Ya es sabido que después de la batalla de Caseros (Pavón incluida), el futuro país de Mitre se ordenó sobre pilares constitucionales que deberían tener, sobre todo, vocación de eternidad. Los más notables: régimen de gobierno representativo republicano y federal con división de poderes (Art. 1), el derecho inviolable de la propiedad privada e individual (Art. 17), las declaraciones de derechos y garantías individuales de cada ciudadano (Art.14), y todo lo demás que también se legisló para que nunca más –supuestamente– volvieran las tiranías.
Pero también –como esos personajes que participan de la obra sin ser vistos– hay un principio ideológico de la Constitución Nacional que se las trae y sobre el cual vale la pena detenerse y es el que sentencia: “El Pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” (Art. 22).
Para decirlo de manera práctica: a votar y a la casa.
Lo que en su momento pudo ser una expresión virtuosa de la representación popular para enfrentar las tiranías, se fue de a poco destiñendo con el avance de las luchas populares, con las resistencias de las mayorías que se sentían burladas aunque votaran cada tanto, empeñadas en romper el desequilibrio voraz que manipulaban de mil maneras los privilegiados del mundo, con el desarrollo indetenible del neocapitalismo financiero y su empeño patológico de construir a cualquier precio una nueva Edad Media del Siglo XXI.-
El pensamiento liberal, con la astucia que siempre ha exhibido para anticiparse al avance de los peligros a su propio confort, comenzó ya a principios del siglo XX a pensar maneras distintas de maquillar nuevos sistemas alternativos de participación, que al menos debilitaran en parte el desarrollo cada vez más frecuente del único monstruo que los privilegiados temen: el pueblo tronando en la calle.
Debilitadas como están –por ahora– las alternativas del uso de la fuerza directa para imponer un control social que preserve los privilegios de las clases dominantes, el sistema comenzó también entonces a ofrecer bocados atractivos para crear la ilusión de que las mayorías también participan del ejercicio del poder real. Surgen entonces los llamados “mecanismos de democracia semi-directas”: las consultas populares, los plebiscitos, referéndums, revocatorias de mandatos, los nuevos laberintos de reclamos individuales de los consumidores estafados, audiencias públicas no vinculantes, es decir, nuevas alternativas de supuestos controles sociales que tienen dos objetivos básicos: generar la ilusión de la participación y, lo más importante, que el poder efectivo de la toma de decisiones finales se siga concentrando habitualmente en las mismas manos.
¿Cómo lo logran? Amañando de mil maneras y por infinitas vías reglamentarias –con complicidad de los legisladores, claro– los procedimientos y laberintos infinitos que se deben recorrer para atrapar esos mendrugos dispersos que deja caer el propio sistema.
Esto no significa de manera alguna desechar instrumentos que pueden ser utilizados estratégicamente por las mayorías populares, pero –sin pretender resucitar la Comuna de París– se debe alertar sobre la evolución constante que el gatopardismo liberal genera permanentemente, convirtiendo al orden jurídico en un catálogo de ilusiones móvil que le deja siempre el poder al alcance de la mano.
Como en casi todo lo que escribimos, decimos siempre al final: para todos los conflictos que generen estas alternativas nos estarán esperando los Jueces custodios del sistema.
Y pese a que estemos disputando la historia con la cancha inclinada, será también tarea del campo popular utilizar en todos los frentes los inasibles instrumentos legales que están a su alcance, todos ellos, sin exclusiones dogmáticas, divulgando, militando y esclareciendo sobre el significado, utilidad, trampas y limitaciones que los mismos tienen, siempre adaptándonos a todas las formas útiles de la interminable lucha de los pueblos.
