La 81° Asamblea General de las Naciones Unidas dejó pocas dudas respecto de una realidad: los países de América Latina y el Caribe han vuelto a ocupar un lugar destacado en la política internacional. La comparación entre los discursos pronunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, respectivamente, revela un clima de creciente tensión en las relaciones interamericanas. La expansión sostenida de la política de “securitización” de las Américas impulsada por Estados Unidos ha llevado a la región hacia una etapa signada por un enfoque cada vez más militarizado, a tal punto que la región se ha transformado en un laboratorio de control.
El discurso de Trump ante la ONU quedará como una de las expresiones más implacables de su manera de aproximarse a América Latina y el Caribe. Según el presidente estadounidense, las operaciones militares de su país se desarrollan en una región dominada por “pandillas despiadadas y cárteles de la droga sedientos de sangre”, desestabilizada por la “migración descontrolada” e infiltrada por “adversarios extranjeros hostiles, extranjeros enfermos y dementes”. Al equiparar a los narcotraficantes con “el ISIS del hemisferio occidental”, Trump legitimó una lógica de guerra que abre la puerta a intervenciones armadas y a otras acciones que prescinden de las normas vigentes del derecho internacional.
Para que no queden dudas del proyecto en ciernes, el 22 de septiembre, en el marco de las alocuciones en la ONU en New York, el Departamento de Estado en Washington D.C. anunciaba uno de los alcances nunca antes aclarado del llamado Escudo de las Américas creado en marzo de 2026. En efecto, el comunicado dice explícitamente: “Con el fin de facilitar estos objetivos (los del Escudo), tenemos la intención de suscribir conjuntamente una solicitud formal al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, solicitando la celebración de una reunión de consulta para decidir sobre el establecimiento de un Órgano de Consulta en virtud de los Artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Una vez convocada formalmente la reunión del Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial con el propósito de considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río. Los Estados que participan en el Escudo y que actualmente no son partes en el Tratado de Río declaran su apoyo a esta iniciativa”.
Hasta antes de los discursos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Estados Unidos había desplegado de forma unilateral y agresiva su músculo militar en el continente. Entre ellas se cuentan las ejecuciones extrajudiciales de 234 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025; la invasión militar de Venezuela a comienzos de 2026; la amenaza recurrente de utilizar la fuerza contra Cuba; y una eventual toma del control del Canal de Panamá. A esto se suma la deportación masiva de latinoamericanos y otros inmigrantes y solicitantes de asilo del Caribe, así como el uso de los aranceles como instrumento de presión y chantaje a lo largo de las Américas. El anuncio del 22 de septiembre apunta, sin duda, a “colectivizar” eventuales acciones militares en la región con la venia elocuente de los 15 miembros del Escudo. Lo que comenzó como una iniciativa —no un tratado con valor jurídico— para luchar contra el llamado ”narcoterrorismo” y los “actores malignos” como China, se ha ido transformando en un compromiso político dispuesto a dejar de lado la OEA y la ONU.
Por su parte, el discurso de Lula, en cambio, puso de manifiesto hasta qué punto las dimensiones doméstica y mundial se encuentran hoy entrelazadas para Brasil. De cara a unas elecciones altamente competitivas previstas para el 4 de octubre, el presidente brasileño se dirigió simultáneamente a tres públicos: a las renovadas amenazas de injerencia de Estados Unidos, al electorado brasileño, y a los actores estatales y no estatales internacionales que comparten sus posiciones.
Al advertir que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, Lula cuestionó las motivaciones detrás de la coalición en torno al Escudo de las Américas, impulsada por Washington, y la presentó como un instrumento de intervención de facto en los asuntos de seguridad brasileños. Desde su lanzamiento en marzo pasado, la iniciativa se ha convertido en el principal instrumento destinado a otorgar legitimidad a la ofensiva liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado en el continente. Tras el discurso de Trump ante la ONU, los países latinoamericanos miembros de la iniciativa y Estados Unidos declararon a 24 cárteles regionales, pandillas carcelarias y grupos dedicados al narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por su sigla en inglés). Entre ellas se incluyeron organizaciones del crimen organizado brasileño. Además de abrir un nuevo espacio para la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países del continente, el Escudo proporciona argumentos y herramientas políticas a las fuerzas de derecha de la región. En esencia, la intención ideológica es promover y validar una batalla cultural en Latinoamérica que facilite la consolidación de un designio reaccionario.
Ante la ONU, Lula reafirmó su defensa de la soberanía nacional y manifestó una profunda preocupación por las recientes maniobras del Comando Sur de Estados Unidos en la región: “No necesitamos portaaviones que vigilen nuestras aguas”. El presidente también advirtió sobre los peligros existenciales que enfrenta Naciones Unidas y subrayó que “su credibilidad nunca ha sido tan baja”.
Brasil participa, asimismo, del esfuerzo iniciado recientemente junto con Canadá, Kenia y el Consejo Europeo para crear la coalición Partners for Multilateralism (P4M). La iniciativa reivindica el pluralismo político y el respeto por la soberanía como principios indispensables para preservar y fortalecer la paz y la cooperación internacionales.
