En nuestra nota del 7 de abril formulamos aspectos relacionados con la formación de ciudadanía en la escuela secundaria argentina, área del conocimiento que nos parece que tiene una centralidad poco reconocida en el diseño curricular, excesivamente teórica y poco vinculada con las distintas realidades con las que interactúan lxs adolescentxs en general.
Hablamos de un espacio curricular, en el que la política no es considerada en sí misma sino como herramienta para el acceso a otros conocimientos que permiten a lxs alumnxs conocer los hechos, situarse frente a ellos, como ciudadanos de una sociedad, de una nación y en un mundo complejo y globalizado, en el que los beneficios no son iguales para todos.
Votar es saludable, pero no se debe concurrir a votar tan solo influido por las propagandas de cualquier procedencia. Para ello está la escuela, para enseñar a pensar, a resolver los dilemas de la vida, frente a dudas, problemas o diferentes necesidades que se nos presentan a medida que crecemos.
Es imprescindible, para comprender nuestro planteo, tener en cuenta que, actualmente y por lo dispuesto por la Ley N.º 26.774 de voto joven, lxs jóvenes votan a los 16 años. Dicha norma, al momento de sancionarse, planteó y plantea un desafío inédito a quienes enseñan en el nivel medio y a quienes son formadores en la educación superior. Nos parece que la importancia del hecho no ha sido comprendida en su total dimensión.
Sin embargo, el pasado 23 de abril, la educación pública nacional dictó su mejor clase práctica de formación de ciudadanía desde la recuperación de la democracia en 1983. La nación entera presenció y escuchó la respuesta que el Estado educativo, sus instituciones, docentes y alumnxs dieron al Presidente Javier Milei y a sus aliados políticos, frente a su propuesta —en proceso— de desmantelamiento y cierre de la educación pública.
Los más de 800.000 manifestantes, en su mayoría jóvenes, estudiantes y docentes, que marcharon a la Plaza de Mayo, a los que deben agregarse los manifestantes que asistieron a los actos realizados en otros puntos del país, demostraron su absoluta disconformidad frente a la negativa del gobierno nacional de entregar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como la totalidad de los subsidios que aporta para el normal funcionamiento de las universidades públicas.
Debemos agregar que el recorte de los subsidios que el Estado nacional transfería a las provincias, junto con el Fondo de Incentivo Docente, como transportes, comedores, becas y otros beneficios sociales, podría repercutir directamente en recortes a los presupuestos provinciales, que, obligados por la nación, deben reprogramar la inversión posible en áreas como infraestructura, equipamiento, material didáctico, comedores escolares, calidad de los alimentos, becas, transporte de alumnxs, etc. Si esto ocurre, el perjuicio para la educación pública obligatoria podría hacer colapsar el sistema.
De esta manera, la misma educación que es acusada como “adoctrinadora” y dictada por “kirchneristas” es agredida en un claro tiro por elevación cuyo destino principal es la destrucción del Estado nacional argentino, en su condición de garante de la justicia social, la soberanía nacional y la promoción del desarrollo económico.
La escuela y la vida cotidiana
Existe una cantidad de hechos de la cotidianeidad que pueden ser trabajados en la escuela, como complemento práctico de los contenidos que establecen los programas de Formación Ciudadana. Dicha disciplina debería proponer, para su estudio, la lectura de diarios, la visualización de videos, películas, escucha de audios, redes sociales, para la investigación, debate e interpretación de los textos trabajados, de modo tal, que los alumnxs comiencen a sentirse parte de la realidad que analizan.
Se trata de herramientas inestimables, vínculos con el conocimiento que propician, además, el surgimiento de ideas, valores, principios, sentimientos y aspiraciones, que surgen de la lectura, el debate colectivo y el registro de las conclusiones.
Como para dar un ejemplo que podría tratarse en clase, nos ha llamado la atención lo argumentado días atrás al periodismo por Alberto Benegas Lynch (h), diputado por La Libertad Avanza, en una de sus apariciones públicas. Allí, este señor, expresó: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Y afirmó no creer en la “obligatoriedad de la educación”.
