Evaluábamos en columnas pasadas el grave impacto que podía tener en la región el adelantamiento de la llegada de la “segunda ola” de propagación del virus.

La mayor parte de las naciones latinoamericanas ingresaron a la pandemia con su inversión social golpeada por políticas de ajuste oligárquicas y sufrieron, en mayor o menor medida, caídas históricas en sus economías durante el año pasado.

La Argentina fue castigada con los cuatro años de macrismo y recibió el desembarco del virus con una contracción del -4,5% de su PIB. El Estado súper endeudado y la actividad contraída pusieron límites a la capacidad de amortiguación del choque a través de políticas monetarias y fiscales expansivas. En el 2020 el PIB se redujo un -9,9%. 

También en columnas anteriores se expusieron las debilidades del sector externo -evidenciadas en la magra acumulación de reservas por el BCRA-, la falta de resultados positivos en la reestructuración de la deuda pública con el sector privado -medidos en términos de la reducción del riesgo país- y la necesidad de una regulación efectiva de los mercados monopólicos de bienes esenciales como alimentos y energía.

Sin embargo, estos debates quedan subordinados a la magnitud de la presión sobre el sistema sanitario que ha instalado la “segunda ola” del virus. La aproximación a una cifra de 40.000 infectados en un día y el promedio de fallecidos superior a 500 reflejan la imperiosa necesidad de volcar todos los recursos a preservar vidas y salud.

El cierre casi total de actividades por nueve días marca la decisión correcta de frenar la circulación del virus y permitir que avance la inmunización de los que corren un mayor riesgo de contraer una fase grave de la enfermedad y, consecuentemente, demandar atención en un centro médico.

Esta medida tiene que disminuir en forma inmediata la presión sobre el sistema de salud y facilitar la protección sobre los argentinos y argentinas más vulnerables al virus.

Sin duda, este nuevo período de aislamiento va a tener un correlato negativo en la recuperación económica que se venía verificando desde fines del año pasado.

El Presidente ha anunciado un paquete de estímulos fiscales por $480.000 millones. De los cuales $336.000 millones se destinan esencialmente a asegurar el ingreso de los trabajadores formales e informales y $144.000 millones a fortalecer el sistema de salud. A esto se agregan casi $40.000 millones que ingresaran en los bolsillos de los trabajadores del sector privado en concepto de devolución de los retenido en el primer trimestre por impuesto a las ganancias, como consecuencia de la recientemente promulgada rebaja impositiva para los que perciban remuneraciones inferiores a los $150.000, que conforman un universo de casi 1,3 millones de asalariados.

Un conjunto de decisiones acertadas que replican lo actuado en el hemisferio boreal: fuertes restricciones a la circulación y ayuda fiscal directa, hasta tanto se amplíe el universo de vacunados.

Tal cual lo hemos planteado numerosos economistas, la “segunda ola” exige abandonar la política fiscal de contención del gasto y el cierre apresurado del desequilibrio entre ingresos y gastos.

El cuadro que continúa describe la evolución de las cuentas públicas comparando el primer trimestre 2021, respecto de lo ocurrido en el primer trimestre 2020: