Se cumplen sesenta años de la publicación de uno de los libros de sociología más reconocidos e influyentes en Estados Unidos y a nivel internacional: “La élite del poder” de C. Wright Mills. Una de las cuestiones principales que aborda ese texto es la de la “metafísica militar”.
Para el autor, el liderazgo político, castrense y empresarial comparte una visión de los asuntos internacionales en clave de amenaza bélica persistente; la cual requiere de las fuerzas armadas y del castigo como el medio indispensable para hacerle frente.
De allí el perpetuo estado de “emergencia” para confrontar los distintos retos a la “seguridad nacional”. Así, el país debería prepararse permanentemente para guerras de diverso tipo. Se trata de un mapa cognitivo y un sistema de ideas que ordena la política y la sociedad a nivel doméstico y que moldea, en el plano externo, el comportamiento de Washington.
Con la segunda presidencia de Donald Trump la metafísica militar se ha exacerbado: ha sido históricamente un hilo conductor de administraciones de diferente origen partidista, pero hoy adquiere, para los tomadores de decisión en el gobierno y en el mundo de los poderosos vendedores de armamento y las grandes compañías tecnológicas, una centralidad excepcional. Como afirmaba Bertolt Brecht, “la propia guerra es un negocio, incluso aquellas que se pierden”.
Frente a América Latina y el Caribe, sobresale lo que en noviembre de 2025 el Conversatorio Latinoamericano (consorcio conformado por cuatro universidades de la región) llamó la “hipersecuritización”.
Se trata de la intención, por parte de Estados Unidos, de capturar, subyugar y exhibir a la región como espacio de experimentación de su capacidad de uso de la fuerza y de dominación. Muy atrás en el tiempo quedó la tentación de recuperar la hegemonía; ahora se trata de imponer un modo de subordinación.
Una singularidad del mandato de Trump II es que del dicho al hecho hay solo un trecho. Las evidencias son elocuentes. El mandatario anunció su voluntad de recuperar el Canal de Panamá y el gobierno panameño ha cedido en prácticamente todo ante exigencias y chantajes.
Señaló que el petróleo de Venezuela le pertenecía y bombardeó ese país y extrajo a su presidente para someterlo a juicio en EE. UU., mientras ha obtenido del gobierno interino mucho de lo que ha exigido. Advirtió que buscaría incrementar el bloqueo a Cuba y ha cercado la isla mediante una política de máxima asfixia material y energética. A su vez, el Pentágono no descartó una acción militar contra el gobierno cubano.
Declaró que un presunto contubernio foráneo entre narcotraficantes y terroristas –el llamado narco-terrorismo– constituía un peligro inminente para Estados Unidos y en septiembre de 2025 comenzó una serie de ejecuciones extra-judiciales, a cargo del US Southern Command y mediante bombas y misiles, en el Caribe y el Pacífico, que a la fecha ha provocado 221 muertes.
Ya en diciembre del año pasado activó un nuevo comando para la región: el US Army Western Hemisphere Command. Desde marzo de este año, fuerzas especiales estadounidenses acompañan con logística e inteligencia a militares de Ecuador en tareas contra el narcotráfico. En mayo, otro acuerdo de cooperación anti-drogas se firmó con Guatemala. Recientemente el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Medellín sería sede del llamado Escudo de las Américas patrocinado por Washington.
En junio, a través de un ataque llevado a cabo por el Comando Sur, se dio de baja en Venezuela al líder del denominado Tren de Aragua. Este rediseño de la “guerra contra las drogas” ha mostrado –como en el pasado– ser un fiasco.
Una investigación de The Atlantic del 6 de julio, otra de Breaking Defense del 21 de julio y, adicionalmente, una del Washington Post del 28 de julio, y con base en entrevistas con funcionarios del gobierno, entre otros, muestra que entre septiembre y octubre de 2025 hubo una interrupción temporal del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, acompañado de un incremento del precio de la cocaína y de la violencia asociada.
Rápidamente hubo una readecuación de rutas y tácticas por parte de los narcotraficantes a tal punto que no se redujo la llegada de drogas a ciudades estadounidenses. A su vez, las muertes por sobredosis viene descendiendo por tercer año consecutivo, según el National Center for Health Statistics. La nueva cruzada contra las drogas apunta, evidentemente, a disciplinar a América Latina.
Paralelamente, y a pesar del notable aporte de los extranjeros al país, la “guerra contra los migrantes” no cesa. De los aproximadamente 590.000 deportados entre enero de 2025 y julio de 2026, la mayoría ha sido de latinoamericanos.
En el marco de un proceso interno de des-industrialización y de pérdida de competitividad internacional ante China, Trump ha reforzado una “guerra comercial” imponiendo aranceles: 180 países y territorios han sido objeto de esa acción abusiva. A 32 naciones de América Latina y el Caribe se le aplicaron aranceles. Respecto a Beijing, EE.UU. ha desplegado también en el área una “guerra tecnológica” y una “guerra por recursos estratégicos”.
En resumen, la región es epicentro de una superposición de guerras que, sin duda, incrementará la inestabilidad, la vulnerabilidad, la polarización y la dependencia. En realidad, asistimos, sin reacción alguna, a una versión extrema de la metafísica militar.
