El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, ha asumido un rol de víctima sufriente por el recorte de recursos nacionales en favor de la Provincia de Buenos Aires, aduciendo que el mismo se debe a simples razones de hostilidad política.
La piedra del escándalo la constituye la recuperación por parte de la Nación del 1,18% de recursos coparticipados correspondientes a la distribución primaria cedidos en su oportunidad por el gobierno de Macri. La Nación, posteriormente, decide el traspaso de esos fondos a la Provincia de Buenos Aires para reparar parcialmente el déficit estructural que adolece el principal distrito del país.
La Ciudad de Buenos Aires proyecta para el 2021 un gasto público por habitante de $218.000 anuales, en tanto que en la Provincia de Buenos Aires la proyección para el año que viene arroja un desembolso de fondos estatales por habitante de $107.000.
Los números precedentes revelan que el anti-estatismo militante del Gobierno de la Ciudad y también de la masividad de los porteños que lo respaldan no constituye un impedimento para que dupliquen en gasto público “per cápita” a los bonaerenses.
El desequilibrio se profundiza singularmente cuando se evalúa el aspecto netamente municipal urbano de la inversión de recursos públicos. La Matanza es el principal distrito municipal del país, en el que viven 2 millones de personas y linda en su borde norte con la Capital. Este municipio apenas puede presupuestar una erogación de recursos públicos por habitante para el 2021 en torno a los $13.000 anuales.
La gravedad de esta última asimetría de recursos en un ejido urbano continuo pero separado por administraciones jurisdiccionales distintas explica las diferencias en el desarrollo del espacio público entre la CABA y La Matanza.
Los esfuerzos de este último distrito para sostener la urbanidad adquieren a veces características épicas frente a la abundancia de intervenciones estatales que se advierten en el norte de la ciudad Capital, aunque la distancia no supere los 30km.
¿Qué reclama entonces Larreta? Que se respete el Pacto de Olivos, que alumbró el acuerdo político Fiscal-Federal consagrado en la Constitución de 1994. En definitiva, una distribución de recursos coparticipables que consolide la debilidad estructural de la Provincia de Buenos Aires y fortalezca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
No por casualidad, dos veces en la historia sendos Jefes de Gobierno de la Ciudad, encabezando coaliciones anti-peronistas, derrotaron a Gobernadores peronistas de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien De la Rúa y Macri se disputan el podio del peor gobierno de la democracia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una pieza clave en el dispositivo de poder oligárquico, y Larreta imaginará que ha llegado su turno de tomar el cetro vacante.
Aunque la Ciudad fue históricamente relevante en la construcción del proyecto oligárquico, la perennidad de la democracia a partir de 1983 convenció a las élites de que necesitaban un distrito estrella desde donde deslumbrar al país y promover candidatos nacionales. La autonomía surgida del Pacto Alfonsín-Menem debe ser leída en ese sentido.
El expresidente Alfonsín pensaba de buena fe que el distrito porteño sería gobernado por una coalición de centroizquierda que se opondría al peronismo conservador del resto del país. De hecho, eso era lo que ocurría en la región en los 90’. Caído el Muro de Berlín y derruidos los relatos ideológicos vigentes en el siglo XX, la izquierda latinoamericana abordó la oferta eficiente de bienes públicos (salud, educación, transporte, espacio urbano) como medio de construcción política. La ciudad de Buenos Aires no fue la excepción y Aníbal Ibarra liderando una coalición popular y progresista derrotó a dos emblemas de la derecha: a Cavallo en el 2000 y a Macri en el 2003.
El siglo XXI trajo cambios internacionales de fuerte impacto en Suramérica y la oligarquía en retirada decidió optimizar los acuerdos de Olivos y parapetarse en la Ciudad de Buenos Aires, derrocó a Ibarra y se apresuró a entronizar Macri en el 2007. El resto es historia conocida.
Larreta se ha dedicado a consolidar la Capital como centro financiero y de servicios, potenciando la enorme renta inmobiliaria del distrito con el remate de tierras públicas en la costa del río. Desde esa vidriera tiende la mano al sector primario agropecuario, minero y energético, renovando la alianza tradicional que sustenta al anti-peronismo. Esa mano tendida sortea al incómodo conurbano peronista.
El gran Buenos Aires ha sido esquilmado en recursos fiscales como se describió, pero también agredido en su base productiva constituida por el modelo industrial.
Quien ha comprendido desde el comienzo este perverso juego oligárquico, ha sido el gobernador Axel Kicillof, accionando para romper “la inviabilidad de la Provincia de Buenos Aires” decretada por las élites. El reclamo y la recuperación de los recursos de origen nacional que corresponden, el aumento -fuertemente resistido- de los recursos de origen provincial y la proyección de un relevante programa de obra pública para el año próximo son jalones de un cambio estructural pero imprescindible de la relación de la Provincia con la Nación y también con la Ciudad.
Estamos en el inicio de la pulseada y el escenario recurrente de gobernadores bonaerenses débiles y jefes de gobierno “brillantes” tiene que concluir definitivamente.
La ciudad de Buenos Aires debe ser un centro financiero y de servicios, pero para un Área Metropolitana industrial, y el interior de la Provincia de Buenos Aires debe manufacturar los recursos primarios para anclar habitantes en su territorio. Ni la renta agropecuaria primaria bonaerense, ni la renta inmobiliaria porteña pueden seguir expulsando población a un Área Metropolitana sin industrias y sin recursos fiscales.
Es hora de que la dirigencia política del conurbano se ponga al frente de su pueblo empobrecido y acompañen al gobernador para producir la transformación que supere este modelo agotado, pendular e inviable.
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