s claro que Javier Milei, un panelista de televisión con raptos de furia y vocabulario limitado, cuya principal característica era la diatriba contra el Estado y la economía de bienestar, llegó al gobierno avalado y financiado por el capital local (léase Héctor Magnetto del grupo Clarín; Eduardo Eurnekian, en ese entonces grupo América, luego vendido al tándem Manzano-Vilas; y Paolo Rocca del grupo Techint), que propiciaba y propicia la erosión del modelo de defensa del mercado interno, la progresiva distribución del ingreso y el derecho laboral.
El mismo Paolo Rocca dijo en diciembre de 2023, no bien asumió la presidencia de la República Javier Milei, que se debía “resetear a la Argentina”, que era necesario un proceso de «cambio estructural» bajo la gestión de Milei, describiendo la situación anterior como «absolutamente insostenible». Defendió la desregulación, el ajuste fiscal y reformas laborales para «nivelar la cancha”.
Con lo que no contaban era con que el capital extranjero encabezado por Eduardo Elsztain (vicepresidente del Consejo Judío Mundial y miembro de la organización judía Jabad Lubavitch) iba a influir directamente sobre el mandatario. Javier Milei no es de origen judío, pero visita la tumba del rabino en Nueva York y se considera el “presidente más sionista del mundo [1]”.
Como también es judío sionista Larry Fink, director (CEO) de BlackRock, y ambos (Fink y Elsztain) son conspicuos miembros del Foro Económico Mundial, que reúne a los grandes empresarios del capitalismo en Davos, Suiza, que, en los años 2024, 2025 y 2026, tuvo como excéntrico orador a Javier Milei.
Captado Milei, fue fácil imponer a todo el equipo de economía (Luis Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili, Vladimir Werning, todos del JP Morgan [2]). Incluso, después de las elecciones del 26 de octubre de 2025, extendieron su influencia a la Cancillería (Pablo Quirno trabajó 17 años en el JP Morgan). Además, observamos cómo Milei se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas y al «Board of Peace» (Mesa de la Paz), una organización creada para promover la paz y seguridad global, empezando por Gaza (sic).
Todo ello en medio de la guerra del Golfo, donde Irán, que desde los primeros momentos respondió con un enorme volumen de misiles y drones, agotó el “domo de hierro”, permitiendo que un porcentaje cada vez mayor de bombas impacte en Israel. Además, controla el estrecho de Ormuz, lo que influye en el precio del petróleo y del gas. Esto tiene repercusiones en la energía del planeta, tanto en el presente como en el futuro.
En ese marco, el ministro Luis Caputo en el simposio de mercado de capitales del IAF (Instituto Argentino de Finanzas) sostuvo: “Este es un gobierno que no toma deuda; tenemos superávit; por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, y subrayó que el Poder Ejecutivo “prioriza el uso de recursos propios y alternativas más económicas frente a la tradicional emisión de bonos en mercados globales”.
Caputo dice que no toma deuda supuestamente ante expertos en finanzas como es el IAF, cuando esta se ha incrementado sideralmente, y fundamentalmente porque no puede pagar ni tan siquiera la quinta parte de los intereses que esa deuda devenga.
La deuda bruta a febrero de 2026 es de 514.135 millones de dólares. El incremento se debe a que, a pesar de llevar adelante un fuerte ajuste fiscal, dada la magnitud de la deuda, no pueden pagar los intereses de esta. Por eso, deben capitalizar gran parte de esos intereses en los títulos que ellos crearon a tal efecto: Lecap (letras capitalizables) y Nocap (notas capitalizables)
La gestión de Milei no puede pagar la mayor parte de los intereses que devenga la deuda bruta de la Administración nacional, suma que alcanzó a febrero de 2026 85.387 millones de dólares (convertidos de pesos en divisas por la Secretaría de Finanzas de la Nación). El presupuesto anual del sector público nacional en el año 2025 fue de 133.725.211 millones de pesos, equivalente a unos 92.200 millones de dólares, con lo que la deuda acumulada por intereses no pagados es el 92,6% del presupuesto anual.
El desgobierno nacional, tras siete meses seguidos de descenso en términos reales de recaudación de impuestos, que se explican por medidas propias tomadas para reducir la presión fiscal a los sectores de mayores ingresos (eliminaron el cobro del impuesto PAIS, reducen drásticamente la recaudación del impuesto a los bienes personales, de impuestos internos a los bienes de lujo, etc.), pero principalmente por la recesión económica, se ve obligado a capitalizar intereses en forma creciente.
El resultado fiscal del primer bimestre 2026 demuestra que, si no se capitalizaran intereses, y se hubieran pagado, en lugar de presentar superávit primario y financiero, habrían arrojado déficit fiscal (primario y financiero).
Es más, los intereses devengados del bimestre y no pagados (por 6.501.260,1 millones de pesos) representan el 25,9% del gasto ejecutado total base caja. Y dicha suma es 17,9 veces el gasto de capital total (obra pública) realizada, que fue en el bimestre de solo 362.974 millones de pesos.
Llevan adelante un irracional ajuste del gasto. Las rutas nacionales colapsan por falta de mantenimiento. Igual sucede con los aportes en obras para educación: en febrero de 2026 se ejecutaron por 1.127 millones de pesos. En igual mes del año 2025 (en términos nominales) se ejecutaron 13.992 millones de pesos (o sea un 91,9% menos). En viviendas se ejecutaron solamente 3.719 millones de pesos y en igual mes del año pasado, en precios corrientes, por 4.415 millones (un 16% menos), sin contemplar la inflación que, medida por el IPC del INDEC, fue del 33,1% interanual. También reducen en un 22% nominal los subsidios al transporte, y en las transferencias a las provincias para programas de salud un 13%, y no giran las partidas correspondientes a las 13 provincias [3] que tienen sistema previsional propio.
