No se estabiliza el mercado cambiario, a pesar de la solvencia externa que significa haber cerrado un programa financiero sustentable con los acreedores privados y exhibir una balanza comercial con superávit abultado en el corriente año y en el próximo trienio, según reza en el proyecto de Presupuesto 2021 presentado ante el Congreso de la Nación.
En columnas pasadas señalábamos como inconsistencia del programa cambiario que el esfuerzo que significaba para la economía real la contracción de importaciones, impactadas por los efectos del virus global sobre la actividad, no se reflejaba en un crecimiento de las reservas internacionales. El superávit comercial acumulado en el período enero-agosto fue de u$s 10.984 millones (INDEC) y las reservas internacionales brutas se redujeron en igual lapso en u$s 2.075 millones (BCRA). Es decir, ha habido un drenaje total de divisas en los primeros ocho meses del año de u$s 13.059 millones, a pesar de haber reestructurado la deuda con el sector privado reduciendo la tasa de interés promedio del stock vigente del 7,2% al 3,1% y trasladado los vencimientos más pesados a partir del año 2025.
Con excedente comercial, sin servicios relevantes de deuda pública, cerrado el acceso al mercado mayorista para compra de divisas para atesoramiento y/o giro de utilidades y siendo la pérdida de divisas a través del mercado minorista en el período de u$s 3.977 millones, restan alrededor de u$s 9.000 millones que no reforzaron el nivel de reservas internacionales. La pregunta obligada entonces es: ¿qué provocó que el superávit comercial se diluya? No hemos encontrado cifras ni explicaciones oficiales precisas.
Uno de los motivos puede encontrarse en que el INDEC registra las exportaciones desde el momento del embarque y el Banco Central recién puede ver aumentadas sus reservas cuando el producido de la venta en el exterior se liquida en el mercado de cambios local. El plazo legal máximo entre el embarque y la obligación de ingresar las divisas es de 180 días, en exceso prolongado cuando los agentes económicos alientan expectativas de devaluación que instan a retrasar lo más posible la liquidación de las divisas por exportaciones realizadas. Tal vez el Gobierno en su inicio, y dado el grave desequilibrio de las cuentas externas recibido del macrismo, debió haberlo acortado.
El segundo motivo puede responder a las cancelaciones de deuda del sector privado con el exterior. El Banco Central cuenta en su página con una “publicación trimestral que expone y analiza la evolución de los pasivos externos del sector privado, con una apertura a nivel de los principales instrumentos de deuda (anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, pasivos por importaciones de bienes y servicios y deuda externa de carácter financiero)”, pero el último informe disponible es del Tercer Trimestre 2017. El balance cambiario indica una suba de pagos externos de carácter comercial que ronda los u$s. 5.000 millones en el período bajo análisis. Sin duda, los pagos de deuda privada comercial y financiera con el exterior deben haber constituido un factor relevante de egreso de moneda extranjera, porque fueron acotados significativamente con las últimas medidas cambiarias de septiembre. La regulación llegó, pero después de una pérdida de reservas internacionales relevante.
Las diferencias entre los números del INDEC que revelan el movimiento de bienes y servicios con el exterior y las divisas que fluctúan en mercado de cambios, que se registran en el balance cambiario del BCRA y que impactan en las reservas internacionales, no responden a meras conciliaciones contables entre lo devengado (INDEC) y lo efectivamente percibido (BCRA), sino que se trata de serios problemas regulatorios.
Al comentado plazo extendido de 180 días entre el embarque de una venta al exterior y la obligación de ingresar el efectivo producido al país, se agrega el aumento de stock de bienes importados y la cancelación de deudas financieras con el exterior, siendo conocido que la mayoría de las empresas que operan en forma relevante en el mercado internacional cuentan con capitales líquidos radicados en el exterior para afrontar esos compromisos sin necesidad de recurrir al mercado oficial de cambios nacional.
Demora en el ingreso de las divisas por exportaciones y aceleración de pagos comerciales y financieros con el exterior son claras maniobras de presión devaluacionista sobre el valor del tipo de cambio regulado por el BCRA. Por ende, el control de cambios resulta insuficiente sino se complementa con una adecuada administración del comercio exterior que incluya el seguimiento de la liquidación de exportaciones en plazos más acordes al funcionamiento de los mercados globales y las necesidades reales de importación en el marco del nivel de actividad, conjuntamente con la posición financiera internacional de los conglomerados que actúan en el sector externo.
