El house organ del Partido Judicial, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, reaccionó al atentado con el siguiente comunicado:
“La AMFJN expresa su honda preocupación ante los hechos que han tomado estado público en los últimos minutos y que involucran a la Sra. Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Tales sucesos, enmarcables en el enrarecimiento del clima social que hoy nos envuelve, resultan repudiables por su manifiesta contrariedad a la paz social que debe emerger de un sistema democrático.
Manifestamos nuestro incondicional apoyo a los magistrados/as del Poder Judicial y los Ministerios Públicos que deban intervenir en el esclarecimiento de esos hechos.
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2022”.
El manejo del lenguaje es cristalino: la preocupación no es por el atentado, sino por los hechos que han tomado estado público. La Vicepresidenta no es la víctima, sino que esos hechos la involucran. Es decir, casi ha sido partícipe. Es como decir que los presos soviéticos, los judíos o los gitanos estaban involucrados en la gestación de los campos de exterminio nazis. Curiosamente, quien jaló del gatillo tenía el cuerpo decorado con la simbología nazi.
Tales sucesos, continúa el comunicado, son enmarcables en el enrarecimiento del clima social que hoy nos envuelve. Pareciera que para la Asociación de Magistrados existieron varios sucesos de la misma envergadura o gravedad institucional. Los sucesos no son producto de campañas de demonización y de la negación del otro como humano (los kukas, la yegua, etc.) sino del enrarecimiento del clima social. ¿Las movilizaciones, los reclamos salariales, la lucha contra el hambre y la falta de hábitat adecuado? ¿Por qué son repudiables esos sucesos para la Asociación de Magistrados? No por sí mismos, sino por “su manifiesta contrariedad a la paz social que debe emerger de un sistema democrático”. Esto implica que no merece el repudio el acto de atentar contra la vida de una ex Presidenta y actual Vicepresidenta sino por la alteración de la paz social. Esto es equiparar el atentado a los parripollos e instrumentos musicales de Jorge Macri.
Finalmente, el comunicado de la AMFJN manifiesta su incondicional apoyo no a la víctima o a sus familiares y amigos sino a “los magistrados/as del Poder Judicial y los Ministerios Públicos que deban intervenir en el esclarecimiento de esos hechos”. Del contexto de la frase surge que, si los magistrados requieren un incondicional apoyo es porque la Asociación da por supuesto que han de ser objeto de presiones.
Todo el comunicado persevera en el discurso maniqueo y paranoico que justamente crea el clima del odio. La superioridad autopercibida de los miembros del Partido Judicial los lleva a creerse por encima de la ley (después de todo para ellos la Ley es lo que los jueces dicen que es), de la República (a menos que los derechos afectados sean los de las minorías privilegiadas) y de la democracia (a la que nunca se cita como principio orientador de la actividad judicial, conforme el artículo 28 de la Constitución Nacional). Hace falta mucha infatuación para invocar el nombre del pueblo, como lo hizo el fiscal Diego Luciani, cuando nadie lo ha votado. Pero este es el fruto de la creencia de los jueces y fiscales en ser un poder destinado a evitar que los poderes elegidos por el pueblo afecten los derechos de las minorías.
Del mismo modo, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, señalaba con petulancia días antes del atentado: “El modelo de la Constitución es el capitalismo. El que quiera otro tendrá que hacer una revolución o reformarla”. La posición de Rosatti es la de quien cree que hay un solo modo de interpretar los textos. Lo que pretende es clausurar los significantes vacíos, como si nuestro lenguaje fuera el lenguaje de las abejas. El idioma se semantiza y la lucha política es precisamente la lucha por la carga semántica de esos significantes vacíos que actúan como punto de acolchonado de todo lenguaje y también del lenguaje constitucional. Lo que caracteriza al lenguaje humano es precisamente esa posibilidad de desplazar el juego de los significantes a través de las operaciones de la metonimia y la metáfora para abrir el espacio al significado.
La ignorancia de las ciencias humanas con que nos forman las facultades de Derecho convierte a Rosatti en un émulo del también juez Daniel Schreber, para quien el discurso normativo “trata de algo vecino a esos mensajes que los lingüistas llaman autónimos por cuanto es el significante mismo (y no lo que significa) lo que constituye el objeto de la comunicación” (Lacan, 2002:519). De este modo Rosatti no sólo pretende clausurar el lenguaje, sino también la lucha política que caracteriza a toda sociedad plural. El efecto de este discurso psicótico se expresa perfectamente en la frase del médico polifuncional Nelson Castro: Cristina es mala.
Si algo tan grave como el atentado fue posible, es precisamente lo que hace al discurso psicótico. La expansión megalomaníaca del yo y el intento de obturar mediante la alteración delirante la otredad irreductible del Otro. En esa matriz, en ese estructuralmente fallido control sobre el devenir de los Pueblos y de la Historia, se construye el odio.
