Si el kirchnerismo es lo más parecido al peronismo originario por el énfasis en el desarrollo industrial y la mayor distribución del ingreso en favor de los salarios, no todo el peronismo es kirchnerista, de la misma manera que no todo el radicalismo es alfonsinista, ni a partir de la llamada Revolución Libertadora o la primera dictadura no todos los peronistas apoyaban la vuelta de Perón de su larga proscripción, y lo mismo sucedió con el kirchnerismo, en que el máximo caso fue Pichetto, que llegó al extremo de ser candidato a vicepresidente en el proyecto de reelección de Macri.

Por eso el mayor intento de la oposición macrista es romper la unidad del peronismo y aislar a Cristina, que es mayoría en el peronismo y la parte más comprometida con la industrialización, la distribución del ingreso y una política crítica hacia la deuda externa. Sin su presencia, la derecha podría rearmar un frente político más consistente y volver a la política del macrismo, que es el principal cometido de los grandes medios, empezando por Clarín.

Sin embargo, el peronismo en el poder en 2020 no es el de Cristina ni podía haberlo sido, en primer lugar por las condiciones políticas, pero también por las condiciones económicas y las limitaciones que presenta  la era Trump. Las condiciones políticas son la presencia de una alianza masiva de derecha: el macrismo. Y las condiciones económicas son una mayor imposibilidad de aplicar el nacionalismo económico por falta de recursos y la necesidad de recurrir a la inversión extranjera productiva en minería y petróleo -en este caso resguardando el papel de la estatal YPF para buscar formas de abaratar la energía para el consumo y el uso industrial-. Pero lo continúa en el objetivo de dejar atrás el intento de volver a la especialización agraria y encarar una reactivación industrial para aumentar el empleo y mejorar la calamitosa situación de los salarios, que, medidos en dólares, perdieron más de 50% de la capacidad adquisitiva que tenían en 2015.

Para que quede claro, esto significa terminar con el ajuste y pasar al otro lado de la grieta desde el punto de vista económico para superarla desde el punto de vista social.

La política de ajuste, que tiene un alcance internacional, se centra en el equilibro fiscal como medio de evitar la expansión monetaria con repercusión sobre los precios. En los países no industrializados el equilibrio fiscal primario sirve para tener un excedente con que pagar los intereses: por eso el desequilibrio fiscal financiero se silencia, porque sirve para el continuo reciclaje de la deuda externa y de la política de ajuste, que fue la conducta con la que se desenvolvió el macrismo en sus dos primeros años.

Sin embargo, el equilibrio externo en divisas –que se vuelve imposible con el agrandamiento de los pagos de intereses y la fuga de capitales- es igual de necesario para estos países y generan un desequilibrio igual o peor de peligroso que el desequilibrio fiscal primario, como lo ha demostrado la gestión Macri en su fase de declinación evidente de 2018/2019.

El sobreendeudamiento para financiar la fuga y su perpetuo rollover con crecientes tasas de interés, resaltado y promocionado por el establishment y su prensa, fue uno de los canales decisivos de vaciamiento y empobrecimiento del país y en ese marco la fuga anual de dólares estaba al fin del período de Macri en un nivel superior a los 27.000 M dóls anuales. El macrismo tuvo que recurrir al cepo cambiario en diciembre 2019 cuando se agotó su política favorable a la fuga de dólares y por eso en ese mes por primera vez desde junio 2015 entraron más dólares de los que salieron. Este resultado muestra que el cepo es mejor opción que el endeudamiento permanente, que invariablemente agrava la crisis.

La deuda bruta nacional alcanzó en el III trimestre 2019 al 91,6% del PBI, desde el 52,6% de 2015, con una parte en dólares que subió de casi el 70% a más de 80%, pero para hablar de cifras exactas es necesario contar antes con un PBI medido en dólares que pueda tomarse por definitivo. El gobierno propuso al Congreso un proyecto para hacer sostenible la deuda que se convirtió en ley el 4/2, posibilitando las negociaciones que emprendió el ministro de Economía, Martín Guzmán. El mercado y los medios pretenden un plan económico antes de la negociación, pero no hay programa posible si no se sabe el margen de postergación y descuento que se va a obtener. Esa exigencia es porque así los acreedores pueden reclamar por lo prometido y el mercado especular financieramente con los cambios.

