El misérrimo ofrecimiento que la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, hizo a los gremios docentes pone en dudas los objetivos que el propio Gobierno tiene en esa materia. Fuera de las barbaridades con las que desde el propio Domingo Peppo hasta su ministra quisieron relativizar la protesta docente que retrasa el inicio del ciclo lectivo, hay elementos no planteados en la superficie que ponen de manifiesto el discutido compromiso del Estado actual con la educación pública.
Y así es que los docentes tomaron la iniciativa para hacer conocer hechos que en general no se discuten en la comunidad educativa que diariamente compra el mensaje oficial sobre el reclamo de los maestros. La brutal campaña de desinformación que tiene a los principales medios de comunicación como referentes y simples voceros de la usina oficial repitió sin sonrojarse que la propuesta a los sindicatos habían sido “2.235 millones de pesos para el incremento salarial docente”.
La cifra puede aparecer magnificada por el título pero la verdad representa apenas un 22 por ciento de aumento en cuatro cuotas. Sin ningún rubor tampoco el Gobierno reconoce que esto es el doble de lo que dieron el año pasado, admitiendo sin que nadie lo analice, que aplicó un brutal ajuste en el salario del sector público que importó una caída en términos porcentuales de más del 35% con respecto a la inflación general del año 2018.
En el Chaco, no sólo no hay compensación para los maestros por esta tremenda pérdida de poder adquisitivo que se viene arrastrando desde que Peppo asumió el gobierno -incluso desde el último año de gestión de Jorge Capitanich-, tampoco se plantea un reconocimiento de los prácticamente 6 puntos con los que arrancó el año 2019, mucho menos con las proyecciones de lo que será la inflación anualizada para todo este año.
Pero la discusión que el Gobierno no plantea es la explosión de escuelas de gestión social y las de gestión privada que se entregaron a la conducción de movimientos sociales y gremios afines, en las cuales no rige el Estatuto del Docente ni las garantías e igualdades que establece la Constitución para la Educación Pública en el país y en la provincia, pero que están solventadas íntegramente con recursos del Estado provincial.
Allí piqueteros oficialistas perciben salarios de directivos y los docentes son contratados por fuera del régimen del Estado, en algunos casos no percibiendo los montos que el gobierno ofrece a sus propios maestros, pese a que el mismo se obliga a transferir mensualmente cifras equivalentes a las horas cátedra de clases que se dictan habitualmente en las escuelas públicas.
Con estas acciones típicas de política partidaria, el propio Gobierno genera competencia desleal, permitiendo la existencia de establecimientos en los que se imparte educación a alumnos de todas las edades que pueden concurrir a escuelas públicas en diversos turnos -en algunos casos solo se dictan un par de horas dos veces por semana a cargo de personas sin título-.
El impacto sobre la matrícula en diversas escuelas públicas, especialmente en el área metropolitana, es demoledor. La consecuencia directa es el cierre de cursos y la pérdidas de horas a diversos docentes o directamente su puesta en disponibilidad.
El anticuerpo es igual de polémico. Una orden inorgánica de algunos estamentos intermedios que permite el avance de los alumnos, sólo para mantener matrícula y evitar los cierres. El Estado conspira contra una de sus objetivos fundamentales y la víctima termina siendo el alumno que el Gobierno asegura que quiere proteger. Todo ocurre a plena luz de día.
La campaña por la reelección
Así como el discurso del presidente Mauricio Macri en el Congreso fue una catarata de gritos sin sustentos en donde no hubo un solo pasaje (apenas el aumento de la AUH) que permitirá darle contacto con la realidad, el de Domingo Peppo ante la Legislatura solo dejó para el análisis la confirmación de que ya está lanzado a la campaña para su reelección.
Jorge Capitanich hizo un breve intento a mediados de semana para desmentir su acuerdo con Cristina Fernández, que definitivamente lo aleja de la intendencia y pasaría a dar la pelea por la gobernación.
Si alguna prueba para confirmarlo faltaba fue el inesperado lanzamiento de su secretario de Obras Públicas, Diego Arévalo, como pre candidato a sucederlo, en tanto que Gustavo Martínez reiteró que también está anotado para la misma carrera.
Arévalo es el yerno del empresario Pedro Martínez, detenido en la causa Lavado II que investiga la Justicia Federal. Fue él el que también había agitado sospechas de “sobreprecios” en la gestión de Aida Ayala en una declaración de diciembre de 2016.
Incluso fue llamado a declarar como testigo en la causa. Con su suegro detenido, aparentemente no tuvo el mismo empeño para analizar la gestión del último intendente radical.
Que Arévalo sea candidato a intendente permite adelantar que Capitanich no irá por la reelección en el municipio. Que Peppo abiertamente plantee su interés por un nuevo mandato, descarta de plano que el jefe comunal quiera volver a ese cargo.
Sin embargo el sector coquista plantea con dureza que el gobernador quiere liquidar el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. El radicalismo también quiere liquidarlo, especialmente el sector que está detrás de la candidatura de Carim Peche.
Capitanich defiende esas internas. Si algo puede hacer antes de dejar la provincia es tratar de devolverle el apoyo a quienes fueron leales con él. Pero si el armado local estará en manos del gobernador Peppo, difícilmente haya mucho espacio. Confía el intendente, en todo caso, que tiene fuerza suficiente como para imponer nombres en una pulseada. No será candidato en la provincia, pero tiene interés en dejar en claro que es “el elector” dentro del PJ.
La lucha no solo será entre radicales y peronistas, ya que dentro de las filas del oficialismo se avizora un fuerte frente de tormenta hasta que queden definidas las candidaturas o, hasta que en una disputa interna se resuelva quién es el que manda.
Un dato no menor es que en la caja de resonancia de la política chaqueña, volverá a dirimirse importantes y vitales iniciativas legislativas para el Ejecutivo, como son las leyes de endeudamiento necesarias para garantizar la gobernabilidad y afrontar la dura crisis que vive la Argentina y que facilitaría el cumplimiento de las aspiraciones política de un Gobierno que, a los tumbos, llega con lo justo a sus cuatro primero años de gestión.
