Don Víctor me vio salir de casa, alzó una mano y cruzó la calle para hablarme. Hasta ese momento sabía que hincha por Platense y fue maestro de primaria. Sin embargo, el viernes pasado me confió un problema con dos componentes difíciles de resolver. “¿Usted qué cree? ¿Habrá un mañana para nosotros, los de más de 70?”, me preguntó y luego, sin acortar distancia ni quitarse el tapaboca, añadió: “porque entre el virus y como vienen las jubilaciones nos veo en el horno”.
Es sabido que la epidemia del Covid-19 interrumpió vidas, planes y sueños por doquier. Y también que los adultos mayores, como este vecino, han sido uno de los grupos que soportaron la peor parte.
Porque a las estadísticas que revelan su fragilidad ante los embates de contagios, se le deben sumar los discursos que pretenden marginarlos de un futuro que, a ciencia cierta, nadie puede predecir.
En este sentido, se le resta importancia a sus relaciones sociales. Incluso a sus propias existencias en esta complicada coyuntura histórica. Por ejemplo, hay quienes, apelando al darwinismo social, sugieren abandonar su atención para dedicar esos esfuerzos a rescatar la economía. Y otros que plantean la posibilidad de aislarlos hasta que desaparezcan por completo la enfermedad y los posibles rebrotes.
Por esto, cuando la tímida hierba de agosto, como dice el poeta, los vuelva a redimir de tanto dolor y desaliento, la sociedad en su conjunto deberá revalorizar su pertenencia y posición en el mundo. Ya sea en los vínculos con la naturaleza o con los amigos y familiares.
Situándose muy lejos de observarlos como débiles o irresponsables por haber sido considerados población de riesgo y, aun así, continuar deseando emociones conocidas o desconocidas con la torpe, libre y atrevida actitud que suele manifestarse a esa altura del partido.
La cuestión de las jubilaciones, en cambio, comprende distintos aspectos. En principio, cabe señalar que el régimen previsional engloba a seis millones de beneficiarios. Y que cuenta con recursos provenientes de los aportes de trabajadores, empleadores y autónomos y también del sector público, vía impuestos y rentas específicas.
Unos 50 mil millones de dólares contribuidos en forma pareja. Aunque los primeros tendrían que ser más cuantiosos. Es un esquema llamado de reparto asistido que funciona, a grandes rasgos, del mismo modo que en Alemania, España, Nueva Zelanda y otros países.
Su origen se remonta a las pensiones graciables que concedían los gobiernos patrios y a leyes que favorecieron en aquel tiempo a militares y magistrados. Pero el primer instituto específico se creó en 1904, con la caja de jubilaciones para los empleados estatales. Luego, con el correr de las décadas, hubo un notable crecimiento en la cobertura de los asalariados en blanco. Algunos hitos de esa etapa fueron la reciprocidad jubilatoria, la seguridad social con rango constitucional y la unificación de parámetros. Al igual que el acceso de las amas de casa y la organización del PAMI.
Mientras que en este siglo se destacan la restitución del régimen público, con la supresión de la gravosa capitalización individual implantada por el gobierno de Menem, y la movilidad de los ingresos establecida en 2008. Además de una sustancial incorporación de los trabajadores autónomos y no registrados mediante la pensión universal y un nuevo régimen para el personal de casas particulares. Y, sobre todo, a través de las moratorias de 2005 y 2014 para los que habían hecho cotizaciones esporádicas o insuficientes y se les permitió completarlas después.
Estas medidas, si bien pudieron ser mejor instrumentadas, verificando por caso la condición de algunos beneficiarios, resultaron una indudable ayuda para amplios sectores de menores recursos. Y, al mismo tiempo, permitieron atravesar el declive de los últimos años sin escenarios de anomia social.
Pero las crisis económicas y los vaivenes introducidos en su funcionamiento han ido menguando la eficacia del sistema. En particular, el nivel y la estabilidad de las prestaciones. Además de elevar su presupuesto hasta representar más de un tercio del gasto público nacional y un porcentaje significativo de su déficit. Y de mantener una brecha infamante entre jubilados que asumieron riesgos similares a lo largo de su trayectoria profesional: una diplomática o jueza percibe un retiro promedio veinticinco veces mayor que una argentina común.
Sería deseable entonces que el Congreso, una vez superada la pandemia, cumpla con el compromiso de restablecer una fórmula reparadora para actualizar los haberes. Y tomando en cuenta que Argentina tiene diez años por delante en los cuales la población en edad de trabajar será superior a la potencialmente inactiva, promueva un debate para definir la manera de aprovechar esta ventaja. Y para potenciar al sistema mediante el aumento de la recaudación previsional a través de recursos genuinos.
Alentando el trabajo decente, las contribuciones patronales y un manejo apropiado de los fondos de garantía. Además de un crecimiento que privilegie los empleos de calidad y la capacitación laboral.
Se trata, en suma, de una combinación de acciones que requieren un amplio consenso. Y, tal vez, un capítulo de un acuerdo global. De esta forma, la circunstancia de vivir más años podrá resultar, en el plano simbólico y material al menos, una noticia aceptable.
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