Y a ese Poder Judicial yo lo acuso. Yo acuso en el nombre común, innominado e innumerable de los y las que están siendo sometidos a proceso. No se está juzgando a una persona. En la construcción artificial de la trama inquisitoria lo que se está juzgando es el proceso de emancipación de América Latina. El Poder Judicial ha pretendido y aún pretende legitimar un despojo. En la cárcel de los inocentes, en la proscripción que no cesa, en las barreras contra la reivindicación de los humildes, en la negación de que los derechos humanos son simplemente alimento, cobijo y cultura, como condición de humanidad para todas y para todos. Esa y no otra es la propiedad de los humanos.
Yo acuso. En esta acusación no hay repetición porque no hay petición que hacer a quienes se atribuyen las insignias de una república sin democracia. No se puede rogar a los que pretenden invocar una democracia sin Poder del Pueblo. Nada se puede pedir a los apropiadores de lo público, a aquellos que creen que el poder se hereda o se compra. Porque democracia es circulación del poder, es potencia de los muchos, de los innombrados a los que las oligarquías pretenden resignar a lo innombrable. La democracia resiste a la apropiación por alguien o por una lógica que, como una pulsión acéfala, se enseñorea sobre mujeres y hombres.
Eso es lo que no entenderán nunca los dictadores del mercado. De allí su pertinaz pretensión de anular la historia, de sobreescribir en la carne, sobre el dolor de los cuerpos, las marcas que cambien de sentido la memoria.
Para que lo vivido sea mentira, para que el deseo colectivo hecho afecto y proyección vuelva al goce autista de la repetición inerte se indagó la ideología de los trabajadores del Estado para ponerle el estigma del crimen, se redujo al silencio a periodistas, se suprimieron y aún hoy se reducen los programas estatales de enseñanza, salud, investigación y cultura y, en el espacio público, es reprimida cualquier expresión de cultura colectiva. Ese Poder Judicial es el mismo que considera la educación pública un producto de segunda, dedicado a los pobres. Porque para ellos hay castas de hombres y mujeres que deben evitar mezclarse.
Para ello se crearon escenas que hicieran verosímil el montaje de un relato que anulara los recuerdos, que culpabilizara el disfrute y el deseo de los sectores populares. Aparecieron bolsos para que la forma sensible del dinero hiciera olvidar que la corrupción se mueve con asientos electrónicos, con cuentas escondidas en paraísos fiscales.
Se consideró gasto improductivo la protección y la promoción de la igualdad, como si la sonrisa de los pobres fuera un crimen, como si el acceso a la tecnología no fuera un imperativo de igualdad ciudadana, como si la información no fuera un derecho del pueblo sino el patrimonio de los dueños de los medios concentrados y de las prestadoras de servicios (públicos), como si la participación democrática debiera estar restringida a las discusiones de las élites que orbitan los colegios profesionales y universidades. Como si perseverar en la existencia no fuera el derecho de cada uno y ello no implicara el compromiso del acceso a la salud pública para todos y todas. Aún hoy aparecen los que sin querer enterarse del incumplimiento pasmoso del Estado respecto de sus habitantes gritan enconadamente contra las ocupaciones de tierra, haciendo de lo que es necesidad un delito.
El sujeto pueblo adquiere un nombre propio que aparece como marca de identificación y contraseña. En reflejo, ese nombre es estigma y enfermedad contagiosa que debe ser extirpada para los beneficiarios del estado de cosas. Por esa razón, la represión de los movimientos de emancipación necesita la denigración del sujeto que porta el nombre del pueblo, llámese Perón, Evita, el Che, Fidel, Chávez, Evo, Lula, Néstor y Cristina, Correa o Milagro Sala, que aún sufre la cárcel por el delito de ser originaria e irredenta.
Por ello se inventaron procesos judiciales propios del siglo XV en los que la amenaza y la sospecha insidiosa suplen los hechos demostrados o demostrables. Se iniciaron investigaciones con copias de una prueba documental cuyo original curiosamente no fue retenido por los funcionarios que les atribuyeron contenido de verdad de relevancia institucional, para luego aparecer milagrosamente.
Esas declaraciones, obtenidas con la amenaza de cárcel, son supuestos de extorsión operada desde el aparato judicial del Estado. La aplicación del encarcelamiento para quienes no presten su voz al relato armado desde el poder de los jueces constituye un supuesto de tortura, de un crimen de Estado imprescriptible para sus perpetradores. El Poder Judicial realmente existente fue su autor y lo homologa a razones de derecho.
Para hacer un objeto de escarnio a ese nombre propio del pueblo, se diseñó una ofensiva a nivel continental contra quienes lo representan. Por eso ante la inexistencia del delito imputado formalmente, tienen la íntima convicción de la culpabilidad del procesado.
Y esto es porque el crimen es otro. No importan las pruebas, porque el crimen imperdonable para los detentadores del poder es manifiesto: hacer del pueblo un sujeto político. Se condena en esos nombres que los corderos quieran dejar de serlo.
Los derechos humanos no son un código multinacional ni están escritos en un cielo legible. Los derechos humanos son las necesidades materiales básicas que distinguen la humanidad de la nuda vida. El verdadero nombre de los derechos humanos es Seguridad Social. Contra eso milita este Poder Judicial.