He aquí una curiosa interpretación del significado de libertad, que —en el caso citado— se ejercería a partir de la prohibición del derecho a la educación gratuita y obligatoria establecido por la Ley 1.420 sancionada en 1884, por la Constitución Nacional de 1994 y por Ley de Educación Nacional N.º 26.206 de 2006.
Dichas expresiones de Benegas Lynch no resultan casuales ni aisladas, ya que el gobierno libertario, con la anuencia de sus aliados políticos, se permite denostar la educación pública, para la que “no hay plata”, mientras que sí la hay para la compra de 24 aviones de guerra F-16, por más de 600 millones de dólares.
Otro de los ejemplos que creímos podría debatirse en las escuelas surge de un acontecimiento reciente de público conocimiento. Ocurrió en la provincia de Tierra del Fuego, al plantear el Presidente una alianza con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con motivo de la agresión de la que fuera objeto la República de Israel por parte de Irán.
Sucede que proponer una alianza semejante, sin consultar al Congreso de la Nación, violenta una tradición normativa argentina en materia de neutralidad internacional; entre otros, el pacto antibélico propuesto por Saavedra Lamas en 1933 —por el cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1936— e, inclusive, la neutralidad dispuesta por los gobiernos argentinos frente a las dos Guerras Mundiales, en 1914 y 1939, y desconoce además el Tratado de Madrid suscripto en 1990/91 con Inglaterra, que puso fin a la guerra de Malvinas, en la que la Argentina terminó derrotada, multada y limitada en sus capacidades de compra de armamentos.
La actitud del Presidente Milei, al solicitar ser parte de la OTAN, no repara que de dicha organización es miembro activo Inglaterra, usurpadora histórica de territorio argentino desde 1833. El hecho configuraría una violación a la Constitución nacional y un destrato a todxs los soldados que pelearon y murieron en combate y a los que sobrevivieron y no han recibido, pasados 42 años de la guerra, una digna recompensa por parte del Estado argentino.
La Argentina no presenta, en la actualidad, ni la necesidad ni la urgencia de someterse a ser parte de un conflicto internacional, que no solamente pone en riesgo de guerra a nuestras ciudades y a su población, sino que sitúa a la nación en un contexto de deshonrosa colonialidad.
Conclusiones
Pareciera por sus acciones, declaraciones y omisiones, que el gobierno libertario está reintroduciendo a la Argentina en su etapa histórica pre-moderna, es decir, anterior a la declaración de la independencia en 1816.
La política, con la orientación de los docentes, en contextos de equilibrio y pluralismo de ideas, debe estar presente en las aulas. Lo contrario equivale a someter a quienes enseñan y aprenden al silencio, al temor, a la censura y a la violación de la libertad de cátedra y de expresión.
En la Argentina actual, los únicos adoctrinadores de oficio son personas o entidades que no pertenecen a la democracia. Acusan al otro y a los otros de ser “adoctrinadores”, pero son meros especuladores, que, con dicho argumento, reprimen ideas contrarias a las suyas.
Se trata de personas y conductas fácilmente identificables por su autoritarismo, dogmatismo, fanatismo y por su insistencia en ideas ajenas a la democracia, a la que utilizan, sin embargo, para servir sus intereses económicos, así como sus privilegios de clase.
Frente a la urgencia, que nos plantea el voto a los 16 años, insistimos, a modo de crítica, con la exigüidad de los tiempos y espacios que la escuela pública destina a la formación ciudadana. La incluimos, como se debe, dentro del campo de las ciencias sociales y políticas. Creemos que su enseñanza es demasiado teórica, no tiene una identidad definida por lo abundante de sus cambios de nombre y contenidos y no concita el interés de lxs alumnxs.
La jornada del 23 de abril será seguramente recordada como un hecho histórico, en defensa de la escuela y la universidad públicas, instituciones fundamentales que hacen posible el ascenso social a través de la educación.
