Probablemente aún no se tiene suficiente dimensión acerca del ostensible intento del gobierno del presidente Javier Milei de replantear plenamente la política exterior de la Argentina. En ese sentido, lo bélico ocupa un sitio inusitado en la política internacional del país. Menciono un ejemplo para que se comprenda dicha intención refundacional; aunque hay muchos otros asuntos — Israel/Palestina, agenda/compromiso multilateral, posiciones/votaciones internacionales, entre varios — en los que el viraje es indudable y profundo.
En 1902 Venezuela, atravesada por una cruenta guerra civil, estuvo acosada por tres potencias europeas que bloquearon y bombardearon puertos y buques de ese país para el cobro compulsivo de deudas. Estados Unidos no fue en auxilio de Caracas. El entonces Canciller argentino, Luis María Drago, se manifestó de inmediato contra tal acción de fuerza y elaboró un principio que dio lugar a lo que se conoce como Doctrina Drago: “La deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada”. Fue, efectivamente, un hito histórico en materia jurídica y una postura diplomática acorde con el valor otorgado a la paz y la seguridad internacionales.
Muchos años después, entre el 9 y el 18 de agosto de 1987, se produjo un muy grave incidente, que pudo haber desembocado en una confrontación entre Venezuela y Colombia, a raíz del ingreso de una corbeta de la armada colombiana en aguas del Golfo de Venezuela (Golfo de Coquivacoa para Colombia), sobre las que no había una delimitación aceptada entre las partes. El presidente Raúl Alfonsín, junto a quien era secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, jugó un papel fundamental para distender la situación que parecía escalar día a día. Gracias a la gestión conjunta, Colombia retiró su corbeta y se evitó lo que parecía un conflicto naval nefasto y de impredecibles consecuencias entre vecinos de América del Sur. Otra vez, la Argentina comprometida con el no a la fuerza y la hostilidad respecto a Venezuela.
En 2026, y a raíz del ataque armado de Estados Unidos a Venezuela y de la extracción de su mandatario, Nicolás Maduro y su esposa — ambos hechos violatorios del derecho internacional — , la posición del gobierno fue reveladora. Por un lado, el comunicado de la Cancillería señaló que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. Por el otro, la Casa Rosada afirmó que “la Oficina del presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”. La operación militar no se debió a una amenaza o agresión de Venezuela contra Estados Unidos, ni se podía justificar bajo el argumento de la legítima defensa por parte de Washington. La Argentina la avaló sin insinuar siquiera argumentos jurídicos en favor de principios y normas del derecho internacional.
Trump, el “faro” de Milei
Antes y después de ese evento, la Presidencia y la Cancillería han secundado todas la acciones militares de Estados Unidos sin siquiera detenerse a considerar cuánto y cómo ello afecta a lo que se ha dado en llamar “orden basado en reglas” de cuño occidental y a la postura legal del país, así como a su seguridad. Por ejemplo, el 13 de junio de 2025 Israel lanzó un ataque contra Irán. Ni la Cancillería ni la Presidencia se manifestaron oficialmente al respecto. El día 15 la Casa Rosada se expresó de la siguiente manera: “La Oficina del presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil”. Días después, el mandatario públicamente apoyó a Donald Trump y el involucramiento de Estados Unidos en el ataque a centrales nucleares iraníes. El entonces ministro de Defensa, Luis Petri, fue aún más lejos: después de los iniciales bombardeos estadounidenses, aseguró que “mañana el mundo despertará más libre y en paz”. Tampoco en este caso hubo comentarios oficiales sobre la legalidad de las acciones; en especial, la prohibición de atacar instalaciones nucleares. Vale la pena aludir al hecho de que la Argentina posee tres centrales nucleares en funcionamiento.
Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha bombardeado lanchas en el Caribe y el Pacífico, presuntamente con narcoterroristas a bordo como parte de una política contra el narcotráfico en y desde Venezuela, en el marco de una directiva secreta que involucró a las fuerzas armadas estadounidenses. Lo que el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, consideró “inaceptable” y e “injustificado” de acuerdo al derecho internacional, jamás ha sido condenado por autoridad alguna de la Argentina. Cabe recordar que, a la fecha de redacción de esta nota, el número de muertos es 157. A su vez, es bueno tener en cuenta que: a) el fentanilo — la sustancia que produce el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos — no se produce ni se trafica desde América del Sur y b) la cocaína se trasporta mucho más a través del Pacífico que del Caribe. Las acciones de fuerza fueron, en realidad, el preludio para el ataque de enero de 2026; ataque que el gobierno argentino justificó.
Más recientemente y ante el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero de 2026, la Presidencia se manifestó en estos términos: “La Oficina del presidente celebra la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel en el día de hoy que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad”. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció así: “El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”. No hubo, previo a los bombardeos, ni inminencia ni evidencia de que Irán estuviera ad portas de un ataque contra Israel y/o Estados Unidos; lo cual refleja que lo ejecutado por Washington y Tel Aviv no se trató de una acción preventiva legal. Tampoco los ataques se pueden justificar por razones vinculadas al régimen de no proliferación nuclear. En la última visita a Estados Unidos, durante marzo, Milei fue más allá y en relación a la guerra contra Irán aseguro — como si la Argentina participara de algún modo en ella — “vamos a ganar”. El mandatario parece cautivado por lo bélico y aprovecha cada ocasión para sobreactuar la relación subordinada a Washington.
