La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue creada en el año 1996 a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas (rebautizada Dirección General de Aduanas) a través del Decreto 1156/96, que le otorgó el carácter de entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación, con misiones y funciones específicas y determinadas en el control de la evasión fiscal y aduanera.
Y es ese el principal objetivo de su transformación en una mera agencia de recaudación, para que los funcionarios tengan menos responsabilidad y no se los acuse de negligencia en la administración de la cosa pública, para evitar así tener que rendir cuentas en los tribunales de justicia
La AFIP actual cuenta con 21.829 empleados, con 73 agencias, 59 aduanas y 154 pasos fronterizos a lo largo de todo el país, y su eficacia es nula, fiscalizan a los pequeños contribuyentes y a los monotributistas y con ciertos límites, pero no cuestionan a los que tiene fuertes apoderados, esencialmente vinculados a los grandes estudios jurídicos e impositivos que son los que nombran a sus principales funcionarios. Paralelamente, la evasión aduanera se calcula en miles de millones de dólares por año.
La Administradora General de la AFIP y también del nuevo organismo que reemplace a la AFIP [1], la abogada Florencia Misrahi, es socia del estudio Lisicki & Litvin, y trabajó durante 15 años en la empresa Cargill, en donde llegó a estar a cargo del departamento de impuestos con responsabilidades en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. A su vez el estudio Lisicki & Litvin, es uno de los principales asesores impositivos en Argentina y Paraguay.
También, el 21 de octubre 2024 cuando se comunicó el fin de la AFIP, se informó que el nuevo títular de la DGI (Dirección General Impositiva), será Andrés Gerardo Vázquez, quien ingresó en la AFIP en 1997 (un año después de su creación), que fue haciendo carrera para ser director de Inteligencia Fiscal y director regional. Colaborador estrecho de Ricardo Echegaray, encabezó un operativo con más de 200 inspectores en las oficinas del diario Clarín, el 10 de septiembre de 2009, que incluyó a las oficinas en Buenos Aires y Córdoba, y la visita a los domicilios particulares de directivos de la empresa. En ese momento, el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se desentendió del operativo, del que dijo que se enteró por Internet [2]. Respuesta tan creíble como la de Paolo Rocca que acusado de pago de coimas dijo que lo habían realizado sus empleados Luis Betnaza y Héctor Zabaleta [3] y que se había enterado por los diarios.
En el año 2011, el fiscal federal Federico Delgado solicitó la indagatoria de Andrés Gerardo Vázquez en una causa en la que se investigaba la transferencia de 461.000 dólares a cuentas en Suiza y Luxemburgo a través de una “cueva financiera” del BNP Paribas, sin declarar [4].
Como nuevo Director General de la Dirección General de Aduanas, se nombra a José Andrés Velis, quién ya estaba jubilado y viviendo en la República de Paraguay. Como supuestamente es experto en controles por sistemas informáticos de inteligencia, supervisará la adopción de nuevos mecanismos de control de evasión aduanera. Cuando el gobierno retrasa el tipo de cambio, el país pasa a ser más caro en dólares y ello favorece reemplazar la producción local por mercaderias extranjeras. Si además reduce los aranceles, hace cierta la frase del actual Presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, de que en el hundimiento del Titanic, “no había botes para todos”. En 1976, Funes fue como abogado laboralista en representación del gobierno de Jorge Rafael Videla a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Funes de Rioja es socio del estudio Bruchou & Funes de Rioja. Con el regreso de José Velis, obtiene pleno poder en la Dirección General de Aduanas. Por eso sabemos que los botes no son para todos. De paso recordemos que Liban Kusa es socio del Departamento de Impuestos del estudio Bruchou & Funes de Rioja, especializándose en temas tributarios, principalmente en el área contencioso administrativo, y que en su computadora personal en ese estudio se hizo el proyecto y las modificaciones en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación a la ley 27.743 denominada “Medidas fiscales paliativas y relevantes”. Esto genera un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social.
A su vez, los fondos blanqueados por la ley 27.743, al mantenerse en el sistema, permiten a los bancos ampliar su capacidad de crédito, especialmente para las empresas importadoras.
La segunda línea, responsable de la desaparición (sin pena ni gloria) de la AFIP, está conformada por funcionarios nombrados por los dos estudios mencionados (Lisicki & Litvin, y Bruchou & Funes de Rioja), más los estudios Marval, O Farell &Mairal[5] y KPMG[6] y básicamente cumplieron esa función:
Marcelo Costa, quien asumió en octubre de 2018 la DGI bajo las órdenes del entonces administrador federal Leandro Cuccioli [7], puesto al que luego renunció en diciembre de 2019, y volvió a la planta permanente (Disposición 47/2020 firmada por Mercedes Marcó del Pont) en febrero de 2020. También participan en el cambio de estructura el entonces subdirector de Recaudación, Sebastián Paladino (planta permanente, Disposición 488/2019) y el subdirector general de Fiscalización, Sergio Rufail (Disposición 36/2020), junto con la ex subdirectora de Técnico Legal que hoy ocupa el cargo de director de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera en la DGA, Gladys Morando, a quién se la señala como la autora de la reforma del Código Aduanero del Decreto 70/2023 y estuvo presente en el anuncio de desregulación del comercio con el fin de los valores criterios y de la exigencia de la estampilla para importados (Fuente “El Cronista”) [8].
