Cuando Celestino Rodrigo impulsó en 1975 las brutales reformas estructurales en la economía argentina, no sabía probablemente que los poderosos grupos oligárquicos aliados con el militarismo brutal, habían decidido ya que ése mismo plan base, destinado a la destrucción definitiva del industrialismo que sobrevivió al post peronismo, con miras a los cambios estructurales definitivos, no iba a poder concretarse, con las limitaciones formales de un Gobierno Democrático y Constitucional, sus Parlamentos, sus Partidos Políticos, sus organizaciones sociales, sus trabajadores encuadrados en Sindicatos y sus Jueces.-
Esa fue –entre otras– la razón medular del Golpe de Estado de Marzo del 76, que supo desde un principio que debería imponer una atroz represión y escarmiento social con fusilados, desaparecidos, exiliados, proscriptos, e intimidados, para forzar el ingreso de Argentina al nuevo ordenamiento del capitalismo financiero mundial.
El nuevo escenario de la dictadura impuso entonces: devaluaciones, liberación de precios, congelamientos salariales, caída de retenciones a exportaciones agrícolas, sanción del nuevo régimen de Inversiones extranjeras, apertura total de la economía, entrada y salida indiscriminada de capitales, liberación de las tasas de interés, comienzo del endeudamiento
externo, iniciación del proceso de desintegración industrial y financiarización de la economía dirigido a la fuga de capitales.- Todo ello como instrumentos indispensables para cambiar definitivamente todos los patrones de acumulación capitalista, de la mano del más feroz proceso de disciplinamiento social conocido hasta entonces.
Pero la clave del anclaje de esos mecanismos nuevos y fundacionales de la
dictadura, fue la efectiva y profunda apropiación que se hizo del propio Estado
para imponer el carácter de expropiatorio al salario de la clase trabajadora,
para que asumiera un nuevo rol en la estructura redistributiva, lo que significó
un brutal retroceso en la participación de los propios trabajadores en el
ingreso nacional que pasó del 45% en 1974 al 29% en 1983 y lógicamente una
inmensa transferencia de recursos a las nacientes fracciones de las clases
dominantes por una formidable redistribución regresiva del ingreso.
La recuperada democracia de 1983 recibió de esta manera, una estructura Estatal y un Orden Jurídico ajustados al funcionamiento de esos objetivos del neoliberalismo naciente.
Resulta oportuno entonces poder desentrañar cuál fue el comportamiento de esa Democracia, no solamente en la transformación de ese mismo Orden Jurídico heredado, sino además en los cambios de mecanismos para lograr una necesaria reversión de las consecuencias nefastas del enorme retroceso económico y social consolidado por la dictadura.
Podemos preguntarnos, por ejemplo, en relación a dos pilares fundacionales
del orden jurídico Argentino como son: la Ley de Contratos de Trabajo (1974)
y la Ley de Entidades Financieras (1977), cuál fue el desempeño de la
Democracia recuperada?
Las respuestas son decepcionantes: mientras la estructura legal del orden financiero heredado de la Dictadura está prácticamente intacto, ese monumento jurídico que cobijó a los trabajadores Argentinos desde 1974 que fue la LCT y que fuera descuartizada inmediatamente después del Golpe de Estado, no ha podido aún ser recuperado como fue pensado, siendo la misma Corte Suprema de Justicia de la Democracia la encargada de recortar y limitar de distintas formas los derechos de los trabajadores, como por ejemplo
prohibiendo para siempre indexar los créditos laborales -en una economía toda indexada- en una descarada transferencia de ingresos a las patronales de todos los niveles.
Ninguno de los gobiernos democráticos desde 1983, pudo (o pudo y no quiso)
revertir la estructura económica regresiva que garantizó la apropiación y
distribución inequitativa de la renta.- Aún hoy, con cualquier metodología que
se calcule, la participación de los asalariados está estancada en el 35% del
ingreso nacional.- Y aún hoy como en plena Dictadura, las tasas positivas de
interés multiplican las más variadas “bicicletas financieras”, alentadas desde
el propio Estado.
De todos los gobiernos de distintos signos que se sucedieron en Democracia
desde 1983, la mayoría se desinteresó por cambiar las matrices de apropiación de la renta dejadas por la dictadura y los que quizás quisieron intentarlo no lograron una construcción política que fuera suficiente para sustentar cambios estructurales hacia un país diferente.
Estas reflexiones interpelan antes que nada al Peronismo en su conjunto, si es
que sigue siendo heredero histórico del impulso de las transformaciones. Hoy, por ejemplo, de cara a la globalización de la Economía e involucrados involuntariamente en un mundo en guerra integral, debemos debatir a fondo si esa imperiosa necesidad de transformación se puede compadecer con la idea principal de solo exportar lo que se pueda para afrontar las restricciones externas, postergando la redistribución del ingreso.
Esa estrategia, donde los que menos tienen son los que más esperan, podrá
ser soportada por el pueblo argentino que produce, trabaja y vive de su
esfuerzo?
Quién puede convencer a las mayorías que existe un determinismo económico heredado y que la Democracia no puede transformar la realidad por la imposibilidad alegada de cambiar la líquida correlación de fuerzas y que por esa misma razón las dirigencias son solo Administradoras ocasionales de sus propias e insoportables pobrezas? Y hasta donde este derrotero de claudicaciones hace que las mayorías pierdan
peligrosamente su fe en el sistema Democrático?
Un Peronismo que conserve la esencia de su pasado debe persuadirse que el
desarmado de esa estructura de dependencia que prevalece desde 1976 no es
imposible y que está directamente relacionado con su propia capacidad de
acumulación de poder político, para ser fiel a su vieja historia.
Es una interpelación necesaria, pero que encuentres demasiados oídos sordos en las conducciones. Esto tal vez legítima la marcha hacía un plenario de conversaciones con asuntos importantes.
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