En breve, la disposición a respaldar, sin reparo alguno, las acciones militares en todos los casos mencionados que han contado con la participación directa de Estados Unidos, y dejando de lado toda referencia al derecho internacional, es inédito. Habrá que ver en el futuro qué efecto tiene este cheque en blanco a Washington en cuestiones claves de política exterior y de defensa de la Argentina.
Milei, bajo el “escudo” de Trump
En ese marco, la administración de la La Libertad Avanza ha dado un paso adicional en su inclinación a validar el uso de la fuerza sin hesitar. En efecto, el 5 de marzo, el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, firmó, junto a otros 15 ministros de defensa de América Latina y el Caribe más el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, — quien volvió a invocar la Doctrina Monroe — la llamada Declaración de Seguridad Conjunta durante la Conferencias Anti-Carteles de las Américas. Este evento fue previo a la Cumbre “Escudo de las Américas” que contó con la asistencia de 12 presidentes; entre ellos, estuvo Javier Milei.
Atrás quedó la Cumbre de las Américas de 1994 que reunió 34 naciones y cuyo propósito básico, cualquiera sea la apreciación histórica y actual al respecto, fue de naturaleza material: concretar un Área de Libre Comercio. El nuevo esquema de la administración del presidente Donald Trump no persigue un objetivo semejante (vía intercambio, asistencia, etc.) sino que se trata de una iniciativa fundamentalmente militar. Ya no hay aspiración hegemónica, sino anhelo de dominación. Esa iniciativa, a su vez, parece encuadrarse en lo que señalan Nevada Joan Lee y Christopher Preble: ante el estado moribundo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, lo aconsejable “parece ser la adopción de acuerdos ad hoc”. Lo alcanzado en la reunión de la Florida es, sin duda, eso: Estados Unidos escoge el asunto, determina la misión y un conjunto de gobiernos afines lo acompañan sin controvertir. Algo propio, en política internacional, de la relación patrón-cliente.
El asunto principal que subraya la Declaración es el establecimiento de “una coalición para combatir el narco-terrorismo y otras amenazas compartidas en el hemisferio occidental”. En la alocución de Donald Trump — único orador — durante la Cumbre la “otra amenaza” evidente fue China. Sin embargo, lo más importante es analizar la Proclama que anunció el 7 de marzo la Casa Blance y que explicita, sin equívocos, de qué se trata lo firmado según el mandatario estadounidense. En pocas palabras, es “un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está preparada para operacionalizar la fuerza militar para derrotar a las amenazas a nuestra seguridad y civilización.” En consecuencia, “los cárteles criminales y las organizaciones terroristas…deben ser destruidos”, al tiempo que “las influencias extranjeras malignas” deben ser contenidas. El acuerdo firmado no es un texto jurídicamente vinculante, pero sí constituye una decisión política de reforzar la relación militar con Estados Unidos de acuerdo a las prioridades que Washington fija; máxime tratándose de gobiernos de indiscutible cercanía ideológica. Lo suscrito encierra la idea de una “coalition of the willing” (coalición de voluntarios) unificada por motivos ideológicos y dispuestos a sumarse a una nueva cruzada anti-drogas.
La clave entonces es descifrar qué significa para el Pentágono la operacionalización de la “fuerza militar” en la región. Ante el vacío de información por parte de las autoridades argentinas, lo genérico de la Declaración suscrita, la acción presidencial publicada por la Casa Blance el 7 de marzo y las operaciones específicas recientes desplegadas por los militares estadounidenses en América Latina, es posible conjeturar ciertas alternativas no necesariamente excluyentes. En esa dirección, es relevante recordar que el primer ítem de la “Evaluación Anual de Amenaza” de la comunidad de inteligencia estadounidense que se hizo pública en marzo de 2025 fue el “Foreign Illicit Drug Actors”, con particular atención sobre México; país que desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón, lanzó la “guerra contra las drogas”, ha padecido 463.000 homicidios. Asimismo, el 15 de diciembre del año pasado la Casa Blanca emitió una Orden Ejecutiva que afirmó que el fentanilo es un “arma de destrucción masiva”; si bien no lo es, alimenta la idea de recurrir a la fuerza en el exterior para resolver un problema severo derivado de la demanda interna de sustancias psicoactivas ilícitas.
Así entonces, por una parte, están los ataques a lanchas en el Pacífico y el Caribe que ha venido llevando a cabo el Comando Sur. Conviene recordar que, según información en los medios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reaccionó furiosa en noviembre de 2025 ante el hecho de que el almirante Carlos M. Allievi, por entonces jefe del Estado Mayor de la Armada (JEMGA), no aceptara la solicitud del Departamento de Guerra de sumar un destructor argentino a la fuerza naval estadounidense en el Caribe. El 3 de diciembre el almirante fue sustituido de la JEMGA. Un día antes, Carlos Pagni comentó en su columna habitual que en septiembre de 2025 — cuando se iniciaron las ejecuciones extra-judiciales en el Caribe y el Pacífico — el secretario de Estado Marco Rubio, le pidió al presidente Milei su apoyo “en el conflicto con Venezuela”. Dado que las ilegales ejecuciones de lancheros en el Pacífico y el Caribe continúan, una opción es que Washington procure ahora que otros países de la región se sumen de algún modo para normalizar el uso de la fuerza letal contra presuntos narco-terroristas.
