Nuevamente, y como ocurriera durante los gobiernos neoliberales de la etapa democrática en la Argentina, sin olvidar las dictaduras militares entre 1955 y 1983, aparece un gobierno nacional acusando de adoctrinamiento ideológico al sistema educativo público del gobierno inmediato anterior.
Esta reiterada acusación que hacen determinados gobiernos de la democracia a lxs encargadxs de enseñar oculta una sola finalidad: imponer el pensamiento y el proyecto político con el que llegaron al poder y, de este modo, terminar para siempre con el peronismo.
Dichos sectores han utilizado —y lo siguen haciendo— la palabra “adoctrinamiento” para despojar al otro de su identidad, de sus fundamentos ideológicos, como modo de clausurar el debate y lograr que quien consideran su peor enemigo se entregue mansamente a un relato neoliberal, repetido, intolerante y colonial.
Adoctrinar
El adoctrinamiento es un acto que pretende poner fin al pensamiento crítico de un determinado sujeto. Admite un solo camino, un pensamiento, para llegar a una meta, atenta contra la libertad de expresión y contra la pluralidad de ideas y opiniones. Así, clausura la posibilidad de la duda, reemplaza la argumentación y el intercambio de ideas por la fe absoluta en los argumentos que esgrime quien adoctrina.
Lxs adoctrinadores son fanáticxs que no admiten discrepancias y utilizan el poder con la oscura pretensión de que todos queden moldeados conforme a la misma idea o modelo, constituyendo de este modo un todo homogéneo.
El adoctrinamiento es como un lavado de cerebro a través de una prédica sistemática, pensada y diseñada para que una persona abandone convicciones, opiniones, principios o valores que pudiera tener arraigadas.
Adoctrinar es inculcar, ejercer una violencia simbólica tal de manera que una persona no sea capaz de pensar una idea diferente sobre el tema que se le haya transmitido en cualquiera de los ámbitos educativos, sean estos escolares o no (puede ser la familia, el barrio, el club, el grupo de pares, las distintas confesiones religiosas, etc.).
El adoctrinamiento escolar se produce cuando la escuela es utilizada como ámbito de transmisión de concepciones parcializadas y/o sectarias, se trate de cuestiones políticas o de otras.
Cuando se inculca una doctrina, se ejerce violencia simbólica sobre el sujeto receptor, se niega toda posibilidad a la crítica y se fomenta una actitud pasiva frente a lo que se transmite. Por el contrario, la educación promueve en las personas el surgimiento del pensamiento crítico, así como una postura activa y reflexiva frente a los dilemas que plantea la vida. Lxs educadores alientan la autonomía de pensamiento y la pluralidad de opiniones en marcos de empatía y alteridad.
La persona que adoctrina esconde la pretensión de que todxs piensen como él. Que sigan sus ideas, órdenes, acepten sus valores, preferencias, gustos, costumbres, metodologías, entre los que podrían estar sus héroes, su concepción de la historia y hasta una manera de entender conceptualmente la matemática u otro campo de la ciencia.
Adoctrinadores oficiales
El gobierno que preside Javier Milei anunció que avanzará con un proyecto de ley para cambiar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206/06, justamente, para evitar el adoctrinamiento ideológico de los docentes en las aulas.
Recordamos, además, un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando anunció que “el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres y alumnxs puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política, que no respeta la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse”.
Dichos artículos, censurados por el vocero, se ocupan de los fines y objetivos de la política educativa nacional y de los derechos y deberes de los alumnos, respectivamente. Ambos promueven una educación integral en todas las dimensiones de la persona, la educación igualitaria, la libertad de conciencia, la convivencia democrática, la formulación de proyectos, la toma de decisiones, la garantía del derecho constitucional de enseñar y aprender, la educación como prioridad nacional, así como la participación democrática, la inclusividad en la educación, etc.
Entendemos que o el vocero presidencial no entiende demasiado de estos temas o estamos frente a un gobierno de claro corte fascista que esconde la pretensión de adoctrinar a la nación a partir de un nuevo credo cerrado de palabras, valores y cálculos económicos, a fin de posibilitar, luego, la concreción de una reforma constitucional encubierta, que nos devolvería a los peores momentos de la educación argentina en consonancia con una Argentina pre-moderna y colonial.
Conclusión
Todos los gobiernos neoliberales triunfantes en elecciones democráticas en la Argentina y, por supuesto, las dictaduras militares (1955 y 1983) han acusado de adoctrinamiento ideológico a los sistemas educativos de los gobiernos salientes por considerarlos puntos estratégicos para la difusión de los nuevos idearios a impulsar con altas dosis de adoctrinamiento incluidas.
El actual contexto político, económico y social que atraviesa el país permite suponer que cuando el Presidente Milei acusa a las instituciones del sector público de adoctrinar ideológicamente, pone en evidencia que lo que en realidad lo enfurece es la difusión en dichas instituciones de ideas contrarias a su pensamiento y proyecto político. Algo que dejó en claro la multitudinaria demostración de repudio al gobierno que realizara el conjunto de la educación pública argentina el 23 de abril de 2024.
Los argumentos que expone el gobierno libertario son totalmente infundados y maniqueos y pueden ser utilizados como justificación para el desmantelamiento de la educación pública y como vehículo a partir del cual se busque consolidar el proyecto político neoliberal.
Finalmente, puede afirmarse que ningún alumno es adoctrinado en escuelas, institutos y universidades de gestión pública de la República Argentina.
Las actitudes y expresiones vertidas por el gobierno de La Libertad Avanza podrían constituir el paso previo de un proceso de persecución política e ideológica en las instituciones educativas públicas argentinas, cuya responsabilidad, de ocurrir, será exclusivamente del Presidente Milei, que en 2023, sea por elección o por odio al tercero en discordia, fue votado por una mayoría importante de la población.
