Connivencia[1] y subordinación
La Argentina fue el único país que votó en contra de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de noviembre de 2024 sobre los derechos de los pueblos originarios, impulsada por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de culturas y lenguas de los pueblos originarios. Y el gobierno argentino lo hace porque al aplicar el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se dispone a vulnerar derechos adquiridos de las comunidades indígenas, a quienes se le reconoce personería jurídica y tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Desde que asumió el nuevo gobierno, en las votaciones en la ONU, y a excepción de la votación contra el bloqueo a Cuba, que le costó la renuncia de la Canciller, todas las demás votaciones, la Argentina se subordina a la política exterior fijada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que para nuestra región va a ser más retrógada por el remplazo de Antony Blinken por Marco Rubio, Senador por el Estado de Florida, hijo de emigrantes cubanos de conocida y manifiesta enemistad con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Que, por ejemplo, ha llegado a denunciar a Chile por no designar a Hezbolá como organización terrorista.
Pero el gobierno de Milei llega al colmo del ridículo cuando fue la única Nación que también fue el único país que votó en contra de la Resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, en una sobreactuación en defensa de la injusticia y la inequidad.
La subordinación política e internacional al Departamento de Estado de los Estados Unidos es consistente con la extranjerización de nuestros recursos naturales en el que el RIGI cumple un rol esencial, y también lo es la administración de los medios de comunicación, por eso la designación de Alejandro “Alec” Oxenford como embajador de la Argentina en los Estados Unidos.
Alec Oxenford creador de OLX [2], es junto al jefe de asesores presidencial Demian Reidel [3] quien propicia la nueva red informática que tiene su liderazgo en las empresas de internet satelital estadounidense: Starlink, y Amazon Kuiper, y en la inglesa OneWeb, cuyo ingreso al país permitió el DNU 70/23 al desregular el sector.
Starlink, es la empresa de internet por satélite desarrollada por SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. La entrada de esa empresa compite con los intereses de Clarín, que a través de Flow tiene el control de buena parte del espectro en todo el país.
Elon Musk CEO de Starlink, es un magnate sudafricano que vive en Boca Chica –Texas–, donde su empresa Tesla de automóviles eléctricos tiene la planta de batería en base a litio que se provee de la puna argentina-boliviana-chilena, y que, Donald Trump designó Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos en el gobierno que asume el 20 de enero de 2025.
Gobernar por DNU
El gobierno de Javier Milei lleva adelante Decretos de Necesidad y Urgencia en canje de deuda, jubilaciones, alquileres, privatizaciones, cuando el Congreso de la Nación está en sesiones ordinarias (la pregunta es, cuál es el momento excepcional para dictar un DNU). Es más, cuando el Congreso aprueba una ley como es el caso del aumento a las jubilaciones y pensiones o a la remuneración de los docentes universitarios, recurre al veto. El Congreso puede insistir por medio de la Cámara de origen, que debe alcanzar la mayoría de dos tercios de votos de los presentes, debiéndose consignar los nombres de los sufragantes (votación nominal) [4].y obviamente no lo consigue por defección de legisladores y de los gobernadores
El martes 12 de noviembre de 2024 se trataba en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto para que “el rechazo de una de las dos cámaras resulte suficiente para revocar un DNU”, y establecer un período de vigencia de los DNU de hasta 90 días. También se proponía rechazar el Decreto 846/24 que modifica el Artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera
El gobierno acordó con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero, más los gobernadores de las provincias administradas por el PRO y la UCR, quienes ya habían anunciado que no darían quórum para acompañar al oficialismo, obligando a los diputados que impulsaban el proyecto a posponerlo para el jueves 21 de noviembre 2024, después que teóricamente se trate el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional.
Paralelamente el gobierno de Javier Milei en las últimas semanas, otorgó ATN (Aportes del Tesoro de la Nación) [5] a Entre Ríos ($3.000 millones a fines de octubre) y a Catamarca ($3.000 millones a principios de noviembre). Y en la semana del 11 al 15 de noviembre se sumaron tres nuevas transferencias: a Tucumán: $4.500 millones; a Salta: $4.500 millones, y a Misiones: $4.000 millones.
