El plan de gobierno de Milei que coordinan el Ministerio de Economía y el BCRA, y es básicamente el mismo que diseñó la dictadura militar de 1976, con tres medidas básicas determinantes:
- a) Retrasar el tipo de cambio (“Tablita” de Martínez de Hoz).
- b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas arancelarias (desprotección aduanera).
- c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar.
El objetivo era destruir la alianza de hecho entre la producción y el trabajo, porque se crecía y se distribuían ingresos sobre la base del mercado interno. El PBI per capita más alto de nuestra historia fue en el año 1974, cuando la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. La pobreza no alcanzaba ni al 5% de los hogares [1] y la desocupación fue de 3,4% en octubre de 1974 [2].
«La dictadura militar se propuso establecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros”. Estos profundos cambios conformaron «un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. [3].
El fin fue el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios (y en la actualidad, en nuestro país, en extranjerización):
- Monopolio de la tecnología y del conocimiento.
- Necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación).
- Necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país.
- Libertad de entrada y salida de capitales.
Gracias al endeudamiento externo, se lograron capitalizar fuertemente los grupos locales, nucleados en el Consejo Empresario Argentino (CEA). Su presidente antes del golpe militar fue José A. Martínez de Hoz y, como tal, propició el acuerdo “APEGE” que realizó un lockout patronal en febrero de 1976; propusieron “el Consenso de Washington” aún antes de que existiera como tal. El CEA integrado por las empresas más concentradas del país, en el año 2002, se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresarial Argentina (AEA).
Conspicuos miembros del CEA de 1976 fueron Armando y Federico Braun, dueños de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, y fuertes accionistas del Banco General de Negocios, del Banco Galicia y de Austral Líneas Aéreas; los Rocca de Techint; los Bulgheroni de BRIDAS; Eduardo Huergo de Minera Aguilar y de IKA-Renault; Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por FIAT Argentina S. A., y Douglas Kitterman de Ford Motors Argentina S. A.
Reconvertido en AEA, sus autoridades actuales son Jaime Campos, sociólogo de la Universidad de Yale, Estados Unidos. Su madre, Mercedes Malbrán, fue la creadora de Casa FOA, y su padre, el ingeniero industrial Hernando Campos, fue uno de los ejecutivos que acompaño a Enrique Shaw en la fundación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa en la década de 1960.
Pero el poder reside en sus vicepresidentes: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó, Carlos Miguens , Alfredo Coto, Cristiano Ratazzi (Grupo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Pérez Companc.
Sin embargo, AEA y las diversas agrupaciones patronales locales: la UIA, la Mesa de Enlace, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ADEBA, etc., quedan relegadas y con una participación cada vez menor ante el carry trade en el que pedalean, pero como socios menores, ante los grandes capitales financieros internacionales, esencialmente con base en Manhattan.
Luis Andrés Caputo y Santiago Bausili [4] tienen como principales clientes de su consultora Anker Latinoamérica con sede en Manhattan a los principales fondos de cobertura de ese distrito de la ciudad de Nueva York, que son BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros, cuyo accionar es seguido a pie juntillas por capitales menores, en todos ellos también participan “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración a esos fondos.
El equipo encabezado por Caputo-Bausili se comunica con sus clientes, con información fidedigna de la Argentina, incluso, ante el caso de duda sobre el nivel de deuda a pagar, el superávit comercial y fiscal, el nivel general de precios, el “blanqueo” de capitales, etc., sin dejar pregunta por responder . Por ejemplo, el lunes 15 de julio el vicepresidente del BCRA, Vladímir Werning, se reunió en Nueva York con 40 CEOs de fondos de inversión, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc., que tienen bonos argentinos y les aseguró que el crawling peg (los saltos previstos de devaluación) iba a ser del 2% mensual hasta fin de año, siempre por debajo de la inflación, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustados por la tasa que mide el INDEC. Y que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda.
El 27 de agosto, Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The Business Council) en Washington, y sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón” (dolarización endógena).
Luis Caputo lo expresa claramente cuando dice: “La Argentina ya está en competencia de monedas” el peso es una moneda fuerte y previsible que incluso permite “facturar en dólares” sin mayores riesgos de una devaluación desproporcionada. Y aunque le diga a un productor agropecuario que van a seguir con las retenciones y con el programa cambiario, por más que las Sociedades Rurales de San Pedro, de Baradero, de Rojas y de Pergamino se muestren ofendidos, “el campo” liquidó exportaciones por 2.553 millones de dólares en octubre, tres veces y media más que en 2023 y dos veces más que en 2022. Lo mismo se espera para noviembre: están vendiendo los granos retenidos desde comienzo del año.
La vocera del FMI Julie Kozack había sostenido en septiembre de 2024 que no había ninguna tratativa de ampliación del crédito para la Argentina. Pero tras el triunfo de Donald Trump dijo que el Fondo está «explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con la Argentina”. Luis Caputo añadió que “probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata”. Según el ministro “te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio a que te lo den a lo largo de mucho tiempo”[5].
¿Cuál es la diferencia abismal con el pasado? Los recursos naturales del país, esencialmente petróleo y gas. Con ellos se cobrarán la deuda pública.
