El gigante ya no está invertebrado, está creciendo desde el pie. Porque el gigante nunca fue miope, a pesar de los burócratas políticos que muestran su tozudez para rectificar los aciertos y confirmar los errores. Pero el gigante no es miope, el gigante sabe que los rusos y los yanquis reconocen a la libertadora, pero Villa Manuelita NO.
Se está reparando el resultado de la insensatez de los miopes que insisten en sentarse arriba de la grieta, de los contertulios de la oligarquía que creían que las hienas podían saciarse. Porque en nuestro peronismo la lucidez está siempre en las bases.
En esta reconstitución, en este encuentro de miradas y abrazos que se proyectan al infinito, es mucho lo que debemos a la soberbia mediocre e infatuada de ese Poder Judicial que dio una lección obscena de su ignorante superioridad autopercibida. El no-alegato de Luciani y sus tres toneladas de prueba fue una exposición pedagógica de la grosería del lawfare, de su mendicidad (y mendacidad) intelectual.
El alegato es el escrito que hace mérito de la prueba. Estima que han concurrido determinados hechos que hacen a la configuración de una conducta típica, antijurídica y culpable. La remisión a las tres toneladas sin invocación concreta es equivalente a decir que en algún lugar del universo se encuentra la clave de la culpabilidad. Menos aún es admisible que se pretenda introducir prueba en el transcurso del alegato y más aún que un tribunal la admita.
Finalmente, el esfuerzo por agraciarse con sus mandantes, lo hizo sobreactuar la función de acusador, como si fuera el abogado de la querella y no como fiscal, como defensor del orden público. Dio así razón a todas las causas por las que fue recusado y que un mínimo de decoro y delicadeza hubiera exigido que se inhibiera.
Su invocación a las obras que no se hicieron (y estaban hechas), a las obras que negó que estuvieran autorizadas por el Congreso (y lo estaban) sólo encuentra parangón en la aventura del adelantado Rodrigo Díaz de Carreras que fundó la ciudad de Caracas en el centro mismo de la ciudad de Caracas que ya estaba fundada (y él no la vio).
En cuanto a la antijuricidad de readecuación de precios por diferencia de costos acreditados, es un ítem común en toda la obra pública de todos los gobiernos. Sólo quien jamás se interesó en conocer como funciona realmente la obra pública puede proferir semejante desatino. Luego habló de los perjuicios de la paralización de las obras públicas, justamente una de las “virtudes” emblemáticas del gobierno de Macri con el sambenito de la corrupción.
Cuando no se indica la irregularidad concreta, cuando el fundamento de la acusación es la “libre convicción”, cuando se invoca una asociación ilícita sin probar ningún delito concreto y equipara la voluntad de delinquir con el triunfo legítimo de un gobierno popular, lo que queda claro es que no se está cuestionando una obra pública o un grupo de ellas. Lo que pretende cuestionar Luciani es un plan federal estratégico con intereses adversos al de su ideología política o, de modo más materialista, al interés concreto de sus sostenedores.
Lo que se pone en juicio es un proyecto de país y el lawfare muestra su verdad como aparato terrorista para que cada militante, cada funcionario de un gobierno popular sienta una condena ominosa, un temor que no tiene contornos, al tocar algún interés sagrado de la oligarquía. Lo que está en juego es un proyecto nacional y popular.
El simbolismo de los doce años de prisión, uno por cada año en que la oligarquía sintió que le robaban el país del que se creen los dueños y, sobre todo, el pedido de inhibición perpetua pone de resalto la finalidad terrorista de la que antes hablé.
Es que la inhabilitación para ejercer cargos electivos no es una prohibición dirigida a un reo, es una condena de proscripción impuesta a todo un Pueblo. A quien se está inhabilitando es al propio cuerpo electoral, como sucedió en los 18 años de condena al Pueblo para que no pueda elegir a Perón, Único Mandatario Argentino (PUMA), como dijera un compañero imprescindible de Santiago del Estero. Como sucedió con Lula, como sucede con Rafael Correa.
Prohibir votar a los pueblos es proscribir la democracia en nombre de un falso republicanismo. Porque República no es un nombre que sirva de tapadera a los oligarcas. República supone hacer de cada habitante de nuestro suelo un ciudadano y no un súbdito. Y sólo se puede ser ciudadano cuando el estado garantiza las condiciones materiales que permiten perseverar en el ser. Ser súbdito es ser trabajador sin protección contra el despido arbitrario. Porque cuando se puede privar por decisión de quien tiene el poder de mando las condiciones de acceso a la subsistencia, hay una amenaza de muerte que pende sobre el sometido a ese poder. Y entonces ya no hay ciudadanos sino súbditos, porque ante la amenaza de muerte, la dignidad pasa a ser un objeto sólo al alcance de los héroes.
Trabajé como juez durante 32 años y el pueblo argentino nunca tuvo el mal gusto de elegirme. Hace falta mucha infatuación para invocar el nombre del Pueblo cuando nadie lo ha votado. Pero este es el fruto de la creencia de los jueces en que son un poder destinado para evitar que los poderes elegidos por el pueblo afecten los derechos de las minorías. Fórmula que debemos a Madison en El Federalista a quien se hace pasar como intérprete legítimo de la constitución norteamericana cuando El Federalista es la expresión de las minorías oligárquicas contra el Partido Republicano dirigido por el presidente Thomas Jefferson. Y con esa falacia se forman los aspirantes a jueces y se insufla ese aire de superioridad.
Si realmente queremos República y Democracia, debemos decir: Señores Jueces, NUNCA MÁS un poder judicial puede pretender colocarse por encima de la voluntad y la elección del Soberano.