Otra eventual alternativa es que los países signatarios de la Declaración de Seguridad Conjunta inviten, como ya lo hizo Ecuador, a Fuerzas Especiales de Estados Unidos para combatir grupos criminales. El 3 de marzo, exactamente dos meses después del ataque militar a Venezuela y 48 horas antes del encuentro de ministros de Defensa en la Florida, el Comando Sur anunció que Washington y Quito se asociaban en “operaciones contra narco-terroristas” en el país andino. Un frente nuevo de despliegue militar en medio de la guerra a Irán. Una versión menos ostensible a la alternativa mencionada se observa en el caso de México en el que la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, establecida por el Departamento de Guerra en enero de 2026, aportó información de inteligencia para dar de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” en febrero de este año. Cada país firmante de la Declaración de Seguridad Conjunta, podría, en consecuencia, acordar un rol de los militares estadounidenses en la lucha interna contra las drogas; desplazando a las fuerzas de seguridad e involucrando activamente a las fuerzas armadas nacionales en cuestiones de orden público. Desde antes del 11/9 Estados Unidos había impulsado el criterio de los militares latinoamericanos como “crime fighters” (combatientes del crimen) en la región. Hubo, al respecto, escasas resistencias; siendo la Argentina una de las excepciones. Ahora Washington pretende la plena naturalización de aquel criterio. No sorprendería que el gobierno actual se entusiasmara con esa propuesta. Por ello, corresponde subrayar el Decreto 1112 de 2024 mediante el cual se apuntó a modificar el sistema de defensa nacional, explicitando entre las agresiones a repeler no solo a las “organizaciones terroristas”, sino “otras organizaciones transnacionales”. Mediante definiciones vagas de distinto tipo de amenazas el decreto habilita la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior.
Una tercera hipotética opción podría estar ligada a la obsesión de Trump por desmantelar laboratorios de fentanilo en México. Su último secretario de Defensa en su primer mandato, Mark Esper, aseveró en sus memorias que el presidente le propuso “lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de drogas”. En la reunión de los 12 presidentes del continente en la cual solo habló Trump, él afirmó que México “es el epicentro de la violencia de los carteles”. Trump no ha cejado en su intención de atacar los laboratorios de fentanilo en el país vecino. En el problemático evento de que ello sucediera, es probable que Washington aspire a que los países alineados con el llamado “Escudo” no lo condenen con la vehemencia que ello requeriría. En el caso de la Argentina durante el actual gobierno, las relaciones con México han sido frías y tensas desde que Milei se refiriera al presidente Andrés Manuel López Obrador como patético, lamentable e ignorante. El vínculo ha persistido en estado glacial durante la presidencia de Claudia Sheinbaum.
En síntesis, hay algunas consideraciones básicas que importa destacar. Primero, los datos provisionales sobre muertes por sobredosis de sustancias declaradas ilegales vienen descendiendo, no aumentando, en Estados Unidos. El argumento del pánico social y moral es sobredimensionado y utilizado para racionalizar una política de mano dura contra las drogas, tanto adentro como afuera. A pesar de un millón de billones (1 trillón en la escala numérica estadounidense) de dólares en la lucha contra las drogas durante medio siglo, el fracaso de la “guerra contra las drogas” ha sido estruendoso. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025 y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 refuerzan la centralidad del fenómeno de las drogas en la política exterior estadounidense hacia la región. Las victorias pírricas han sido habituales y la hiper-securitización del fenómeno de los narcóticos se ha potenciado sin ninguna claridad estratégica salvo para mostrar que los gobiernos están dispuestos a librar batallas perennes (y frustrantes) contra las drogas.
Segundo, los asuntos de defensa en la región son realmente trascendentales: convertir a las fuerzas armadas en una suerte de guardias nacionales es un error mayúsculo cuando se requieren fuerzas armadas dotadas y preparadas para un escenario global y continental cada vez más desafiante y peligroso en el que la soberanía ya está en entredicho. A su vez, una mayor militarización del combate contra las drogas y los criminales en la región derivará, más temprano que tarde, en una mayor politización de las fuerzas armadas, inducida por gobiernos civiles desbordados por la inseguridad pública y los apuros económicos.
Y tercero, no hay nada que indique que a la Argentina en sus actuales condiciones de elocuente vulnerabilidad le convenga la exacerbación de confrontaciones; por el contrario, el país necesita distensión para hacer frente a los retos internos y encrucijadas internacionales. La promoción o justificación de escenarios armados en la región y el mundo es completamente disfuncional a los fines de asegurar los intereses nacionales. La pulsión belicista del actual gobierno es desacertada y podría ser, además, altamente costosa.