El ajuste fiscal no le permite pagar la quinta parte de los intereses de la deuda y deben enfrentar vencimientos de capital e interés por 11.625 millones de dólares para este año 2026 y de unos 19.300 millones para el 2027. Sin contar la deuda en pesos que se infiere que renegocia con los grandes operadores de la plaza local (grandes bancos, agentes de liquidación y compensación y compañías de seguros), garantizándoles una renta financiera extraordinaria por la combinación del precio del dólar menor que hace cinco meses atrás y el pago de una tasa de interés que ronda el 3% mensual, dejándoles una ganancia acumulada en ese lapso pasado de no menos del 25% en dólares, que paga y/o reconoce (capitaliza) la administración nacional.
Luis Caputo había dicho la semana pasada en Nueva York que tenía avanzado el acuerdo de un swap con Israel, pero dada la contienda con Irán, donde los gastos de ese país superaron con creces sus estimaciones, ese swap es imposible. También es casi imposible que se pueda ejecutar el swap firmado el año pasado con Estados Unidos, dado que el Tesoro yanqui tiene una deuda a marzo de 2026 de 39,3 billones de dólares (más de 75 veces la deuda argentina), y Donald Trump afirmó que le va a pedir al Congreso que le permita ampliarla en 200.000 millones de dólares, en una nueva serie de títulos de deuda, para comprar armamentos y municiones por la guerra de Irán.
Por eso Caputo planteó que iba a decir en los próximos tres meses cómo se iban a financiar los vencimientos, y que el gobierno recurriría a la venta de activos y la captación de fondos en el mercado local, para cumplir con los compromisos financieros.
Se endeudan y pretenden pagar esa deuda con activos públicos, como fue la concesión a 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue (Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados) por 705 millones de dólares, que no alcanzó a cubrir el pago al FMI del mes de enero 2026, por 860 millones de dólares.
Ahora, busca malvender o concesionar, amparado por la ley 27.742 (ley Bases), las empresas estatales AySA, TRANSENER, Intercargo y la concesión del tren Belgrano Carga, y de 9.000 km de rutas nacionales.
En síntesis
La deuda es una estafa al pueblo argentino. Nunca se investigó cómo se originó ni cuál fue el destino de la deuda tomada por las gestiones de Macri, Alberto Fernández y ahora Milei. Que paga y/o reconoce (capitaliza) intereses leoninos, mientras que la minoría parásita y rentista del país compra dólares baratos y los fuga.
Así fugó la mayor parte de los 38.806 millones de dólares que “Personas Humanas” (así se llama la cuenta del Balance Cambiario del BCRA) del año 2025 y los 3.146 millones de dólares que se compraron en enero 2026 (los datos del mes de febrero los publica el BCRA el lunes 30 de marzo de 2026).
El gobierno no puede conseguir divisas para pagar los vencimientos, y no toma ninguna medida para frenar la sangría de la compra de dólares, ni controlar la fuga de capitales por subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y el pago de intereses y comisiones de supuestas deudas que toman en el exterior las grandes empresas y que, mayoritariamente, son autopréstamos.
Deberían haberse adoptado tres medidas básicas de manual de economía:
- Férreo control de cambios: Para la compra y venta de moneda extranjera puede involucrar tanto la determinación del tipo de cambio como el volumen de divisas transadas y se realiza fundamentalmente porque, en nuestro país, las grandes empresas pueden realizarlo debido al grado de concentración y centralización de capitales. Es imprescindible declarar la emergencia cambiaria, como la que fue establecida por el Decreto N.° 2581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad de que el BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos y obligue al sector privado a financiarse las importaciones y los pagos de su deuda con sus recursos. Decreto que restableció Roberto Lavagna como ministro de Eduardo Duhalde en el año 2002, y continuó en la gestión de los Kirchner.
- Severos cupos de exportación: Son medidas de protección que sirven para limitar las exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que realiza un país durante un período de tiempo determinado, normalmente un año. El ejemplo es cuando, en el segundo semestre del año 2005, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), conformado por los 16 frigoríficos más grandes: los brasileños JBS y Marfrig; Frigorífico Gorina, Frigorífico Río Platense, FRIAR, Arre Beef; Ecocarne, La Anónima, Coto, etc., vendió por encima del cupo. El presidente Néstor Kirchner los multó y no les dejó vender un gramo de carne al exterior en todo el primer semestre del año 2006. Kirchner decía: “Primero la mesa de los argentinos”. Con más razón ahora que el precio de la carne no deja de subir por las mismas causas.
- Aumentar los derechos de exportación (retenciones) para desacoplar los precios externos de los internos: Aumentar los derechos de exportación no solo significa mayor ingreso para el fisco, sino que abarata en el porcentaje de la retención el precio del producto en el mercado interno. El ejemplo fue el gobierno de los Kirchner, y ahora es Brasil, que el 2 de marzo de 2026, mediante un decreto presidencial, suspendió la aplicación de los impuestos PIS y Cofins sobre la importación y venta de gasoil (diésel). También firmó una medida provisoria para subsidiar el gasoil para los productores e importadores del combustible. Para compensar el costo fiscal, el gobierno dispuso un aumento temporal en las retenciones a las exportaciones de petróleo crudo. La alícuota en la retención pasó al 12% para las exportaciones de petróleo crudo o minerales bituminosos. También se fijó una alícuota del 50% sobre las exportaciones de gasoil. En principio, las medidas son de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de este año.
Este gobierno prefiere malvender los activos del país y, aun así, no le va a alcanzar para pagar el capital y los intereses de la deuda y, a la par, beneficiar a la minoría privilegiada para que siga fugando divisas.