Con estos montos, noviembre se convierte en el mes con la mayor cantidad de ATN transferidos durante la administración de Milei, alcanzando $16.000 millones y superando así los $13.500 millones de junio.
Las tres provincias que más fondos han recibido este año hasta el 15 de noviembre 2024 son: Misiones: $13.000 millones, Entre Ríos: $6.800 millones, y Tucumán: $6.500 millones.
El Congreso de la Nación con 134 diputados y 38 senadores que aprobaron el RIGI, solo sirve para la pantomima democrática, que ya es inexistente, en la que la presión a los gobernadores cada vez más dependientes del gobierno central, anula la tarea legislativa.
Mediante el Decreto 846/2024 del 20 de septiembre 2024 se deroga el artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que en toda operación de deuda pública deben mejorarse dos de las tres condiciones del endeudamiento —la tasa de interés, el total adeudado y/o los plazos de vencimiento—, al eliminar esos requisitos, facilita el canje a medida de los acreedores.
También el DNU 846/24 apunta a las modificaciones en los límites de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, que era del 50% y se extiende la capacidad del FGS para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos, con o sin garantías, una norma que anteriormente estaba limitada hasta el 31 de diciembre de 2024, y por dicho DNU se extiende al 31 de diciembre de 2027. Incluso se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa, a precio de mercado.
Con este DNU 846/24 que por falta de quórum no se trató el martes 12 de noviembre, el gobierno se faculta a si mismo a negociar con los acreedores reconociendo capital e intereses por su propia cuenta y medio. Y además, puede tomar los títulos de deuda al 100% de su valor nominal.
El DNU 969/24 publicado en el Boletín Oficial del 1° de noviembre de 2024, crea el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas. Los casos flagrantes son las 13 provincias que no perciben mensualmente los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales: Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, desde que el Decreto N° 280/2024, suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023.
El gobierno de Milei desconoce que en 1999 se firmó un acuerdo entre la Nación y las provincias (denominado Compromiso Federal) que, entre otras cosas, obligó al gobierno nacional a cubrir los déficits de los sistemas previsionales de las provincias que no transfirieron sus recursos. Esa es la razón por la que las 13 provincias hicieron el reclamo correspondiente ante la Justicia, que no se expidió, aunque es claro el derecho que les cabe y la razón por la que la Nación pretende ceder en vez de dinero activos nacionales, como es el caso de la Provincia de Santa Fe que reclama el mantenimiento de la ruta 11 de acceso al puerto de Rosario, como lo plantea el DNU 969/24.
Igual pasa con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que era un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos docentes. Ese plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero de 2024, pero el gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez, razón por la cual las provincias deben pagarlo de sus propios ingresos. Esa es la razón por la qe en 2024 no se está cumpliendo con la Ley de Educación Nacional 26.206/2006 que estableció en su artículo 9°, que el presupuesto consolidado en Educación (sin Ciencia y Tecnología) no sería inferior al 6% del PBI.
Todo ello en el marco del DNU 70/23, publicado en el Boletín Oficial. el 21 de diciembre de 2023, que entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y, dispone más de 300 modificaciones a la legislación en uso [6],una verdadera reforma constitucional de cesión de poderes al gobierno actual.
Finalmente el Presidente Javier Milei, antes de partir a Estados Unidos para saludar al Presidente electo de ese país, sostuvo que buscará firmar un tratado de libre comercio para profundizar las relaciones económicas entre ambos países, a partir del regreso de Donald Trump.
En síntesis
Para la dictadura cívico-militar la base del conflicto eran las fábricas por la cantidad de obreros [7], por lo que había que dejar solamente las imprescindibles. De esa manera cerraron entre 1976 y 1983: General Motors, Peugeot, Citroën y Chrysler, Siam Di Tella, Decca (Deutz-La Cantábrica), Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y miles de pequeñas y medianas compañías (sobre todo de mano de obra intensiva). Para el gobierno de Milei ese no es un problema, lo que busca es que seamos una prospera colonia extractiva de recursos naturales, y que la población sea desinformada y sumisa mediante la intoxicación por los principales medios digitales que no permiten a su usuario pensar por si mismo.
