La crisis salarial de la Policía Bonaerense exhibió comportamientos espeluznantes similares a los vividos la semana pasada en el Congreso, pero esta vez el blanco de las demostraciones antidemocráticas fueron las residencias oficiales del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y del Presidente de la Nación, que recibieron la visita -el primero en horas de la madrugada- de agentes uniformados y armados requiriendo el aumento de sus remuneraciones mezclado con consignas políticas opositoras.
La columna pasada comentamos con preocupación, por el riesgo institucional que conlleva, las amenazas de muerte recibidas por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio de sus funciones, en tanto en las calles grupos de exaltados apedreaban el Congreso. Esta semana fueron las ya referidas presencias armadas en las residencias de las principales autoridades constitucionales de la Argentina.
El agolpamiento ominoso de imágenes antidemocráticas no alcanza para conformar la idea de una conspiración en marcha, pero sí evidencia que la elite oligárquica desconfía crecientemente de la conveniencia de aceptar el veredicto de las urnas tal como el pueblo lo pronuncie con su voto.
El enfrentamiento histórico que la oligarquía sostiene contra el peronismo, por considerarlo un freno a la consolidación definitiva del proyecto liberal-conservador, ha cobrado intensidad en los años recientes por la resiliencia que muestra el movimiento popular para sostener la pulseada.
Uno de los picos del conflicto fue la derrota infligida al primer gobierno de Cristina con el voto “no positivo” al proyecto de derechos de exportación móviles en el año 2008, que significó la transferencia de u$s7.600 millones a los rentistas agropecuarios en los siguientes cinco años mientras subía el precio de la tonelada de soja. Consecuencia inmediata de esa batalla fue la derrota en las elecciones legislativas de 2009 que dejó al bloque oficialista en minoría en la Cámara de Diputados. El fin de la experiencia kirchnerista parecía seguro. Sin embargo, el enorme liderazgo de Cristina para afrontar la tragedia de la partida de Néstor que la enlutaba tanto a ella como a buena parte del pueblo argentino, aunada al programa económico aplicado por el entonces ministro de Economía Amado Boudou para superar el impacto de la crisis financiera internacional que arrojó una tasa promedio anual de crecimiento del PIB del 8% en el bienio 2010-2011, diluyeron ese final proclamado. La reelección en el 2011 se produjo con el 54% de los votos.
Cabalgando en la fractura del peronismo ocurrida en 2013 y que perduró hasta 2017, la oligarquía obtuvo un resonante triunfo electoral en la Provincia de Buenos Aires y una ajustada victoria en el “ballotage” nacional del 2015. El “no vuelven más” se generalizó como una verdad revelada que no necesita demostración y el gobierno de Macri avanzó en cercenar espacios democráticos para asegurar el lema citado como nunca se había vivido desde 1983.
El espionaje, la estigmatización mediática y la persecución judicial estuvieron activos contra Cristina, su vicepresidente Boudou que permanece encarcelado y casi todos los funcionarios relevantes de su Gobierno. Pero nuevamente el liderazgo de la ex-Presidenta y la comprensión cabal del desastre macrista que mostraron los dirigentes peronistas permitieron organizar un frente político plural y ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta con más del 48% de los votos, recuperando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A pesar del impacto de la pandemia sobre el sistema de salud y la economía, el Gobierno del Frente de Todos se encuentra piloteando la crisis y ha adoptado un conjunto de decisiones que permiten atisbar cierta reactivación del nivel de actividad hacia fin de año y un pronóstico de aceleración en el 2021. El proceso exitoso de reestructuración de la deuda heredada ha permitido disminuir el Riesgo País a casi la mitad del vigente durante el macrismo -desde 2.300 puntos a 1.200-, generando certidumbre para orientar recursos hacia la producción y el consumo. El ministro Martín Guzmán ha planteado que se está en condiciones de aplicar políticas expansivas, algo que se reflejará en el proyecto de Presupuesto remitido prontamente al Congreso.
La elite oligárquica sopesa entonces, que de cumplirse los pronósticos sobre la economía para el año próximo y en tanto se continúe administrando la crisis sanitaria, es probable un triunfo de la coalición peronista en las elecciones de medio término ampliando las mayorías parlamentarias oficialistas.
Consecuentemente, evidencia la pulsión antidemocrática que la caracteriza y que ejerció sin límites y con ferocidad durante el siglo XX. Parecía haberla abandonado con el ciclo largo de institucionalidad abierto en 1983. No obstante, la retomó durante el Gobierno de Macri tal como se describió y ahora parece haberla agudizado fogoneando acciones violentas contra el Gobierno del Frente de Todos.
En una columna anterior describimos el deshilachamiento democrático en Suramérica, en ocasión de los dichos del ex-presidente Eduardo Duhalde que descartó la posibilidad que se celebren elecciones el año próximo. Las “boutades” antidemocráticas son fruto de una elite que aborrece a las urnas, pero además ahora les teme.
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