante, casi diabólica del peronismo, hoy concentrada en el kirchnerismo y muy evidente en la prensa opositora.
¿Por qué el peronismo concita el odio de la oligarquía dominante? Porque con el desarrollo industrial, el mayor empleo y la mejor distribución del ingreso, el agro pierde su sitial privilegiado, junto con los sectores que han prosperado con ese dominio: Este es el origen de la grieta: un Antiguo Régimen cuyo objetivo es regresar y lo ha conseguido a través del tiempo sólo derrocando del poder a Perón o impidiendo que vuelva o prospere su continuidad histórica, que se identifica con la industrialización y una mayor participación en el ingreso de los trabajadores. Cuando no puede hacerlo, busca una alianza con el peronismo que en realidad no lo es, porque la característica fundacional del movimiento es precisamente la industria y la distribución del ingreso.
Los partidarios de la especialización agraria sostienen que la decadencia argentina de la posguerra se debe al peronismo, pero ningún régimen político en los mayores países de América Latina se propone un objetivo económico que no incluya el desarrollo industrial, que desarrolla más valor agregado que la economía primaria y –además- es el terreno en que va a tener lugar la Cuarta Revolución Industrial.
Por eso la Argentina ha quedado retrasada frente a Brasil y México. La responsabilidad por ese retraso creciente no es por el peronismo sino por el freno a la industria del conservadorismo agrario. Este ha encontrado a través del tiempo sectores con los que pudo crear afinidad de intereses en el comercio exterior agropecuario, las finanzas y la gran banca extranjera a través del endeudamiento público. Últimamente también en una parte del capital industrial en el petróleo y el gas, y los servicios, para la médula de la dirección política macrista y su séquito inmediato.
Es una grieta por la profundidad de la diferencia, que relega al área más avanzada del desarrollo y provoca una grieta social no menos profunda, como queda en evidencia con la pérdida del poder adquisitivo que sufren los ingresos laborales y sociales al cabo de las experiencias de desindustrialización, que han ocupado casi medio siglo frente a las políticas industrialistas, que no han llegado ni siquiera a la mitad de ese tiempo.
En los regímenes antiperonistas posteriores al primer peronismo, no hubo una política completamente excluyente de la industria sino una limitación muy reñida, más en función de la contención de los salarios y del poder de los trabajadores y de los sindicatos que del desarrollo fabril, incluso en el período de la primera dictadura (1955 a 1973), en que coexistía un bando militar triunfante -los azules, que sostenía una política industrial- frente al bando colorado derrotado, decididamente antiindustrialista.
El antiindustrialismo se generalizó después de la muerte de Perón y el embate contra la política de José Ber Gelbard en manos del peronismo de derecha que, en su oscura agonía, terminó con la instalación del rodrigazo, prólogo a la dictadura de 1976 a 1984. Más firme que la primera dictadura en la restauración de la especialización agropecuaria, pero más recostada en el capital financiero internacional y el endeudamiento, aunque todavía sin llegar a una máxima represión industrial que treinta años después encararía el macrismo.
En la democracia, la política económica de la dictadura se mantuvo con variantes poco significativas hasta que la crisis de 2001 la dinamitó: la restauración de la especialización agropecuaria se encontraba sin un mercado externo que la alentara y por eso no se pudo transformar el debilitamiento de la industria en una política completamente definida hasta que esa posibilidad se concretó con las consecuencias del ajuste y de la deuda: la crisis terminal de 2001.
Inmediatamente después, el peronismo en su versión kirchnerista recuperó la política de desarrollo industrial, de limitación de la deuda externa y de redistribución del ingreso sumada a la recreación del Mercosur como una asociación regional independiente del dominio estadounidense, y supuso una completa vuelta atrás en la restauración del Antiguo Régimen, que extremó la ofensiva política contra el peronismo y particularmente contra el peronismo kirchnerista.
En su aspecto político, la ofensiva contra el peronismo basado en el desarrollo industrial y la distribución del ingreso tuvo una respuesta electoral masiva, sumó a una parte de la derecha peronista y pudo conformar una plataforma electoral que, encabezada por Mauricio Macri en Cambiemos, pudo enfrentar al peronismo K y ganar las elecciones de 2015, con un margen muy estrecho pero con considerables triunfos en las áreas de mayor poder adquisitivo del país: la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de la región central.
Por eso, el macrismo pudo convertirse en el mayor intento de una vuelta completa al pasado de búsqueda y sostenimiento de la especialización productiva primaria afirmada en el agro y acompañada por el desarrollo del petróleo y de la minería con capital extranjero y los servicios públicos, con especial control y participación del macrismo y su grupo cercano más el pleno control del capital financiero por la banca extranjera a través de la deuda. Todos ellos receptores de un excedente que, al no destinarse a la inversión productiva en la industria, dio lugar a más desempleo, bajas en los salarios y más empleo precario, y privilegiar la colocación financiera no productiva que sobredimensionó el endeudamiento y multiplicó la pobreza, que fue vista por sus principales propagandistas como una gloriosa vuelta al pasado.
10 de marzo 2020