El discurso de Milei, en cambio, se situó en las antípodas de esta perspectiva. Según él, la ONU se convirtió en “una organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados, quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos (pero) fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional”. Al parecer, en su criterio, la ONU y no las guerras iniciadas por los estados, así como el avance de virulentos grupos fundamentalistas serían, en su criterio, los responsables de los múltiples focos de conflicto, fanatismo e inestabilidad.
Lejos de reivindicar la diversificación de las relaciones internacionales en una época caracterizada por una creciente y compleja multipolaridad y de buscar una mayor autonomía e independencia relativa, como ha procurado hacer Lula durante su actual mandato, Milei afirmó de manera explícita que la Argentina ha decidido alinearse, “sin ambigüedades” con el mundo occidental. Pero solo mencionó dos actores: Estados Unidos e Israel, como si ese dúo fuese la expresión plena y única de Occidente. De acuerdo al presidente argentino, la opción por esos dos países se debe a que con ellos comparte “una profunda afinidad de valores y complementariedad estratégica” A lo que añadió dos menciones elogiosas de Trump. En términos generales, el discurso de Milei volvió a poner en primer plano su filosofía ultra libertaria: anti-regulación y repudio a la intervención estatal, libertad económica absoluta, descreimiento del multilateralismo, estrecha sintonía con las retóricas de los gobiernos de extrema derecha, y un claro seguimiento de Estados Unidos.
Más allá de poner en evidencia la distancia elocuente entre Brasilia y Buenos Aires, la 81° Asamblea General de Naciones Unidas permitió observar cómo funciona actualmente la dinámica triangular Estados Unidos-Brasil-Argentina bajo la administración Trump. Desde el retorno de la democracia en América del Sur durante la década de 1980, el papel conjunto de Brasil y Argentina —incluso en períodos de orientaciones políticas divergentes— se convirtió en un componente fundamental de la estabilidad regional. Ambos países fueron, además, motores de la integración regional y del multilateralismo, defensores del derecho internacional y promotores de las normas democráticas en el área.
En 1986, Brasil y Argentina trabajaron conjuntamente para transformar el Atlántico Sur mediante la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS), una iniciativa integrada por 24 países sudamericanos y africanos cuyo objetivo era evitar la proliferación nuclear y prevenir conflictos. Cinco años después, en 1991, ambos países alcanzaron un acuerdo nuclear sin precedentes entre naciones del Sur Global: la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares. Hasta la fecha, en el mundo, es el único acuerdo, avalado por la Organización Internacional de Energía Atómica, en cuanto al uso pacífico de la energía nuclear.
Durante más de cuatro décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses —tanto republicanas como demócratas— tendieron, en términos generales, a coincidir con estos valores y esfuerzos. También alentaron la coexistencia entre los países de la región y destacaron la importancia de la democracia en el área. El actual gobierno en Washington, en cambio, favorece —sea o no exprofeso— una mayor polarización política en la región. En consecuencia, el corolario es una paulatina inestabilidad interestatal en América del Sur, acompañadas de enfoques militarizados en el ámbito doméstico.
En este contexto, la política exterior de Milei, caracterizada por una postura particularmente confrontativa y por su respaldo abierto al senador Flavio Bolsonaro de cara a las próximas elecciones presidenciales, ha contribuido a reforzar el intervencionismo político estadounidense en Brasil. Washington, en tanto gran potencia, siempre ha contado con incentivos positivos y negativos para relacionarse tanto con Buenos Aires como con Brasilia. En determinados períodos, incluso, los vínculos entre Argentina y Brasil fueron especialmente estrechos y contaron con el estímulo de Estados Unidos.
Durante varios lustros, ninguno de los dos países suramericanos concibió su relación con el otro como un juego de suma cero. Sin embargo, eso parece ser algo del pasado. Por primera vez, Washington y Buenos Aires, bajo Trump y Milei respectivamente, están actuando de manera coordinada frente al presidente democráticamente elegido de Brasil: ese no fue el caso entre Estados Unidos (Barack Obama) y la Argentina (Mauricio Macri) respecto al gobierno de Dilma Rousseff ni entre Estados Unidos (George Bush) y Brasil (Fernando Henrique Cardoso) respecto al gobierno de Fernando de la Rúa. Las afinidades y disimilitudes ideológicas entre las partes se combinan con intereses concretos. A diferencia de la Argentina, el gobierno brasileño mantiene una posición firme en defensa de la soberanía nacional en ámbitos como la inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas y los recursos naturales estratégicos. La Argentina de Milei escogió, reduciendo de hecho su capacidad de decisión, una opción estratégica orientada por el plegamiento total a Estados Unidos y el distanciamiento de Beijing, mientras el Brasil actual optó por la diversificación internacional y una relación cercana con China. Milei descree del multilateralismo; Lula procura regenerar el multilateralismo. Brasil ha procurado revitalizar CELAC, la Argentina ha obstaculizarlo.
En este contexto, las actuales distancias entre las políticas exteriores de Brasil y Argentina adquieren una dimensión potencialmente desestabilizadora. En definitiva, estamos ante tensiones sin precedentes en el continente, cuyas repercusiones podrían afectar seriamente el futuro político de América Latina, en general, y el vínculo entre Brasil y Argentina durante los próximos años. Ciertamente, asistimos a una dinámica triangular inquietante entre Estados Unidos, la Argentina y Brasil.