También es de importancia mencionar que las dificultades para incrementar las reservas internacionales disponibles ocurrieron a lo largo del primer semestre del año, período en el que se exporta la mayor cantidad de cosecha, lo cual es en sí mismo preocupante. Aquí es necesario incorporar otra arista del flujo de divisas del comercio exterior compuesta por el grano cosechado y no exportado, que se encuentra almacenado, diferente al caso de los exportadores que habían embarcado la cosecha pero que, jugando con el plazo legal máximo para liquidar los dólares en el mercado local en perspectiva de un salto del tipo de cambio, retaceaban su ingreso.
El Gobierno ensayó un acuerdo, comentado profusamente la columna pasada, con el sector de las patronales agropecuarias más ligado a las manufacturas de origen agropecuario, premiando la exportación del grano retenido con una disminución moderada en los derechos de exportación en procura obtener un excedente líquido de dólares en el último trimestre del año de u$s 2.500 millones. Si bien es prematuro ponderar el resultado de corto plazo del entendimiento, el hecho que en simultáneo se haya anunciado a partir de esta semana una mayor volatilidad del tipo de cambio oficial en el mercado mayorista tiende a reforzar las expectativas devaluacionistas y, consecuentemente, se conspira con el esquema de exportación-liquidación que se pretende impulsar. Una inconsistencia evitable.
En la fase de renta financiera abultada, como ocurrió en el gobierno macrista, los agentes económicos más poderosos apuestan a la tasa de interés local alta y tipo de cambio estable para valorizar sus ganancias en pesos, convertirlas a dólares y sacarlas del país acumulando capital en el exterior. Cuando la oferta de dólares baratos proveniente del endeudamiento del Estado se acaba porque el Sector Público entra en quiebra, se ingresa en la fase que completa el ciclo del negocio, presionar para una mega-devaluación que deprecie el valor de los activos reales de la Argentina y entonces reingresar parte de los capitales fugados y comprar esos bienes concentrando aún más los mercados.
Las crisis de 1981/1982, 1989/1990, 2001/2002 y la desatada en 2018/2019 -amortiguada por el inédito desembolso de u$s 45.000 millones aportados por el FMI para asegurar un “fin de Gobierno suave” a Macri- son evidencia empírica de ese modo de hacer negocios. Ahora se ingresó en la fase de presionar por una fuerte devaluación y luego realizar la compra de activos depreciados por el salto del dólar.
Señalábamos en columnas anteriores que esta conducta rentista predatoria de una fracción del empresariado más poderoso concluiría por destruir a nuestra Nación. Con la gravedad que esta clase privilegiada ha comenzado a resquebrajar la democracia institucional y social con un discurso y con hechos con los que pretenden asumir el control de la Argentina asumiéndose como sus dueños.
Ahora bien, ese es un diagnóstico bastante conocido. La preocupación radica en los flancos que presenta nuestro gobierno nacional y popular frente a un ataque político y económico en cuanto a la virulencia prepotente de quienes se creen clase dominante. Las inconsistencias referidas que se expresan en la licuación de casi u$s 11.000 millones de excedente de la balanza comercial en el lapso enero-agosto es uno de los flancos más peligrosos que se pueden ofrecer.
Funcionar con sobrantes de comercio exterior abultados implica para una economía emergente límites a su desarrollo y se le impone a la generación contemporánea sacrificios que deben asegurarse como ahorro social. Si se permite su drenaje por la alcantarilla de la especulación, se tratará de un sacrificio inútil.
A modo de dimensionar en cifras lo dicho, el proyecto de Presupuesto 2021 contiene un saldo comercial favorable acumulado total para el trienio 2021/2023 de u$s 42.317 millones, una restricción significativa para una economía que necesita crecer. Esa cifra representa aproximadamente el 95% del capital adeudado al FMI.
El esfuerzo del pueblo argentino en la prolongada crisis provocada por el despliegue de la pandemia global, agravada además por la nefasta herencia del macrismo, debe atesorarse en las reservas internacionales del Banco Central para ser utilizadas en el futuro cercano como propulsoras de una vigorosa recuperación económica y alcanzar mayores grados de autonomía.
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