La dictadura militar reconfiguró la sociedad argentina con una deuda externa tomada por grandes grupos locales (nucleados principalmente en el Consejo Empresarial Argentino) que, vía seguros de cambio, traspasaron al Estado nacional. Que el gobierno de Alfonsín legitimó el 1° de julio de 1985 mediante los Comunicados A-695, A-696 y A-697, que permitieron cambiar los títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión del ministro Bernardo Grinspun se negó a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina” del gobierno constitucional.
Juan Sourrouille, Mario Brodersohn y equipo hicieron que Alfonsín aceptara una deuda de la que no podía pagar ni la mitad de los intereses. Tras un severo plan de ajuste en los años 1985-1988, el pago de intereses de la deuda absorbió la totalidad del superávit comercial del periodo (8.500 millones de dólares), y sin embargo la deuda externa pública creció a 63.200 millones de dólares.
El gobierno de Carlos Menem, con privatizaciones y plan de convertibilidad, logró disminuirla a 52.739 millones a fin del año 1991, pero los intereses de la deuda y, fundamentalmente, la fuga de capitales, hicieron que a fin de 2001 la deuda externa ascendiera a 88.259 millones de dólares. Y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior pasó de 54.936 millones de dólares a 137.806 millones de dólares en el mismo período [6].
Tras el default de la deuda en diciembre de 2001 (y su acrecentamiento por incumplimiento), y de la pesificación asimétrica de Duhalde, su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, reconoció que esa asimetría tuvo un costo para el Estado nacional del orden del 5% del PIB. Los Kirchner, tras dos canjes de títulos en 2005 y 2010, y pagándole en enero de 2006 todo lo que se debía al FMI, lograron una deuda administrable que, en diciembre de 2015, era el 41% del PIB y el 60% de esta era intra sector público. Y sin tutela externa.
El gobierno de Cambiemos retornó a ese tutelaje, al tomar deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559 millones con el FMI. Pero al mismo tiempo, se fugaron 86.200 millones. Deuda y fuga que Alberto Fernández prometió investigar y no lo hizo, convalidando la estafa contra el pueblo argentino, que hoy profundiza y extiende la actual Administración.
Los riesgos del plan Caputo-Bausili
Desde el punto de vista financiero, se trata de riesgos relacionados con la administración cambiaria y las futuras obligaciones de deuda, particularmente en 2025, máxime que, por su política de atrasar el tipo de cambio y permitir que los exportadores liquiden el 20% de sus ventas en el mercado de CCL, el nivel de reservas netas del BCRA es negativo y se depende del financiamiento externo.
Al atrasar sistemáticamente el precio del dólar en el país y mediante una severa reducción de la demanda interna, que conlleva pérdida de empleos y reducción de salarios, se reduce la inflación, generando un problema económico y social mucho mayor, la depresión económica. La reducción del índice inflacionario solo se explica a través del aumento de la pobreza y la indigencia que genera la depresión del nivel de actividad.
Depresión económica que se profundiza con la reducción de aranceles de octubre de 2024 para la importación de acero, tubos de cobre, material plástico, bicicletas, motos, neumáticos, etc. Y que amplían desde el 1° de diciembre de 2024 [7] con el menor arancel para productos textiles y electrónicos, generando menos trabajo y producción local.
Dicha depresión se refleja en fuertes caídas de las ventas y del consumo interno y obliga a los sectores de ingresos medios a vender dólares , a fin de mantener su nivel de vida ante el aumento sideral de las prepagas, tarifas, combustibles, intereses y recargas de las tarjetas de créditos, alquileres de locales y viviendas, etc.. Por primera vez en más de veinte años, las ventas de dólar minorista superan las compras para ahorro. Esa es la dolarización endógena de la que hablaba Diana Mondino en noviembre de 2023, cuando le preguntaron de dónde iban a sacar los dólares.
Obviamente, el fuerte ingreso de dólares al sistema financiero local por el “blanqueo de capitales” implica que, desde mediados de agosto a mediados de noviembre de 2024, los depósitos en moneda extranjera captados por los bancos del país superen los 14.000 millones de dólares [8], que se convierten paulatinamente en créditos en esa moneda, ante la previsión anticipada por Caputo, de que no habrá un fuerte salto devaluatorio hasta septiembre de 2025 (fecha probable de las elecciones nacionales de medio término).
Pese al crawling peg, se proyecta para 2025 un ingreso significativo de dólares provenientes del comercio exterior, especialmente del sector energético, y hasta de la venta de empresas estatales [9] que la dupla Caputo-Bausili empleará para sostener el tipo de cambio, y no para apuntalar la inversión productiva y reducir la dependencia de financiamiento externo.
El problema es social y político; este modelo, como el de Martínez de Hoz, es en beneficio de una minoría de la población. Incluso esa minoría se debe subordinar y/o acordar con el capital extranjero que han visto la veta de los abundantes recursos naturales y de alta calidad (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, agua pesada y agua potable, etc.) que la Argentina posee.
Recursos que no le pertenecen al gobierno, que son patrimonio de la Argentina y que esta Administración cede a costa de una deuda que no se investigó y que beneficia al capital extranjero y a la minoría referida.
Todo se realiza ante la pasividad de un alto porcentaje de la población que no entiende la situación, incapaz de pensar por sí misma; ante la cobardía y sumisión de la mayor parte de la dirigencia política, social y sindical del país, sin coraje para enfrentar al modelo de valorización financiera del capital y extractivista de nuestros recursos naturales.
