Los peronistas, ¿bajamos de los barcos?

El furcio del Presidente Alberto Fernández sobre el origen de la génesis de los argentinos no solamente disparó la estupidez de réplicas oportunistas de propios y extraños, sino que también resulta hoy buena ocasión para pensar cuál fue la participación histórica que el peronismo tuvo en la historia trágica de nuestros pueblos originarios.

Este no solamente no fue tema de las contradicciones principales con las que nuestra sociedad lidió a mediados de Siglo XX, sino que fue asunto absolutamente ocultado en ese tiempo. Pese a la sangre tehuelche de Perón.

La explicación de que tal importante cuestión quedó sumergida en las reivindicaciones sociales del peronismo no alcanza para el consuelo por lo que no se hizo, ni para considerarlo contenido implícito del repetido: “volveremos, pero mejores”.

Lo cierto es que, desde  que la conquista del Río de la Plata, llegó de la mano del europeísmo/liberal/capitalista (en los barcos, claro), ningún Gobierno, repito: ningún Gobierno reconoció que el genocidio de los pueblos originarios fue soporte indispensable para lograr la conquista de los territorios, en los que germinó el inmenso poder con el que las oligarquías agrícolas/ganaderas gobernaron este país en los últimos 200 años.

Los debates instaurados en estos tiempos se minimizaron para convertir este grave asunto en imposturas de minorías, a veces reflotadas con ocasión de crímenes atroces como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantos otros.

Para nosotros los peronistas el estandarte primero de nuestras luchas sociales fueron nuestros “cabecitas negras”, pero sin detenernos demasiado para ver que ellos ya habían sido carne de cañón y protagonistas principales mucho antes en las guerras nacionales, en la Guerra de la Triple Alianza, junto con sus hermanos los negros y mulatos argentinos, y habían formado parte de las columnas del exterminio que Roca organizó para luego vender peones y mucamas en mercados aristocráticos de Buenos Aires, desde siempre la capital del imperio.

Creo que el peronismo tiene una deuda grande: reconocer que nuestros primeros desaparecidos quedaron insepultos en la Campaña del Desierto.

Pero aún es tiempo y hay tareas para hacer, inclusive con esta Constitución Nacional que reconoce como al pasar los “derechos ancestrales de los pueblos originarios”, casi como una burla de los que celebran en la sobremesa de un festín para pocos, dando una razón más para seguir considerando esta Carta Magna un catálogo de ilusiones.

Incluso con estos Códigos Civil y Penal y los Códigos Procesales de las provincias, pensados para proteger antes que nada las libertades individuales, la propiedad y el honor.

Sí que hay cosas para hacer: terminar de censar las comunidades de los pueblos originarios, garantizarles definitivamente su ubicación territorial, la que tuvieron y la que tienen, legalizar las consultas sobre sus relaciones con el medio ambiente, reglamentar y permitir el acceso de esas comunidades y de todos los argentinos a los cursos y espejos de aguas navegables, formar a funcionarios del Estado, especialmente a los de Poder Judicial, en tareas que diriman cuestiones que los involucren, reconocer oficialmente su historia, sus símbolos, que puedan difundir sus costumbres, sus batallas, sus victorias y sus derrotas; en fin, su historia.

Si bien se sancionó la Ley 26.160 en 2006, ésta solo se propuso declarar la emergencia en materia de posesión de la tierra de los pueblos originarios, derivando la tarea de los censos de las comunidades aborígenes a las Provincias, Universidades Nacionales y organizaciones no gubernamentales, las que en la mayoría de los casos sin compromiso, sin presupuestos y sin infraestructura solo lograron distribuir entre varios el fracaso de políticas que cumplieran con el mandato Constitucional del Art. 75 inc.17.

Solo se logró hasta ahora con esta inacción multiplicar conflictos interminables en manos de Fiscales y Jueces confundidos y timoratos que no saben siquiera que orden jurídico aplicar.

Porque hay que decirlo claramente: el problema principal, como siempre, son sus tierras ancestrales, hoy ocupadas por tres generaciones de propietarios muchos de buena fe.

También el orden jurídico vigente daría una solución, si la voluntad política existiera: el Artículo 17 de la Constitución Nacional reza que la propiedad es inviolable, pero… pero agrega también que el Estado Nacional puede expropiar por causa de utilidad pública sancionada por Ley. Pues entonces que un Estado que busque justicia histórica declare de utilidad pública las tierras que se demuestre les pertenecen a esas comunidades, indemnice a sus propietarios y se devuelvan a sus legítimos dueños.

Los que no bajaron de los barcos esperan y el peronismo no debería mirar para otro lado.