En cada una de las crisis económicas que atravesó nuestro país desde el retorno de la democracia buena parte de la dirigencia invocó la necesidad de promover acuerdos para superar los problemas y encauzar el crecimiento.
Esta idea de trabajar en conjunto, que suele olvidarse con rapidez, comenzó a circular a principios de los años ochenta, resurgió en 1989, 1991, 2002 y vuelve a repicar con fuerza en los días que corren. Aunque también hubo planteos similares en 2008, durante el conflicto motivado por la suba de los impuestos agrícolas, y poco antes de los dos festejos por el bicentenario, en 2010 y 2016.
A favor de construir consensos básicos se expresaron funcionarios, intelectuales, legisladores, religiosos, empresarios y sindicalistas, de géneros y credos distintos. Y en sus intervenciones no faltaron los ejemplos de otros países. España, Israel y Chile en décadas recientes, Italia y Alemania en la posguerra. Incluso Felipe González, el ex presidente español, refirió estos intentos en un tono entre irónico y amargo: “Desde 1984 me preguntan en la Argentina cómo fue eso de los Pactos de La Moncloa”, dijo semanas atrás.
Es cierto que a lo largo de estos años se concertó una reforma constitucional y la ampliación de los derechos ciudadanos. Y que fueron sancionadas una serie de regulaciones productivas de manera casi unánime. Pero no es menos cierto que la pobreza y el desamparo han ido creciendo de forma trágica con cada tropezón y que, hasta ahora, no se supo o no se quiso instrumentar soluciones estables y compartidas que permitan rescatar de un modo permanente a miles y miles de argentinos.
Algunos estudios identifican a ciertos elementos constitutivos de la cultura política local como verdaderos obstáculos. Por caso, el cortoplacismo, la prevalencia de intereses sectoriales y una escasa vocación para garantizar y cumplir los compromisos. Interpretación que se ratifica en las últimas encuestas: la mayoría de los entrevistados considera imprescindible que se encaren soluciones colectivas para superar la crisis actual pero, al mismo tiempo, no cree que se lleven a cabo por aquellas mismas razones.
¿Será diferente esta vez? ¿Podrá el nuevo gobierno que surja en octubre convocar y pactar con las distintas fuerzas políticas y sociales la modificación de esta constante? Por lo pronto, y tomando en cuenta debates recientes, conviene resaltar en forma resumida cuatro capítulos que deberían integrar una agenda concertada para los próximos dos años.
En primer lugar, los criterios fiscales, monetarios y de precios, tarifas, tipo de cambio y salarios que tiendan a reducir la inflación. También los relativos a plazos y pagos de la deuda pública y a las grandes estrategias de política y comercio exterior.
En segundo lugar, se impone acordar herramientas e iniciativas que hagan posible erradicar la indigencia, en particular la que afecta a la población infantil, adolescentes y adultos mayores. En el campo educativo, por su parte, sería conveniente asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes, los días mínimos de clase y las jornadas extendidas y completas en todo el país. Y por último, pero no menos importante, resulta primordial sumar adhesiones que faciliten extender la cobertura y mejorar la calidad del sistema de salud utilizando los recursos del sector público, de las obras sociales y del sector privado.
Recorrer este camino es trabajoso. Pero la experiencia internacional indica que vale la pena. Dependerá, entonces, de nuestra voluntad, convicciones y liderazgos políticos. Ni más ni menos.
https://www.clarin.com/opinion/apuntes-pacto-social_0_1MJ6vuv5.html
