Me impresiono la declaración de Florencia Arietto en TV, señalando que en el hipotético caso de ganar las elecciones, entrarían en el Conurbano con la metralleta.
Así de simple, brutal y directo. Luego arremetió contra el sindicalismo. En términos que recordaban mucho a lo que vimos y conocimos como la “Gestapo Pro”, esto es, la mesa donde agentes de la AFI, empresarios, el intendente de La Plata, un senador provincial y el ministro de trabajo de Mario Eugenia Vidal se juntaban a planificar la persecución de dirigentes sindicales.
La causa de la “Gestapo Pro” de momento cuenta con muchos procesados, básicamente todos quienes que concurrieron a la reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires cuyo video, realizado en forma ilegal por funcionarios de la AFI y entregado –según sus propias declaraciones— a Silvia Majadalani, entonces segunda de la Agencia de Inteligencia, provocó en su momento, además de una angina de María Eugenia Vidal, una profunda preocupación en el seno de la alianza Cambiemos.
La preocupación era en esos días si existirían más videos similares que involucrasen a otros dirigentes del Pro. Fue uno de los procesados, Sebastián De Stéfano –ex director de asuntos jurídicos de la AFI— el que vino a traer algo de calma, cuando solicitó que la causa que se investiga en La Plata pase a los tribunales de Comodoro Py, trámite que actualmente se está discutiendo en sede judicial.
Y a todos los que por desgracia tenemos que intervenir en las causas de espionaje ilegal durante la gestión macrista, la musiquita nos sonó frustrantemente familiar. Porque todas las causas de espionaje ilegal de la gestión macrista terminan en Comodoro Py. Y cuando digo que terminan no me refiero únicamente al lugar donde quedan radicadas, sino más específicamente al lugar donde son detenidas y se deja de investigar.
Un breve racconto da cuenta de que quedaron radicadas luego de engorrosas discusiones en Comodoro Py las causas que tienen a Marcelo D’Alessio y a Stornelli como protagonistas. También las causas que se investigaron en Lomas de Zamora, que permitieron que nos enterásemos no sólo del espionaje ilegal sino además de las escuchas ilegales en los penales de este país. Los “Super Mario Bros”, el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y a otros dirigentes y un sinnúmero de seguimientos ilegales y escuchas también ilegales resultaron de esa causa.
Hace pocos días me notificaron que habían tomado la decisión de devolverle el celular al ex secretario de Macri y hoy legislador por la Ciudad, Darío Nieto. Curioso objeto ponzoñoso ese celular, donde figuran muchos magistrados de Comodoro Py –que intervinieron en esa misma causa, inclusive— y un magistrado de la Corte Suprema.
No quiero olvidarme tampoco de la causa sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan, que tiene como procesado al mismísimo Mauricio Macri. También ahora radicada en Comodoro Py.
En todas ellas, e incluso en alguna que olvido, la situación es exactamente la misma. A pedido de los imputados la causa queda radicada en Comodoro Py y luego, como por arte de magia, el Poder Judicial deja de investigar y solo queda el casi silenciado quejido de las víctimas.
Frente a la falta de interés de los tribunales de Py, en el único lugar donde no han podido detener el avance de esas investigaciones es en la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde se sigue investigando sin pausa el desquicio que tuvimos que atravesar los argentinos durante el gobierno de Macri en materia de espionaje ilegal.
Por eso mismo, a nadie le llamo la atención que contra dicha Comisión y contra su titular, Leopoldo Moreau, los mismos de siempre interpusieran denuncias a los fines de obstaculizar la continuidad de esa investigación. Desde denunciantes seriales a la Coalición Cívica, pasando por Florencia Arietto.
Algunos de los denunciantes sostenían que Moreau se había excedido en sus funciones al solicitar información sobre una causa relativa a unos camioneros imputados por un bloqueo a una distribuidora. Todo lo que sale de esa causa parece anunciar a gritos destemplados que en la misma se realizaron maniobras de inteligencia ilegal, razón por la cual tomó intervención la Bicameral en cuestión. Breve vida tuvo esa denuncia a Moreau, porque el jueves 19 de mayo de este año la Bicameral respaldó su actuación.
Me gustaría contarles que la denuncia tomó a Moreau por sorpresa, pero no puedo decirlo. Los oficiosos de turno ya habían informado a Leopoldo que recibiría una persecución judicial y Moreau había hecho pública esa situación.
Todo esto que les cuento está pasando ahora mismo. Claro, como no lo publican los grandes medios, es probable que pocos nos enteremos. Pero —reitero— está sucediendo ahora mismo. Por eso mismo me alegró mucho una convocatoria que recibí en los últimos días a la presentación de un instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias, dirigido por Sabina Frederic y presidido por Nilda Garré.
Un espacio interdisciplinario y claramente progresista que pone en foco el problema del delito, la violencia y la seguridad, sin pensar —como piensa Arietto— que la única solución posible es la metralla.
Pero además pone acento en el especial tipo de violencia que significa el espionaje ilegal. Entender la importancia de respetar la prohibición de hacer inteligencia en materia de seguridad interior es, a estas alturas, la única solución posible y viable a esta nefasta práctica que vimos –y vemos— desfilar con total impunidad.
Con los delitos de Lesa humanidad fue necesario su juzgamiento publico para que la sociedad internalizara su naturaleza delictiva. El Poder Judicial colaboró con la toma de conciencia respecto a ellos. Pero en el caso de los delitos derivados del espionaje ilegal, el Poder Judicial parece haber claudicado.
Podría putear y protestar más aún –de hecho lo hago, y mucho, en Tribunales—, pero no soy tan necia como para creer que porque putee o proteste vayan a cambiar las cosas. No van a cambiar por una sencillísima razón: del espionaje ilegal fueron parte casi todos quienes ahora tienen que investigarlo y juzgarlo. En el sistema prebendario que se instaló en el Poder Judicial argentino, muchos por acción y otros por omisión están impedidos de investigarlo. Porque los tuvo de víctimas o de colaboradores. Lo que no los tuvo, en la mayoría de los casos, fue de no anoticiados de que existía.
Como ejemplo de esto me pregunto por qué el Poder Judicial protege a Carlos Stornelli. Quien además de todo, fue responsable en su gula y excesos de que una parte de este sistema ilegal saliera a la luz. ¿Qué es lo que no sabemos y que solidifica el círculo de baba que protege al fiscal de responder por sus actos? Supongo que debe parecerse mucho al mismo sendero señalado con la misma baba que recorre los expedientes del espionaje ilegal desde su jurisdicción originaria a los despachos de Py. Y la misma baba que detiene las investigaciones cuando llegan a Comodoro Py.
Con honestidad, cuando empezaron a investigarse las causas de espionaje ilegal creí que el Poder Judicial iba a a poner luz sobre ello, avergonzado de lo ocurrido en sus propios despachos o sus cercanías. Hoy comprendo que fue un exceso de optimismo.
Pero sí señalo que el hecho de pensar la seguridad sin omitir considerar y valorar las leyes democráticas y sin dejar de señalar los círculos de baba que vemos a diario es una tarea que tenemos por delante. Porque ya conocemos la alternativa de no hacerlo. Es metralla.