A fines de 2019, cuando el Frente de Todos llegó al gobierno, su política era hacer posible las perspectivas de una muy moderada recuperación en 2020 a través del cambio de política económica, el menor peso que se consiga en el pago de intereses, si las negociaciones con el FMI y los bonistas terminaban siendo favorables, y así conseguir una leve recuperación de la actividad industrial y en el consumo. La inflación sería menor –como realmente lo fue- en tanto se limite la fuga de capitales con la actual política cambiaria, que incluye el cepo a la salida de dólares.

La situación empezó a cambiar cuando el mercado rechazó el reperfilamiento del AF20 porque con vencimientos a más largo plazo se limitaba la posibilidad de adquirir bonos en pesos y transformar el saldo en dólares a través de la Bolsa. La caída tendencial de los bonos en dólares inició la nueva escalada del riesgo país que se potenció con el lunes negro de marzo. Las subas pausadas del dólar se aceleraron, esta vez en coincidencia con las monedas de la región, y se impuso un crawling peg con mayor frecuencia de subas.

La inevitable profundización de la crisis internacional replantea toda la discusión del ministro Guzmán con el FMI y sobre todo con los bonistas, porque un acuerdo que facilite el crecimiento es más difícil de alcanzar.

Moody’s dijo pocos días después del lunes negro que «el coronavirus perjudicará el crecimiento económico en el primer semestre del año, aumentando “el riesgo de una recesión global» y para la Argentina, insistió en prever una caída del 2,5% del PBI en el año en curso. Esto se hará más probable en las condiciones generadas por el lunes negro y por la ahora considerada una pandemia, que la agencia ya había advertido que cuanto más tiempo dure, “el shock de la demanda dominará y conducirá a una dinámica recesiva, un retroceso sostenido en el consumo, junto con cierres extendidos de negocios, que dañarán las ganancias y generarán despidos».

Claro que Moody´s enfatizó su apoyo a las políticas de mayor liquidez de la Fed estadounidense, del Banco Central Europeo y del Banco de Japón insistiendo en que limitarán la volatilidad del mercado financiero mundial.

Es cierto que pueden representar una mejora inmediata, pero sólo para los países industrializados, mientras que obligará a los menos desarrollados a atarse aún más al crédito en peores condiciones y –como hemos visto en el punto 4) de las siete cuestiones examinadas en la primera nota- se reproducirán todos los inconvenientes actuales. Y esto porque esta política global sólo afirma al capital financiero, pero no al crecimiento productivo. Al hacerlo posterga todos los beneficios del aumento de la productividad y lo concentra en las ganancias extraordinarias por valorización especulativa del mercado destinadas a reproducir periódicamente las jornadas negras y la reiteración de los rescates, empeorando las condiciones de la producción y del ingreso, con lo que se sigue achicando la demanda, agrandando la deuda y extendiendo la larga fase recesiva de la posguerra que ya no logra salir de las condiciones de crisis de 2007/2009. 

Vuelve la opción de arreglo favorable o default.  Si el default se presentara como alternativa para no seguir con el derrumbe de la producción y los ingresos, como sucedió en 2002, el mercado pedirá un nuevo acuerdo con ajuste, tal o lo entendió Macri con las crisis cambiarias de 2018/2019. El default disfrazado y la opción por el FMI y el ajuste –aunque en esas condiciones parecía generoso- terminó incrementando el desastre. Este es el nuevo escenario que enfrenta el país y que se dirimirá en no más de un mes o se prolongarán las negociaciones, pero sólo al final de ellas se podrán trazar las perspectivas de recuperación.