Por quien canta la Zumaya
En su “Romance de la Luna, Luna”, Federico García Lorca se refiere a la muerte de un niño gitano al que le llora la Zumaya, que es un ave que canta a la noche [9].
Lo mismo podriamos decir del gobierno de Alberto Fernández, en lo económico fue la continuación del gobierno de Cambiemos, tal vez lo demuestra mejor que nada la AFIP, un super organismo que no sirvió para nada.
En el gobierno de Cambiemos se incrementa la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones de dólares es con el FMI. En forma sistemática se fugan unos 86.200 millones, y las empresas que compraron esos dólares en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables (evasión y fuga) fácilmente verificable con estudiar sus estados contables. El BCRA publica el “Informe del Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” con fecha 20 de mayo de 2020. El Cohete a la Luna, cuatro días más tarde, da los nombres de las 100 empresas que más divisas compraron en ese lapso, por un total de 24.679 millones de dólares, en la nota “Los 100 de Macri” y una semana después, las 100 personas físicas que más dólares adquirieron en el período 2015-2019 en la nota “Ahora las personas”.
Dada la sospecha fundada de evasión fiscal, la AFIP en cumplimiento de sus misiones y funciones debería haber investigado los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo debería haber fiscalizado los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias —nacionales y/o offshore— estaban esas tenencias.
Igual con el “blanqueo” que al 30 de septiembre 2024 superó los 12.000 millones de dólares y se infiere que esa suma será mayor con las exteriorizaciones de activos hasta el 31 de octubre. La AFIP debió haber impedido que ese capital ahora exteriorizado se fugara del circuito económico; se trata de riqueza generada en el país y que no pagó, (ni paga) impuestos. En la Argentina de Milei los impuestos al consumo (principalmente IVA en la Nación e Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias) representan el 75% del total de impuestos percibidos; el 21% corresponde al gravamen a la actividad (Impuesto a las Ganancias y otros) y solo el 4% a la propiedad (Bienes personales en Nación, e inmobiliario, patente, sellos, transmisión gratuita de bienes en las provincias). En los paises desarrollados en cambio, es un tercio al consumo, un tercio a la actividad y un tercio a la propiedad.
Por eso es que la población se muestra indiferente y hasta apoya su eliminación cuando le dicen que los altos funcionarios recibían un plus por la “Cuenta de Jerarquización”, un beneficio que les permitía recibir salarios notablemente superiores al promedio estatal [10]. Con esta reforma, por ejemplo, la jefa de AFIP y de la futura Agencia Nacional de Recaudación, Florencia Misrahi, verá reducido su sueldo, que rondaba los $30 millones mensuales, a aproximadamente $5 millones, equiparándose con el salario de un ministro. Cuando el salario mínimo vital y móvil de octubre 2024 es de $271.571,22 y el salario promedio mensual debe ser tres veces esa suma.
Como sigue la historia
La connivencia entre los gobiernos de Cambiemos, de Alberto Fernández y de Milei explica el actual estado de situación. Conforman un mismo proyecto, el modelo extractivista y financiero exportador, donde las grandes empresas (patrocinadas por los grandes estudios) avanzan a “paso redoblado”.
La prueba palpable es que el gobierno que se basa en la no investigación del endeudamiento y que, lo incrementa sideralmente tomando deuda a diestra y siniestra, donde los acreedores saben que van a cobrar con las abundantes riquezas naturales del país (petróleo, gas, oro, cobre, litio, minerales raros, agua y agua pesada, etc), ahora, coloca título de deuda en pesos, a tasa fija, con intereses que se capitalizan y pagan a su vencimiento.
En octubre de 2024 la Secretaría de Finanzas de la Nación colocó LECAP —Letras Capitalizables en pesos— (S31E5) a 109 días a 3,65% mensual; LECAP (S28A5) a 196 días a 3,75%; LECAP con vencimiento el 30 de mayo de 2025 (S30Y5 – reapertura); y LECAP (S15G5 – nueva) con vencimiento el 15 de agosto de 2025.
Y por primera vez, licita los Boncaps (bonos del Tesoro capitalizable en pesos, similar a las Lecaps, pero con plazos superiores al año): BONCAP con vencimiento el 17 de octubre de 2025, y BONCAP con vencimiento el 15 de diciembre de 2025.
Endeduan al país para beneficio de una minoría parasitaria y rentista, y lo pagaremos con los recursos naturales que le pertenecen a todos los argentinos de ésta y de las futuras generaciones.
